ELPAÍS/Pontevedra* : Eulogio Abeleira Cabaleiro es el particular cuya denuncia acabó en la anulación de 21 licencias para construir viviendas unifamiliares en las zonas de Catanga y Loucenzas, en el municipio de A Guarda, y los subsiguientes derribos. Ayer continaban las labores de demolición de las tres primeras, sólo una de ellas habitada, mientras los afectados reclamaban al Ayuntamiento alguna solución de emergencia.
Otra denuncia de Eulogio Abeleira ha suscitado la inminente demolición de 40 apartamentos de la urbanización A Armona, también en A Guarda. Lo curioso es que él mismo tiene una vivienda en ese polígono que se ha salvado del derribo.
Entre 600 y 800 escritos (de denuncia e incidentales sobre denuncias anteriores) ha presentado Abeleira en el Ayuntamiento de A Guarda sobre cuestiones urbanísticas. No son las únicas. Tandas análogas ha prodigado igualmente por los ayuntamientos de Oia, O Rosal, Gondomar, Baiona y Nigrán, según fuentes consultadas por este periódico, siempre con la excusa de restaurar la legalidad urbanística. Da continuidad a la extraordinaria labor realizada en el mismo sentido por Eduardo Canabal Sanz, cuyas denuncias mantienen desde hace años en jaque de demolición más de un millar de viviendas en Vigo. Ambos son delineantes y amigos unidos en el mismo empeño, aunque no hay ninguna constancia oficial de su asociación. Encarnan en todo caso la figura de "pleitista urbanístico", en palabras de la Fiscalía de Pontevedra.
La Memoria que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, elevó al Gobierno sobre el ejercicio de 2007 se hace eco de "la existencia de profesionales en la denuncia de temas urbanísticos" que, según la Fiscalía de Pontevedra, "suele tratarse de personas informadas y con conocimientos técnicos en materia urbanística que interponen denuncias en el ámbito de competencia de esta Fiscalía con gran reiteración... Deseamos expresar las dudas que nos ofrece la intencionalidad de sus autores y la finalidad perseguida con la actividad".
EL PAÍS trató de localizar ayer a Abeleira sin resultados. No obstante, las fuentes consultadas ilustraron su pasión por judicializar el urbanismo con una anécdota chocante: recurrió contra su comunidad de vecinos, en Vigo, por la reparación del tejado del edificio, que había realizado su propia empresa constructora, AC Obras y Reformas Comerciales.
En A Guarda, Abeleira empezó por denunciar la ilegalidad de la urbanización A Armona, de medio centenar de apartamentos construidos sin licencia y donde él mismo es propietario de uno de ellos. Aunque todos habían sido construidos ilegalmente, Abeleira presentó la denuncia una vez había prescrito la ilegalidad de la primera fase de la urbanización, de ocho apartamentos, entre los que está el suyo. Los demás, por su denuncia, fueron condenados al derribo, que se ejecutará así se resuelva la elección de un plan al efecto mediante concurso público.
Abeleira se ofreció en 2000 a José Luis Alonso Riego, a la sazón alcalde de A Guarda por el PP, como asesor urbanístico, añadiendo el requisito de que el regidor tenía que echar del Ayuntamiento a todos los técnicos municipales en la materia. El alcalde, considerando sus antecedentes y su capacitación profesional de delineante, le despachó con cajas destempladas como "extorsionador y chantajista", calificativos por los que tuvo que declarar en el juzgado y que ayer reiteró a este periódico. Un año después Abeleira emprendió, con una denuncia ante la Xunta, el contencioso que ahora dejará sin viviendas a 21 familias que las compraron con todas las autorizaciones legales.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - A Guarda - 03/12/2009
Foto: Derribo de la vivienda de la familia Ameal Videira, la única que estaba ocupada por los propietarios - M.Gimeno, elcorreogallego.es
Un "pleitista urbanístico" causa los derribos de A Guarda
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3.12.09
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Tema: NOTICIAS Galicia
El juez Garzón imputa a doce nuevas personas en la 'operación Pretoria'
ELCONFIDENCIAL/Barcelona* : El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado hoy a doce nuevas personas en la llamada 'operación Pretoria', en la que se investiga una trama de corrupción urbanística que operaba en Santa Coloma de Gramenet y otras localidades barcelonesas.
Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han añadido que el magistrado ha dejado además en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo en Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, que estaba en prisión incondicional junto a otros cuatro imputados, entre ellos, los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta.
Las fuentes consultadas han señalado que de los doce nuevos imputados, a los que Garzón interrogará mañana y el viernes, uno está fuera de España y por ello el juez ha cursado una comisión rogatoria para interrogarlo, sin precisar a qué país.
Así, el total de imputados asciende a veintiuno, ya que hasta ahora en la causa figuraban nueve, cuatro de los cuales están en prisión incondicional: Alavedra, Prenafeta, el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y el ex diputado autonómico del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García.
Además de Dobarco, permanecen en libertad bajo fianza los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo y el gerente de los servicios municipales de Santa Coloma, Pasqual Vela.
Cargos públicos
En el auto en el que el pasado 30 de octubre Garzón ordenó el ingreso en prisión de cinco y la libertad bajo fianza de los otros cuatro, el magistrado citaba a varias personas a las que atribuía conductas supuestamente ilícitas, pero sobre las que en ese momento no pesaba acusación alguna.
Advertía también de que, además de las operaciones urbanísticas presuntamente fraudulentas de Santa Coloma, Badalona y San Andrés de Llavaneras, había otras "que también están siendo investigadas".
Algunas de las personas citadas son o han sido cargos públicos, como Emili Mas Margarit, gerente del Instituto Catalán del Suelo, que el pasado mes de abril intervino supuestamente en unas conversaciones con algunas de las personas ya imputadas -como García, Muñoz, Vela y Dobarco- para que el Ayuntamiento de Santa Coloma emitiera facturas "con el fin de justificar el empleo de unos fondos europeos".
Otro de los políticos mencionados es el ex concejal de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó Boadell, ya que una de sus sociedades -GCB Assessorament Urbanístic i Projectes- recibió 244.000 euros en la operación Niesma.
También ocupó un cargo municipal Antonio Jiménez Gómez, ex concejal socialista en San Andrés, de quien el juez dice que "tiene estrecha relación" con García y recuerda que fue regidor de Urbanismo cuando se desarrolló la operación Niesma.
Garzón señalaba también al técnico de urbanismo de Santa Coloma Lluis Falcó como la persona que comunicó a los adjudicatarios del proyecto "Pallaresa" la "inviabilidad" de desarrollar dicha operación en ese momento.
Fuentes de la investigación han relacionado con la causa a una persona cuyo nombre no aparece en el auto: el ex alcalde de San Andrés de Llavaneras Víctor Ros, del PP, contra quien se han presentado varias denuncias por temas urbanísticos.
Además fuentes jurídicas han indicado que entre los nuevos imputados podrían estar las esposas de Prenafeta y Alavedra, Lluisa Mas y Doris Malfeito, respectivamente.
Al servicio de Luis de Andrés García
En su resolución, Garzón relacionaba también a Manuel Valera Navarro y a Francisco Alejandro Pretus Labayen con la operación urbanística de San Andrés, en la que intervino la sociedad Niesma Corporació S.L., de la que ambos eran administradores solidarios.
De Valera, el juez dice que "era en realidad una persona interpuesta al servicio de los intereses de Luis de Andrés García", además de que aparecía como administrador de Renticost Serveis S.L., que en diciembre de 2005 recibió una transferencia de dinero procedente de una sociedad domiciliada en Costa Rica y controlada por García.
Otra de las personas a las que se cita en el auto es Juan Felipe Ruiz Sabido, consejero delegado de Marina Badalona S.A. y del que se dice que era "el contacto de Luis de Andrés García en Badalona".
Garzón también hace referencia a Manuel Grandes Sánchez, Jeff Schroeder Quijano y Lluis Renau Folch -este último fue director general de Seguridad Ciudadana en los Gobiernos de CiU- como titulares de algunas de las empresas que, en 2003, recibieron pagos de García que, según el auto, carecían de justificación.
También aparece el nombre de Wenceslao Manzanares Puig, cuñado de García y responsable de la sociedad Capital City Consulting S.L., en cuya sede se intervino una importante cantidad de obras de arte.
* El Confidencial - EFE - 2.12.09
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - serramena.info
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2.12.09
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Tema: NOTICIAS Cataluña
El fiscal denuncia al alcalde de Reocín por prevaricación
ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : La Fiscalía ha denunciado por un posible delito de prevaricación al alcalde de Reocín, Germán Fernández (PSOE), y a los concejales que en la pasada legislatura aprobaron con su voto a favor un estudio de detalle que autorizaba la construcción de más viviendas de las permitidas en una finca de Villapresente.
