ELPAÍS/Almería* : "Ni para adelante, ni para atrás, sino todo lo contrario". La frase sintetiza el estado de El Algarrobico, en Carboneras. Es de Antonio Baena, portavoz de la promotora del hotel que amenaza con perpetuarse como enorme ruina sobre lo que algún día fue uno de los parajes más vírgenes del litoral. Pese a los cuatro años que ahora se cumplen desde que se paralizaron las obras, cuestiones como si será derribado u otras tan básicas como si el paraje es urbanizable (como apunta la Junta) siguen abiertas a falta de que la justicia desenrede el galimatías de El Algarrobico.
A día de hoy, éstas son las dudas que todavía suscita el hotel:
- ¿Cuál es el estado actual? "La Justicia indicará cómo, cuándo y quién lo derribará". La frase de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, ilustra la postura de las administraciones en torno al hotel, cuyos 75.000 metros cúbicos de hormigón han causado y causan un "indudable perjuicio" al espacio protegido, según sostiene el Gobierno en diversos documentos que chocan con los postulados de la Junta, que duda de estos daños. Curiosamente, esta Administración ha admitido en un escrito ante el TSJA que el plan de ordenación de Cabo de Gata, que aprobó en 2008 como el mejor instrumento para regenerar el paraje, "no empece (impida) su consideración de urbanizable". Esta calificación la ratificó en noviembre el Ayuntamiento de Carboneras, que proyecta 250 viviendas en esta zona del Parque Natural de Cabo de Gata.
La reciente decisión del Consistorio, gobernado por el PSOE, ha devuelto prácticamente la situación al punto en que se encontraba en 1987, cuando se aprobó el planeamiento de Carboneras, que ya preveía el uso residencial y el hotel que Azata tramitó con el aval de las Administraciones.
- ¿Por qué se paralizó entonces la construcción del inmueble?
El maridaje entre constructora y Administraciones se resquebrajó en noviembre de 2005, cuando el Gobierno aprobó el deslinde, ratificado por el Supremo y la Audiencia Nacional, que impedía toda construcción a menos de 100 metros del mar. Dos meses después, un juez detuvo las obras, ejecutadas para entonces al 94%, al ocupar con mucho la franja de protección, que Junta y Ayuntamiento sitúan aún hoy en 50 y 20 metros. El juez puso también en tela de juicio que los suelos sobre los que se alza el hotel fueran urbanizables. Varios órganos judiciales coinciden en que el paraje es desde 1994 un área natural de interés general incompatible con el uso urbanístico.
- ¿Es ilegal el hotel? Una docena de resoluciones judiciales apuntan que la construcción del edificio a 28 metros del mar no fue conforme a derecho. Entre ellas destaca la emitida en septiembre de 2008 por el mismo juez que paralizó las obras, que apreció indicios de nulidad en la licencia por no haber tenido en cuenta ni el deslinde de 100 metros, ni que los suelos figuraban como protegidos. La sentencia fue recurrida por Consistorio y promotora ante el TSJA, que se tomará aún su tiempo para resolver esta cuestión.
- ¿Por qué se edificó en suelos aparentemente no aptos? En la sentencia que advierte de la posible nulidad de la licencia, el juez achacó el despropósito de El Algarrobico a la "desidia" de Ayuntamiento y Junta para con la defensa de la normativa de Costas y de Medio Ambiente. El juez censuró especialmente a la Junta, que en 1997 alteró los planos en los que El Algarrobico figuraba como espacio protegido para clasificarlo como urbanizable. La fiscalía ha eximido de responsabilidad penal al Consistorio y a la Junta, a la que disculpa al entender que alteró los planos "sin mala fe" para corregir un error.
- ¿Quién y cuándo determinará el porvenir del edificio? Con el Ayuntamiento de Carboneras enrocado en la defensa del inmueble -"propongan 25 hoteles más y que crezcamos en riqueza", llegó a decir el alcalde, Cristóbal Fernández-, Gobierno y Junta han optado por instalarse en la retaguardia. Así, tras el carpetazo en 2009 a la expropiación del hotel, ambas Administraciones han dejado en manos de la justicia toda decisión sobre su futuro. Con alrededor de 15 recursos y contrarrecursos abiertos, el principal es el que afecta a la licencia, los juristas estiman que las respuestas se demorarán al menos seis años, espera que puede sentenciar medioambientalmente a El Algarrobico, cuyo hotel no es hoy más que sinónimo de degradación y ruina.
* ELPAIS.com - 22.02.10
Foto: El Algarrobico (Almería)- 20minutos.es
El galimatías de El Algarrobico
El Barça pone en peligro una importante reserva natural
20MINUTOS/Barcelona* : El Ayuntamiento de Viladecans y el F.C. Barcelona quieren construir un macro-complejo comercial, deportivo, hotelero y lúdico en el Delta del Llobregat, justo al lado de una zona de altísimo valor ecológico protegida tanto por la Generalitat catalana como por la Red Natura 2000 de la Unión Europea, la reserva natural del Remolar-Filipines.
De acuerdo con la denuncia de Ecologistas en Acción, este proyecto significaría destruir cerca de 30 hectáreas de terrenos en primera línea de mar. Un entorno donde se conservan las últimas zonas húmedas naturales de todo el Delta del Llobregat, absolutamente imprescindibles para garantizar su equilibro ecológico y la calidad de unos humedales que son parada obligatoria en las migraciones de un centenar de especies de aves entre África y el centro y norte de Europa.
Además, el "Parque del Barça" contribuiría al cambio climático debido al enorme consumo de recursos (cemento, metales, agua, suelo) y energía necesario para su construcción y funcionamiento, y también porque fomenta un modelo de economía basado en la construcción y en la movilidad exagerada del transporte privado (se prevén cerca de 20.000 vehículos diarios).
Por todo esto, Ecologistas en Acción ha lanzado una ciberacción con la que pretenden hacer saber a sus máximos responsables (presidente del Barça y alcalde de Viladecans) su rechazo a lo que consideran una barbaridad urbanística de alto impacto ambiental.
Sin embargo, desde el Barça su presidente, Joan Laporta, y el resto de la Junta Directiva defienden que esta macrourbanización "tendrá una labor específica en el campo del cuidado y la puesta en valor de la riqueza medioambiental y paisajística del lugar". Osea, que será beneficiosa para el entorno, pues desarrollo urbanístico y protección de la naturaleza son, en su opinión, perfectamente compatibles.
Por su parte, el Ayuntamiento considera el proyecto como modélico, pues supone "aplicar políticas de desarrollo sostenible que permitan compatibilizar la preservación de las zonas naturales con el derecho de todos sus ciudadanos y ciudadanas a disfrutar del frente litoral del municipio". En realidad llevan décadas queriendo urbanizar la zona, ya fuera construyendo en ella una Ciudad del Reposo y las Vacaciones, un centro naútico, un centro hípico, un parque acuático o un campo de golf. Ahora es el fútbol quien parece que lo vaya a conseguir.
La presión humana en el Delta del Llobregat es insostenible. Barcelona y su gigantesca área metropolitana se lo están comiendo a grandes dentelladas a costa de ampliar el aeropuerto, pasar por encima cuatro autopistas y cinco vías ferroviarias incluida la nueva del AVE, convirtiéndolo en una isla desconectada del resto de los espacios naturales.
Una vez más, el progreso parece reñido con la conservación de la naturaleza, a pesar de que en este caso tan sólo es un mínimo retazo lo que se pretende dejar sin urbanizar.
¿Tan difícil es conservar este último refugio de vida natural, aunque sólo sea para recordarnos lo que tuvimos y perdimos?
* 20 Minutos - 22.02.10
Foto: Macroproyecto del BarÇa - 20minutos.es
El fiscal acusa a más de cien propietarios en Nules
LEVANTE/Castelló : El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castelló, Javier Carceller, presentó hace año y medio ante el juez decano de Castelló una denuncia contra el anterior alcalde de Nules, Salvador Górriz, el secretario municipal y el que fuera concejal de Urbanismo. Carceller consideraba -a la vista de las diligencias seguidas- que existen indicios de un delito contra la ordenación del territorio y de prevaricación por omisión, al haber "consentido" movimientos de tierra y construcciones ilegales en el marjal de Nules-Burriana, declarado zona protegida.
Asimismo, el fiscal jefe acusa también de un delito medioambiental a más de 100 propietarios de 86 construcciones ilegales en suelo protegido. Ha pasado el tiempo y, a fecha de hoy, nada se sabe del proceso judicial.
En su escrito, Carceller argumentaba que los responsables municipales han "consentido estas actuaciones teniendo conocimiento absoluto de las actividades de aterramientos y construcciones realizadas".
La Fiscalía Provincial culpaba así al que fuera alcalde de "no haber realizado nada para impedir estas actuaciones contraviniendo la normativa reguladora de las normas urbanísticas y medioambientales". De esta manera, Carceller remitió un decreto con sus conclusiones al juez decano de Castelló para su presentación en el juzgado competente solicitando que se tenga por recibida la denuncia y que se inicien las diligencias oportunas incluyendo la relación de las 86 obras consideradas ilegales, su situación y su extensión. No obstante, quizás por la saturación de los juzgados de Nules, nada ha trascendido del tema.
La intervención del fiscal jefe, que se produjo en junio de 2008, llegaba un año y medio después de que el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) denunciara ante la Fiscalía al anterior alcalde por posibles delitos sobre la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y por prevaricación al permitir construcciones ilegales en el marjal a pesar de tener constancia de que se trataba de una zona protegida.
Durante el mandato de Górriz, el ayuntamiento de la localidad instruyó unos 60 expedientes por la construcción ilegal dentro del espacio protegido sin que ninguno de ellos haya finalizado con órdenes de restablecimiento de la legalidad urbanística, según denunció el Gecen ante la Fiscalía. Cabe recordar que el marjal se encuentra dentro del Catálogo de Zonas Húmedas de la Generalitat desde 2002 y cualquier construcción en dicha zona está totalmente prohibida. La grave situación que vive el marjal supuso que el Seprona denunciara en 2006 a 12 propietarios por construcciones y movimientos de tierra ilegales.
