ALONSO MUÑOZ* : Según las estimaciones de los expertos, la Iglesia católica apostólica romana posee unos cien mil inmuebles (de los que los templos son sólo una cuarta parte) y al menos otras tantas hectáreas de fincas, que incluyen gran parte del suelo disponible de ciudades como Toledo, Burgos, Santiago de Compostela o Plasencia. La inexactitud de las cifras se debe a que la Conferencia Episcopal deja en manos de cada diócesis la contabilidad. Pero es que ni siquiera hay un inventario de los monumentos cuyo mantenimiento es sufragado por el Estado, a pesar de que en 1982 se firmó un acuerdo para hacer esa catalogación.
Lo que sí se está conociendo es que día a día, sigilosamente, los obispos están inscribiendo a su nombre edificios de todo tipo que hasta ahora eran de los municipios. La iglesia, que se construyó por cuestación popular y a manos de la gente del pueblo, o la casa del cura cuyos gastos durante siglos han corrido de parte del ayuntamiento, de pronto pasan a ser de titularidad eclesiástica.
Una ley insólita en Europa
Todo gracias al artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 que otorga a la Iglesia católica, y sólo a ella, el derecho de inmatricular un inmueble declarando simplemente que le pertenece. Hasta 1998 este procedimiento no se podía aplicar a los templos. Una incongruencia que el Gobierno de Aznar se encargó de corregir alegando que negarle la propiedad de sus legítimos bienes era “inconstitucional”. Aunque el ex presidente obvió una irregularidad más llamativa de esa Ley, que otorga poder de fedatario público a una institución como la Iglesia. Algo “insólito” en un Estado moderno, según denuncia la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Sólo en esa comunidad, la Iglesia se ha apropiado así de más de mil inmuebles en una década. Pero en el conjunto del Estado puede hablarse de un expolio en toda regla: este procedimiento se hace sin ningún tipo de exposición pública y muchos municipios, especialmente los que cuentan con menos medios, no advierten el hecho hasta que ya han pasado dos años y el registro es definitivo. En Xàbia (Alicante), el Ayuntamiento sí se ha enterado de la maniobra y va a impugnar el registro de la iglesia gótica de San Bartolomé, fortificada en el siglo XIV por el pueblo y siempre conservada por los vecinos, según consta en numerosos documentos, algo que ha desatado la indignación en la localidad.
Otras corporaciones municipales son más generosas con la Iglesia mediante las permutas de terrenos. Es el caso de Madrid capital, que en diez años ha cedido 40 parcelas de suelo público valorado en 120 millones de euros a cambio de una finca en una zona protegida de la cuenca del Manzanares, cuya valoración no iría más allá de tres millones, según Izquierda Unida. “Pero lo que es aún más grave es que se cedan parcelas destinadas a necesidades vecinales”, afirma la formación, que recuerda el caso del barrio de Butarque (Madrid) donde la Iglesia tiene más de una docena de parroquias y obtuvo terrenos para una más cuando no había ambulatorio ni escuela infantil y sólo un colegio y un centro de mayores para 15.000 habitantes. “Si ha conseguido esas cesiones con una finca rústica, ¿qué beneficio obtendrá de sus posesiones en zonas como Valdebebas o El Bercial?”, se preguntan los promotores que se han encontrado en los planos de esas zonas de expansión de la capital con el nombre de la Iglesia como propietaria.
Pero hay casos más evidentes de pelotazos, como la recalificación de un colegio de las Carmelitas en Cáceres donde se levantará un Corte Inglés multiplicando la edificabilidad del área; o en Ávila, donde el Obispado va a ingresar 19 millones por la venta de unos terrenos recalificados en 2005 de rústicos a industriales a pesar de que el actual polígono de la ciudad todavía está al 60% de su desarrollo previsto.
A todo lo anterior hay que sumar el dinero que las distintas administraciones ceden a la Iglesia para la restauración y conservación de sus edificios. Un dinero que a menudo sale del 1% de los presupuestos que por ley cada municipio está obligado a destinar a bienes culturales y que, como comentan las asociaciones laicistas, no repercute en beneficios para la población: “La iglesia tiene derecho a construir y reformar las parroquias que quiera, pero que se lo paguen de su bolsillo, y si ya no pueden, que lo que se haga forme parte del patrimonio nacional”.
Privilegios fiscales
Capítulo aparte merece el trato fiscal al patrimonio inmobiliario de la Iglesia, que gracias a los acuerdos económicos del Concordato de 1979 es “francamente privilegiado”, como lo califica el catedrático de Derecho Alejandro Torres Gutiérrez, autor de varios informes exhaustivos sobre el tema, incluido uno encargado por la Fundación Alternativas, próxima al PSOE. Aunque estas recomendaciones duermen “en el suelo de los justos”, según comenta a DIAGONAL Torres Gutiérrez.
Hasta 2007, la Iglesia ha estado exenta de pagar el IVA, a pesar de que el derecho comunitario aplicable desde la adhesión de España en 1986 lo prohibía. “Han tenido que pasar 21 años hasta que se ha acabado con esta anomalía, con el consiguiente perjuicio para el erario”, recuerda este profesor. Para lograr otro pequeño avance han sido necesarias hasta cinco interpelaciones de la Comisión Europea por iniciativa de IU. Al fin, en octubre el Gobierno retiró la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a los inmuebles de la Iglesia dedicados a “actividades económicas” como las emisoras de la Cope o los lucrativos hospitales privados, amén de los miles de colegios –donde el Estado subvenciona casi todo–. Pero el resto de edificios siguen sin pagar, ni ése ni el Impuesto de Bienes Inmuebles o el Impuesto de Sucesiones. Estas exenciones incluyen las casas de los sacerdotes, algo que dota a éstos “de un estatuto privilegiado respecto al del resto de los ciudadanos, incluso mejor que el de los funcionarios públicos”, lamenta Torres. “Este privilegio choca con dos principios constitucionales, el de laicidad del Estado y el de igualdad”.
Y precisamente las herencias, pero en este caso de los fieles, se están convirtiendo en uno de los principales ingresos de algunas diócesis. No es de extrañar, así, que la de Valladolid se abalanzara sobre el legado de dos hermanas que en su primer testamento designaban a la Iglesia como heredera, aunque después se retractaran. Tras un largo proceso, ganó la familia y la diócesis perdió una donación que equivalía nada menos que a cuatro años de su presupuesto ordinario, el que cuenta con los donativos como principal fuente de ingresos y que día a día disminuye con la pérdida de fieles.
* Periódico Diagonal - Opinión - 26.01.10
La Iglesia pasa el cepillo al patrimonio
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28.1.10
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Falta de transparencia y democracia para la ubicación del cementerio nuclear
Ecologistas en Acción de Castilla y León* denuncia la falta de transparencia y democracia para la ubicación del cementerio nuclear. Varios alcaldes de Castilla y León han recibido ofertas de ENRESA para albergar el ATC, y les han recomendado aprobarlo en Pleno antes de consultar a los vecinos.
ENRESA ha presentado ofertas a alcaldes de Castilla y León para que acojan el Almacén Temporal Centralizado de residuos radiactivos (ATC). Y en todos los casos, ha buscado el oscurantismo y la vulneración de la voluntad popular. Es lo que se ha podido comprobar tras todos los casos de candidaturas frustadas en nuestra Comunidad: Garoña y la Merindad de Cuesta Urría en Burgos, Bernuy de Porreros y Campo de San Pedro en Segovia, y Juzbado en Salamanca.
ENRESA, que es la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, era consciente del rechazo social que iba a generar el cementerio nuclear. Antes de la convocatoria, y para ir preparando posibles candidatos, ya se había reunido con bastantes alcaldes a espaldas de los vecinos, para convencerles de las “bondades” del cementerio nuclear. Esas reuniones se han realizado en Madrid, en la sede de ENRESA, y se llevan practicando, al menos, desde el verano.
En estas reuniones también se recomendaba a los alcaldes que aprobaran en el Pleno su convocatoria antes de consultar al pueblo, para evitar el debate. También se han organizado viajes al ATC de Holanda, mucho más pequeño que el que se quiere construir aquí. Incluso se les ofreció guardaespaldas, conscientes de la reacción contraria de los vecinos.
La instalación de un cementerio nuclear no lo llevaba ningún alcalde en su programa electoral, por lo que un acuerdo del Pleno antes de consultar con el pueblo sería una traición a la democracia. La alcaldesa de Bernuy de Porreros (Segovia) tuvo la decencia de consultar previamente a sus vecinos antes de dar un paso tan peligroso. Se saltó la recomendación de ENRESA -falta de transparencia-, y le salió mal.
A pesar de que el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró que iban a salir multitud de municipios candidatos, la realidad es que hasta ahora sólo se conocen 2 candidaturas (Yebra y Ascó). Ambas han creado un fuerte malestar social e, incluso, divisiones en los partidos políticos. ENRESA sabía que si quería candidatos, los ayuntamientos tenían que evitar el debate de sus vecinos, y la repercusión de la prensa. Pero no ha sido así, y apenas tiene candidatos.
Cuanto más se conozca del proyecto del ATC, más oposición habrá al proyecto y a la energía nuclear. Ni municipios tan pro-nucleares como Garoña o Juzbado han querido la basura de su propia industria. Ecologistas en Acción desconoce cuantos alcaldes de Castilla y León pueden haber sido sondeados por ENRESA, pero creemos que bastantes más de los que lo han manifestado.
Ecologistas en Acción de Castilla y León, que forma parte de la Coordinadora Estatal Antinuclear, siempre se ha posicionado en contra del cementerio nuclear, independientemente de su ubicación. No podemos admitir la condena de un territorio a perpetuidad mientras que las centrales nucleares siguen generando toneladas de residuos radiactivos alegremente y de forma tan irresponsable.
Por eso, los vecinos afectados por el ATC en cualquier sitio contarán con el apoyo de Ecologistas en Acción.
