ELPERIÓDICO* : Hipotecados más allá de la tumba. Así se ven las decenas de expropiados de la llamada unidad de actuación 13 del Poblenou, una pieza más del puzle que compuso el cambio radical urbanístico para dar luz a la nueva Diagonal. Tras más de ocho años de trámites, reivindicaciones y lucha judicial para lograr una compensación «justa» y con el caso ya en la recta final, en el Tribunal Supremo, un colectivo de unos 40 vecinos han sacado su grito a la calle en forma de pancartas.
Cuelgan desde los balcones de la finca de nueva construcción (Provençals, 55, con Diagonal) –semivacía– donde se han podido mudar los pocos expropiados que lograron financiación bancaria.
Su unidad la integraban 97 vecinos empadronados, aunque los no residentes no tuvieron opción a reubicarse en los pisos de protección oficial que se les ofrecieron a la venta. Otros muchos tuvieron que renunciar porque a su edad (la mayoría eran ancianos) conseguir una hipoteca era casi disparatado. No obstante, en 17 casos y con el aval familiar, lograron acceder a uno de los pisos de Provençals, a costa de endeudarse por 25 años, pese a tener, en muchos casos, más de 80.
Ramon Segura, portavoz de los que siguen reclamando lo que creen sus «derechos constitucionales», explica que la expropiación forzosa supuso para muchos vecinos obtener poco más de 60.000 euros por solares (con casa incluida) de más de cien metros cuadrados. Con esa suma solo han podido dar la entrada de los pisos de protección que les reservaron a algunos por entre 150.000 y 180.000 euros, más plazas de aparcamiento a precio de mercado normal, se quejan. La mayoría ha tenido que irse de alquiler.
LARGA ESPERA / Los afectados lucharon hasta la llegada de las excavadoras por una tasación realista, opinan. Se quejan de demoras en el procedimiento, con las que el ayuntamiento logró acogerse a una actualización del valor catastral, más conveniente para las arcas municipales que la aplicación de la tasación residual, vigente en el momento de las negociaciones, sostienen. También lamentan la larga espera que precedió a la obtención de los pisos. Y que el precio de estos quedaba por encima de sus posibilidades.
«Mis padres, de 83 y 92 años y con 66.000 euros por la expropiación, no podían pagar nada, pero para que no se vieran en la calle yo asumí la hipoteca», cuenta Joan Gisbert. Su progenitor aún pregunta a diario cuándo le van a tirar la casa, ajeno a lo que sucedió con el vecino solar, donde se levantarán más pisos en breve.
«Esta es una promoción fantasma», se queja Segura, con muchos pisos vacíos, a falta de que otros destinatarios de la vivienda de protección logren hipotecas. «Y los pisos son de mala calidad», agrega Felipe Mateo, residente en la finca, hastiado de los problemas de filtraciones del párking.
El concejal de Sant Martí, Francesc Narváez, señala que el problema radica en el criterio de valoración de la expropiación, que en este caso no puede equipararse al de los antiguos propietarios expropiados en el Poblenou. Esta unidad, apunta, obedecía a la apertura de la Diagonal y «tiene distinta consideración». La pelota está en manos de los tribunales, señala el ayuntamiento.
El colectivo se queja también de irregularidades en los procesos judiciales, tanto en el tribunal provincial de expropiaciones como, espués, con el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, con un informe pericial a su favor pero que acabó con sentencias favorables al consistorio, que adjudicó los terrenos a la promotora Espais.
Con el recurso de casación en el Supremo, esperan solución final por la vía judicial: «No queremos ganar dinero, solo que se nos dé lo que antes teníamos, una vivienda, no una deuda», sentencia Gisbert.
* El Periódico - P.C. - 16.12.09
Foto: Carteles reivindicativos contra las expropiaciones, en los balcones del número 55 de Provençals, el viernes. - danny caminal, elperiodico.com
Barcelona: Expropiados de la zona sacan su queja a la calle
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Viva la infraestructura (haga falta o no)
ELPAÍS* : Todas las líneas del AVE tendrán en un futuro parada en el aeropuerto madrileño de Barajas, comunicado con la capital por metro, autobús y, desde el año que viene, también por trenes de cercanías. "No es necesario. ¿Qué se va a ganar? ¿Cuántos usuarios que cojan el AVE van a viajar luego en avión como para justificar la inversión en un tramo de tren de alta velocidad sin continuidad?", se pregunta Edelmiro Rúa, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
La construcción de infraestructuras de transporte -carreteras, AVE, aeropuertos, puertos-, junto con la de viviendas, ha sido uno de los principales motores de la economía española en las últimas décadas. Desde finales de los años noventa, estas infraestructuras de transporte han experimentado un gran crecimiento. En 2012 se prevé que España sea el primer país del mundo en líneas de alta velocidad en servicio y el primero de la Unión Europea en kilómetros de autovías. Con la crisis, el Estado sigue realizando y programando grandes y pequeñas obras en un intento de amortiguar la destrucción de puestos de trabajo. Pero, más allá del empleo y beneficio que genera su propia construcción, ¿son todas necesarias?, ¿hacen falta?
"Una infraestructura sólo está justificada si cumple el objetivo de eficiencia", afirma Antonio Serrano, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia.
En 1998, la única estación del AVE a su paso por Guadalajara fue construida, en lugar de en esta ciudad, como cabría pensar, en la pequeña localidad de Yebes, a 13 kilómetros. Su construcción costó 10 millones de euros y únicamente la usan 15 personas al día.
"Las infraestructuras no son un fin, sino un medio: hay que acometerlas si tienen una utilidad real, cuando hay una relación coste-beneficio", señala Gregorio Izquierdo, director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
En Madrid, las autopistas radiales de peaje (R-2, R-3, R-4 y R-5) se construyeron para descongestionar el tráfico de las sobrecargadas autovías por las que discurren paralelas (A-2, A-3, A-4 y A-5). Sin embargo, no han logrado su objetivo hasta la fecha. Un día normal, unos 10.000 vehículos circulan por la R-2 en el tramo que enlaza la M-40 con la M-50, frente a los cerca de 112.000 que transitan por la A-2, según datos del Ministerio de Fomento. "El usuario no tiene en cuenta el ahorro de tiempo y gasolina que suponen, se queda sólo con la idea de que tiene que pagar 10 euros por sesenta kilómetros", asegura Edelmiro Rúa.
"Estas autopistas se hicieron para calificar suelo, que ha sido el negocio especulativo de este país durante años y años", manifiesta Antonio Serrano, ex secretario general de Territorio y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.
"Las radiales no son inútiles, lo que pasa es que su valoración se está haciendo en el corto plazo. La R-4, por ejemplo, es a 65 años. Por esa regla de tres, también se puede decir que Barajas, tras su ampliación, únicamente opera al 60%", alega Enrique Fuentes, director de Desarrollo de Negocio de la constructora Ferrovial.
La AP-7 entre Cartagena y Vera, inaugurada en marzo de 2007, tiene 114 kilómetros, de los cuales 97,7 son de peaje. El que apenas 2.000 vehículos circulen por ella diariamente -las previsiones los cifraban en 7.000- le ha valido el apelativo de autopista fantasma o de la especulación.
El Gobierno acordó el mes pasado dar un crédito de 200 millones de euros en 2010 a las concesionarias de las últimas autopistas de peaje para ayudarles a pagar el alto coste de las expropiaciones.
La proliferación en los últimos años de infraestructuras de dudosa utilidad tiene muchas, variadas y complejas causas.
Tras la Guerra Civil y hasta finales de los años cincuenta, España sufrió un gravísimo déficit de infraestructuras. "Lo que estaba claro entonces era que esos proyectos eran muy necesarios, pero luego se pasó al extremo: toda infraestructura es buena. Y es un tremendo error. Las hay que no son aconsejables y sería mucho mejor destinar esos recursos a otro tipo de actividades", resalta Serrano.
A juicio de Carme Miralles-Guasch, profesora de Geografía Urbana de la Universidad Autónoma de Barcelona, existe el mito de que aeropuertos, autovías o trenes de alta velocidad generan por ellos mismos desarrollo económico y social, "pero no es así si no van acompañados de otras estrategias económicas, sociales...". "Una universidad no se construye sólo con el edificio". Y cita el caso del aeropuerto de Ciudad Real, inaugurado hace un año, participado por la intervenida Caja Castilla-La Mancha (CCM), en el que opera una sola compañía, Air Berlín, y que es deficitario. "Este aeropuerto no tiene razón de ser porque está muy próximo al de Barajas. No pasa nada porque se cree primero una oferta, pero tiene que haber una demanda latente, que no esté cubierta por otras infraestructuras", indica.
Miralles-Guasch sostiene que, en algunos casos, las infraestructuras pueden ser incluso contraproducentes. Un tren o una autopista, por ejemplo, conectan poblaciones diferentes; si éstas son muy desiguales en tamaño y capacidad, la que saldrá beneficiada es la que ya era la más favorecida, argumenta. El tejido económico y empresarial se trasladará al polo más grande, donde las oportunidades son mayores.
Esta profesora de Geografía Urbana recuerda que en el siglo XIX se pensó que la llegada del ferrocarril supondría un impulso de las zonas rurales y, según relata, lo que fomentó fue precisamente lo contrario: provocó un éxodo a los grandes núcleos urbanos. "En Soria quieren el AVE, pero se olvidan de que la despoblación de la provincia vino, precisamente, con el ferrocarril del XIX", destaca. Y añade que "el objetivo es legítimo, están en su derecho de reclamar un tren de alta velocidad, pero esa infraestructura funcionará si va de la mano de otras actuaciones, no por sí sola".
El economista Gregorio Izquierdo reconoce el efecto directo de la inversión en obras públicas en la creación de puestos de trabajo. No obstante, subraya que estos proyectos "no pueden justificarse únicamente por los empleos que generan, porque llevan consigo un aumento del déficit público para financiarlos, lo que luego se traduce en una subida de impuestos que acaba destruyendo puestos de trabajo". Izquierdo apuesta por dejar "campo de juego" al sector privado para que realice estas obras "sin que se sobrecarguen las arcas públicas", sobre todo en tiempos de crisis.
La secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez Piñero, defiende la conveniencia de las infraestructuras por tres razones principales: mejoran la competitividad económica y permiten un desarrollo sostenible y un equilibrio territorial. Y pone dos ejemplos. Uno de ellos es el AVE a Castilla-La Mancha, que, según apunta, ha hecho que, ante los altos precios de la vivienda en Madrid, mucha gente se haya podido ir a vivir a Toledo, yendo y viniendo a trabajar a la capital.