* Levante-EMV - 22.02.10
Foto: Nules - comunitatvalenciana.com
Madrid: Un tribunal declara "nula" una vía que favorecía al ex director de Urbanismo
ELPAÍS : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el pasado 21 de enero el proyecto de construcción de una carretera en Villanueva de la Cañada, denominada Vía Ronda, por saltarse trámites medioambientales. Esta avenida conecta las urbanizaciones de Los Pocillos y Las Cárcavas con la M-503 y la M-600, rodeando Villanueva, a 37,5 kilómetros de Madrid, por el este.
La Fiscalía Anticorrupción investigó y denunció al ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid Enrique Porto, por haber favorecido supuestamente un pelotazo urbanístico en Los Pocillos por el que se generaron unas plusvalías de 4,6 millones de euros. Porto era propietario, junto a otros empresarios, de unos terrenos en el sector I de Los Pocillos, junto a la nueva carretera declarada nula por el tribunal.
El plan urbanístico de Villanueva de la Cañada fue elaborado por la empresa Plarquin en 1998. Entonces pertenecía a Porto. Él fue el administrador y accionista de este despacho hasta 2004, cuando fue designado director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Desde su cargo en la Administración regional aceleró los trámites para recalificar la zona, sector I de los Pocillos, pese a que hasta entonces contaba con informes negativos. Ese mismo año, firmó un informe que daba vía libre a la construcción de la carretera. El plan de la Vía Ronda fue aprobado definitivamente el 31 de noviembre de 2005 por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, presidida por Porto.
El plan urbanístico de Villanueva de la Cañada, redactado por Porto, ya preveía construir una carretera que conectara Los Pocillos con las principales vías de acceso al municipio.
De esta forma, se autorizaba una salida directa y rápida desde el sector donde el ex alto cargo tenía terrenos. Porto dimitió en octubre de 2006 tras recibir la llamada de este periódico para conocer los detalles del pelotazo urbanístico en Villanueva de la Cañada, un municipio con 17.000 habitantes. El proceso judicial contra Porto abierto a instancias de Anticorrupción sufrió un parón durante meses, pero el año pasado un juzgado de Móstoles reabrió la investigación.
La Vía de Ronda fue construida y estrenada en 2008. Ahora es conocida como avenida de España. Es una carretera de seis kilómetros con dos carriles por sentido que rodea el centro de Villanueva de la Cañada por el este. Fue diseñada para crear una nueva circunvalación que conectara las nuevas urbanizaciones con la M-600. Por eso, estaba contemplada en el Plan de Variantes de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid. La sentencia no implica que desaparezca o se modifique la carretera.
Ahora, el TSJM desestima los recursos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Villanueva contra una sentencia anterior, de diciembre de 2008, que invalidaba el "Proyecto de Urbanización de las Redes Públicas Generales de Infraestructuras de Comunicación Viaria y Espacios Libres de la Vía Ronda (el plan que establece dónde van las calles y avenidas en la zona) por falta de un estudio de impacto ambiental". "La sentencia es muy importante porque pone en entredicho la legalidad de las actuaciones urbanísticas del municipio", asegura Miguel Ángel Hernández, portavoz de la Iniciativa Ciudadana Villanueva de la Cañada Sostenible (ICVCS). Hernández lamenta que la sentencia llega tarde porque la carretera ya se encuentra en funcionamiento. Y alerta del peligro de mantener abierta la vía cuando un juez la ha declarado ilegal. "El Ayuntamiento y la Comunidad pretendieron acelerar el proceso y eludir la evaluación de los graves impactos ambientales que provocó la vía". La organización considera que la construcción del vial ha producido graves daños ecológicos al parque forestal de El Pinar y al monte preservado del arroyo de Pedro Elvira, así como a cinco cauces fluviales.
Un portavoz del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada asegura que el Consistorio ya ha remitido a la Comunidad el informe ambiental que estaba pendiente. "La Administración autonómica determinará el procedimiento ambiental a que ha de ser sometido", añade. Así se podrá "incoar el procedimiento necesario para ejecutar el trámite omitido".
* ELPAIS.com -22.02.10
Foto: villanueva de la Cañada (Madrid) - wikipedia.org
PGOU de Marbella: urbanismo insostenible
JUAN CLAVERO* : Cuando saltó el caso Malaya, la Marbella del glamour, de la milla de oro y de la riqueza ostentosa, dio paso al más escandaloso caso de corrupción urbanística de nuestro país, y dejó a la vista de todos la oscura -o no tan oscura- trama diseñada por Gil, con el apoyo entusiasta de grandes empresarios turísticos y de la construcción, para convertir una Administración en un instrumento de saqueo de recursos públicos, y de destrucción de recursos naturales escasos como el suelo y el paisaje. Quien no vio la deriva mafiosa de las distintas legislaturas del GIL es porque no quiso, o porque se aprovechó también de las migajas de ese régimen de corrupción que hizo rico a muchos a costa de destruir un Ayuntamiento y todo un municipio.
Ahora, la Junta de Andalucía acaba de dar el visto bueno al nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Marbella que, en definitiva, viene a bendecir el enorme despropósito que supuso el urbanismo de la era Gil, consagrando sus ilegalidades y el modelo especulativo que ha caracterizado a este municipio.
En la era Gil se generó una macropoblación con unas 110.000 viviendas, casi tantas como habitantes, la mayoría de segunda residencia o vacías, que se extiende por 29.000.000 de m2, que es económica, territorial y ambientalmente insostenibles. Éste es el modelo de desarrollo que muchos ayuntamientos, tanto del PP como del PSOE, quisieron imitar, un modelo que ha dejado al "municipio de oro" en la bancarrota, con una deuda de 528 millones de euros.
El instrumento más destacado del antiurbanismo del gilismo, y base de la corrupción, fue la concesión de licencias ilegales para construir 30.000 viviendas, de las que se ejecutaron 18.000, en suelo de sistemas generales, de equipamientos, suelos dotacionales, licencias con excesos de edificabilidad... Muchas de ellas están vacías, y cuentan con sentencia firme que anulan las licencias ilegales. Hay que destacar que en este periodo nefasto de poder absoluto de Gil, cuando la mayoría miraba para otro lado deslumbrada por el espejismo de Marbella, Ecologistas en Acción presentó más de TRESCIENTAS denuncias por delito urbanístico en sede Judicial.
¿Qué hace el nuevo PGOU? Pues apuesta por la normalización, o sea, dar carta de legalidad o lo que fue un régimen de permanente ilegalidad. El Ayuntamiento pretendía legalizarlas prácticamente todas, la Junta las "rebaja" a 16.500. ¿Qué harán con las que quedan fuera de ordenación? Por los antecedentes, nada. El Ayuntamiento se ha negado a la revisión de las 1.009 licencias ilegales otorgadas en la era del GIL. Eso, además de ser contrario a mandato expreso de la LOUA, coloca a los promotores en situación de ventaja a la hora de negociar compensaciones, de manera que dificulta o impide la recuperación de los espacios y equipamientos usurpados. La voluntad del Ayuntamiento y de la Junta es no demoler nada, pasándole el problema a los jueces, cuando la disciplina urbanística es una competencia compartida entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. ¿Para esto quieren competencias?
Tras décadas de crecimientos insostenibles e injustificables, con un parque de viviendas sobredimensionado, el PGOU apuesta por más de lo mismo, por la construcción de 27.643 nuevas viviendas, y la recalificación de 15,8 millones de m2. Según la ratio de la propia Junta de Andalucía, estas viviendas supondrían un aumento de población de 66.343 personas, el 50,8% sobre el censo actual de 130.500 habitantes. ¿De dónde saldrán? De nuevo se apuesta por la vivienda como inversión especulativa y no como derecho constitucional de los ciudadanos. Estas previsiones superan el límite del 30% que establece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Marbella suspende casi en todas las medidas de sostenibilidad, suspende en tener copada por el ladrillo la franja costera, y suspende en insostenibilidad de su consumo de energía y de agua. El nuevo PGOU no prevé la suficiencia de recursos hídricos para garantizar los nuevos crecimientos previstos, ni para los fortísimos consumos de agua de los 14 campos de golf del municipio.
El PGOU era la gran oportunidad para normalizar la legalidad, no dando carta de legitimidad a lo que sin duda ha sido el mayor despropósito urbanístico de este país; era la oportunidad para reordenar la gigantesca ciudad que ha generado la especulación urbanística, no planteando nuevos crecimientos insostenibles; era, en definitiva, la oportunidad para dar un aldabonazo al urbanismo andaluz con una decidida apuesta por la tolerancia cero para con el urbanismo especulativo y la corrupción urbanística. No ha sido así; al final Gil se ha salido con la suya.
* Diario de Sevilla - Opinión - 19.02.10
Marín proyecta un parque industrial en suelo protegido
ELPAÍS/Pontevedra* : En el municipio de Marín llueve sobre mojado, al menos, en lo que a gestión del suelo se refiere. Desde lo alto de O Monte Pituco los vecinos divisan la explanada portuaria sobre la que acaba de recaer una sentencia que anula el mayor relleno de Galicia, de unos 300.000 metros cuadrados. Más allá, asoman los núcleos de Mogor, Aguete, Loira, Teoira y Casás con 300 viviendas que habitan en el limbo administrativo mientras se caen a pedazos.
Y girando la vista hacia el linde con Pontevedra, se otea la Praza de Praceres, atravesada por una vía ferroviaria sobre la que pesa otro fallo judicial que recoge el clamor vecinal por recuperar un espacio público. Ahora, el Gobierno local de Marín plantea desarrollar un parque industrial en la cima del Pituco con una inversión de 13 millones de euros, en un espacio protegido -de los pocos que alberga el municipio- por su riqueza natural y arqueológica.
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"Es alegal y atenta contra el patrimonio", afirman los vecinos
"Es alegal y atenta contra el patrimonio y las directrices de ordenación del territorio", aduce Paz Castro, portavoz de los vecinos afectados. "Yo, lo que no quiero, es que dentro de 10 años me den la razón", como sucedió a los críticos de Praceres. El proyecto afecta a medio centenar de propietarios. "Seamos muchos o pocos, la ley es igual para todos y en el siglo XXI no se puede gestionar el territorio en función de la contestación social que tenga un proyecto".