* Ecologistas en Acción Castilla y León - 27.01.10
Foto: Manifestación Guadalajara 2009 - cementerionuclearno.blogspot.com
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27.1.10
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El ex alcalde de Seseña y el mafioso que le pagó comparten auditor
PÚBLICO/Toledo* : José Luis Martín Jiménez, el alcalde que permitió a El Pocero construir su macrourbanización en Seseña, comparte asesoría fiscal en Málaga con Giovanni Montaldo, el presunto mafioso italiano que le pagó más de 700.000 euros coincidiendo con la autorización de las obras en El Quiñón. Pese a ello, el ex alcalde toledano asegura no conocer de nada a Giovanni Montaldo, vinculado con la mafia calabresa e imputado en la Operación Malaya.
Martín Jiménez es el único imputado en el proceso que instruye el juzgado número cuatro de Illescas (Toledo) por los delitos de prevaricación y cohecho durante la tramitación de los permisos para la construcción del Residencial Francisco Hernando en el secarral de Seseña. La Fiscalía Anticorrupción también acusa al ex alcalde socialista de un delito contra Hacienda, ya que entre 2002 y 2005, mientras El Pocero construía su soñada urbanización, José Luis Martín realizó inversiones cercanas al medio millón de euros pese a que su sueldo como alcalde era de 1.800 euros mensuales. Martín está imputado por poner el cazo, pero de momento las autoridades judiciales no han identificado a los pagadores de los sobornos.
Ingresos sospechosos
Los ingresos más sospechosos del ex alcalde son los algo más de 700.000 euros que las firmas Inverespaña Sema y Sur Inversiones Sema, controladas por la familia Montaldo, pagaron a Servicios y Desarrollos Culturales Norte, una de las empresas del alcalde, entre 2002 y 2003 según publicó el diario El Mundo, coincidiendo con los permisos municipales para que El Pocero construyera 13.000 pisos en El Quiñón, de los que sólo terminó 5.000. Un informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional vincula a Montaldo, imputado en la Operación Malaya, con la NDhrangueta, la poderosa mafia calabresa. La empresa del alcalde que cobró de Montaldo tenía un solo empleado y los únicos ingresos que registró en 2002 y 2003 fueron los de Montaldo.
El ex alcalde de Seseña afirmó en su declaración ante el juez el 27 de abril del pasado año, que fue él personalmente quien hizo los trabajos por los que cobró dichas cantidades, pero no recuerda "en qué concepto se hicieron las transferencias" a su empresa.
Según las facturas, los elevados ingresos responden a comisiones del alcalde como intermediario en una promoción de viviendas que el empresario italiano construyó en Estepona (Málaga). Martín aseguró en su día no conocer a Montaldo. Pero el ex alcalde dio un dato fundamental en su declaración ante los tribunales al asegurar que todas sus cuentas se las lleva "una gestoría de Málaga denominada Cruces Asociados".
Curiosidades
Resulta curioso que viviendo en Seseña tenga al contable en Málaga, pero es mucho más llamativo que Cruces y Asociados es el auditor de cuentas de una promotora inmobiliaria denominada Ponte Tresa SL. Como apoderados en esta firma encontramos a Tatiana Aneta Triacca y a Pier Paolo Montaldo, esposa y hermano de Gianni Montaldo, el verdadero líder del holding inmobiliario y turístico que opera en la Costa del Sol.
No le va a resultar fácil a José Luis Martín explicar estas coincidencias. Álvaro Cruces, administrador de Cruces Asociados, ha declarado a Público que "Ponte Tresa ya no pertenece a los Montaldo y sus nombres siguen figurando en el registro mercantil por error, porque no se inscribieron las bajas". Cruces asegura que ellos no pusieron en contacto al ex alcalde de Seseña con Gianni Montaldo.
"Nosotros llevábamos las cuentas de dos sociedades del alcalde de Seseña, que se dedicaba al trapicheo inmobiliario, en el buen sentido de la palabra, a poner en contacto a unos y otros y cobrar comisiones, pero siempre declarándolo a Hacienda. Cuando vimos los 700.000 euros que sacó nos dio envidia sana", explica Álvaro Cruces. El asesor fiscal reconoce que "una persona de los Montaldo" les llamó "cuando hicieron los pagos para asegurarse de que el alcalde los iba a declarar a Hacienda". Ni Martín ni Giovanni Montaldo han contestado a las llamadas de Público.
De momento, la estrategia de José Luis Martín ante el juez ha sido alegar lagunas mentales. El ex regidor dijo no recordar el origen de los varios cientos de miles de euros que invirtió durante 2002 y 2003 a su nombre y al de sus hijos. Por poner sólo dos ejemplos, no sabe de dónde salieron los 132.000 euros que invirtió en diciembre de 2002 ni tampoco el dinero en efectivo que ingresó en abril de 2003. Al final de su comparecencia, a preguntas de su abogada defensora, Martín asegura que tiene "dificultades para leer y escribir y por eso delegaba en los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento".
Pese a estas dificultades, José Luis Martín, ha progresado de forma espectacular. Cuando se hizo con la alcaldía de Seseña, en 1987, era un humilde taxista. Hoy, seis años después de ser derrotado en las urnas por Manuel Fuentes (IU), José Luis Martín Jiménez maneja varias empresas que le han permitido mover decenas de miles de euros cuyo origen ha de demostrar en el juzgado de instrucción número cuatro de Illescas. Intentó justificar su incremento patrimonial diciendo que le tocó un cupón de la ONCE de 144.000 euros, pero, según la Fiscalía Anticorrupción, ni así cuadran sus inversiones.
Martín permanece imputado por soborno desde que Anticorrupción lo denunció en 2008. La investigación marcha desde entonces a ritmo lento. La juez no ha recabado aún el testimonio de los responsables de la empresa de El Pocero que se benefició del plan urbanístico aprobado por Martín.
La conexión italiana de Juan Antonio Roca
Giovanni Piero Montaldo lidera un grupo de negocios urbanísticos y turísticos
Giovanni Piero Montaldo, al que sus amigos llaman Gianni, es un viejo conocido de los tribunales españoles. Está imputado en la operación Malaya acusado de haber pagado a Juan Antonio Roca entre 300.000 y 540.000 euros a cambio de favores urbanísticos. El italiano, en libertad bajo fianza, reconoció en su declaración ante el juez ser amigo de Roca, con el que comparte “aficiones comunes, como los caballos y los relojes”, dijo. Montaldo lidera un grupo de empresas dedicado a negocios urbanísticos y al sector turístico en la Costa del Sol. La UDYCO lo relacionó con la mafia calabresa y, según datos del registro mercantil recabados por Público, Montaldo mantiene relaciones comerciales con compatriotas de otro de los grandes grupos mafiosos, la Cosa Nostra siciliana. Se trata de Ugo Giovanni Gianino, socio del holding de Montaldo a través de la inmobiliaria marbellí Furistrada. En 1999, el entonces fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, elaboró un informe en el que vinculaba a Gianino con el clan Benedetto Nitto Santapaola, afincado en Catania (Sicilia) y con un amplio historial criminal. El periodista Roberto Saviano asegura que la costa española es el lugar preferido por los clanes mafiosos italianos para blanquear sus ingresos.
* Público - 27.01.10
Foto: Seseña (Toledo), urbanización de El Pocero - EFE
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27.1.10
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País Vasco: Ordenación Territorial: ¿cuándo, cómo y para qué?
M.GURRUTXAGA, I.ARRIOLA y J.K.ARBAIZA* : Los días 23 y 24 de noviembre de 2009 se celebró la octava edición del Congreso Euskal Hiria en Bilbao. El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco junto a la Fundación Metrópoli, organizan anualmente este foro que presentan como espacio para el debate e intercambio de ideas en relación a la planificación territorial, pero que se convierte básicamente en una labor comercial destinada a alabar el insostenible modelo territorial que desarrollamos en este país.
El Gobierno vasco lleva años definiendo el escenario territorial deseable y se apoya en el término acuñado por Bernardo Atxaga, Euskal Hiria. Pero, verdaderamente ¿qué hay detrás de esta propuesta?
La ordenación del territorio es una función pública cuyos objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio. Constituye un proceso de índole fundamentalmente política, al carecer de criterios universales en los que basarse, y que debe afrontar los conflictos entre los objetivos contradictorios que se plantean en todo grupo social. Por ello, es fundamental que participe toda la comunidad en el proceso.
Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) de la CAPV son el marco general de referencia que debe respetarse en el País Vasco para la formulación de los demás instrumentos de ordenación, sean dictados por la Administración autonómica, la foral o la local. Las Directrices en vigor se aprobaron en 1997 y actualmente se encuentran en fase de revisión siguiendo un procedimiento aún por determinar. En este sentido, la Carta Europea de Ordenación del Territorio subraya la necesidad de la participación ciudadana en la elaboración de los planes de ordenación correspondientes al señalar que todos los ciudadanos europeos deben tener la oportunidad de participar dentro de un marco institucional adecuado en la adopción y en la aplicación de cualquier medida de ordenación del territorio y que toda política de ordenación del territorio debe basarse en una participación activa del ciudadano. En el Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las DOT, se subraya que la participación constituye un elemento consustancial a la formulación y elaboración de los distintos planes de ordenación del territorio y urbanismo.
Ante el déficit de participación pública que ha venido arrastrando la política de ordenación territorial en la CAPV, ¿no sería necesario, de cara a realizar la revisión de las DOT, elaborar y presentar públicamente un diagnóstico serio de las dinámicas que ha sufrido el territorio desde que se aprobaron las de 1997? En base a este diagnóstico, nos podríamos plantear públicamente cómo han de revisarse las DOT. Por ejemplo, ¿se están consiguiendo en la CAPV los objetivos doctrinales de la ordenación del territorio antes citados? ¿Está la mayor parte de la sociedad vasca a favor de un modelo territorial que polarice la actividad económica y social hacia las capitales vascas, con las repercusiones de congestión y desequilibrio territorial que ello conllevaría? ¿Se han planteado y debatido públicamente otros modelos territoriales para el futuro de la CAPV? ¿Puede seguir perdiendo la Comunidad Autónoma cada año una superficie de suelo agrario equivalente a 700 campos de fútbol? ¿Existe una política seria, consistente y debatida públicamente en materia de transportes, dirigida a minimizar los graves problemas que sufre la CAPV en esta materia? ¿Es una apuesta acertada el impulso de la actividad logística como uno de los motores económicos fundamentales para el futuro de la CAPV? ¿Son sostenibles y socialmente equitativos los modelos urbanísticos desarrollados en los últimos lustros? Las respuestas a estas y otras preguntas deberían resolverse públicamente en el proceso de revisión de las DOT.