En una denuncia presentada ante el Decanato de los Juzgados de Torrelavega, la Fiscalía también advierte de que la arquitecta y el secretario municipal pudieron cometer un delito de contra la ordenación del territorio en su actuación como técnicos, al informar favorablemente la modificación al alza de la superficie de la parcela.
Esta actuación es consecuencia de una instrucción de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria , en el pleito que mantiene un vecino de Reocín contra el Ayuntamiento y la promotora de las viviendas, vecino que es colindante con el terreno donde se pretenden levantar las casas.
En su denuncia, el fiscal abunda en los criterios esgrimidos por la Sala en el contencioso iniciado por el vecino, y concluye que se midió la finca de forma incorrecta para tratar de eludir la densidad máxima de la misma, y poder así construir más viviendas de las permitidas.
De ello, el fiscal ha destacado la actitud de los técnicos municipales al dar por buenas las mediaciones presentadas por la promotora, y la de la Corporación que aprobó este asunto con el voto a favor de la mayoría de los concejales, encabezados por el entonces y actual alcalde de Reocín, Germán Fernández.
El contencioso arranca en 2003 cuando una promotora inmobiliaria adquiere la finca objeto de la polémica y presenta un proyecto para construir 75 viviendas, proyecto que es impugnado por el vecino colindante, al entender que según la superficie de la parcela la densidad edificatoria máxima es de 68 viviendas.
En los meses posteriores, los representantes de la promotora presentan en el Ayuntamiento hasta tres mediciones diferentes, todas ellas al alza, de la superficie de la parcela donde se pretende realizar la construcción de las viviendas, mediaciones que son impugnadas de forma sucesiva por el vecino colindante.
La última medición realizada por la promotora aumenta el área de la finca en más de 1.700 metros cuadrados sobre la que consta en los archivos, e incluso llega a inscribir la misma en el Registro de Propiedad justificando la mayor superficie como "exceso de cabida".
Los discrepancias sobre la superficie de la finca continuaron durante varios meses, hasta que en un momento de este contencioso se pidió a un perito judicial que realizase una medición de la finca, estudio que arrojó incluso menos superficie que los informes realizados por técnicos contrataos por el propio vecino colindante.
Además, el pleno municipal aprobó en abril de 2005 un dictamen que establecía unas mediciones de la finca superiores incluso a un dictamen anterior, mediaciones realizadas por la promotora y que contaron con el visto bueno de los técnicos municipales y que elevaba a 80 el número de viviendas a construir en la parcela.
El fiscal considera que esta actuación supone "una vulneración de las Normas Subsidiarias" y critica que el Ayuntamiento ignorara el problema -las discrepancias sobre la superficie de la finca- y diera por buena la medición efectuada por la promotora para tramitar el proyecto.
* El Diario Montañés - EFE - 2.12.09
Foto: Reocin (Cantabria), ayuntamiento - reocinverde.com
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2.12.09
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El alcalde de Polop cobró 220.000 euros de promotores
ELPAÍS/Alicante* : La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil siempre sospechó que el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, tiroteado a las puertas de su casa el 19 de octubre de 2007, escondía intereses urbanísticos. El sucesor de Ponsoda, Juan Cano, también del PP, fue el principal sospechoso; de hecho está en la cárcel por su presunta vinculación con el crimen. La Agencia Tributaria ha detectado facturas de hasta 220.000 euros a cuatro empresas promotoras con intereses en Polop.
Tras las primeras indagaciones, la policía pidió un informe a la Agencia Tributaria sobre las actividades inmobiliarias, las operaciones de compra y venta, los movimientos bancarios y el incremento patrimonial del alcalde, su mujer y de las empresas que manejaban. Según adelantó ayer la cadena SER, Cano era titular de 24 cuentas corrientes en 2007, 11 más de las que tenía un año antes. Su mujer, María del Carmen Berenguer, ya figuraba en la titularidad de 25 cuentas bancarias en 2006. Entre ambos manejaban cuatro empresas. Una de ellas ingresó importes idénticos en dos ejercicios consecutivos procedentes de una de las empresas que trabajaban en el municipio.
Informes de Hacienda
Los ocho informes de Hacienda que forman parte del sumario secreto del caso Polop incluyen todos los movimientos de ambos cónyuges y la contabilidad de sus empresas. En ellos se descubren algunas operaciones comprometedoras a partir de 2005 con empresas que habían conseguido adjudicaciones en el municipio y con las que Cano habría negociado desde la dirección del urbanismo local. En los tres últimos años, la Agencia Tributaria ha detectado facturas de hasta 220.000 euros a cuatro empresas promotoras con intereses en Polop.
Sólo un mes después de dejar el acta de concejal, Cano y su mujer registraron al 50% la empresa Ofigest Services Costa Blanca, SL, que tenía por objeto social convertirse en agente urbanizador. Por delante tenían la adjudicación de 11 Planes de Actuación Integrada (PAI) para construir en unos 7 millones de metros cuadrados casi 10.000 viviendas y multiplicar por nueve la población del municipio. El 4 de abril de 2006 constituyeron otras dos empresas: Inversiones Puig Campana, SL, que tiene a Juan Cano como administrador único, y Cano Berenguer, SL, donde comparte cargo con su mujer.
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Polop - 02/12/2009
Foto: Polop /Alicante) - virtualtourist.com
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2.12.09
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Sant Josep: El GEN considera especulativa la operación urbanística en los terrenos del campo de golf
DIARIODEIBIZA* : El grupo ecologista GEN ha calificado de «operación especulativa» la intención del equipo de gobierno de Sant Josep de permitir un suelo urbano de elevada densidad en una zona de Sant Jordi cuyo suelo es propiedad del Grupo Matutes, y donde proyectaba construir un campo de golf.
Los ecologistas consideran «inexplicable» la propuesta municipal de permitir un aprovechamiento urbanístico total de esa zona a cambio de unos terrenos que en buena parte están ubicados en un Área de Protección Territorial de la Costa y que, en consecuencia, son inedificables. Según un comunicado emitido ayer por el grupo, «cualquier promotor de la isla aceptaría con entusiasmo un trato similar. Edificar masivamente el suelo clasificado y ceder a cambio terrenos de aprovechamiento urbanístico cero es, seguramente, la medida más desafortunada emprendida por ningún ayuntamiento pitiuso».
El comunicado expresa las dudas del GEN-GOB de que los planos con los que el Ayuntamiento ha presentado su propuesta hayan salido de las oficinas municipales y apunta la posibilidad de que provengan de los despachos de alguna empresa privada.
En cualquier caso, los ecologistas consideran que las cesiones propuestas no se pueden permitir, además de que buena parte del suelo afectado se ubica en el interior de la zona periférica de protección del Parc Natural de ses Salines.
El GEN quiere que el suelo rústico de alta calidad agrícola existente alrededor del hipódromo de Sant Jordi continúe en el estado en que se encuentra actualmente.
Asimismo, el grupo mantiene que la medida propuesta por Sant Josep exime a los propietarios de la obligatoria cesión de la parcela correspondiente a usos públicos, que es donde después el Ayuntamiento puede crear servicios para los vecinos. «De esta forma –señala el escrito– el pueblo de Sant Jordi, continuando como hasta ahora, volverá a tener un nuevo suelo urbano, pero sin un metro de suelo público en su interior».
* Diario de Ibiza - 2.12.09
Foto: Parte de la zona aludida, durante las obras de la autopista. X. D., diariodeibiza.com
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2.12.09
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El juez ordena que el edificio Marisol de Pradollano sea derribado en seis meses
GRANADAHOY* : "Se mire bajo la perspectiva de la normativa que se mire, todo el proceso, desde la redacción del Estudio de Detalle, hasta la concesión de la licencia y la desidia en el control de la obra cuando se inició despide aroma a prevaricación". Para el juez de lo Penal 1 de Granada, la construcción del edificio Marisol de Pradollano, el bloque de 82 apartamentos turísticos que se levantó en una parcela de uso sociocultural de Monachil, huele a prevaricación urbanística.
Por ello, ha impuesto una dura condena a las cuatro personas que había acusadas en el caso (tres políticos municipales y un técnico), ordenándoles además el derribo, antes de seis meses, del bloque, que ya estaba terminado.
Al ex alcalde Francisco Lara (PSOE) lo condena a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. Él es el que relativamente mejor parado sale en el fallo, mientras que el que mayores penas se ha llevado ha sido el ex concejal de Urbanismo Benjamín Rodríguez, que si la sentencia no es revocada por la Audiencia Provincial de Granada (contra la resolución cabe recurso de apelación), será inhabilitado 20 años y habrá de pagar una multa de 6.000 euros como autor de dos delitos de prevaricación, por los que además le impone un año de cárcel.