Según los vecinos, de seguir adelante esta actuación, que afecta a unos 400.000 metros cuadrados, "volveremos a tener un Praceres II". Ya han recabado el apoyo de diversos colectivos sociales y ecologistas como la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), Colectivo Nacionalista de Marín, Federación Ecoloxista Galega, organizaciones vecinales de A Brea, San Xulián y Seixo o Comunidad de Montes de Salcedo y Lourizán. En línea con el malestar del Colectivo Nacionalista hacia el Plan de Solo Empresarial de la Xunta (que apunta a Pituco y Pastoriza), la Plataforma Defende O Monte Pituco presentará alegaciones.
Su lucha ya ha calado en las redes sociales, con un blog que da cuenta de una recogida de firmas y las entrevistas mantenidas con los grupos políticos municipales. Todos menos el PSOE, que encabeza el alcalde Francisco Veiga, el único en no recibirles y que tampoco ha querido contestar a este periódico.
El Gobierno local (BNG y PSOE) ha echado mano a este proyecto, guardado en el cajón durante años, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliza el relleno portuario de Marín. No obstante, entonces como ahora, la fuerte pendiente complicaría la creación del polígono y la conexión ferroviaria, uno de los requisitos de la Autoridad Portuaria para dar luz verde al puerto seco. Los críticos con el planteamiento del gobierno coaligado apuntan otros suelos: A Pastoriza, Macenlle, A Brea o Vista Alegre, dos ubicaciones éstas últimas, que fueron desestimadas por la oposición vecinal. Por ello, y sin ánimo de abrir viejas heridas, en Pituco reiteran la posibilidad de estudiar A Pastoriza (como ya propuso el PP local) como alternativa por las perspectivas de crecimiento de las que carece el Pituco, que otros valoran como una oportunidad para subir a Marín al tren del progreso.
La defensa del monte empezó ya en plena fiebre repobladora, cuando los vecinos rechazaron pinos y eucaliptos para seguir tirando de los recursos forestales que el Pituco ofrecía. A ese aprovechamiento doméstico, se suman gran cantidad de viñedos y fincas que se surten de los tres manantiales (tanto para regadío como para consumo) que ofrece un espacio salpicado por petroglifos y otros hallazgos rupestres que conforman un gran atractivo para los senderistas que descubren este balcón a la Ría de Pontevedra. De hecho, existe un proyecto para la recuperación ambiental del Pituco avalado por la APDR que consiste en crear una ruta desde el petroglifo de Caeiro pasando por Sete Camiños hasta Salcedo, siguiendo una gran superficie de grabados rupestres.
Para sus residentes "no hay dinero que pueda pagar la destrucción" de este espacio. La creación de este parque industrial daría una nueva vuelta de tuerca a ese tramo de la fachada marítima, con el complejo fabril de Ence a un lado y la industrialización del Pituco al otro. Otra pincelada a un cuadro que los vecinos de Combarro, al otro lado de la ría, conocen bien.
* ElPAIS.com -21.02.10
Foto: Marín - teleformacion.edu
Vitoria: Denuncian que un promotor quiere vender chalés tasados como libres
ELCORREO/Álava* : Los chalés adosados de precio tasado de Ibaiondo han dado muchos quebraderos de cabeza porque se han construido sobre suelo público y bajo el paraguas protector del Ayuntamiento, empeñado en posibilitar el acceso a viviendas unifamiliares a las clases medias. Las voces críticas contra el apoyo municipal a este tipo de urbanizaciones de alto nivel y contra la forma en que se adjudicaron no han dejado de oírse desde que hace trece años se inició su construcción.
El último episodio denunciado por el arrendatario de uno de estos chalés, en concreto, del sector 8B de Ibaiondo, deja claro el choque de intereses cruzados que se produce por estas casas.
La familia de Sonia Terrero -el matrimonio y dos hijos- vive una situación angustiosa porque puede verse abocada a abandonar su actual casa, en la calle Urederra, si no se resuelve el pleito que mantiene con su casera, una de las inmobiliarias que promovieron estos adosados. Sonia y Jorge entraron a vivir, en régimen de alquiler, a uno de estos chalés, en 2005. Según el acuerdo firmado entonces, deben entregar la llave el 23 de marzo de 2010. Pero, junto al contrato de arrendamiento, -unos 1.000 euros al mes, además de gastos de comunidad- las dos partes firmaron el derecho a una opción de compra.
«Cuando tratamos de ejecutar ese derecho y hablamos con la inmobiliaria, se nos da verbalmente un precio como si fuera libre. Nos piden 70 millones de las antiguas pesetas-420.000 euros-, cuando todavía estamos dentro de los plazos legales de los precios tasados. Es decir, que el abanico de costes va de 39 millones de pesetas -239.000 euros- a 46 millones de pesetas -277.000 euros-», una vez actualizados con los aumentos establecidos para las viviendas de protección oficial. «Fue una sorpresa, porque nosotros ya renunciamos a incluir los más de 60.000 euros que hemos pagado de alquiler en el precio final», relata Sonia.
Amparo al Ayuntamiento
Los arrendatarios solicitaron amparo al Ayuntamiento. «Después de llamar a muchas puertas nos enviaron un informe de Urbanismo en el que se dice que los chalés son tasados durante diez años desde la firma de las escrituras, un plazo que no finaliza hasta el 2 de junio. Por ello, vamos a pedir formalmente, mediante notario, una requisitoria para que en un plazo de 48 horas nos hagan una oferta», añaden los denunciantes.
La inmobiliaria no se ha pronunciado de momento sobre el asunto, pese a que EL CORREO requirió su opinión. Como al propio Ayuntamiento, si bien se conoce el contenido del informe en el que se da la razón al arrendatario al afirmar que se trata de «una vivenda de precio tasado» con precios máximos de venta que en 1997 estaban a 198.701 pesetas el metro cuadrado y, en 2008, a 1.933 euros. «En cuanto a la fecha hasta la que son aplicables las condiciones de venta a precio tasado, el infome recuerda los derechos del Ayuntamiento a tanteo y retracto cuando haya transmisiones onerosas durante un plazo máximo de diez años, desde el 2 de junio de 2000». Esa es la fecha a la que se aferra Sonia Terrero para conseguir comprar la casa a precio tasado y no libre.
* El Correo - 21.02.10
Foto: La pareja afectada, junto a su adosado situado en el sector 8B de Ibaiondo. :: BLANCA CASTILLO, elcorreo.com
Europa impone su ley en el urbanismo valenciano
ELPAÍS : La Unión Europea impone su ley en el urbanismo valenciano. El borrador presentado el pasado 16 de febrero por el consejero de Urbanismo, Juan Cotino, elaborado por tres de los mejores especialistas de España en Derecho Administrativo, acaba con el pulso que el Consell sostuvo durante la llamada década prodigiosa del urbanismo con las leyes españolas y comunitarias -ley del suelo, de contratos públicos, directiva sobre evaluación medioambiental estratégica, etcétera-.
"Aunque faltan cosas, este borrador lo que dice es que para hacer la calle de una urbanización debe utilizarse el mismo trámite administrativo que para construir una carretera", explica Gerardo Roger, arquitecto, profesor universitario y padre de la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), pensada para desencorsetar la gestión del suelo. El Tribunal Supremo ya ha emitido unas cuantas sentencias en las que resuelve que las obras de urbanización son obras públicas. "Lo que pide la Comisión Europea [que denunció la legislación valenciana ante el Tribunal de Luxemburgo], ya lo está diciendo el Supremo en España", subraya Roger.
El Gobierno valenciano ni lo reconoce ni lo reconocerá en público, pero la presión de Europa y, sobre todo, de los tribunales -que acumulan miles de contenciosos por el urbanismo- les ha hecho recapacitar. Y por no dejarse a nadie, la crisis económica, que ha cortado en seco el auge inmobiliario, también explica este regreso al sentido común después de años de maraña legal y exceso en el crecimiento.
Los ayuntamientos recuperan la iniciativa del planeamiento frente a estos años atrás en los que el diseño de los municipios quedó en manos de los promotores inmobiliarios. El documento que sirve de base para la futura reforma legislativa acaba con los planes reclasificatorios de suelo aprobados a espaldas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, con los conciertos previos y los instrumentos que alentaron el urbanismo más especulativo.
Para Pasqual Vernich, presidente de la Agrupación de Urbanistas del Colegio de Arquitectos autonómico, lo más sobresaliente del borrador que firman los catedráticos José María Baño, Luciano Parejo y Rafael Gómez-Ferrer Morant, es el esfuerzo de transparencia en la gestión de los proyectos. "Es un gran avance. Luego lo que hace falta es que se cumpla". Esta propuesta pone a cada uno en su sitio: los ayuntamientos recuperan la iniciativa del planeamiento, los agentes urbanizadores deben ser calificados como contratistas de obra pública y son responsables de ejecutar la obra. "Con eso se pueden evitar muchos desmanes", continúa el presidente de los urbanistas, uno de los primeros que pidió una simplificación de la farragosa legislación autonómica.
La caída en desgracia de los convenios urbanísticos -desautorizados incluso por algún tribunal- es otro avance a los ojos de los profesionales. Los ayuntamientos, generalmente cortos de presupuesto, vieron en la época dorada de los PAI un filón en esta fórmula, con mejoras de dinero en metálico que cada ayuntamiento gastó a su antojo.
Si se respeta su espíritu, el borrador además de la simplificación legal, traerá un cambio conceptual del modelo de crecimiento. Fabián Llisterri, ex decano del Colegio de Arquitectos autonómico, destaca el proceso de participación abierto y la oferta a la oposición de pactar la reforma.
"Es una especie de vuelta a lo público. Es vital evitar las operaciones urbanísticas que sólo son puro negocio y no responden a ningún otro criterio", subraya Llisterri. El ex decano valora sobre todo la "caducidad" de los PAI -se han presentado a cientos- que se propone en el borrador. Son los PAI que hayan reclasificado suelo y que no estén en marcha doce meses después de que se apruebe la nueva LUV. El contrato con el agente urbanizador se perderá y el consistorio podrá llevarlo adelante por el sistema de cooperación o dejar que se extinga. Es uno de los grandes hallazgos del documento, en palabras del ex decano. En la actualidad existen muchos PAI aprobados que no se ejecutan por la crisis.
En los círculos profesionales se especula si este borrador, encargado por el fallecido José Ramón García Antón, que precedió a Cotino en el cargo, puede ser un globo sonda para conocer la reacción de los sectores implicados. Se verá con el tiempo, porque el Consell decidirá con qué se queda y qué desecha.
