Juzgado el ex alcalde de Coll de Nargó por delito urbanístico

ELPAÍS/Lleida* : El Juzgado de lo Penal nº2 de Lleida celebró ayer la vista oral por un presunto caso de corrupción urbanística en el que están implicados el ex alcalde convergente de Coll de Nargó (Alt Urgell), Josep Miquel Duró, de CiU, y cuatro concejales, dos de los cuales continúan en el consistorio. El fiscal pide para los acusados un año y tres meses de prisión por haber concedido una licencia para construir un edificio con casi cinco metros más altura de la permitida por la normativa vigente.

El presunto delito contra la ordenación del territorio se cometió a finales de 2005, cuando el anterior consistorio presidido por Duró votó en un pleno municipal a favor de conceder una licencia de obras para construir un edificio que consta de una planta baja para locales comerciales, tres para viviendas y una quinta bajo cubierta. El arquitecto y la secretaria municipal advirtieron a los ediles que la normativa sólo permitía tres plantas.

Dos concejales de la oposición votaron en contra y presentaron un recurso, que a fecha de hoy no ha tenido respuesta. A finales de 2007, la Dirección General de Urbanismo, dependiente del Departamento de Política Territorial, advirtió al ayuntamiento de Coll de Nargó que la licencia era nula de pleno derecho y le instó a paralizar las obras. La misma resolución admitía un exceso de edificación de 2.364 metros cuadrados, la superficie correspondiente a 30 de las 65 viviendas construidas. El consistorio hizo caso omiso y continuó las obras.

Un crecimiento beneficioso para el pueblo

El ex alcalde manifestó en el juicio, a preguntas del fiscal del caso, que autorizó el edificio con más altura de la permitida porque suponía un crecimiento beneficioso para el pueblo y porque la licencia concedida se ajustaba a la normativa urbanística que en ese momento se estaba redactando y que a fecha de hoy aún no ha sido aprobada. Duran reconoció ser uno de los cinco propietarios del solar y que permutó su parte a cambio de una vivienda en el polémico edificio. Los inspectores de urbanismo detectaron otras irregularidades en la tramitación del expediente y concluyeron que la licencia no se debió otorgar.








* ELPAIS.com - LLUÍS VISA - Lleida - 25/11/2009
Foto: Coll de Nargó (Lleida) - radioseu.cat

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Imputado por 'mobbing' el presidente de la Asociación de propietarios de Catalunya

20MINUTOS/Barcelona* : La Fiscal pide dos años de cárcel para el presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Luis Miguel Pahissa, a quien acusa de hacer "la vida imposible" a dos inquilinas de casi 80 años, en uno de los pocos casos de supuesto acoso inmobiliario que ha llegado a juzgarse por vía penal.

En el juzgado de lo penal número 9 de Barcelona se celebra el juicio contra Pahissa, que en su declaración ante la juez ha negado haber acosado a las ancianas, que residen desde hace más de treinta años, como arrendatarias de renta antigua, en la planta tercera del número 18 de la calle Compte d'Urgell de Barcelona.

Por este caso también está acusada la propietaria de los pisos, Esther G.S., que ha dicho desconocer la situación y ha remarcado que se limitaba a ser informada por Pahissa de las decisiones que éste adoptaba.

Por el contrario, las denunciantes, María Dolores P.M., y Leonie C.T., de 78 y 80 años, respectivamente, han detallado el calvario sufrido a raíz de la muerte de sus esposos, ya que han tenido muchos problemas para subarrendar el contrato de alquiler y además el administrador las ha evitado siempre y, cuando han podido hablar con él, las ha menospreciado.

Como ejemplo, María Dolores P.M. ha explicado que tan sólo 16 días después de la muerte de su esposo fue a la casa de Pahissa, junto a su hija, con la que convive en el domicilio, a comunicarle el deceso y a pedirle que iniciara los trámites para subarrendar el contrato, y éste las trató de muy malas maneras, según su versión.

"Nos recibió en su despacho, con las piernas encima de la mesa, no nos invitó a sentarnos y cuando le dije que mi marido había muerto nos dijo que cuando yo muriera a mi hija la echaría a la calle", se ha lamentado, entre sollozos.

Además, ha subrayado la "angustia" que les supuso que el administrador no les cobrara el alquiler durante al menos tres meses seguidos en el último trimestre de 2006 -lo que Pahissa justifica porque se casó, se fue de viaje y tuvo una hija-, ya que temían que les echarían de casa por no pagar el alquiler. Tanto es así que, según la versión de María Dolores P.M., le enviaron a Pahissa varios giros postales confirmando el pago del alquiler, pero siempre les venían devueltos.

Otras de las quejas de las ancianas vecinas es que cuando se construyó un nuevo ascensor, el administrador les prohibió utilizarlo e incluso durante dos años anuló los botones para evitar que el aparato fuera llamado o se detuviera en la tercera planta, en la que vivían.








* 20 Minutos - EFE - 25.11.09
Foto: Mobbing BCN (archivo), puerta forzada - elperiodico.com

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Los vecinos aceptan los derribos de casas en Ons porque no tendrán que pagarlos

ELPAÍS/Pontevedra* : Las dos primeras viviendas ilegales de Ons fueron ayer derribadas sin que se registraran incidentes. Hay otras 24 amenazadas en mayor o menor grado. Un centenar de vecinos se había embarcado en Bueu a primera hora de la mañana con ánimo beligerante contra la operación, pero esa predisposición duró lo que la propia travesía hasta la isla, a bordo del Pirata de Ons.

Acababan de desplegar su abultada impedimenta de pancartas y arengas, cuando la Guardia Civil entró en escena y dio vuelta a la situación con el primer envite. Las casas iban a ser derribadas "por las buenas o por las malas, porque es una orden que hay que cumplir", señaló el mando que se acercó a los manifestantes. Los vecinos podrían protestar cuanto quisieran, pero no interrumpir el derribo ni agredir a nadie de los que lo realizaran. La empresa, en fin, Tragsa, lo haría gratis, si así lo querían.

El último acicate para motivar la guerra vecinal contra el derribo era que la actuación de Tragsa, si los propietarios no procedían directamente a derribar sus viviendas, comportaba el pago de 50.000 euros por demolición. Ahora se lo ofrecían gratis y, desconcertados, los vecinos sólo acertaron a decidir que irían en manifestación para comunicarlo hasta la casa de Manuel Ferradás, fallecido hace unos meses y cuyos herederos ya estaban en la faena del derribo: se les veía a unos 200 metros, a mazazo limpio sobre el tejado. La marcha, pese a toda la profusión de pancartas, tuvo una impronta de cortejo fúnebre. María del Carmen, una de las hermanas herederas, reaccionó con gran crispación al anuncio de que Tragsa haría el trabajo, hasta que se aseguró de que sería gratis.

La mañana se fue en preparativos y entre acusaciones a "los políticos" de discriminación: "Nos toca porque somos gente humilde". Los manifestantes dejaron el lugar a las máquinas y personal de la empresa estatal. Aún no habían comenzado a derribar cuando, a mediodía, el pasaje volvía derrotado a Bueu, barruntando que lo vivido sólo era el principio de un triste final.






* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Illa de Ons - 25/11/2009
Foto: Ons (Pontevedra) - delmorrazo.com

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CCOO, Ecologistas en Acción y Salvemos la Sierra tachan de "burla" el PORN

ABC/Madrid* : El área de Medio Ambiente de CCOO junto con las asociaciones Ecologistas en Acción y Salvemos la Sierra han tachado hoy de "burla" a la ciudadanía y "a la Ley" el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Guadarrama aprobado por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa celebrada hoy en Collado Villalba en la que han criticado el "oscurantismo" con el que la Comunidad de Madrid ha aprobado el PORN por las "prisas" del Ejecutivo de Esperanza Aguirre por "desbloquear una treintena de planes generales de urbanismo" de la sierra.

El hecho de que no se haya hecho público el contenido del texto definitivo y de que no se vaya a conocer hasta que se publique de forma oficial en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, "sin contestar a las 18.000 alegaciones presentadas" y "sin elevarlo al Consejo Económico y Social" (CES), es "prueba" de "ocultismo" para estos colectivos.

Las tres entidades coinciden en que este documento esta "abocado al fracaso" por incumplir, entre otros aspectos, la ley estatal de Parques Nacionales y la propia normativa de la Red de Parques, además de otras normas de la Unión Europea.

Por ello, una vez se haga público en el BOCM, están dispuestos a estudiar al detalle el texto y a elevar a los más altos tribunales la propuesta del PORN de la Comunidad de Madrid, que coinciden en considerar de "burla" a la ciudadanía y "a la legalidad".

Los tres colectivos iniciarán conjuntamente una campaña informativa para abordar cómo afectará este PORN a los territorios, que iniciarán el sábado, a las 10.30 horas, en el Instituto María Guerrero de Collado Villalba.








