La corrupción, una enfermedad favorecida por la lentitud judicial y la poca transparencia

TERRA* : Marbella, Gürtel, Santa Coloma, El Ejido, Telde, Palma... los casos de corrupción política se extienden como una marea de fraude por toda la geografía española. Los partidos proponen medidas para favorecer la transparencia su gestión ante los ciudadanos; pero éstos, hartos de sus representantes, desconfían de ellos hasta alcanzar la percepción delictiva de países como la República Dominicana o los Emiratos Árabes. ¿Son los españoles corruptos por naturaleza? ¿O es circunstancial?



Decía Willie Stark, el protagonista de la novela y película ‘All the king’s men’ (‘El político’) que “el ser humano se concibe en pecado y nace en corrupción" , y que a lo largo de su vida "pasa de la fétida placenta al hedor del ataúd”. La transformación de este político, héroe en su pueblo por intentar derrocar de forma honrada a los poderes fácticos del gobierno estadounidense, pero cínico populista y tan corrupto como los demás al hollar cima, ilustra la situación de la administraciones locales españolas. Héroes locales en su comunidad, como Bartomeu Muñoz en Santa Coloma, o Juan Enciso en El Ejido, vencidos por ese designio natural que identificaba Stark en la novela de Robert Warren.

La imagen de Maria Antonia Munar, presidenta del Parlamento balear, lanzando besos a los ciudadanos que la increpaban mientras entraba en el Tribunal Superior de Justicia para declarar por una malversación de 30 millones en el caso Can Domenge, es extremadamente significativa. La gente se ha hartado de que sus representantes les ignoren y engañen. En Santa Coloma los vecinos intentaron tomar por la fuerza el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa tras la detención de su alcalde, Bartomeu Muñoz, en otro caso de corrupción que salpicó a dos ex altos cargos del gobierno Pujol, Lluis Prenafeta y Maciá Alavedra. “Es una reacción de ira justificadísima. Me asombra la paciencia que ha tenido la ciudadanía española”, explica a Terra Noticias Jesús Sánchez Lambas, Director General de la Fundación Ortega y Gasset.

El hartazgo de la sociedad española es notorio. Transparencia Internacional publicó el 17 de noviembre el último Indice de Percepción de la Corrupción, en el que España se desploma hasta el puesto 32 del mundo. El estudio muestra que la sensación de corruptelas y chanchullos para los ciudadanos españoles supera al de países como Emiratos Árabes o las islas Granadinas. “Y baja casi la nivel de la República Dominicana”, se lamenta Lambas, que también es miembro del Consejo Directivo de Transparencia Internacional, el organismo internacional responsable de este estudio, y cuyo objetivo es combatir la corrupción en el mundo.

Lambás, sin embargo, estima que esta baja clasificación tiene un lado positivo, y que responde a la duda sobre si la aparición de tantos casos de corrupción en la Administración Local –un aumento del 100% desde 2008, según datos de la Fiscalía Anticorrupción- responde a un aumento de los delitos o a un incremento de la acción judicial. “No existen más casos de corrupción ahora, sino que aflora en este momento lo sucedido hace cuatro, seis u ocho años, en plena burbuja urbanística . No sólo está dando frutos ahora las acciones de la Justicia y de la Policía, sino que también se ha acrecentado la sensibilidad social”.


¿El fin de la burbuja puso en marcha el ventilador?

Durante el próximo año 2010 serán juzgados en España más de 300 políticos por corrupción. La mayor parte, por delitos asociados al urbanismo. Nada extraño teniendo en cuenta que en diez años (de 1995-2005) se incrementó un 40% la superficie de suelo edificable, y entre el 35 y el 40% del presupuesto de los consistorios procede de la construcción. Nadie duda que esta situación ha creado un pozo de clientelismos, desfalcos y fraudes fiscales. Pero, ¿por qué los casos estallan ahora y no hace cinco años? ¿Cerrar el grifo por la crisis ha llevado a muchos promotores a tirar de la manta? “Preferiría pensar que se ha debido a la presión social, pero es innegable que el parón de actividad por la crisis económica, el descontento, ha sido un importante factor”, apunta Lambás.

La clase política se encuentra indudablemente en el punto de mira. El barómetro de octubre publicado por el CIS concluye que los partidos políticos (13,3%) preocupan a los ciudadanos incluso más que el terrorismo de ETA (12%). Un aumento sustancial en un solo año –en octubre de 2008 ascendía al 7%- al que además habría que sumar el porcentaje de preocupación por “la corrupción y el fraude” (5,2%). “Hay un punto en que la sociedad se acaba hartando y rebasa las barreras para exigir justicia elemental”, explica Lambás para explicar movilizaciones como las surgidas en Santa Coloma tras la Operación Pretoria. “Ningún tipo de corrupción es aceptable, pero hay niveles en los que, pese a no ser tratada por médicos, se puede considerar una auténtica enfermedad”.

