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LEVANTE* : La ocupación artificial del territorio en la Comunitat Valenciana aumentó un 37% entre los años 2000 y 2005, según los últimos datos comparativos publicados por el programa SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España).Esta cifra pone de relieve la aceleración sufrida por la construcción de edificios, zonas industriales e infraestructuras durante el periodo analizado en el territorio valenciano, un crecimiento que, por otro lado, triplica la media española. Y son datos, además, que se quedan a la puerta del considerado "boom" urbanístico, que se desarrolló entre los años 2005 y 2007.
De la radiografía realizada por el SIOSE en relación con la Comunitat Valenciana cabe señalar que la mayoría de las modificaciones sobre el territorio -en total 160.197 hectáreas (ha)- se producen para crear suelo urbano (85.669 ha), seguido del destinado a infraestructuras (19.748 ha) -especialmente con la red de carreteras-, equipamientos dotacionales (9.104 ha) -sobre todo las superficies dedicadas a zonas deportivas y educativas- e industriales (23.085 ha).
En cuanto al suelo urbano, lo más destacable es que en 2005, la superficie destinada a las urbanizaciones dispersas -que se incrementó un 28,3% respecto al año 2000- es más del doble de la meramente urbana (cascos históricos y ensanches), 54.582 ha frente a 31.086.
Hay que tener en cuenta que al incremento de superficie ocupada del último lustro estudiado (2000-2005) hay que sumar el que ya se registró en el anterior periodo analizado (1987-2000), que también supuso uno de los mayores aumentos de toda España -el 52%-. Sumando estos últimos dieciocho años, la superficie artificial se ha duplicado en la Comunitat Valenciana, pasando de las 76.652 ha a 160.197.
Cultivos
El informe SIOSE también determina que la superficie destinada a cultivos en la Comunitat Valenciana en 2005 era de 697.091 hectáreas, la mayoría dedicada a los cítricos (200.424 ha) y otros frutales (169.366). En cuanto al arbolado forestal (379.576 ha), el mayor porcentaje del terreno está cubierto por coníferas (329.866 ha). Del resto del territorio cabe destacar las superficies ocupadas por pastizal (649.481 ha) y matorral (358.834 ha). Tan solo un 1,41% del terreno de la Comunitat Valenciana es "superficie desnuda".
Respecto a las "coberturas de agua", en total suponen 11.503 hectáreas, contando ríos, embalses y lagos, mientras que de "coberturas húmedas" (marinas, salinas, zonas pantanosas...) se han contabilizado 6.112 hectáreas.
Análisis
Para la organización Ecologistas en Acción, el informe desvela unos "datos de ocupación del territorio escalofriantes". Según señalan, "aunque el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007 ha paralizado muchos proyectos urbanísticos y ahora se presentan muy pocos nuevos, todavía están en tramitación más de un centenar de PAIs en las comisiones territoriales de urbanismo, algunos de ellos paralizados en los tribunales".
Ecologistas en Acción entiende que los planes que aún continúan en tramitación "promueven todavía desarrollos urbanísticos desmedidos e insostenibles", añadiendo que en los últimos veinte años se ha transformado más territorio que en los últimos dos mil años de historia.
* Levante-EMV - 6.01.10
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)
C. Valenciana: Las urbanizaciones ya ocupan el doble de superficie que los cascos urbanos
Patio Maravillas: Desalojo y 'reokupación'
ELPAÍS/Madrid* : El Patio de Maravillas se mudó ayer unos metros más allá. La Policía Nacional cumplió por la mañana la orden del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid y desalojó este centro social okupado desde hace más de dos años y situado en un inmueble deshabitado de la calle del Acuerdo. Por la noche, tras una jornada de gritos y proclamas contra el desalojo, unas 1.000 personas avanzaron desde la plaza del Dos de Mayo hasta el número 21 de la calle del Pez. Allí se quedaron y allí prometen levantar otro centro social de las mismas características.
El Patio de Maravillas es un centro social okupado de "segunda generación", según la terminología utilizada por algunos usuarios del edificio. Es decir, el lugar mantiene los símbolos y los objetivos del movimiento okupa, nacido en los años ochenta para denunciar las dificultades del acceso a la vivienda, pero ha evolucionado a algo mucho más complejo. Se ha convertido en una asesoría laboral, un espacio para niños, una sala de ensayos, un cine, un coro, un taller de idiomas y otro de cuentos, un comedor, una cafetería y un laboratorio de nuevas tecnologías.
El lugar donde todo esto tenía cabida, un edificio de la calle del Acuerdo 8 (barrio de Universidad, distrito Centro) en el casco histórico de la capital, fue desalojado por la policía a las nueve de la mañana. No tuvieron que forzar la puerta. Agentes vestidos de paisano aprovecharon que uno de los ocupantes accedía al edificio para entrar en él.
Para entonces todos los accesos a la calle del Acuerdo estaban cortados por un cordón policial en el que intervinieron más de 30 policías antidisturbios, según cálculos de este periódico. Un vecino de la calle de la Palma puso La Marsellesa a todo volumen para acompañar la escena.
El resto de los habitantes del barrio que quería acceder a la calle tuvo que explicar a los agentes sus intenciones; si querían llevar el perro al veterinario, si iban a comprar pan o si tan sólo trataban de entrar en sus casas. Al margen de esas molestias, la jornada transcurrió sin incidentes. En una hora, las cuatro personas que dormían en el edificio estaban fuera de él. "Anoche dormimos unas 15 personas aquí, pensábamos que el desalojo iba a ser a las seis de la mañana, pero han aprovechado cuando todos se han ido a currar para entrar", explicó Elena de 27 años y participante del Patio desde su fundación hace ya dos años y medio, informa Pablo León.El desalojo era algo esperado por los asiduos al centro, así que a la primera señal todos se pusieron en contacto a través de redes sociales en Internet y mensajes de móvil para censurar con sus lemas y cánticos la actuación de la policía. Un centenar de personas gritó durante horas aquello de "Un desalojo, otra okupación", subrayando así las palabras de Antonio García, uno de los portavoces del Patio, que en una improvisada rueda de prensa afirmó: "Si no puede ser en este edificio, será en otro. Seguiremos buscando otros espacios y el que quiera entender que entienda, seguiremos tomando lo que consideramos que es de toda la ciudadanía".
Y eso es lo que hicieron, tomar un nuevo edificio, esta vez en la calle del Pez. Unas mil personas se dirigieron hasta allí sobre las ocho de la tarde para okupar otro. Se trata del número 21, un inmueble de cinco plantas deshabitado desde hace años. Sobre la fachada hay un cartel de la empresa Procasa en el que se lee "Obras de rehabilitación del edificio solicitadas el 14 de abril de 2007". También tiene patio, pero éste es mucho más estrecho que el que servía para organizar muchas de las actividades en el antiguo Patio de las Maravillas. "Lleva años vacío", señaló ayer un antiguo habitante de uno de los pisos del edificio. "Yo me crié ahí. Creo recordar que muchos de los que vivían allí eran inquilinos de renta baja. Cuando los propietarios vendieron, la gente tuvo que irse".
Los lemas de apoyo y los gritos para festejar el nuevo espacio siguieron durante horas para mantener el mismo espíritu que se había vivido en la calle del Acuerdo por la mañana.
Hasta el Patio Maravillas se habían acercado el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Ignacio Murgui, y la presidenta de la Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad (ACIBU), Isabel Rodríguez. Murgui mostró su preocupación por el previsible abandono del edificio: "Se quedará criando telarañas y se seguirá especulando con él". "Para los vecinos significaba dotar al barrio, que tiene el centro cultural más pequeño de todo Madrid, de todas las carencias que tiene", declaró por su parte Rodríguez, que aseguró que las quejas de vecinos contra el centro okupado "eran minoritarias".
Rodríguez se refería a la Asociación de Vecinos Afectados por el Patio Maravillas, cuyos miembros no llegaban a la decena el pasado noviembre. Esta asociación ha denunciado en su página web un empeoramiento en la calidad del vida del barrio desde la apertura del Patio.
Este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con Leopoldo Arnaiz, propietario del inmueble y presidente de la promotora inmobiliaria Grupo 2 Reunidos. Fue él quien hace dos años y medio denunció la ocupación del edificio. Arnaiz criticó a los okupas por "una acción a la que la sociedad y los tribunales de justicia deberían poner veto de inmediato, evitando el abuso y la actividad delictiva de estos agitadores sociales". Arnaiz también se las ha visto últimamente con los jueces. El pasado mes de julio tuvo que sentarse en el banquillo por supuestas irregularidades en la modificación parcial del plan urbanístico de Boadilla del Monte, del que fue responsable. También está procesado por tráfico de influencias, negociación prohibida y uso de información privilegiada en el municipio de Alcorcón. Ambas causas siguen abiertas.