* Ambientólogo, abogada y geógrafo, respectivamente.
* DEIA - Opinión - 27.01.10
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27.1.10
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Galicia: Los 84 municipios costeros deberán reformar su normativa urbanística
ELPAÍS* : Todos los ayuntamientos gallegos están obligados a adaptar sus planes generales a la Ley del Suelo de Galicia, de 2002. No es un trámite sencillo: en ocho años, seis más de los que concedía la ley, sólo 41 lo han logrado. En la costa la situación empeora: de los 84 municipios bañados por el mar, únicamente seis cuentan con un planeamiento ajustado a la norma autonómica. El resto están todavía en ello.
La situación se complicará para todos ellos el año próximo, cuando entre en vigor el Plan del Litoral, ya que tanto los que están en fase de redacción como los que ya han hecho los deberes deberán adaptarse a la nueva planificación costera.
Las disposiciones transitorias del Plan de Ordenación del Litoral (POL), cuyo borrador está siendo consultado con los ayuntamientos, conceden dos años de plazo a los pocos municipios con planeamientos adaptados para que revisen sus respectivas normativas. Esta decisión aboca a corporaciones como la de Vigo, que dejó atrás en 2009 casi una década de tramitación de su plan general, a retomar la redacción de su planeamiento. Los ayuntamientos que aprueben sus planes generales antes de la entrada en vigor del POL estarán en la misma situación. Los que no lleguen a tiempo deberán reformarse sobre la marcha, bien con una adaptación completa, si no pasaron aún el trámite de aprobación inicial, o parcial, si sólo estuvieran pendientes del visto bueno de la Xunta.
El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, se ofreció ayer para negociar con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) las condiciones y eventuales ayudas para la adaptación de los planeamientos. "Intentaremos consensuar un plan razonable", anunció. Hernández también se comprometió a aprobar en diciembre el otro gran proyecto urbanístico de la consellería, las Directrices de Ordenación del Territorio.
El director general de Sostibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio, mientras, restó importancia al impacto del nuevo plan en los ayuntamientos, que será "menor de lo que se puede suponer". Se trata de hacer ajustes "menores", que "no deberían interferir en el plazo" para aprobar los instrumentos de ordenación municipales. "Bajo ningún concepto" tendría que provocar un retraso en los trámites, sostuvo.
Pero mientras se produce la entrada en vigor del Plan del Litoral, la urgencia para la consellería consiste en agilizar las consultas con los ayuntamientos costeros a fin de decretar una prórroga parcial de la ley de los 500 metros antes de que venza la actual, el 17 de mayo. Según anunció Hernández, se trata de una medida intermedia entre la prohibición total de construir en esa franja -tal y como la aprobó el bipartito y la prorrogó la Xunta de Feijóo-, y la liberación de ese suelo. El decreto será similar al que tenía preparado la anterior conselleira, la socialista María José Caride, y consistirá en levantar la prohibición sólo en aquellas zonas que el borrador del Plan del Litoral declare exentas de protección.
* ELPAIS.com - 27.01.10
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es
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27.1.10
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Cabañal: denuncia al Parlamento Europeo, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia...
CERCLEOBERTDEBENICALAP* : El último escrito denuncia del presidente de Cercle Obert de Benicalap exige sanciones al gobierno valenciano por permitir el expolio e ignorar sus compromisos legales para con los vecinos del Cabañal.
D.Antonio Marín Segovia EXPONE: Que la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobó en París en su 32 reunión en el año 2003, la Declaración relativa a la destrucción del patrimonio cultural. En su apartado II ya explica claramente lo que se entiende por "destrucción intencional": cualquier acto que persiga la destrucción total o parcial del patrimonio cultural y ponga así en peligro su integridad, realizado de tal modo que viole el derecho internacional o atente de manera injustificable contra los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública, en este último caso, en la medida en que dichos actos no estén ya regidos por los principios fundamentales del derecho internacional.
En el apartado VI hace referencia a la Responsabilidad del Estado: ”…El estado que, intencionadamente, destruya patrimonio cultural o se abstenga de adoptar medidas oportunas para prohibir, prevenir, …cualquier acto de destrucción intencional de patrimonio… Asumirá la responsabilidad de esos actos, en la medida que lo disponga el derecho internacional…”
Tal y como hemos mencionado anteriormente, la Unesco en el año 2003 aprobó la Declaración de relativa a la Destrucción intencional del patrimonio cultural, en donde se dice: "VIII Los Estados deberían cooperar entre sí y con la UNESCO para proteger el patrimonio cultural de cualquier acto de destrucción intencional... facilitando e intercambiando información sobre circunstancias que traigan aparejado un riesgo de destrucción intencional del patrimonio cultural, efectuar consultas en caso de destrucción efectiva ó inminente… Con miras a una protección mas completa se alienta a los Estados a que adopten todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, para cooperar con otros Estados… etc.”
La UNESCO, en la citada Declaración afirma que es "consciente de que el patrimonio cultural es un componente importante de la identidad cultural de las comunidades, los grupos y los individuos, y de la cohesión social, por lo que su destrucción deliberada puede menoscabar tanto la dignidad como los derechos humanos", a la vez que reitera que reitera que "uno de los principios fundamentales enunciados en el Preámbulo de la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954, donde se afirma que “los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial”.
Hubo una época, durante la guerra civil, en que el Estado español legítimo fue ejemplo internacional en la protección de su patrimonio, cuando a través del Comité de Salvamento de los Tesoros del arte Español (germen de lo que posteriormente sería la figura de Patrimonio de la Humanidad) se salvaron las obras de arte del Prado y los fondos bibliográficos de la Biblioteca Nacional que dirigía entonces Tomás Navarro Tomás, que además era el Secretario de la Junta para Ampliación de Estudios. Fue una política patrimonial llevada a cabo por la República Española ejemplar. Pero no podemos decir lo mismo de la actual política patrimonial de la Monarquía y del gobierno de la Generalitat Valencia, presidido por D. Francisco Camps. Tampoco podemos afirmar que la alcaldesa de Valencia, Dª Rita Barberá respete las normas internacionales sobre patrimonio cultural.
Es responsabilidad exclusiva del Estado Español, especialmente través del Ministerio de Cultura, ejercer su labor de vigilancia e intervenir eficaz y urgentemente, una vez verificadas las denuncias sobre posible expolio que denuncie cualquier particular o colectivo.
La tardanza en actuar del gobierno central y de los organismos judiciales a la hora de investigar y detener el presunto expolio del bien de interés cultural del Cabañal, a pesar de las denuncias fundamentadas remitidas por diversas personas y colectivas, pone en peligro uno de los pocos barrios marineros de estilo modernista popular y que se conserva milagrosamente en la Comunidad Valenciana.
Hay que resaltar la ausencia de políticas municipales y autonómicas para permitir la rehabilitación y cuidado de los edificios y calles que conforman el citado conjunto histórico del Cabanyal, existiendo una visible degradación, dado que muchas casas han sido ocupadas por colectivos y personas en situación de exclusión y pobreza extrema, lo que ha generado un clima de malestar general en toda la zona de los poblados marítimos.
Por todo ello, y dada la visible y crónica falta de voluntad e interés en atender y cumplir las normas nacionales e internacionales sobre conservación y rehabilitación del patrimonio cultural que demuestran las instituciones valencianas, Cercle Obert de Benicalap solicita la intervención urgente de la UNESCO, del Parlamento Europeo, del Congreso de los Diputados, de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia y del gobierno central para que, una vez contrastadas nuestras informaciones, proceda a tramitar las sanciones administrativas y legales correspondientes al Ayuntamiento de Valencia, a la Generalitat Valenciana y a todos y cada uno de los funcionarios que no han atendido ni estudiado las legítimas peticiones formuladas en su momento, tal y como se establece en los puntos que a continuación transcribo de la Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural (17 de octubre de 2003):
"VI - Responsabilidad del Estado
El Estado que, intencionadamente, destruya patrimonio cultural de gran importancia para la humanidad o se abstenga de adoptar las medidas oportunas para prohibir, prevenir, hacer cesar y castigar cualquier acto de destrucción intencional de dicho patrimonio, independientemente de que éste figure o no en una lista mantenida por la UNESCO u otra organización internacional, asumirá la responsabilidad de esos actos, en la medida en que lo disponga el derecho internacional.
VII - Responsabilidad penal individual
Los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas, de conformidad con el derecho internacional, para declararse jurídicamente competentes y prever penas efectivas que sancionen a quienes cometan u ordenen actos de destrucción intencional de patrimonio cultural de gran importancia para la humanidad, esté o no incluido en una lista mantenida por la UNESCO u otra organización internacional".
Igualmente, nuestra entidad cívica y cultural "Cercle Obert de Benicalap" considera urgente que el gobierno central, a través del Ministerio de Cultura, proceda a organizar una gran campaña destinada a sensibilizar al ciudadano de la gran importancia que tiene la conservación y rehabilitación del variado y abundante legado patrimonial existente en la Comunidad Valenciana, dada la falta de programas racionales y sistemáticos en la Generalitat Valenciana y en el Ayuntamiento de Valencia, tal y como se indican en los puntos finales de la citada Declaración y que a continuación transcribimos:
"VIII - Cooperación para la protección del patrimonio cultural
1. Los Estados deberían cooperar entre sí y con la UNESCO para proteger el patrimonio cultural de cualquier acto de destrucción intencional. Tal cooperación entraña como mínimo: i) facilitar e intercambiar información sobre circunstancias que traigan aparejado un riesgo de destrucción intencional del patrimonio cultural; ii) efectuar consultas en caso de destrucción efectiva o inminente del patrimonio cultural; iii) considerar la posibilidad de prestar asistencia a los Estados, previa petición de los mismos, en las labores de promoción de programas educativos, sensibilización y creación de capacidad para prevenir y reprimir cualquier acto de destrucción intencional del patrimonio cultural; iv) a petición de los Estados interesados, prestar asistencia judicial y administrativa para reprimir los actos de destrucción intencional del patrimonio cultural.