* ABC - EFE - 25.11.09
Foto: Madrid, denuncia PORN - EFE

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Una asociación denuncia que el PXOM favorece intereses de algunos políticos

LAVOZ/Lugo* : La Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo (ALPUL) denunció ayer que había detectado una serie de lo que definió como «errores» en el Plan Xeral de Ordenación Municipal, tras el periodo de alegaciones, que podrían favorecer los intereses de determinados políticos y constructores.

Entre los primeros únicamente se citó a Francisco Fernández Liñares, actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil y antiguo concejal de Urbanismo.

La nueva asociación, que preside Manuel Cabanas, encargó un estudio de legalidad, en el que se recogen las diferencias entre las zonas perjudicadas por los cambios, entre las que citó As Gándaras, A Campiña y San Lázaro, que suponen 1,3 millones de metros cuadrados urbanizables, que según Cabanas no se podrán desarrollar.

ALPUL asegura que tiene sospechas fundadas de trato de favor en el PXOM, que no descartan denunciar por la vía penal, en caso de que no se subsanen los errores detectados. Ante las manifestaciones de esta asociación, el Concello de Lugo difundió una nota en la que apunta que las declaraciones de Cabanas «parecen un chantaxe cara a Administración Local e a Xunta de Galicia que neste momento ten a última decisión sobre o plan e que indicou ao Concello de Lugo as observacións que debe modificar».

Según ALPUL, frente a los suelos que dicen han sido perjudicados, «hemos observado -dijo- como otros, vinculados a personas de renombre en esta ciudad han sido favorecidos y parece que en lugar de seguir criterios urbanísticos y profesionales, se han seguido otros tipo».

Cabanas apuntó que toda la información sobre lo que definió en otra ocasión como «errores» la tienen documentada. «Se tiene conocimiento -dijo- de anomalías muy graves. Hay suelos, como una propiedad muy conocida en San Lázaro, que pertenece al señor Liñares, que pasó de ser suelo rústico a urbano edificable, calificación que urbanísticamente carece de mucho sentido». También apuntó que este mismo político, que en su día fue concejal de urbanismo, posee otra parcela de 84.000 metros cuadrados en Fixós que «casualmente linda con suelo urbanizable, que en caso de ser ampliado «incrementaría su patrimonio sustancialmente».

Cabanas apuntó que en los últimos tres años llevan trabajando en este asunto y que encargaron un informe de legalidad a un urbanista. Este estudio fue entregado a la concejala de Urbanismo, María Novo, que dijo que lo iba a analizar y remitirles las conclusiones. «Nuestra sorpresa -dijo- fue que mandó el PXOM a la Xunta y a los perjudicados no nos comunicó nada». Apuntó que después de intentar durante dos meses hablar con Novo, sin resultados, registraron los informes, que también hicieron llegar al portavoz del PP, Jaime Castiñeiras.

«María Novo -dijo el presidente de ALPUL- sigue en sus trece y es reacia a hacer cualquier tipo de modificación». «Nosotros -apostilló- no sabemos que que intenta defender».

Cabanas apuntó que le remitieron un escrito, a través de un abogado, recordándole que una vez aprobado el PXOM, si recurren a la vía administrativa, éste se podría anular por los «errores» de los que tienen conocimiento, después de nueve años de tramitación.

La documentación, según el presidente de ALPUL, será remitida a la Xunta como órgano supervisor para que «pare lo que creemos ilegal e injusto». Insistió en que el efecto que se produce es una descompensación, «Hay suelos -dijo- como cerca del hospital, que meten una serie de cargas y normas que hacen que sean inviables e inejecutables, en tanto que otros sí y es donde se localizan a ciertas personas», apostilló.







* La Voz de Galicia - 25.11.09
Foto:
Los alrededores del campo de golf son zonas muy polémicas - Oscar Cela, lavozdegalicia.es

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El alcalde detenido por el crimen de Polop fue denunciado por extorsión

ELPAÍS/Alicante* : El urbanismo emerge como trasfondo del móvil del asesinato a tiros del alcalde de Polop (4.100 habitantes, en el prelitoral de Alicante), Alejandro Ponsoda, del PP, hace dos años. El último arrestado por este crimen ha sido su sucesor en el cargo, Juan Cano, también del PP. Cano, edil de Urbanismo desde 1995 (salvo el mandato 2003-2007), fue grabado en dos ocasiones en un supuesto intento de cobro de comisiones a promotores. Ponsoda y Cano discrepaban sobre el desarrollo urbanístico del municipio. El regidor asesinado se opuso a un plan de 5.000 casas que impulsaba Cano a principios de este mandato.

Cano, séptimo arrestado por estos hechos, fue detenido la madrugada de ayer en su domicilio. Antes de ser conducido a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, los agentes realizaron sendos registros en el Ayuntamiento y en la casa del regidor. El PP reaccionó al arresto del primer edil con su suspensión cautelar de militancia. La investigación continúa, aunque no están previstos arrestos de forma inminente, según señaló ayer la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares.

El asesinato de Ponsoda, según la investigación, se planeó en el club de carretera Mesalina, a las afueras de Benidorm. Cano es asiduo a los locales de estas características, según sus conocidos. En el lupanar contactó con el resto de los miembros de la trama, entre ellos, un narcotraficante, un empresario de calzado y los dos pistoleros de nacionalidad checa que ejecutaron a Ponsoda. Uno de ellos trabajaba en el mencionado club de alterne, y el segundo, en otro local de la comarca. Por estos hechos también han sido arrestados el gerente y el dueño del prostíbulo Mesalina. Los seis ya han sido encarcelados por la juez. En la resolución del caso han sido clave cinco testigos protegidos, vinculados al prostíbulo.

Juan Cano fue el concejal de Urbanismo desde 1995 hasta 2003. No repitió en el siguiente mandato por un oscuro asunto que nunca llegó a ser desvelado públicamente: en 2002, fue grabado en un supuesto intento de cobro de comisiones a un constructor y a un vecino por la instalación de un vado. Ambas cintas están en poder de la Guardia Civil. La grabación provocó la salida provisional de Cano de la política, bajo la amenaza de que trascendiera la cinta.

En 2003, se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de esta localidad, que prevé una decena de sectores urbanizables en millones de metros cuadrados hasta multiplicar por siete su población.

Hasta el nuevo PGOU, Polop era un nido de infracciones urbanísticas. En 2003, Cano y Ponsoda comparecieron como testigos en un juicio contra el constructor y el promotor de una vivienda en suelo no urbanizable por un supuesto delito urbanístico. El proceso, según la declaración del constructor a la que ha tenido acceso este periódico, consistía en que el Consistorio permitía la construcción ilegal a cambio de que se pagaran las tasas municipales por una licencia que no se podía conceder. En el caso del juicio al que el Ayuntamiento llevó a este constructor, el empresario pagó 1.230 euros por las tasas y casi 6.000 por la infracción urbanística. Pero la obra ilegal no se derribó.

En 2006, se detectó en el Ayuntamiento la desaparición del libro de resoluciones de la Concejalía de Urbanismo en la que se registraban las segregaciones de parcelas, los proyectos y las licencias de construcción. Allí estaban todos los trámites de Cano mientras fue concejal del área hasta junio de 2003. La consecuencia es que no se puede certificar que algunas construcciones de Polop dispusieran del correspondiente permiso. La división interna que vivió el PP local producto de las tensiones entre el sector campista y el zaplanista acabó con el retorno de Cano a la lista electoral del PP en 2007. Y Cano volvió a ser nombrado concejal de Urbanismo y Hacienda cuatro años después.

El tiempo, sin embargo, no había curado las heridas de entonces. El último enfrentamiento interno conocido en el seno del Gobierno de Polop fue a cuenta de un proyecto urbanístico fuera de la ordenación. El alcalde detenido intentaba aprobar la construcción de otras 5.000 viviendas a los pies del macizo de Ponoig por encima de la cota actualmente construida, a lo que se opuso categóricamente Ponsoda.








* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER / EL PAÍS - Benidorm / Alicante - 25/11/2009
Foto: Entierro del alcalde Ponsoda, hace dos años. Con un círculo, el actual regidor, detenido ayer.- ROSA FUSTER, elpais.com

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Badajoz: Adenex exige el derribo del Cubo

HOY* : Adenex ha mostrado hoy su total y absoluto apoyo a la Asociación Amigos de Badajoz en su exigencia de restitución de la legalidad urbanística en el caso del Cubo. Para esta organización conservacionista, la actuación de esta asociación en defensa de esa legalidad urbanística y del patrimonio histórico y cultural pacense "es ejemplar y debería ser motivo de elogio ciudadano".