También destaca el caso del AVE a Valencia. "Esta ciudad se colocará a una hora y treinta y cinco minutos de Madrid. ¿Se está pensando ya en la capacidad de negocio? Aquellos que sepan anticiparse a ella, van a crecer", prevé.
Para Rodríguez Piñero, el que España en 2012 sea el líder mundial en alta velocidad "da prestigio a este país como potencia económica". "Hay dos compañías españolas fabricantes de trenes a las que van a buscar en todo el mundo porque somos referencia", asegura.
Edelmiro Rúa cree que, en muchas ocasiones, los políticos crean "necesidades ficticias" para "apuntarse tantos". Incluso a veces, lamenta, dejan en el tintero las obras más acuciantes porque hay que dar salida a las "más vistosas".
"En Galicia hay dos grandes puertos en Ferrol y A Coruña, en los que entran grandes cantidades de materias primas que hay que transportar; pues bien, a día de hoy, esos puertos no tienen accesos de ferrocarril rápidos y de carretera", critica. "Antes de finales de año se licitará el acceso viario al puerto de A Coruña", replica la secretaria de Infraestructuras.
A la fiebre de algunos políticos por inaugurar grandes obras, Rúa añade el "y yo también" ciudadano. Este ingeniero considera que "el gran avance del AVE a Sevilla fue que evitaba Despeñaperros; el de Valladolid, que en media hora estabas en Segovia", pero que, salvo casos muy concretos, se pueden obtener velocidades suficientes, adecuadas, con una modernización y mejor conservación de las líneas sin tener que recurrir a la alta velocidad, la tecnología más cara. "Sin embargo, el señor de Burgos se monta y ve que, en vez de poner que el tren va a 300 por hora, pone a 209 o a 188, y se queja, y pregunta: '¿Por qué vamos tan despacio?". Lo mismo pasa con las carreteras, en opinión de Rúa. "La gente quiere tener la autopista al salir de casa", afirma.
Otra de las causas de la existencia de infraestructuras de dudosa utilidad habría que buscarla en que, dada la distribución territorial y política de España, el criterio de equidad ha primado sobre el de eficiencia en el reparto de muchas de las inversiones en obras públicas entre las distintas regiones en los últimos tiempos.
"Obviamente, el desarrollo pasa por una cierta dotación de infraestructuras, pero existen evidencias científicas que demuestran que esas inversiones no redundan en un beneficio para la sociedad a partir de un determinado nivel de desarrollo, y encima tienen un alto coste medioambiental", manifiesta Sandra Pizzinato, responsable de la campaña de Transporte de Greenpeace, para quien urge un "cambio radical" en la política de transporte hacia "un modelo más sostenible".
Las emisiones de C02 generadas por el transporte en España se incrementaron un 89% entre 1990 y 2006, y representan una cuarta parte del total de emisiones, según la organización ecologista. "No hay que construir tanto, sino mejorar lo ya construido. Hace falta un mejor ferrocarril, pero no trenes elitistas que sólo tienen parada en las grandes poblaciones, y una mayor inversión en transporte público, no más autovías", resalta Pizzinato.
Quizás España esté próxima a alcanzar el nivel de saturación en lo que a la red de carreteras se refiere, no así en el transporte por ferrocarril, sobre todo en el de mercancías, una asignatura pendiente, ya que se hace principalmente por carretera, con un gran coste medioambiental, de acuerdo con los expertos. El ferrocarril es precisamente la gran apuesta del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020 del Ministerio de Fomento.
En un mundo globalizado amenazado por el cambio climático, donde la dependencia de un recurso que se agota, el petróleo, impone la explotación de otras fuentes de energía, el responsable de Desarrollo de Negocio de Ferrovial abre un nuevo frente: "Hay que empezar a pensar en otro tipo de infraestructuras, en las que tienen que ver con el medio ambiente". Las relacionadas con el reciclaje, la incineración de basuras, el tratamiento de aguas residuales... "En la mayoría de las comunidades, el porcentaje de basura sin tratar está en torno al 50%. En este sector, España sí que tiene un déficit brutal", subraya Enrique Fuentes.
Infraestructuras del presente, infraestructuras del futuro... en lo que coinciden los consultados es en que es necesaria una mayor racionalidad a la hora de decidir los proyectos. "Priorizar", "ser más selectivos y rigurosos", "evaluar la conveniencia de una obra desde un punto de vista económico, social, ambiental y técnico", "no duplicar recursos". "Es hora de que se imponga el sentido común", dice la profesora Miralles-Guasch. "No hay que buscar culpables. Los poderosos no son más que un reflejo de lo que somos todos. Pero no podemos seguir viviendo, como lo estamos haciendo, en este espejismo de país de nuevo rico".
* ELPAIS.com - PATRICIA M. LICERAS 16/12/2009
Foto: Las carreteras radiales de peaje no consiguen aligerar el tráfico de las autovías nacionales que hacen el mismo recorrido.- elpais.com
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El Tribunal de Estrasburgo condena a España por el mal funcionamiento de la justicia
LEVANTE/Valencia* : La decisión del Tribunal Supremo de rechazar por "falta de datos" el recurso de un vecino de Bocairent contra la decisión de la Conselleria de Urbanismo de desclasificar unos terrenos de su propiedad "violó" el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España por un mal funcionamiento de sus instituciones, en este caso, judiciales.
El fallo de la Corte de Estrasburgo establece que el Supremo, que tardó cuatro años en inadmitir el recurso, vulneró el derecho de todo ciudadano de la Unión a que una causa sea oída de manera equitativa, pública y en un plazo razonable.
El autor de la demanda, Martín Vicente Llavador, presentó en 1994 un litigio contra un cambio en las normas de planeamiento de Bocairent promovidas por el ayuntamiento y aprobadas por la Conselleria de Urbanismo del Gobierno valenciano, que afectaba de lleno a su propiedad. En concreto, el ayuntamiento modificó el planeamiento urbanístico para cambiar de urbano a no urbanizable de Protección Especial unos terrenos, de 350.000 m2 de superficie, propiedad de la familia del recurrente en el entorno de la Serra Mariola y sobre los que pretendía levantar una urbanización: "Desclasificaron mis parcelas diciendo que había demasiado suelo urbano y luego recalificaron otros de Protección Especial para hacer un camping, entonces propiedad de la esposa del arquitecto municipal y de dos concejales", según explicó ayer Martín Llavador a Levante-EMV tras conocer el fallo de Estrasburgo.
Agotada la vía administrativa, Llavador presentó un recurso contencioso-administrativo, que fue parcialmente admitido en marzo de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. No contento con el fallo del TSJ-CV, recurrió en casación ante el Supremo, que admitió el recurso en febrero de 1998 y "apremió a la otra parte [la conselleria y el ayuntamiento] a que compareciera en un plazo de 30 días para poder oponerse a la apelación". Casi 4 años después, en una sentencia de 18 noviembre de 2002, el Tribunal Supremo rechazó el recurso por "falta de datos en el escrito de presentación", según la resolución.
Tumbado en el Constitucional
Pero el periplo judicial de este empresario de Bocairent continuó en el Tribunal Constitucional, donde en una estrecha votación de tres a dos, se resolvió dar por buena la decisión del Supremo. En un voto particular, uno de los magistrados que apoyó la admisión del recurso reseñó que se habían tomado por parte de la administración "medidas exacerbadas" contra el recurrente.
El afectado recordó que se gastó 10 millones de pesetas de la época "en la redacción del proyecto, en llevar la luz eléctrica a la zona y en excavar un pozo". Sin embargo, según dijo ayer Llavador, "no me bajé los pantalones como querían y fue cuando me vinieron encima todos los problemas", declaró el recurrente, quien ayer no quiso extenderse más en sus valoraciones sobre la sentencia porque "todavía no la tengo en mis manos. Sólo conozco lo que me han dicho a través del teléfono. Lo que si sé es que me destrozaron la vida y voy a llegar hasta el final para defender mis intereses y que cada uno asuma sus responsabilidades", adelantó.
* Levante-EMV - RICARD GALLEGO - 16.12.09
Foto: Bocairent (Valencia) - lasprovincias.es
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La juez encarcela al cabecilla de la trama de chalés ilegales en Llíber
ELPAÍS/Alicante* : El caso de corrupción urbanística en Llíber sigue creciendo. La Unidad contra la Delincuencia Urbanística ha detenido ya a ocho personas, dos de las cuales están en libertad con cargos tras prestar declaración, otra en la cárcel y cinco más permanecen arrestadas en las dependencias policiales a la espera de ser interrogadas por la juez de Dénia.
La magistrada decidió ayer el envío a prisión del promotor de Xàbia Miguel M., presunto cerebro de la trama por la que varias empresas vendieron 300 viviendas en suelo rústico, con el concurso del ex alcalde de Llíber, José Más, del PP, como máximo responsable político de los permisos fraudulentos que habrían permitido la edificación de los inmuebles ilegales entre 1999 y 2004.
El ex alcalde no se encuentra solo en los calabozos, le acompañan tres constructores y el ex aparejador municipal. Éste y Mas ya habían sido imputados en un anterior proceso judicial por un caso vinculado también a las construcciones ilegales. La juez tiene previsto tomar hoy declaración a tres de los detenidos.
En el fraude masivo de la venta de centenares de viviendas ilegales se encuentran implicadas más personas que deberán comparecer ante la juez: constructores, intermediarios y hasta un notario. A todos ellos se les imputan los delitos de estafa, cohecho, pertenencia a asociación ilícita y ordenación contra el territorio.
El caso, en el que la fiscalía de Medio Ambiente de Alicante actuó de oficio tras la denuncia de uno de los clientes estafados, no es más que la herencia de la fiebre urbanística que se adueñó de Llíber desde finales de los años noventa, cuando la corporación aprobó una ordenanza que permitía la construcción de chalés en parcelas de tan solo 5.000 metros cuadrados. Este resquicio legal provocó un marasmo de operaciones de compraventa de suelo y el desembarco de los promotores de la trama, que pronto vendieron terrenos para edificar. Sus precios oscilan entre los 200.000 euros y el millón de euros.
Los promotores se encargaban de todo. Contactaban con el cliente -normalmente de procedencia británica o alemana-, lo traían desde el aeropuerto, le mostraban el idílico paisaje del municipio, le vendían el terreno, le preparaban la escritura, le convencían de que todo era legal y obtenían los permisos de edificación. Muchos de estos eran para la restauración de ruinas que no existían o para la instalación de almacenes que nunca iban a existir y que fueron expedidos por el gobierno del alcalde del PP.
