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ELPAÍS : Los párrocos implicados intentaron pactar sus relatos ante la policía. Todo está en las cintas que la policía grabó a los implicados en la trama corrupta que gestionó la rehabilitación del patrimonio en las iglesias y monasterios de Ourense y Pontevedra entre 2003 y 2009.
Según consta en el minucioso sumario que instruye el Juzgado número 3 de Santiago, la red, que presuntamente encabezaban dos funcionarios de la Xunta, el ex restaurador de la Consellería de Cultura, Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, y el arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, José Manuel Pichel, se habría lucrado con la restauración de retablos en monumentos de las dos provincias, sirviéndose de subvenciones del Gobierno gallego.
Los investigadores tienen pruebas fehacientes de que ambos funcionarios habrían percibido comisiones ilegales, en efectivo o en especie, por favorecer a empresas amigas. En muchos casos, los encargos de las obras de rehabilitación del patrimonio recaían sobre órdenes religiosas e incluso sobre sacerdotes, una fórmula que permitía a la red sortear los concursos públicos para adjudicar los contratos y beneficiar a cinco firmas restauradoras -cuyos directivos también están imputados- elegidas a dedo. Todo eso es lo que ahora está investigando la juez. En los casi 2.000 folios que resumen la investigación judicial se desmenuza el papel de cada uno de los actores en la trama, que acumula ya doce imputados, entre ellos varios sacerdotes de la provincia de Pontevedra e incluso el ex obispo de Tui-Vigo, José Diéguez Reboredo, quien tras su paso por la comisaría y el juzgado abandonó el cargo a finales de enero.
Mucho antes, en septiembre, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía se había personado en una docena de parroquias de Pontevedra y Ourense para interesarse por los procedimientos utilizados para encargar las obras. Las citaciones policiales inquietaron a las empresas restauradoras casi tanto como a los funcionarios implicados. Los pinchazos prueban que sacerdotes, empresas y funcionarios trataron de pactar entre ellos un relato único que ofrecer a la policía y entregar facturas falsificadas que justificasen los pagos en dinero negro realizados por las parroquias a la trama.
2Así, el 23 de septiembre, una de las imputadas, Olga Quintela, responsable de la firma Márquez Vieira CBC, que rehabilitó el monasterio de Celanova, telefoneó a un sacerdote, cuyo nombre no explicita la policía, para acordar una versión sobre las obras de rehabilitación de dos retablos, acometida por esa empresa durante el ejercicio 2006, en total 36.000 euros (21.000 pagados por una vecina y 15.000 por el sacerdote). Esta es la transcripción de la policía:
-Olga: Si dicen cómo se pagó eso[los 15.000 euros de uno de los retablos], se lo hicimos nosotros sin cobrarle.
-Cura: ¿Cómo?
-Olga: Que no se cobró por ese trabajo.
-Cura: ¿Pero nosotros qué tenemos que decir, que fue gratis?
-Olga: ¿Usted ese dinero lo declaró?[...]
-Cura: El problema es cómo digo que no lo pagué si salió publicado en la prensa.
-Olga: También podemos decir una cosa, que se quedó de hacer facturas de esos retablos y que nos hemos olvidado.
-Cura: Eso, claro, de acuerdo.
-Olga: Que lo puedo decir.
-Cura: Pero hay que quedar claro en lo que se dice porque si no, podemos contradecirnos. Si tú me dices que vas a decir que quedó pendiente de hacer factura y pasó el tiempo y se despistó, pues yo digo eso.
-Olga: Yo digo eso. [...]
-Cura: Yo lo que voy a decir es que me quedaron en pasar la factura y no me la pasaron y yo lo que le pagué fue el recibo que me dieron en aquel momento.
-Olga: Usted si lo llaman a declarar, avíseme.
-Cura: Si me llaman, te llamo.
Ese mismo día, el 23 de septiembre, la representante de la empresa Marquez Vieira CBC, que habitualmente participaba en las obras que proyectaba la organización de Gómez-Gil había llamado también a otro párroco, Agustín Sobral, que ya había prestado declaración ante la policía. La mujer se interesa por las explicaciones que el párroco había ofrecido a los agentes y le pregunta directamente si les mostró a los investigadores algún recibo de los pagos realizados a su firma. El sacerdote admite que le entregó un recibo de 15.000 euros que no llevaba aparejado el IVA correspondiente. La responsable de CBC le responde que el IVA "se declara si es factura, si no es factura, no".
En esa frenética jornada, entre llamadas a una gestoría para comprobar las consecuencias jurídicas que podría depararle la facturación en negro de muchos de los trabajos, la dirigente de la firma CBC todavía tuvo tiempo de llamar a un tercer párroco, a las 21.11 horas, con el mismo objetivo, cuadrar las cuentas del dinero B que le habría facturado. "Del retablo mayor de una parte hicimos factura pero de otra no, por eso le llamaba, que si lo llaman a declarar para que presente sólo la factura oficial, que no presente recibos", reclama Olga Quintela.
Pese a que el párroco replica que el importe total de los trabajos asciende a 42.000 euros con el IVA, ambos acuerdan pactar esa cifra.
Al día siguiente, la misma imputada se comunica con otro de los presuntos cabecillas de la organización, José Manuel Pichel, arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, al que el actual conselleiro de Cultura retiró la firma y apartó de las contrataciones cuando estalló este escándalo. En la charla, Olga Quintela pone al corriente a Pichel de las pesquisas que sigue la policía. Según figura en el sumario judicial, el arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo explica: "[La policía] se va a meter por ejemplo en que nosotros no hemos comunicado que se nos pase presupuesto". Pichel acaba pidiéndole a la responsable de Márquez Vieira CBC que "de eso no comente nada" cuando sea llamada a declarar a la comisaría, un temor que compartían en septiembre todos los imputados.
* ELPAIS.com - 15.02.10
Foto: Los vecinos de paraños dudan del cura /SONIA DAPONTE, xornal.com
Galicia: Las escuchas imputan a varios curas por tapar la trama de Cultura
El espejo alemán del Cabanyal
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PÚBLICO/Valencia* : El 4 de enero, tras conocer la Orden de Cultura que paraliza los derribos en El Cabanyal, muchos vecinos se reunieron para brindar, cantar, llorar y abrazarse. Uno de los más activos, Peter Schwanewilms, estuvo sin estar. A través de un móvil conectado a unos altavoces habló atropelladamente. Lo hizo a 2.500 kilómetros de distancia y en representación de Ottensen, el barrio marinero de Hamburgo (Alemania), que apoya desde hace años la lucha del Cabanyal por preservar su patrimonio.
Las similitudes entre ambos lugares son numerosas. Ottensen, a orillas del río Elba y cerca del puerto de Hamburgo, fue un diminuto pueblo agrícola hasta que en 1850 lo fagocitó la ciudad. Los huertos fueron sustituidos por fábricas de vidrio, metal, tabaco y alimentación. En aquel tiempo se construyó a destajo para dar cabida a la abundante marea proletaria que llegó en busca de trabajo. Pero la crisis industrial de los setenta decoró Ottensen de degradación y abandono.
El ayuntamiento planeó entonces convertir el barrio en un solar y levantar la City West, una ciudad de negocios inflamada de rascacielos, surcada por una autovía y repleta de nuevos bloques de viviendas para gente rica. Las inmobiliarias vieron la oportunidad de negocio servida en bandeja: suelo pobre y de pobres a la espera de suculentas recalificaciones. Pero se encontraron con la oposición de sus pobladores: muchos inmigrantes y sobre todo estudiantes embriagados por los vapores de Mayo del 68 que convirtieron Ottensen en una trinchera contra la especulación.
Resistencia fecunda
El viejo barrio porteño juntó en sus calles más de 300 entidades con reivindicaciones que iban más allá del urbanismo, hasta abarcar un amplio abanico de derechos sociales: feminismo, Tercer Mundo, ecologismo... Ottensen fue en aquel tiempo un símbolo de las libertades políticas que cristalizó en la Bunte Liste, embrión de los Verdes-Alternativos, que obtuvieron representación en el Consistorio.
La movilización ciudadana se extendió durante una década y consiguió la metamorfosis de un plan urbanístico destructivo por otro que posibilitó una rehabilitación por fases que aún colea. Muchas de las antiguas fábricas abandonadas se han transformado en centros sociales, los jardines han proliferado y los patios interiores de las manzanas de los edificios han dejado de ser estercoleros y funcionan como plazas públicas. Un nuevo rostro que ha convertido a Ottensen en una de las zonas más chic de Alemania. En sus bajos anidan restaurantes, comercios y empresas multimedia. "Un barrio de perfil estudiantil, inquieto y dinámico", resume Burkhart Springstubbe, uno de los arquitectos implicados en su remodelación.