Fuentes del área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento explicaron ayer que habían ofrecido a los okupas la posibilidad de trasladarse a una de las parcelas que ahora mismo no tienen uso en la ciudad. "Pero ellos quieren un local y el Ayuntamiento no tiene ninguno", afirmaron las mismas fuentes.
Las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento para conservar el Patio Maravillas no fueron muy útiles, según Antonio García, portavoz de los ocupantes. Explicó que el Consistorio ha tenido una "receptividad muy moderada" en las tres o cuatro reuniones que han mantenido. "No se han mojado lo suficiente", señaló.
Cumplida la promesa de llevar el Patio Maravillas a otro lugar, sólo queda saber si los propietarios denunciarán la acción y si el centro podrá seguir albergando los mismos espectáculos y actividades. En cualquier caso, ya hay nuevos vecinos en la calle del Pez.
* ELPAIS.com - 6.01.10
Foto: Madrid, protesta desalojo Patio Maravillas - 20minutos.es
Uralde sufre "condiciones duras y desproporcionadas" en prisión
PÚBLICO* : El director de Greenpeace España, Juanjo López de Uralde, se queja de estar recibiendo un “trato humillante” en la cárcel danesa en la que se encuentra desde el pasado 17 de diciembre tras irrumpir en una cena de gala organizada por la reina Margarita II de Dinamarca, según ha explicado a Público su hermana Esperanza López de Uralde.
El ecologista está “muy enfadado”, especialmente desde ayer, cuando se le trasladó a la zona de presos comunes junto a los otros tres activistas de Greenpeace detenidos.“Humanamente les están machacando”, lamenta su hermana.
López de Uralde, que lleva 19 días en prisión preventiva y régimen de aislamiento, recibió esta mañana una visita de su mujer y su hermano en la que también estaban presentes el cónsul de España, un traductor y un policía danés. Cada vez que hablaban de su proceso judicial, los funcionarios interrumpían la conversación, explica su hermana.
Uralde ha relatado que cuando llegó a prisión, los cuatro activistas de Greenpeace fueron encerrados junto con otros 60 detenidos, durante un día entero, en una estancia con colchonetas en el suelo y una cámara de seguridad en el techo. Hasta ayer, cuando les mezclaron con presos comunes, los activistas han permanecido en un régimen especial de aislamiento, sin acceso a mensajes ni contacto con el exterior.
El director de campañas de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha criticado las medidas "desproporcionadas" que según él "se están llevando a cabo con ellos", ya que consideran que "son un castigo a la sociedad civil que lucha por un mundo mejor".
Separación de presos comunes
Según un comunicado enviado por Greenpeace tras la visita, el Ministerio de Asuntos Exteriores español, a través de la Embajada, ha pedido su inmediata separación de presos comunes y la vuelta a la situación en la que se encontraban.
Según la nota, López de Uralde se encuentra más delgado de lo habitual, aunque está tranquilo. Ha relatado a sus familiares que, a su llegada a la prisión de Vestre Faengsel de Copenhague, pasó 24 horas en una estancia con tan solo una colchoneta en el suelo y una cámara de seguridad en el techo.
* Público - 5.01.10
Foto: Uralde cumple ya 19 días en prisión. - publico.es
La policía desaloja el Patio Maravillas
PÚBLICO/Madrid* : En torno a las 9.00 de la mañana un grupo de agentes de la Policía ha procedido al desalojo del centro social autogestionado Patio de Maravillas de Madrid, situado en la céntrica calle Acuerdo número 8. Según representantes del centro, "la policía ha aprovechado una hora en la que la gente está fuera trabajando", de modo que cuando los agentes iniciaron el desalojo sólo había "tres personas" dentro.
Según fuentes de agencia, un grupo de activistas habría intentado hacer frente a la actuación de las fuerzas de seguridad, aunque desde Patio de Maravillas se recalca que la resistencia es siempre "activa, pero pacífica, no violenta". Cientos de personas, "unos 200", se han concentrado en el exterior del edificio para "dar apoyo al no desalojo del Patio". "No nos gusta nada que nos saquen de nuestra casa", protestan los miembros del centro.
Los activistas se han reunido con la policía para tratar de sacar "los objetos de valor" que aún se encuentran dentro del edificio desalojado, según confirman fuentes del Patio de Maravillas. Un desalojo que habría durado unos minutos de modo pacífico, en contraste con el fuerte dispositivo policial que se despliega a los alrededores del edificio madrileño.
Testigos del desalojo han confirmado que cerca de una decena de furgonetas de la policía antidisturbios se han desplazado al lugar para impedir ningún tipo de incidentes. La policía ha situado el límite del dispositivo a dos manzanas de la localización del Patio y sólo permite el acceso a quienes presentan el DNI para acceder a sus viviendas, aunque muchos vecinos se quejan de que no les han dejado acceso.
Fuentes cercanas a la organización del Patio de Maravillas han asegurado que, tras el desalojo, se piensa en buscar un nuevo emplazamiento porque "la idea del Patio sigue viva". De momento, "aún no se ha decidido nada" hasta que se reuna la asamblea del Patio, que será la que tenga que decidir qué ocurre con el proyecto puesto en marcha hace más de dos años.
"Concentración a las 20h. Pásalo"
La reacción al desalojo del Patio de Maravillas ha sido inmediata a través de las redes sociales por las que se mueve el Patio de Maravillas, ya que se ha convocado una concentración "en repulsa por el desalojo" en la Plaza del Dos de Mayo, situada en el barrio madrileño de Malasaña, para las 20.00 horas del martes.
La red Twitter ha servido, a través del sitio de Patio de Maravillas en esta red social, para convocar esta concentración popular a través de una palabra que ya es un clásico en este tipo de manifestaciones, "pásalo". También a través de la página web Defiéndelo Patio de Maravillas, se han hecho eco de una concentración en la calle San Bernardo en contra del desalojo del centro social.
Conversaciones "abiertas" con el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Madrid aseguró hoy que mantiene "abiertas" las conversaciones con el colectivo Patio Maravillas, al que ofrecen varias parcelas donde podrían instalar sus actividades.
Según informó un portavoz municipal, el área de Urbanismo y Vivienda se ha reunido ya con representantes del colectivo, al que han ofrecido la posibilidad de trasladarse a alguna de las parcelas municipales que actualmente no tienen uso en la ciudad.
Sin embargo, "ellos quieren un local, pero el Ayuntamiento no tiene ninguno: Urbanismo puede tener alguna parcela, pero no inmuebles", explicaron las mismas fuentes, que aseguraron que, "en cualquier caso, las conversaciones siguen abiertas y seguirán adelante".
Con respecto al desalojo del edificio, el portavoz municipal eludió comentarlo ya que "es un asunto entre dos entidades privadas en las que el Ayuntamiento no tiene nada que decir".
Un centro sin ánimo de lucro
El Patio de Maravillas es un "centro social autogestionado" desde hace dos años y medio situado en el centro de Madrid, en el que se imparten cursos y clases para extranjeros, se organizan reuniones con entidades vecinales y sociales, charlas, proyecciones, talleres, conciertos e incluso se otorga asesoría jurídica a personas que no pueden costeársela. El Patio cuenta con una cafetería gestionada por todos los integrantes del centro y cuyos beneficios se usan para sufragar las actividades que en él se desarrollan.
El 12 de noviembre el juzgado notificó al Patio Maravillas que volvía a estar activa la orden de desalojo que ya pesaba sobre el edificio de la calle Acuerdo 8 y que fue bloqueada en febrero por la Audiencia Provincial de Madrid.
Tras recibirla, los okupas se organizaron hace meses para dormir en el edificio. Asimismo, planificaron "diferentes niveles de residencia activa no violenta" para el momento del desalojo. Así, construyeron un 'bunker' situado en una habitación sellada en la que advertían hace tiempo que se encerrarían por dentro varias personas y se encadenarían cuando llegue la Policía.
* Público - 5.01.10
Foto: La policía custodia los objetos sacados durante el desalojo del Patio de Maravillas, en Madrid. - Twitpic, publico.es
Muñoz y Del Nido crearon una sociedad para ´saquear Marbella´
LAOPINIÓN/Málaga* : El titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella ha dado por concluida la instrucción del ´caso Minutas´ sobre las presuntas irregularidades en los encargos hechos al abogado y presidente del Sevilla FC José María del Nido por parte del Ayuntamiento marbellí. Así, el juez ha remitido el sumario a la Audiencia Provincial de Málaga.
Según adelantó ayer Canal Sur Radio, en el auto de conclusión de la instrucción se especifica que Del Nido, junto con el ex alcalde marbellí Julián Muñoz "formó una organización criminal para saquear las arcas municipales".