Llíber es hoy un caos urbanístico, hasta el punto de que el Ayuntamiento, gobernado desde 2003 por el PSPV, instaló un cartel que en castellano e inglés advertía: "Antes de comprar una parcela, verifique su situación legal". Los estafados se han organizado en la plataforma Abusos Urbanísticos Llíber.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 16/12/2009
Foto: Llíber (Alicante) - enciclopedia.cat
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Córdoba: Urbanismo sigue dando licencias en Mirabueno pese a todas las carencias
ELDÍA* : En un hecho inédito, la Gerencia Municipal de Urbanismo decidió ayer desoír un acuerdo del consejo rector del año 2005 y el criterio expresado por el servicio de Planeamiento para asegurar que las licencias de ocupación del barrio de Mirabueno se seguirán otorgando a pesar de que es evidente que la junta de compensación no ha culminado las obras del proyecto de urbanización, que existen problemas de abastecimiento energético, que no se han ejecutado determinadas actuaciones contempladas inicialmente y que la Ronda Norte se encuentra a medio hacer.
El teniente de alcalde de Urbanismo, Francisco Tejada (IU), le dio ayer la vuelta a todo lo que consta en la documentación oficial -asegurando que se ha malinterpretado- para afirmar no sólo que las licencias de primera ocupación concedidas no se revocarán sino que se darán nuevos permisos. Ayer mismo, se le dio permiso de primera ocupación a una promoción de VPO de 75 pisos y 153 cocheras.
Lo habitual en una promoción de este tipo es que primero se desarrolle el proyecto de urbanización, se conceda licencia de obras para las casas y, una vez acabado cada edificio, se dé la de primera ocupación cuando se compruebe que todo está correcto. En este caso, Urbanismo permitió urbanizar y edificar a la vez con unos avales de 13 millones por si las cosas fallaban. Las cosas han terminado fallando pero buena parte de las casas están vendidas y ocupadas. Los hechos pueden generar un expediente sancionador catalogado como muy grave.
En 2005, Urbanismo decidió que si la urbanización del suelo no se completaba, las ocupaciones concedidas serían nulas y las casas tendrían que desocuparse sin posibilidad alguna de pedir indemnizaciones. En un primer cambio, un informe de la pasada semana aseguraba que los permisos podrían ser nulos si "el órgano decisorio" así lo estimaba dejando la última decisión en manos del ámbito político. Se daba por hecho -a pesar del acuerdo de hace cuatro años- que nadie sería obligado a dejar su vivienda ya que sería una medida que afectaría a terceros que han comprado de buena fe. Sin embargo, el mismo informe incluía un documento de Endesa que aseguraba que no se podían realizar nuevas conexiones al faltar la mitad de la infraestructura del transporte eléctrico inicialmente proyectada y aprobada.
El teniente de alcalde de Urbanismo decidió ayer -en una intervención puramente política- que las licencias de ocupación se seguirán otorgando a pesar de que es más que evidente que se han incumplido las obligaciones del promotor y, por ende, que la urbanización del sector no se ha terminado conforme a las previsiones inicialmente planteadas.
Para dar las nuevas licencias, Urbanismo se aferra a un documento de Endesa que asegura que, en contra de lo anunciado, puede darle electricidad a esa promoción pero a ninguna más -para ocupar un edificio es preciso contar con un boletín que garantiza que los servicios básicos pueden ser conectados-. La argumentación de la Gerencia es que se va a quedar con los 13 millones de euros en avales (realizados por medio de la entidad financiera Cajasur) que la junta de compensación, liderada por Marín Hillinger, puso en su momento para garantizar que terminaría las obras y que con ese dinero terminará la Ronda Norte y paliará todos los problemas que tenga la urbanización. El problema principal de esa argumentación es que los precedentes son precisamente los contrarios: las ocupaciones no se tramitan y se otorgan hasta que los problemas no se han arreglado y los técnicos han constatado que todo está correcto en un procedimiento que está reglado.
Todas las fuentes consultadas, salvo el teniente de alcalde de Urbanismo, reconocen el riesgo que está asumiendo la Gerencia pues entienden que lo más probable es que el asunto de los avales acabará en un pleito en el que el Ayuntamiento puede ganar o no. "No tiene por qué suceder eso", se limitó a decir el responsable del organismo autónomo. Tejada aseguró que "pertenece al ámbito privado" la consideración de que el promotor que ha incumplido los acuerdos con el Ayuntamiento -ese es el criterio de la Gerencia para quedarse los avales- pueda seguir vendiendo viviendas.
* El Día de Córdoba - Rafael Ruiz - 16.12.09
Foto: Las obras de la ronda Norte permanecen paradas desde agosto del 2008.
Foto: A.J. GONZALEZ, diariodecordoba.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Madrid: Un juez quiere embargar a la edil de Urbanismo por una deuda municipal
ELPAÍS* : No existen precedentes, pero de aceptarse, podría sentar las bases de una jurisprudencia sorprendente. Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) redactó un auto el pasado 5 de noviembre en el que reclama al Ayuntamiento de Madrid el pago por los intereses de una expropiación irregular realizada cuando José María Álvarez del Manzano era alcalde.
Si no se pagan, dice con un tono que expresa ya cierto hartazgo por la espera (habitual en decenas de procedimientos que tiene abiertos el Ayuntamiento por impagos), embargará bienes personales de la edil de Urbanismo, Pilar Martínez.
Lo que reseña el párrafo más suculento del auto, en suma, es que si no se abona la cantidad en la fecha acordada, que expiraba el pasado viernes, "se incrementará en dos puntos el tipo de interés aplicable sin perjuicio de que el importe de dicho incremento se repercuta sobre el patrimonio personal de la concejal del área, por la diáfana y contundente negligencia en el cumplimiento de su obligación de ejecución de la sentencia". No cabe duda de que el magistrado lleva un enfado importante.
La historia comenzó en 2001 cuando la Concejalía de Urbanismo, entonces dirigida por Ignacio del Río, expropió dos parcelas en Usera. Pagó 5,6 millones por una y 479.781 euros por la otra. Los terrenos iban a servir para construir varias promociones de vivienda protegida. Pero como suele ocurrir, los expropiados consideraron que el precio era inferior a su valor real.
Y en esta ocasión así lo creyó también un juez seis años después, en noviembre de 2007. A pagar dos millones de euros más de lo abonado, dijo. Eso, y los intereses por la demora y la inflación: 410.000 euros. Finalmente, el Ayuntamiento abonó la diferencia (en 2009), pero no los intereses.
Y cuando parecía que el Consistorio se avenía a pagar por un procedimiento amistoso una suma de 390.000 euros, según fuentes del caso, se descolgó con una oferta de 27.000 euros que, obviamente, no interesa a los afectados por la expropiación.
El caso es extraño. Según el abogado Alberto Jabonero, para que pudiese ejecutarse la amenaza que pende sobre la concejal "debería tramitarse un procedimiento específico en el que se declarase tal responsabilidad con posibilidad de defensa del afectado".
Pese a todo, en el Consistorio están tranquilos y dicen que ya les ha sucedido otras veces. "No es una práctica nueva. Cuando se dicta una sentencia, si no se cumple el plazo del juzgado, si el abogado de la parte insta a que el Ayuntamiento cumpla en el tiempo legal, nos suele pasar", explica el edil de Hacienda, Juan Bravo.
El problema, dicen, es que es final de año y la cantidad asignada en el presupuesto anual al pago de este tipo de intereses ya se ha gastado. Ahora mismo, asegura Bravo, se tramita una modificación presupuestaria para hacer frente a la cifra requerida.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 16/12/2009
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Madrid
Galicia: Una oleada de derribos amenaza las arcas de municipios costeros
ELPAÍS* : La reposición de la legalidad urbanística pone a los ayuntamientos contra la pared. Las sentencias judiciales firmes con ese objetivo, que pasa por anular licencias municipales y, subsiguientemente, ordenar la demolición de las obras ilegales, se convierte en una amenaza drástica para el funcionamiento económico de los municipios y, por extensión, para la economía civil generada por el anterior auge de la especulación inmobiliaria.
El alcance de esta amenaza se hace patente en A Guarda, el primero de los ayuntamientos sacudidos por los tribunales: su presupuesto no alcanza ni para la primera tanda de derribos por licencias mal concedidas, y aún hay más sentencias pendientes de ejecución. En esa tesitura se verán a corto plazo otros ayuntamientos, especialmente del sur de Pontevedra, sobre los que en los próximos meses, según fuentes jurídicas consultadas, caerá una oleada de sentencias de idéntico contenido.
La situación es comparada en medios judiciales, por sus efectos económicos, con las primeras acciones contra el narcotráfico en la comarca de Arousa. La persecución alcanzó entonces a numerosos negocios que acabaron cerrados o sometidos a crisis de supervivencia con efectos sobre el empleo. Ahora los tribunales, con sentencias firmes en causas iniciadas hace cuatro años y más, pondrán en jaque muchas de las plusvalías obtenidas con la especulación. "La Administración ha sido muy tolerante y casi nadie de los afectados es inocente en estos resultados", explican fuentes de la Fiscalía de Pontevedra, que atribuyen la situación al exceso de normas que marcan el funcionamiento del sector y a la proclividad a cambiarlas de los responsables políticos, incurriendo con facilidad en la generación de inseguridad jurídica.
En los ayuntamientos la crisis del ladrillo ya ha provocado una merma drástica en sus ingresos por la concesión de licencias. Ahora, además, tendrán que afrontar los costes de la reposición de la legalidad urbanística, bien directamente o repercutiéndolos, allá donde proceda, sobre las empresas o particulares que promovieron las obras ilegales. Unas se realizaron sin licencia, otras recibieron licencias que contravienen la legislación vigente y otras, en fin, desbordan el marco de actuación de los permisos que recibieron. La reposición de la legalidad pasa a ser en todas ellas una responsabilidad municipal y, aunque nadie adelanta cifras, tampoco nadie duda de que tendrá una incidencia capital sobre las economías locales afectadas.
En A Guarda, por citar el último caso, la anulación de las licencias de construcción de 21 viviendas unifamiliares y la demolición en marcha de las que se construyeron conlleva la indemnización a los afectados, porque actuaron con todas las de la ley, con unos siete millones de euros, equivalentes al presupuesto municipal del año. En este caso el ayuntamiento se apresta a dirimir con la Xunta en los tribunales a quién le corresponde pagar, pero en los próximos meses tendrá que afrontar otros fallos análogos.
Situación similar se produce en los tres ayuntamientos del Val Miñor (Baiona, Nigrán y Gondomar) y en Oia, que puede pasar por un paradigma del desastre. En los próximos meses se esperan sentencias firmes sobre decenas de edificios construidos en las proximidades de la costa, todos ellos ilegales. El caso más relevante es el del hotel-balneario Talaso Atlántico, que se construyó de acuerdo con una ordenanza que el Ayuntamiento nunca publicó y cuya demolición tendrá que ejecutarse previsiblemente en unos meses.