La opinión de estos profesionales es que el texto es positivo, aunque faltan cosas. El borrador no hace ninguna mención de la distribución de las plusvalías urbanísticas. "Lo lógico es que cuanto más rentable sea un proyecto, más debería beneficiarse el ayuntamiento. ¿Por qué entonces limitarlo a un 10%", subraya Roger. No establece un criterio básico de crecimiento, algo que se deja para la Estrategia Territorial global o los planes territoriales. Tampoco se cita la rehabilitación, que parece que será el futuro del sector inmobiliario. "Porque, PAI, vamos a ver poquitos más", apostilla el arquitecto.
Otros profesionales, como Vernich, echan de menos la mención al reglamento del Paisaje o el freno a las modificaciones puntuales de los PGOU. "Un arma que tienen los ayuntamientos para jugar con el suelo urbano y urbanizable. Hay consistorios que suman más de 400 modificaciones puntuales", dice el urbanista, partidario de que se acumulen y se aprueben de golpe cuando se revise el PGOU.
El borrador no toca tampoco las reglas de la disciplina urbanística -inspección y sanciones-, con lo que aporta poca novedad para evitar casos como los de Montroi, Zarra, Catral o Llíber. La vigente LUV y el resto de normas obliga a los ayuntamientos a perseguir la construcción ilegal y trasladar los casos a la fiscalía. Es un delito no hacerlo. Pero ha tenido que ser el Ministerio Público el que exigiera a los alcaldes que cumplieran con sus obligaciones.
Las casas construidas en terreno rústico no urbanizable de uso común, ilegales a todas luces, tienen un futuro incierto. La ley valenciana prevé en los artículos 27 a 30 un proceso de legalización que pasa por recalificar el terreno de no urbanizable a no pormenorizado, elaborar un PAI y convertirlo en pormenorizado, que significa urbanizar con límites y puede suponer derribos.
Entre los promotores inmobiliarios a falta de un estudio técnico con detenimiento, el texto ha caído como una bomba. Benjamín Muñoz, secretario de la federación autonómica, ve una vuelta a legislaciones antiguas, donde la iniciativa privada pierde protagonismo y se gana en rigidez. A título personal, Muñoz critica la condena de los convenios urbanísticos y subraya las dificultades que tendrán infinidad de ayuntamientos si tienen que hacer frente ellos solos al planeamiento. "¿Quién pagará todo eso si los ayuntamientos están como están", cuestiona.
La futura reforma de la Ley Urbanística
- Planes Generales: Este instrumento recupera su competencia en la planificación urbanística. Desaparecen los conciertos previos y los planes parciales reclasificatorios de suelo.
- Programas de Actuación Integrada (PAI): Se separa el planeamiento (competencia municipal) de su ejecución, que puede ser directa (pública), indirecta (agente urbanizador) o en cooperación. Los PAI reclasificatorios caducarán al año de la entrada en vigor de la nueva LUV si no están en marcha.
- Información Pública: La apertura de información pública de los planes generales deberá anunciarse, además de en el DOCV y en un periódico, por medios electrónicos. El plazo de exposición será como mínimo de dos meses y el plan debe ser accesible para cualquier ciudadano.
- Crecimiento: No se limita el crecimiento, pero sí se establece que cuando el plan urbanístico suponga un aumento del 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado, deberá revisarse el PGOU.
- Agente Urbanizador: Deberá cumplir a rajatabla la ley de contratos del sector público cuando presente una propuesta para ejecutar un PAI. El precio deberá ser cerrado y no podrá incluirse mejoras a cuenta de los propietarios.
- El 'metro por metro': Se suspende esta figura creada por el entonces consejero Rafael Blasco para que por cada metro de suelo reclasificado se reservase otro metro de suelo protegido. Se ha puesto poco en práctica.
* ELPAIS.com - 21.02.10
Foto: Parlamento Europeo - ugr.es
La tragedia urbana brasileña y latino-americana
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BRUNO LIMA* : La ciudad de Río de Janeiro tiene 6 millones de habitantes de los cuales más de 2 millones viven en cerca de 700 favelas. La zona metropolitana tiene en su total unos 10 millones y las condiciones de vida son las mismas. Todos los años el hecho de vivir en cerros lleva a que la tierra se deslice y casas y vidas sean destruidas. Esto es el padrón de ocupación de la costa del estado, y la favelización es un fenómeno de distintas zonas del litoral y de la sierra.
En este fin de 2009 y principio de 2010, en una bellísima región, la ciudad de Angra dos Reis y sus alrededores, fue donde más llovió llevando a matar a casi un centenar de personas. Se puede afirmar que la región de la Bahía de la Isla Grande (litoral sur del Estado de Río de Janeiro, donde queda el municipio de Angra) es una síntesis del Brasil.
Fue allá que los cerros se deslizaron, matando decenas de personas y dejando sin casa a centenares de familias en los últimos días de diciembre y primeros días de enero. Buena parte de la ciudad favelizada convive como mano de obra barata para complejos de ocio y de lujo, como resorts, marinas particulares, con gran circulación de lanchas, barcos y yates y hasta islas privadas. Como hace por lo menos 40 años que existe esa convivencia, aún con la retracción del polo naval (varios astilleros cerraron y ahora retornan con la Petrobrás), habría sido posible la urbanización ordenada mediante una política distributiva. Sería racional prever la tasación de proyectos inmobiliarios con fines turísticos y de ocio y con eso financiar una ocupación urbana sin residencias en áreas de riesgo. Ocurrió lo opuesto.
La misma "lógica" nacional (y continental) entiende la especulación inmobiliaria como expansión de la construcción civil, sirviendo como termómetro de la economía. Es una inversión del concepto de economía como utilización racional de recursos finitos. Obedeciendo a una racionalidad mínima, programas como Mi Casa Mi Vida (del gobierno nacional, de Lula, llevando vivienda barata mediante préstamos gubernamentales) no alimentarían el oligopolio de las empresas de construcción civil y sí, primero, se dedicarían a la urbanización de favelas, la remoción -después de remunerar la salida de gente que vive en áreas de riesgo- y el aprovechamiento de todos los millones de inmóviles parados. A la vez, exigiría la universalización del sistema cloacal y sanitario (que en las ciudades brasileñas no llega a ocupar el 25%) y el más que urgente tratamiento de aguas. Es un absurdo paradojal debatir el futuro sostenible en Copenhaguen y no prever que cualquier edificación privada necesita de sanidad urbana más allá de los muros de los condominios.
En el tema medio ambiente, el absurdo estructural brasileño continúa. Tenemos la legislación ambiental más avanzada del mundo y el discurso de agentes económicos y operadores políticos es que "tanta ley" traba el progreso. Pura trampa del lenguaje neoliberal. Preservar la Mata Atlántica (región de floresta del litoral, la más devastada desde 1500), en el caso de Isla Grande (un parque natural localizado en una isla), es siempre más importante que levantar un proyecto inmobiliario de residencia o turismo. De eufemismo en eufemismo, "flexibilizan" la defensa de los recursos naturales colectivos y no renovables en pro del interés particular de algunos oligopolios. Cuando la tragedia humana es fruto de la omisión y del mal gobierno por décadas, el hecho, además de trágico, es un acto criminal.
Los argumentos de arriba no implican caer en la tentación autoritaria. Por el contrario. Entre cualquier sentido de orden y el ejercicio del derecho, la vivienda es prioridad. No se puede responsabilizar a la población carente, que construye su residencia donde pueda y no donde quiera. Tampoco es lícito exigir disciplina a las favelas y liberar el hambre de las bestias sin fin de las empresas de construcción civil que erigen grandes obras residenciales.
El problema es político. Como ya constaté en artículos anteriores, la actividad-fin de los mandatarios es la acumulación de poder y la actividad-medio es la proyección de la auto-imagen en el ejercicio de sus mandatos. La preocupación con el bien común está detrás de la atención a los inversores del consorcio político-electoral y de la supervivencia política.
En este ambiente, el acto de gobernar queda enterrado, sólo existiendo en la base la presión directa de agentes sociales organizados. En este caso, es urgente aumentar el poder ciudadano para el control social del Estado y el recurrente acotamiento de la expansión de los agentes económicos del sector de la construcción civil. Si en el mediano plazo no resolvemos la urbanización brasileña, entonces en todo inicio de verano tendremos criminales tragedias como la de Angra dos Reis con sus decenas de muertos.
Infelizmente, la experiencia directa y la convivencia con hermanos latino-americanos de otros países me demuestran que el título de ese artículo es acertado. El surgimiento de una urbanización no reglada, donde los pobres se amontonan en áreas geográficamente no aptas y los fondos públicos son puestos en la construcción civil para apartamentos y condominios de lujo o clase media alta, es un patrón de los capitales y las grandes ciudades del continente de Bolívar y Artigas.
Lo que dice la derecha brasileña a través de sus medios
El editorial del periódico El Globo de 07 de enero de 2010 (trae el título "Causa y efecto"), y aborda el tema de el hacer la vista gorda de gobernantes en función de la ocupación de tierras urbanas irregulares, incluyéndose en estas las áreas de riesgo. Vale recordar que este periódico es parte del Grupo Diarios América (GDA) y se trata del segundo mayor periódico impreso del Brasil y es el diario oficial del 5º mayor conglomerado de comunicaciones del mundo (las Organizaciones Globo, familia Marinho). El argumento no es de todo errado, pues está reclamando la baja calidad de la representación política en el país y afirmando que hay un acuerdo tácito "y cínico" entre ocupantes del Ejecutivo y los candidatos que operan en estos rincones favelizados. Aún exagerando el concepto de favela fuera del triángulo de Rio-São Paulo-BH (pues en las favelas el territorio es parcial o totalmente controlado por fuerzas para-legales locales), la existencia del candidato a edil (que también es ocupante de tierra para fines comerciales) o del diputado estadual, que operan como comerciantes informales inmobiliarios, es un hecho.
Estos, según el editorialista de confianza de la familia Marinho (la más poderosa dueña de medios corporativos de Brasil), estiran votos y negocian "sus áreas" con más de 2/3 de los votos de allá (mayoría absoluta). La relación cínica sería de los gobiernos con estos mafiosos chicos que se dedican a la politiquería y el asistencialismo barato con familias carentes de todo.
