Castro: La Fiscalía pide tres años de prisión para Díaz Helguera y seis para el ex secretario

ALERTA/Cantabria* : Cuando parecía que no se podía complicar más la situación política de Castro Urdiales, la Fiscalía solicitaba ayer tres años de cárcel para el ex alcalde, Rufino Díaz Helguera, y seis para el ex secretario municipal, César Saiz, por su implicación en el caso Urdicam, de prevaricación urbanística y administrativa.

El Fiscal denuncia que ambos imputados falsificaron documentos oficiales para justificar actuaciones urbanísticas que buscaban «dar satisfacción a los promotores», a costa de suelo destinado a equipamientos, por lo que también pide 4.500 euros de multa en el caso del ex regidor; y para Saiz, lo mismo más otros 6.000 euros.

Además, el Fiscal les acusa -junto a varios concejales del equipo de gobierno de Díaz Helguera (PSOE) de 1999 a 2003 y de la primera legislatura de Muguruza (2003-2007)- de haber aprobado modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) «con conocimiento y voluntad de transgredir la normativa», a sabiendas de la ilegalidad de dichas actuaciones. Para todos ellos, piden diferentes penas de inhabilitación para cargo público y multas. El perjuicio para las arcas castreñas lo cifra la Fiscalía en unos 2.400.000 euros, ya que supusieron la pérdida de 2.000 metros cuadrados de terrenos. Un coste que deberá sufragar el Ayuntamiento.
El escrito de acusación, presentado ayer por el Ministerio Público, recoge algunas de las descripciones que el Tribunal de Cuentas hizo de la gestión urbanística del Ayuntamiento castreño en su informe final del 26 de febrero de 2009. Así, califica la actuación municipal de «absoluta falta de control, rigor, ausencia de organización y, en definitiva, actuación al margen de la legalidad vigente». Una situación que se dio en un momento de «desarrollo urbanístico explosivo» y «no deseable», ya que, prosigue, no cumple con un «uso racional» del suelo y el medio ambiente.
La Fiscalía se hace eco también de la «falta de celo» del Consistorio en la exigencia de los aprovechamientos urbanísticos y su consecuente perjuicio patrimonial del municipio y «correlativo enriquecimiento» para los promotores.
Ni siquiera, apuntaba el Tribunal de Cuentas, había un control riguroso de las licencias concedidas. Y, para más datos, detectaba «apreciables desfases patrimoniales generalizados» en gran parte de los responsables municipales de aquella época.
El caso Urdicam engloba la investigación del desarrollo urbanístico de las zonas de ejecución 1.33 y 1.34 del PGOU de Castro Urdiales, y como el Ayuntamiento planteó actuaciones en esa zona -la apertura de un vial no previsto en el planeamiento- sin el visto bueno de la Comisión Regional de Urbanismo, ya que copaba parte del suelo destinado a equipamiento público; y como con informe desfavorable de la CRU, la vía se lleva a cabo siguiendo la «voluntad caprichosa» de los responsables municipales. Posteriormente, relata la Fiscalía, se trató de «camuflar» la actuación cambiándola de nombre y volviendo a remitirla a la CRU (Ahora como Modificación Puntual nº 11 del PGOU, en vez de nº 4), aunque se vuelve a rechazar.
Dictamen que «se oculta» y «dando apariencia de continuar el trámite legal», se aprueba la actuación como trámite administrativo. Al secretario municipal, incluso, se le acusa de falsedad documental por alterar los datos enviados al Catastro y a Díaz Helguera por la remitida al BOC. En este caso, llevado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro, están imputadas 32 personas por diferentes delitos de prevaricación, falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio.




* Alerta - 24.02.10
Foto: Castro Urdiales, ayuntamiento - foro-ciudad.com