En Oia está asimismo pendiente el derribo de una nave industrial del actual edil de Urbanismo de Gondomar, Alfonso de Lis, quien la defiende con el argumento de que tenía licencia municipal, aunque obvió la de la Xunta, preceptiva para toda edificación en suelo rústico. El actual alcalde, Alejandro Rodríguez, se resiste a ejecutar el derribo con el argumento de que la empresa genera empleo. Mandará ejecutarlo "cuando empiecen a demolerse las muchas naves que hay en su misma situación en la provincia", afirma.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 15/12/2009
Foto: A Guarda (Pontevedra), derribos - lavosdegalicia.es
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15.12.09
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Málaga: El PGOU recalifica una finca contigua al centro ruso de Pinares a demoler
MÁLAGAHOY* : El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga, pendiente de aprobación definitiva, pinta como residencial una parcela contigua a la finca del promotor del centro hispano-ruso y cuyo uso actual es no urbanizable, conforme al planeamiento vigente.
La maniobra de los técnicos encargados de la revisión únicamente beneficia a los propietarios de la citada pastilla, sin que la misma tenga efectos sobre el suelo, también no urbanizable, en el que Vladimir Beniachvili ha levantado en los últimos once años varias edificaciones de forma presuntamente ilegal.
El diferente trato que el nuevo Plan General da a ambos espacios crea ciertas incertidumbres, puesto que según indicaron a este periódico miembros de la comunidad de propietarios de Pinares de San Antón y expertos, podría abrir una puerta inesperada al promotor del hispano-ruso para tratar de normalizar dichas irregularidades. Según las fuentes consultadas, podría llegar a reclamar al Ayuntamiento el mismo trato que se da a los propietarios de al lado y apuntaron que incluso podría presentar un recurso contencioso-administrativo contra el PGOU, "con el objetivo de ralentizar aún más las actuaciones municipales". "Habría que explicar muy bien por qué siendo suelo del mismo tipo se cambia uno y no el colindante", añadieron.
Este extremo, no obstante, fue descartado desde la Gerencia de Urbanismo. Teresa Domingo, jefa de departamento de Disciplina Urbanística, explicó que la decisión de otorgar la calificación de urbanizable no consolidado al terreno aledaño "no afecta para nada a los suelos sobre los que ha construido el promotor del centro hispano-ruso". En este sentido, cerró que ello sea una forma de legalización y que se contemple un cambio en el uso previsto. Según la ficha técnica, en la parcela objeto del cambio de uso, de 17.424 metros, se permitirán hasta 10 viviendas unifamiliares.
En relación con la larga espera que acumula el posible derribo de lo construido en la parcela de calle Halepensis, dijo que esa demora responde a "la enorme complejidad" del expediente y a que "no se ha sido suficientemente ágiles", lo que vinculó con la disposición de menos medios de los necesarios. En cualquier caso, la responsable técnico insistió en que desde Urbanismo se ha actuado "en todo momento" tras detectarse las primeras irregularidades.
Sobre la orden de demolición, explicó que si el propietario no actúa de forma voluntaria en el plazo fijado legalmente tras serle notificada la orden de demolición, será el Ayuntamiento el que acometa el derribo de lo construido. No obstante, este paso podría demorarse si el dueño impidiese el paso a las máquinas, lo que obligaría a tramitar una orden judicial. Si ello ocurriese, la Gerencia empezaría a imponer de forma inmediata las primeras sanciones coercitivas, que pueden ser hasta 12 y por el 10% del valor de lo construido ilegalmente. En este caso, la cuantía global de las obras ronda los 865.000 euros.
* Málaga Hoy - S. Sánchez - 15.12.09
Foto: Suelo contiguo al promotor del hispano-ruso que cambia de uso. - malagahoy.es
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Detienen a seis empresarios por corrupción urbanística en Llíber
INFORMACIÓN/Alicante* : La vorágine urbanística que vivió Llíber -un municipio del interior de la Marina Alta de 1.001 habitantes- entre 1999 y 2003 tenía gato encerrado. Agentes de la Guardia Civil detuvieron entre el domingo y ayer por la mañana a seis empresarios que durante esos años ejercieron presuntamente de intermediarios en la venta de terrenos no urbanizables o directamente construyeron y vendieron chalés ilegales a residentes extranjeros.
A los seis detenidos se les imputa un delito de estafa y otro de asociación ilícita para delinquir. Sus promotoras y sociedades estuvieron detrás de la construcción de entre 300 y 350 viviendas en suelo protegido.
El alcalde de Llíber en aquellos años, José Mas Avellá, del PP, y el entonces arquitecto técnico municipal, Amador Signes, también están imputados por un delito contra la ordenación del territorio. Es una causa distinta, pero con el mismo origen. Ambos permitieron supuestamente que se edificaran los chalés ilegales. El Ayuntamiento no emitió ninguna orden de paralización de obras. Por el contrario, concedió licencias para restaurar casas en ruinas o levantar almacenes agrícola con parte habitable para construcciones que, en realidad, eran chalés de nueva planta.
En algunos casos, ni siquiera existía la ruina para cuya reconstrucción se pedía permiso de obra. Sin embargo, el Ayuntamiento hacía la vista gorda y permitía que en parcelas de menos de 10.000 metros (en esa superficie sí se podía construir una vivienda) se levantaran varios chalés. Sus propietarios no pueden ahora legalizar sus casas y se ha creado en Llíber un grave problema de ordenación del territorio. La instrucción de este caso, por el que también estuvo imputado el ex edil de Urbanismo, quien ha fallecido, ya está cerrada y ahora debe celebrarse el juicio en el juzgado de Benidorm.
De cinco de los seis empresarios detenidos trascendió ayer la identidad. Son Miguel M., un promotor que también en Xàbia tiene abierto un expediente de infracción urbanística y, además, estaba vinculado a uno de los PAI de Parcent; el español Pedro E.O., relacionado también con el sector inmobiliario; Trevor B., un constructor de nacionalidad inglesa, y los alemanes Michael y Trauder W., según informaron fuentes próximas al caso. Los detenidos pasarán hoy o mañana a disposición judicial.
La investigación, que todavía ayer no se había dado por cerrada, la lleva a cabo el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Comandancia de Alicante y no se descartan nuevas detenciones.
Estafados
Afectados por la presunta estafa urbanística de Llíber relataron a este diario cómo actuaba uno de los empresarios detenido. Comentaron que ejercía de intermediario en la venta ante notario de los terrenos en suelo no urbanizable. Para ello, contaba con poderes de los propietarios, a menudo agricultores de Llíber. Al comprador le garantizaba que no iba a tener ningún problema para conseguir la licencia y construirse un chalé. De hecho, ya le ponía en contacto con un técnico municipal (supuestamente, el entonces aparejador Amador Signes), quien le explicaba los pasos a seguir para conseguir el permiso de obras.
El empresario explicaba a sus clientes que en Llíber se aplicaba una curiosa práctica urbanística. Debían pedir una licencia para restaurar una ruina o para construir un almacén con una parte habitable, aunque edificaran un chalé de nueva planta.
El Colegio de Arquitectos de Alicante presentó una denuncia contra esta artimaña urbanística, de ahí la imputación posterior del ex alcalde y del que fue su aparejador municipal. Los proyectos, supuestamente de obra menor pero que en realidad eran para construir un nuevo chalé, los visaba un arquitecto técnico y no uno superior.
* Información - A. P. F./P. C. - 15.12.09
Foto: Chalés ilegales en la montaña de Llíber que ardió en septiembre de 2008 - INFORMACION
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Cartagena: Condenan a Urbanismo por derribar sin razón una casa en La Aljorra
LAVERDAD* : El Ayuntamiento de Cartagena tendrá que indemnizar con 92.405,61 euros a uno de los propietarios de una vivienda de La Aljorra que declaró en ruina inminente y derribó sin un informe justificado en el año 2006. Así lo establece una sentencia del Juzgado de Contencioso Administrativo nº1 de Cartagena del pasado 20 de octubre, que considera injustificada la actuación municipal.
La resolución judicial, recurrible al Tribunal Superior de Justicia, da la razón a Miguel Ángel C. G. Éste impugnó el decreto de ruina inminente del 9 de mayo del 2006 con el que el entonces vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, Agustín Guillén, autorizó el derribo en un plazo máximo de 48 horas.
El concejal actuó a instancias del arquitecto jefe, José Amorós, quien inspeccionó el inmueble el 3 de diciembre y emitió un informe según el cual la casa había sufrido derrumbes interiores por unas lluvias, y era necesario demolerlo. Había riesgo de caída de «elementos estructurales de fachadas» a la calle.
La edificación estaba en las calles Salvador García y Antonio Pascual o Mayor, junto a la antigua carretera de Fuente Álamo, «una zona de gran tráfico». La demolición total de la casa, de 123 metros cuadrados, fue el 12 y el 13 de mayo.
El dueño exigió daños y perjuicios, pues el inmueble «era susceptible de venta, alquiler o uso», y ya sólo le quedó su «participación de una cuota de un solar en proindiviso». La indemnización equivale al valor de reposición de la casa.
El afectado basó su demanda en en tres informes de arquitectos, pero el juez desechó el contenido y encargó un informe pericial para compararlo con el municipal.
Ni fotos ni inspección total
El perito judicial no vio proporcionalidad entre el informe y la medida adoptada, y señaló que la calificación correcta habría sido ruina ordinaria o parcial. Vio datos «imprecisos» en el estudio del Ayuntamiento, como el hecho de no incluir documentación gráfica sobre los derrumbes o que, en tres fotos de las fachadas, «no existía ningún balcón, marquesina, letrero o anuncio» que pudiera caer a la calle.
Además, el técnico municipal «reconoció que no visitó la edificación en su conjunto» y que «se deberían haber adoptado medidas de seguridad» exterior.
El juez ha determinado que se vulneró el artículo 62, apartado e, de la Ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Eso sí, no ha advertido ni mala fe ni temeridad.
* La Verdad - J. A. G. - 15.12.09
Foto: Cartagena, ayuntamiento - cartagena.es
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A Ría non Se Vende presenta una demanda penal contra la cúpula del puerto vigués
LAVOZ/Vigo* : La red de colectivos A Ría non Se Vende presentó ayer en el juzgado de Instrucción de Guardia nº7 de Vigo una denuncia penal contra los responsables de la Autoridad Portuaria de Vigo (Corina Porro, y Luis Lara Rubido, entre otros) por presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, contemplado en los artículos 325 a 331 del Código Penal, y otro de presunta prevaricación, según lo estipulado en el artículo 404 del mismo texto, ambos relacionados con las obras iniciadas en el muelle del Areal.