Uno a esta altura del partido ya no puede ser inocente en este tema. Y, además, cualquier persona que se haya envuelto en la lucha por vivienda sabe de la existencia de estos comerciantes de tierra urbana controlando a las familias de bajo poder financiero. Pero, por la lógica expresada por uno de los poderes mediáticos oficiosos del Brasil, la suma de alianza entre coroneles urbanos y candidatos fuertes al Ejecutivo es lo que permite la existencia y aumento de la favelización. Como era de esperarse, ellos no relacionan al aumento de viviendas irregulares con la poca dedicación de recursos para proyectos de Residencia Popular. Y, por supuesto, cuando estos proyectos ocurren, la plata va para las grandes empresas que construyen y llegan a las familias mediante préstamos a la gente y no como repaso o distribución de riqueza por el Estado.
La criminal omisión de gobierno
El ordenamiento directo del suelo urbano y de los espacios geográficos de grandes concentraciones poblacionales en áreas irregulares es deber del nivel de gobierno municipal. Llegan años y se van años, comienzan y terminan mandatos y el problema central no es abordado. ¡Favela, vila, mocambo, palafita, bajada y otras denominaciones regionales brasileñas para vivienda en mala condición no debería ser parte del paisaje! Al ser vista como tal, lo que es un crimen de Estado "por omisión de décadas consecutivas" la favela queda como parte "normal" de la ciudad. La misma barriada debería recibir agua tratada, residencias reformadas y calles más anchas. No se hace ni el mínimo y después la gente es llevada a acostumbrarse a ver familias pobres llorando en la tele por la muerte de seres queridos. ¡Cuanta hipocresía!
Reconozco que es imposible promover la regularización territorial de las áreas irregulares, con título de posesión, sanidad, apertura de calles y vías públicas y presencia del Estado con el conjunto de servicios, en un periodo de cuatro años. Pero, el reconocimiento a través de fotografías aéreas, la localización de las áreas de riesgo y la decisión política de impedir la expansión de casas donde el acto de construir puede implicar la muerte de esos habitantes, esto sí es algo posible. Y, es perfectamente posible interrumpir cualquier tentativa de "flexibilizar" leyes ambientales, en especial en aquello que implicar expandir la especulación inmobiliaria con el deterioro de áreas verdes.
La contraparte es el absurdo del progreso de pocos en nombre del progreso de todos. No es argumento válido contraponer el supuesto desarrollo económico a la "flexibilización" de leyes ambientales. La legislación brasileña de medio ambiente es excelente, y sirve como freno a la especulación inmobiliaria y al hambre voraz de obras faraónicas, ejecutadas por consorcios privados y casi siempre financiadas con el dinero del contribuyente depositado en el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el mayor banco de fomento del mundo) o en la Caja Económica Federal. En el caso de las ciudades, la omisión histórica en Angra dos Reis (para triste ejemplo ilustrativo) es la materialización del concepto de que la actividad-fin de la mayoría de los gobiernos de turno es permanecer ocupando una parcela de poder o expandiendo su control sobre presupuestos y cargos. La actividad-medio es el acto de negociar con las fuerzas sociales, respetando las relaciones asimétricas, atendiendo de entrada a los agentes económicos en general y a los inversores de sus propias candidaturas en particular.
La publicidad de gobierno crea un clima de euforia anunciando millones de metros cúbicos de concreto empleados, cuando deberíamos conmemorar tubos de cloacas y aguas tratadas. El dinero va para las mega empresas de construcción mientras la basura sigue acumulándose (con poca reciclaje) y los coliformes fecales van para los espejos de aguas y sus márgenes. Por la lógica racional -o la falta de esta en función de la cultura de prebendas, clientelas y patrimonialismo- la planificación de las ciudades, previendo su expansión, viene primero. Hacer crecer la malla urbana implica poner metro, tren de superficie (urbano y metropolitano) y condiciones de vida sostenibles como la limpieza del aire y del agua. Esto viene concomitante a la idea-guía de que regular el suelo urbano implica crear redes de tubos cloacales y tratamiento de aguas.
Aquí se hace lo contrario y todo año mueren brasileños en función de la desidia y de la criminal omisión en los tres niveles de gobierno. ¿Hasta cuando?
* Bruno Lima Rocha, militante libertario brasileño, es politólogo (PhD), docente universitário y participa en el frente de medios del Elaopa.org
http://www.estrategiaeanalise.com.br
* Kaos en la Red - Opinión - 17.02.10
Foto: Río de Janeiro (Brasil), favelas - kaosenlared.net
Fuera de ordenación, un limbo jurídico urbanístico
JAIME CONCHEIRO DEL RÍO/A Coruña* : Se ha afirmado que en ningún país europeo se puede privar tan fácilmente a un particular de su propiedad como en España, ya que como consecuencia de cambios, por ejemplo en la legislación de costas, carreteras o urbanismo, se privan o limitan las facultades del propietario sin indemnización compensatoria. Un ejemplo paradigmático lo constituye la situación de los bienes declarados «fuera de ordenación» como consecuencia de una actuación urbanística, de tal modo que edificaciones construidas con licencias otorgadas legalmente al amparo de planes anteriores, de repente se convierten en incompatibles con las determinaciones del nuevo plan, y, en consecuencia, adquieren dicha condición.
La situación de un edificio u obra que se encuentre «fuera de ordenación» comporta que no pueden otorgarse licencias para obras de mejora o de reedificación, autorizándose tan solo aquellas de pequeña reparación, higiene, ornato y conservación del inmueble que se encuentre en dicha situación.
El legislador en disposiciones recientes reconoce una serie de perjuicios que afectan a los edificios calificados como «fuera de ordenación»: por lo que respecta al valor catastral, se corrige a la baja su valor, aplicándole un coeficiente de 0,80 por ciento; se cercena la posibilidad de hipotecarlos al prohibir a las entidades de crédito la titulización de las hipotecas sobre dichos bienes, facultándose a los bancos, como consecuencia de la disminución del valor del bien, para exigir en su caso garantías adicionales; las indemnizaciones derivadas de un siniestro asegurado solo se limitarán al valor real de un bien tasado como «fuera de ordenación». Asimismo, la propia Ley del Suelo dispone que el valor de tasación de esta clase de bienes se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil, sin embargo, a pesar de reconocer el perjuicio experimentado por los propietarios, excluye la posibilidad de que estos sean indemnizados. Nos encontramos en presencia de un supuesto más de expropiación legislativa, pues, de no mediar esta declaración del legislador, nos encontraríamos ante un supuesto de daño reparable por la vía de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
En La Coruña, la revisión del Plan General de Ordenación establece un límite de alturas de los edificios que dejará fuera de ordenación un gran número de ellos. La Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia establece en el artículo 47 un determinado número de metros librea y de zonas verdes por cada 100 metros cuadrados edificables. Esta exigencia plantea un grave problema para dejar sin efecto la calificación de «fuera de ordenación» de los edificios afectados, en el supuesto de que hayan sido asignados a otras edificaciones con objeto de autorizar las alturas correspondientes. Por ello entiendo que lo más conveniente para reconducir la situación urbanística a su primitivo estado, tal como al parecer es lo que pretende el Ayuntamiento, quizá sea ineludible acudir a una revisión del plan, con lo cual se ganará en seguridad jurídica.
* Registrador de la propiedad
* La Voz de Galicia - Opinión - 18.02.10
Madrid: Concurso municipal de 'quita y pon'
ELMUNDO* : La adjudicación de la gestión de la Agencia Municipal de Alquiler se ha enredado en el dicho popular Donde dije digo digo Diego. Y, además, con bis. El último capítulo ha sido la notificación con fecha 16 de febrero de la adjudicación definitiva a la empresa ATJ Consultores, ganadora del concurso. Sólo unas horas más tarde, en la Comisión de Urbanismo celebrada ayer, se explicaba que ese contrato ya estaba suspendido. La otra rectificación se produjo después de la adjudicación provisional a la misma compañía, con fecha de 7 de diciembre.
El 28 de enero M2 adelantó que el Ayuntamiento había decidido suspender el concurso al encontrar "deficiencias en los pliegos de condiciones" con arreglo a los que se convocó. El propio vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, lo confirmó ese mismo día.
Con deficiencias o sin ellas, el hecho es que el Gobierno municipal ha dado a entender que Cobo no estaba en lo cierto ya que para poder adjudicar definitivamente la gestión este pasado martes el proceso no podía estar anulado previamente. Otro tema es que se suspendiera acto seguido. Un galimatías.
La explicación a este lío de quita y pon de la delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, es contundente: "La gestión la ha llevado, la lleva y la va a seguir llevando el Ayuntamiento. No la va a llevar ninguna empresa", dijo ayer a M2.
"Es el 30 de diciembre de 2009 cuando se comprueba la inviabilidad del concurso y en virtud de esta circunstancia se ha suspendido este procedimiento", añade Martínez. Si el problema era un defecto en los pliegos de condiciones, ¿lo lógico no sería que se volviera a convocar después de subsanar el error? "No se va a sacar la gestión", zanjó la delegada.
En el Grupo Municipal Socialista interpretan que "el Ayuntamiento mintió cuando dijo que el concurso estaba anulado, porque una vez que se había adjudicado provisionalmente no era posible dar marcha atrás". "Si ahora no se hubiera adjudicado definitivamente hubiesen podido caer en prevaricación", apunta Daniel Viondi, portavoz en la Comisión de Urbanismo.
"¿Cómo pueden ser tan chapuceros de hacer un concurso y decir que han hecho mal los pliegos tras meses de preparación del expediente y supervisado por más de dos decenas de funcionarios y cargos políticos del Gobierno municipal?", se pregunta Viondi, que recuerda que se trata de "un contrato por valor de más de cinco millones de euros".
Un portavoz de ATJ Consultores confirmó ayer a este periódico que el Ayuntamiento había notificado a la compañía la adjudicación definitiva de la gestión de la que elude hablar Pilar Martínez.
"Si ha habido alguna equivocación en los pliegos, es una cuestión de hablarlo [con el Ayuntamiento] y se puede modificar la oferta. Lo que no se puede hacer es anularlo y volver a convocar el concurso", explican en la empresa, que no se da por enterada de la segunda anulación.