Para Muñoz, pide 16 años y seis meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude, malversación continuada y delitos societarios, entre otros. Para José María del Nido, por su parte, solicita 14 años por asociación ilícita, malversación, falsedad documental, etcétera.
Precisamente, el pasado mes de julio el titular del citado juzgado ordenó la apertura del juicio oral contra Muñoz, Del Nido y otras 15 personas por este caso. A través de aquel auto, el juez que ha instruido la causa declaró a la Audiencia Provincial como órgano competente para el conocimiento y enjuiciamiento, en virtud de las penas solicitadas; y, además, requirió a los acusados para que en un plazo de 30 días prestaran fianza para asegurar las responsabilidades, tanto pecuniarias como civiles.
Asimismo, mediante aquella resolución, se citó a los acusados para notificarles personalmente el auto. El juez no acordó la apertura de juicio oral contra el ex edil Francisco Javier Lendínez, sobre el que existen órdenes de detención y personación, puesto que se encuentra en ignorado paradero.
Escritos de acusación. Este auto se dictó después de haber formulado escritos de acusación tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento de Marbella, personado como acusación particular en el asunto.
El instructor acordó a principios del pasado mes de junio seguir la causa, pasando de diligencias previas a procedimiento abreviado, iniciada a raíz de la querella interpuesta en 2006 por la Fiscalía Anticorrupción tras analizar varios informes de fiscalización del Consistorio de Marbella realizados por el Tribunal de Cuentas.
El fiscal pidió inicialmente para Muñoz 14 años de prisión y 48 de inhabilitación, tanto absoluta como para empleo o cargo público; aunque el juez le indicó, en otra resolución, que no se concretaba la pena por los delitos societarios, por lo que la petición de pena de cárcel sería superior.
El origen de este proceso, informa Efe, es una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 en la que consta que el abogado José María Del Nido, facturó directamente entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros procedentes del Consistorio marbellí y 1,6 millones de las sociedades municipales.
* La Opinión Málaga - 5.01.10
Foto: Marbella - agenda21malaga.org
La Federación de Asociaciones de Vecinos muestra su alegría por la decisión de Cultura sobre El Cabanyal
EUROPAPRESS/Valencia* : La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia mostró hoy su "alegría" por la orden del Ministerio de Cultura que declara "acto de expolio" del patrimonio histórico las actuaciones derivadas del 'Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal-Canyameral (Pepri)' y obliga a suspender su ejecución, ya que consideró que esta actuación es una "aberración y un atentado contra el patrimonio histórico". Por ello, apostó por la "rehabilitación y revitalización" de la zona.
Así lo expresó en declaraciones a Europa Press el vicepresidente de esta entidad, Antoni Pla, respecto a la Orden emitida por el Ministerio de Cultura, en cumplimiento de la decisión del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2009, donde declara como "acto de expolio" del patrimonio histórico las actuaciones derivadas del 'Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal-Canyameral (PEPRI)' que se han llevado a cabo y se proyectan realizar en el barrio de El Cabanyal-Canyameral de Valencia.
Asimismo, la Orden declara la obligación de los titulares de los bienes que integran el conjunto de suspender la ejecución del Plan hasta que no se "adapte y garantice" sus "valores histórico-artísticos".
Antoni Pla celebró la Orden ministerial y confió en que ayude a "abrir los ojos" de "aquellos empeñados en poner las máquinas con no sé que fines" en este barrio valenciano y apeló a "no dar muerte" a El Cabanyal con su "paralización y abandono". En esta línea, apostó por la "rehabilitación y revitalización" de este distrito valenciano.
* Europa Press - 4.01.10
Foto: Valencia, vista del Cabanyal - levante-emv.com
El cabecilla de la trama admitió dar en mano los sobornos al ex alcalde de Llíber
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LEVANTE/Alicante* : Mientras que el constructor Miguel Muntaner, presunto cabecilla de la trama urbanística de Llíber, admitió ante la juez de Dénia que instruye el caso que pagaba sobornos al ex alcalde, José Mas Avellá, del PP, para obtener licencias para construir chalés ilegales, el ex primer edil, quien está encarcelado desde el pasado 16 de diciembre, lo negó todo.
Cuando la juez, según ha podido saber este diario, le preguntó por las comisiones, Mas Avellá replicó que no eran tales, sino tasas por las licencias. No obstante, admitió que las recibía directamente del citado constructor, quien hace días salió de prisión tras abonar una fianza de 100.000 euros.
El ex alcalde aseguró que ese dinero terminaba en las arcas municipales. Sin embargo, aparentemente, la contabilidad municipal no recoge esos ingresos. Es muy probable que la juez tenga que pedir una auditoria contable del ayuntamiento para aclarar dónde terminó el dinero.
Con todo, en el sumario de este caso, en el que hay una veintena de imputados por la estafa de construir en suelo no urbanizable 300 casas ilegales y después venderlas, se intuye la sospecha de que el ex primer edil pudo beneficiarse de sobornos. De hecho, la Guardia Civil investigó cómo Mas Avellá, quien ahora tiene 69 años y a quien no se le conocen ingresos, amasó en su último mandato un llamativo patrimonio.
En esos años construyó dos casas para sus hijos y se reformó la suya propia que está enfrente del ayuntamiento. Además, empezó a pasearse por el pueblo con un automóvil Mercedes que, sin ser de último modelo, sí que llamaba la atención de sus vecinos. El constructor Miguel Muntaner declaró ante la juez que él le regaló el coche. Sin embargo, el ex alcalde sólo reconoció que Muntaner lo puso en contacto con el vendedor en Alemania y él pagó el coche de su bolsillo y en efectivo.
Tanto Mas Avellá como el que fue su aparejador municipal, Amador Signes Arabí, para ambos la juez decretó prisión sin fianza, alegaron que al autorizar las viviendas en suelo no urbanizable aplicaban una normativa urbanística exclusiva de Llíber. Apelaron a una ordenanza municipal que, aunque contraria a la Ley del Suelo, permitía dar licencias para edificar chalés en suelo rústico en parcelas de 5.000 m2 (la superficie mínima legal son 10.000 m2). El resto de la declaración de ambos consistió en negar su implicación en la trama, aunque la investigación sí considera probada su connivencia con promotores, empresarios e intermediarios imputados en la estafa de vender 300 casas que ahora son ilegales y tienen luz y agua en precario.
El técnico municipal, además de informar favorablemente las licencias, efectuaba luego los proyectos privados de los chalés, que aunque de nueva planta se disfrazaban como restauración de ruina o construcción de almacén agrícola con parte habitable. Con esos permisos de obra menor se eludía la intervención de un arquitecto superior. El aparejador municipal redactaba unos proyectos que cobraba como honorarios privados.
Pese a que ocultar 300 chalés ilegales parece imposible, la investigación de la trama de Llíber se inició casi por casualidad. Un propietario denunció a un constructor inglés, que, según sus clientes, está en la actualidad en paradero desconocido, porque su chalé estaba sin terminar. A ese constructor se le tomó declaración en Valencia y reveló que su socio era Miguel Muntaner, a quien ya señaló como muñidor de la estafa urbanística. A partir de ahí, la Guardia Civil empezó a tirar del hilo de una trama por la que, entre otros, están imputados todos los ediles de la corporación de Llíber de 1999 a 2003, cuando era alcalde Mas Avellá y se dieron la licencias fraudulentas.
Presentan un recurso para salir de la cárcel
Mientras que el promotor Miguel Muntaner ya ha abandonado la cárcel, tras depositar una fianza de 100.000 euros, el ex alcalde y su aparejador municipal continúan en prisión. La juez decretó para ellos prisión provisional sin fianza al considerar que existía riesgo de fuga. Los abogados de ambos han presentado un recurso ante la Audiencia Provincial en el que piden que se les deje en libertad, ya que son personas mayores y con gran arraigo en la comarca. Discrepan, por tanto, de que exista peligro de fuga.
En la trama hay una veintena de imputados por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho y estafa. También está imputado un notario de Xàbia por una presunta falsedad documental. Al parecer una propietaria de terrenos rústicos en Llíber negó ante la Guardia Civil que ella hubiera otorgado poderes al constructor Miguel Muntaner para que vendiera sus terrenos. Esos poderes, por tanto, eran falsos, aunque sí que tenían el visto bueno del citado notario.
También están imputados constructores ingleses y alemanes, así como un asesor y un abogado de Dénia. La juez instructora tiene mucho trabajo hasta desentrañar la responsabilidad, si la tuvieron, de todos ellos en el escándalo urbanístico.