Al que fuera arquitecto municipal del Ayuntamiento de Monachil cuando se aprobó la licencia, Alfonso M. C., el magistrado lo considera, por los informes favorables que emitió, "cooperador necesario" del delito de prevaricación y autor del de prevaricación urbanística. Su castigo: 16 años de inhabilitación, ocho meses de cárcel y multa de 2.400 euros.
Medio año de cárcel, siete de inhabilitación y multa de 3.600 euros es el castigo impuesto al ex regidor Antonio Trinidad (PP). Su delito: también prevaricación urbanística.
En su resolución, de casi medio centenar de folios, el juez Manuel Piñar declara además "la nulidad del estudio de detalle" para la construcción de los 82 apartamentos que conforman el bloque, así como el punto del orden del día del pleno municipal celebrado el 25 de abril de 2004 que aprobó dicho estudio. También anula la licencia que se concedió a la empresa Serrabol SL para levantar el inmueble y el punto del orden del día del pleno municipal de 22 de noviembre de 2004 que acordó otorgarla. Al derribo del edificio deberán hacer frente los cuatro condenados "o se hará a su costa, respondiendo solidariamente a todos los gastos que ello genere e indemnizaciones a posibles perjudicados que resultaren", algo que, como añade la resolución, se determinará en ejecución de sentencia".
El magistrado reparte diferentes penas en función del grado de responsabilidad que, a su juicio, cada uno de los implicados ha tenido en este caso, en el que resalta que el estudio de detalle que se aprobó para poder construir el edificio, presentaba "ilegalidades", que son "arrastradas" posteriormente por la licencia. "Pero además -agrega- se incrementan con la intervención de los acusados Alfonso M. Benjamín Rodríguez y Antonio Trinidad en la tramitación y votación de ésta, ya que en esos trámites añaden otras de igual gravedad".
El juez aprovecha este caso particular para hacer una reflexión general sobre el papel de los promotores en los casos de ilegalidades urbanísticas: los considera "los verdaderos instigadores y beneficiarios de estas prácticas corruptas". Por ello, lamenta que exista una "gran deficiencia" en el código penal, "al no acoger como conducta delictiva la de los promotores que, como en este caso, obtienen licencia para construir un edificio de apartamentos turísticos y acaban construyendo, e imponiendo por la vía de hechos consumados, un bloque de pisos que exponen a la venta", en lugar de apartamentos turísticos. La sentencia concluye que cuando los acusados llevaron hasta el final su "plan" para modificar "ilícitamente" la situación urbanística de la finca, y sustituir el uso sociocultural o equivalente por un edificio de apartamentos para la vetnta, la promotora lo construyó y ofreció en venta a particulares las viviendas resultantes "al margen, por tanto, de todo uso turístico".
* Granada Hoy - Y. H. / Granada - 28.11.09
Foto: Los 82 apartamentos turísticos del inmueble deberán ser derribados - granadahoy.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Negocios con la trama Gürtel
ELPAÍS/Alicante* : La trama corrupta del caso Gürtel se empecinó en invertir en La Nucia, donde los planes urbanísticos del Pie de Monte, la Serreta o el Algar suponían un atractivo especial. Empresas de la trama dirigida por Francisco Correa tuvieron una opción de compra sobre el Pie de Monte, aunque acabaron invirtiendo en el del Algar.
Una de sus empresas, Real Estate Equity Portfolio, presidida por el imputado Jacobo Gordon, solicitó y pagó a un conocido despacho de abogados de Madrid una Due Diligence (proceso de investigación y análisis ante la posibilidad de una inversión) sobre la empresa Montemar la Nucia, SL, que detenta la condición de agente urbanizador del PAI. El informe fue entregado a Gordon -a quien Correa encargó "negociar técnicamente el tema urbanístico"- en diciembre de 2006 y forma parte del sumario del caso.
Jacobo Gordon acabó firmando una opción de compra de la empresa Urbana Marina Baixa, SL, propiedad de Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, que figuraban entre los administradores de la empresa Montemar la Nucia.
Por indicación expresa de Gordon, la Due Diligence obvia los aspectos relacionados con la situación ambiental, precisamente la que mantenía retenida la tramitación del plan en la Consejería de Territorio y Vivienda y que, según una de las conversaciones grabadas, debía resolver Correa a través de sus contactos. "El que lo desbloquea soy yo, que tengo el contacto, que es el hijo de puta de Esteban Pons", llegó a decir Correa a sus interlocutores, según unas conversaciones grabadas por la policía e incorporadas al caso Gürtel. González Pons ya había sido nombrado consejero de Territorio.
Pie de Monte fue adjudicado por el consistorio de La Nucia el 10 de septiembre de 2004 a Montemar la Nucia, tras descartar otros dos proyectos. La sociedad sólo era propietaria de cuatro fincas de 86.816 metros cuadrados en total. También tenía opciones de compra sobre otras 16 fincas. Del expediente enviado por el Ayuntamiento a los organismos competentes se derivaron un informe negativo del IVVSA solicitando un estudio de previsión de vivienda protegida y otros dos informes negativos de la Consejería de Territorio. El 23 de junio de 2006 la empresa presentó en el Ayuntamiento un documento de subsanación. En él se reduce el suelo urbanizable del PAI a 945.048,42 metros, casi la mitad que en el primer proyecto, dejando otros tantos como parque público natural para cumplir con las exigencias de la consejería. Pero se dobló la edificabilidad del 0,2 al 0,4 sin mediar justificación para así obtener 378.019 metros en todo el sector: casi la misma edificabilidad en la mitad del suelo. La comisión territorial de Urbanismo acabó emitiendo un informe ambiental favorable condicionado a la obtención del informe de la CHJ sobre la existencia de recursos hídricos, un obstáculo imposible de salvar.
Pero Jacobo Gordon no se limitó a la actuación en Pie de Monte. La trama decidió invertir en el PAI del Algar. La empresa Castaño Corporate compró una finca de 1,26 hectáreas el 19 de julio de 2006 por 756.240 euros, aunque tenía un valor catastral como finca rústica de 98,33 euros. El 3 de diciembre de 2008 la misma finca fue transmitida a Hator Cosulting, SA, otra empresa de la trama. El vendedor del suelo, Henricus Johannes Van den Hoogen, retiró la mayor parte del dinero en metálico en una oficina bancaria de Benidorm.
Cuatro meses después de la compra que firmó Gordon en el Algar, la comisión territorial de Urbanismo de Alicante aprobó definitivamente el PAI. Sin embargo, un recurso de la Abogacía del Estado provocó que en julio de ese año el TSJ anulara todo el planeamiento urbanístico de La Nucia porque no hay agua para las más de 9.000 viviendas proyectadas, según informó la CHJ.
* ELPAIS.com - A. B. - Benidorm - 01/12/2009
Foto: La Nucia (Alicante), el Algar - levante-emv.com
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Son Oms: Imputan a Munar, Nadal, Vicens, Flaquer y Grimalt por corrupción
DIARIODEMALLORCA* : El juez de instrucción 2 de Palma ha encausado en una pieza separada del caso Son Oms, la presunta trama de corrupción político-empresarial en torno al polígono industrial del mismo nombre, a Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Bartomeu Vicens, Miquel Àngel Flaquer, y Miquel Àngel Grimalt, que en la pasada legislatura ocuparon cargos de responsabilidad en el Consell de Mallorca, gobernado por Unió Mallorquina (UM). Munar, presidenta del Parlament, Nadal, conseller de Turismo, y Grimalt, conseller de Medio Ambiente han sido citados ya a declarar para mediados de este mes y acusados de formar parte de un entramado político empresarial que desvió cientos de miles de euros de fondos públicos a fines delictivos.
El magistrado Juan Ignacio Lope Sola levantó ayer el secreto de sumario de una pieza abierta en el mes de marzo, a petición de los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach. El pasado 21 de octubre se desató, dentro de estas pesquisas, la llamada operación Maquillaje, que dio pie a numerosos registros en despachos y sedes de empresas de los supuestos implicados, entre ellos el antiguo bufete del conseller Nadal y la asesoría de Miguel Sard Vicens, primo de la esposa del anterior. La Policía también recabó datos en mano en la sede central del Consell de Mallorca y en las oficinas de la Radio y Televisión de Mallorca.