2. Con miras a una protección más completa, se alienta a los Estados a que adopten todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, para cooperar con otros Estados interesados a fin de declararse jurídicamente competentes y prever penas efectivas que sancionen a las personas que hayan cometido u ordenado los actos mencionados más arriba (VII - Responsabilidad penal individual) y que se encuentren en su territorio, con independencia de la nacionalidad de esas personas y del lugar en que se hayan perpetrado dichos actos.
IX - Derechos humanos y derecho internacional humanitario
Al aplicar la presente declaración, los Estados reconocen la necesidad de respetar las normas internacionales en las que se tipifican como delito las violaciones manifiestas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en particular si dichas violaciones guardan relación con la destrucción intencional del patrimonio cultural".
La ausencia de diálogo y de interés a la hora de coordinar e impulsar verdaderas políticas institucionales destinadas a la rehabilitación y recuperación de nuestro variado y singular patrimonio cultural, impide el desarrollo y el progreso efectivo y equilibrado de los habitantes presentes y futuros de nuestra Comunidad Valenciana.
Los sociedades realmente civilizadas y modernas son aquellas que saben compatibilizar y unir el desarrollo, la modernidad y el respeto exquisito por sus tradiciones y legados histórico-artísticos y ambientales.
A nuestro juicio, la indefensión total de los ciudadanos, víctimas de agresivas campañas de manipulación y desprestigio por parte de las instituciones públicas valencianas, debe acabar inmediatamente, pues son los vecinos y sus asociaciones cívicas los que defienden el bic del Cabañal, así como los derechos constitucionales y las normas legales sobre patrimonio cultural, sin que las instituciones quieran asuman sus compromisos y deberes legales. La ausencia de cauces de diálogo y participación efectiva entre las partes implicadas es un hecho alarmante y lamentable.
Por ello, la entidad cívica valenciana Cercle Obert de Benicalap
SOLICITA:
la intervención urgente de la UNESCO, de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, del Congreso de los Diputados y del gobierno central español, para que adopte las medidas administrativas y judiciales oportunas, en aras a evitar urgentemente la destrucción, alteración, modificación y/o desaparición del Cabañal, y de otros elementos declarados bic (jardín histórico de Monforte), pues el citado conjunto histórico valenciano es un bien de interés cultural y debe ser rehabilitado y disfrutado por todos los ciudadanos presentes y futuros, conservando su trazado original.
El Cabañal fue declarado BIC por Decreto de 3 de mayo de 1993. La declaración de Bien de Interés Cultural determinará para el Ayuntamiento correspondiente la obligación de aprobar provisionalmente un Plan Especial de protección del bien y remitirlo al órgano urbanístico competente para su aprobación definitiva en el plazo de un año desde la publicación de la declaración. Así pues, el Cabanyal se somete a las normas y medidas proteccionistas de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, cuya finalidad es salvaguardar los bienes de interés cultural e histórico en beneficio de todos.
No se acaba aquí el marco legal, tras la declaración del Conjunto Histórico del Cabanyal como Bien de Interés Cultural, se realiza un Convenio Marco de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia para el desarrollo y ejecución del planeamiento urbanístico del conjunto histórico de la ciudad, firmado en junio del 1994 entre la alcaldesa de Valencia Dª Rita Barberá Nolla y la Consellera de Cultura Dª Pilar Pedraza Martínez.
Según la Ley de Patrimonio Cultural-Valenciano, cap. III, artículo 39, punto 2: “Los Planes Especiales de protección de los conjuntos Históricos tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del Conjunto y las características generales del ambiente y de la silueta paisajística. No se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles salvo que contribuyan a la mejor conservación general del Conjunto”.
Así pues el proyecto de prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez pasa por encima de la cultura y de las leyes, así como de la voluntad y forma de vida de un pueblo. En lugar de recuperar y conservar una zona con futuro como centro de atracción cultural y turística (cuando viajamos nos gusta visitar las zonas antiguas y peculiares de una ciudad), y como legado de identidad para las generaciones futuras, creamos una ciudad cada vez menos habitable en aras de un desarrollismo bárbaro típico de los años sesenta.
Para dar apoyo a nuestra petición, adjuntamos diversa documentación y noticias aparecidas en los medios de comunicación valencianos.
Atentamente,
Valencia, a 15 de enero de 2009
CERCLE OBERT DE BENICALAP
Antonio Marín Segovia
Presidente
* OtroMadrid.org - Opinión - 25.01.10
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27.1.10
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La Xunta liberará con restricciones el 56% del suelo paralizado en el litoral
LAVOZDEGALICIA* : La apuesta del Gobierno de Feijoo por aplicar una ordenación restrictiva en los 84 concellos en los que tendrá incidencia el plan del litoral se concretará, de entrada, en el mantenimiento de la prohibición de construir en 1.220 de las 3.339 hectáreas de suelo urbanizable y urbano no consolidado que paralizó el bipartito de forma preventiva con la ley de los 500 metros.
La nueva planificación, que la Xunta presentó ayer a los alcaldes y a otras autoridades institucionales y políticas, levantará el veto al ladrillo con muchas restricciones en 1.883 hectáreas, que equivalen al 56% del ámbito de actuación de la norma cautelar todavía en vigor.
En todo caso, la edificación quedará restringida a actuaciones puntuales que se considere que mejoran ambiental y paisajísticamente el entorno. Los técnicos de Medio Ambiente descartan nuevos desarrollos residenciales y piensan en obras singulares, como la recuperación de lonjas o viejos locales dedicados a oficios propios de cada zona. En ese perímetro de suelo más próximo a la ribera marítima, el plan permitirá construir en 1.000 hectáreas de suelo urbanizable y urbano no consolidado, aunque con las condiciones que ahora debe concretar con cada ayuntamiento.
Pero el ámbito de gestión del plan del litoral traspasa la línea trazada para la prohibición transitoria que el bipartito impulsó en mayo del 2007, y que el Ejecutivo de Feijoo empezará a retirar a partir de marzo para incorporar las nuevas restricciones. Así, el documento inicial que Medio Ambiente ha comenzado a enviar a los concellos paraliza el desarrollo de 1.740 hectáreas más allá de ese perímetro de los 500 metros a los que limita su efecto la norma cautelar. Fuera de esa franja, el plan también restringirá la edificación en 1.182 hectáreas que clasifica como áreas de mejora ambiental y paisajística. El documento inicial deja al ladrillo 4.673 hectáreas incluidas como áreas de ordenación más allá de los 500 metros, y que coinciden con los bordes urbanos.
428 situaciones diferenciadas
La presentación en sociedad del plan, que contó con la asistencia de alcaldes de los tres partidos con representación parlamentaria, volvió a poner de relieve la complejidad técnica de un documento que afecta a 212.000 hectáreas que se han repartido en 428 unidades de paisaje. Se trata de 428 situaciones diferenciadas en las que Medio Ambiente trabajará ahora con los 84 concellos, para detallar con cada uno la incidencia del plan. Como Feijoo apuntó al cierre del acto, el plan «non clasifica nin cualifica solo, tarefa que lle corresponde aos concellos que, dentro das súas competencias, deben establecer o modelo do seu planeamento municipal».
Si se cumple el itinerario que traza la Xunta, Galicia dejará a finales de año o principios del 2011 de ser el único territorio del arco atlántico europeo sin reglamento para proteger su costa.
* La Voz de Galicia - 26.01.10
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
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26.1.10
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Tema: NOTICIAS Galicia
Imputan al alcalde de Teror por permitir obras en suelo rústico
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El titular del Juzgado nº1 de Arucas, José Juan Suárez Ramos, imputó ayer al alcalde de Teror, Juan de Dios Ramos, los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por dar licencia de construcción a su hijo, Abundio Ramos, para edificar una vivienda en Arbejales, donde no se podía urbanizar en 2003 porque se tramitaban las Normas Subsidiarias del municipio y el suelo era rústico.
El hijo del edil solicitó licencia para rehabilitar un alpendre debido a que en el solar cedido por su padre no podía construir, pero, paradójicamente, la gañanía se encuentra a 200 metros de distancia y con un barranco en medio de donde edificó la vivienda en el barrio de Arbejales, según las pesquisas llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).
El juez también tomó declaración al hijo del regidor y al arquitecto municipal, Germán Acosta Padrón. En concreto, el magistrado imputa a Abundio Ramos un delito contra la ordenación del territorio y al arquitecto le acusa de falsedad documental, colaborador necesario y negociaciones prohibidas a un funcionario. Debido a que las declaraciones se prolongaron hasta las tres de la tarde, el juez emplazó para otro día al que entonces era concejal de Urbanismo, Armando Santana Yánez.
Tanto Juan de Dios como su hijo y el arquitecto municipal que dirigió la obra de edificación culparon al redactor del proyecto de rehabilitación, que ya falleció. Con todo, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil dice en un informe que la operación para edificar la casa del hijo del alcalde esconde un "plan encubierto".
El concejal de CCN, Cornelio Santana, que fue quien denunció ante el Juzgado de Arucas, carga la responsabilidad en Ramos como promotor de la vivienda porque aunque se tramitan las licencias a nombre del hijo, en 2006 el alcalde redactó las escrituras de donación.
* La Provincia - 26.01.10
Foto: Teror (Gran Canaria) - wikipedia.org
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26.1.10
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Alicante: Castedo activa la instalación de Ikea en Rabasa pese a su paralización judicial
INFORMACIÓN* : El centro comercial de Ikea se instalará en el plan Rabasa o en ninguna otra parte del municipio, por lo que si la sentencia judicial pendiente fuera desfavorable al Ayuntamiento, la multinacional del mueble tendría que optar por otro municipio, pero si le fuera favorable, se habría ganado tiempo para su instalación.
Este emplazamiento obligado en Rabasa se recoge en la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, junto con el convenio para su implantación en Alicante, el pleno municipal del viernes acordará exponer al público antes de su aprobación.