* Levante-EMV - 5.01.10
Foto: Llíber (Alicante) - enciclopedia.cat
Castilla y León mantiene plagios en otro informe que avala una estación de esquí
ELPAÍS* : El informe de la Junta de Castilla y León para permitir la estación de esquí de San Glorio, en una zona protegida entre León y Palencia, mantiene plagios de Internet que tenía el informe previo, retirado en mayo, cuando EL PAÍS desveló el copia y pega. Sin embargo, el informe de sostenibilidad ambiental de las directrices de ordenación de la montaña cantábrica mantiene algunos de los plagios, a veces de informes de otras provincias sin relación.
Las Directrices de Ordenación de la Montaña Cantábrica Central ordenan el urbanismo en 50 pueblos de la cordillera en León y Palencia y sirven para dar amparo a la estación de esquí de San Glorio, prevista en un espacio protegido. El primer intento de la Junta de aprobar la estación lo anuló un tribunal por defecto de forma y el segundo lo frenó la comunidad en mayo, cuando EL PAÍS desveló que el informe para avalarla, que costó 165.420 euros, estaba fusilado de webs como El rincón del vago.
Pero este nuevo planeamiento mantiene párrafos copiados de páginas como árbolesornamentales.es. De cantabrijoven obtiene la descripción de la fauna en la zona, pese a que la web no se refiere a la comunidad de Castilla y León, o frases textuales de una guía chilena de conservación del paisaje. Esta vez, el informe incluye una página de bibliografía, aunque sin explicar de dónde ha sacado cada cosa y sin citar estas webs. Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la versión de la Consejería de Medio Ambiente.
Las nuevas directrices no mencionan directamente el proyecto de estación de esquí de San Glorio, pero señala que "se incluirá el esquí alpino como actividad autorizable en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Montaña Palentina", un parque natural que alberga una de las dos poblaciones de oso pardo cantábrico. Juan Carlos Atienza, de la organización ecologista SEO-Birdlife, consideró "realmente vergonzoso" que no se haya desechado por completo el informe previo. Y añadió: "Seguimos pensando que todo esto sólo sirve para justificar un proyecto que no tiene ningún futuro, como la estación de esquí de San Glorio".
* ELPAIS.com - 5.01.10
Foto: San Glorio 2007 - ecologistasenaccion.org
El Ministerio de Cultura ve expolio en el plan del Cabanyal y ordena pararlo
LEVANTE/Valencia* : Con una de las pocas competencias que no ha transferido a las comunidades autónomas, la de determinar si existe expolio en actuaciones sobre bienes declarados patrimonio histórico, el Ministerio de Cultura ordenó ayer la paralización de los trabajos del plan urbanístico municipal en el barrio del Cabanyal y la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el paseo marítimo a través del antiguo barrio de pescadores.
En poco más de seis meses de análisis y estudios, y por petición expresa del Tribunal Supremo en una sentencia del 25 de mayo pasado, Cultura ha resuelto emitir "una Orden donde declara como acto de expolio del patrimonio histórico" las actuaciones derivadas del plan urbanístico para Cabanyal-Canyamelar "que se han llevado a cabo y se proyectan realizar en el conjunto histórico del barrio, que está declarado Bien de Interés Cultural.
Según la información facilitada ayer tarde por el Ministerio de Cultura, éste tiene la competencia exclusiva en la defensa del patrimonio histórico español contra la expoliación y en aplicación de esa prerrogativa ordena "la suspensión inmediata de la ejecución del Plan hasta que no se adapte y garantice los valores histórico-artísticos del barrio".
Para la emisión de la orden de suspensión del plan, el Ministerio se ha apoyado en informes técnicos entre los que destaca los presentados por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, la Real Academia de la Historia y el Museo Nacional de Cerámica "González Martí" de Valencia, algunos de los cuáles ya habían emitido dictámenes contrarios al plan en momentos anteriores del largo proceso judicial del plan. Entre estos informes de rechazo estuvo también, según subraya el Ministerio, el de la Inspección de Patrimonio Histórico de la Dirección Territorial de Cultura de la Generalitat, que ya con gobierno del PP, el mismo partido que impulsa el plan en el ayuntamiento, expresó su posición contraria en el año 2000.
La orden de suspensión emitida por Cultura ayer, lejos de poner fin al pleito, lo alargará. La disposición del ministerio puede ser recurrida ante la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Previsiblemente, el Ayuntamiento de Valencia que preside Rita Barberá tomará este camino, ya que ni siquiera consideraba que lo que pudiera determinar el ministerio fuese vinculante.
En las organizaciones que se oponen al plan y a la prolongación de Blasco Ibáñez se confiaba en la orden de suspensión del ministerio. De hecho, Salvem el Cabanyal había decidido ya en asamblea reconvertirse en asociación de afectados para obtener la mejor valoración de sus propiedades ante los derribos hasta que el Supremo, en mayo de 2009, emplazó al Ministerio a pronunciarse sobre si había expolio. Esa sentencia dio renovados bríos a la coordinadora, que ahora tiene más motivos para la esperanza.
En cuanto a la marcha del plan, el ayuntamiento tenía previsto completar entre enero y febrero los derribos de fincas para completar el bulevar de San Pedro, perpendicular a Blasco Ibáñez y primera actuación global al margen de las demoliciones aisladas.
* Levante-EMV - 5.01.10
Foto: Valencia, el Cabanyal - levante-emv.com
Orpesa debe mantener los 3 millones de m2 de las nuevas urbanizaciones
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LEVANTE/Castelló* : El Ayuntamiento de Orpesa debe afrontar en los próximos meses la prestación de los servicios básicos que requieren el mantenimiento de los 3 millones de metros cuadrados de 5 urbanizaciones, la misma superficie que gestiona actualmente, habitadas por casi 20.000 vecinos. Personas a las que habrá que facilitar los servicios por los que pagan ya tasas e impuestos municipales.
Sectores como el de La Colomera, Torre Bellver II, Les Quarts, Amplàries, la Renegà o Tossal Natural requerirán un esfuerzo inversor del consistorio para atender las demandas vecinales. Servicios e infraestructuras básicas (agua, luz, seguridad) que vecinos dels Quarts ya han demandado, vía Registro municipal, al alcalde Rafael Albert, tras un lustro de espera a que concluya la urbanización proyectada. Será el consistorio quien retome las obras tras presupuestar las carencias y desperfectos en viales, red de saneamiento y jardines en varios millones de euros..
La situación de crisis económica que agrava los problemas de las constructoras no hará sino acelerar el proceso de transferencia de las urbanizaciones al consistorio que deberá afrontar las cargas de mantenimiento que ello conlleva. Con la recepción de las nuevas áreas urbanas, asume el mantenimiento de los miles de metros cuadrados de superficies verdes o ajardinadas, de los miles de metros de viales y las farolas del alumbrado público que mantener.
La seguridad ciudadana y la correcta prestación (hay quejas) de los servicios de recogida de basuras o de abastecimiento de agua y saneamiento pasan a formar parte de las obligaciones de un consistorio que cerró el ejercicio 2009 con números azules, como recalcó Albert, quien afirmó que la deuda municipal era menor que la de la hipoteca de un piso.
El panorama, como recuerda el portavoz del Bloc, Josep Lluís Romero, puede cubrirse de nubarrones, pues a poco que el consistorio asuma todo lo urbanizado durante el "boom" de la construcción, el superávit se reducirá. Y es que "en poco tiempo tendremos que la mitad del suelo urbano que atiende el consistorio".
Romero apunta que "son muchas calles que barrer, alumbrar, cuidar sus zonas verdes, patrullar...". Algo, añade, de lo que "llevamos años alertando al PP que parece no tomarlo en cuenta instalados en su prepotencia".
* Levante-EMV - 4.01.10
Foto: El ayuntamiento ya ha tenido que actuar para acabar la urbanización dels Quarts. - vicent gamir, levante-emv.com
2.000 familias con la casa en el aire
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ELPAÍS/Murcia* : "Estábamos en plena burbuja, esto era jauja. En el banco, pedías 20 millones de pesetas para la casa y te daban 30 para que te compraras un coche. La casa era un caramelo, el precio era el de un escupitajo. Había que ser tonto para no meterse". Es la historia de Paco López Ibarra, un hombre de 34 años, y de 2.000 familias más. Algunos son murcianos, otros de comunidades vecinas. Incluso hay afectados en Irlanda, Gran Bretaña y Noruega.
La promotora Trampolín Hills ha quebrado y el dinero que estas familias entregaron para sus casas se ha esfumado. Entre 50 y 80 millones de euros, según los afectados. Y donde Paco debía tener un chalé de 125 metros cuadrados con parcela lo que ve es "un camino de tierra, varias palmeras secas, maquinaria vieja y una oficina de ventas abandonada".