Por el contrario, la actitud de los responsables políticos que han impulsado este proyecto ilegal e impactante "debería ser motivo de reprobación pública y de exigencia de responsabilidades".
En su opinión, es muy lamentable que aún no hayan asumido sus responsabilidades ninguna de las instituciones implicadas en esta manifiesta ilegalidad, Junta y Ayuntamiento, ni ninguno de los cargos políticos que tomaron en su día las decisiones ilegales, "y han estado jugando con el dinero público y las necesidades y la ilusión de la ciudad".
En lugar de ello, denuncia Adenex, "los responsables de este disparate urbanístico están desviando el malestar ciudadano hacia quienes de forma ejemplar han exigido, y están exigiendo, el respeto al Estado de Derecho, a la legalidad, y el respeto al patrimonio histórico y su conservación".
Por ello, la situación es aún más grave por la actitud "prepotente" de las administraciones que toman, "con frecuente ligereza, decisiones aún sabiendo de su posible ilegalidad, que impulsan proyectos gravemente discordantes e impactantes con el patrimonio cultural o natural, y que pretenden imponer su poder a toda costa, utilizando habitualmente de forma demagógica las necesidades de los ciudadanos".
Esta asociación considera que la vara de medir de la justicia debe ser igual para todos, ciudadanos e instituciones, y que deberían ser éstas últimas, las instituciones representativas, las primeras que, como ejemplo ante la ciudadanía, tendrían que acatar la sentencia y ponerla en práctica, evitando los intentos bochornosos de eludirla.








* HOY.es - 24.11.09
Foto: Badajoz, edificio Biblioteconomía - lacronicabadajoz.com

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Elche: El Ayto. dice que carece de validez el informe de Patrimonio sobre el Mirador

ADN/Alicante* : El Ayuntamiento de Elche sostiene que el informe de la Dirección de Patrimonio sobre el Mirador del Palmeral, en el que critica su instalación, "carece de validez jurídica", es "un disparate" y sólo pretende "meter el dedo en el ojo a la ciudad".

Así lo ha afirmado hoy el concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno del consistorio ilicitano, Alejandro Pérez, quien ha informado que la Comisión de Urbanismo ha decidido hacer caso omiso de ese informe.

"El texto es un disparate que, además, no tiene validez jurídica, pues ese organismo tenía tres meses por ley para emitir el documento y, sin embargo, nos ha llegado al cabo de dos años y medio", por lo que la corporación municipal entiende que el informe es "favorable al proyecto por silencio administrativo", según Pérez.

El edil socialista ha considerado que "el texto está hecho desde el más puro centralismo valenciano y refleja un intervencionismo en las competencias del Ayuntamiento de Elche inadmisible".

A su juicio, "el Patronato del Palmeral, compuesto por la Generalitat y el Ayuntamiento, es el que tiene la responsabilidad sobre el asunto y nadie que no sea éste puede asumir competencias que no le corresponden".

En este sentido, Pérez ha solicitado "respeto al Mirador" y ha asegurado que el informe de Patrimonio "sólo pretende meter el dedo en el ojo a la ciudad".

Por su parte, la portavoz del grupo municipal popular, Mercedes Alonso, ha opinado que es "muy atrevido y osado aprobar el informe, y que se diga que se va a hacer el Mirador, pese a quien pese".

Por ello, Alonso ha pedido al alcalde de Elche, el socialista Alejandro Soler, que reconsidere la construcción de ese hito, al entender que "no es el momento ni el sitio adecuado".

Además, "no es una prioridad y no hay dinero suficiente", ha dicho la portavoz popular, quien ha abogado por invertir en "la búsqueda de empleo para los 32.000 parados que hay en Elche".

Por otra parte, el concejal de Urbanismo se ha referido al palmeral y ha avanzado que se aplazará hasta el pleno de diciembre la aprobación del estudio de integración paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral de Elche.

Pérez ha explicado que se había tomado esa decisión porque a última hora de la tarde de ayer, fecha límite para la recepción de alegaciones, llegó una procedente del colectivo Margalló, que se suma a la presentada con anterioridad por el Hotel Huerto del Cura.

"Dejaremos el asunto sobre la mesa hasta el próximo mes para estudiar bien la alegación y permitir que la oposición tenga tiempo para conocer la información", ha señalado el edil socialista.

Sobre esta misma cuestión, la portavoz popular ha estimado que esa demora "sólo sirve para dilatar en el tiempo algo que es importante".

En cualquier caso, el concejal de Hacienda ha adelantado que antes del 13 de enero del 2009 "se debería aprobar el estudio", un documento que en su día solicitó la Generalitat y que, según Pérez, "no hace falta jurídicamente para la realización del Plan Especial de Protección del Palmeral".

"Lo hemos hecho para que luego no digan que ponemos pegas", ha apostillado.

En la Comisión de Urbanismo se ha comunicado, asimismo, que la Generalitat ha denegado la recalificación del suelo del sector R-12 de la pedanía de La Marina para la construcción de viviendas, "otro varapalo para la política urbanística del Ayuntamiento de Elche", según fuentes populares.

Por otra parte, se ha presentado una moción para aprobar el Plan de Acción Local contra el Cambio Climático en Elche suscrito por el alcalde en San Sebastián.

Ese proyecto, que incluye 236 acciones, pretende reducir en los próximos diez años un 20% las emisiones de dióxido de carbono en la localidad a través de distintas medidas que se desarrollarán en seis áreas de trabajo clave, como la participación ciudadana y el apoyo de la Administración local, así como las acciones en materia de edificación urbana, residuos y energía, entre otros.







* ADN - EFE - 24.11.09
Foto: Elche - parque_municipal - wikipedia.org

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La corrupción, una enfermedad favorecida por la lentitud judicial y la poca transparencia

TERRA* : Marbella, Gürtel, Santa Coloma, El Ejido, Telde, Palma... los casos de corrupción política se extienden como una marea de fraude por toda la geografía española. Los partidos proponen medidas para favorecer la transparencia su gestión ante los ciudadanos; pero éstos, hartos de sus representantes, desconfían de ellos hasta alcanzar la percepción delictiva de países como la República Dominicana o los Emiratos Árabes. ¿Son los españoles corruptos por naturaleza? ¿O es circunstancial?



Decía Willie Stark, el protagonista de la novela y película ‘All the king’s men’ (‘El político’) que “el ser humano se concibe en pecado y nace en corrupción" , y que a lo largo de su vida "pasa de la fétida placenta al hedor del ataúd”. La transformación de este político, héroe en su pueblo por intentar derrocar de forma honrada a los poderes fácticos del gobierno estadounidense, pero cínico populista y tan corrupto como los demás al hollar cima, ilustra la situación de la administraciones locales españolas. Héroes locales en su comunidad, como Bartomeu Muñoz en Santa Coloma, o Juan Enciso en El Ejido, vencidos por ese designio natural que identificaba Stark en la novela de Robert Warren.

La imagen de Maria Antonia Munar, presidenta del Parlamento balear, lanzando besos a los ciudadanos que la increpaban mientras entraba en el Tribunal Superior de Justicia para declarar por una malversación de 30 millones en el caso Can Domenge, es extremadamente significativa. La gente se ha hartado de que sus representantes les ignoren y engañen. En Santa Coloma los vecinos intentaron tomar por la fuerza el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa tras la detención de su alcalde, Bartomeu Muñoz, en otro caso de corrupción que salpicó a dos ex altos cargos del gobierno Pujol, Lluis Prenafeta y Maciá Alavedra. “Es una reacción de ira justificadísima. Me asombra la paciencia que ha tenido la ciudadanía española”, explica a Terra Noticias Jesús Sánchez Lambas, Director General de la Fundación Ortega y Gasset.

El hartazgo de la sociedad española es notorio. Transparencia Internacional publicó el 17 de noviembre el último Indice de Percepción de la Corrupción, en el que España se desploma hasta el puesto 32 del mundo. El estudio muestra que la sensación de corruptelas y chanchullos para los ciudadanos españoles supera al de países como Emiratos Árabes o las islas Granadinas. “Y baja casi la nivel de la República Dominicana”, se lamenta Lambas, que también es miembro del Consejo Directivo de Transparencia Internacional, el organismo internacional responsable de este estudio, y cuyo objetivo es combatir la corrupción en el mundo.

Lambás, sin embargo, estima que esta baja clasificación tiene un lado positivo, y que responde a la duda sobre si la aparición de tantos casos de corrupción en la Administración Local –un aumento del 100% desde 2008, según datos de la Fiscalía Anticorrupción- responde a un aumento de los delitos o a un incremento de la acción judicial. “No existen más casos de corrupción ahora, sino que aflora en este momento lo sucedido hace cuatro, seis u ocho años, en plena burbuja urbanística . No sólo está dando frutos ahora las acciones de la Justicia y de la Policía, sino que también se ha acrecentado la sensibilidad social”.


¿El fin de la burbuja puso en marcha el ventilador?

Durante el próximo año 2010 serán juzgados en España más de 300 políticos por corrupción. La mayor parte, por delitos asociados al urbanismo. Nada extraño teniendo en cuenta que en diez años (de 1995-2005) se incrementó un 40% la superficie de suelo edificable, y entre el 35 y el 40% del presupuesto de los consistorios procede de la construcción. Nadie duda que esta situación ha creado un pozo de clientelismos, desfalcos y fraudes fiscales. Pero, ¿por qué los casos estallan ahora y no hace cinco años? ¿Cerrar el grifo por la crisis ha llevado a muchos promotores a tirar de la manta? “Preferiría pensar que se ha debido a la presión social, pero es innegable que el parón de actividad por la crisis económica, el descontento, ha sido un importante factor”, apunta Lambás.