Dos productoras
Básicamente, las pesquisas giran en torno a dos empresas productoras de radio y televisión: Studio Media Comunicació, relacionada con los presuntos testaferros de Vicens, Alfredo Conde Bonnin (alto cargo de IB3 televisión), y su esposa Elisabet Diéguez; y Video U, vinculada a Miguel Oliver, el que fuera responsable de la Televisión de Mallorca tras su creación, y participada indirectamente por Miguel Sard.
En la querella de la fiscalía anticorrupción que dio pie a la pieza separada se imputa a varios dirigentes del anterior Consell de Mallorca el haber pagado cientos de miles de euros a estas empresas, en forma de subvenciones, ayudas o contratos directos.
Conde, presunto testaferro de Vicens, participó en la puesta en marcho de la radio pública insular, Ona Mallorca. Mientras que Video U colaboró en la creación de la televisión de Mallorca.
Estos trasvases de fondos públicos también se habrían hecho incumpliendo la legislación de contratación pública.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE - 1.12-09
Foto: Palma, polígono industrial de Son Oms - diariodemallorca.es
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Murcia: La Unión Europea 'juzga' los años de boom urbanístico en la Región
LAVERDAD* : Los años del boom urbanístico en la Región de Murcia serán examinados mañana con lupa en el Parlamento Europeo, que deberá decidir en una primera instancia si el Gobierno regional y 43 de los 45 municipios violaron el derecho comunitario en materia ambiental a raíz de la proliferación de planes generales, parciales y especiales de urbanización.
La denuncia fue puesta por Pedro García Moreno en nombre de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Pidió que se abriera una investigación por parte de la autoridades comunitarias. La Comisión Europea se puso a la tarea y el mes pasado emitió su informe dejando claro que ni el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel ni los 43 municipios señalados han violado la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.
La Comisión hace la puntualización de que «es prematuro» deducir que se hayan cometido irregularidades porque la mayoría de planes urbanísticos murcianos «se encuentra en proceso de estudio y no han sido aprobados por la autoridad competente». Los funcionarios comunitarios han estado recabando información a las administraciones autonómica y local sobre los desarrollos urbanísticos que denunció la Asociación de Naturalistas del Sureste, según los datos a los que ha tenido acceso 'La Verdad'. La última palabra en cierto sentido la tendrá mañana la Comisión de Peticiones, que debatirá la queja presentada y emitirá un informe. El dictamen previo de la Comisión podría ser relevante para 'absolver' a los gobernantes murcianos.
Pedro García denunció que las autoridades regionales y locales estaban actuando contra la legislación de la Unión Europea como responsables de la aprobación de planes de desarrollo urbano general, planes parciales y planes especiales «que permiten una urbanización excesiva con graves repercusiones sobre el medio ambiente». Subrayó que se vulneró constantemente la Directiva 2001/42, al considerar que las autoridades no realizaron en muchos casos una evaluación ambiental estratégica sobre los proyectos de urbanización. Añadió que existía «falta de transparencia» y reclamó una investigación.
Se cumple la normativa
Lo que se realizará mañana, según el orden del día previsto, es una especie de examen sobre el modelo urbanístico desarrollado en los últimos años y su respeto a la Directiva europea, en el que la propia Comisión, como organismo que ha llevado a cabo la investigación, no ve irregularidades. En su informe, señala que los planes y programas urbanísticos que hayan tenido «un acto preparatorio» posterior al 21 de julio del 2004 y los que estuvieran pendiente de trámite administrativo en los dos años siguientes, no tenían por qué someterse a la evaluación estratégica. En este sentido, apunta que los casos denunciados por ANSE se refiere a planes tramitados antes de esta fecha.
Especifica asimismo que dicha evaluación sólo es necesaria si los Estados miembros deciden que pueden tener efectos significativos en el medio ambiente. Ésta es la quinta intervención directa de la UE sobre el urbanismo en Murcia en los últimos años.
* La Verdad - M. BUITRAGO - 1.12.09
Foto: Una grúa transporta ladrillos en un edificio en construcción en Murcia. :: MARTÍNEZ BUESO, laverdad.es
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Madrid: Imputado por tráfico de influencias el concejal del PP del barrio Salamanca
ELPAÍS* : El juez Santiago Torres, que instruye el caso Becara, informó ayer al concejal del distrito de Salamanca Iñigo Henríquez de Luna del delito de tráfico de influencias del que se le acusa, por su implicación en esta causa relacionada con presuntas irregularidades en la concesión de licencias de esta tienda ubicada en plena milla de oro de la capital.
Pasado más de un año de sus primeras declaraciones, el juez Santiago Torres citó tanto a Henríquez de Luna como al ex jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo, Óscar Acero, para concretarles la imputación, según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas. En septiembre de 2008, Henríquez de Luna manifestó al juez que la competencia de las licencias era de Urbanismo del Ayuntamiento. Desde que le imputaron, el concejal popular ha achacado su implicación a "una venganza" de la familia que denunció las presuntas irregularidades del local. María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano Goyeneche, vecinos del edificio de la calle de Juan Bravo, denunciaron irregularidades cometidas supuestamente por responsables de la Gerencia de Urbanismo en la concesión de licencias a Becara.El caso Becara es una ramificación del caso Guateque, la trama de corrupción municipal que otorgaba licencias a locales a cambio de dinero.
La titularidad del local de Becara corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, SL, cuyo apoderado es el ex diputado del PP Jorge Trias Sagnier, marido de una de las propietarias. El ex gerente de Urbanismo Luis Armada otorgó en 1998 y 1999 la licencia de obras y apertura. En marzo de 2000, Becara abrió sin licencia de funcionamiento porque se le denegó por quebrantar la normativa urbanística al ser un edificio calificado de fuera de ordenación. En la solicitud de aquel año consta que el permiso lo tramitó Mariano Carlos de la Fuente Pinillos, socio en una empresa inmobiliaria de Fernando Ruiz Torrejón, uno de los funcionarios de Urbanismo imputados por el caso Guateque y firmante de la licencia que se concedió a la tienda de muebles.
La denominación de fuera de ordenamiento obliga a la tienda a tener la misma actividad que tenía cuando se concedieron las primeras licencias. Anteriormente, la actividad era de compra y venta de vehículos.
El inicio de funcionamiento de la tienda sin licencia propició que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase ilegal el local por infringir la norma urbanística. Por ello, el alto tribunal madrileño anuló en 2005 un permiso de funcionamiento que autorizó el Consistorio de Madrid.
"No tramité la licencia"
En su primera comparecencia ante el juez, el edil Íñigo Henríquez de Luna insistió en que la Junta Municipal no tramitó ninguna licencia para Becara que a la Gerencia de Urbanismo. Adujo entonces que el departamento que dirige Pilar Martínez se encargó en diciembre de 2006 de una solicitud de modificación del local para reestructurar las plantas del mismo. Ello, según el concejal, obligó a "Urbanismo a ocuparse del resto de las licencias", entre ellas la de funcionamiento. Admitió que la Junta de Salamanca fue informada de que la tienda no tenía licencia de actividad, si bien aclaró que esta incidencia se remitió al Área de Urbanismo del Ayuntamiento.
El concejal, por su parte, compareció el pasado año ante el pleno del Ayuntamiento y admitió que puede haber cometido "errores" en el ejercicio de sus funciones, porque en una Junta Municipal hay "exceso de trabajo" y él firma al año 10.000 expedientes.
* ELPAIS.com - 1.12.09
Foto: Madrid, barrio de Salamanca - flickr.com
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1.12.09
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Tema: NOTICIAS Madrid
El fiscal pide imputar a un ex alcalde del PP en la Pretoria
PÚBLICO/Barcelona* : La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Baltasar Garzón que impute en el caso Pretoria a otras cinco personas, entre las que figuran el ex alcalde de San Andreu de Llavaneres (Barcelona) Víctor Ros, del PP, y al ex teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de dicha localidad, del PSC, Antoni Jiménez, confirmaron fuentes fiscales.
El pasado 27 de octubre agentes de la Policía Judicial se personaron en el ayuntamiento de dicha localidad y solicitaron el convenio urbanístico de 2006, firmado por el anterior Gobierno municipal, que encabezaba Ros.
De hecho, tanto Ros como Jiménez fueron citados el año pasado por la Fiscalía Anticorrupción en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para declarar en relación con la firma de un convenio por el que el Consistorio adquiría una guardería privada para hacerla municipal y, a cambio, cedía cuatro parcelas para construir viviendas privadas.
En el auto dictado por Garzón el 30 de octubre se menciona que entre las operaciones investigadas figuran unas relativas a guarderías, aunque las sitúa en Santa Coloma de Gramenet, en el ámbito de actuación del entonces concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco. El ex edil se encuentra en prisión, junto al ex alcalde de dicha localidad Bartomeu Muñoz, el ex diputado del PSC Luis García y los ex dirigentes de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Los otros cuatro imputados quedaron en libertad bajo fianza.