El revés judicial sufrido con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de paralizar cautelarmente el proyecto de Ikea en Rabasa no le impide a la alcaldesa reactivar su tramitación. Así, la primera edil propondrá al pleno municipal previsto para el viernes que se sometan a exposición pública para alegaciones los dos documentos necesarios para que la mercantil escandinava pueda abrir sus puertas en la ciudad, una modificación puntual del PGOU vigente para hacer viable la implantación y un convenio con las obligaciones de las tres partes interesadas, el Ayuntamiento, Ikea, y Enrique Ortiz como administrador de la adjudicataria del plan Rabasa.
El inicio del procedimiento para aprobar estos dos documentos se ha retrasado considerablemente, fundamentalmente por la polémica que suscitó entre los comerciantes este centro comercial, ya que inicialmente se preveía sacar esta exposición pública en septiembre del pasado año. Por lo que respecta al PGOU, el cambio que se introduce es modificar el artículo 95 para autorizar un centro comercial de la máxima categoría en el plan de Rabasa con fachada a la circunvalación, en el tramo entre el enlace con la autovía A-77 y la avenida de la Universidad. Al mismo tiempo, la modificación prohíbe más hipermercados en cualquier otra zona del municipio. Esta prohibición ya no se puede amparar en la saturación comercial de la ciudad, como inicialmente pretendía el Ayuntamiento, dada la plena libertad que la nueva Ley de Comercio del Consell establecerá por exigencia de una directiva de la UE, sino en razones del impacto por el tráfico o por causas medioambientales.
En la propuesta de acuerdo de esta modificación del PGOU se señala que esta decisión se puede llevar a cabo, pese a la paralización judicial del plan Rabasa, porque es una "actuación de planeamiento", y se añade que la resolución del TSJ sí afecta a la ejecución del plan Rabasa, que el Ayuntamiento se compromete a respetar.
Esta modificación del PGOU significa que Ikea sólo puede instalarse en los citados terrenos del plan Rabasa, salvo que se vuelva a modificar otra vez el PGOU, se anule lo que ahora se acuerda y se vuelva a empezar de cero. Pero en las actuales condiciones, si los tribunales vetan Rabasa, a la mercantil no le quedaría otra salida que buscar otro municipio. A este respecto hay que recordar que el Ayuntamiento de Benidorm ha llegado a un acuerdo con Enrique Ortiz, que ofrecería terrenos para una posible ubicación de Ikea en este municipio. Todo apunta, por tanto, a que Ikea se ubicará en suelo de Ortiz sea cual sea el fallo judicial.
* Información - 26.01.10
Foto: Terrenos del plan Rabasa en los que se autorizará la implantación de Ikea si la resolución judicial lo permite ANTONIO AMORÓS, diarioinformacion.com
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26.1.10
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Málaga: Las órdenes de derribo afectan a los diseminados pendientes de legalizar
SUR* : La cuidadosa actuación de la Guardia Civil y de la Fiscalía malagueña para detectar y denunciar las edificaciones construidas en suelo no urbanizable en los últimos años no sólo afecta a viviendas aisladas, sino también a las catalogadas dentro del conjunto de núcleos diseminados de la capital.
La aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que prohíbe las viviendas en los suelos no urbanizables protegidos, está resultando también inflexible para los diseminados de Málaga, que creían que iban a poder escapar de la norma por tratarse de zonas cuya legalización está prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, todavía vigente.
Según fuentes consultadas, a los propietarios de viviendas en estos núcleos diseminados, de los que el citado plan del 97 clasifica un total de 31 para su regularización mediante un plan especial, están llegando en los últimos meses órdenes de demolición de los juzgados que están causando un gran temor en los vecinos. Uno de los despachos de abogados expertos en urbanismo de la ciudad, el de Juan Ramón Fernández-Canivell, está tratando una decena de estas órdenes. «El problema es que la Fiscalía no tiene en cuenta que son suelos pendientes de legalizar por la Administración y abre directamente la vía penal para sancionar el delito», expuso el letrado Álvaro Ruiz, quien agregó que los vecinos pueden enfrentarse incluso a penas de cárcel por edificar fuera de la ley.
Este tipo de delitos no prescriben cuando la vivienda está en suelo rústico protegido, y el plan metropolitano que aprobó la Junta de Andalucía el año pasado marcó una gran cantidad de terrenos con esta calificación, por lo que afecta a un buen número de viviendas. «Hay casas que están en suelos que son protegidos desde hace un año, pero que llevan construidas incluso décadas. Sin embargo, las órdenes de derribo están llegando ahora», agregó Álvaro Ruiz.
El PGOU del año 97 catalogó un total de 31 núcleos diseminados en la capital con el fin de someterlos a la redacción de planes especiales para su legalización. Sin embargo, según fuentes consultadas, no se ha llegado a aprobar prácticamente ninguno de estos planes, con la salvedad de la regularización del núcleo de Los Gámez al considerarlo como suelo urbano en el nuevo PGOU, que está pendiente de aprobar por la Junta.
Catalogación
El nuevo plan general reconoce un total de 27 diseminados de los que sólo propone regularizar nueve al ser los únicos que se amoldan a las condiciones impuestas por la LOUA. Según el nuevo PGOU, 1.311 vecinos habitan las 684 casas de los diseminados catalogados, pero sólo podrían legalizarse 168 casas en las que residen 417 personas, la tercera parte.
Una vía de escape para los afectados consiste en la tramitación de los planes de regularización previstos en el PGOU vigente del 97. De hecho, algunos diseminados están elaborando por iniciativa propia estos planes para presentarlos al Ayuntamiento antes de que entre en vigor el nuevo Plan General. Por parte del Consistorio, existe el compromiso de darles trámite, pero puede que luego se encuentren con un informe negativo de la Junta que tumbe las esperanzas de legalizar las casas y salvarlas de la piqueta. Así lo reconoció ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien lamentó que sea ahora cuando los vecinos han activado la redacción de los planes en vez de haberlo hecho a lo largo de los últimos diez años. «Ahora están desesperados», señaló.
No obstante, desde el despacho de Juan Ramón Fernández-Canivell aportaron como solución para los casos de órdenes de derribo la contemplada en la propia normativa del plan metropolitano de la Junta, que indica que pueden ser excluidos de las zonas de protección territorial los sectores que contengan viviendas realizadas «irregularmente en suelo no urbanizable» y que estén identificadas como tales por los ayuntamientos, con el fin de darles un tratamiento urbanístico tendente a su legalización. Con este argumento, intentan dejar en suspenso las órdenes de demolición, de las que ya hay cinco firmes en la capital, como ayer adelantó este periódico.
* SUR - 26.01.10
Foto: La actuación de los agentes de la Guardia Civil y de la Fiscalía está ampliando y reactivando los expedientes de demolición de casas realizadas fuera de la ley. :: SUR
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26.1.10
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Dos décadas esperando el inminente derribo
ELPAÍS/Madrid* : José Manuel López vive en un continuo sobresalto. No come desde hace casi una semana. Y eso que su madre le persigue con un bocadillo de jamón de York y un zumo de naranja por todo el edificio. José Manuel, superada la cuarentena e ingeniero, está inquieto porque su casa se va a demoler. Un edificio propiedad del Empresa Municipal de la Vivienda en el que vivió con sus padres desde 1958.
"Esto es muy indignante", dice mientras se pasa el dorso de la mano por la cabeza y enumera lo que es tan indignante: "¡El Ayuntamiento se ha comportado como un casero que hace mobbing a sus inquilinos para que desalojen!", exclama y entonces, junto a otra vecina, Pilar Jiménez, enumera los delitos del Consistorio: "Metieron aposta población marginal y han dejado que el edificio acabe en ruinas".
La casa, en la avenida de San Diego, en Puente de Vallecas, tiene una placa en uno de sus costados que data de 1991. Allí ya se advierte de que el inmueble se va a derruir. Pero la Administración ha ido dilatando la "inminente" demolición. Ha ido tan despacio, que hasta 19 años después no se han planteado apuntalar los bloques, que se levantan en medio de lo que el Ayuntamiento aspira a que sea un "ecobarrio".
El gerente de la EMVS, Juan José de Gracia, describe con mucha sencillez su enfoque: "El edificio está en ruinas y hay que tirarlo. Quienes tienen derecho a piso y quienes no lo tienen viene dado por una serie de parámetros objetivos". Sin embargo, José Manuel, a quien el Ayuntamiento ya le ha advertido que no le toca piso, acusa al Consistorio de haberle rechazado el último pago de alquiler tras 40 años amortizando su vivienda. "Nosotros entramos con derecho a compra si pagábamos las mensualidades durante cuatro décadas y así lo hicimos", insiste López. En el Ayuntamiento dicen que no saben de qué habla.
Ahora, las casas están adornadas con vigas metálicas y todas sus ventanas y puertas están tapiadas con cemento. Bueno, no todas. Un pequeño hueco interior permite a los viejos vecinos y a los numerosos okupas introducirse en los pisos. La fachada, a pesar de las nubes grises de cemento que intentan convertirlo en un cubo estanco, está llena de ropa secándose al aire.
No es la única que ofrece ese aspecto en la calle y las vías cercanas. Al menos media decena están en idéntica situación y muestran la misma plaquita añeja que advertía de su inminente derribo... hace 19 años. También de su reciente caída en desgracia. Esta vez, parece que definitiva, aunque su desahucio estaba marcado para el pasado 13 de enero y por el momento vuelve a estar paralizado en espera de que se resuelvan otros trámites administrativos.
Unas trabas que quedarían resueltas si hubiese una resolución de ruina inminente, que es en opinión de los vecinos lo que persigue el Ayuntamiento. Además, las obras del ecobarrio avanzan a pocos metros de las casas y ya se levantan bloques nuevos.
* ELPAIS.com - 25.01.10
Foto: Vecinos pasean por los muros tapiados del edificio de Vallecas del que les van a desahuciar.- ÁLVARO GARCÍA, elpais.com
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26.1.10
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Huelva: La crisis y los planes urbanísticos dejan casi la mitad del suelo sin urbanizar
HUELVAINFORMACIÓN* : La crisis del ladrillo, las dificultades económicas y la paralización de los nuevos planes urbanísticos están propiciando que cada vez haya más suelo disponible para urbanizar en la provincia de Huelva. Según los últimos datos de la Dirección General del Catastro (cerrados a noviembre de 2009), Huelva tiene vacante el 46,36% de su suelo urbanizable, o dicho de otra forma, está disponible casi la mitad de la superficie de las parcelas urbanas de la provincia, que se traducen en 25.741 parcelas sin edificar con 5.730 hectáreas libres.