Una relación de diez años
La relación entre Ottensen y El Cabanyal se inició tras un paseo al azar de Peter Schwanewilms por las calles del barrio valenciano. "Iba hacia la playa y me llamaron la atención las pancartas en las fachadas que hablaban de rehabilitación y pensé en mi casa", recuerda. Poco después asistió a su primera asamblea de Salvem el Cabanyal (plataforma que se opone a los derribos) y se convirtió en un asiduo. "Iba cada miércoles, les hablaba de Hamburgo, organizaba encuentros europeos".
Por mediación de Peter, Ottensen se convirtió en un espejo para El Cabanyal, en la plasmación urbana de una rehabilitación posible. Proliferaron, entonces, los intercambios entre ambos barrios. Los más fructíferos, en unas jornadas que anualmente se organizan en El Cabanyal y donde los vecinos abren sus casas a exposiciones de artistas locales y extranjeros, entre ellos muchos creadores de Ottensen.
Uno de los momentos mas emotivos se vivió en abril de 2008 cuando Peter decidió volver a Alemania tras ocho años en Valencia. Fue un regreso atípico. El activista alemán recorrió en bici, durante dos meses, la distancia entre ambos lugares acompañado de una cuerda roja junto a la que se fotografió en cada ciudad importante. Un gesto cargado de simbolismo visual para unir de orillaa orilla el alma de dos barrios hermanos.
* Público - 14.02.10
Foto: El barrio marinero de Ottensen, en Hamburgo, consiguió mantenerse en pie tras años de lucha vecinal. - publico.es
Un mechero al final del túnel
JOSÉ YOLDI/Lanzarote* : El periodista Luis Fernando Rodríguez solía decir antes de que fuera fulminantemente despedido: "La luz que hay al final del túnel es el mechero de otro que está tan perdido como tú". Así se deben de sentir los redactores de la revista Cuadernos del Sureste, una de las pioneras y más activas en denunciar la corrupción urbanística en Lanzarote, que en 2003 calificaron de corruptas las actividades del abogado y ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, y el Supremo, a pesar de que éste fue destituido de su cargo y está imputado en dos procesos por corrupción, les ha condenado a indemnizarle con 15.000 euros, por haber atentado contra su honor. Un mensaje inquietante para la libertad de expresión: el que se atreve a denunciar, condenado a indemnizar al denunciado.
El equipo de Cuadernos, con Jorge Marsá a la cabeza, realizó uno de los primeros análisis en profundidad de la corrupción urbanística en Lanzarote y entre los varios artículos que se referían al tema, se publicó uno titulado "El secretario, el quinto poder" en el que revelaban que Fernández, entonces secretario del Ayuntamiento de Arrecife, era un personaje clave para entender lo que ocurría en el municipio y en general en toda la isla, puesto que además de su cargo público, ejercía como abogado, representando como apoderado a sociedades con intereses inmobiliarios, lo que suponía una evidente incompatibilidad. Añadía que sus tesis como letrado solían coincidir con los intereses de los promotores privados del suelo y que su figura constituía "uno de los obstáculos con que tropiezan los más importantes procesos de racionalización territorial y urbanística que se vienen acometiendo en Lanzarote".
El secretario presentó una demanda al honor y la juez destacó que las informaciones eran "veraces, es decir, suficientemente contrastadas" y que tenían interés informativo. Precisaba que las expresiones utilizadas en el artículo por sí solas no se consideraban atentatorias contra el honor, pero condenaba a Marsá y a la revista por haber dicho que las actividades de Fernández eran corruptas, lo que a criterio de la magistrada era un claro insulto que vulneraba el honor del secretario. La Audiencia de Las Palmas revocó la condena por entender que la información era veraz y referida a las actuaciones profesionales y empresariales de un funcionario público que desempeñaba un cargo de gran relevancia, por lo que eran de interés general. Además, puntualizaba que el término corrupción se utilizaba en el artículo en un sentido coloquial admitido por la Academia alusivo a ciertas prácticas que los ciudadanos pueden considerar discutibles, controvertidas o criticables, aunque pueden no estar expresamente prohibidas por la ley.
Sin embargo, la Sala Primera del Supremo, en una sentencia de la que fue ponente Xavier O'Callaghan, volvió a condenar a Marsá y al equipo de Cuadernos del Sureste señalando que "se trata de unos juicios de valor que se basan en información que no se suministra". Añadía también que las acusaciones sobre el secretario son "abstractas informaciones cuya vaguedad no permite una adecuada defensa y las pocas que son medianamente concretas no ha sido probada su veracidad".
No deja de ser sorprendente, porque si algo han dejado claro todos los jueces que han intervenido en el proceso, excepto los del Supremo, es que los hechos denunciados por la revista eran ciertos e incluso reconocidos por el agraviado. ¿Qué parte de la afirmación de que en horario de trabajo en el Ayuntamiento de Arrecife el secretario asistió como letrado a otros clientes privados le habrá parecido abstracta al Supremo? No obstante, la sentencia reafirmaba la doctrina de que el insulto no está amparado por la libertad de expresión y precisaba que calificar de corrupto a un funcionario público "alcanza la categoría jurídica de atentado al honor". Fue Winston Churchill quien dijo: "Ocasionalmente, los hombres tropiezan con la verdad, pero la gran mayoría de ellos se levantan y se alejan como si nada hubiese sucedido". Marsá y el equipo de Cuadernos del Sureste no son de esa mayoría y para defender la verdad ya han recurrido al Constitucional y si fuera necesario al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¡Qué difícil y caro resulta llamar a las cosas por su nombre! Porque, por si no lo saben, Felipe Fernández Camero fue destituido de su cargo el 14 de enero de 2004 por simultanear su actividad pública con la profesión de abogado en el horario laboral, durante 14 años, y por interferir en su imparcialidad e independencia como secretario, ya que ha desempeñado funciones de representación en cinco sociedades de las que al menos dos -Lanzarote de Cable y Aparcamiento Parque Islas Canarias- eran incompatibles con su puesto. Los funcionarios no pueden intervenir en actividades privadas en asuntos en los que intervengan.
Además, Fernández figura como imputado en dos procesos penales por licencias inmobiliarias ilegales. Uno, por el caso La Bufona, en el que está imputado junto con la ex alcaldesa María Isabel Déniz, de la que además es abogado, y otro, por presunto delito de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y cohecho en el proceso que investiga la trama de licencias ilegales concedidas por el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes, del que también consta como defensor. Quizá Fernández no es una figura clave para entender la corrupción urbanística en Lanzarote, pero, desde luego, lo parece. ¿Una tenue luz al final del túnel o el mechero de otro periodista perdido?
* ELPAIS.com - Opinión - 15.02.10
Menos coches para un transporte urbano más sostenible
Este viernes y sábado se celebra en A Coruña una cumbre de Ministros de Transporte europeos bajo el título de “Transporte Urbano Sostenible”. Por este motivo ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* y Verdegaia quieren destacar el importante desfase que existe entre los discursos de movilidad sostenible en la UE y las políticas de transporte reales, un desfase que resulta ser abismal en el Estado español.
El transporte es el sector más desbocado en cuanto a sus emisiones de CO2.. Según los estudios de la propia UE, la mitad de estas emisiones se producen en las zonas urbanas y metropolitanas.
Efectivamente las emisiones de CO2 en el transporte por carretera son las que más han aumentado desde 1990, tanto en el Estado español –pŕacticamente el doble hasta 2007 (un 97%), si bien luego se han reducido algo por la crisis, no por las políticas de las administraciones– como en Europa –donde el aumento ha sido del 32%–. De hecho, el transporte es ya en España el sector que más gases de efecto invernadero emite, por encima del 25% del total. Siendo éstos los datos, es evidente que las cosas no se están haciendo bien pese a los discursos de movilidad sostenible.
Los principales emisores de CO2 son los coches: quemar 1 litro de combustible supone emitir 2,3 kg de CO2. Así, cada persona que utiliza el coche para sus desplazamientos al trabajo (con un recorrido medio diario aproximado de 15 km) emite unas 2 toneladas de CO2 al año sólo por esta razón. Por este motivo, para Ecologistas en Acción y Verdegaia, las políticas de movilidad más urgentes deben ser simultáneamente de disuasión y estímulo. Disuasión del uso del automóvil mediante los múltiples mecanismos posibles (parquímetros, restricciones de acceso, peajes, no ampliación de carreteras, “pacificación” del tráfico, etc.). Y estímulo de los medios más favorables (mejoras en el transporte público, con carriles exclusivos, itinerarios peatonales y ciclistas seguros, ampliación de aceras…).
Pero la política Europea y, sobre todo la española, van por otro camino:
* Se sigue aplicando la receta de incrementar el viario para solucionar los atascos, lo que no es sino una respuesta obsoleta, cara y contraproducente. Ahí están los planes de autovías de las Redes Transeuropeas (TENt), o los planes estatales y autonómicos españoles. Al contrario, reducir la capacidad del viario para los coches permite modos de vida más saludables para todos los ciudadanos, con la ventaja de que se disminuyen las emisiones de gases de invernadero, al tiempo que se produce una mejora en la calidad del aire, menor ruido y se obtiene más espacio para la gente.