Varios convenios
Además de ese convenio, el Consistorio de San Andreu de Llavaneres remitió otros al juez Garzón, para comprobar si contenían las irregularidades que se investigan en la causa. La resolución explicaba que la trama seguía unas pautas comunes en todos los municipios implicados.
El Ayuntamiento aprobaba un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, por sus contactos con el equipo de Gobierno y con empresarios. Luego repartía las cantidades que estos le pagaban. Se modificaba el plan urbanístico y siempre se beneficiaba al adjudicatario, que vendía al constructor a un precio final mucho mayor.
La Plataforma SOS Llavaneres también denunció a Ros por la recalificación de un terreno en La Riera con el que presuntamente habría beneficiado a unos primos suyos con 24 millones de euros en plusvalías.
Las que finalmente no están en la lista de nuevos imputados que presentó el viernes Anticorrupción son las esposas de Alavedra y Prenafeta, pese a que la Guardia Civil las interrogó en esa condición.
* Público - ÁNGELES VÁZQUEZ - 30.11.09
Foto: Llavaneres (Barcelona) - infomet.am.ub.es
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1.12.09
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Ames: El TSXG tumba un plan parcial de 521 viviendas en Milladoiro
ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : El Concello de Ames recibía días atrás una notificación judicial que trastoca los planes urbanísticos y capa la capacidad de crecimiento del núcleo de población más importante del municipio, O Milladoiro. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumba el plan parcial de ordenación urbanística del sector 15 Travesía do Porto Sur de la localidad en el que estaba prevista la edificación de 521 viviendas, así como dos parcelas para equipamientos públicos.
El fallo judicial estima el recurso presentado por un particular contra el acuerdo del 3 de marzo de 2007 del pleno de Ames por el que se dio aprobación definitiva a este plan y anula "dicho acto por ser contrario a derecho". Asimismo, la sentencia desestima otra parte del recurso del particular dirigida de forma indirecta contra el PXOM de 2002 de dicho municipio.
El dictamen judicial se basa en el exceso de edificabilidad prevista en el plan parcial para la zona, asegurando que "el Plan Parcial litigioso rebasa el límite de la superficie edifcable total señalado en la ley del suelo de Galicia 9/2002".
En este sentido, el alcalde de Ames, Carlos Fernández, explicó a este diario que la apreciación de la Justicia se debe a "la inseguridad jurídica" existente, a su parecer, en el terreno urbanístico, debido a la promulgación de tres leyes del suelo en tres años. Así, explica que la planificación del S-15 se realizó en base a la previsión que contemplaba para esta zona el PXOM, aprobado en el pasado año 2002.
Sin embargo, la Ley del Suelo autonómica posterior modificaba al planeamiento municipal y obligaba a una reducción de la edificabilidad a los planes que se aprobasen a partir de un periodo a partir de tres años después de la normativa anterior. En el caso del plan parcial S-15 el alcalde considera que la sentencia nace de "una interpretación de la ley dependiendo del momento en el que empiecen a computarse esos tres años". Indica que "para el Concello todavía no había transcurrido este periodo por lo que se aplicó la edificabilidad prevista en el PXOM". Por este motivo, anuncia ya que los servicios jurídicos municipales están preparando el recurso a la sentencia debido a que esta posibilidad se contempla ya en el fallo judicial.
Cesión al Sergas
A la espera de un posible segundo dictámen tras el recurso de la sentencia esta, a priori, conlleva consecuencias de gravedad para el urbanismo de O Milladoiro. En concreto, deja en el aire la ejecución del nuevo centro de salud, que se proyectaba en este sector, cuyo plan es ahora mismo nulo.
El Concello de Ames cedió a Sanidade una parcela ubicada en este terreno para la construcción del edificio, que actualmente se encuentra en fase de licitación. Sin embargo, la ejecución de la sentencia podría obligar a suspender temporalmente el proceso, una vez adjudicado, aunque el Concello mantiene que, dado que el fallo no es firme, podría seguirse adelante con la edificación mientras el proceso esté recurrido legalmente.
* El Correo Gallego - ALBA TALADRID - 1-12-09
Foto: Imágen de satélite del terreno afectado por el plan parcial S-15 - elcorreogallego.es
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1.12.09
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Piden 9 años de inhabilitación para el concejal de Urbanisme de Creixell
DIARIDETARRAGONA* : El ex alcalde de Creixell y actual concejal de Urbanisme, Juan José Conesa (Conesa per Creixell, CPC), se enfrenta a una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público así como a pagar una multa de 9.000 euros. La Fiscalía de la Audiencia de Tarragona le acusa de un delito contra la ordenación del territorio.
Así se recoge en el escrito de calificación, al que ha tenido acceso el Diari, por unos hechos que se remontan a hace más de seis años, en abril y mayo de 2003. El juicio podría celebrarse en el primer semestre de 2010.
Según asegura el Ministerio Público en sus conclusiones provisionales, Juan José Conesa desempeñaba el cargo de alcalde de Creixell desde el 4 de julio de 2001 hasta el fin de esa legislatura. El 16 de mayo de 2003 concedió, mediante un decreto de Alcaldía, la licencia de obras a la empresa Euromar 2000 SL para la construcción de tres viviendas unifamiliares aisladas (como primera fase de un proyecto de cinco) en los terrenos situados en la calle Juan Gris de la urbanización La Coma. Y el día 30 otorgó la otra licencia para las dos viviendas restantes.
Dudas en la compraventa
Dicha actuación del alcalde iba en contra del criterio del arquitecto municipal, Juan Manuel Muñesa, y del secretario, Josep Mª Piqué. Ambos emitieron sendos informes desfavorables a la petición de Conesa argumentando que esos terrenos en la calle Juan Gris no cumplían con la condición de solar establecida en la Ley 2/2002 de Urbanisme de la Generalitat.
Además, el fiscal recuerda que los terrenos que se presentaron para su construcción habían sido adquiridos por el acusado como administrador de la empresa Conesa Estabilizaciones y Jardinería SL por el precio de 25.548 euros. Conesa ya era alcalde de Creixell cuando compró los terrenos en la urbanización La Coma, puesto que en el registro de la propiedad figuran como suyos desde el 11 de noviembre de 2002, 16 meses después de acceder al cargo.
Y los vendió en contrato privado, de fecha 7 de diciembre de 2002, a la empresa Castellmar-Euromar 2000 SL por un precio de 90.101,82 euros, multiplicando por tres su valor inicial. El representante legal de la empresa compradora solicitó la licencia de obras, no habiendo otorgado la escritura pública de compraventa hasta el 30 de mayo de 2003 (después de obtener las licencias).
¿Hubo prevaricación?
Esta compra-venta de los terrenos en la urbanización creixellense (que con la licencia de obras concedida por el alcalde se revalorizaron), y según el informe inicial que la Fiscalía envió al Juzgado de El Vendrell de 2005, estaría supeditada a un posible delito de prevaricación puesto que la concesión de la licencia (que tenía la negativa del secretario e interventor municipal) a la empresa Castellmar-Euromar 2000 SL podría encajarse en un presunto delito de prevaricación, puesto que se firmó el decreto aún sabiendo que Juanjo Conesa debía inhibirse de este acto por ser parte interesada.
El Diari intentó ayer hablar con el concejal de Urbanisme sin poder localizarlo.
Protesta y pleno obligado
Aparte de los problemas personales de Conesa, hoy se espera una nueva protesta ciudadana (con el apoyo de los partidos de la oposición CiU y PSC) para recriminar al actual consistorio el aumento desmedido de los impuestos y tasas de 2010. La concentración está prevista al mediodía y se hará frente al edificio del Casal. La petición de la protesta ya ha sido remitida a la Policía Local y a los Mossos.
Además de estas quejas populares, el Ayuntamiento ha convocado para el martes (16.30 horas) un pleno extraordinario –solicitado por los partidos de la oposición– para responder a las acusaciones y preguntas sobre el retraso de las obras de la urbanización La Coma y proponer que no se paguen más cuotas hasta que no se liquiden todos los trabajos.
* Diari de Tarragona - À. Juanpere-J. Cabré - 29/11/2009
Foto: Creixell (Tarragona) - mma.es
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1.12.09
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El alcalde de La Nucia comparte un bloque con promotores urbanísticos
ELPAÍS/Alicante* : Las excelentes relaciones comerciales que mantiene el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, con los empresarios que tienen intereses urbanísticos en la localidad llegan hasta el extremo de compartir con ellos la propiedad de la práctica totalidad de un bloque de apartamentos frente al Club Náutico de Altea en el que incluso ha llegado a comprar una vivienda la madre del regidor.