La clase política se encuentra indudablemente en el punto de mira. El barómetro de octubre publicado por el CIS concluye que los partidos políticos (13,3%) preocupan a los ciudadanos incluso más que el terrorismo de ETA (12%). Un aumento sustancial en un solo año –en octubre de 2008 ascendía al 7%- al que además habría que sumar el porcentaje de preocupación por “la corrupción y el fraude” (5,2%). “Hay un punto en que la sociedad se acaba hartando y rebasa las barreras para exigir justicia elemental”, explica Lambás para explicar movilizaciones como las surgidas en Santa Coloma tras la Operación Pretoria. “Ningún tipo de corrupción es aceptable, pero hay niveles en los que, pese a no ser tratada por médicos, se puede considerar una auténtica enfermedad”.

Los partidos han salido al paso proponiendo medidas para atajar la corrupción, que ha sustraído en España más de 4.000 millones de euros en 10 años y que mueve actualmente más dinero que la droga. Y es que nadie se libra. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, expuso el pasado miércoles que de los 730 casos de corrupción abiertos, 264 corresponden al PSOE, 200 al PP, y el resto están desperdigados entre CC, CiU, BNG, IU y otras formaciones más pequeñas. “Los partidos son imprescindibles para la salud de la democracia, pero actualmente son simples máquinas de detentación de poder. No tienen estructuras democráticas y crean disfunciones de las que nosotros somos víctimas”, explica Lambás.

Justicia y Ayuntamientos, a la palestra

Son los efectos de la enfermedad. ¿Pero qué provoca la fiebre? “El funcionamiento de la Justicia es casi medieval”, identifica Lambás como uno de los síntomas. “Precisamente acaba de llegarme la sentencia judicial del caso Gescartera… cuando los hechos se remontan a 1990. ¡20 años para hacer justicia!". Y si el primer síntoma de la corrupción es la lentitud judicial, el segundo es que la transformación democrática no ha llegado a los Ayuntamientos”. Los consistorios, siempre en el horizonte. “El Estado ha sido incapaz de crear un modelo de financiación adecuado a la descentralización de competencias.”, considera Lambás. “El urbanismo ofrece un poder económico que se está gestionando en los Ayuntamientos de forma clientelista, con un sistema de contratación de corte casi familiar. Se contrata más gente de la necesaria, los sueldos se acumulan y hace falta cada vez más urbanismo para afrontar gastos”. Es entonces, como explica el Director General de la Fundación Ortega y Gasset, cuando aparecen “los hongos y el moho”.

El ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, propone retirar las competencias urbanísticas a los Ayuntamientos para atajar la corrupción. Aunque algunos han realizado grandes esfuerzos para ser transparentes a los ciudadanos. Transparencia Internacional publicó el 22 de julio el segundo Índice de Transparencia de los Ayuntamientos, donde consistorios como Sant Cugat, Alcobendas, Mataró, Gijón, Bilbao o Avilés salen bien parados por la accesibilidad de su gestión. Otros, como el Ayuntamiento de Valencia, dirigido por Rita Barberá (PP), no se tomaron demasiado bien que aparecieran en el puesto 88 de los 110 consistorios analizados. “Nos enviaron una carta denunciando que nuestro trabajo de investigación era ilegal…”, recuerda Lambás.


Los ciudadanos no se libran de la culpa

Tampoco los ciudadanos se libran de la culpa. Son varios los alcaldes y presidentes regionales que han sido reelegidos pese a estar afectados por casos de corrupción. El voto les ofrece un escudo. La sociedad española parece valorar más la resistencia a la Justicia que los delitos cometidos. “Existe indudablemente una base histórica y antropológica para explicar nuestra tolerancia al corrupto. En las sociedades protestantes, con la Reforma, quien incumplía las normas recibía su castigo. En España, sin embargo, se creció en la Contrarreforma y con la confesión nos bastaba para salvarnos. Un senador estadounidense me dijo una vez que las columnas del Capitolio se sostienen de milagro de toda la corrupción que soportan, pero que si pillan al corrupto, se tira 20 años en la cárcel. Si al corrupto no se le castiga con el ostracismo público, se convertirá en un espejo para los demás”.

Sin duda, España aún es una adolescente en la democracia. Los países de nuestro disfrutaban de ella desde principios de siglo, pero en España apenas tiene 33 años de vida. Disfrutamos de un buen nivel en áreas como la salud o la educación, pero suspendemos en Justicia y Administraciones Locales. “Hay que ahondar ahora en la calidad de la democracia”, dice Lambás. “Se debe mejorar la rapidez en la sanción, la independencia de la judicatura, y que se restituya lo robado. La Justicia no es un servicio público, sino un poder del Estado. Y no es razonable que entre delito y sanción medie toda una generación”.

¿Hasta dónde llegará el hartazgo de la sociedad española? ¿Experimentará con el populismo como otros paises de su entorno? Países como Italia (con Berlusconi), Francia (Le Pen), Holanda (Fortuyn) o Austria (Haider), han sido un caladero de votos para la demagogia. En España, sin embargo, intentos parecidos en los años 90 de empresarios como Jesús Gil o José María Ruiz-Mateos, no llegaron a calar en la ciudadanía. ¿La extension de la corrupción, el hartazgo, podría reverdecer ahora el populismo en España? “No lo creo”, razona Lambás. “Aquí hay una base burguesa muy desconfiada de estos movimientos populistas y el funcionariado público vive estos fenómenos con recelo. Además, los populistas se alimentan mucho del rechazo al otro, pero en España, que hemos sido una sociedad mestiza desde el siglo XV, somos muy tolerantes en aspectos raciales… y bastante en los morales”.








* Terra Noticias - HÉCTOR M. GARRIDO - 24.11.09
Gráfico -La corrupción hará pasar por los juzgados en 2010 a más de 300 políticos españoles - terra.es

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Imputado el alcalde de Cartaya por prevaricación

ELPAÍS/Huelva* : El alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), y el teniente de alcalde de la localidad, Miguel Novoa, prestaron declaración ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Ayamonte (Huelva) imputados por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Las presuntas irregularidades urbanísticas se llevaron a cabo en unos terrenos cercanos al centro de Cartaya, en la barriada de El Almendral, en 2006. Según los denunciantes, la construcción de viviendas de 21.000 metros cuadrados comenzó sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que algunos aspectos eran ilegales.

La empresa Hiconsa, según la acusación, pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, valoración realizada por un arquitecto, también denunciado. Una valoración alternativa, encargada por la oposición y visada por el Colegio de Arquitectos, estimó en 4,4 millones lo que debió haber pagado Hiconsa. Los denunciantes piden que se aclare "por qué no se cobró ese dinero y el pueblo de Cartaya perdió 3,1 millones de euros".

Según el alcalde se trata de "un proceso claramente partidario" y que se valoran económicamente dos cosas diferentes: aprovechamientos urbanísticos por parte del Ayuntamiento, mientras que la valoración del arquitecto, "desproporcionada", valora el suelo urbano. Millán recordó, además, que se trata tan sólo de diligencias previas. Hoy declaran en el mismo juzgado Juan Márquez, dueño de Hiconsa, y Francisco Benítez, el arquitecto supuestamente implicado.






* ELPAIS.com - LIDIA JIMÉNEZ - Huelva - 24/11/2009
Foto: Cartaya (Huelva) - todohuelva.com

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Barcelona: La segunda corona metropolitana se mueve sin transporte público

ELPERIÓDICO* : un sondeo impulsado por la Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) sobre la movilidad en la segunda corona metropolitana de Barcelona demuestra que el vehículo privado es el protagonista indiscutible en los desplazamientos interurbanos. La AMTU, integrada por 66 ciudades y cinco consells comarcals (Alt Penedès, Garraf, Maresme, Vallès Oriental y Occidental) representa a 1.887.611 habitantes en un ámbito de 234 municipios y 2,6 millones de personas.

Del informe se desprende un dato inapelable: solo el 14% de viajes se efectúan completamente en transporte público.
En un territorio donde se realizan más de 2,4 millones de desplazamientos interurbanos al día, el 82,1% se efectúa en coche privado, aunque otro gran número, el 47,6% de los viajeros, admite que utilizaría el transporte local si su zona contara con una buena conexión. La encuesta resume que un 67,4% de los usuarios no viajan en transporte público por carecer de él o contar con un servicio muy deficiente.
Las conclusiones del sondeo sorprenden por la variación de tendencias. Mientras que antes los viajes a la primera corona metropolitana eran el principal destino, en la actualidad lo es la segunda corona, puesto que un 79,5% son desplazamientos entre las ciudades de la AMTU. Un hecho que explicaría la diversidad de uso del transporte público.
La causa del cambio, según los analistas, radica en la óptima oferta de transporte radial que dan servicios como Cercanías Renfe y de Ferrocarrils. Sin embargo, la AMTU, que preside el alcalde de Granollers, Josep Mayoral, destaca que el cambio de hábito viene propiciado por la falta de dotación en los municipios de la segunda corona.