* Al mismo tiempo, con las ayudas al sector del automóvil en toda la UE, se anima a comprar más coches, justo la política contraria que se necesita, pues la apuesta debe centrarse en el transporte público. Es cierto que todos los administradores públicos hablan de movilidad sostenible, pero no es menos verdad que por cada euro que se invierte en movilidad alternativa muchos más se gastan en favorecer el uso del automóvil. El resultado: en la mayor parte de las ciudades y zonas metropolitanas europeas cada día utilizamos más el coche y menos el transporte público o los desplazamientos a pie o en bicicleta.
* También se centran las expectativas en las mejoras tecnológicas de la eficiencia de los automóviles, pero éstas siempre han sido en buena medida neutralizadas y sobrepasadas por el mayor uso de los nuevos automóviles, por lo que la única estrategia razonable es la de reducir su utilización.
* Ahora la gran esperanza para la sostenibilidad del transporte parece ser el coche eléctrico, olvidando que fabricar un coche consume tanta energía como la que emplea para desplazarse 60.000 km, que la electricidad que los alimenta procede en un 70% de centrales térmicas y nucleares (según el mix eléctrico español), que también requieren de autovías…
Para Verdegaia y Ecologistas en Acción una movilidad sostenible basada en el uso masivo del coche es una quimera. La única estrategia razonable es reducir las necesidades de movilidad y apostar sin fisuras por el transporte público, algo que, más allá de los discursos, no parece estar en la agenda de los Ministros de Transporte de la UE.
* Ecologistas en Acción - 12.02.10
Foto: Atasco - dgt.es
Villalón: 2.000 personas dicen "no" al almacén nuclear
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NORTECASTILLA/Valladolid* : Unas 2.000 personas se concentraron hoy en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos para rechazar la instalación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en los municipios cercanos de Santervás y Melgar de Arriba y para reclamar una "alternativa" para la situación de "abandono" de Tierra de Campos.
De esta manera, Juan Carlos Flores, miembro de la Plataforma Anticementerio Tierra de Campos Viva, organización convocante de la manifestación, aseguró en declaraciones a Europa Press que la marcha ha contado con una "asistencia importante" a pesar del "día de perros". "Ha sido un bulto bastante importante para una comarca con pocos habitantes", destacó.
Asimismo, aseveró que acudieron a Villalón representantes de organizaciones agrarias como UCCL o COAG, o sindicatos como Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Confederación General del Trabajo, además de "partidos de izquierdas".
Además, Flores insistió en que la marcha fue el "pistoletazo de salida" para una serie de actividades con las que pretenden "publicitar la zona y decir que está abandonada". En este sentido, reclamó inversiones "pero de otro tipo". "Nos lo han puesto o esto o la muerte", lamentó.
Así, destacó la importancia de la industria agroalimentaria en la zona como "alternativa" a la instalación del almacén que, a su juicio, debería situarse junto a las centrales nucleares para que "no se cree otra zona de peligro" y se reduzcan los costes y el "riesgo de transporte".
La manifestación recorrió varias calles de Villalón de Campos con total normalidad entre los gritos y cánticos de protesta de los cerca de 2.000 asistentes quienes pidieron alternativas para solucionar el problema de la despoblación en la comarca.
De esta forma, al grito de "no es la solución a la despoblación" o "más cultura, menos basura", los manifestantes protestaron contra la instalación de esta instalación en la provincia de Valladolid mientras que hicieron referencia al accidente nuclear de Chernobil (Ucrania) de 1986.
Por otra parte, las mismas fuentes informaron de que a partir de las 17.00 horas de hoy, el Ayuntamiento de Melgar de abajo acogerá una charla coloquio en la que participarán el profesor de Física de la Universidad Autónoma de Madrid Francisco Castejón, el profesor de Economía de la Universidad de Valladolid Javier Gutiérrez, así como un representante de Enresa.
* Norte Castilla - EP. - 14.02.10
Foto: Manifestación organizada hoy en la localidad vallisoletana de Villalón de Campos, convocada por la 'Plataforma Anti Cementerio Nuclear Tierra de Campos Viva', para protestar por las candidaturas de los pueblos Santervás de Campos y Melgar de Arriba contra la instalación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en su área metropolitana. - EFE
Málaga: 26 alcaldes y ex regidores tienen casos urbanísticos pendientes con la Justicia
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LAOPINIÓN* : Los noventa y los primeros años de este siglo formaron parte del ‘boom’ inmobiliario en la provincia: las grandes promociones proliferaban en todos los rincones de Málaga, desde la Costa del Sol Occidental hasta el otrora santuario de la Axarquía. Pero los excesos del ladrillo los están pagando muy caro aquellos que se encargaron de hacer respetar la ley en sus respectivos municipios. Hoy en día, hay 26 ex alcaldes y regidores aún en activo denunciados, imputados, procesados o acusados por delitos urbanísticos.
Para cinco de ellos, el futuro es más incierto porque se enfrentan a cargos relacionados con la corrupción (cohecho o blanqueo de capitales).
De estos jefes de gobierno municipales, de cuyo número se excluyen los primeros ediles ya condenados aunque sea en primera instancia, diecisiete pertenecen al PSOE, tres al PP y otros tantos a IU. Uno de ellos formó parte del GIL; otro está ligado al andalucismo (CA) –Tolox– y un tercero gobernó en Manilva con el PDEM. Trece continúan en el poder.
Evidentemente, el caso más grave es el de la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, procesada ya en la célebre operación ‘Malaya’ por corrupción urbanística. Compartirá en breve el banquillo de los acusados con 102 personas más, Juan Antonio Roca entre ellos.
También está inmerso en una causa de corrupción Juan Martín Serón (PP), actual alcalde de Alhaurín. Ya está a la espera de juicio, aunque la Fiscalía aún no ha acusado. Dentro del ‘caso Troya’ han sido encausadas 24 personas, y él está imputado por cohecho, prevaricación y blanqueo.
El ex alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, también está inmerso en otra trama de corrupción urbanística (‘Astapa’), entendiendo como tal la existencia generalizada de sobornos abonados por constructores para lograr licencias de obra que les permitan edificar en suelos no urbanizables u otro tipo de beneficios urbanísticos tales como aumentos de edificabilidad o elaboración de convenios. En este caso han sido ya imputadas 63 personas entre concejales, ex ediles, constructores, abogados y empresarios.
Evidentemente, también tiene que existir la figura del blanqueo, en el sentido de dar salida al circuito legal a las ganancias ilícitamente obtenidas. El Consistorio exigía donaciones a los promotores que querían construir en Estepona a cambio de mejorar los parámetros de edificabilidad o de otras contrapartidas.
La operación ‘Arcos’, desarrollada en Alcaucín, también se enmarca dentro de la corrupción. Su ex alcalde José Manuel Martín Alba fue detenido en febrero de 2009 y pasó seis meses entre rejas: sobornos y blanqueo están presentes en este proceso que, aunque más modesto, sigue los cánones marcados por sus hermanos mayores: ‘Astapa’, ‘Malaya’ o ‘Troya’.
Pedro Tirado (PDEM) fue alcalde de Manilva y su detención se produjo en 2005 en el seno de la operación ‘Ballena Blanca’ contra el blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él dos años de prisión, siete de inhabilitación para cargo público y multa de tres millones de euros por un delito de cohecho, en el caso sobre la finca ‘La Parrada’.
Recientemente, fue imputado por varios delitos urbanísticos –no existe corrupción– el alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (PSOE). La Guardia Civil investiga si se dejaron caducar algunos expedientes sancionadores, de forma que se legalizaron de facto las edificaciones irregulares, entre otros asuntos.
En la Axarquía también se ha extendido el fenómeno: el ex alcalde La Viñuela, Juan Millán (PSOE), se enfrenta a cinco denuncias por parte de la Fiscalía por haber incurrido supuestamente en otros tantos delitos contra la ordenación del territorio tras la concesión de varias licencias para viviendas unifamiliares. Su colega de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz (PP), está acusado de un delito urbanístico tras haber concedido una licencia para una vivienda en suelo no urbanizable. El fiscal, por otro lado, pide cinco años de cárcel para el regidor de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), por prevaricación.
En Cártama, el actual alcalde, José Garrido (PSOE), está imputado por una presunta prevaricación omisiva al haber dejado caducar un expediente sancionador; y su antecesora en el cargo, Leonor García Agua (PP), aguarda una sentencia por firmar dos decretos de segregación de fincas en sendas parcelas en las que, según la LOUA, estaba prohibido.
El alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara, arrastra dos imputaciones: una por permitir la edificación de una nave agrícola en suelo no urbanizable y otra por el macroproyecto de Los Merinos.
* La Opinión - 14.02.10
Foto: Imputaciones. El urbanismo salvaje se ha desplazado en los últimos tiempos hacia la comarca de la Axarquía. - F. Extremera, laopiniondemalaga.es
Alicante: Muchos expedientes y escasos derribos
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LAVERDAD* : La última denuncia que ha salido a la luz sobre la construcción en terreno no urbanizable de viviendas en la huerta de Redován reabre el debate sobre las permisividad en materia de urbanismo con la que se ha actuado en las últimas décadas en la comarca de la Vega Baja. La alcaldesa de Redován, Leticia Bas, admitió a este periódico que en su término municipal existen alrededor de cuatro centenares de casas en esa situación, un número que asciende a miles si se empieza a recontar municipio a municipio.