Ángela García Sáiz compró, casi al mismo tiempo que su hijo adquiría dos apartamentos, un piso con plaza de garaje en la finca donde también son propietarios de otras cinco viviendas Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme a través de diferentes sociedades. Ambos tienen cargos en las empresas que ostentan la condición de agente urbanizador de los planes urbanísticos de la Serreta y Pie de Monte, en La Nucia, además de haber sido agraciados con unas permutas de suelo que les permitieron doblar su valor en menos de un año, con un beneficio de más de 17 millones de euros.
La promotora a la que Cano y su madre compraron casas en Altea es la sociedad Rotja 2000, Promociones SA, que tiene como administradores a Gerardo Martínez Riquelme y a José Ignacio de la Serna. Este último también tiene intereses en La Nucia y es el propietario de un chalé en el municipio conocido como "el Choco", donde diferentes empresarios y políticos de la comarca y algunos imputados en la trama Gürtel han acudido a celebraciones en las que no faltó el componente sexual.
La madre de Cano ha invertido 303.502 euros en comprar al contado un piso de 72 metros cuadrados útiles, aunque, como en el caso de su hijo, la notaría que escrituró la vivienda anotó que 87.396 euros, pagados en tres plazos entre marzo de 2004 y diciembre de 2005, no habían sido acreditados, es decir, que no aportó los justificantes de un ingreso en efectivo y dos transferencias por ese importe ante la fedataria pública María Dolores Signes Verdera, que está obligada a advertirlo en la escritura pública.
Bernabé Cano tampoco ha acreditado hasta ahora el pago de 215.302,78 euros por la compra de dos pisos en el mismo edificio, uno de ellos un ático dúplex de 247 metros con 116 útiles. El alcalde nuciero compró por 823.000 euros las dos viviendas, según figura en las escrituras, aunque diversas fuentes del sector inmobiliario han confirmado que sólo el precio del ático de su propiedad ya valía en el momento de comprarlo más de un millón de euros. Cano ha justificado el origen del dinero con una relación de cuentas bancarias de la familia y dos donaciones de su madre, pero no ha mostrado los justificantes de un ingreso en metálico y tres transferencias bancarias que les sirvieron para pagar un ático escriturado en casi 470.000 euros al contado.
Otras cinco de las 12 viviendas del inmueble están escrituradas a nombre de las sociedades limitadas Zentimar, Gothouse, Spass Gestión y R&S Noción, vinculadas a Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, ambos con intereses urbanísticos en La Nucia. Una de las empresas de estos dos empresarios -Saga Bonperal, SL- ya urbanizó en 2002 el sector La Favara, que era propiedad de la madre y el tío de Bernabé Cano. Allí se construyeron 400 viviendas, otros tantos garajes y decenas de locales comerciales.
La relación de Rocamora y Riquelme con Cano ha continuado en el tiempo con fluidez. El 8 de junio de 2005 le compraron a Dragados a través de la sociedad Gestrumar 10 parcelas en los PAI de la Serreta y Pie de Monte con una superficie total de 362.866 metros. Dragados había permutado el mismo día al consistorio ese suelo a cambio de tres obras municipales. En menos de un año Gestrumar obtuvo unas plusvalías de 17.210.000 euros con la venta de 9 de las 10 parcelas, y aún se quedó la más grande, de más de 115.000 metros, en Pie de Monte.
Esta operación les sirvió para tener el peso necesario en las empresas que obtuvieron la condición de agente urbanizador de ambos planes urbanísticos. Figuran con diferentes cargos en Cases del Pinar, SL, empresa liderada por Andrés Ballester para urbanizar la Serreta, de 2,7 millones de metros en los que se pretende construir 3.884 viviendas y un campo de golf, y Montemar la Nucia, SL, la concesionaria de la urbanización Pie de Monte. Allí está aprobada la construcción de casi 400.000 metros de techo en menos de un millón de metros de suelo.
Las últimas informaciones referidas a las propiedades del alcalde de La Nucia ya indujeron al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, a solicitar públicamente que Bernabé Cano diera explicaciones públicas, aunque no lo ha hecho. Cano fue elegido el 9 de noviembre presidente del PP de La Nucia. Allí estuvo la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, en representación del presidente provincial José Joaquín Ripoll. Cano no hizo esta vez en su discurso alusión alguna a Camps, con quien estuvo tan identificado en otros tiempos, y se deshizo en elogios hacia la dirección provincial alicantina, en un cambio de rumbo político evidente. El alcalde de La Nucia sigue siendo diputado provincial de Deportes.
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 01/12/2009
Foto: La Nucia - tagarinet
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1.12.09
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Tanda de derribos de viviendas en A Guarda
ELPAÍS/Pontevedra* : La justicia anuló 21 licencias otorgadas con todas las de la ley por ocupar "suelo de protección paisajística". La orden de desalojo de las tres primeras viviendas unifamiliares de A Guarda, para proceder a su demolición, expira hoy. A partir de aquí actuará la piqueta, sin remisión. Sólo una de las viviendas está ocupada, pero, entre las 21 licencias de construcción anuladas hace tres años, otras cinco corresponden a casas habitadas, que correrán idéntica suerte.
Los afectados se reunirán hoy con el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, para pedir su mediación, aunque no creen que pueda ir más allá de un aplazamiento en la ejecución de los derribos.
Los afectados construyeron en las zonas de Loucenzas y Catanga con licencias concedidas entre 1999 y 2001. La denuncia de un particular contra los alcaldes que las concedieron llevó a un contencioso entre el Ayuntamiento y la Xunta que, después de sentencias con criterios distintos, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), resolvió en enero de 2007 anulando las 21 licencias en aras de la "protección paisajística". El litigio se desarrolló al margen de los propietarios, que de súbito se encontraron con el pastel. Después, cada cual emprendió recursos personales que tampoco clarifican ni resuelven la situación en que se hallan.
"Esto es un atropello de los políticos", protesta ahora uno de los afectados, Luciano Vázquez, que compró la casa en 2005 "con todas las garantías legales". El caso del marinero Generoso Ameal, según opinión general, es el más dramático. La suya será la primera casa habitada a derribar, obviando que en ella vive con su mujer, dos hijas y la suegra. Todos los propietarios son gente humilde que afronta hipotecas para pagar las viviendas.
Apoyo municipal
Los grupos políticos municipales han proclamado la inocencia de los vecinos y les han ofrecido apoyo y solidaridad. "Todas las autoridades competentes actuaron dentro de la legalidad", asegura el actual alcalde, José Manuel Domínguez Freitas (PSOE). "En esa medida, somos responsables, pero no culpables".
Cuando el TSXG anuló las licencias ya había seis casas construidas y ocupadas. De las 21 licencias concedidas, sólo en cinco no se había pasado de la fase de proyecto. El resto paró las obras, desarrolladas ya en un 70% en la mayoría de los casos. El valor de las casas construidas se cifra entre 360.000 y 420.000 euros. El Ayuntamiento ha tasado el valor total en 7,5 millones de euros, mientras litiga contra la Xunta para dirimir a qué Administración corresponde pagar esas indemnizaciones. El alcalde piensa que a la Xunta, por omisión, ya que dio vía libre al plan general de urbanismo que ampara el desaguisado, tuvo conocimiento de las licencias otorgadas y no alertó de posibles irregularidades hasta que se presentó la denuncia. Sólo entonces ordenó la suspensión cautelar de la ordenanza que regula el urbanismo en esas zonas de "protección paisajística".
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 30/11/2009
Foto: A Guarda (Pontevedra) - wikipedia.org
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30.11.09
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Tema: NOTICIAS Galicia
Piélagos: El TSJC da 15 días al alcalde para que derribe los chalés de Cerrias
ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado al alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacecho (PP), un "plazo improrrogable" de quince días para que haga cumplir la sentencia de derribo que pesa desde hace siete años sobre una urbanización de 17 chalés de la playa de Cerrias, en Liencres.
En un auto fechado el 26 de noviembre, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC exige además al alcalde que el derribo de esa urbanización esté completado antes de seis meses, con la advertencia de que, de lo contrario, será denunciado por un delito de desobediencia y se impondrán multas coercitivas.
El TSJC aclara además que no procede suspender la ejecución de esta sentencia de derribo "a la espera de la evolución del Plan del Gobierno de Cantabria " sobre las urbanizaciones ilegales, ya que considera que "no contempla actuación válida alguna que permita la legalización de las referidas construcciones".