LÍNEA ORBITAL FERROVIARIA / Del estudio también se desprende que la movilidad entre las zonas afectadas por la futura Línea Orbital Ferroviaria (LOF), que unirá 24 ciudades entre Mataró y Vilanova i la Geltrú, ya contabiliza 351.730 desplazamientos diarios en transporte público, a los que cabría añadir el 16% de los viajes habituales (dos o más por semana). Con ello, el Estudio de Reserva de Suelo y propuesta de trazado de LOF aprobado por la Generalitat se queda corto al prever un flujo de desplazamientos en esta infraestructura de 180.000 viajes al día en el 2020.
La encuesta también detalla que cuanto más pequeño es el municipio mayor es el porcentaje de desplazamientos interurbanos en día laboral, y expone la comparativa entre Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) –que con 16.978 habitantes tiene un porcentaje de viajeros interurbanos del 71,7%– y Terrassa (Vallès Occidental), que con 206.245 habitantes está en el 28,3%.







* El Periódico - FEDE CEDÓ - 24.11.09
Foto: gráfico - elperiodico.com

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Málaga: La Fiscalía denuncia por estafa a la contrata de la Azucarera

MÁLAGAHOY* : La Fiscalía de Málaga ha denunciado en un juzgado a la empresa Teconsa, adjudicataria de las obras de la carretera que une la Azucarera con la zona de Intelhorce, porque halla indicios presumiblemente constitutivos de los delitos de falsedad y estafa en la gestión que ha realizado en este proyecto.

El Ministerio Público abrió diligencias de investigación después de que un particular le comunicara a mediados del mes de octubre que la constructora podría haber inflado las facturas correspondientes a los trabajos de excavación y desmonte que se habían realizado en la carretera de La Azucarera.

De acuerdo con la información aportada por los denunciantes las certificaciones de obra presumiblemente han triplicado el coste real, puesto que hay facturas por valor de 300.000 euros por ejecutar trabajos que apenas consumen unos 80.000 euros, según la versión dada por uno de los subcontratistas de la obra.

En este sentido, Francisco Ternero, gerente de la empresa Auxiliares de las Nieves, una de las subcontratas que han trabajado para Teconsa en la carretera de la Azucarera, ha precisado en los últimos días que él libró una factura por un valor de 45.000 euros que, sin embargo, fue emitida al Ayuntamiento por un total de 383.000 euros. También señaló que se facturó a las arcas municipales por la demolición de 40.000 metros de asfalto, cuando en realidad el trabajo únicamente afectó a "13.000 metros".

Para el directivo de la subcontrata "alguien" ha debido de hacer "la vista gorda" para poder sortear sin complicaciones los niveles de vigilancia habituales en un proyecto de estas características. Frente a estas declaraciones y tras conocer la apertura de diligencias informativas en la Fiscalía, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP), descartó que se hubiera producido "alguna irregularidad" en este proyecto debido a las comprobaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento para determinar que "ninguna certificación no corresponda a lo ejecutado". Desde este punto de vista, el regidor subrayó que le merecía "más confianza" la información que manejaba el Ayuntamiento sobre la limpieza de este proyecto que "una denuncia que no sabemos qué motivos puede tener".

Fuentes judiciales han confirmado que la Fiscalía remitió al Juzgado Decano de Málaga la denuncia que ya ha sido turnada. A partir de ahora la investigación estará en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga. El fiscal ha solicitado al juzgado que acuerde la práctica de varias diligencias dirigidas a determinar la cantidad de personas que podrían estar involucradas y la magnitud de los hechos.

Junto a la denuncia también se han remitido al juzgado el expediente que envió la Gerencia de Urbanismo al fiscal tras conocer que había abierto diligencias de investigación. La denuncia por estafa y falsedad formulada por la Fiscalía de Málaga se ha producido en un momento en que la constructora con sede en León se encuentra en concurso de acreedores y cuestionada por su relación con la trama Gürtel. Además, el Ayuntamiento le retiró hace algo más de un mes a Teconsa la concesión de las obras en la carretera entre la Azucarera e Intelhorce.






* Málaga Hoy - Encarna Maldonado - 24.11.09
Foto: Vista de las obras que se ejecutaban hace año y medio a la entrada de la Azucarera. - malagahoy.es

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Burgos: Más de 4.000 edificios sin revisar

DIARIODEBURGOS* : En la capital burgalesa, como mínimo 4.000 edificios deberían haberse sometido ya a la primera inspección técnica, ya que el Reglamento de Urbanismo, publicado en 2004, imponía un plazo máximo de dos años a los inmuebles de más de 40 años. Los construidos antes del 1 de enero de 1950 y que no hayan sido rehabilitados integralmente debían haber pasado por esta especie de ITV de edificios antes del 30 de diciembre de 2005.

Según la base datos del Instituto Nacional de Estadística, en Burgos capital hay en torno a 1.500 edificaciones construidas antes del año 1940 (lo que viene a representar en torno al 15 por ciento del total del parque inmobiliario).
A esos 1.500 se sumarían también los construidos entre 1940 y 1950, también sujetos a ese primer plazo para la inspección de construcciones. Las estadísticas disponibles señalan que en la capital burgalesa hay 2.385 inmuebles que fueron edificados entre 1940 y 1960 (más del 25 por ciento de los existentes en la actualidad). Algo más de tiempo tenían los inmuebles cuya construcción finalizó entre 1950 y 1960, que debían haber presentado la certificación de un técnico que garantice su habitabilidad antes del 30 de diciembre de 2006. De la década de los 60 a la de los 70 hay en la ciudad 1.212 edificios (más del 12 por ciento). Parte de los de esa edad, los edificados entre 1960 y 1966, debían cumplir el trámite de la inspección técnica de construcciones antes del 30 de diciembre de 2007.
No solo Burgos no está cumpliendo con el Reglamento. La mayoría de las capitales no lo está haciendo. En León, por ejemplo, su Ayuntamiento aprobó una ordenanza reguladora en enero de 2009. Desde esa fecha un total de 90 peticiones de viviendas de las que se han llevado a cabo 87 informes que acreditan que esos edificios han pasado la revisión, tal y como obliga la normativa.
De ellos, un 17% ha obtenido un resultado ‘desfavorable’, o lo que es lo mismo, los profesionales han detectado algún tipo de deficiencia en el inmueble por lo que el propietario o propietarios están obligados a llevar a cabo las reparaciones que los especialistas consideren oportunas, para evitar desastres mayores como el ocurrido en un edificio en Mallorca.







* Diario de Burgos - I. Elices - 23.11.09
Foto: Imagen aérea del centro histórico de Burgos. - Ángel Ayala, diariodeburgos.es

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Reivindican en Bilbao el derecho a una vivienda digna

ELCORREODIGITAL* : Una centenar de personas pertenecientes a diferentes sindicatos y asociaciones sociales se han concentrado hoy en Bilbao para exigir "menos pactos y más hechos" y el "derecho a una vivienda digna", así como preguntar al Gobierno vasco "con quién ha pactado el recorte del presupuesto" en las materias relacionadas con la vivienda.

Los sindicatos y asociaciones sociales convocantes del acto, que se han manifestado junto al Palacio Euskalduna de Bilbao coincidiendo con la celebración de la jornada que da inicio al proceso para alcanzar un Pacto Social por la Vivienda, han sido Argilan, Berri Otxoak, Bilgune Feminista, Danok Lan, EGK, EHNE Bizkaia, ELA, Elkartzen, ESK, Grupo Pangea, HIRU, IDEASUR, LAB, Nuevo Euskadi, STEE-EILAS, Txiroekin bat eginik y Zirikatzen.
Según han denunciado, el proyecto de Pacto Social del Departamento de Vivienda tiene como objetivo "dar imagen de paz social a una política restrictiva de vivienda", así como "hacer política de cartón piedra, aparente por fuera pero sin contenidos por dentro". En ese sentido, se han preguntado "entre quiénes han negociado el diseño de su Pacto por la Vivienda" y han denunciado que "nos invitan al postre de un plato precocinado".
Los convocantes de la protesta han asegurado que la situación de la vivienda es "muy grave" porque "107.300 personas no pueden constituir un nuevo hogar independiente por falta de recursos económicos, mientras, hay decenas de miles de viviendas vacías".
También han denunciado que "el precio medio de la vivienda libre es de 325.200 euros y la renta media de alquiler de 922 euros", así como que "el 89,1% de la oferta inmobiliaria de Euskadi es de venta y tan sólo el 10,9% de alquiler". Asimismo han criticaron que de la vivienda protegida, el 69% es destinada a propiedad y tan sólo el 31% a alquiler" y han añadido que "la hipoteca media constituida para viviendas en Euskadi es de 147.231 euros".
En su opinión, la situación en los últimos años "no ha hecho más que empeorar, bien por la pasividad de las políticas públicas, bien por su colaboración".