De los anticipos a cuenta -cantidades entre 30.000 y 60.000 euros- que entregaron al empresario murciano Antonio Martínez, alias El Melonero, para tener una casa en el residencial Trampolín Hills no tienen noticia. El promotor, un hombre que pasó de vender fruta en un puesto a ser empresario de la construcción a finales de los años noventa, le echa la culpa al alcalde de Campos de Río (2.000 habitantes), Miguel Navarro Romero, del PSOE, y suele declarar: "Lo único que yo quiero es que me dejen construir". Sin embargo, su empresa lleva desde noviembre en concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos- y lo que iba a ser una macrourbanización es un solar abandonado a las afueras de la población murciana. Este diario ha intentado, sin éxito, conocer la versión del promotor.
La Fiscalía Anticorrupción investiga al empresario y se ha interesado en conocer qué relaciones tenía con el ayuntamiento. Antonio Martínez no está desaparecido. Sigue en la región, aunque sus apariciones públicas ya no son tan habituales como antes. En la última, hace año y medio, afirmó: "Nos han cogido en medio de una pelea entre el PP y el PSOE y lo está pagando un proyecto que ya tiene aprobación inicial, un convenio urbanístico firmado y que técnicamente no tiene tacha".
En mayo de 2008, las obras acumulaban ya un retraso de dos años porque el ayuntamiento no sacaba adelante el plan parcial. A principios de ese año se había producido la última votación para aprobar definitivamente el plan -iniciado por el PP en la anterior legislatura-; pero entonces se supo algo más: el alcalde, que había trabajado como corredor de fincas, no pudo votar tras admitir que había tenido relaciones comerciales con Trampolín Hills. Otro concejal socialista en la misma situación se abstuvo también, y sin esos dos votos decisivos el proyecto quedó paralizado.
El PP denunció que Navarro había participado "en algunas compraventas de las parcelas" sobre las que posteriormente se iba a edificar. El alcalde no ha querido dar su versión a este periódico.
La empresa constructora además tiene sobre la mesa un auto de un juzgado de Mula que dice que "la promoción se puso en marcha sobre terrenos rústicos que no cuentan con licencia" (aunque luego sí logró los primeros permisos) y subraya que la empresa se montó en 2005 con un capital de sólo 5.000 euros.
Por otro lado, en la esfera administrativa, la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno murciano ha impuesto a Trampolín Hills una sanción de 350.000 euros por no garantizar a todos los adquirentes de la urbanización la devolución de las cantidades entregadas a cuenta. Y el Ministerio de Hacienda ha explicado que la empresa Swiss Financial Corporation, la supuesta avalista de Trampolín, "no existe como tal ni tiene nacionalidad ni estructura empresarial en España".
La denuncia por lo penal de Paco López Ibarra -que acusa a Martínez de estafa y apropiación indebida- es una más. Está, según su abogado, Joaquín Guzmán, "en el puesto 355 de una lista mucho más amplia de querellas de los que iban a ser propietarios de las casas". Las viviendas estaban todas vendidas y los 2.000 clientes se han convertido en demandantes. Según advirtieron hace un año las organizaciones de consumidores, los que lo van a tener más difícil son los extranjeros, la mayoría de ellos jubilados británicos, que ya dan por perdida esa inversión.
Ángel, otro afectado que prefiere no dar sus apellidos, acusa al Gobierno de Murcia de no hacer nada por ayudarles. "No entiendo cómo vivimos en un país donde por cualquier tontería te meten en la cárcel y estas personas que han robado 60 o 70 millones siguen por la calle tan tranquilas", protesta.
* ELPAIS.com - 4.01.10
Foto: Paco López, en el solar donde debía construirse su casa.- M. GUILLÉN, elpais.com
Los jóvenes gastan el 42% de su sueldo en alquiler
PÚBLICO* : Después de pagar el alquiler, los jóvenes que han decidido emanciparse apenas tienen para cubrir los gastos básicos de alimentación, facturas y transporte. Los españoles de 18 a 30 años se dejan, de media, el 42% de su sueldo en pagar la mensualidad a su casero, según datos del Ministerio de Vivienda y a los que ha tenido acceso Público.
El Ministerio de Vivienda pretende que los jóvenes no dediquen más de un tercio de sus ingresos a pagar su casa. Su apuesta para lograrlo es la Renta Básica de Emancipación (RBE), que ya reciben unos 170.000 jóvenes. "Los jóvenes son un colectivo especialmente protegido con esta ayuda, ya que reduce el esfuerzo económico que realizan casi a la mitad, del 42% al 24%", aseguran fuentesdel Ministerio.
Vivir de alquiler en las autonomías insulares merma los ingresos de los jóvenes más que en la Península. El esfuerzo que realizan para salir de casa de sus padres y alquilar una vivienda en Baleares asciende al 47,98% de su sueldo y al 47,89% en Canarias. En el ranking estatal, Cantabria se sitúa por detrás, con un 45,79% de los ingresos mensuales destinados al alquiler de la vivienda, seguida de Catalunya, con un 44,97%, y de Madrid, con un 43,79%.
El 70% del sueldo, para el piso
Alberto Díaz Roncero, profesor de 27 años, supera con creces la media. Cobra 700 euros por un trabajo de media jornada, que compagina con el estudio de una especialidad en Zaragoza. Cada mes paga por el alquiler de su piso, de 45 metros cuadrados, 470 euros, casi el 70% de sus ingresos. "Me llega justo para vivir, por ello me veo obligado a gastar parte de mis ahorros", explica Alberto, que está buscando un trabajo mejor remunerado.
El Consejo de la Juventud concluyó en un informe reciente que el esfuerzo económico crece cuando los jóvenes deciden comprar y se hipotecan. En ese caso, destinan hasta el 62,4% de su sueldo.
Su presidente, Daniel Lostao, afirma en este sentido que es necesario "crear un parque público de viviendas en alquiler que cumpla una verdadera función social".
Mayor esfuerzo en mujeres
El sacrificio económico de las mujeres para alquilar una vivienda es mayor que el de los hombres. La distancia más significativa se produce en Cantabria, donde la diferencia entre lo que pagan ellas y ellos es de casi 10 puntos porcentuales. Otro caso llamativo es Canarias, donde las mujeres se dejan 6,45 puntos porcentuales más que los hombres en el alquiler de su casa.
Una de las principales causas de esta diferencia es que las mujeres tienen, de media, los sueldos más bajos. Mientras los hombres cobran un sueldo medio de 22.780 euros, las mujeres se quedan en 16.943 euros, según la última encuesta de distribución salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El precio del alquiler es otro de los condicionantes del esfuerzo que realizan los jóvenes al independizarse.
Según los cálculos de la Sociedad Pública de Alquiler, arrendar un piso cuesta, de media en España, 658 euros al mes. No obstante, el precio varia mucho de unas autonomías a otras. Madrid es la comunidad con la vivienda en alquiler más cara, con una media de 784 euros mensuales. Le siguen Catalunya (783 euros), Navarra (762 euros) y Euskadi (747 euros).
Beneficiarios de la RBE
En las islas, donde el esfuerzo de emancipación es mayor, el coste del alquiler está dentro de la media: en Baleares cuesta 660 euros y en Canarias, 543 euros. Los sueldos, no obstante, son significativamente más bajos que en el resto de España, ya que oscilan entre 18.886,80 euros anuales y 17.189,07, respectivamente, según los datos del INE.
Prueba de la escasa capacidad de los jóvenes para afrontar el alquiler de una vivienda es que la mayoría de los beneficiarios de la RBE no puede destinar a ello más de 600 euros al mes. Un 42,8%, paga entre 400 y 600 euros, mientras que sólo el 7,4% se decanta por un piso de más de 800 euros. La mayoría son mileuristas: el 38,1% de quienes recibe ayudas cobra entre 10.000 y 15.000 euros anuales y el 36,5 %, entre 15.000 y 22.000 euros.
Los bajos ingresos, la alta tasa de paro y una política de fomento del alquiler que aún arranca llevan a los jóvenes a quedarse en casa de sus padres hasta los 29 años de media. Esto sitúa a España en el decimoséptimo puesto de la Unión Europea por la edad de emancipación de sus jóvenes.
* Público - 4.01.10
Foto: Esfuerzo de emancipación - publico.es
Los alcaldes de La Axarquía desoyen a la Junta para elaborar los PGOU
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ELPAÍS/Málaga* : En la comarca malagueña hay 10.000 viviendas en suelo rústico no urbanizable. Ninguno de los 16 municipios de la comarca malagueña de La Axarquía a los que la Junta ofreció en noviembre realizarles el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y dotarlos así de un instrumento para abordar la solución a las miles de viviendas alzadas en suelo no urbanizable, ha dado aún respuesta alguna.