* El Mundo - 18.02.10
Foto: Edificio de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid en Villaverde. | J. Villanueva, elmundo.es
Gijón: Vecinos critican el PGO por mantener el plan de Cabueñes a pesar del «caso Blanco»
LNE* : Más de setecientos registros contra el Plan General de Ordenación (PGO) en una sola mañana. Sólo la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes presentó ayer 350 escritos en la Pescadería Municipal, cuya red informática sufrió algunos fallos a lo largo de la jornada. Cabueñes es una de las parroquias, junto con Vega y Somió, más beligerantes con la política urbanística municipal.
El plan de 600 viviendas que afecta a la zona, de hecho, tiene bajo sospecha judicial al ex arquitecto jefe del Ayuntamiento en lo que se conoce como «caso Blanco».
El escrito registrado incluye 19 alegaciones, «que no sugerencias», precisó el secretario de la plataforma, manteniendo el mismo criterio que el resto de la zona rural. La diferencia es que, a las primeras, el Ayuntamiento tiene que darles una respuesta motivada en el proceso de información pública que se cierra hoy. El documento de prioridades del que parte esta revisión del PGO es «superflua, confusa, no aporta información fiable ni incide en el análisis de la capacidad de compra de vivienda» de los gijoneses.
Cabueñes, que ayer puso objeciones al Plan a través de la plataforma y también de las asociaciones vecinales «La Pontica» y «Fontevilla», critica «la aparición de islas grises en la periferia verde de la ciudad» y el hecho de que «no se consideran elementos de especial repercusión como la incineradora o la regasificadora». Y califica de «inconcebible» que el equipo de gobierno vuelva a apostar por el plan de Cabueñes en su propuesta inicial de PGO, «cuando está pendiente de una causa judicial».
En definitiva: «Más de lo mismo del plan Teixidor, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias», resumió el secretario de la Plataforma, José Cifuentes. El proceso de revisión que lleva a cabo el Ayuntamiento se debe, precisamente, a las sentencias desfavorables del alto tribunal asturiano, ahora recurridas ante el Supremo. «El gobierno municipal sigue apostando por el crecimiento caduco y planes, como el de Cabueñes, fruto de la especulación», denuncian.
* La Nueva España - 20.02.10
Foto: Representantes de las plataformas de Cabueñes y Roces Residencial, entrando al registro con sus alegaciones. juan plaza, lne.es
Siete mil alegaciones para el plan urbanístico de A Coruña
ELPAÍS* : Las objeciones al nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de A Coruña se han multiplicado por siete respecto a las que suscitó la normativa en vigor desde 1998. La exposición pública del documento diseñado por el urbanista catalán Joan Busquets con la pretensión de dar un vuelco a la política urbanística del ayuntamiento coruñés de los últimos 25 años se ha cerrado con un aluvión de alegaciones, unas 7.000, según los primeros cálculos municipales.
Al margen de la controversia alentada por el PP sobre la figura de "fuera de ordenación parcial" por la reducción de las alturas de los edificios perseguida en el plan, quedan en el tintero grandes discrepancias. Incluso entre los propios socios de gobierno, por un lado los socialistas, entre ellos el alcalde Javier Losada, y por otro los nacionalistas.
Los siete convenios urbanísticos de última hora, anexados al PGOM pero que no tendrán que regirse por esa norma en cuestiones como las alturas o la edificabilidad, han generado también alegaciones. La principal es el viejo proyecto, aprobado a finales de los 90 pero aún sin realizar, para construir una urbanización de seis edificios de hasta siete plantas de altura en el Agra de San Amaro, a los pies de la colina en la que se erige la Torre de Hércules.
Esta obra supondrá enladrillar una de las escasas franjas de la fachada marítima coruñesa aún libre de edificios, tapará la vista del ancestral faro y pondrá incluso en peligro su declaración como Patrimonio de la Humanidad, afirma la Federación de Asociaciones Vecinales en sus alegaciones para exigir la supresión del plan. El riesgo de perder el título obtenido en 2009 "es real y evidente", alerta el presidente del Instituto de Estudios Torre de Hércules, Segundo Pardo-Ciórraga. La Unesco ya lamentó la "excesiva presión urbanística" que hay ahora en el entorno del monumento.
"Mi preocupación es máxima por un planeamiento urbanístico de total calidad en el entorno de la Torre y garantizo que será en consonancia con el gran premio que tanto trabajo nos costó lograr", replica el alcalde en declaraciones a este diario. Ante la alerta, Losada promete revisar a la baja esa urbanización en primera línea del mar, estudiar su reducción aunque no suprimirla. "Está en una zona muy alejada del entorno de la Torre", arguye en referencia a los 500 metros de distancia. Cualquier modificación del controvertido proyecto obligará a compensar a los dueños de solares, que tienen el visto bueno para edificar desde hace más de una década.
Al BNG no le gusta tampoco esa urbanización. Y exigirá, como anunció el edil de Rehabilitación Mario López Rico, en sus charlas sobre el PGOM, la revisión de ése y otros seis convenios, algunos de última hora, incorporados pero "contrarios al espiritú" del documento diseñado por Busquets que los nacionalistas aprobaron inicialmente. Sobre todo, los acuerdos para urbanizar la cantera de As Rañas y el Monte Alfeirán que tanto disgustan al Bloque. Los socios nacionalistas de Losada no presentaron alegaciones. Pero sí lo hizo contra esos convenios la CIG. El sindicato nacionalista destaca el negocio para las empresas dueñas de As Rañas, donde el precio del metro cuadrado pasó de cuatro a 220 euros tras sellar los acuerdos de cesión con el gobierno local.
* ELPAIS.com - 20.02.10
Foto: El barrio del Agra do Orzán y las viviendas sociales de marineros, en A Coruña.- XURXO LOBATO, elpais.com
Los ecologistas acusan a la Diputación de eludir su responsabilidad sobre Barrika
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ELCORREO/Vizcaya* : Las instituciones aún no han dado una solución para la urbanización ilegalizada por el Supremo en la costa de Barrika. Dos sentencias judiciales -una del TSJPV y otra del Alto Tribunal- calificaron de «arbitraria y e injustificada» la recalificación de unos terrenos dentro del área de Barrikabaso, declarada de especial protección paisajística por el Gobierno vasco hace más de 20 años.
El cambio de uso de los suelos, donde ahora ya se encuentran construidos y habitados 14 chalés, los promovió el Ayuntamiento y los respaldó la Diputación, y ahora, cuando se ha solicitado proteger el área, «le pasa la pelota al Consistorio», según los ecologistas. Los miembros de la asociación Txipio Bai, promotora de los pleitos para salvaguardar la zona, creen que, con ello, la entidad foral «realiza una dejación de funciones, por cuanto tiene encomendada por ley velar por la legalidad urbanística y el interés general».
Los conservacionistas de Txipio Bai, solicitaron a la Diputación, a raíz de la última sentencia, que modificara el Plan Territorial Parcial-PTP (planeamiento urbanístico de la provincia) para que el documento incluyera esta zona costera de Barrika como un espacio protegido. Los ecologistas ven esta opción como una garantía de que no se construirá más allí. Y ésta fue una de las condiciones que impusieron para no solicitar la ejecución de la sentencia, que implicaría derribos e indemnizaciones millonarias.
Pero desde que el Supremo se pronunciase, los responsables forales se han escudado en el Ayuntamiento, afirmando que es el propio organismo municipal quien debe primero incluir la garantía de protección de la zona en su planeamiento. Volvió a suceder el jueves, cuando la oposición en Juntas Generales planteó una proposición en la que se instaba a la Diputación a proteger la zona de Barrikabaso por medio de la modificación del PTP. El grupo jeltzale se negó a apoyarla al considerar que «se cumplirá en la revisión del Plan General de Odenación Urbana», que el Ayuntamiento de Barrika debe abordar por imposición judicial, según la juntera peneuvista Nerea Ahedo.
El enfado de los ecologistas se acrecienta porque fue precisamente el Ayuntamiento quien aprobó el pasado 17 de diciembre instar a la Diputación a incluir esta zona en el PTP, y a Costas a ampliar la zona de servidumbre costera a los 200 metros, en lugar de a los 100 actuales, en esta polémica zona del municipio. «Esto prueba que los junteros nacionalistas confunden la autonomía municipal con la del equipo de gobierno», afirman fuentes de Txipio Bai. En el pleno, al igual que ocurrió el jueves, fueron los representantes de la oposición, que suman mayoría, quienes apoyaron estos puntos.
Lo que ocurre es que «aún no consta ningún escrito oficial de salida a la Diputación ni al Gobierno Vasco en el que el alcalde, a quien corresponde trasladar estas comunicaciones, dé cuenta de este acuerdo adoptado por el pleno en mayoría», explican los conservacionistas.
Por ello, la incertidumbre sobre la ilegalizada urbanización y sobre los terrenos que la acogen aún envuelve a la localidad. El alcalde, el jeltzale Juanjo Ezpeleta, niega rotundamente que la intención de su partido sea construir más en la zona. Según explicó, «un nuevo equipo redactor entrará este mismo año a elaborar un planeamiento para Barrika. Los especialistas deberán resolver las alegaciones planteadas al anterior avance y acatar la Sentencia del Supremo para esta zona del litoral, teniendo en cuenta las peticiones, tanto de vecinos, como de ecologistas».
Sin «presiones»
Pero los conservacionistas no están dispuestos a esperar tanto para ver la zona blindada al ladrillo, y además temen que el PNV, al mando de la Diputación y el Ayuntamiento, mantenga un doble juego. Mientras unos alegan que primero hay que modificar el planeamiento municipal para cambiar el PTP, el Consistorio mantiene colgado en su página web que «el Supremo anula la ordenación urbanística hasta ahora vigente en Muriola. Sin embargo, permanecen y prevalecen las determinaciones del PTP, que clasifica el suelo como urbanizable residencial».
El regidor, por su parte, afirma que «aquí no se está jugando a nada, ni permitiremos que se juege con Barrika. Lo único que queremos es que nos dejen trabajar tranquilos. No vamos a construir más en la zona, la vamos a proteger porque somos los primeros interesados, como ya apoyamos en su día, pero todo se hará a su debido tiempo y como decidan los especialistas. No admitiremos presiones ni amenazas de nadie».