Un porcentaje que refleja un leve incremento de un punto respecto a los datos correspondientes al mes de agosto de 2008 y que es superior a las medias andaluza y nacional (45,43% y 45,45%, respectivamente) y también mayor de la que la provincia presentaba hace un año (45,57%).
El incremento en la superficie de parcelas urbanas, a través de mecanismos como los planes generales o las reclasificaciones de suelo, que finalmente no han sido construidas -por la falta de financiación para poder edificar- explica el avance en disponibilidad de suelo que ha experimentado el urbanismo onubense. Fundamentalmente, el segundo, ya que han sido escasos los planes a los que se ha dado luz verde. Un caso claro, y prácticamente una excepción, el del municipio de Aroche, que en 2008 tan sólo presentaba el 4,79% de suelo vacante, frente al 18,73% actual. En el resto de localidades de la provincia, pocos cambios hay respecto al ejercicio anterior.
La radiografía provincial deja Ayamonte como el municipio con más posibilidades para edificar. Cuenta con 849,58 hectáreas disponibles, el 76,28% del suelo. En términos absolutos no hay ningún otro municipio con resultados similares, aunque en los relativos le supera Cumbres de Enmedio, con el 84,65% de suelo disponible sin edificar, que se traduce en tan sólo 13,37 hectáreas.
Está claro que la crisis ha frenado la presión urbanística en Huelva, como también ha ocurrido en otras provincias andaluzas como Almería (con el 56,13% de su suelo vacante, el mayor volumen registrado en la región), Granada (51,84%) o Málaga (51,44%), aunque el onubense es bien distinto al perfil urbanístico de Córdoba (donde sólo el 35,50% del suelo está disponible), Cádiz (37,47%), o incluso Jaén (40,29%) y Sevilla (41,85%).
El censo catastral valora en 1.057 millones el suelo urbanizable que actualmente existe en la provincia. Un valor que no guarda relación con el valor de mercado (se calcula que no llega ni a la tercera parte de éste), pero que sirve de base oficial para liquidar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y valorar determinadas rentas en el IRPF y en el Impuesto sobre el Patrimonio. A pesar de no contar con el mayor número de parcelas, la capital muestra la valoración más elevada (casi mil unidades que cuestan 155,4 millones). Lepe, sin embargo, casi duplica el número de parcelas que tiene registradas el Catastro, pero su valor se queda en 46,09 millones, lo que sin duda deja una tasación media catastral muy por debajo a la que tiene la capital onubense e inferior a la de Palos de la Frontera, con el segundo valor más elevado de la provincia (122,59 millones) y Lepe, el tercero, con 119,52 millones. Las diferentes valoraciones que se aplican a cada municipio e incluso la antigüedad de los que se denomina la ponencia de valores (donde se recogen los criterios y escalas para determinar el valor general de cada zona) deja curiosidades en la estadísticas como éstas.
Al margen de ellas, lo que prácticamente no deja lugar para dudas es que la recesión económica que, al igual que el resto de España, sufre la provincia de Huelva no sólo ha provocado el cierre de empresas y un desbordamiento de las listas de desempleados, sino que también ha modificado (o al menos retrasado) los planes de expansión de muchas firmas que habían puesto sus ojos en nuestra geografía.
* Huelva Información - 25.01.10
Foto: Terrenos reservados para el futuro desarrollo del Ensanche. - huelvainformacion.es
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25.1.10
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El ex diputado balear Vicens, citado a declarar como imputado en el 'caso Andratx'
LAVANGUARDIA/Mallorca* : El Juez de Instrucción nº12 de Palma ha citado a declarar el próximo 16 de febrero, en calidad de imputado, al ex diputado Bartomeu Vicens, en relación a la pieza número 68 del caso Andratx, en la que se investiga una recalificación de solares de dicho municipio, en cuya tramitación intervino la comisión de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca, de la que Vicens formaba parte, según informó el Tribunal Superior de Justicia.
Vicens, que ha sido citado a las 13.00 horas, no había sido imputado hasta la fecha el caso Andratx, donde su principal encausado, el ex alcalde, Eugenio Hidalgo, se encuentra en prisión desde el pasado 28 de diciembre, cuando ingresó en el centro penitenciario de Palma después de que el Tribunal Supremo confirmase la condena de cuatro años de cárcel dictada por la Audiencia Provincial en mayo de 2008, por la construcción de una vivienda en un área rural de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola.
Junto a Hidalgo, y por la misma causa, también ingresó en prisión el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, condenado a tres y medio de cárcel. Así, Bartomeu Vicens está imputado en varios casos de corrupción, por los que ha tenido que pagar cuantiosas fianzas para eludir la cárcel.
El pasado 22 de diciembre, abonó dos fianzas de 100.000 euros cada una para poder evitar entrar en prisión por los casos Maquillaje y Son Oms. Pero el ex diputado, que abandonó su escaño en el Parlament el pasado 21 de diciembre, fue condenado cuatro día antes, el día 17 de ese mismo mes, por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares a cuatro años y medio de cárcel y a la inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años por su implicación en una pieza separada del caso Son Oms.
La sentencia consideró probado que Vicens, mientras ostentaba el cargo de conseller Insular en la pasada legislatura, ordenó el pago de 12.000 euros públicos a su contable particular para la elaboración de un informe plagiado de Internet sobre el valor del suelo.
* La Vanguardia - 25.01.10
Foto: Andratx (Mallorca) - diariodemallorca.es
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25.1.10
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Un promotor se apropia de suelo público en La Vila Joiosa y lo vende
ELPAÍS/Alicante* : Han pasado cuatro alcaldes desde que el Ayuntamiento de La Vila Joiosa obtuvo en 1995 la titularidad de 3.740 metros de zona verde en primera línea de mar. La empresa Jónico Mediterráneo, S. L. (que los había comprado el 2 de agosto de 1994) los cedió al Consistorio a cambio de transferir su aprovechamiento a un edificio llamado Varadero. La mercantil ha vuelto a venderlos porque el suelo ha figurado desde entonces como dos parcelas diferentes a nombre de esa sociedad en el Registro de la Propiedad.
La parcela nunca fue anotada en un registro de bienes municipales.
La comisión de gobierno del Ayuntamiento aceptó la cesión de los 3.740 metros de zona verde el 22 de marzo de 1995 a cambio de 1.870 metros cuadrados de aprovechamiento para el edificio Varadero.
Este terreno ya fue objeto de denuncias porque se usó como aparcamiento de una discoteca que gestionaban un concejal del PP y un cargo de confianza del actual alcalde popular, Jaime Lloret. Además, el PP votó en contra de que se iniciaran "cuantas acciones legales correspondan para obtener el uso, disfrute y pleno dominio" de dicho suelo público en un pleno del 3 de enero de 2002. Pero los mismos que desde la oposición criticaron ese mismo año el uso privado de la parcela (PSPV-PSOE, Bloc, Esquerra Unida e Iniciativa Independiente), no hicieron nada por resolverlo cuando formaron gobierno tras las elecciones de 2007.
Es más, a pesar de ser un solar de titularidad pública, el propietario volvió a vender las dos parcelas el 9 de noviembre de 2007, es decir, cinco meses después de formarse el cuatripartito. Según el Registro de la Propiedad, Rancallosa, SL compró 1.517 metros y Estudiantes Beach, SL otros 1.378. Ambas sociedades están promoviendo justo al lado la construcción del hotel Elbim. El complejo estuvo paralizado casi diez años por exceso de obra, pero fue legalizado poco antes de las elecciones de 2007 por el anterior alcalde popular, José Miguel Llorca.
En la actualidad, lo que debería ser una zona verde en primera línea de playa está vallada y es usada por las obras del hotel. Su promotor asegura que en el terreno instalará una carpa de uso privado. Juan Pérez Flores, apoderado de Rancallosa, manifestó a este periódico que actuó "de buena fe" comprando la zona verde pública porque "estaba a nombre de una mercantil".
El representante de Jónico Mediterráneo, Joaquín Garmendia, considera que no ha vulnerado la ley "porque el registro de la propiedad nos reconoce la titularidad de la zona verde".
El grupo ecologista Xoriguer denunció en diciembre 2008 posibles irregularidades en la construcción del hotel Elbim y ahora pide que "se investigue cómo es posible que una parcela de 3.740 metros que debería ser de propiedad pública aparezca en manos privadas".
Este periódico ha intentado sin éxito conocer la opinión del concejal de Urbanismo de La Vila, Jerónimo Lloret.
* ELPAIS.com - 25.01.10
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), - diarioinformacion.com
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25.1.10
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Un tribunal juzga a la ex alcaldesa de Cártama por dos delitos urbanísticos
MÁLAGAHOY* : La diputada provincial del Partido Popular y portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Cártama (Málaga), Leonor García Agua, será juzgada mañana martes por dos presuntos delitos contra la ordenación del territorio por los que la Fiscalía le pide dos años de cárcel y otros 16 de inhabilitación.
Los hechos que han originado este procedimiento judicial se remontan a junio de 2003, periodo en el que García Agua era alcaldesa de Cártama. Entonces, de acuerdo con el escrito provisional de acusación emitido por el Ministerio Fiscal, firmó dos decretos de segregación de fincas en suelos de protección especial por formar parte de los regadíos del Guadalhorce.
En el primer decreto expedía licencia municipal a una vecina del municipio para que segregara de una finca cinco parcelas de entre 2.500 y 7.400 metros de superficie cada una. En el segundo autorizaba a la misma vecina a separar otros dos solares, de 5.000 metros cada uno, en esos mismos terrenos. El fiscal indica en el escrito de acusación que la finca está situada en tierras clasificadas como no urbanizables de protección especial compatible con paisaje agrario singular, por lo que tanto las normas subsidiarias que imperaban en 2003 como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que acababa de entrar en vigor entonces prohibían "cualquier parcelación urbanística".