* El Correo Digital - EUROPA PRESS - 23.11.09
Foto: magen de la concentración para reivindicar el derecho a una vivienda digna./ Telepress

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El Consell adjudicó contratos y obras viarias por procedimientos injustificados

DIARIODEMALLORCA* : El Consell de Mallorca adjudicó en la pasada legislatura los contratos de mayor importe económico con deficiencias en los informes técnicos y sin justificar adecuadamente la fórmula seguida ni las modificaciones de proyectos y su posterior encarecimiento, según se desprende de la fiscalización de la gestión de UM en 2006 –que gobernó con apoyo del PP–, y que acaba de presentar la Sindicatura de Cuentas.

En la mayoría de casos, las deficiencias administrativas –como gusta llamar la Sindicatura a los incumplimientos de la ley de Contratos– se detectan en la construcción de carreteras iniciada ese año.
Así, los auditores públicos han constatado que en una decena de expedientes de obra viaria –los de mayor cuantía–, "falta, o es insuficiente, la justificación del procedimiento y la forma de adjudicación utilizados". En bastantes ocasiones, además, "los informes técnicos no se encuentran suficientemente argumentados, ya que no motivan las puntuaciones que se establecen en función de la documentación aportada", dicen los síndicos.
Las deficiencias afectan sobre todo a carreteras en Campos y Muro, la reforma de la carretera Santa Maria-Sencelles, reposición de guardarraíles de seguridad en las autopistas, o la nueva variante de Formentor, en el Port de Pollença, que suman unos 32 millones de euros. De todas las obras auditadas, esta última es sin duda la que presenta mayores deficiencias de tramitación, de hecho incurrió en casi todas las posibles. Las más reseñables son que el acta de replanteo para poder iniciar la obra "se realizó fuera del plazo establecido" según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. "Esta dilación no se encuentra justificada, sobre todo porque este expediente se aprobó por tramitación de urgencia", señalan los síndicos.
La primera fase de esta variante, destinada a sacar el tráfico del Port de Pollença con destino a Formentor, se adjudicó por 4 millones de euros. La Sindicatura constata también que se superó el plazo establecido para iniciar la ejecución del contrato, "sin que se justifique el retraso", en un "hecho que constituye una causa de resolución" del mismo, aunque no se hizo.

Documentos desaparecidos

Otra de las deficiencias significativas es la desaparición de importante documentación del interior de los expedientes.
Así, en las carpetillas de los proyectos de reposición de barreras de seguridad en la autovía Palma-sa Pobla y en la de Levante, y en la del proyecto de mejora del camí Fondo PM-30-Polígon de Llevant, "no se han conservado las plicas con las proposiciones general, económica y técnica de los licitadores que no resultaron adjudicatarios del procedimiento de contratación". Recuerdan los síndicos que en el expediente "ha de quedar una copia acarada" de estos documentos, y que su desaparición "limita" la verificación del proceso de adjudicación de los expedientes". Dicho de otro modo, impide auditar correctamente si la adjudicación ha seguido todos los trámites legalmente establecidos.
En los dos primeros expedientes, además, "las ofertas económicas presentadas por los licitadores no tienen fecha de registro de entrada", y lo mismo con otra documentación del empresario que resultó adjudicatario. Aunque lo peor del caso es que en la reposición de guardarraíles de un tramo de la autopista Palma-sa Pobla, el informe del banco "no deja constancia de la solvencia económica" del empresario que debía realizar la obra.







* Diario de Mallorca - MATEU FERRER - 23.11.09
Foto: El contrato de la variante de Formentor –en la imagen, Munar inaugurándola– tuvo muchas deficiencias. Foto: G. B., diariodemallorca.es

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La Xunta relaja las sanciones contra quien especule con suelo industrial

ELPAÍS/Galicia* : La drástica relajación en las penalizaciones a las empresas que compren suelo industrial y no lo destinen a los usos y en el calendario previstos abre puertas a la especulación con el suelo así adquirido, según previenen fuentes consultadas por este periódico, tanto de la anterior Xunta bipartita como ajenas a la Administración autonómica.

Esa relajación de penalizaciones fue uno de los aspectos destacados en el informe sobre la situación del suelo empresarial en Galicia presentado por Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, al último Consello de la Xunta, el pasado jueves.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y Agustín Hernández, anunciaron ese día que se va a redactar un nuevo plan de suelo empresarial "para atraer empresas que aún no están y para evitar la fuga de las que tenemos". El objetivo, en dos fases (hasta 2012, la primera, y hasta 2015) es sumar a los actuales 13,7 millones de metros cuadrados la ejecución de otros 55 millones de metros, con lo que en 2015 Galicia dispondrá de 193 polígonos y un total de 68.860.934 metros cuadrados.

La Xunta acomete ese objetivo "después de estar siete meses de brazos cruzados", según denuncian fuentes de la oposición, que contrastan los más de 100 millones de euros invertidos el año pasado por el bipartito para tal fin con los 300.000 euros que ha dedicado la actual Xunta al mismo objetivo en 2009.

La cuestión primordial, ahora que la Xunta retoma el impulso en el asunto, remite sin embargo a la relajación de las condiciones que se impone a las empresas que opten a la compra del suelo que oferte la Xunta. Feijóo y Hernández lo justificaron en la necesidad de hacer más accesible la compra "mientras dure la recesión económica".

Así, y sin ánimo exhaustivo, la fianza para participar en el concurso pasa del 5% al 2% del importe de licitación, y el plazo para solicitar las licencias de edificación y actividad, de un año a dos; el pago de las parcelas será del 30% al firmarse la escritura y en tres años el 70% restante, cuando hasta ahora tenía que estar cubierto el pago completo al formalizarse la escritura. Hasta ahora se penalizaba un 20% del precio si la parcela no se destinaba al uso previsto en la adjudicación y a partir de ahora será del 5% y sólo "en el caso de que dicho aspecto fuese tenido en cuenta en la adjudicación".

Estas modificaciones, según las fuentes consultadas, propician la especulación, esto es, apalancar el suelo y esperar, con ligeros castigos, a que su precio aumente para revenderlo. Esta posibilidad convierte la iniciativa "anticrisis" de la Xunta en un asunto candente porque el suelo no se desarrolla por iniciativa privada, sino que la Administración lo expropia, lo transforma e invierte dinero público en él con un objetivo preciso de bien común, "y si eso se altera, sería escandaloso".

Tampoco sería la primera vez. Un caso llamativo, por ejemplo, es el del polígono de As Gándaras, en Porriño, que estuvo sin ocupar (y aún hay parcelas vacías) hasta que su promotora, Zona Franca, creó el colindante de A Granxa con una condición determinante que evitó la especulación: si los compradores de las parcelas no iniciaban la actividad en tres años, el suelo revertía al promotor. Zona Franca ha seguido esta política desde 1996 y fue, por citar otro ejemplo, la que aplicó al Parque Tecnológico de Vigo, ocupado por completo y donde tampoco se registró la menor especulación.

También la Xunta bipartita incluyó una cláusula de reversión del suelo si la empresa adjudicataria no lo ejecutaba en un plazo de dos años. Entre las previsiones de redacción del nuevo plan anunciado por la actual Xunta no figura ninguna alusión al respecto.
Tras "el caos" bipartito

Agustín Hernández cifró la necesidad de un nuevo plan de suelo empresarial en "la improvisación y el caos administrativo" que prevalecieron en la anterior legislatura, donde el bipartito habría estragado un plan precedente, de 2004, para desarrollar 40 millones de metros de suelo empresarial, que es el que ahora retoma su consellería "con el objeto de recuperar el tiempo perdido".

Ahora, los parques empresariales dependientes de la Xunta ocupan 13,7 millones de metros y, según la nota difundida por la consellería el jueves pasado, el nuevo plan permitirá desarrollar hasta 2012 un total de 18,4 millones de metros más. Pero resulta que, de ese objetivo, están construyéndose ya 19 parques con un total de 13,1 millones de metros, cuyo inicio cabe suponer en la anterior legislatura. Los desarrollos que puedan corresponder a la actual Xunta, por tanto, se limitarían a 5,3 millones de metros cuadrados "en futuros parques con planeamiento aprobado". Esta circunstancia explicaría que la Xunta sólo dedique 373 millones de euros para conseguir los 18,4 millones de metros en 2012.

Además están en tramitación 65 parques, con un total de 36,6 millones de metros, para ejecutar entre 2012 y 2015, que la Xunta apunta al nuevo plan como cosecha de sus últimos nueve meses.







* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 23/11/2009
Foto: Parcela abandonada en el parque empresarial de Teixeiro donde apenas se han instalado unas cuantas naves.- GABRIEL TIZÓN, elpais.com

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Es un ´disparate´ que 15 familias de chabolistas vivan en un edificio

LAOPINIÓN/A Coruña* : Burrada. Disparate. Barbaridad. Así es como califican los vecinos de Eirís el convenio que el Ayuntamiento firmó con la Xunta para realojar a 15 familias de chabolistas en el mismo edificio. Los residentes en el barrio destacan que los expertos en erradicación de los asentamientos recomiendan dispersar a los chabolistas para evitar que se formen nuevas barriadas y que la concejal de Servicios Sociales, Silvia Longueira, se comprometió a recolocar a los vecinos de Penamoa en diferentes barrios.

"Estamos indignados con el Ayuntamiento. Nos quieren mandar a todos a Eirís, estamos cabreadísimos. ¿Qué pasa?, ¿somos un barrio de cuarta categoría? Se va a formar un gueto", subraya Manuel Ponte, uno de los representantes vecinales de la zona. Los residentes en Novo Mesoiro, que también están afectados por la recolocación de chabolistas en el barrio, critican la concentración de realojados que va a haber en Eirís. "Nos parece una burrada. Va en contra del sentido común. Lo que no queremos que suceda en Mesoiro tampoco lo queremos para otro barrio", recalca Carlos Puente, uno de los miembros de la asociación vecinal.

La concejal de Servicios Sociales admitió ayer que, tal y como informó este diario, el Ayuntamiento firmó un convenio con la Xunta en 2002 en el que el Gobierno gallego se comprometía a cederle 15 viviendas en Eirís para que las adjudicase a "chabolistas de Penamoa, Oleoducto y O Portiño". Longueira, sin embargo, dijo que el Ejecutivo local renunció al convenio. "Hay una carta de la Concejalía de Servicios Sociales del 30 de enero donde desestima los pisos para el chabolismo porque el plan de chabolismo no incluye el aglutinar un realojo como el de Penamoa en un lugar concreto. Esa carta se remite a Urbanismo y esa concejalía se la remite en abril de 2008 a la Xunta con una carta del alcalde donde solicita la revisión de ese convenio", afirmó la edil.

Desde el Gobierno gallego niegan la existencia de esa misiva. "Estoy intentando reaccionar", dijo el delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, al conocer las declaraciones de Longueira. "A día de hoy no tengo conocimiento de ninguna renuncia por parte del Ayuntamiento. La Xunta estará encantada si renuncia a los pisos. Si no los van a usar y renuncian, a la Xunta no le supone ningún problema", aseguró Calvo.

El Ejecutivo municipal, tal y como informó LA OPINIÓN, dispone de otros 18 pisos en Eirís y de 16 en Novo Mesoiro para adjudicárselos a personas con escasos recursos económicos. Los vecinos de Mesoiro confían en que el Ayuntamiento no utilice esos pisos para realojar a chabolistas.

Las asociaciones de residentes en estos dos barrios se concentrarán hoy a las 20.30 horas en la plaza de María Pita para exigir al Concello que colabore con la Xunta para que los chabolistas no se concentren en esas zonas. El Gobierno local elaboró las listas de adjudicatarios de las casas que tiene el Ejecutivo autonómico en Eirís y en Novo Mesoiro. La Xunta adjudicará las viviendas a principios del próximo año a sus beneficiarios, entre los que hay algunos chabolistas de Penamoa. Los afectados sospechan que la Concejalía de Servicios Sociales ayudó a los chabolistas a realizar los trámites para cumplir los requisitos para obtener los pisos.

Los más de veinte chabolistas a los que les tocó una vivienda de la Xunta sabrán en los primeros meses de 2010 si residirán en Eirís o en Mesoiro. A estos vecinos de Penamoa que están en las listas hay que sumarles las 15 familias que el Ayuntamiento se comprometió a realojar en Eirís.

Los perjudicados proponen al Concello que les cambie los pisos de los que son adjudicatarios por otros situados en diferentes barrios. Los afectados aseguran que si los vecinos de Penamoa aceptan el trueque, se evitaría la creación de nuevas barriadas.







* La Opinión A Coruña - TANIA SUÁREZ / RUBÉN GARCÍA - 22.1.09
Foto: El barrio de Eirís de Abaixo- GABRIEL TIZÓN, elpais.com

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La hora de las casas ilegales

ELPAÍS/Cádiz* : Durante los últimos 30 años crecieron como setas. Y ahora eliminarlas no va a ser nada fácil. El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz), auxiliado por la Junta de Andalucía, ha emprendido la fase decisiva de uno de sus objetivos más ambiciosos y complejos: regularizar más de 15.000 viviendas ilegales.

Ha buscado la solución mediante unas ordenanzas que han repartido la ciudad en áreas y que fija la disposición de servicios básicos como el agua potable o el alcantarillado. El coste ha de ser asumido por los propietarios que construyeron sin permiso. Y he ahí el problema. Los que llevan años viviendo en casas que levantaron sin licencia no están dispuestos a pagar el precio que el Consistorio, encabezado por el socialista José María Román, les pide. Lo consideran desorbitado. Si los vecinos no pagan, el plan está destinado al fracaso y prolongará sin fecha la compleja situación irregular urbanística de la ciudad. También pondrá en duda una política que el Gobierno andaluz quería extender a otros puntos de la comunidad.

La manifestación de ayer, que reunió a más de 4.000 personas, era la expresión pública de los que se oponen al proceso de regularización impulsado por el gobierno municipal socialista. El inventario realizado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio establece que en Chiclana hay 15.007 casas ilegales. De ellas, 10.632 están dentro de las nuevas áreas de gestión básica y entran dentro de este proceso de legalización que ha comenzado con la apertura de una oficina y ha continuado con la elaboración de unas ordenanzas que establece los pasos que se deben seguir y se establecen los costes que, según la primera estimación, oscila entre los 30.000 y los 140.000 euros. En este precio está la solución administrativa para hacer la vivienda legal y las obras para dotarla de servicios básicos como alumbrado, alcantarillado o suministro de agua potable.

Pero muchos no están dispuestos a pagar ese dinero. Y no es una cuestión política. También rechazaron las anteriores ordenanzas propuestas por el anterior equipo de gobierno de IU y de PP. Es una cuestión económica. "Es algo inasumible y más en estos tiempos", advierte Miguel Pérez, portavoz de la plataforma que convocó la manifestación. La mayoría de ellos han solicitado, con el apoyo de la oposición municipal, que sea la Junta y el Ayuntamiento los que paguen el 75% de ese dinero. En su argumentario, el hecho de que ambas administraciones permitieron durante años que las setas del urbanismo ilegal crecieran sin control en Chiclana.

La última propuesta de esta plataforma, que engloba a un buen número de asociaciones, es que los propietarios paguen algunos servicios básicos, los más demandados, y que el Ayuntamiento retrase el resto del proyecto hasta tener un nuevo plan general, ya que el actual, aunque recurrido, está anulado por el TSJA.

Otras como José Antonio Sánchez, de la Federación Norte, proponen que sea el Ayuntamiento el que solicite, avalado por la Junta, un gran préstamo de 360 millones de euros (el coste estimado de la regularización) y que los propietarios paguen en cuotas mensuales no superiores a 80 euros al Consistorio. "Los bancos no nos van a dar préstamos a todos para pagar los precios que están pidiendo", advierte. El movimiento vecinal, que ha incorporado también tintes políticos, ha derivado también en la plataforma Chiclana justa, un colectivo que no quiere que el dinero público se invierta en ayudar a los que levantaron sus casas sin permiso. "Que pague quien en su momento no pagó", dice su portavoz, José Izquierdo.

El Ayuntamiento lo tiene difícil. Busca fórmulas para reducir el coste: créditos blandos, ampliación de plazos, o contratación individual de las obras. Pero sigue sin convencer a todos. Sin vecinos dispuestos a pagar, las setas del urbanismo ilegal seguirán en Chiclana.








* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 22/11/2009
Foto: Chiclana zona ilegales - ELPAIS - Roman Ríos

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El malestar por la corrupción sale por primera vez a la calle

ELPERIÓDICO/Barcelona* : Los últimos casos de corrupción en el Palau de la Música y en Santa Coloma de Gramenet han comenzado a despertar el descontento entre decenas de asociaciones y plataformas que se concentraron ayer en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para protestar, por primera vez, contra la corrupción en Catalunya.

Cerca de un millar de personas asistieron a la convocatoria y lucieron pancartas con mensajes agresivos contra los partidos políticos y los empresarios de la construcción. «PSOE, PP, CiU, etc: delincuencia organizada» y «La única gripe que mata es la especulación inmobiliaria» fueron algunos de los mensajes que exhibieron los manifestantes mientras simulaban que cocinaban un gran chorizo en una pequeña olla.
Asociaciones diversas pero con un común denominador (las afectaciones por polémicos planes urbanísticos) pidieron la revisión de los proyectos que, a su juicio, vulneran el interés colectivo y favorecen a grupos empresariales y políticos.
Los afectados en Barcelona por la reforma de Can Ricart, la plataforma contra la reforma del Miniestadi en Les Corts y los contrarios a los planes urbanísticos en los barrios de Singuerlín y Serra de la Marina en Santa Coloma de Gramenet, fueron algunas de las agrupaciones más numerosas. Pero también asistieron manifestantes que protestaban contra la construcción de una guardería en malas condiciones en el Forat de la Vergonya o los vecinos de la Terra Alta, que se quejan de la instalación de molinos de viento.