Pese a que el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se comprometió el 27 de noviembre con estos municipios a iniciar los trámites oportunos para la contratación de los equipos redactores antes de que finalizara 2009 y de que éste les dejara bien claro que no hay otra salida al caos urbanístico de la comarca que no pase porque los municipios se doten de un instrumento de planeamiento, los ayuntamientos mantienen aún sigilo y estudian la oferta de la Administración.
La Junta ha encomendado al presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, que haga de mediador ante los alcaldes y les convenza de la necesidad de elaborar sus planes municipales. Pendón, que es también secretario de política de ordenación del territorio en la ejecutiva regional del PSOE, ha abanderado hasta ahora las reclamaciones de los alcaldes de La Axarquía que reclaman cambios en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la elaboración de un reglamento específico sobre el suelo no urbanizable que detalle los usos posibles, y que no se aplique el derecho penal a los alcaldes que han dado licencia para construir viviendas diseminadas en el suelo rústico.
Espadas trasladó el 27 de noviembre a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía que abordar el problema del urbanismo en La Axarquía sólo desde esta reivindicación era "desenfocar el debate" y que era preciso un giro y que los municipios entiendan que deben dotarse de un planeamiento, como obliga la ley, y que defina un modelo de desarrollo al partir del cual se podrán abordar las soluciones concretas a las viviendas irregulares y definir aquellas que son compatibles y las que no, de forma similar a como ha ocurrido en Marbella o en Chiclana. Sólo los planes darán seguridad jurídica para el futuro, insistió Espadas.
Pendón parece haber aceptado la conveniencia de apartar de la primera línea del debate público el problema de los procesos judiciales abiertos a los alcaldes y la reivindicación de cambios en la legislación autonómica, y pese a que sólo cuatro días después de aquella reunión votó en el pleno de la Diputación una propuesta del PP en la que se cuestionaba la gestión urbanística de la Junta en La Axarquía, en sus últimas manifestaciones públicas ha recalcado la necesidad de dotarse cuanto antes de planeamiento. El pasado martes, Pendón dijo que desde los planes generales se podrá afrontar la normalización de la situación en La Axarquía, donde se estima que hay construidas más de 10.000 casas en suelo rústico no urbanizable.
Pasadas las fiestas, el consejero tiene intención de reunirse por separado con los alcaldes de los 16 municipios que permanecen sin planeamiento -11 de ellos sólo disponen de una delimitación de suelo urbano y los otros cinco tienen adoptadas las normas subsidiarias provinciales- para saber de primera mano cuáles son sus intenciones. Espadas ya advirtió en la reunión del 27 de noviembre que si los municipios finalmente no se dotan de un PGOU, la Junta podría retirarles las competencias urbanísticas y redactar los planes.
De entrada, la propuesta de la Junta es financiar y elaborar los planes mediante acuerdo con los consistorios. Para ello exige que los plenos municipales adopten un acuerdo al respecto y la firma de convenios de colaboración.
Los municipios no parecen tener una postura común. Hay algunos que prefieren seguir con la tramitación de los planes que ya habían iniciado. Aunque en estos 16 casos no se ha llegado a producir aún ni una aprobación inicial de un PGOU, sí hay algunos que disponen de un documento de avance y que lo tienen en fase de redacción. La oferta de la Junta, que se compromete a que los planes estén en un año, es sólo de un documento de mínimos que ordenaría el suelo urbano consolidado y que no contemplaría nuevos crecimientos.
La oferta de la Junta iba a ser tratada por la mesa por el urbanismo de La Axarquía el pasado día 17, pero fue aplazada por las tensiones y el ambiente de crispación de los munícipes.
La Junta ha insistido a los alcaldes que la LOUA es suficientemente clara sobre los usos permitidos y no en suelo no urbanizable, y aunque ha accedido a que el reglamento en elaboración recoja las precisiones que se consideren necesarias, "lo que no va a cambiar en ningún caso es lo que la ley no permite".
* ELPAIS.com - 4.01.10
Foto: Axarquía (Málaga) - infoaxarquia.es
Aguirre tiene sin justificar 100 millones de € transferidos por el Estado para políticas de Vivienda
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BOTTUP/Madrid* : El Ministerio de Vivienda afirma que la Comunidad de Madrid "tiene pendiente de justificar más de 100 millones de euros" que el Gobierno central le ha transferido. "Ninguna otra comunidad autónoma alcanza una cifra similar", denuncia la directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero, a través de un comunicado.
Romero apunta que "lo que más nos preocupa en el ministerio es que esos 100 millones no han llegado a su destino final: la financiación de políticas activas en materia de vivienda". También alerta de que "a esto se suma que la Comunidad de Madrid está obstaculizando la puesta en marcha de diferentes Áreas de Rehabilitación en la capital y en la región".
Retrasos que no cesan en la Renta Básica de Emancipación
Por otra parte, desde Vivienda aseguran que abonan la Renta Básica de Emancipación, la ayuda de 210 euros al alquiler, al 81% de los jóvenes (26.000) que tienen la ayuda aprobada.
La directora general explicó que de los 38.000 expedientes aprobados que el Ejecutivo autonómico ha enviado al ministerio, hay 6.000 que están paralizados porque sus solicitantes incurren en alguna situación que impide legalmente el pago de la ayuda.
Romero señaló también que "mientras el ministerio tarda en gestionar el pago de las ayudas una media de 39 días una vez que la Comunidad Autónoma reconoce el derecho al joven, el Gobierno madrileño emplea 171 días para resolver las solicitudes".
* Bottup - 31.12.09
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
Contra el Leviatán urbanístico
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ELPAÍS/Valencia* : Enrique Lluch es una víctima del urbanismo salvaje. Desde que en 1999 se viera afectado por un Programa de Actuación Integrada (PAI) que acabó con su vivero en Náquera, este hombre no ha cejado de buscar justicia. Ha recurrido a los juzgados, levantado actas notariales, pagado informes periciales y comprobado in situ si las obras imputadas a la urbanización que le afectó se hicieron y cuánto costaron.
Lluch lleva 11 años luchando contra el Leviatán de la normativa urbanística y a la vista de lo conseguido en España -los tribunales han tumbado varias de sus reclamaciones-, a Enrique sólo le queda Estrasburgo, sede el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y poco más. Una reciente sentencia de la Corte europea favorable a un vecino de Bocairent, por un caso también de supuesto abuso urbanístico, ha abierto una diminuta rendija a la esperanza.
Este hombre, ahora de unos 60 años, montó a principios de los años ochenta un vivero de plantas en unos terrenos en Náquera que, tras la presentación de un PAI, se convirtieron en polígono industrial.
Cuando el Ayuntamiento de Náquera, gobernado entonces por el PP, aprobó el PAI y reparceló el polígono donde se ubicaba el vivero, a Enrique casi se le heló la sangre. Tenía que pagar una cuota urbanística de 103.324 euros, mientras su parcela se valoraba en 90.558 euros. "Entregando la propiedad íntegra de mi parcela en pago de la cuota, como está previsto en la LRAU (entonces en vigor), aún le adeudaría al agente urbanizador (Promociones Polígono XVI de Náquera, SL) 12.766 euros, es decir, dos millones de las antiguas pesetas", explica. Recurrió el pago y alegó, entre otras razones, que a las obras de urbanización se presentó un solo presupuesto, el proyecto se expuso al público en pleno agosto de 1999, y para colmo aun hoy repite, en contra de la versión del Ayuntamiento de Náquera, que el proyecto no se cumplió en su totalidad.
Perdió el recurso porque, según la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, la liquidación de las obras era provisional y, por tanto, hasta que no se hiciera el balance definitivo no cabía reclamación. El viverista ha esperado casi 9 años la liquidación definitiva del PAI. De ahí sus denuncias de indefensión e insistencia en que los costes de la urbanización del polígono, por compararlo con algo, superan en más del 300% el coste con que la Generalitat adjudicó uno similar seis años después al PAI de Parc Sagunt I.
Su vivero, tras la urbanización, se vio rodeado de edificios altos que alteraron las condiciones medioambientales del negocio que hasta entonces le daba de comer. Las plantas se fueron marchitando hasta morir asfixiadas de calor. "Encargué un informe a la Universidad Politécnica de Valencia para que midiera las condiciones dentro del vivero y anotaron que tras las obras dentro del invernadero las temperaturas superaban los 50 grados centígrados que, en condiciones de humedad, parecían todavía mayores", recuerda con impotencia.
Enrique se dirigió al consistorio y al agente urbanizador para que le indemnizaran para poder trasladar el vivero a otro lugar, pero los juzgados no aceptaron su reclamación. Su única compensación es una parcela en el polígono, menor que la original pero urbanizada. No le consuela.