* El Diario Montañés - EFE - 30.11.09
Foto: magen de la urbanización de 17 chalés de la playa de Cerrias, en Liencres./ EFE
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30.11.09
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El fiscal pide que se inhabilite al alcalde de Redondela por presunta prevaricación
FARODEVIGO* : La Fiscalía solicita una condena de nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargo público para el alcalde socialista de Redondela Xaime Rei por supuestas irregularidades en la contratación de unas obras que fueron ejecutadas en 2007 en varias calles de esta localidad pontevedresa obviando, sostiene el ministerio público, un informe del interventor municipal que advertía de que los gastos aprobados para esos trabajos eran ilegales y nulos de pleno derecho.
El fiscal considera al regidor responsable de un presunto delito de prevaricación, que también le imputa al concejal de Urbanismo, Emilio González Iglesias, para el que pide la misma pena. El juicio todavía no tiene fecha.
El delito del que acusa la Fiscalía se recoge en el artículo 404 del Código Penal, que castiga con inhabilitación "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo". Así, los hechos a los que se refiere el ministerio público tienen su base en la aprobación en un pleno municipal de diciembre de 2007 de un reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 799.531 euros correspondientes a diversas obras ejecutadas ese año sin disponer de consignación presupuestaria. Los gastos fueron autorizados con los votos favorables de PSOE y BNG –el PP se posicionó en contra– pese al informe del interventor municipal Modesto Solla Sanz que advertía de su ilegalidad. La acusación del fiscal se refiere concretamente a unas partidas incluidas en ese gasto global –la más alta de 124.320 euros– que se destinaron a la reforma de las calles Alfonso XII, Ribeira y Xeneral Rubín, donde se renovaron redes de saneamiento y abastecimiento.
La ejecución de los trabajos que se incluyen en esos gastos fueron encomendadas como adjudicataria a una empresa y la acusación pública entiende que tanto Xaime Rei como Emilio González habrían prescindido en esta contratación del procedimiento que establece la ley para ello pese a las advertencias del interventor. En un informe de este profesional del 21 de diciembre de 2007 se alertaba de que se utilizó un procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos y que se acudió a una contratación verbal –y no a un procedimiento público de adjudicación–, que está prohibida por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Además, el mismo documento, considera la acusación, señalaba que las obras fueron realizadas sin proyecto, sin expediente de contratación y sin que concurriesen otras empresas.
La Fiscalía enumera unas cantidades que se habrían pagado a la adjudicataria de estas obras en la calle de forma irregular. Entre ellas están los 124.320 euros de gastos generales derivados de un procedimiento de licitación que el fiscal estima que no existió; así como facturas de 5.403 o 3.000 euros, entre otras. Unas cantidades que considera no deberían ser cobradas y que ahora pide que sean devueltas al concello de Redondela por los acusados.
* Faro de Vigo - M. FONTÁN - 30.11.09
Foto: Redondela (Pontevedra), ayuntamiento - ecoturismorural.com
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"Es más fácil acabar con la corrupción que lograr la independencia judicial"
HUELVAINFORMACIÓN* : Aunque asegure que el mérito de la operación Malaya se debió al concienzudo trabajo del fiscal y de la Policía, lo cierto es que Miguel Ángel Torres fue el juez que tuvo los redaños suficientes para destapar en Marbella una corrupción que había extendido sus tentáculos por todos los estamentos de la administración local. El hoy magistrado juez de lo Penal número cinco de Granada desembarcó en Almonte para inaugurar el Observatorio Social Virgen del Rocío, con una soberbia ponencia que encandiló al público y retrató las miserias de la Justicia.
-En Huelva actualmente hasta diez concejales se encuentran imputados por diversos delitos de corrupción ¿Esto pone de relieve la podredumbre de la clase política?
-Lo que creo es que en los últimos años se han producido un sinfín de cambios sociales. Un bienestar económico que ha florecido al calor de la construcción y el urbanismo desaforado, del cual un buen número de personas ha querido sacar tajada. Por otra parte, a la luz de esta nueva realidad económica muchos municipios, que hasta entonces no tenían la posibilidad de corromperse, optaron por seguir estas prácticas delictivas. No obstante, y quizás lo más preocupante, es detectar que en ocasiones la corrupción contaba con el beneplácito de la ciudadanía, la cual justifica el que los políticos roben siempre y cuando realizasen una buena gestión al frente de una institución.
-Un amplio sector de la ciudadanía considera que si mirásemos con lupa todas y cada una de las administraciones se podría sacar a flote un sinfín de delitos...
-Es cierto que las investigaciones abiertas conforman sólo una efímera parte de la corrupción en España, si bien ello no implica necesariamente que sea algo generalizado en todas las administraciones. Lo que no deja de ser cierto es que si la Justicia contara con más medios humanos y técnicos tendríamos más posibilidades de luchar contra esta lacra y florecerían más casos de corrupción. Si bien este aumento en las cifras de casos abiertos no es más que la constatación de que se está actuando contra ella.
-No me negará que existen casos clamorosos donde las retribuciones de los políticos no concuerdan con el patrimonio que ostentan ellos o sus cónyuges.
-Es cierto. Pero en España el mero hecho de tener un patrimonio económico injustificado no da lugar a ser condenado por delitos penales. En países como Colombia, Francia o Ecuador, cuando un responsable político tiene un patrimonio que no puede justificar, en virtud de su sueldo anual y su régimen de incompatibilidades, puede ser procesado penalmente. En España no, ya que para ello es necesario vincular ese patrimonio a un hecho delictivo.
-¿Me está diciendo usted que un alcalde puede tener 500 millones de euros en patrimonio que, mientras no se le pueda vincular con un delito penal, será inmune a la Justicia?
-Exacto. Ese patrimonio sólo es punible a efectos fiscales y siempre que sea con anterioridad a los últimos cuatro años, si no el delito prescribiría.
-En Huelva las construcciones en rústico se han multiplicado y es ahora cuando se ha iniciado una retahíla de multas a los afectados, sin que la orden de derribo sea una prioridad. ¿Cree que se articula o aplica la legislación únicamente con afán recaudatorio?
-En esta problemática haría una diferenciación entre dos tipos de construcciones: aquellas erigidas por personas sin licencia, es decir ilegales; y aquellas llevadas a cabo con el amparo de determinados ayuntamientos que han incitado a la proliferación de viviendas en rústico con fines recaudatorios y con el fin de que, posteriormente, ese suelo se consolidara. Por tanto, creo que en este campo no se ha combatido adecuadamente, si bien he de añadir que por el lastre de no contar con la capacidad legislativa necesaria ni con los órganos judiciales para atajar esos delitos.
-Otra de las grandes preocupaciones sociales es el enchufismo que se percibe en administraciones fundaciones y mancomunidades. ¿Existe alguna legislación en la materia que pueda poner coto a estas prácticas?
-La legislación española ofrece una gran profusión de recursos para combatir el enchufismo. Otro cantar es la convocatoria de plazas directamente para tal persona. Otro fenómeno que a mí me parece especialmente preocupante es la creación o la sustitución de cargos técnicos por cargos políticos, lo que da lugar a que muchas personas sean contratadas meramente por ser familiar de o pertenecer a algún partido. En la raíz de todo el problema subyacen las lagunas legislativas que permiten el nombramiento indiscriminado de cargos en las administraciones.
-¿Es usted partidario del aumento de las penas para luchar contra la corrupción?
-Sí. Personalmente considero que los funcionarios públicos, y aquí nos incluimos todos de algún modo, estamos entre comillas privilegiados por los delitos que podamos cometer.
-En tal caso, ¿comparte la opinión de que la tibieza con la que se castigan determinados delitos de corrupción incita a vulnerar la ley?
-A día de hoy los delitos de prevaricación y tráfico de influencia son castigados con penas que oscilan entre los seis meses y el año de prisión, mientras que el cohecho sube de dos a cuatro, siempre y cuando no se cuente con antecedentes penales. La percepción es que sale rentable correr el riesgo, porque en caso de que tengas mala suerte y te investiguen sabes que no tendrás mucha pena.
-Los juristas denuncian la carencia de medios de la que adolece la justicia. ¿Qué se necesita para mejorar su eficiencia?
-En primer lugar, remodelar a fondo la Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de 1981 y va camino de cumplir 30 años. Por otra parte necesitamos de más jueces, fiscales y órganos especializados en los distintos tipos de delito.
-Hablando de reformas, ¿cuándo dejará de doblegarse la Justicia al gobierno de turno, tal como se comprueba al analizar la composición del Tribunal Constitucional?
-Es más fácil que acabemos con la corrupción a que logremos la independencia de la Justicia. Por desgracia todos los gobiernos tratan de legislar en función de sus intereses y no parece que sea una tónica que tenga visos de cambiar.
-Dicen que una Justicia lenta no es Justicia. ¿Se puede agilizar su denso proceso burocrático sin perjuicio de los derechos que asisten a los ciudadanos?