Lo que hasta la fecha se ha hecho en la mayoría de ayuntamientos ha sido abrir expedientes sancionadores a aquellos que construían de forma irregular, lo que ha servido para que las arcas municipales recaudaran dinero. No obstante son pocos los casos en los que se ha llegado hasta el final en este tipo de asuntos y se han derribado las viviendas.
De hecho sólo en Guardamar se ha visto una demolición en bloque de viviendas fuera de ordenación. En este caso no ha sido difícil ya que se trata de las edificaciones a pie de playa en La Babilonia, casas levantadas en su día para los pescadores y que eran titularidad del Gobierno aunque con un régimen de concesión a quienes las habitaron hasta su demolición. Con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Costas se procedió al desmantelamiento de este núcleo de viviendas, legislación que también ha servido para decretar el derribo de una serie de esqueletos de edificios construidos en su día en primera línea de playa entre los términos municipales de Pilar de la Horadada y el litoral oriolano, resolución que llegó hace apenas un año después de dos décadas de litigios.
No obstante, pese a la normativa costera, los derribos de este tipo de viviendas al margen de cualquier ordenación urbana casi nunca han llegado a su fin.
La construcción ha sido el motor económico de esta comarca en los últimos tiempos. El litoral se ha masificado con las segundas residencias y la llegada en avalancha de europeos que han decidido fijar su residencia en la costa. Mientras, en el interior las que siempre han sido casas de huerta se han mantenido pero a su alrededor han proliferado construcciones que más que almacenes de aperos son verdaderas mansiones.
Aún así los gobiernos de uno y otro signo han sido permisivos y han alimentado ese incremento de la construcción sin orden ni concierto. Ahora se encuentran con el problema de qué hacer al respecto, y muchos optan por regularizar la situación con los nuevos planeamientos en ciernes. Es el caso de Orihuela, con un Plan General de Ordenación Urbano agotado desde hace años y un grave problema de suelo sobre todo en las partidas rurales, donde el terreno en el que se permite levantar casas se acabó. La intención del Ayuntamiento es revisar de forma inmediata el PGOU y con él, poner en orden lo que se ha levantado sin tener en cuenta a nada ni a nadie. De este modo se abren posibilidades como la legalización de aquellas viviendas construidas en los márgenes de caminos de paso tradicionales, siempre y cuando estos terrenos no sean de regadío. Mientras que llega esa ordenación se han hecho nuevos planes urbanísticos a golpe de modificaciones puntuales del Plan General. Asimismo también se han consolidado núcleos edificados al margen de toda ordenación, como es el caso de la urbanización Montepinar. Un caso similar a este último fue hace unos años el de la partida de El Moco, en la sierra de Albatera, donde propietarios y gobierno municipal llegaron a un acuerdo para pagar los costes de urbanización y poner en solfa otro núcleo de viviendas realizado en su día sin ningún tipo de plan urbanístico.
Que la construcción está en crisis no es ninguna novedad, pero a esta situación económica se suma la crisis en la que se ha sumido también la construcción ilegal, ya que en base a las nuevas normativas, mucho más proteccionistas con el territorio, se mira con lupa cualquier tipo de actuación urbanística y muchas de ellas han terminado en los juzgados en los últimos años. Hoy en día la maraña de grúas que se entrelazaban en el cielo de cualquier pueblo de la Vega Baja ha desaparecido, y el sector sufre la recesión económica. La construcción ha dado empleo a miles de personas durante muchos años, muchas de las cuales engrosan ahora las listas del paro. Legal o ilegal, el motor se agota, lo mismo que el suelo edificable.
* La Verdad - 13.02.10
Foto: Redován (Alicante) - convega.com
La demora en la tramitación provoca la caducidad de multas
ABC/Córdoba* : A los pocos trabajadores de la Oficina de Disciplina de Obras le faltan manos para tramitar las denuncias por obras ilegales que se les amontonan en el despacho. Tan cuantiosa es la remesa de expedientes «inmovilizados» que la Gerencia Municipal de Urbanismo lleva un desfase de cuatro años desde que se pusieron las denuncias por infracciones urbanísticas en la capital cordobesa hasta que se inicia el proceso sancionador.
En concreto, en estos momentos está notificando las sanciones que se impusieron en el primer trimestre de 2005, según corroboraron a ABC fuentes municipales.
Con un poco de suerte, cientos de infractores verán decaer sus expedientes por falta de diligencia de la Administración a la hora de practicar las medidas oportunas para ponerlos al cobro.
Basta con echar un vistazo a los últimos números del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para comprobar cómo muchos de ellos se libran de cuantiosas multas por edificar chalés sin licencia en suelo rústico.
El motivo, la «caducidad del procedimiento», según rezan los anuncios sobre expedientes que pesan sobre autopromotores de viviendas en las parcelaciones Paso de la Barquera o Doña Manuela, por citar dos ejemplos recientes.
El BOP también da cuenta de que en los últimos dos meses, apurando al máximo el plazo legal, se están notificando procedimientos relativos a obras sin licencia de 2005.
Plazos legales
Según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa del procedimiento sancionador será de un año a contar desde el acuerdo de iniciación del mismo. Si, pasado ese periodo el expediente no se ha llevado a término, la Gerencia de Urbanismo está obligada a comunicar que ha caducado y dar por perdido el dinero que preveía recaudar.
En otras ocasiones, sucede que pasan más de cuatro años sin que se reactive el procedimiento, lo que se traduce en la prescripción de la infracción urbanística, según la norma autonómica. Sin embargo, en el caso de que los trabajos de edificación hayan continuado, la Gerencia puede jugar la baza de ordenar una nueva inspección policial y levantar otra acta de infracción.
Falta de técnicos
El problema de fondo es la falta de personal que soporta el servicio que tramita estos informes, la denominada Oficina de Disciplina de Obras. Durante años se viene supliendo la carencia de técnicos con contratos eventuales que no tienen continuidad en el tiempo. Estas intermitencias laborales impiden, por ejemplo, que los empleados que los incoan, puedan luego culminarlos en el tiempo estipulado.
Hay que recordar que reforzar este dispositivo fue una de las pocas conclusiones que arrojó la comisión que investigó la gestión urbanística de la anterior Corporación a principios de 2006.
* ABC - 14.02.10
Foto: Presuntas construcciones irregulares - abc.es
¿Dónde está la histórica casona de los escudos de Puebla de Lillo?
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ELMUNDO/León* : El histórico inmueble blasonado, protegido como Bien de Interés Cultural, ha 'desaparecido' de la plaza central del pueblo. La Junta ha iniciado una investigación para esclarecer qué ha ocurrido con la casona de los escudos de Puebla de Lillo. Así lo refleja un particular en la denuncia que remitió el mes pasado a la Comisión de Patrimonio.
¿Dónde han ido a parar los grandes sillares del edificio? ¿Y sus escudos? En ese lugar, la empresa Oriental Resorts pretendía construir un hotel de cuatro estrellas con 40 habitaciones y spa... Todo ello debía hacerse respetando el edificio histórico.
Lejos de ello, la casona se ha despiezado y sus sillares duermen en unas naves del pueblo. Fuentes de la Delegación territorial de la Junta aseguraban que se estudiará un expediente sancionador en la próxima comisión de Patrimonio.
La infracción, advierten, puede ser "muy grave" y no se descarta plantear la vertiente penal de este asunto por haberse "arrasado un monumento". Según la Junta, la capacidad de movimiento que tenía el propietario era muy escasa.
* El Mundo - 12.02.10
Foto: Una vista de la casona blasonada de Puebla de Lillo, del siglo XVIII, ahora desaparecida. | J.Gutiérrez, elmundo.es
Sevilla: Vecinos del Pumarejo se manifiestan hoy para pedir al Ayuntamiento que arregle "de una vez" la casa palacio
ELCORREOWEB* : Los vecinos de la casa palacio del Pumarejo, un edificio protegido del siglo XVIII enclavado en la plaza homónima y propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, se han concentrado hoy en Plaza Nueva una manifestación con parada en la Consejería de Cultura y hasta el Pumarejo --donde se celebrará una fiesta vecinal--, dentro del primer acto del calendario de movilizaciones efectuado para que la corporación local, titular del edificio, asuma "de una vez" la reparación de éste.
Uno de los portavoces de la Plataforma por la Casa del Pumarejo, José Pedrinazzi, ya explicó a Europa Press que el último punto de conflicto ha derivado de la remisión por parte de la Gerencia de Urbanismo de una factura de la empresa metropolitana de aguas (Emasesa) por valor de casi 7.000 euros.