De todo lo que le ha sucedido en la última década, lo que peor soporta Lluch es que a lo largo de estos 11 años de lucha se ha encontrado con una infinidad de supuestas irregularidades en la tramitación de los proyectos urbanísticos que le afectan. Para acreditarlos se ha dejado mucho tiempo y dinero. En un informe pericial encargado por el propio Lluch, éste insiste en que las obras de urbanización que el consistorio dio por finalizadas no se ejecutaron conforme al presupuesto del proyecto urbanístico aprobado. Según Lluch, faltan viales y la estación depuradora no se encuentra en el lugar previsto en los planos iniciales. Un experto se personó, a petición del viverista, en el polígono para comprobar dónde se encontraba la depuradora y ni el consistorio ni el agente urbanizador fueron capaces de indicarle el lugar exacto dentro de los límites del PAI afectado. La demolición de unas naves, cargada también a la cuota urbanística, tampoco se hizo y para ello aporta unas fotografías posteriores a la finalización del proyecto.
Pasados cinco años desde la aprobación definitiva de la reparcelación y al entender que las obras no se habían terminado, Lluch reclamó al consistorio la caducidad de la adjudicación. En su respuesta, el Ayuntamiento aseguró que las obras sí estaban acabadas a falta de subsanar algunas deficiencias y que el cómputo del plazo de ejecución de las obras había quedado además suspendido por la eliminación de un poste de media tensión.
Su fe está puesta ahora en la Corte de Estrasburgo, ya que aunque mantiene vivos todavía un par de procedimientos en los tribunales españoles, tampoco sabe qué pasará con ellos. "Sólo quiero que mi familia tenga la certeza de que he hecho todo lo que he podido. No me voy a dejar vencer", advierte Lluch.
* ELPAIS.com - 3.01.10
Foto: Náquera (Valencia) - corralnou.net
Teruel: Arquitectos, constructores, comerciantes y vecinos rechazan el nuevo Plan General
HERALDO* : Dicen que degradará barrios, no regula las zonas más polémicas, premia la edificación ilegal y perjudica la actividad comercial. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel ha tropezado con la abierta oposición de colectivos profesionales y organizaciones vecinales. El amplio desacuerdo social se ha plasmado en las 650 alegaciones recibidas en la información pública que acaba de concluir.
Entre las previsiones urbanísticas más cuestionadas, figuran la rebaja de la altura máxima permitida en amplias zonas de la ciudad -lo que dejará fuera de ordenación a cientos de viviendas-, las soluciones propuestas al extendido fenómeno de la edificación ilegal de la periferia o la renuncia a planificar amplias zonas del municipio inmersas en operaciones urbanísticas en trámite.
La oleada de críticas augura un futuro incierto a la revisión del planeamiento urbanístico, que empezó a tramitarse en 2001. El nuevo PGOU, aprobado inicialmente el pasado septiembre, prevé suelo urbanizable para 11.000 viviendas y una ciudad de 50.000 habitantes a desarrollar en diez años.
Aunque la gran mayoría de las alegaciones presentadas corresponde a particulares, las de asociaciones y colectivos cuestionan aspectos generales del PGOU. Una de las más cualificadas, la del Colegio de Arquitectos, es también una de las más demoledoras. Considera que la edificación ilegal sale mejor parada que la que se ajusta a la legislación. Se opone también a la rebaja de las alturas máximas en barrios ya consolidados porque deja fuera de ordenación y, por lo tanto, sin posibilidad de reforma numerosos edificios. La Asociación Empresarial Provincial de la Construcción y la Federación de Asociaciones de Vecinos coinciden, en líneas generales, en sus críticas con los arquitectos.
IU, sin representación en el Ayuntamiento, alega contra la fórmula del "planeamiento remitido" que, a su juicio, pretende evitar que el PGOU interfiera en las operaciones urbanísticas más polémicas en tramitación. También apunta la posibilidad de que la aprobación de la revisión en vísperas de la entrada en vigor de la nueva Ley de Urbanismo de Aragón pretendiera favorecer un proyecto particular, Vía Terma.
La Asociación de Vecinos de San Julián es una de las 23 entidades o colectivos que han alegado. Reclama medidas para rehabilitar los antiguos alfares del barrio, un mejor sistema de drenaje de aguas pluviales para prevenir inundaciones y la implantación de sistemas de calefacción no contaminantes en San Julián dada la deficiente ventilación de esta zona de la ciudad.
* Heraldo - 3.01.10
Foto: Teruel, ayuntamiento - terueltirwal.es
Ingleses se manifiestan en Almería por los últimos derribos de viviendas
TELEPRENSA/Almería* : AUAN (Abusos Urbanísticos Almanzora – ¡No!) ha convocado una manifestación pacífica en Almería el 11 de enero 2010, al mediodía (12 horas), para protestar contra el ambiente general de abusos urbanísticos e inmobiliarios, y la grave inseguridad jurídica que se percibe existe, ejemplos de la cual son los hechos de los últimos días que han salido en prensa.
Protestamos contra la inseguridad jurídica, urbanística, inmobiliaria y medioambiental; contra la mal-administración y la corrupción; contra la falta de respeto de los derechos humanos de los ciudadanos; y contra la falta de cumplimiento de la administración Española con las resoluciones del Parlamento Europea, incluyendo el reporte Auken.
Llamamos a los ciudadanos de buena fe que piensan que las cosas deberían ser de otra forma, y que estén hartos de estos abusos, que acudan a mostrar su apoyo pacifico a esta manifestación. Teléfono de información: 646506943
En Albox, ocho familias acaban de recibir noticias de demolición pese de haber comprado sus viviendas de buena fe, y pese a que sus viviendas tienen licencia urbanística.
Lo único que querían los compradores, en su mayoría ciudadanos europeos, era tener una vivienda legal. Son en su mayoría jubilados y se ven abocados a ser echados a la calle y a perder todos sus ahorros.
Preguntamos a los políticos: ¿Tratarían Ustedes así a sus abuelos?
¿Es esta la forma que Ustedes quieren fomentar la inversión extranjera?
Miles de viviendas se encuentran en una situación jurídica precaria en la Provincia de Almeria. Donde se prevén demoliciones no hay señal de indemnización alguna, y, asimismo, consideramos que las autoridades no han tenido debidamente en cuenta los derechos de los ciudadanos que compraron de buena fe.
¡Basta de estos abusos! El derribo de la vivienda de los Sres. Prior en Vera fue una autentica atrocidad, y, no solo estos Señores siguen viviendo en su garaje dos años después de la demolición de su casa, sin indemnización, pero ahora la administración pretende tomar a los Sres. Prior como ejemplo. Consideramos que es una autentica barbaridad.
Haremos todo lo posible dentro de la ley para evitar más demoliciones.
Ruta: El punto de reunión de los manifestantes (primera concentración, declaraciones y inicio de la marcha) – Puerta de Purchena a las 12:00. Se prevé que la marcha seguirá la Rambla de Obispo Orbera hasta la Rambla de Almería (Avenida de Federico García Lorca). Habrá declaraciones en la zona del obelisco a la altura de la calle Reina Regente, y se prevé que la manifestación termine a las tres de la tarde.
Noche de vigilia en la casa de los Sres. Prior
Mientras tanto el Sábado el 9 de enero 2010, a las siete de la tarde, tendrá lugar una noche de vigilia en la ruinas del hogar de la familia Prior, en Vera, cuya casa fue derruida ilegalmente hace dos anos. En este acto mostraremos nuestra solidaridad con todos los ciudadanos que se ven perjudicados pese a ser compradores de buena fe, por alegaciones de irregularidades urbanísticas. Este ultimo evento resulta de una colaboración entre el AUAN y AULAN (Abusos Urbanísticos del Levante Almeriense !No!).
* Teleprensa - 2.01.10
Foto: Manifestación anterior de AUAN, teleprensa.es
El paisaje es un bien de todos
SEBASTIÁN ÁLVARO* : Ha sido nuestro mejor regalo de estas fiestas aunque haya pasado un tanto inadvertido. Quizá lo hayan visto en algún telediario. Las palabras del abogado trataban de explicar de una manera profesional el porqué de su desacuerdo con la sentencia recibida por su cliente. Pero su cara resultaba mucho más expresiva. Era el vivo retrato del estupor ante algo que jamás había ocurrido en este país: que un delito contra la ordenación del territorio se penase con la cárcel.
Quien ha recibido tal condena es Eugenio Hidalgo, ex alcalde de la ciudad mallorquina de Andratx. El Tribunal Supremo ha desestimado la apelación que Hidalgo, y su abogado, habían presentado, confirmando los cuatro años de cárcel que le había impuesto la Audiencia Provincial de Mallorca en mayo de 2008 por un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación. Y es que el edil se construyó un coqueto chalet en una zona de interés paisajístico valiéndose de una licencia para la ampliación de una nave agrícola.