TRABAJADORES EN PARO/ En la cita también se congregaron otros colectivos afectados por la crisis. La asamblea de parados de Catalunya denunció, a través de su portavoz, Oleguer Bohigas, que muchos trabajadores de las obras del Plan E llamados por empresas subcontratadas carecen de contrato laboral. El trabajador en paro se dirigió desde la tribuna a los asistentes y utilizó el popular lema de las revueltas de Argentina durante la crisis del corralito: «Que se vayan todos».
Tras su intervención, los vecinos de Santa Coloma de Gramenet pidieron a gritos la disolución del consistorio mientras uno de sus portavoces exigía desde la tribuna un cambio radical en la política urbanística de la ciudad. En el acto, vigilado por los Mossos d’Esquadra, también se mostraron pancartas que pedían prisión para Millet y no faltó su caricatura nadando en billetes.






* El Periódico - DAVID PLACER - 22.11.09
Foto: Una parte de los manifestantes, ayer, en la plaza de Sant Jaume. Foto: DANNY CAMINAL, elperiodico.com

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Jerez: El final del 'pelotazo'

DIARIODEJEREZ* : La ciudad tiene 25.000 nuevas viviendas paralizadas de las que aún no se ha puesto ni un ladrillo. Hay otras miles a medio hacer y unas 12.000 construidas y deshabitadas. Completamente vacías. 9,3 millones de metros cuadrados de suelos rústicos fueron vendidos hace años un 50% por encima de lo que costarían ahora.

La realidad dicta que "ahora el suelo no vale nada; casi no hay suelo en venta porque no merece la pena, nadie da nada por nada", comenta un promotor inmobiliario. Ni se ha puesto un ladrillo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Jerez, con una previsión desfasada y más propia de los tiempos del 'pelotazo', "ni difícilmente se pondrá alguno a lo largo del año que viene". Así de claro lo ponen de manifiesto expertos del sector consultados por este periódico que operan en la ciudad desde mucho antes del 'boom' del ladrillo. Las promotoras no dan abasto, "no hay ni una que tenga liquidez", atestiguan. Las entidades financieras controlan a su antojo cuándo y cómo les insuflan oxígeno económico. Y los potenciales compradores andan más preocupados por no perder su puesto de trabajo o encontrar uno cuanto antes que por pelearse con un banquero para que les conceda, casi como obra de caridad, un crédito hipotecario.

La crisis global es sinónimo de crack del negocio inmobiliario, de fin de la era del 'pelotazo'. No se entiende lo primero sin lo segundo, al menos en España. En este mapa de poceros, sandokanes y demás hierbas, Jerez figura como uno de los municipios donde más dinero ha movido la construcción en los últimos tiempos. Hace casi cinco años, cuando arrancó la revisión del actual planeamiento, se decía que el PGOU aprobado en el año 95 estaba totalmente agotado, que no había ni un milímetro sobre el que construir y por eso los promotores se agolpaban a las puertas de Los Arcos demandando recalificaciones urbanísticas a mansalva. Sólo unos años después, hay millones de metros de suelo disponible pero, paradójicamente, ya ni hay dinero, ni casi quedan promotores con margen de maniobra. Todo eso se acabó. "Y no volverá", puntualizan rotundos desde el sector.

"Ha habido muchas inversiones millonarias en suelos que no valen ahora ni la mitad de lo que se pagó por ellos; además no hay bancos que financien extensiones de terreno tan enormes", señalan en alusión a los nuevos desarrollos que ha pintado con alegría el nuevo Plan General, que extiende el núcleo principal de Jerez como una mancha de aceite que baña todo el territorio municipal. Con suerte y mucho esfuerzo, confirman, las principales promotoras de la ciudad, Grupo Ángel Monreal, Rochdale, Basilio Iglesias y Jerezana de Comunidades, podrían poner algo en marcha para el segundo semestre de 2010. Monreal, por ejemplo, empezará en breve a edificar dos fases de Rancho Croft (un centenar de casas vendidas), pero la tónica imperante es que no se mueve ni un jaramago de los suelos sobre los que se alzará el Jerez del mañana. Desde la Delegación de Urbanismo, ávida de inversiones e impuestos que recaudar gracias al 'ladrillo', aseguran que habrá novedades el año que viene aunque lo cierto es que hay más promoción que ventas reales.

Hay casos curiosos, como el de promotoras que han concluido urbanizaciones en la ciudad, con sus jardines y columpios incluidos, pero que no han podido construir las casas porque nadie estaba dispuesto a comprarlas. Es el caso del complejo residencial promovido por la empresa alicantina Hansa Urbana, en sociedad con la poderosa Metrovacesa, en la zona de Pozoalbero. Ambas ya dieron carpetazo a todo proyecto en Jerez. Uno de los responsables de Hansa, Diego Chacón, asume que "tendremos que esperar a que la cosa mejore, pero es cierto que Jerez es ahora de lo peorcito de España". Sin querer entrar en más detalles, "nosotros decidimos terminar la urbanización que ya habíamos empezado, y ahora toca esperar, pero a este paso vamos a tener que regalar las casas en Jerez". Hay promociones lujosas, con localizaciones inmejorables en pleno centro, con las máximas calidades, que se venden a precio de hipoteca (rebajas de entre un 20-30%) y que sin embargo no se venden. Mejor dicho, apenas se venden. En los mejores casos, sus promotores han conseguido cubrir el 50% de la oferta, pero la otra mitad sigue deshabitada. Y probablemente "lo seguirá estando durante mucho más tiempo, hasta que el mercado se regularice definitivamente", apostillan a propósito de un negocio hasta ahora "ilógico" e "inflado", víctima de su propia ambición desmesurada. "Aquí todo el mundo invertía lo que ganaba; se ha ganado mucho, pero no es menos cierto que muchos beneficios están ahora bloqueados en inversiones que puede que nunca lleguen a materializarse", comenta un conocido promotor que prefiere mantener el anonimato.

"Dependemos al 100% de los bancos, tanto para edificar, como para vender", recalcan. Eso, con un handicap adicional: "Los bancos y cajas nos hacen ahora, para colmo, competencia desleal en toda regla, puesto que la mayoría se ha dedicado al negocio inmobiliario para dar salida a todo el stock". La ciudad, sólo hay que dar una vuelta, está repleta de enormes anuncios publicitarios de entidades financieras que venden pisos 'heredados' a través de filiales inmobiliarias.

En el último año, la actividad de la construcción ha perdido en la ciudad 4.500 empleos, pero a éstos hay que sumar el de las personas que tenían algún tipo de relación con el ladrillo aunque en el ámbito de los servicios. Las agencias y empresas inmobiliarias crecieron como setas por toda la ciudad hace tan sólo unos años y en la actualidad han desaparecido a idéntico ritmo vertiginoso como el que se generaron. "Sólo quedan los de toda la vida", dicen quienes aún tienen suerte de seguir vivos en el negocio de la compraventa.

A principios de 2007, cuando el 'boom' daba sus penúltimos coletazos, se llegaron a contabilizar 264 oficinas inmobiliarias distribuidas a lo largo y ancho de la ciudad. "Algunas grandes, como Tecnocasa, sumaron hasta 14 oficinas, pero quien más y quien menos tenía 2 ó 3 oficinas abiertas", rememoran. Y apostillan: "Era una barbaridad, pero lo más curioso es que todas vendían". Ni que decir tiene que la crisis ha arrasado con todo eso. Hoy día, afirman fuentes de toda solvencia, sólo se mantienen abiertas una veintena de oficinas y, además, "no hay nadie que tenga más de una". Esta drástica disminución de un 92,4% no ha afectado a históricos del negocio inmobiliario en la ciudad como Cambas, Gormaz, Mistercasa, Huertas o Zambrano. "Somos de las pocas que nos mantenemos, pero la verdad es que firmar no estamos firmando casi ninguna transacción, sólo a cuenta gotas; y algunas subsisten con los alquileres", admite Francisco Escot, gerente de Mistercasa, que llegó a tener dos oficinas en otros tantos puntos de la ciudad. "A nosotros nos pasa como a los promotores, ya sólo quedamos los de siempre y los más serios", apostilla Escot, que pese a todo entiende que "lo que ha pasado es que hemos vuelto a la normalidad. "Hay que ser conscientes de eso, aunque algunos no intuyésemos que la normalización sería tan severa", apostilla. El 'pelotazo' se ha ido y todos coinciden en que no volverá. Una muerte anunciada que pocos vislumbraron. Un conocido promotor avisa: "Yo hago una cosita ahora y no muevo nada más hasta al menos dentro de dos años". Tensa espera.







* Diario de Jerez - Francisco Sánchez Múgica - 22.11.09
Foto: diariodejerez.es

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