Ello se explica en que cuando se produjo el acuerdo entre propietarios, el antiguo administrador "se desentendió de la gestión del edificio, por lo que los vecinos nos vimos abocados a asumir la responsabilidad de la comunidad". "Los residentes hacen hasta donde pueden, por lo que acabamos pidiendo responsabilidades al Ayuntamiento en 2008 y dejamos de pagar en consenso con ellos; al parecer, el Consistorio asumió la responsabilidad hasta que la semana pasada nos remitieron una factura del total acumulado de agua", expuso.
Según Pedrinazzi, el Consistorio "está actuando como un promotor privado, un 'asustaviejas', y lo que debe hacer es dividir y mandar recibos con las partes proporcionales, porque lo que también debe quedar claro es que nosotros no estamos en contra de pagar facturas que son nuestras".
Todo ello se une al hecho de que ni desde Urbanismo ni desde Alcaldía han querido recibir al colectivo, a pesar de que éstos ya lo han solicitado varias veces por registro oficial, para debatir la propuesta ya entregada en 2006 al Ayuntamiento, un documento que abogaba por preservar el uso residencial y social en la entreplanta y la primera planta de la casa palacio, entregando la planta baja a organizaciones culturales, vecinales y sociales para acoger "múltiples usos" artesanales o asociativos.
FUERTES FILTRACIONES DE AGUA
Por último, los vecinos lamentan que el temporal de lluvias ha propiciado obras de urgencia como consecuencia de las fuertes filtraciones de agua sufridas en las últimas semanas durante el temporal de viento y precipitaciones que ha castigado a la ciudad, siendo una de las zonas más perjudicadas una en la que el Ayuntamiento intervino con la sustitución de la cubierta en 2008, en la esquina que da a la calle Fray Diego de Cádiz.
"Han dejado zonas en las que, si llueve, se cuela el agua y se crearán averías, y los puntales sólo arreglan la situación en un momento dado", concluyó el portavoz de la Plataforma por la Casa del Pumarejo, cuyo 50 por ciento fue recientemente adquirido a la sociedad 'Quo Hoteles Integrados' y que espera aún el proyecto de restauración integral que resuelva definitivamente su futuro.
El palacio del Pumarejo, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y de 1.892,35 metros cuadrados de planta, cuenta con 19 viviendas de las que ocho están actualmente ocupadas en régimen de alquiler. Igualmente, posee 17 locales comerciales de los que diez funcionan como negocios tradicionales del barrio del Pumarejo.
* El Correoweb.es - 13.02.10
Foto: Los vecinos en la manifestación. - Javier Díaz, elcorreoweb.es
Lentitud judicial, dejación política y falta de fondos frenan los derribos
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LAVOZDEGALICIA* : Los propios jueces del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se han preguntado por qué hay tantas órdenes de derribo que se demoran años y años sin que lleguen a ejecutarse. La respuesta a dicha inquietud, expresada entre ellos informalmente, se explica, según señala el juez decano de una de las capitales gallegas, por la falta de interés de los ayuntamientos implicados. Las indemnizaciones millonarias que suelen conllevar las demoliciones de edificaciones con licencia municipal concedida hace que los alcaldes se pasen la pelota de una corporación a la siguiente.
Pero los jueces apuntan otra opción, la del bajo grado de petición de ejecución de sentencias por parte de quienes promueven pleitos y buscan una posible negociación legal en la que hacer de solucionador de entuertos.
Jesús Lorenzo Cuervo, abogado vigués con más de veinte demoliciones ganadas, no lo ve así. «Se tarda en conseguir la demolición porque los jueces no toman las medidas que deberían para que se cumplan sus sentencias», asegura tajantemente. Para el abogado, los magistrados podrían fijar en sus fallos firmes un plazo a los ayuntamientos para realojar, indemnizar y derribar. «Podría ser de tres años o más, en función de las posibilidades financieras de cada ayuntamiento considerado responsable, y después, si no se cumple, juicio por desacato, inhabilitación o cárcel, solo así las órdenes de derribo serán tomadas en serio», añade.
Demora judicial
La lentitud de la Justicia es señalada por Lorenzo Cuervo como otra causa de dicha proliferación de casos. «Tuve uno en el que un alcalde hizo oídos sordos a una sentencia y cuando lo amenazaron con una multa gorda se puso el proceso en marcha, aunque al final fue el demandante el que se ofreció a pagar el derribo para que se cumpliese la sentencia», recuerda.
La inseguridad jurídica en la que se sustentan muchos planes y normas urbanísticas municipales es para el aparejador y promotor de decenas de denuncias Eduardo Canabal el origen del conflicto generado por sentencias que evidencian la falta de tino de los ayuntamientos a la hora de otorgar licencias.
Pero Canabal va más allá. «En todos los casos en los que he actuado la Justicia falló inicialmente contra construcciones que todavía se estaban ejecutando y a pesar de ello los ayuntamientos no advirtieron a los promotores, con lo que se convierten en cómplices en lugar de emitir un oficio con el que los concellos habrían dejado toda la responsabilidad legal a los constructores». ¿Y por qué se produce esa dejación? El aparejador vigués es claro en su respuesta: «Hay dinero por detrás, es la única explicación», añade para argumentar el «ti vai facendo que xa se arreglará», con el que se suele echar tierra sobre los fallos judiciales.
-¿Pero también aseguran que los denunciantes como usted solo buscan dinero?
-«Hay intentos de extorsión para retirar las denuncias, pero para retirarlas hay que llegar a un acuerdo, firmar un buen convenio y si la Justicia no lo ve te puede condenar a costas y abrir un proceso que te puede llevar a la cárcel. Yo no he aceptado ni un duro nunca y ahí están todas mis denuncias ganadas en fase de ejecución de sentencia, eso lo dice todo», concluye.
* La Voz de Galicia - 12.02.10
Foto: URBANIZACIÓN LODEIRO, VIVEIRO. En noviembre del 2004, el Tribunal Superior ordenó sin éxito el derribo de un edificio de cien viviendas que incumplía las normas subsidiarias - lavozdegalicia.es
Marbella: Las promotoras adeudan a las comunidades de vecinos casi diez millones de euros
SUR/Málaga* : Las arcas de muchos bloques de pisos de Marbella se están convirtiendo en las principales víctimas de la crisis. No ya sólo por culpa del vecino que deja de pagar la cuota de la comunidad principalmente por las dificultades económicas que eventualmente pueda afrontar, sino también de la promotora, que se desentiende de esta obligación ante el stock de viviendas sin vender.
La deuda de estas empresas con las comunidades de propietarios del término municipal casi alcanza a día de hoy los diez millones de euros, según datos del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Y lo peor de todo, asumen las fuentes consultadas, es que se trata de una deuda que no para de crecer.
Así, no sólo los inquilinos están en el punto de mira de los administradores de finca. También las promotoras, que ante la falta de compradores no tuvieron más remedio que quedarse con la vivienda y, por tanto, incluirse en la comunidad de vecinos. Un problema que se agrava en Marbella no sólo por la crisis económica generalizada sino también por la singular situación urbanística que sufrió la ciudad hasta la reciente aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Se da además la circunstancia de que muchas de estas promotoras están en concurso de acreedores. «Es un verdadero problema», reconoce Juan Ruiz, miembro de la junta directiva del Colegio de Administradores de Fincas para Marbella y San Pedro Alcántara. Al final son los inquilinos quienes tienen que hacerse cargo de esa deuda de la promotora incrementando su cuota hasta doblarla no sin antes reducir al mínimo los gastos de las zonas comunes de la urbanización.
Plataformas
Así es como han comenzado a surgir plataformas vecinales afectadas por el impago de las promotoras que no dudan en presentarse en los tribunales para denunciarlas. El problema aquí es que, una vez en los juzgados, el proceso se eterniza y, por tanto, la solución no es ni mucho menos de un día para otro. El resultado es que el resto de propietarios del edificio no tiene más remedio que asumir una parte de la cuota que la promotora dejó de pagar. Todo esto agravado además por los costes que supone abrir la vía judicial, que también recaen en los vecinos.
Esas mismas estadísticas del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga recogen que dos de cada diez inquilinos deben dinero a su vecindario y acumulan facturas de varios meses después de haber intentado primeramente sin éxito fraccionar el pago. «Sí que notamos que hay voluntad de pago, pero las familias no pueden porque los ingresos que tienen no son suficientes», asegura Ruiz. Como en el caso de las promotoras, hay una diferencia de Marbella respecto al resto de la provincia: el peso de la comunidad extranjera. De esas dos personas de media de cada diez que están dejando de pagar la comunidad, una es de fuera.
'Se vende'
Se trata de foráneos que no residen aquí y que la vivienda que compraron en su día atraídos por el boom inmobiliario está ahora en venta por problemas de liquidez. Puesto el cartel de 'Se vende', lo primero que hicieron fue dejar de pagar la cuota de la comunidad. «En Marbella se dan muchos más casos de extranjeros que de españoles», revela Ruiz, quien recuerda además que estas personas extranjeras son cada vez más difíciles de localizar para ponerles al corriente de la problemática que han creado en la comunidad si es que la desconocen.