Según la acusación, esta circunstancia "no podía ser ignorada por la acusada". Además, resalta que "prescindió absolutamente del procedimiento legalmente" establecido para la concesión de las licencias", ya que dio luz verde a ambas licencias sin contar con los informes técnicos y jurídicos preceptivos, una circunstancia que se recoge "expresamente en los decretos".
Tanto la ausencia como la necesidad de estos informes técnicos le fue advertida a la ex alcaldesa de Cártama en cada uno de los expedientes por el secretario del Ayuntamiento, de acuerdo con el escrito de acusación provisional. La Fiscalía entiende que estos hechos son constitutivos de dos delitos contra la ordenación del territorio y reclama por cada uno de estos hechos un año de cárcel y otros ocho años de inhabilitación para cargo público. Además, solicita que se determine la nulidad de las dos licencias de parcelación.
El juicio se celebrará mañana a mediodía en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga. El origen de esta causa reside en unas diligencias de investigación que abrió la Fiscalía en 2008 que dieron lugar a la interposición de una denuncia tramitada por el Juzgado de Instrucción número 11.
* Málaga Hoy - 25.01.10
Foto: Cártama (Málaga) - malagapueblos.com
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25.1.10
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Ciudadanos de Villena se alían con Xixona y El Campello contra las basuras de Castelló
LEVANTE* : La Plataforma en defensa del Medio y el Entorno de Villena ha certificado su alianza con homólogos de Xixona y El Campello para el acto público contra la llegada de más basuras que celebrarán el próximo viernes para dar a conocer a la ciudadanía los Las declaraciones del conseller Cotino imponiendo el traslado de residuos de Castelló han echado más leña al movimiento ciudadano y político que ha puesto a Villena en contra de las decisiones de la administración autonómica.
El portavoz de la plataforma villenense, Fernando Úbeda, calificó ayer las manifestaciones de Juan Cotino como de "una irresponsabilidad supina" y "una salida de tono contra la provincia de Alicante", al intentar suplir los errores del Consell con el Plan Integral de Residuos de 1997, que establecía 10 plantas de las cuales, sólo se ha construido la de El Campello. Para Úbeda, Villena, según Úbeda, no "puede ni debe" albergar más basura porque hemos traspasado el límite de la solidaridad con otras poblaciones", en referencia a las toneladas de residuos procedentes de ciudades fuera del zona XII que soporta la planta desde 2005 y que ha ido creciendo año tras año. En la actualidad, dicha infraestructura recibe basuras procedentes del sur de la provincia de Castellón y comarcas valencianas como La Costera, entre otras.
Úbeda señala, además, que la Generalitat "incumple de manera reiterada todos los protocolos urbanísticos y de medio ambiente al consentir que se pueda ampliar la planta de Vaersa sin licencia y sin tener en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Villena. Sobre las reacciones del equipo de gobierno de la ciudad ante esta situación, Úbeda reconoce que no se puede hablar de unidad en sus declaraciones. "Unos dicen que no lo van a permitir, otros callan, hay discrepancia de opiniones y así no se resuelve nada"
Llamamiento
Por último, el portavoz de la plataforma ciudadana quiso hacer un llamamiento a toda la población de Villena para acudir al acto que se celebrará el viernes a las ocho de la tarde en la Casa de la Cultura. Allí, adelantó Úbeda, "haremos público, como hasta ahora, lo que sólo estaba en los despachos, porque parece que el tratamiento de basuras se lleva tan en secreto como la política de interior". Además sus homólogos de Xixona y El Campello, se espera también la asistencia de ciudadanos de la localidad valenciana de Llanera de Ranes, donde la Generalitat tiene previsto construir una gran planta de tratamiento de residuos. "Tenemos que solidarizarnos con las pequeñas poblaciones que sufren o van a sufrir este problema".
Las rotundas manifestaciones de Cotino también encontraron el previsible rechazo del grupo socialista del Ayuntamiento de Villena. Su portavoz, Carlos Beltrán, recordó que ya en septiembre de 2008 se opusieron al convenio firmado por la alcaldesa popular Celia Lledó con el entonces conseller García Antón, que establecía que el Ayuntamiento no se opondría a una posible ampliación de la planta y que "dejaba claro que se podrían traer residuos de otras poblaciones", contemplando para ello una compensación del cinco euros por tonelada. Los socialistas, como ya declaró Beltrán el pasado martes, presentarán al pleno del próximo jueves una propuesta para que se anule el convenio con Vaersa, la empresa que gestiona la planta, en aquellos apartados que le dan "carta blanca para traer basuras de donde quieran". De igual manera, como se anunció la semana pasada, está previsto que Los Verdes hagan lo propio en la misma sesión del jueves.
La alcaldesa de Villena, la popular Celia Lledó, ha evitado pronunciarse en el última semana sobre el aluvión de noticias generadas ante la llegada de más basura procedente de otras provincias, aunque sí lo han hecho miembros de su equipo de gobierno como la concejal de Medio Ambiente Mari Paz Poveda, posicionándose claramente en contra. Pese a todo, y tras las rotundas declaraciones de Cotino, el gabinete de prensa del Ayuntamiento confirmó que la alcaldesa, conocedora ayer mismo de las palabras del conseller, prefería esperar hasta hoy para profundizar en el tema y pronunciarse, presumiblemente, hoy mismo.
* Levante-EMV - 25.01.10
Foto: Residuos que se amontonan en la planta de Villena. cruces-ernes, levante-emv.com
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25.1.10
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La muerte de los principios
ENRIC HERNÀNDEZ* : El debate político-mediático en Cataluña y en el resto de España -ahí apenas opera el fet diferencial- se asemeja cada vez más a un tiovivo viejo y oxidado: los caballitos, desconchados, ruedan siempre en el mismo orden, y la música, aunque ensordecedora, no acalla el chirrido de los engranajes. Transmutados en charlatanes de feria, ciertos políticos vociferan a diario justo aquello que creen que el público quiere oír, y la altisonante propaganda oficial apenas camufla sus incongruencias y contradicciones internas. Pero, comoquiera que el auditorio es diverso y las opiniones plurales, los partidos acaban pregonando una cosa y la contraria, en un cínico ejercicio que fía su éxito en la complicidad gremial del adversario y en la estulticia del populacho.
Es así, con mentiras, medias verdades y discursos hueros diseñados de cara a la galería, como la política deviene una repetición de eslóganes y tópicos, un bucle cansino de exabruptos y reproches, una noria falsaria que de tanto girar sobre sí misma se condena al repudio ciudadano. Por caricaturesco que parezca, los episodios recientes de Vic y Ascó respaldan la fidelidad de esta cruda descripción.
Con pretexto o sin él, cíclicamente algún partido -generalmente de la derecha- activa el resorte psicológico del rechazo a la inmigración... ilegal, aunque la coletilla sea sólo para guardar las formas. A continuación, su rival -que gusta definirse de izquierdas- lo tacha de xenófobo y abandera el discurso de la integración. Al final, el que gana las elecciones acaba poniendo trabas a los inmigrantes cuando la situación económica o las encuestas así lo aconsejan.
En 2002, en vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas, el ascenso en Francia del ultraderechista y xenófobo Jean-Marie Le Pen llevó al Gobierno del PP a acuñar el falaz binomio inmigración/delincuencia, cuando el único maridaje indisoluble es el que une clandestinidad y marginalidad. El PSOE, entonces en la oposición, se llevó las manos a la cabeza; CiU, en su día adalid del papeles para todos, propuso después imponer un carnet por puntos a los inmigrantes; Mariano Rajoy plagió la idea en 2008 con un tuneado "contrato de integración", y José Luis Rodríguez Zapatero, que abominó de esa propuesta, endureció su política migratoria tras constatar que la firmeza del PP había hecho mella entre el electorado socialista. El Gobierno del PSOE abogó entonces por combatir, cómo no, la inmigración ilegal, pero paradójicamente cegó la única (y tortuosa) vía administrativa que permitía regularizar, por ejemplo, a las empleadas del hogar.
El último capítulo de la instrumentalización del extranjero como arma electoral no se ha inspirado en ningún ultra francés, sino en un franquista catalán cuyo auge ha hecho perder los papeles a las autoridades de Vic. El alcalde, de CiU, en connivencia con sus socios del PSC y ERC, amenazó primero con delatar a los sin papeles para lograr su expulsión; luego, con excluirlos del padrón, aun garantizándoles el acceso a la sanidad y la educación, y al fin, cuando hubo de rectificar, reconoció en estas mismas páginas que su verdadero propósito es dejar de prestar servicios a los inmigrantes.
La fallida maniobra de Vic ha servido, en todo caso, para que supiéramos que otros muchos municipios venían entorpeciendo el ingreso de los extranjeros en el padrón. Y también para que el PP y CiU, con mayor o menor sutileza, aboguen por endurecer la ley -la misma, por cierto, que los nacionalistas votaron el mes pasado en el Congreso- con el muy sesudo argumento de que "aquí no caben todos". Por ahora, los socialistas les afean la conducta, pero la experiencia indica que no tardarán en abrazar sus postulados.
A ese afán de contentar a todos por igual responde también el vodevil del cementerio nuclear. El alcalde popular de Yebra (Guadalajara) lo quiere para sí, mientras la dirección del PP se opone pero le deja hacer. El alcalde convergente de Ascó y sus aliados socialistas, también, y mientras CiU se niega en público y lo autoriza en privado, el PSC calla. Es la táctica del catch-all party: para no perder ningún voto se abraza una ideología y la contraria, lo que equivale a prescindir de toda ideología. Muertos y enterrados los principios, lo extraño es que sólo un 30% de los catalanes perciban la política como un problema.
* ELPAIS.com - Cataluña - 24.01.10
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Más de 6.000 personas piden que Ascó no acoja el almacén nuclear
ABC/Tarragona* : En un ambiente festivo, pero a la vez reivindicativo, los manifestantes, con pegatinas que indicaban "No al cementerio nuclear" y pancartas alusivas al mismo tema, han hecho oír su voz con lemas como: "Ascó, Cataluña dice que no" y "Alcalde dimisión". Una furgoneta con un ataúd negro y tres bidones supuestamente con residuos radiactivos, un piragüista con su piragua y una máscara antigás y dos gigantes han puesto la nota de color, mientras la música ha amenizado el recorrido, entre el Casal y la Plaza de la Iglesia de Ascó.