La denuncia se basa en la falta de cobertura legal de unas obras que se están ejecutando «sin -según dice el escrito- que el proyecto de las mismas fuera tramitado y aprobado debidamente según la legislación vigente, sin haber sido sometido tampoco a la preceptiva exposición pública, claramente prejudiciales para el medio ambiente y los recursos naturales, y que se están realizando sin que se cuente con el indispensable Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Vigo. De todo lo dicho son conocedores los citados responsables de la Autoridad Portuaria de Vigo, por lo que están incurriendo en un delito de prevaricación».
Se pide en la denuncia que «se adopten cuantas medidas cautelares se entiendan oportunas a fin de evitar los hechos irreversibles que supondría la realización de la obra». A Ría Non Se Vende continúa adelante con la tramitación de los recursos contencioso-administrativos contra los proyectos de ampliación del relleno de Bouzas, del muelle de A Laxe con el puerto anexo y del citado del Areal.
* La Voz de Galicia - 12.12.09
Foto: Panorámica muelle de Guixar - cope.es
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Juzgan a los alcaldes de Villanueva del Trabuco y Viñuela por delito urbanístico
MÁLAGAHOY* : Los alcaldes de Villanueva del Trabuco y La Viñuela se sentarán esta semana en el banquillo de los acusados para ser juzgados por delitos contra la ordenación del territorio que presumiblemente ocurrieron cuando permitieron que se edificaran viviendas en suelos no urbanizables sometidos a protección especial. El primer juicio se celebrará mañana en el Juzgado de lo Penal nº10.
El alcalde de Villanueva del Trabuco, Antonio Vegas (PSOE), deberá responder por una construcción de 1998 que presumiblemente no respetaba las normas subsidiarias que imperaban en aquellas fechas en el pueblo. El fiscal le imputa un delito de prevaricación urbanística por conceder una licencia de obras en junio de ese año "sin que se hubiesen realizado los preceptivos informes técnicos ni jurídicos, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo que regía tales expedientes de solicitud de licencia de obras".
Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, en el expediente únicamente constaba un informe técnico del arquitecto que se había realizado solo a "efectos de valoración". Además, en la zona ni con informes técnicos ni sin ellos se podía edificar porque se trataba de un suelo clasificado como no urbanizable "de especial protección", estando calificado como "complejo ribereño" en las normas subsidiarias que se habían aprobado en 1997. La Fiscalía le imputa a Vegas un delito de prevaricación urbanística por el que le pide ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 2.160 euros.
Además, este viernes está previsto que el alcalde de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), sea juzgado por dos delitos contra la ordenación del territorio o prevaricación urbanística, uno de ellos de carácter continuado. Se trata de una vista oral que ya ha sido suspendida por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga en varias ocasiones, la última el pasado mes de julio. Los hechos ocurrieron entre 2001 y 2003 cuando autorizó tres viviendas en una zona de La Viñuela conocida como pago Guerrero que forma parte de la zona de protección del embalse de La Viñuela, que suministra agua potable a la población de la Axarquía y de parte de la capital.
El primer caso ocurrió el 17 de agosto de 2001, cuando Millán firmó dos decretos de Alcaldía en los que otorgaba licencias de obras a una ciudadana española para construir otras tantas viviendas unifamiliares en esta zona. Dos años más tarde, en octubre de 2003, rubricó otro decreto de alcaldía en el que concedía a un ciudadano extranjero licencia para que levantara otra casa también en el pago Guerrero. El fiscal sostiene en el escrito de acusación provisional que ambos permisos de obras fueron concedidos "de forma consciente y a sabiendas de que se trataba de terreno no urbanizable de protección del embalse de La Viñuela", de acuerdo con las normas subsidiarias de 1996 que regían el urbanismo en aquellos años.
Además, el fiscal subraya que se autorizaron los chalés "prescindiendo de los trámites necesarios en los expedientes de concesión". En este sentido, el secretario hizo constar en los dos primeros casos que se trataba de terreno no urbanizable y que para su edificación era necesario tramitar un expediente que justificara la utilidad e interés social de las obras que se iban a hacer. La licencia de la tercera casa se concedió cuando ya había entrado en vigor la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), sin embargo, no se acreditó que la vivienda estuviera vinculada a una explotación agrícola, forestal o ganadera. El expediente administrativo únicamente contaba con "la solicitud de licencia, el informe del secretario, proyecto básico y de ejecución, pago de tasas y los decretos aprobando las licencias solicitadas", según el fiscal.
La Fiscalía pide para el alcalde de La Viñuela por los dos delitos de prevaricación urbanística dos años de prisión y 17 de inhabilitación. Estos juicios tienen lugar apenas un mes después de que el Juzgado de lo Penal número 11 condenara al ya ex alcalde, pero aún concejal, de Sayalonga, José Luis Navas (PSOE) a un año de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito urbanístico.
* Málaga Hoy - E.P. - 14.12.09
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es
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14.12.09
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Amigos de Sierra Escalona alerta de que un tercio del PAU-5 es terreno forestal
INFORMACIÓN/Alicante* : Amigos de Sierra Escalona (ASE) se opone frontalmente a la decisión del equipo de gobierno de Orihuela (PP) de aprobar provisionalmente el PAU-5 para la construcción de 4.000 casas, con "un evidente impacto ambiental y paisajístico sobre la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor, una afección que nunca se ha evaluado al no haberse sometido este plan urbanístico, al igual que el PAU-21, a ningún tipo de evaluación de impacto".
ASE lamenta que "la nueva y agresiva actuación urbanística se suma al despropósito en ejecución del colindante PAU-21", al amparo del "obsoleto y desfasado Plan General de Ordenación Urbana aún vigente".
De hecho, la asociación alerta de que "al menos 600.000 metros cuadrados del PAU-5 (que se extendería en un millón y medio) están inventariados por la propia Conselleria de Medio Ambiente como terrenos forestales en los que se desarrollan pinares de pino carrasco y matorral mediterráneo con especies como el lentisco, el palmito, el madroño o la adelfilla, un hábitat que utilizan diversas especies protegidas de fauna, especialmente aves rapaces". Precisamente, estos terrenos se encuentran "sobre las lomas que separan la carretera CV-941 y el canal del postrasvase Tajo-Segura del campo de golf de Campoamor, así como en torno al barranco del Lobo, un cauce público que atraviesa parte del sector en paralelo a la CV-941".
Por todo ello, ASE solicitará a la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo que no se apruebe definitivamente el PAU-5 y que se integre en la zona protegida del futuro Parque Natural. Asimismo, pedirán que se deseche la idea de convertir en autovía la CV-941, que da acceso a los PAU-5 y 21.
El presidente de la asociación, Miguel Ángel Pavón, subrayó que este plan agrede seriamente al espacio natural configurado por la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor, un área que la Conselleria "sólo ha protegido hasta el momento de forma parcial con las figuras de LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y de ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), evitando que terrenos como los del PAU-5, pese a albergar evidentes valores naturales protegibles, fueran incluidos para no entorpecer su desarrollo urbanístico". La declaración de Parque Natural (un trámite que "se está demorando escandalosamente") no incluye los terrenos del PAU-5 y del PAU-21, pese a que forman "una unidad natural y paisajística" con otras áreas sí delimitadas.
La agrupación ecologista ha venido alegando ante Conselleria en los últimos años contra la urbanización del PAU-5 y del PAU-21, pidiendo su calificación como suelo no urbanizable protegido y su inclusión en la ZEPA y en el futuro Parque Natural.
* Información - ELISA G. BROTONS - 13.12.09
Foto: Orihuela (Alicante), obras Sierra Escalona - A.Sánchez, diarioinformacion.com
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El Tribunal Superior de Xustiza anula el Plan Especial de Peleteiro
LAVOZ/Santiago* : El Plan Especial de Reforma Interior (Peri) nº12 (el correspondiente al solar del colegio Peleteiro, en el Ensanche), previsto en el Plan Xeral de Ordenación Urbana, fue aprobado definitivamente en el pleno municipal del 19 de abril del 2005 y, con ello, se esperaba cerrar una larga historia de negociaciones que permitía poner en marcha una operación urbanística que dotaría al barrio de un centro comercial, aparcamiento, local social y de un paquete de viviendas de lujo.
Al mismo tiempo, permitía ofrecer financiación para la construcción del colegio nuevo en Montouto tras la venta del solar del Ensanche a Caixa Galicia. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.
El pasado 12 de noviembre, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia comunicó a las Comunidades de Veciños de los números 20-22 de A Rosa y 13-21 de República Arxentina, que se atendía su recurso contencioso-administrativo, lo que tiene como consecuencia que «anulamos el mencionado acuerdo de 19 de abril de 2005 el cual es contrario a Derecho». Con la anulación del Peri de Peleteiro, el Concello y demás implicados en la operación tienen que volver a andar el camino desde el 2003. En una sentencia anterior, de julio, el mismo Tribunal anulaba la aprobación de la modificación del PXOU realizada en junio del 2003. La sala considera que tanto la modificación puntual del PXOU, que establece en líneas generales las condiciones de un futuro desarrollo urbanístico como el Plan Especial que detalla las condiciones de la nueva edificación no se hicieron correctamente y, por tanto, atiende las reclamaciones de los vecinos que consideraban dañados sus intereses y sus derechos.
En los fundamentos de derecho de la sentencia del Peri, el Tribunal indica que «la modificación impugnada permite destinar a uso residencial 4.500 metros cuadrados, lo que supera el límite legal de 8.250 metros cuadrados por hectárea». De acuerdo con la modificación, la sentencia dice que «la modificación impugnada solo prevé 1.395 metros cuadrados de espacios libres y 900 metros cuadrados de uso dotacional público, lo que en todo caso no alcanzaría los 3.540 metros cuadrados que serían exigibles considerando el incremento de edificabilidad en 11.800 metros cuadrados».
* La Voz de Galicia - Marga Mosteiro - 13.12.09
Foto: Los vecinos de A Rosa y República Arxentina le ganaron la batalla al Concello al que anular el Peri - XOÁN A. SOLER, lavozdegalicia.es
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Diez años de inhumanidad. (Carta abierta a Irina Bokova, directora general de la UNESCO)
ÁLVARO SANTANA ACUÑA*/La Laguna : Estimada Sra. Bokova: En primer lugar, la felicito por su reciente elección como directora general. Confío en que el doble cambio que ha supuesto su nombramiento (ser la primera mujer y además procedente de Europa del Este) conlleve también cambios profundos en el compromiso real que la UNESCO debe exigir a las instituciones responsables de la gestión de bienes Patrimonio de la Humanidad. Le escribo precisamente para solicitar su intervención inmediata y exigente en el casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, declarado Patrimonio de la Humanidad el 2 de diciembre de 1999. De antemano, le diré que no apoyo ninguna teoría de la conspiración. Tras diez años de inhumanidad, la realidad es aún más alucinante.