* El Correo - 20.02.10
Foto: Los chalés de Muriola afectados por la sentencia del Supremo. :: PEDRO URRESTI, elcorreo.com
Castro: Muguruza está imputado en más de seis causas de Urbanismo y Contratación
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, que ha ingresado hoy en prisión, está imputado en más de media docena de causas penales por presuntas irregularidades en materia de Urbanismo y Contratación, aunque de momento la Fiscalía sólo le ha acusado en uno de esos procedimientos. El regidor, al que ya se le había prohibido cautelarmente ejercer sus competencias en esos dos ámbitos, ha ingresado a primera hora de esta tarde en el centro penitenciario de El Dueso, en Santoña (Cantabria), por su gestión en la tramitación de unas licencias de construcción en el alto de La Loma de Castro Urdiales.
El ingreso en prisión de Muguruza se ha producido por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, el magistrado Luis Acayro Sánchez, que investiga más de media docena de procesos en los que se imputa al alcalde y varios concejales.
En todas esas causas, a Muguruza se le acusa de supuestos delitos de prevaricación (administrativa y urbanística), ordenación del territorio, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros.
El Juzgado de Instrucción número 2 ha concluido ya la investigación en tres de esos procedimientos: la autorización de licencias a la promotora Urdicam y la adjudicación, presuntamente ilegal, de las obras del túnel de Mioño y de unas tareas de desratización (este último es el conocido como "caso Trapur", por el nombre de la empresa que realizó esos trabajos).
Pero, de momento, el Ministerio Fiscal tan sólo ha acusado a Muguruza por su actuación en las obras del túnel de Mioño, ya que solicitó que se archivaran las actuaciones en su contra por el "caso Trapur". Sin embargo, en ese procedimiento sí ha formulado acusación contra él el antiguo interventor del Ayuntamiento, Fernando Urruticoechea, personado como acción popular.
En el caso Urdicam, las distintas acusaciones aún no ha presentado su escritos de cargos.
Ya en marzo de 2008, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, la Guardia Civil registró las oficinas municipales y la Gerencia de Urbanismo de la ciudad y se incautó de varios expedientes urbanísticos.
Un mes más tarde el alcalde tuvo que acudir a declarar a los juzgados de Castro Urdiales por primera vez para explicar la decisión que la Junta de Gobierno Local adoptó al adjudicar a Izeta, la empresa del hermano de un concejal, unas obras de reforma en el túnel de Mioño.
La denuncia de esos hechos ante la Fiscalía la realizó un grupo de ex concejales del PSOE, entre ellos Rufino Díaz Helguera, que actualmente es socio de gobierno de Muguruza con Acuerdo por Castro (AxC) y que, además, gobernó el Ayuntamiento de Castro Urdiales durante doce años.
Posteriormente, Muguruza ha tenido que volver a comparecer ante el juez para explicar su actuación al adjudicar unos trabajos de desratización y unas obras para construir un ascensor en el mercado municipal.
Pero el alcalde también está acusado por presuntas irregularidades en un convenio urbanístico para construir un ascensor, por conceder licencias a la promotora Urdicam y por autorizar las urbanizaciones de San Pelayo en Santullán y la de La Loma en Sámano.
Todas esas causas han motivado que el alcalde de Castro Urdiales haya tenido que ir a declarar ante el juez en numerosas ocasiones en los dos últimos años y, a consecuencia de las investigaciones de este magistrado, se ha detenido a funcionarios y técnicos municipales.
Fernando Muguruza fue expulsado del PRC después de que, tras las elecciones municipales de 2007, y en contra de las directrices de ese partido, se postulara como alcalde en lugar de apoyar a quien entonces era candidata del PSOE, María Jesús Esteban.
Muruguruza consiguió entonces el cargo con el apoyo del PP y Acuerdo por Castro (AxC) y fue declarado formalmente tránsfuga por el Pacto Antitransfuguismo.
* El Diario Montañés - 19.02.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es
El Constitucional deja sin cobertura legal los derribos en el Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso que presentó el 1 de febrero el Gobierno contra el decreto ley del Consell que avala el plan del Cabanyal. El Constitucional declara la "suspensión de la vigencia" del decreto y deja, al menos de momento, sin cobertura los derribos previstos en el plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia que rompe por la mitad el barrio declarado Bien de Interés Cultural.
El Constitucional abre un plazo de quince días para que Gobierno y Generalitat presenten alegaciones. El tribunal puede tardar cinco meses en decidir si mantiene la suspensión del decreto y por ende de los derribos y varios años en resolver el fondo del recurso de inconstitucionalidad.
La primera reacción de la alcaldesa, Rita Barberá, ante la suspensión del decreto fue anunciar que el plan del Cabanyal "sigue adelante" y que los derribos "van a continuar", al menos, fuera de la zona BIC. El gobierno municipal que primero se negó a acatar la orden del Gobierno poniendo en tela de juicio su competencia exclusiva sobre expolio desoye ahora al Tribunal Constitucional. La suspensión del decreto autonómico no sólo deja sin amparo el plan urbanístico de Rita Barberá sino que devolvería las cosas a la situación anterior, esto es, al momento de la paralización de los derribos ordenada por el Ministerio de Cultura. El ministerio, por mandato del Tribunal Supremo, realizó un informe que declara que el plan del Cabanyal supone expolio del barrio histórico.
La reacción del Consell para eludir la orden de paralización fue aprobar el 8 de febrero el decreto ley que blinda el plan urbanístico y que ahora ha sido suspendido.
En pocas semanas, el ayuntamiento ha pasado de considerar el decreto la tabla de salvación que devolvía la legalidad al Pepri a desmarcarse del mismo. El gobierno local se aferra ahora al argumento de que la suspensión del decreto-ley no tiene consecuencias sobre el plan urbanístico. El pepri, que contempla la demolición de 1.600 viviendas, "va a seguir adelante" porque el TC "sólo ha acordado dejar sin efecto, momentáneamente, el decreto del Consell", apuntó ayer el concejal de Relaciones con los Medios, Miquel Domínguez.
Cabanyal 2010 tramita 14 licencias
Los primeros derribos tras la orden de paralización de Cultura del pasado 29 de diciembre estaban previstos para este mes de febrero. Según ha podido saber este diario, la sociedad Cabanyal 2010 que ejecuta el plan del Cabanyal ha solicitado licencia de derribo de 14 viviendas, algunas aún en fase de expropiación, en las calles San Pedro, Escalante, Manuel Estellés Reina y Lavadero.
Miquel Domínguez difundió ayer parte de la interpretación que han hecho los servicios jurídicos municipales de la providencia del Constitucional según la cual "el alcance de la admisión a trámite, supone, literal y exclusivamente, la suspensión de la disposición recurrida, esto es, del citado decreto ley".
El Tribunal Constitucional recuerda que la suspensión es consecuencia de la decisión del Gobierno de invocar en el recurso al artículo 161.2 de la Constitución que implica la suspensión automática de la disposición recurrida.
Domínguez recordó que "hace unas semanas, un juez decretó la validez legal de las licencias de derribo de 6 inmuebles ubicados en el futuro bulevar San Pedro". Domínguez se refería a la decisión del juez de desestimar la petición de suspensión de los derribos en San Pedro que requería el PSPV como medida cautelar del recurso contencioso contra las licencias, recurso que sigue tramitándose.
La portavoz de Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, manifestó ayer su satisfacción por la rápida respuesta del Constitucional y confió en que el ayuntamiento recapacite y decida emprender la rehabilitación del barrio. Los vecinos temen que la utilización política del plan del Cabanyal acabe degradando más si cabe el conjunto histórico y la convivencia en el barrio. Por eso, ayer la Asociación de Vecinos del Cabanyal reclamó la paralización de los derribos y "la regeneración y revitalización" del barrio. Mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, "que posiblemente tardará varios años", el barrio y los vecinos "no podemos sufrir las consecuencias de la lucha política del ayuntamiento contra el Gobierno".
Cotino critica a Zapatero y Alarte elogia a Sinde
El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, arremetió ayer contra Zapatero por no haberse reunido con la Generalitat antes de recurrir al Constitucional el decreto del Cabanyal. Por su parte, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, elogió ayer la "valentía" de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, en el Cabanyal. La portavoz del PSPV, Carmen Alborch, aseguró que la orden del ministerio "sigue vigente" y confió en que el PP "aparque la sinrazón, se atenga a las reglas del Estado de Derecho y paralice los derribos".
Para EUPV, la decisión del Constitucional deja "sin argumentos" y para Compromís "para los pies a las ansias destructoras del PP" en el barrio.
* Levante-EMV - 19.02.10
Foto: Valencia, el Cabanyal -S.Carregui, elpais.com
El TAN anula la adjudicación de las obras del nuevo centro 0-3 años de Burlada
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NOTICIASDENAVARRA* : El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha anulado, por no estar ajustados a derecho, los acuerdos del consejo de administración de la Sociedad Urbanística Municipal de Burlada SL, en los que se adjudicaba el contrato de obras del nuevo centro de 0 a 3 años de la localidad. El tribunal, de esta forma, ha estimado parcialmente el recurso de alzada interpuesto por la constructora ACR, en el que alegaba que en el proceso no se había puntuado debidamente su oferta en cuanto al plazo de ejecución de los trabajos.
El TAN anula el acuerdo de adjudicación, aunque considera que la mercantil debe dirigirse al propio Ayuntamiento de Burlada en el caso de que quiera reclamar daños y perjuicios, en particular por el lucro cesante, que también solicitaba.
El 27 de junio de 2008, el consejo de administración de la sociedad urbanística aprobó el pliego y convocatoria de contratación para la ejecución del proyecto de la escuela infantil. La resolución recoge que tras recibir las ofertas, entre ellas la de ACR, y valoradas las mismas por los servicios técnicos, el 25 de septiembre de ese año se aprobó la adjudicación de los trabajos, en este caso a Obenasa. Sin embargo, para ACR, no se puntuó de forma correcta su oferta en cuanto al plazo de ejecución de obras, ya que el condicionado disponía que se valorase con un máximo de 10 puntos a la empresa que ofreciera el plazo más corto y el resto de forma proporcional. A pesar de que la propuesta de la recurrente era la más baja, 6 meses y 3 semanas, recibió la misma puntuación que otras nueve que estipulaban plazos mayores.