Pedro Escalante, responsable de Administraciones Escalante, asume que en cualquier caso en esto del impago del recibo de la comunidad también hay diferencias entre las comunidades en función del presupuesto que manejen. Así, en un edificio con un presupuesto entre los 80.000 y cien mil euros, la deuda media anual de los recibos que tienen pendientes de pago los vecinos morosos asciende incluso a los 3.000 euros. Lógicamente son los edificios más humildes los que se llevan la peor parte y traen más de cabeza a los administradores, que tienen que poner todo de su parte para tapar los muchos agujeros financieros que surgen en la comunidad de propietarios. «Claro que es también un momento difícil para la profesión, pero es lo que toca; aunque debo decir que casi siempre los vecinos están por la labor de pagar», declara Escalante.
Otro administrador consultado, Jesús Martín, de Administraciones Jesús Martín, reitera que cuando el agobio económico hace presencia en algún piso del bloque, la primera víctima es la cuota de la comunidad. Una regla por así decirlo que no falla, aseguran los expertos consultados. El resultado es que cada vez resulta más difícil que las arcas municipales cumplan con el requisito legal de dejar un cinco por ciento del presupuesto como fondo de reserva.
* SUR - 13.02.10
Foto: Los campos de golf de Marberlla están rodeados de urbanizaciones con pisos sin vender. :: JOSELE-LANZA, diariosur.es
Los pueblos nucleares confirman el trato del ATC
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PÚBLICO* : Pese a que el Gobierno lo niega, la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) ha confirmado que llegó a un "trato" con el Ministerio de Industria para que presentara candidatos Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona) a albergar el almacén centralizado de residuos atómicos (ATC), como se reflejaba en un documento interno desvelado ayer por Público.
A cambio, el departamento de Miguel Sebastián se comprometió a aumentar la cantidad de dinero que reciben, hasta 8,25 millones de euros más cada año, a través de una nueva orden ministerial. La suma saldría de las tasas pagadas por las eléctricas y sería distribuida a todos los pueblos nucleares por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).
"O sacaban la orden o no había candidatos", explica el gerente de la asociación, Mariano Vila dAbadal. Según su versión, los alcaldes de la AMAC echaron un "órdago" al Ministerio en julio de 2009 al anunciar que no presentarían candidatos. El mensaje fue: "Si no jugáis al desarrollo económico en las zonas nucleares, nosotros pasamos de vosotros y del ATC". Inquietos por la posibilidad de que ningún pueblo de España solicitara el almacén, los negociadores de Industria accedieron y prometieron a los municipios nucleares aumentar sus ingresos hasta 8,25 millones de euros al año. La mayor parte de esta partida, 7,55 millones de euros, servirá para cofinanciar proyectos de desarrollo local para combatir el monocultivo nuclear.
A juicio de Vila dAbadal, el interés del Ministerio por los candidatos de la AMAC se debe a que "si no hubieran salido, posiblemente no habría otros candidatos". "¿Y si no se hubiese presentado nadie? Hubieran quedado como tontos", opina. Tras el paso al frente de Yebra y Ascó, impulsados por el nuevo compromiso económico del Gobierno con todas las áreas atómicas, otros 12 pueblos sin tradición nuclear pujaron para llevarse el ATC.
"Intuición personal"
La Junta de Castilla y León hizo ayer una valoración mucho más crítica del trato entre Industria y la AMAC. El pasado 31 de enero, el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, del PP, aseguró que su "intuición personal" le decía que la "ceremonia de confusión" del proceso para elegir el emplazamiento escondía "un acuerdo teledirigido" para que el almacén se quedara en Ascó. Ayer, el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, interpretó que el trato revelado por este diario "curiosamente tira por esta vía" al señalar que "el Ministerio de Industria tuvo contactos con algunos municipios y les primó con cierta financiación", según informa Efe.
El portavoz del Gobierno castellanoleonés también negó ayer que la Junta haya negociado con el Ministerio la instalación del vertedero atómico en Santervás de Campos, como contó el miércoles El Día de Valladolid. Santiago-Juárez pidió al Gobierno que se guíe "por criterios técnicos y el consenso" para seleccionar el emplazamiento, aunque inmediatamente aportó un criterio poco técnico. Si el Gobierno no anula el cierre decretado por Industria de la central nuclear de Santa María de Garoña para 2013, "que no cuenten" con la Junta para ubicar el ATC, espetó el portavoz conservador.
El escándalo por el trato entre Industria y la AMAC puede acabar con el ministro Sebastián dando explicaciones en el Congreso. El diputado y portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, solicitó ayer su comparecencia "para que explique si es cierta la información que hoy [por ayer] publica el diario Público, según la cual el Gobierno tuvo que poner dinero sobre la mesa para encontrar pueblos dispuestos a albergar el almacén temporal centralizado". El ecosocialista coincide con la sensación del presidente de la Junta de Castilla y León de que la elección del emplazamiento está teledirigida. "Creo que el proceso estaba apañado hacia Ascó y Yebra, pero se les ha torcido, porque se han encontrado con un sentimiento territorial en contra", apunta. La crítica de Herrera hacia la gestión del Gobierno en esta materia es corrosiva: "Para conseguir candidatos han comprado a la AMAC, esto no es un proceso de participación, sino de compra de voluntades". En su opinión, el acta de la asamblea de los pueblos nucleares del 11 de enero "es una perla".
El objetivo de ICV, socio de los socialistas en la Generalitat, es "paralizar este proceso chapucero, sin participación ni transparencia". El miércoles, Herrera solicitó al Congreso el contrato firmado con Francia para que las empresas de este país se ocuparan de los residuos procedentes del desmantelamiento del reactor de Vandellós 1, clausurado en 1989.
Sospechas confirmadas
El Gobierno esgrime este contrato que obliga a España a pagar unos 60.000 euros diarios de penalización si los desechos no vuelven antes del 31 de diciembre de 2010 para justificar la urgencia por construir el ATC. Sin embargo, Herrera cree que estos datos son "falsos" y quiere ver el contrato. Fuentes del propio Ministerio admiten que este pago es tan sólo una fianza, así que la mayor parte de este dinero regresaría a España junto con los residuos de Vandellós 1.
Las organizaciones antinucleares también reaccionaron ayer al arreglo entre Industria y la AMAC. "Las sospechas de que había algo más que buenas intenciones por parte de los alcaldes que han solicitado el ATC están perfectamente en consonancia con la reciente noticia" del trato, explicó ayer Ecologistas en Acción en un comunicado.
* Público - 12.02.10
Foto: La Junta de Castilla y León cree que el pacto demuestra que el proceso está amañado para que Ascó (en la imagen) se lleve el almacén de residuos atómicos. ALBERT GEA, publico.es
Irún: No a las 26 hectáreas urbanizables
DIARIOVASCO/Gipuzkoa*: La Plataforma para la Defensa del Valle de Olaberria, tras estudiar los criterios y objetivos del futuro Plan General de la ciudad en lo que afecta al corredor Olaberria-Ventas, ha concluído que la reserva de suelo urbanizable planteada es más de la necesaria para acoger los usos que en su día plantearon al Ayuntamiento.
A su juicio, 26 hectáreas, las que el Plan General no sectorizará pero sí considerará urbanizables, son demasiadas. «Somos conscientes», indican desde la plataforma, «de la contaminación de algunos suelos, pero ¿las 26 hectáreas están contaminadas o degradadas? Creemos que no», afirman. Por si acaso, piden al Ayuntamiento que, conforme a las leyes pertinentes, se inicie «un procedimiento de calidad del suelo» mediante una investigación «detallada».
Pero su principal oposición se refiere a la idea de recalificar en urbanizables «dos ámbitos discontinuos». Urune y Epele, contiguas, representan 11 de las hectáreas; Zamora, separada, es la zona que contiene las otras 15. Además de no considerar «necesaria su recalificación», la Plataforma augura «una situación sumamente peligrosa a futuro, rompiendo la armonía del valle».
Su temor se fundamenta en que todas las propuestas de actividad que ellos remitieron en su día al Ayuntamiento y que fueron analizadas en el seno del Consejo Asesor de Urbanismo (hípica, agroaldea, usos museísticos y monumentales, senderos, huertas de ocio, centro de desarrollo, escuela agroganadera, parque solar, actividades innovadoras del sector primario...) no requieren más de 11 hectáreas de suelo. Es decir, podrían entrar en los ámbitos de Urune y Epele. De las 26 degradas que contabiliza el PGOU cuatro se prevén destinar a zonas verdes, pero a pesar de eso, las cuentas de la Plataforma encuentran 11 hectáreas en Zamora, «110.000 metros cuadrados», que podrían destinarse a usos «no necesariamente ligados al mundo rural». Resumiendo, temen la posibilidad de «entre 30.000 y 66.000 metros cuadrados de techo edificado, pabellones o no se sabe qué».
Les parece «inaceptable» ese riesgo en el ámbito de Zamora, pensando además en otros problemas añadidos por la «vialidad, las canalizaciones, el aporte energético, los movimientos de tierras...».