Desde 1999 la política patrimonial del ayuntamiento ha acelerado la destrucción de la historia urbana de la ciudad. Sólo se defiende el patrimonio históricamente más singular y estéticamente más espectacular (palacios, iglesias y casonas) y se repudia el patrimonio artísticamente menos monumental, pero históricamente más representativo, en especial las viviendas de campesinos y clases bajas urbanas.
Como deseo escribirle una carta y no una enciclopedia de despropósitos, me limito a un número muy reducido de hechos que, no obstante, demuestran por qué la situación del casco es de suma gravedad.
(1) En un incendio que pudo haberse evitado y combatido con mejores medios, La Laguna perdió la Casa Salazar en 2006 -edificio del siglo XVII- y entre los mejores ejemplos de arquitectura nobiliaria de Canarias; (2) la Catedral lleva cerrada más de siete años por ruina de sus cubiertas; (3) la presión inmobiliaria ha aumentado drásticamente en el casco tras la declaración de 1999, agudizándose la política aleatoria de demolición completa de determinados inmuebles o de preservación solamente de la fachada; (4) la casa terrera -el tipo de vivienda mayoritario desde 1496 hasta mediados del siglo XX- se encuentra en peligro crítico de extinción, pues hoy sobreviven menos de ciento cincuenta ejemplares de los que más de cuarenta están arruinados, abandonados o irreversiblemente reformados; (5) el ayuntamiento sólo protege legalmente el patrimonio más monumental y singular, y lo difunde mediante publicaciones, paneles informativos y visitas guiadas; y (6) en 2008 el ayuntamiento autorizó una obra mayor dentro del espacio superviviente de un callejón del siglo XVI frente a la plaza de la Concepción, lo que supone una gravísima violación del principio fundamental que articula el título de Patrimonio de la Humanidad: la regularidad urbanística buscada en el trazado de La Laguna durante el siglo XVI.
Pero insisto, la lista de equívocos y violaciones es más larga, demasiado larga para una ciudad Patrimonio de la Humanidad.
El ayuntamiento aún no está preparado para gestionar con eficacia un bien cultural de la UNESCO. De lo contrario, jamás hubiese autorizado obras dentro del espacio superviviente de un callejón del siglo XVI, ni tampoco las casas terreras estarían hoy en una situación similar a la de la selva amazónica.
Mientras se celebra el décimo aniversario de la declaración, una verdadera peste devora las casas terreras, sobre todo en la Villa de Arriba, donde se fundó la ciudad en 1496. Con la aprobación de la Concejalía de Patrimonio tan sólo en 2009 han sido demolidas siete casas terreras del casco, seis de ellas en el entorno de la calle Herradores.
Hasta aproximadamente 1960 había casas terreras en todas las calles del casco. En 2009 han sido expulsadas del centro del casco y sobreviven (como nuestra selva amazónica particular) en la periferia del casco, donde la especulación inmobiliaria es aún mayor.
El ayuntamiento presume y presume del éxito de la peatonalización del casco para encubrir una gestión ineficaz basada en principios elitistas y antidemocráticos de protección del patrimonio.
De hecho, la mayoría de las calles peatonalizadas son las del "centro" del casco, es decir, las calles (1) donde se encuentran el mayor número de monumentos de las instituciones y grupos sociales más poderosos de la historia de la ciudad; y (2) donde ahora se están destruyendo los últimos ejemplares de casas terreras.
En realidad, la "peatonalización elitista" del centro del casco se ha convertido en un becerro de oro que embelesa a los laguneros y turistas. Y no solucionará el problema de fondo que el casco sufría en 1999 y que se ha agravado en estos diez años: la gestión del patrimonio histórico-artístico está gobernada por una concepción profundamente elitista y antidemocrática del pasado de la ciudad.
De este problema se desprenden los demás. Por ejemplo, mientras una lluvia de millones de euros con forma de adoquines sigue cayendo sobre las calles, más del noventa por ciento de las viviendas del casco carecen de elementales medidas de prevención y detección contraincendios. Peor aún. Tras el incendio de la Casa Salazar sólo siete de los dieciséis edificios considerados Bien de Interés Cultural poseen algún dispositivo contraincendios.
Perdón. Me olvidaba de que en 2007 el ayuntamiento compró una bomba urbana ligera destinada sobre todo a cubrir emergencias dentro del casco. Pero, en vez de ubicarla permanentemente en el casco, la bomba urbana sigue aparcada en el parque de bomberos a las afueras de la ciudad. Si el casco sufriese un incendio como el de la Casa Salazar, la bomba urbana no supondría ninguna diferencia real, porque tendría que recorrer la misma distancia que cualquier camión de bomberos.
Como el ayuntamiento no es consciente de los problemas reales derivados de la gestión de un bien Patrimonio de la Humanidad, le solicito que encabece la creación de una comisión multi-institucional e interdisciplinar (similar a la comisión de valoración y expurgo de un archivo), compuesta por expertos, científicos, académicos, políticos y ciudadanos encargados, entre otras funciones, de estudiar caso por caso la conveniencia o no de autorizar la demolición parcial o total de inmuebles del casco.
El objetivo de la UNESCO es ayudar a personas e instituciones a gestionar eficazmente sus manifestaciones culturales y recursos naturales. El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (acaso el logro más robusto de las Naciones Unidas) proclama que "todos los seres humanos deben comportarse fraternalmente los unos con los otros".
Por tanto, como organismo dependiente de las Naciones Unidas, la UNESCO busca una gestión eficaz de manifestaciones culturales y recursos naturales precisamente para que los bienes Patrimonio de la Humanidad sirvan de ejemplo de convivencia fraternal de los hombres y mujeres del presente con los hombres y mujeres de siglos pasados que hicieron posible que lugares como La Laguna sean Patrimonio de la Humanidad.
Desafortunadamente, uno de los resultados más dolorosos de la gestión del casco es que contradice el objetivo de la UNESCO. Hoy, la mayoría de los laguneros y sus instituciones no se comportan fraternalmente con los seres humanos de siglos anteriores. Al demoler edificios como las casas terreras se violan los derechos humanos de los laguneros del pasado.
Señora Bokova, exija al ayuntamiento que no convierta el casco en el escaparate turístico del patrimonio histórico-artístico de una minoría poderosa, sino que participe con otras instituciones, grupos y personas en establecer una comisión patrimonial que, al proteger desde la humilde casa terrera hasta el gran palacio, siente las bases de una democracia urbana real y efectiva, es decir, que logre una convivencia fraternal del patrimonio del pasado con el presente y futuro de la ciudad.
* Universidad de Harvard
* El Día - Tenerife - 13.12.09
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14.12.09
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Canarias
Las otras heridas del Algarrobico
ELPAÍS/Almería* : El Algarrobico es un símbolo de la destrucción de la costa. Para los grupos ecologistas es uno de los mejores ejemplos de la voracidad del ladrillo, que ni siquiera respetó un entorno protegido como el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería. Para la Junta de Andalucía es una herida abierta que sólo le provoca dolores de cabeza.
Cinta Castillo, consejera de Medio Ambiente, ha heredado esta enorme mole con más de 20 años de historia y trámites a sus espaldas. La consejera sigue manteniendo el compromiso del anterior presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien en mayo de 2006 aseguró que su Administración compraría los terrenos para demoler el edificio y restaurar este paraje. Pero Castillo ha introducido un matiz más esta semana: El Algarrobico "no perjudica medioambientalmente" al parque de Cabo de Gata-Níjar. La consejera sostuvo en una entrevista publicada el lunes en este periódico que el edificio "en sí no está provocando ningún daño a ninguna especie" de flora o fauna.
Los ecologistas no tardaron mucho en criticar a la titular de Medio Ambiente e, incluso, han reclamado su dimisión por estas declaraciones. "Justifica el hotel y abre las puertas a su legalización, es sorprendente", interpreta Juan Clavero, de Ecologistas en Acción. "Que diga eso equivale a decir que el paraje no es suelo protegido", añade Jaime del Val, presidente de la asociación Salvemos Mojácar.
Los grupos conservacionistas critican que la Consejería de Medio Ambiente sólo se fije en si hay una afección directa a alguna especie animal o vegetal. Creen que es una visión reducida y antigua de la protección medioambiental. "Es un concepto que estaba bien en los años setenta con Félix Rodríguez de la Fuente, pero no para el siglo XXI", opina María José Caballero, responsable de la campaña de Océanos y Costas de Greenpeace. Las administraciones, según esta ecologista, "tienen que proteger el territorio y su hábitat".
"En el caso del Algarrobico hay que fijarse también en el impacto del turismo en el parque, las nuevas infraestructuras, en el consumo de agua, en los residuos y en cómo afecta al entorno y al paisaje", añade Caballero: "Esta visión global del ecosistema, en la que se lleva trabajando más de una década, no la tiene la consejera".
"El parque de Cabo de Gata es una reserva de la biosfera de la Unesco y su paisaje es fundamental: los acantilados, el entorno volcánico y las playas", sostiene Juan Clavero.
Las asociaciones ecologistas afirman que la Junta de Andalucía está aplicando este tipo de protección limitada de la naturaleza no sólo en el Algarrobico, sino en todas las políticas medioambientales. "No se quiere entrar en los impactos urbanísticos, que son lo más importante ahora mismo. Los estudios de impacto ambiental se limitan a si se ve afectada o no a una especie protegida y a ver si se cumple la normativa", afirma Clavero. Ecologistas en Acción ya envió en enero un escrito a la consejería en el que se reclamaba que este tipo de estudios también evalúen el impacto del planeamiento urbanístico. "Pero hay instrucciones para que no se entre en asuntos urbanísticos", sostiene Clavero.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, intentó el viernes cerrar filas con Castillo. Eso sí, Espadas, quien anteriormente había sido viceconsejero de Medio Ambiente, incidió en que nada ha cambiado respecto a la intención de la Junta de derribar el hotel.
La demolición y restauración de la zona no es algo que esté ya en manos del Gobierno andaluz. La Administración autonómica intentó comprar los terrenos del hotel por 2,3 millones de euros en 2006. Sin embargo, la promotora Azata llevó esta actuación a la justicia. El caso está ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que será el que decidirá si este símbolo de la destrucción del litoral desaparece de una vez.
Un largo historial judicial
- 17 de noviembre de 2005. El Boletín Oficial del Estado publica la orden del Ministerio de Medio Ambiente que amplía a 100 metros el deslinde del dominio público marítimo terrestre del Algarrobico. Esta decisión será vital para el destino del hotel de cuatro estrellas promovido por Azata hasta el momento con el beneplácito de las administraciones, puesto que parte del complejo pasará a invadir la servidumbre de protección que había sido fijada hasta la fecha en 20 metros por el Plan Parcial que, según establece la Ley de Costas, debería haber sido revisado al haberse aprobado meses después del 1 de enero de 1988.