Y si de las calles de Ascó colgaban pancartas 'oficiales' con la leyenda "Sí ATC", el sentir de los vecinos era muy diferente. Así, uno señalaba que "no pueden hacer lo que quieran con los votos.
Habría que colgarlos a todos", otro preguntaba "por qué no ponen empresas, en vez de nucleares", y un tercero afirmaba que "esta comarca ha cumplido de sobras su cuota nuclear. Es una vergüenza".
El ayuntamiento de Ascó tiene previsto aprobar el próximo martes en un pleno extraordinario la presentación de su candidatura para acoger el ATC, instalación a la que ya opta oficialmente la localidad de Yebra (Guadalajara).
Una pancarta con los lemas "No al cementerio. No a las nucleares", que llevaban los convocantes, abría la marcha. Detrás, otra que rezaba "No cementerio nuclear" la portaban, entre otros, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, y el líder de ICV, Joan Herrera.
Para el portavoz de la CACN, Sergi Saladia, la manifestación es una manera de "presionar para que se retire la convocatoria y no se celebre el pleno. Y si la mantienen, el martes nos concentraremos ante el ayuntamiento para mostrar nuestro rechazo y el de 62 consistorios, siete consejos comarcales, un centenar de entidades y el Parlament de Cataluña, y para denunciar que la toma de esta decisión no puede quedar en manos de nueve personas".
Saladia ha añadido que "espera que CDC lleve a la práctica" la suspensión de militancia de sus concejales en Ascó si el martes aprueban presentar la candidatura al ATC, como anunció Felip Puig.
Para Saladia, el ATC tendrá una capacidad de 6.700 toneladas y ha denunciado la "hipocresía" de las eléctricas, que "ganan 600.000 euros al día con una central nuclear" y presionan al Gobierno para que les resuelva el problema de los residuos.
Entre pancartas en las que se leía "No queremos más mierda en la Ribera" o "No todo tiene precio", Saladia ha añadido que "los grupos en el Ayuntamiento de Ascó no llevaban en su programa electoral el ATC, por lo que no están legitimados para ser la voz de un pueblo y, en todo caso, se le tendría que consultar".
El presidente de ERC, Joan Puigcercós, ha dicho "estar convencido de que el Gobierno tendrá que acatar y cumplir" la resolución de marzo pasado de la Cámara catalana, aprobada por CiU, ERC e ICV, en contra de la instalación de un cementerio nuclear en Cataluña.
"Presionaremos para que haya un pronunciamiento claro y nítido por parte del Gobierno catalán. El miércoles en sesión plenaria le haré la pregunta al respecto al presidente Montilla", ha afirmado Puigcercós, para quien "la trascendencia de una instalación de este tipo va más allá de un municipio".
Por su parte, el líder de ICV, Joan Herrera, ha apuntado que "es una decisión del país, no solo de Ascó, y no puede ser que un solo municipio tenga todos los residuos del Estado y menos sin saber hasta cuándo se generan".EFE
* ABC - 24.01.10
Foto: Imagen de la marcha que ha tenido lugar en Ascó para protestar contra la iniciativa de ubicar en esta localidad el nuevo cementerio nuclear - lavanguardia.es
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24.1.10
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Carratraca, cuna de la insurrección urbanística
ELPAÍS/Málaga* : "Qué bien se vive sin jefe ¿eh?". El barrendero municipal de Carratraca, uno de los 12 empleados de este ayuntamiento malagueño de 860 habitantes, lleva dos días aguantando la misma broma de sus vecinos. El viernes, tres días después de que el alcalde, Óscar Román, de IU, presentara su renuncia al cargo y dejara al municipio sin dirección política, el Ayuntamiento funcionaba a medio gas.
Los administrativos recogían solicitudes de los vecinos que quedarán sin contestar hasta que se nombre -si se nombra- nuevo regidor; y Rafael, el empleado de servicios operativos, a falta de alcalde, preguntaba a Antonia, la secretaria municipal, si debía ir a reparar unas tuberías que habían quedado al aire con las últimas lluvias y a qué trabajadores contratar. Mientras tanto, el despacho de Román en la casa consistorial -un edificio neo-árabe antigua residencia de verano de la burguesía malagueña- permanecía a oscuras.
Óscar Román, un guarda forestal de 45 años, casado, y con dos hijas y un nieto, se ha convertido en el protagonista político de la semana al ser el primer alcalde que lleva su rebelión política contra la ley del suelo andaluza al plano de los hechos. El martes pasado, en un pleno abarrotado, dejó el cargo de alcalde porque no quiere ser "el verdugo" que ejecute un centenar de expedientes sobre irregularidades urbanísticas en su municipio. Los infractores son casi todos vecinos de la localidad, y algunos, gente próxima al propio alcalde.
Antes de renunciar al cargo, aunque no al acta de concejal, Román redactó un decreto aceptando la renuncia de su teniente alcalde, Francisco Duque (IU). Con este cese, de las tres instituciones municipales de obligada existencia que contempla la ley -alcalde, teniente alcalde y pleno-, sólo quedaba esta última, con competencias muy limitadas. El próximo miércoles a mediodía, el pleno se reúne para nombrar un nuevo regidor.
Ayer por la tarde, la asamblea local de IU -primera fuerza política en Carratraca con tres concejales- celebró una reunión. En ella debían decidir si se pliegan a las presiones de la dirección provincial y presentan un candidato a alcalde, que se vería obligado por ley a aplicar la disciplina urbanística, o rechazaban el primer sillón municipal. Los dos ediles que tienen respectivamente PP y PSOE están dispuestos a asumir la alcaldía, aunque para ello, las direcciones provinciales de ambos partidos exigen "garantías de gobernabilidad y estabilidad".
La rebelión de Román ha sorprendido sólo a medias a los alcaldes de pequeños pueblos del interior, también acuciados, incluso judicialmente, por expedientes urbanísticos. José Manuel Aranda (PSOE), regidor de Canillas de Aceituno, en la Axarquía, entiende la postura de Román "desde el punto de vista personal". Políticamente, sin embargo, es contrario: "La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía es anterior a las elecciones. Si no quería aplicarla, no debía haberse presentado", afirma Aranda, que no descarta que algún día en otra localidad "dimita no sólo el alcalde, sino toda la corporación".
Por su parte, Antonio Benítez, regidor de Alfarnatejo y también socialista, recuerda que "en los pueblos pequeños, cuando los vecinos tienen problemas, no acuden al Ayuntamiento sino a la casa del alcalde". Al igual que otros regidores, Benítez opina que con la ley urbanística vigente "el interior está pagando los excesos de la costa".
En el despacho sin luz de Óscar Román dos cajas de color naranja se apilan en una esquina. Son los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Carratraca. Su redactor, el arquitecto Salvador Moreno Peralta, critica que la Consejería de Cultura declarara el casco urbano del pueblo -con varios edificios interesantes, como el balneario de aguas sulfurosas- conjunto histórico artístico: "para poder cambiar la puerta de una casa vulgar y corriente, los vecinos tienen que pedir permiso a la comisión de Patrimonio, es tremendo", afirma. El colmo de la "hipocresía", según Moreno Peralta, es que obliguen a rebajar una planta al edificio de las termas y se hayan permitido 32 aerogeneradores en la sierra que domina el pueblo o un parque solar junto al casco histórico.
* ELPAIS.com - 24.01.10
Foto: Carratraca (Málaga) - andaluciarustica.com
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24.1.10
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El juzgado da un último plazo de diez meses al Concello de Caldas para derribar el edificio ilegal de la calle Real
LAVOZ/Pontevedra* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Pontevedra ha vuelto a poner contra las cuerdas al Ayuntamiento de Caldas por el caso del edificio ilegal de la calle Real. Pese a que el Concello se había comprometido a cumplir la sentencia y a derribar «parcialmente» el inmueble ubicado en el número 57, los tiempos que manejan ambas partes parecen ir por caminos distintos.
Una providencia del pasado 23 de noviembre, que trascendió ayer, concede a la Administración local «un último plazo de diez meses» para que ejecute el fallo. El magistrado especifica que el cumplimiento de la sentencia tiene que hacerse «dentro de dicho plazo (dándole prioridad con respecto a otros asuntos) y en su totalidad». También obliga al Ayuntamiento a informar mensualmente al juzgado acerca del estado de la ejecución del fallo, dentro de los cinco primeros días de cada mes.
La resolución, que expresamente se tuvo que notificar al alcalde, el socialista Juan Manuel Rey, advierte al regidor de que el incumplimiento de la obligación de informar cada mes «supondrá la imposición de multas, en la cantidad inicial de 600 euros».
Recurso de súplica
El Concello disponía de un plazo de cinco días para recurrir esta resolución y para hacerlo era obligatoria la constitución de un depósito de 25 euros en la cuenta del juzgado. El partido Independentes de Caldas (ICdR), que hizo público el contenido de la providencia, no precisó si finalmente se interpuso el recurso de súplica.
El caso, que heredó el actual alcalde de su predecesor, José María Tobío, se remonta a hace ocho años. El 19 de febrero del 2002 una sentencia anuló la licencia otorgada por la comisión de gobierno a la empresa Promotora Caldense S.???L. por haber incumplido la normativa del fondo edificable. Según el fallo se permitió un inmueble con un fondo de 21,85 metros por la calle Real y de 32 por la de Porto do Río, cuando las normas subsidiarias municipales prevén para estos viales un fondo de 14 y 24 metros, respectivamente.
El Ayuntamiento pretendía legalizar el inmueble, que está acabado pero sin habitar, con el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que está en tramitación. Según la tesis de los técnicos municipales, el derribo es incompatible con la nueva normativa urbanística pendiente de aprobar, por lo que la única salida, que no prosperó, era solicitar la inejecutabilidad.
* La Voz de Galicia - 24.01.10
Foto: El edificio ilegal está ubicado en el número 57 de la calle Real - lavozdegalicia.es
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24.1.10
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