En la parte positiva de lo consensuado en el Consejo Asesor, la Plataforma celebra la decisión de elaborar un Plan Especial de Protección Ambiental, con el que si están de acuerdo sus miembros y que animan a «desarrollar».
* Diario Vasco - 13.02.10
Foto: Riesgo innecesario. La Plataforma teme una edificabilidad excesiva en el suelo del valle. :: F. DE LA HERA, diariovasco.com
La juez de Mercasevilla ordena investigar al ex gerente de Urbanismo
ELPAÍS* : Giro inesperado en el caso Mercasevilla. La juez instructora, Mercedes Alaya, ha pedido a la policía que investigue al ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, después de que el promotor de Larena98, Antonio Pardal, le acusara de ofrecerse para amañar varios concursos destinados a construir viviendas de protección oficial (VPO) en Sevilla.
Pardal asegura que recibió propuestas de concesiones ilegales por parte de Marchena, pero también de un director general de la Junta y un cargo de confianza del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín.
El empresario realizó la grave acusación contra Marchena el pasado lunes ante la policía judicial: "A cambio de abandonar Mercasevilla (rescindir el contrato de superficie) me ofreció poder concursar en varios proyectos de VPO que me serían otorgados en su día".
El constructor poseía los derechos de suelo de la empresa municipal y pagaba una cuota de 59.000 euros al mes. Pero como dejó de abonar dicha cuota por los problemas que hacían inviable la parcela, tanto Mercasevilla como el Consistorio buscaban que renunciara a dichos derechos, tal y como finalmente hizo en favor de la constructora Sando.
El empresario acusó asimismo a Marchena de pedirle que patrocinase el club Patín Macarena de hockey sobre patines, a lo que accedió y aportó "cuatro o cinco millones de pesetas". "Esta propuesta me la realizó un tal Marín, político designado por el Ayuntamiento de Sevilla en el distrito Macarena", aclaró Pardal. Probablemente Pardal se refiera a José Marín, ex secretario del distrito Macarena.
Ante su previsible declaración en comisaría, Marchena defendió su actuación como gerente de Urbanismo: "Tengo la conciencia tranquila. Siempre me he conducido por la estricta observancia de la legalidad en la defensa de los proyectos de la ciudad". Marchena aclaró que de momento no ha recibido ninguna notificación de la policía ni de la juez, pero aseguró que acudirá a declarar si le llaman. "Me pongo a disposición de la policía judicial y de la juez para aclarar con toda diligencia cualquier detalle que se me solicite sobre esta cuestión".
El promotor acusó asimismo a un director general de la Junta residente en El Pedroso (Sevilla) de prometerle "la concesión de una estación para pasar la ITV de vehículos a cambio de seguir pagando el canon". Pardal afirmó ante la juez que recibió "todo tipo de presiones por parte del ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, principal imputado en la causa. Por último, el promotor acusó a la cúpula de Mercasevilla y otra persona joven "que decía ser la mano derecha del alcalde", de ofrecerle la concesión de todos los servicios de mantenimiento de las calles de Sevilla.
Además, el promotor relató que mantuvo cuatro reuniones con el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, para tratar "las anomalías de Mercasevilla". Monteseirín le dijo que desconocía las irregularidades y le prometió que trataría el asunto con Marchena "para aclarar la situación".
Graves acusaciones
- El promotor Antonio Pardal ha acusado al ex gerente de Urbanismo de Sevilla Manuel Marchena de ofrecerse para amañar varios concursos de VPO a cambio de que mantuviera un canon a Mercasevilla.
- Tras la acusación, la juez ha ordenado a la policía judicial que investigue las ofertas ilegales que denuncia Pardal.
- Entre estos ofrecimientos, Pardal acusa a un director general de la Junta y a un joven "que decía ser la mano derecha del alcalde".
* ELPAIS.com - 13.02.10
Foto: Las instalaciones del Mercado central, en una imagen de archivo. - diariodesevilla.es
Las sentencias de derribo amenazan a casi 2.500 viviendas en toda Galicia
LAVOZDEGALICIA* : La amenaza de la piqueta pende sobre media Galicia. El futuro de 2.483 viviendas en las que la Justicia o la Administración han encontrado ilegalidades en su construcción está así en el aire a la espera de respuesta a recursos, negociaciones, intentos de legalización con cambios en los planes urbanísticos locales o simplemente a que el tiempo haga un milagro.
El caso del edificio Conde de Fenosa, de A Coruña, al que el Tribunal Supremo no encuentra excusa para evitar su derribo, se repite especialmente en Vigo, donde el Concello no fue capaz en años anteriores de dotarse de los filtros necesarios para que unas 1.600 viviendas cumpliesen algo más que tener licencia municipal para burlar la ley. Más de medio millar de hogares en la calle Rosalía de Castro, las torres donde se ubica el Club Financiero, un centro comercial y varios casos más esperan encaje en el Plan Xeral mientras la Justicia no deja de instar a su derribo. Sanxenxo, Viveiro, Pontedeume, Ourense, O Carballiño, Vilamartín de Valdeorras, Poio, A Illa de Arousa, Portonovo, Bueu, Marín, Carballo, Fisterra, Muxía, Ribadeo, Carnota, Lalín, Cambados y A Guarda acumulan centenares de órdenes de derribo firmes, mientras la Axencia da Legalidade Urbanística de la Xunta tramita otras 216.
* La Voz de Galicia - 12.02.10
Foto: Vigo, viviendas J.Benavente afectadas derribo - farodevigo.es
La fundación fantasma del Consell gastó 80.560 euros en tres consultoras
LEVANTE/Valencia* : En apenas dieciséis líneas liquidó la fundación pública Gestión y Eficiencia Empresarial (GEE) el relato de todas las actividades que acometió en el año 2008, el primer ejercicio íntegro desde que se puso en marcha esta entidad semiclandestina, el 12 de junio de 2007. En este proyecto de la Conselleria de Economía no se cumplió la costumbre de arrancar con mucha energía para perder fuelle después. Nació ya al ralentí.
Pagó los 100.000 euros a sus dos empleadas (una gerente y una técnica) y poco más.
La única actividad reseñada en un documento interno -una memoria de actividades muy "sui generis"- al que ha tenido acceso este diario fue la elaboración de estudios sobre el funcionamiento de los Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. Son empresas con un régimen jurídico y tributario distinto a las mercantiles convencionales, que viene dado por el hecho de que al menos un 70% de su plantilla tiene discapacidad. La labor de "diagnóstico y análisis de la situación económico-empresarial y de gestión" de esos centros se adjudicó a consultoras externas, que recibieron tres contratos por 80.560 euros.
Dos de estas firmas -Sokima Solutions S. L. y Efectividad y Experiencia S. L.- son de los mismos dueños y firmaron informes por un total de 13.400 y 42.280,88 euros. En torno a la mitad de esas cantidades comprometidas todavía no han sido abonadas, según indicaron a este diario fuentes de las empresas.
La tercera de las asesorías contratadas, Key Executive S. L. se llevó 24.880 euros por el estudio que elaboró. Efectividad y Experiencia S. L. y Sokima Solutions S. L. realizaron sus estudios sobre 60 centros ocupacionales especiales, muchos de ellos vinculados a asociaciones de discapacitados físicos o psíquicos. Un portavoz de estas de estas asesorías explicó a Levante-EMV que sus firmas fueron creadas por "ejecutivos de alto nivel" provenientes de muchos sectores y que ofrecen servicios de dirección de empresas a tiempo parcial. Se dirigen, explicó, a pymes y entidades que no pueden permitirse el lujo tener en nómina a ejecutivos con un caché elevado.
Este mismo responsable de las consultoras, radicadas en urbanizaciones de Bétera, reconoció que fueron ellos los que sugirieron a la Conselleria de Economía la idea de elaborar informes. Explicó que, en el marco de la crisis económica, quisieron transmitir a los "políticos" la conveniencia de elaborar un estudio para detectar "en qué pueden mejorar los centros especiales de empleo" e hicieron un "diagnóstico completo de la parte financiera, la tesorería, orientación sobre estrategias, con quién pueden negociar..". ¿Entonces les dieron a dedo los informes? Efectivamente, aunque el responsable de las empresas subraya que la fundación consultó varias ofertas. Quiso destacar incluso que a la tercera de las consultoras, Key Executive S. L., domiciliada en la ciudad de Valencia, la eligieron antes que a ellos.
El nombre de la fundación (Gestión y Eficiencia Empresarial) parece inspirado en el de la consultora Efectividad y Experiencia S. L., creada justo dos años y tres días antes. No es extraño, si se tiene en cuenta que, además del informe, el responsable de esas empresas inspiró también la idea de la montar esa fundación, ubicada en la calle Colón. Al menos eso dice.