- 22 de febrero de 2006. Un juez de Almería dicta la paralización cautelar de las obras del hotel, que se encontraba ejecutado al 94%. La resolución judicial, que se produce tras la declaración de utilidad pública del Algarrobico que, posteriormente, tuvo que ser convalidada por el Consejo de Ministros, incide en que el edificio invade la franja de servidumbre, que meses antes había sido ampliada. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han avalado hasta en cuatro ocasiones la orden que fijó el nuevo deslinde, que fue recurrida por la promotora y por el Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE.
- 5 de febrero de 2008. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que supuestamente amplía la protección del Algarrobico respecto al de 1994. Los ecologistas, la promotora y el Consistorio recurren el documento ante el TSJA, que ha dictado hasta tres autos en los que suspende cautelarmente su aplicación. El alto tribunal cree que la aplicación de esta ordenación puede causar "irreparables" perjuicios para el medio ambiente en el Algarrobico al permitir su nueva calificación la consolidación de instalaciones turísticas.
- 5 de septiembre de 2008. Un juez de Almería ordena revisar la licencia de obras del hotel al estimar que incurre en una infracción urbanística grave por afectar a suelos de especial protección y acusa a la Junta de modificar al margen de la ley en 1996 la calificación del paraje del Algarrobico, para convertirlo en urbanizable. La sentencia, pendiente de ser confirmada por el TSJA, motiva que la fiscalía abra una investigación para esclarecer si hubo prevaricación en las administraciones, algo que queda descartado en mayo de 2009 con el archivo de las diligencias.
- 19 de junio de 2009. El Estado acuerda desistir del procedimiento de expropiación de los terrenos ocupados por el hotel, que la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona impulsó en noviembre de 2005, tras la ampliación del deslinde y la ocupación del edificio por activistas de Greenpeace. La decisión, recurrida por el colectivo, se adoptó a la espera de que el TSJA resuelva la posible nulidad de la licencia. La Junta, que en mayo de 2006 anunció el derribo del edificio, se muestra ahora también partidaria de aguardar la resolución del proceso judicial abierto sobre este polémico hotel.
* ELPAIS.com - M. PLANELLES / R. RODRÍGUEZ - Sevilla / Almería - 13/12/2009
Foto: Algarrobico (Almería), hotel ilegal - elpais.com
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´La corrupción sale barata a los políticos por los bajos costes penales´
DIARIODEMALLORCA/Debate* : La incertidumbre política persiste pese a que el president del Govern Francesc Antich haya dado por cerrada la crisis institucional con la sustitución del conseller de Turismo y la aprobación de un código ético contra la corrupción. Un rector honorario y ex concejal de Palma, dos docentes de la Universitat, una feminista y un abogado especialista en consumo analizan la situación política de Balears. Comparten la sensación de que la corrupción sale barata. Ni los costes penales ni los sociales y políticos suponen una coacción suficiente para algunos dirigentes.
Los protagonistas de este encuentro convocado por Diario de Mallorca son Javier Capó, profesor del departamento de Economía Aplicada de la UIB; Carlos Hernández, abogado de la asociación de consumidores ACUIB; Antoni Roig, rector honorario de la UIB; Catalina Cantarellas, catedrática de Historia del Arte; y Maria Francisca Simonet, representante del Lobby de Dones. Cinco personas con respuestas ante la parálisis de la clase política.
–Después de la última crisis de gobierno, ¿qué debería hacer Francesc Antich?
Antoni Roig. "Ninguno de los partidos desea elecciones anticipadas. Esto continuará tal como está, con un vodevil o una comedia hasta que lleguen los próximos comicios. Ninguna formación debería pactar con Unió Mallorquina. A la larga, lo único lógico es un entendimiento entre PSOE y PP".
Carlos Hernández. "Los partidos se dan una última oportunidad. Me parece razonable. Es una pena que no hayan destinado el esfuerzo en resolver sus cuitas internas a la búsqueda de soluciones para el ciudadano. El adelanto de las urnas será inevitable si continúan las tensiones. Entiendo que el PP pida que no le llamen mientras persistan los enfrentamientos".
Javier Capó: "Las elecciones anticipadas suponen una paralización de la sociedad balear durante un periodo demasiado largo, y con una situación económica difícil de trasfondo. El presidente necesita acuerdos. Debería hablar con todos los partidos y exigir un compromiso de tolerancia cero con la corrupción. Es importante plantear pactos puntuales entre todos los partidos para resolver cuestiones pragmáticas que son prioritarias y no tienen un cariz ideológico".
Francisca Simonet: "Continuar con el grupo que gobierna, pero siendo muy exigentes con los imputados".
Catalina Cantarellas: "El equilibrio de poder no creo que cambie con unos nuevos comicios. Antich se ha comportado como un buen negociador desde el punto de vista de la praxis política. Defiendo los pactos puntuales, pero sin la necesidad de que sigan unidos. No obstante, ¡alcanzar el entendimiento con el PP es tan difícil!".
–¿Cómo ha llegado Balears a esta situación?
Antoni Roig. "El nivel del debate político intelectual es cero, una nada, una mediocridad completa. ¿Qué se puede esperar? Nos encontramos con el gobierno español, el autonómico, el insular y los ayuntamientos. Esta estructura genera redundancias, una complejidad de gestión brutal y unos costes económicos elevadísimos. Además, la burocracia excesiva propicia hacer las cosas mal y meter la mano en la bolsa. Cuanto más sencillo es el sistema, más difícil resulta incurrir en corrupción".
Javier Capó. "Al margen de ser éticamente reprobable y jurídicamente ilegal, el fenómeno de la corrupción tiene un elemento de racionalidad. El contexto la favorece. La corrupción implica un intercambio. Así, un político o funcionario vende un bien o servicio público –trámite burocrático, contrato, concesión– a cambio de un beneficio personal –soborno o crecimiento dentro del partido–. Al mismo tiempo, alguien está dispuesto a pagar por ese favor y el precio para corromper depende de lo costoso que suponga cumplir la ley. En algunos ámbitos, el seguimiento de la norma resulta muy gravoso, por ejemplo, en urbanismo. Estos beneficios se comparan con los costes. Los costes de tener un comportamiento corrupto son pequeños tanto desde el punto de vista penal, como político –el desgaste electoral de los partidos es escaso– y social –la gente lo da por hecho y no lo considera una lacra social–. Si comparamos los beneficios con los costes, la decisión racional aboca a la corrupción porque es muy lucrativa y poco costosa.
Carlos Hernández. "En efecto, es tentador porque los costes penales, sociales y políticos son reducidos. También es cierto que, en comparación con épocas anteriores, la sensación de impunidad ha mermado desde que se han dictado algunas condenas".
Catalina Cantarellas. "Preferiría un enfoque más abstracto. Yo creo que es la sinrazón la que conduce a la corrupción. Es decir, la falta de una ética mínima o dignidad humana. Hay gente que no lo hace ni lo hará nunca. Justificar lo que está pasando porque la democracia es reciente... Así nunca creceremos. Mientras tanto, se mantiene una ley felipista del año 85, la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide la división de poderes".
Carlos Hernández. "La política tiene una capacidad de expansión, de hipertrofia absoluta que intenta introducirse en todos los sectores sociales e invadir otros poderes. Y al final lo ha conseguido".
w Francisca Simonet. "Todavía estamos estrenando nuestra democracia. Nuestros gobernantes son un reflejo de la sociedad. Defiendo las autonomías porque fomentan la participación responsable de los ciudadanos. En la acción pública se necesita la introducción de normativas sobre financiación de los partidos políticos y de los ayuntamientos. Pero ante todo, se requiere mayor participación democrática y de la ciudadanía.
Carlos Hernández. "Hay una cuestión que no se ha comentado: La existencia de infinidad de funcionarios que no han hecho bien su tarea, ya sea por miedo a perder su empleo o porque no han sido diligentes. La legislación permite una serie de controles, pero se han visto superados. Hay un caso que nos viene como anillo al dedo: Los colaboradores en las estafas de phishing en internet, que cogen el dinero y lo envían de un lugar a otro a cambio de una comisión. Pues bien, el Tribunal Supremo elabora una doctrina donde define esta actuación como inconsciencia o ignorancia deliberada, es decir, ´yo no sé nada porque no quiero conocer lo que ocurre, pero participo y obtengo una rentabilidad´".
–¿Qué consecuencias provoca en nuestra sociedad?
Javier Capó. "En el tema de la corrupción juega un papel importante que en el proceso administrativo y político exista un amplio margen de discrecionalidad y libertad. Desde el plano económico, disuade la innovación y el progreso empresarial, puesto que las empresas no compiten a través de procesos productivos o de calidad, sino que pugnan por la capacidad de influencia política y, en definitiva, el soborno. Es un despilfarro de recursos. Por otra parte, quiero puntualizar que las personas que no caen en la tentación es porque el coste moral no les compensa. La corrupción tiene otro efecto negativo: expulsa a los mejores y a los más éticos".
Catalina Cantarellas. "Tal como está montado el sistema, el mismo cuerpo elimina a los más validos. De la corrupción ya hemos hablado demasiado. Ya no vale la pena hacerlo más. La situación política no se reduce a la corrupción. Una de las bases de toda democracia es la educación, pero pensar no interesa. En este estado de cosas conviene el pensamiento en blanco y, si se puede, el único. Hay una crisis económica pero no escucho propuestas que no sean capitalismo, liberalismo o cualquier cosa para distraernos de los asuntos importantes. No se hace nada en favor de la separación de poderes.
Francisca Simonet. "Se debería modificar la legislación para mejorar la participación ciudadana y que las organizaciones puedan intervenir y sean escuchadas. También un cambio en los valores, donde el PIB no constituya el valor supremo. Una manera de vivir distinta, no cimentada en la obtención de cosas. Vivir mejor no radica en la cantidad de riqueza acumulada".
Catalina Cantarellas. "Coincido contigo. Mayor participación, que no sean grupos cerrados. El sistema político suizo supone un ejemplo porque los ciudadanos siguen con su trabajo pero también ejercen de parlamentarios".
Javier Capó. "Es verdad que la política es más que la corrupción, pero la dimensión que ha alcanzado el problema lo ha desbordado y es como un virus que ha infectado el debate político. Esto ha provocado una parálisis de la Administración. Los ciudadanos han pasado de una fase de desprecio y rabia a una etapa de impotencia y desafección. La gente está cansada y descreída".