Por este mismo delito, el Supremo también ha condenado a tres años y tres meses de cárcel al ex consejero balear de Ordenación del Territorio Jaume Massot (lo que demuestra lo que tantas veces hemos denunciado en estas mismas páginas: en algunos lugares se ha colocado a la zorra a cuidar de las gallinas). Es una sentencia que marca un hito en la protección del paisaje, es decir de algo que, no por menos valorado, forma parte del gran patrimonio de todos. Vale la pena transcribir una parte de la sentencia del Tribunal Supremo: "...la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al Derecho Penal". Estamos en fechas propicias para mirar hacia adelante y una sentencia como ésta sin duda ayuda a ser optimistas. Es una forma de reconocer que hemos adquirido, por fin, cierto grado de civilización y de inteligencia. Es lo que deseo para este 2010 pues hay días que, leyendo la prensa, no lo parece. De civilización, porque los paisajes forman parte de nuestro entorno natural, y ya sabemos que degradándolo se degrada nuestra propia vida.
Pero cuando contaminamos los ríos y los mares y destruimos una montaña y todo su entorno para construir un aparcamiento, o un valle para ampliar simplemente una estación de esquí, también nos estamos comportando como unos analfabetos, porque en Europa, el respeto al paisaje, a la naturaleza, forma parte del acervo en el que se sustenta nuestra cultura y nuestra vida. Y supone un grado de inteligencia social, porque hay que saber mirar lo que nos rodea, para alcanzar la esencia y la importancia que poseen las cosas por sí mismas.
No conozco al juez Siro García, ponente de esta pionera sentencia del Tribunal Supremo, pero le estoy agradecido por habernos devuelto las esperanzas en la justicia y, sobre todo, el orgullo de pertenecer a esta sociedad. Quiero pensar que todo esto forma parte de un cambio de mentalidad, real y profundo de nuestro país antes los desmanes y expolios que nosotros, todos, hemos permitido que ocurran durante décadas y que durante tanto tiempo han destrozado nuestros paisajes, desde el litoral a los últimos valles pirenaicos. Feliz año.
* Sebastián Álvaro, creador de Al Filo de lo Imposible
* AS - Opinión - 31.12.09
Palma: Una 'tapadera' de Matas compró, reformó y vendió el palacete entero
ELMUNDO* : La Guardia Civil da un paso más en la investigación patrimonial del ex president del Govern balear. La Unidad de Policía Judicial denuncia al juez José Castro en su último informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares, que la promotora que compró, reformó y comercializó todo el edificio en el que se encuentra el piso de Jaume Matas, Nova Labritja, S.L., constituye en realidad una "sociedad instrumental" propiedad del ex líder del PP balear.
Una empresa tapadera que habría sido utilizada, siempre según explica la Guardia Civil, "para encubrir la transacción" mediante la que Matas se quedó finalmente con la planta noble del palacete de Can Sales Menor por un "precio regalado" de 950.000 euros que contrasta con la tasación elaborada por la Agencia Tributaria, que cuantifica su valor real de mercado en 2,4 millones de euros.
Es decir, que de confirmarse el argumento expuesto ahora ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Matas no sólo estaría vinculado con el inmueble de 500 metros cuadrados que se encuentra enclavado en el primer piso del edificio del número 8 de la calle San Felio de Palma.
Lo estaría con la operación mediante la que se adquirió la finca entera en la que luego él se quedó a un precio que podía justificar con sus ingresos tras vender su chalé de Cas Catalá con el mejor de los inmuebles que conforman la finca. Convirtiéndose así, siguiendo con la línea argumental del Instituto Armando, su compraventa en una operación presuntamente ficticia mediante la que se limitaba a adjudicarse un piso adquirido y reformado por él mismo con anterioridad mediante la referida "sociedad instrumental" en la que no figuraba oficialmente. La Guardia Civil ha llegado a esta conclusión, que revela que es compartida por el resto de "instructores" de la causa, tras analizar los datos que le ha facilitado Hacienda sobre la operación de adquisición del edificio, su reforma y las ventas posteriores de las viviendas que lo componen.
De hecho el ex presidente del Govern balear y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, tendrá que prestar declaración como imputado el próximo 23 de marzo de 2010 por su presunta implicación en el llamado 'caso Palma Arena'.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye al ex presidente del Gobierno balear un cohecho de, "al menos, 1.527.550 euros en especie".
Las cifras de la operación
De los datos aportados por el equipo de inspectores fiscales, el principal elemento que le lleva a señalar esta posibilidad pasa por que la promotora sólo no ganó un solo euro con la operación de compra del palacete entero y posterior venta de los 6 pisos y 2 locales que lo integran. Es más, subraya la Guardia Civil que registró pérdidas. Destaca su informe que "el resultado final de dicha operación mercantil sería un saldo negativo que ascendería aproximadamente a unos 300.673,16 euros".
* El Mundo - Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom - 2.01.10
Foto: Imagen del Palacete de la calle San Feliu | El Mundo
Santa Cruz desordenadamente expoliada
ODALYS PADRÓN* : En Santa Cruz de Tenerife hemos sufrido una serie de catástrofes naturales tales como una riada en el año 2002 o como una tormenta tropical (Delta) en el año 2005, pero jamás pensamos que nuestros gestores públicos "arrasarían" nuestro municipio con más virulencia que estas catástrofes naturales. Estábamos digiriendo el llamado "caso de Las Teresitas", que nos ha colocado en los primeros puestos en el ranking de la corrupción, donde los terrenos en torno a esa playa han sido expropiados, recalificados y vueltos a vender. A raíz de esa operación, el actual alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, ha sido en el año 2007 imputado formalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho.
El Tribunal Supremo ha anulado la compraventa de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas por ser "contraria al ordenamiento jurídico" y a fecha de hoy la sentencia sigue sin cumplirse por "maniobras dilatorias" emprendidas tanto por los vendedores como por el ayuntamiento. La Intervención General de la Administración del Estado, en un informe, ha calificado esta operación como "pelotazo de libro".
No contentos con estas y otras operaciones similares, que ya constan en la Fiscalía Anticorrupción, nuestros gobernantes pretenden aprobar un Plan General que nos ha costado a los santacruceros la nada desdeñable cantidad de mil millones de pesetas (seis millones de euros) y que deja fuera de ordenación a más de 40.000 viviendas con el único fin de desplazar los aprovechamientos urbanísticos hacia las parcelas en las que algunos empresarios afortunados van a elevar, a pocos metros de las fincas dejadas fuera de ordenamiento, torres de hasta doce alturas. Curiosa coincidencia que los nombres de los empresarios afortunados sean algunos de los que figuran imputados en casos de corrupción o hayan sido o sean altos cargos políticos de los partidos que llevan treinta años gobernado en estas Islas. La concejal de Urbanismo ha mentido a los santacruceros al decir que los inmuebles considerados fuera de ordenación no suponen una carga ni merman los derechos de los propietarios. Tanto el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad como Ausbanc han confirmado que la catalogación de una vivienda como fuera de ordenación implica, en la inmensa mayoría de los casos, que ésta pierde valor. Aseguran que estar fuera de ordenación implica una afección que restringe las expectativas de revalorización de las edificaciones que en una situación normal tiene cualquier edificación. Pero es más, el propio secretario del Ayuntamiento escribió siendo jefe de los Servicios Jurídicos un capítulo en un manual para opositores a la administración pública canaria titulado "Veinte años de derecho urbanístico canario" en el que dice que "no cabe duda de que la aplicación del régimen fuera de ordenación supone importantes limitaciones del contenido de derecho de propiedad que puede facultar, incluso a la administración urbanística, para expropiar o demoler las viviendas afectadas". Esto es síntoma inequívoco de que se trata de una trama perfectamente orquestada y que al igual que en Las Teresitas el alcalde es el "colaborador necesario" para menoscabar los derechos y las ilusiones de los santacruceros expoliando sus propiedades.
Aquellos vecinos alertados por la Plataforma Ciudadana de la inminente tropelía acudimos a los dos últimos plenos para defender nuestros derechos y, con sorpresa, vimos cómo el alcalde ordenaba cerrar las puertas del ayuntamiento. Hemos sufrido la prepotencia de un alcalde que no quiere escuchar a los vecinos y amenaza con aprobar un plan cuyas nefastas consecuencias aún ni siquiera hemos podido valorar.
Ante esto, el pueblo de Santa Cruz, que siempre se ha caracterizado por ser un pueblo resignado, prueba de ello es la conformidad, tolerancia y paciencia con que ha soportado "esta democracia", ahora parece que empieza a rebelarse y ha convocado a los vecinos para defenderse del peligro que supone para ellos los actuales gobernantes en el pleno que a tal efecto se celebrará el 4 de enero, presumiblemente a las 10 horas.
* El Dia Tenerife - Opinión - 2.01.10