* Levante-EMV - 12.0210
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Mallorca: Un 'regalo' de 271.000 euros para Munar
ELMUNDO* : El promotor que triplicó la edificabilidad del mayor edificio de oficinas de Baleares gracias a la recalificación de las zonas industriales que aprobó el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar, admite ante el juez Juan Ignacio Lope Sola que vendió inmuebles al marido de la ex presidenta insular por 271.000 euros menos de lo que valían. O lo que es lo mismo, que le hizo una rebaja de algo más de 45 millones de las antiguas pesetas en tan sólo dos operaciones inmobiliarias.
Así se desprende de las tasaciones que acaba de aportar al magistrado que instruye la denominada Operación Maquillaje el propietario del edificio Vipasima del polígono industrial de Son Castelló, que vendió a través de su sociedad Inversora Idueña, S.L., dos inmuebles a los Munar en 2006.
El primero, unas oficinas en plena Avenida de Jaime III de Palma y con pocos meses de diferencia, una nave industrial en el polígono de Marratxí. La sociedad beneficiaria fue Ranum, S.L., la empresa que responde a la transcripción inversa del apellido de la dirigente de UM y al frente de la cual figura su propio esposo, Miquel Munar Munar, imputado en este proceso. Esta empresa se encuentra radicada en el número 6 de la calle Major de Costitx, domicilio fiscal de la actual presidenta del Parlamento balear y líder de Unió Mallorquina (UM).
Por el local ubicado en la avenida más comercial del centro de Palma, unas oficinas de 228 metros cuadrados que antiguamente estuvieron ocupadas por una agencia de viajes, los Munar desembolsaron oficialmente 330.072 euros el 11 de julio de 2006. Es decir, que pagaron 1.447 euros por metro cuadrado. Precio de vivienda de protección oficial en plena milla de oro de la capital insular.
* El Mundo - 12.02.10
Foto: Mallorca, pleno del Consell (archivo) - diariodemallorca.es
Alpedrete Sostenible afirma que el PGOU suma otro “motivo de escándalo”
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ELFARO/Madrid* : Tras las últimas informaciones relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), especialmente la rueda de prensa ofrecida por Izquierda Unida la pasada semana, Alpedrete Sostenible reitera que este documento “no sólo carece de sentido y perjudica la calidad de vida de los ciudadanos, sino que además responde a los intereses particulares de unos pocos”.
“Queda claro que personas del Equipo de Gobierno y sus familiares conocían con antelación detalles del PGOU que aún no había visto la luz”. En concreto, recuerda este colectivo, la polémica tiene que ver con un convenio que prevé la construcción de un importante número de viviendas en la zona de Los Llanos Sur, por parte de una conocida empresa promotora de la localidad. El hecho de que entre los firmantes de los contratos de compra aparezcan nombres de personas relacionadas con un concejal de la anterior legislatura, así como con uno de la actual, ya es, para Alpedrete Sostenible, “un motivo de escándalo, pero lo es más cuando se comprueba que la fecha de firma es el 1 de julio de 2005, seis meses antes de la presentación y aprobación del Avance del PGOU en el pleno del 23 de diciembre”.
“No parece”, añaden desde esta asociación, “que esto sea fruto de la casualidad, sino que, al menos en el caso de la zona a que nos estamos refiriendo, el Plan General se ha puesto al servicio de los intereses de los contratantes, que no de los ciudadanos de Alpedrete, quienes, de llevarse a cabo este convenio urbanístico, verán cómo disminuye su calidad de vida y los valores medioambientales, al aumentar la oferta de viviendas sin que exista una necesidad real”.
En concreto, este colectivo asegura que se pretenden construir 800 casas en este sector. “Los 400.000 metros cuadrados que planean urbanizar suponen una facturación de 294 millones de euros”, subrayan desde Alpedrete Sostenible, reclamando la retirada del PGOU, además de sumarse a la petición de dimisión de la alcaldesa y el edil de Urbanismo.
La respuesta de la alcaldesa
Ante las críticas de Alpedrete Sostenible, la alcaldesa, Marisol Casado, ha respondido que “lo primero que tienen que demostrar es que hay alguna irregularidad o ilegalidad, porque hasta dónde yo sé no hay ningún informe que avale eso”. “Pero ellos”, prosiguió, “practican mucho, como otros, en este caso IU, lo de difama que algo queda. El único fin que tienen es cargarse el Plan General y de paso al Partido Popular, porque estamos a un año de las elecciones y no saben jugar limpio, y por eso utilizan estas malas artes”. Por otra parte, añadió la regidora, “el PP siempre ha tenido clarísimo lo que quería conseguir con el PGOU, que por cierto estábamos obligados a aprobar por ley desde 2001. Y ellos, que también gobernaron, no lo hicieron, porque había que trabajar, y eso es lo que no quieren hacer”. Además, reiteró que con este nuevo planeamiento se conseguiría construir vivienda social, se ampliaría el polígono y se conseguirían 280.000 metros cuadrados de suelo dotacional, además de crear puestos de trabajo y generar ingresos para hacer frente al gasto corriente del Ayuntamiento”.
* El Faro del Guadarrama - 4.02.10
Foto: Alpedrete (Madrid) - webalpedrete.com
Denuncia penal a una industria de Boiro tras 12 años de ilegalidades
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ELPAÍS/A Coruña* : La planta generadora de electricidad que abastece a la conservera Jealsa Rianxeira de Boiro lleva desde 1996 funcionando de forma irregular. Sus responsables pueden ahora enfrentarse a un proceso penal si prospera la denuncia de la Fiscalía Superior de Galicia, que cree que puede estar incurriendo en un delito medioambiental.
En su escrito al Juzgado de Instrucción de Ribeira, el fiscal Álvaro García Ortiz señala que existen indicios de contaminación ambiental por lluvia ácida y ruidos excesivos provocados por esta planta, construida en terrenos protegidos gracias a una autorización municipal. El alcalde era entonces Jesús Alonso (PP), dueño de Jealsa.
La historia de la planta cogeneradora lleva años siendo objeto de recursos judiciales. La licencia aprobada en la época de Alonso en la alcaldía fue tumbada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2001, pero la fábrica nunca dejó de funcionar. Con el cambio de Gobierno tras las elecciones municipales de 2003, la nueva corporación local, presidida por el nacionalista Xosé Deira, concedió al año siguiente un permiso supeditado al cumplimiento de unos requisitos medioambientales: que se cambiase el combustible empleado -sustituyendo fuel por gas natural- y se eliminasen las vibraciones que molestaban a las casas de los vecinos. Sin éxito.
La decisión del ayuntamiento fue recurrida, pero cuatro años después un juzgado de Santiago ratificó su validez y certificó, como recuerda ahora la Fiscalía en su denuncia, que la planta carece de prácticamente todas los requisitos que exige la normativa: no se recabó el permiso de Augas de Galicia ni se redactó la evaluación de impacto ambiental, tampoco se respetaron las distancias de seguridad que exige el reglamento de actividades peligrosas, ni se observaron las reglas de planeamiento urbanístico.
La juez acreditaba entonces que la planta cogeneradora, "pegada" a la conservera, era "indispensable" para su funcionamiento, pero la actividad nunca se detuvo. La sentencia fue impugnada por Boiro Energía, SA, la filial de Jealsa que gestiona la planta, pero el fiscal no ha esperado a la resolución del recurso para llevar su actividad al terreno penal, después de una denuncia de unos particulares de la que dio traslado la Fiscalía Provincial de A Coruña. En ese sentido, alude a un informe de la Asociación Profesional de Kiwicultores de Galicia, según el cual las plantaciones de este fruto en la zona se han visto afectadas por la planta eléctrica. "Se desprende que la actividad desarrollada no es en apariencia inocua, sino que provoca daños y molestias ambientales a los vecinos", aduce García Ortiz.
El escrito parte de la autorización de 2004, entiende incumplidos sus requisitos y pasa a analizar la actitud de la empresa, a la que critica duramente. "No tiene desperdicio", señala, "la contestación a la orden dictada por la alcaldía [en 2004], pues amenazaba literalmente al alcalde con hacerle responsable de un posible vertido de detritos sin depurar al faltar la energía necesaria para la planta de Jealsa". El fiscal tacha este proceder de "impresentable" y ordena que se tomen medidas para "extremar la protección ambiental de los vecinos de la planta, irregularmente instalada y potencialmente contaminante y peligrosa". Así, insta al juez a que pida al Seprona que mida los niveles de contaminación por gases y ruido.
La empresa declinó ayer comentar la denuncia, alegando que sus servicios jurídicos todavía no tenían constancia de ella. Xosé Deira, por su parte, señaló que en el pasado ya se han efectuado mediciones que constataban un exceso de contaminación por ruido, no así de gases.
En octubre pasado, el ayuntamiento legalizó una nave frigorífica en terreros de Jealsa que había corrido un camino similar al de la eléctrica. Autorizada por el Gobierno local del PP y anulada por el TSXG, Deira aseguró que esta última licencia se dio "con garantías".
* ELPAIS.com - 11.02.10
Foto: Vivienda colindante a la planta cogeneradora de electricidad de Jealsa, en Boiro.- ANDRÉS FRAGA, elpais.com