Los partidos han salido al paso proponiendo medidas para atajar la corrupción, que ha sustraído en España más de 4.000 millones de euros en 10 años y que mueve actualmente más dinero que la droga. Y es que nadie se libra. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, expuso el pasado miércoles que de los 730 casos de corrupción abiertos, 264 corresponden al PSOE, 200 al PP, y el resto están desperdigados entre CC, CiU, BNG, IU y otras formaciones más pequeñas. “Los partidos son imprescindibles para la salud de la democracia, pero actualmente son simples máquinas de detentación de poder. No tienen estructuras democráticas y crean disfunciones de las que nosotros somos víctimas”, explica Lambás.

Justicia y Ayuntamientos, a la palestra

Son los efectos de la enfermedad. ¿Pero qué provoca la fiebre? “El funcionamiento de la Justicia es casi medieval”, identifica Lambás como uno de los síntomas. “Precisamente acaba de llegarme la sentencia judicial del caso Gescartera… cuando los hechos se remontan a 1990. ¡20 años para hacer justicia!". Y si el primer síntoma de la corrupción es la lentitud judicial, el segundo es que la transformación democrática no ha llegado a los Ayuntamientos”. Los consistorios, siempre en el horizonte. “El Estado ha sido incapaz de crear un modelo de financiación adecuado a la descentralización de competencias.”, considera Lambás. “El urbanismo ofrece un poder económico que se está gestionando en los Ayuntamientos de forma clientelista, con un sistema de contratación de corte casi familiar. Se contrata más gente de la necesaria, los sueldos se acumulan y hace falta cada vez más urbanismo para afrontar gastos”. Es entonces, como explica el Director General de la Fundación Ortega y Gasset, cuando aparecen “los hongos y el moho”.

El ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, propone retirar las competencias urbanísticas a los Ayuntamientos para atajar la corrupción. Aunque algunos han realizado grandes esfuerzos para ser transparentes a los ciudadanos. Transparencia Internacional publicó el 22 de julio el segundo Índice de Transparencia de los Ayuntamientos, donde consistorios como Sant Cugat, Alcobendas, Mataró, Gijón, Bilbao o Avilés salen bien parados por la accesibilidad de su gestión. Otros, como el Ayuntamiento de Valencia, dirigido por Rita Barberá (PP), no se tomaron demasiado bien que aparecieran en el puesto 88 de los 110 consistorios analizados. “Nos enviaron una carta denunciando que nuestro trabajo de investigación era ilegal…”, recuerda Lambás.


Los ciudadanos no se libran de la culpa

Tampoco los ciudadanos se libran de la culpa. Son varios los alcaldes y presidentes regionales que han sido reelegidos pese a estar afectados por casos de corrupción. El voto les ofrece un escudo. La sociedad española parece valorar más la resistencia a la Justicia que los delitos cometidos. “Existe indudablemente una base histórica y antropológica para explicar nuestra tolerancia al corrupto. En las sociedades protestantes, con la Reforma, quien incumplía las normas recibía su castigo. En España, sin embargo, se creció en la Contrarreforma y con la confesión nos bastaba para salvarnos. Un senador estadounidense me dijo una vez que las columnas del Capitolio se sostienen de milagro de toda la corrupción que soportan, pero que si pillan al corrupto, se tira 20 años en la cárcel. Si al corrupto no se le castiga con el ostracismo público, se convertirá en un espejo para los demás”.

Sin duda, España aún es una adolescente en la democracia. Los países de nuestro disfrutaban de ella desde principios de siglo, pero en España apenas tiene 33 años de vida. Disfrutamos de un buen nivel en áreas como la salud o la educación, pero suspendemos en Justicia y Administraciones Locales. “Hay que ahondar ahora en la calidad de la democracia”, dice Lambás. “Se debe mejorar la rapidez en la sanción, la independencia de la judicatura, y que se restituya lo robado. La Justicia no es un servicio público, sino un poder del Estado. Y no es razonable que entre delito y sanción medie toda una generación”.

¿Hasta dónde llegará el hartazgo de la sociedad española? ¿Experimentará con el populismo como otros paises de su entorno? Países como Italia (con Berlusconi), Francia (Le Pen), Holanda (Fortuyn) o Austria (Haider), han sido un caladero de votos para la demagogia. En España, sin embargo, intentos parecidos en los años 90 de empresarios como Jesús Gil o José María Ruiz-Mateos, no llegaron a calar en la ciudadanía. ¿La extension de la corrupción, el hartazgo, podría reverdecer ahora el populismo en España? “No lo creo”, razona Lambás. “Aquí hay una base burguesa muy desconfiada de estos movimientos populistas y el funcionariado público vive estos fenómenos con recelo. Además, los populistas se alimentan mucho del rechazo al otro, pero en España, que hemos sido una sociedad mestiza desde el siglo XV, somos muy tolerantes en aspectos raciales… y bastante en los morales”.








* Terra Noticias - HÉCTOR M. GARRIDO - 24.11.09
Gráfico -La corrupción hará pasar por los juzgados en 2010 a más de 300 políticos españoles - terra.es