Carlos Hernández. "Internet es un ejemplo maravilloso de herramienta de información y participación. Ahora la gente se plantea hasta qué punto los propios medios de comunicación están mediatizados por grupos empresariales. Además, los políticos influyen en un porcentaje elevadísimo en las informaciones que se difunden. Se ha creado una disociación entre lo que interesa al ciudadano y la información que se facilita. Internet elude esta situación y se pueden plantear situaciones como la de la manifestación contra la corrupción que se ha preparado. Internet nos hará libres".
–Algunas soluciones y una visión sobre el código ético propuesto por los partidos de gobierno.
Antoni Roig. "Lo importante es simplificar el modelo de gestión. Lo que no puede ser es que cada vez que surge un problema inventemos una ley nueva. Lo primero es hacer funcionar lo que ya tenemos. El código ético, ¿nos tomáis por tontos? Yo soy contrario a crear más comisiones, reglamentos... IB3 y la Televisió de Mallorca, ¡fuera! No sirven para nada, salvo para la promoción de quienes las han creado. Desde una visión anglosajona, el Consell de Mallorca sobra".
Catalina Cantarellas. "Opino lo mismo".
Antoni Roig. "Los consells de Menorca, Eivissa y Formentera no sobran porque, a diferencia de nosotros, ellos no tienen el Govern. En las comunidades autónomas uniprovinciales no existen las diputaciones. ¿Qué pinta el Consell de Mallorca? Una duplicidad más. El coste de gestión en este país es enorme y lo acabaremos pagando".
Carlos Hernández. "El ejemplo máximo es que en la conselleria de Agricultura hay más funcionarios que agricultores. Pero para engaño, las empresas públicas. Yo ya me conformaría si se suprimieran estas empresas que, en su mayoría, no prestan servicios esenciales. Sirven para esquivar las limitaciones presupuestarias, colocar personas y evitar el control de los funcionarios. Al final, todos los recursos de las entidades financieras se van en gran medida a cubrir la deuda del Estado."
Javier Capó. "La apelación a la ética y a ese pacto no sirve para nada en la medida en que no es obligatorio, tal como los propios políticos reconocen. La solución pasa por reducir los incentivos de los comportamientos corruptos: disminuir la burocracia y la regulación cuando sea factible y mermar el margen de discrecionalidad de políticos y funcionarios. Las decisiones deben ser más transparentes. En cuanto a los costes: elevar las consecuencias penales y que las implicaciones sociales y políticas resulten más evidentes. En este sentido, los ciudadanos tienen que asumir su responsabilidad. Por cierto, ha salido a colación el tema de las televisiones. En este sentido, la Administración ha pasado de ser un instrumento para servir al colectivo a tener unos comportamientos endogámicos, como una máquina que lucha en favor de su propia supervivencia. Hay actividades que se financian públicamente pero que no tienen sentido porque ya las ofrece el sector privado. Hay otras prioridades que por razones económicas y de equidad deben imponerse frente a excentricidades como la televisión".
Carlos Hernández. "Una de las cuestiones que resulta imprescindible es que todos los movimientos contables de la Administración sean accesibles al ciudadano. Ya lo planteó el diario Daily Mail en referencia a los partidos políticos británicos."
Antoni Roig. "De los gastos sólo se enteran los partidos que están en el poder. A la oposición le cuesta mucho acceder a la información sobre los pagos, y lo digo por mi experiencia de concejal de Palma".
Catalina Cantarellas. "Mientras tengamos el sistema que tenemos, no hay ninguna voluntad de dejar participar a los ciudadanos. Como ciudadana me siento insultada, ignorada..."
Javier Capó. "Los partidos políticos han adoptado un papel extremadamente paternalista. Nos tratan como si fuésemos tontos, sin capacidad para analizar las cosas y no explican las cosas que hacen porque dicen que son complicadas. Pero los ciudadanos tenemos el deber de exigir que nos lo cuenten y luego votar en consecuencia. A la hora de decidir el voto se hace un análisis simplista y hay una fidelidad partidista que a veces roza el fanatismo. Hemos entrado en una competencia de mínimos: se vota al menos malo".
Antoni Roig. "Tenemos los electores que tenemos. Mucha gente vota a los suyos, y son los suyos porque piensan que son de su estilo. Uno de los problemas que tenemos es la ley electoral. No me cabe en la cabeza que un partido minoritario en Mallorca [UM] decida gobierne uno u otro".
Catalina Cantarellas. "Con esta ley electoral, son los parlamentarios los que eligen todo, no los ciudadanos. Nosotros votamos listas cerradas. Elegimos grupos de poder bien constituidos porque no nos dejan optar por nada más. Se trata de una democracia ficticia".
* Diario de Mallorca - M. M. B. PALMA - 13.12.09
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Tema: NOTICIAS Baleares , NOTICIAS URBANISMO
Chapuzas urbanísticas con denominación de origen
LAVOZ/Pontevedra* : Propietarios de Oia empiezan a pagar las consecuencias de la anárquica política urbanística que impera en este municipio de la costa desde los tiempos del legendario alcalde del PP, Álvaro Miniño. Chapuzas urbanísticas las hay en este ayuntamiento se mire por donde se mire. Construcciones de mayor volumen de lo permitido, sin licencia municipal, con planos falsos para justificar parcelas mínimas o en la línea de costa han terminado por destruir un paisaje que podría ser hoy en día uno de los más bellos de Galicia.
Lo peor es que la catastrófica gestión del Urbanismo de Oia empieza ya a pasar factura a los propietarios. El caso de la casa de turismo rural que la conocida militante nacionalista Ana Gandón habilitó en una vivienda histórica en Serraseca es uno de ellos. El Ayuntamiento le dio mal la licencia porque lo hizo vulnerando sus propias normas subsidiarias al no solicitar una autorización autonómica previa. El resultado ha sido que años después de poner en funcionamiento el negocio la Xunta lo ha desautorizado. El informe de Política Territorial es contundente al señalar sin ninguna clase de tapujos el comportamiento irregular de la administración local cuando concedió dicho permiso.
El Talaso Atlántico es otra muestra de la ineficacia del departamento de Urbanismo de Oia. Resulta que el TSXG en una sentencia firme ha anulado la licencia municipal porque se basó en una ordenanza inexistente por cuanto que el Concello se «olvidó» de publicarla.
Demolición
El complejo turístico tendrá que ser demolido si es cierto lo que aseguró el director xeral de Urbanismo cuando, tras los derribos en A Guarda, aseguró que acabarían con todas las edificaciones ilegales con sentencia firme.
A Francisco R. una propietaria sin escrúpulos le vendió una casa construida con planos falsos que no existe administrativamente y no puede tener una póliza de toma de corriente legalmente establecida. Y tenía licencia municipal.
Estos casos son sólo la punta del iceberg del caótico municipio de Oia. En los tribunales hay decenas de expedientes de viviendas construidas ilegalmente que tendrían que ser demolidas como ya ha empezado a hacerse en A Guarda.
* La Voz de Galicia - A.M. - 12.12.09
Foto: Una sentencia firme anuló la licencia del Talaso - lavozdegalicia.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Málaga: Urbanismo no informó al registro del expediente al centro ruso de Pinares
MÁLAGAHOY* : El Ayuntamiento de Málaga no comunicó por escrito al Registro de la Propiedad la apertura de un expediente urbanístico contra el centro que el promotor ruso, Vladimir Beniachvili, había levantado sobre un terreno no urbanizable en Pinares de San Antón.
El aviso sólo se hizo verbalmente una vez que el Registro número 2 notificó que había inscrito la obra de una superficie de casi 2.000 metros cuadrados en base al certificado emitido por el arquitecto imputado en la trama de corrupción urbanística de Alcaucín y que fuera jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación provincial, José Mora Lampérez.
En ese documento, que había sido visado previamente por el Colegio de Arquitectos el 4 de febrero de este mismo año, el arquitecto hacía constar que la obra estaba terminada y que tenía una antigüedad de más de cuatro años, lo que evitaría su demolición al haberse sobrepasado los plazos legalmente fijados. Sin embargo, fuentes del registro de la propiedad defendieron ayer que actuaron conforme a "la más absoluta legalidad" en este caso porque "nuestra labor es constatar que el certificado es legal y que coincide con la escritura de la construcción que se pretende inscribir, no la de visar la legalidad de la obra".
La inscripción en el registro se produjo el 26 de marzo pasado y afectaba a una superficie total edificada de 1.796 metros cuadrados que, según detalla el propio arquitecto en un informe firmado el 16 de julio de 2008, "se desarrolla en dos viviendas distribuidas en dos volúmenes, más dos pequeñas construcciones anexas", cuyo uso previsto era el de apartahotel.
Fue entonces cuando el Registro de la Propiedad número 2 notificó la inscripción al Ayuntamiento de Málaga tal y como establece el artículo 52 del Real Decreto 1093/97. Pero fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo reconocieron que únicamente se le informó verbalmente del expediente incoado contra el centro hispano-ruso y no por escrito, lo que motivó que unos meses después el promotor de la obra intentara nuevamente inscribir otra parte de la construcción en el registro. Pero ésta vez no hubo tanta suerte al detectarse "una disparidad" entre lo que incluía el certificado del arquitecto, que las fuentes no quisieron precisar si se trataba también de José Mora, y las escrituras de la obra, motivo por el cual fue rechazado.
Las fuentes municipales justificaron el hecho de no haber alertado al Registro de la Propiedad de la apertura del expediente urbanístico por "no tener medios suficientes para informar de todos los que se incoan diariamente", aunque anunciaron que lo harán en los próximos días. Sin embargo, matizaron que eso no impide que se siga adelante con la orden de demolición que planea sobre la obra.
De hecho, el Ayuntamiento le ha vuelto a notificar al promotor ruso la apertura de otro expediente en el que por primera vez se incluyen la decena de obras que ha ido construyendo desde 1998 en este terreno parcialmente no urbanizable de casi 6.500 metros cuadrados. La intención municipal es dictar una orden de derribo de todo el conjunto una vez que transcurra el plazo de diez días que el afectado tiene para alegar.
Si no derriba la obra de motu propio en el plazo fijado, el Ayuntamiento prevé primero imponer al promotor hasta 12 multas coercitivas por el 10% del valor de lo ejecutado, es decir, cada una rondaría los 86.000 euros, hasta que ejecute la orden. Si aún así, no lleva a cabo la demolición, Urbanismo ya ha anunciado que actuará de forma subsidiaria y que derribará la construcción. El promotor ha desoído tres órdenes anteriores emitidas en 2005, 2007 y una última en junio de este año.
* Málaga Hoy - Raquel Garrido - 12.12.09
Foto: Obras del centro hispano-ruso ocupando parcialmente suelo no urbanizable en Pinares de San Antón. - malagahoy.es
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