Así, la sociedad municipal, en un informe posterior de los técnicos, fijó el plazo mínimo de ejecución en 9 meses, y optó por "admitir a todas las empresas pese a considerar que tres no se ajustaban al plazo mínimo, y otorgó los diez puntos máximos a nueve de ellas, pese a que sus ofertas no eran iguales".
Para el TAN, "no es correcta" la actuación de la sociedad municipal, cree que "no se sujetó" al pliego, su decisión "incurrió en arbitrariedad y generó indefensión por parte de la sociedad recurrente". "El resultado final es directamente influido por la aplicación de un baremo que no es previsto en el pliego", dice la resolución. La recurrente queda en segundo lugar, sobrepasada por sólo 0,4 puntos por la que obtiene la adjudicación pese a ofrecer un plazo superior", lo que deriva en la "evidente indefensión" de ACR, generada por la actuación municipal.
El TAN admite que esta resolución anulatoria "puede resultar problemática" ya que las obras de la escuela infantil ya están casi finalizadas, por lo que no cabe retroacción del expediente. Eso sí, la empresa puede reclamar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento para ser indemnizada si así lo estima.
* Noticias de Navarra - 19.02.10
Foto: Al fondo, la nueva escuela infantil de Burlada. - PATXI CASCANTE, noticiasdenavarra.com
Estepona: Cinco nuevos imputados en el caso Astapa a falta de declarar ante el juez
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MÁLAGAHOY* : Un año y ocho meses después de la puesta en marcha de la operación Astapa continúan produciéndose imputaciones. Las últimas se dieron a conocer ayer mismo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los nuevos imputados, que se suman a los 63 existentes hasta ahora, son cinco personas que aún no han prestado declaración ante el instructor del caso, Jesús Torres, si bien alguno de ellos ya lo ha hecho en la comisaría de la Policía Nacional a lo largo de esta semana.
Según ha trascendido, se trataría de personas relacionadas con otras ya imputadas en el caso si bien no se ha dado a conocer ni su identidad ni los presuntos delitos que se les imputan, información que no se podrá conocer hasta que pasen por sede judicial.
El caso Astapa se inició en junio de 2008 y ha supuesto la imputación de empresarios, trabajadores municipales, militantes de diferentes partidos y políticos, entre ellos 10 concejales de los cuales ocho se mantienen en el salón de plenos en el grupo de no adscritos tras haber sido expulsados de los partidos con los que concurrieron a las elecciones municipales de 2007.
De los ocho concejales imputados que se mantienen en la oposición, dos de ellos, José Ignacio Crespo y Manuel Reina (PES), estuvieron en prisión preventiva durante seis meses junto al ex alcalde, Antonio Barrientos, y el que fuera su jefe de gabinete, José Flores. El ex regidor y el ex concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, han sido las dos únicas personas con responsabilidad de gobierno que han abandonado su acta de concejal después de verse salpicados por la investigación.
En esta causa se investigan los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad en documento público, entre otros. El secreto de sumario del caso Astapa, hasta el momento, solo se ha levantado de los tomos I al XIII en dos partes, dejando a la luz que la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el actual alcalde, David Valadez y su compañera del PSOE Cristina Rodríguez ante la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía.
Una vez levantado el secreto, también trascendieron las conversaciones telefónicas en las que se negociaba la contratación de afiliados al PSOE en el Ayuntamiento, así como el uso de vehículos del depósito municipal por parte de cargos públicos, los intentos de adjudicación irregular de chiringuitos, los pagos exigidos a promotores para tramitar sus expedientes, el abono de cantidades a empresas relacionadas con concejales, el presunto desvío de dinero a través de familiares. El próximo 23 de febrero el instructor del caso tendrá que decidir si sigue manteniendo el secreto sobre las actuaciones o si bien lo levanta por tercera vez parte de las investigaciones realizadas para que las conozcan los encausados.
* Málaga Hoy - 19.02.10
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Chozas de Canales: Manifestación de vecinos en la cuenta atrás de la moción de censura
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LATRIBUNA/Toledo* : Las asociaciones vecinales de los PAU Z9 y Z11 convocan una protesta este sábado para exigir responsabilidades al alcalde por la falta de soluciones a las carencias de sus barrios. Mientras Chozas de Canales sigue con la incógnita de si habrá o no moción de censura en su Ayuntamiento, tras perder su alcalde una cuestión de confianza vinculada a sus presupuestos, este sábado a las seis de la tarde tendrá lugar otra manifestación de asociaciones vecinales contra el regidor.
La protesta ha sido convocada por las asociaciones de los PAU Z9 y Z11 para denunciar los incumplimientos del alcalde, Julián Agudo (PP), de sus promesas electorales para mejorar las condiciones de vida de los residentes.
En el caso concreto del Z9, el vicepresidente de la asociación, Magín Tornero, afirma que han tenido incluso que recurrir al Defensor del Pueblo de la región para solucionar problemas de alumbrado. "Las farolas siguen rotas, pero por lo menos pusieron bombillas", recuerda. Añade las deficiencias en el servicio de limpieza, la falta de limpieza de su parque, que afirma que está convertido en "un vertedero", o los malos olores del alcantarillado.
Sobre el hecho de que esta manifestación se celebre en mitad del mes de plazo que tiene la mayoría opositora del Ayuntamiento para cesar al alcalde, si insiste en no dar por válidos sus presupuestos, Tornero aclara que no debe confundirse con un apoyo a la moción de censura. Eso sí, matiza que si ésta se produce el alcalde "se lo ha buscado" por perder la mayoría al permitir la marcha de una concejala del PP a la oposición. Y también coincide con los concejales opositores en que no ha presentado las cuentas suficientemente desglosadas, por lo que "parece que oculta algo". Sin embargo, también reconoce que un posible retorno del PSOE a la Alcaldía no significará una mejora inmediata de la situación, porque "la gente que está ahora en el Ayuntamiento, en los dos partidos, son gente del pueblo de toda la vida con sus viejas rencillas. Hace falta gente nueva", comenta deseando que los vecinos de los barrios nuevos como el suyo, que llegaron con la expansión urbanística de los PAU Z, participen en la política municipal en el futuro.
Hay que recordar que el PAU Z9 se encuentra en un "limbo" urbanístico. Este barrio, construido como los demás PAU Z por el constructor Felipe Barbarroja, fue recepcionado por el Ayuntamiento en 2006, en el pasado mandato del PSOE. En ese momento, sus habitantes pasaron a pagar los impuestos municipales. Tornero se agarra a este hecho para exigir al actual alcalde que dé los servicios necesarios al barrio. Incluso, sobre la falta de avales que alega el alcalde para adecentar estos PAU, le matiza que en el Z9 sí lo hubo, aunque el anterior Gobierno local lo devolviera a Barbarroja con la recepción del barrio. El representante del Z-9 también espera que la anulación posterior de su PAU por el Tribunal Superior pueda solventarse, pese a la suspensión cautelar por un juez de una iniciativa que aprobó la mayoría opositora en noviembre para hacerlo. Eso sí, avisa de las consecuencias que tendría que la Justicia dejara clara la ilegalidad de la urbanización. "Tendríamos que denunciar primero al promotor, después a CCM como entidad que nos dio la hipoteca, al notario que nos hizo las escrituras de la vivienda y al registro de Illescas que nos las inscribió", advierte sobre las consecuencias que supone dejar en la ilegalidad ahora sus casas.
Sin negar que el anterior alcalde ha podido tener alguna responsabilidad en los problemas actuales de una población que creció muy rápido en poco tiempo, Tornero también pide tener acceso a la auditoría urbanística que el alcalde esgrime para afirmar que adecentar todos los nuevos PAU costaría unos 22 millones de euros.
Por su parte, el alcalde Agudo señala que no quiere comentar mucho sobre esta manifestación hasta después de su celebración. Eso sí, vuelve a justificar su labor en que "la obligación de un Ayuntamiento es defender su intereses de todo el pueblo". O sea, no asumir gastos que no le corresponden, al menos "mientras un juez no diga de quién es la culpa" en las deficiencias de los nuevos PAU.
* La Tribuna de Toledo - 19.02.10
Foto: latribunadetoledo.es
Finca do Conde: Una incógnita de 350 millones
LAVOZ/Vigo* : José Mariño y su equipo van a intentar la cuadratura del círculo en Finca do Conde. Cuando todos creían que más pronto que tarde se concedería una nueva licencia para (intentar) legalizar el centro comercial y las dos torres anexas el concejal de Urbanismo ha iniciado una nueva vía, supuestamente más segura. Cuando el lunes el pleno municipal valide el acuerdo adoptado ayer en la Gerencia quedará suspendida durante un año la concesión de licencias en este ámbito hasta que el Concello (y la Xunta) aprueben un nuevo planeamiento.
Lo sorprendente del caso es que el gobierno local se apoya en la falta de condiciones urbanísticas de Finca do Conde para justificar la suspensión. Asegura el informe técnico que este área está muy colmatada, que los viales sin insuficientes, que no existen zonas verdes y que la terraza superior del centro comercial no cumple la función de área pública para la que había sido diseñada.
No es fácil imaginarse como podrán solventarse estas carencias sin afectar a lo construido, lo cual es una máxima inviolable pues en caso contrario el Concello tendrá que abonar indemnizaciones de decenas o incluso de cientos de millones de euros.
«Parcela en blanco»
Con la finalidad de dejar las cosas claras o, probablemente, para cumplir con un guión inviolable, Mariño aseguró ayer que una vez suspendidas las licencias «Finca do Conde será una parcela en blanco». En otras palabras, que el Concello puede planificar urbanísticamente su futuro con completa libertad. Aunque teóricamente sería posible, el gobierno vigués ha insistido hasta la saciedad en que evitará el derribo de lo construido para evitar el pago de 350 millones de euros en indemnizaciones.
Con esta premisa es fácil deducir que se volverán a dibujar sobre el papel las mismas construcciones, con lo que aumentar los viales o las zonas verdes sería toda una proeza.
El concejal de Urbanismo no aclaró ayer el embrollo argumentando que «es preciso esperar a que los técnicos hagan su trabajo, ya que aventurar cualquier opinión sería una osadía». Como la suspensión tiene un máximo de un año, antes de las municipales de 2011 se sabrá como queda Finca do Conde.
* La Voz de Galicia - 19.02.10
Foto: Finca do Conde incluye las dos grades torres de viviendas y un centro comercial - cope.es