-Sin duda. En los procesos penales una justicia que valla rápida no supone menos garantías. De hecho si se trata de una persona inocente y se acortasen los plazos en los que se ejecuta la sentencia implicaría una mayor garantía para el ciudadano. Personalmente no entiendo el porqué no se podrían acelerar o agilizar los trámites, ya que no llevaría implícito un menor rigor y, por ende, no se lesionarían los derechos de los ciudadanos.
* Huelva Información - Carlos López - 30.11.09
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Tema: NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
Cantabria: Arca acusa al Gobierno de "intentar legalizar" las "ilegalidades urbanísticas"
EUROPAPRESS* : El presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales, acusó este domingo al Gobierno de Cantabria de "intentar legalizar como sea" las "ilegalidades urbanísticas", como en el caso de la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
En una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press, Canales consideró que no hay "ningún plan" del Gobierno regional ante el problema de las sentencias de demolición "sino algo tremendamente descarado" como es "intentar legalizar como sea todas esas ilegalidades urbanísticas", denunció.
"Que desde la administración que tiene que defender el interés general se esté sólo a evitar la ejecución de las sentencias, que es algo primordial para el ordenamiento y el sistema democrático, es algo tremendamente negativo", opinó Canales.
En este sentido se preguntó para qué se hacen las leyes "si la gente ve que las sentencias no se cumplen y que todo se puede legalizar", por lo que calificó como "una barbaridad" que la administración "intente evitar" el cumplimento de los derribos. "Sabemos que a través del PORN de Santoña va a intentar legalizar todo lo que se pueda", pero, advirtió, "van a tener el PORN en los tribunales".
Sí se ha cumplido uno de los derribos, el de la urbanización de El Encinar, en la playa de La Arena, en Arnuero, que, en opinión de Canales, ha sido "demasiado interesado para ser aleccionador" porque las viviendas no estaban habitadas "y las ha tirado la misma empresa que las construyó porque le beneficiaba: así podía conseguir la indemnización", declaró.
No obstante, advirtió que Arca "seguirá ahí, los años que haga falta, para conseguir el derribo de todas las viviendas" y entonces sí será "aleccionadora" la medida.
En relación al hecho de que un millar de viviendas hayan sido declaradas ilegales por recursos de Arca, Canales confesó que los ecologistas no se sienten responsables de esa situación. De hecho, manifestó que les da "bastante pena" que los afectados les señalen "como un enemigo a batir" cuando "todas estas ilegalidades que dictaminan los tribunales las cometen los políticos, alcaldes y consejeros, y a ellos no se les señala".
"Nosotros no hacemos las leyes ni las sentencias; nos limitamos a intentar que la legalidad aflore por encima de todo, y que las ilegalidades que se cometen no destruyan el medio ambiente", subrayó.
URBANISMO, EN LA "PREHISTORIA"
Por otra parte, Canales denunció que el urbanismo en Cantabria ha dado "un salto para atrás" con el consejero José María Mazón, con el que "hemos vuelto a la Prehistoria". "Es bochornoso y lamentable lo que está haciendo este consejero, de ahí que le hallamos pedido su dimisión de forma reiterada", comentó, y contrapuso su actuación a la del anterior consejero de Urbanismo, Vicente Mediavilla, con quien, "por primera vez en muchos años" se dio "un paso extraordinario en ordenación del territorio".
El presidente de Arca explicó que el actual consejero de Presidencia demostró, cuando estaba al frente de Ordenación del Territorio, "sensibilidad y sobre todo, tener muy claro qué es el interés general y en función de ello legislar y actuar". Para Arca fue, dijo, "la única ocasión que nos ha parecido satisfactoria la actuación del Gobierno", porque el resto de Ejecutivos han sido "nefastos" en esta materia. "No hay más que ver cómo está la costa de Cantabria en algunas zonas y quiénes han sido los responsables", manifestó, y por ello insistió en que el balance urbanístico ha sido "muy negativo, salvo en la etapa de Mediavilla".
TEMOR, FINANCIACIÓN E INDEPENDENCIA
En otro orden, Canales señaló que a Arca, que ahora celebra su 25 aniversario, se le tiene en cuenta desde las instituciones y reconoció que las administraciones "temen en cierta manera" a la asociación por su "capacidad e independencia", especialmente por la segunda.
En este sentido, explicó que Arca se financia "únicamente por cuotas de socios", que son entre 600 y 800, y que pagan entre 40 y 85 euros. Al respecto, rechazó la "percepción" de que la asociación "pleitea contra todo", y precisó que al año entabla "dos o cuatro pleitos", pero como la justicia es "lenta", las consecuencias de éstos "van aflorando" con el tiempo.
Además, Canales rechazó que afecte a la independencia de Arca el hecho de que él sea hermano del director general de MARE, como demuestra que la asociación da "toda la caña posible" al "jefe" de su hermano, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, porque "la gestión del agua en Cantabria nos parece lamentable". Asimismo, vaticinó que su hermano y él se acabarán "viendo en los tribunales" a causa del vertedero de residuos industriales que promueve MARE y una empresa privada en Castañeda.
No obstante, Canales confesó que se ha planteado "personalmente" renunciar a su cargo, cuestión que se ha abordado en la asociación, pero, dado que se presenta al cargo "todos los años", consideró que los socios le "echarían" si "vieran la mínima connivencia entre lo que hace la Consejería y yo por causa de mi hermano".
* Europa Press - 29.11.09
Foto: Santoña (Cantabria), marismas - 20minutos.es
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30.11.09
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Cantabria
El laberinto urbanístico en la Axarquía atrapa a diez mil propietarios
SUR/Málaga* : Las anulaciones por vía judicial de licencias de obras concedidas por los ayuntamientos ponen en marcha los procesos de demolición. «Lo hemos vendido todo en Inglaterra y nos vinimos a la Axarquía para invertir los ahorros de toda nuestra vida en realizar la casa de nuestros sueños. Los ayuntamientos nos dieron las licencias y nadie nos dijo que no podíamos construir. Por eso nos preocupa cuando vemos que esas mismas licencias están siendo anuladas y que se están iniciando expedientes para demolerlas».
Con estas palabras el británico Phillip Smally, presidente de la Asociación Save Our Homes Axarquía (Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía), expresa la enorme preocupación que la situación del urbanismo está provocando en los propietarios de las más de 10.000 viviendas -22.000, según los ecologistas- fuera de ordenación que salpican los campos de la comarca oriental malagueña.
Y tienen motivos para estar preocupados, porque aunque la Dirección General de Inspección Territorial de la Junta de Andalucía no ha concluido todavía el inventario de las edificaciones que existen en el suelo no urbanizable de la Axarquía para decidir el futuro de cada una de ellas, la realidad es que continúan produciéndose sentencias de lo contencioso administrativo en respuesta a recursos planteados por el Gobierno andaluz contra la aprobación de muchas de las licencias de obras concedidas por los ayuntamientos.
En la lista de pueblos con autorizaciones anuladas están Salares, Alcaucín, La Viñuela, Comares y Canillas de Aceituno, entre otros.
Estos fallos judiciales no sólo anulan las licencias, sino que además obligan a la Administración local a iniciar los procedimientos para restituir la legalidad urbanística, o lo que es lo mismo proceder a la demolición de las construcciones.
El Ayuntamiento de Comares, que tiene interpuestos 45 contenciosos por parte de la Junta solicitando la revocación del mismo número de licencias de obras, acaba de aprobar por acuerdo plenario la demolición de dos edificaciones en el campo.
Otros municipios en la misma situación tienen paralizadas más de una decena de órdenes de demolición al recurrir las sentencias.
La Viñuela, que aprobó en 2007 a la desesperada su PGOU por silencio administrativo de la Junta en un intento de regularizar la mayor parte de las viviendas que están fuera de ordenación, tiene 89 recursos contra autorizaciones para construir. La aprobación del documento urbanístico ha sido anulada por el TSJA.
«A mi vecino le han anulado la licencia y el Ayuntamiento de La Viñuela ya ha iniciado el proceso para demolerla. Desde entonces su esposa tiene problemas de corazón», relata Smally, para quien el proceso que encabeza la Junta para decidir cuál es el futuro de las casas que está inventariando es demasiado lento.
En Alcaucín, donde hay unas 1.800 viviendas irregulares, muchos titulares de construcciones empiezan a pensar que la única posibilidad de evitar una posible demolición es que la irregularidad urbanística prescriba.
* SUR - 28.11.09
Foto: Axarquía (Málaga), casas diseminadas - sur.es
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30.11.09
por UrbanismoPatasArriba
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