La maniobra de los técnicos encargados de la revisión únicamente beneficia a los propietarios de la citada pastilla, sin que la misma tenga efectos sobre el suelo, también no urbanizable, en el que Vladimir Beniachvili ha levantado en los últimos once años varias edificaciones de forma presuntamente ilegal.
El diferente trato que el nuevo Plan General da a ambos espacios crea ciertas incertidumbres, puesto que según indicaron a este periódico miembros de la comunidad de propietarios de Pinares de San Antón y expertos, podría abrir una puerta inesperada al promotor del hispano-ruso para tratar de normalizar dichas irregularidades. Según las fuentes consultadas, podría llegar a reclamar al Ayuntamiento el mismo trato que se da a los propietarios de al lado y apuntaron que incluso podría presentar un recurso contencioso-administrativo contra el PGOU, "con el objetivo de ralentizar aún más las actuaciones municipales". "Habría que explicar muy bien por qué siendo suelo del mismo tipo se cambia uno y no el colindante", añadieron.
Este extremo, no obstante, fue descartado desde la Gerencia de Urbanismo. Teresa Domingo, jefa de departamento de Disciplina Urbanística, explicó que la decisión de otorgar la calificación de urbanizable no consolidado al terreno aledaño "no afecta para nada a los suelos sobre los que ha construido el promotor del centro hispano-ruso". En este sentido, cerró que ello sea una forma de legalización y que se contemple un cambio en el uso previsto. Según la ficha técnica, en la parcela objeto del cambio de uso, de 17.424 metros, se permitirán hasta 10 viviendas unifamiliares.
En relación con la larga espera que acumula el posible derribo de lo construido en la parcela de calle Halepensis, dijo que esa demora responde a "la enorme complejidad" del expediente y a que "no se ha sido suficientemente ágiles", lo que vinculó con la disposición de menos medios de los necesarios. En cualquier caso, la responsable técnico insistió en que desde Urbanismo se ha actuado "en todo momento" tras detectarse las primeras irregularidades.
Sobre la orden de demolición, explicó que si el propietario no actúa de forma voluntaria en el plazo fijado legalmente tras serle notificada la orden de demolición, será el Ayuntamiento el que acometa el derribo de lo construido. No obstante, este paso podría demorarse si el dueño impidiese el paso a las máquinas, lo que obligaría a tramitar una orden judicial. Si ello ocurriese, la Gerencia empezaría a imponer de forma inmediata las primeras sanciones coercitivas, que pueden ser hasta 12 y por el 10% del valor de lo construido ilegalmente. En este caso, la cuantía global de las obras ronda los 865.000 euros.
* Málaga Hoy - S. Sánchez - 15.12.09
Foto: Suelo contiguo al promotor del hispano-ruso que cambia de uso. - malagahoy.es
Málaga: El PGOU recalifica una finca contigua al centro ruso de Pinares a demoler
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