La corrupción, una enfermedad favorecida por la lentitud judicial y la poca transparencia

TERRA* : Marbella, Gürtel, Santa Coloma, El Ejido, Telde, Palma... los casos de corrupción política se extienden como una marea de fraude por toda la geografía española. Los partidos proponen medidas para favorecer la transparencia su gestión ante los ciudadanos; pero éstos, hartos de sus representantes, desconfían de ellos hasta alcanzar la percepción delictiva de países como la República Dominicana o los Emiratos Árabes. ¿Son los españoles corruptos por naturaleza? ¿O es circunstancial?



Decía Willie Stark, el protagonista de la novela y película ‘All the king’s men’ (‘El político’) que “el ser humano se concibe en pecado y nace en corrupción" , y que a lo largo de su vida "pasa de la fétida placenta al hedor del ataúd”. La transformación de este político, héroe en su pueblo por intentar derrocar de forma honrada a los poderes fácticos del gobierno estadounidense, pero cínico populista y tan corrupto como los demás al hollar cima, ilustra la situación de la administraciones locales españolas. Héroes locales en su comunidad, como Bartomeu Muñoz en Santa Coloma, o Juan Enciso en El Ejido, vencidos por ese designio natural que identificaba Stark en la novela de Robert Warren.

La imagen de Maria Antonia Munar, presidenta del Parlamento balear, lanzando besos a los ciudadanos que la increpaban mientras entraba en el Tribunal Superior de Justicia para declarar por una malversación de 30 millones en el caso Can Domenge, es extremadamente significativa. La gente se ha hartado de que sus representantes les ignoren y engañen. En Santa Coloma los vecinos intentaron tomar por la fuerza el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa tras la detención de su alcalde, Bartomeu Muñoz, en otro caso de corrupción que salpicó a dos ex altos cargos del gobierno Pujol, Lluis Prenafeta y Maciá Alavedra. “Es una reacción de ira justificadísima. Me asombra la paciencia que ha tenido la ciudadanía española”, explica a Terra Noticias Jesús Sánchez Lambas, Director General de la Fundación Ortega y Gasset.

El hartazgo de la sociedad española es notorio. Transparencia Internacional publicó el 17 de noviembre el último Indice de Percepción de la Corrupción, en el que España se desploma hasta el puesto 32 del mundo. El estudio muestra que la sensación de corruptelas y chanchullos para los ciudadanos españoles supera al de países como Emiratos Árabes o las islas Granadinas. “Y baja casi la nivel de la República Dominicana”, se lamenta Lambas, que también es miembro del Consejo Directivo de Transparencia Internacional, el organismo internacional responsable de este estudio, y cuyo objetivo es combatir la corrupción en el mundo.

Lambás, sin embargo, estima que esta baja clasificación tiene un lado positivo, y que responde a la duda sobre si la aparición de tantos casos de corrupción en la Administración Local –un aumento del 100% desde 2008, según datos de la Fiscalía Anticorrupción- responde a un aumento de los delitos o a un incremento de la acción judicial. “No existen más casos de corrupción ahora, sino que aflora en este momento lo sucedido hace cuatro, seis u ocho años, en plena burbuja urbanística . No sólo está dando frutos ahora las acciones de la Justicia y de la Policía, sino que también se ha acrecentado la sensibilidad social”.


¿El fin de la burbuja puso en marcha el ventilador?

Durante el próximo año 2010 serán juzgados en España más de 300 políticos por corrupción. La mayor parte, por delitos asociados al urbanismo. Nada extraño teniendo en cuenta que en diez años (de 1995-2005) se incrementó un 40% la superficie de suelo edificable, y entre el 35 y el 40% del presupuesto de los consistorios procede de la construcción. Nadie duda que esta situación ha creado un pozo de clientelismos, desfalcos y fraudes fiscales. Pero, ¿por qué los casos estallan ahora y no hace cinco años? ¿Cerrar el grifo por la crisis ha llevado a muchos promotores a tirar de la manta? “Preferiría pensar que se ha debido a la presión social, pero es innegable que el parón de actividad por la crisis económica, el descontento, ha sido un importante factor”, apunta Lambás.

La clase política se encuentra indudablemente en el punto de mira. El barómetro de octubre publicado por el CIS concluye que los partidos políticos (13,3%) preocupan a los ciudadanos incluso más que el terrorismo de ETA (12%). Un aumento sustancial en un solo año –en octubre de 2008 ascendía al 7%- al que además habría que sumar el porcentaje de preocupación por “la corrupción y el fraude” (5,2%). “Hay un punto en que la sociedad se acaba hartando y rebasa las barreras para exigir justicia elemental”, explica Lambás para explicar movilizaciones como las surgidas en Santa Coloma tras la Operación Pretoria. “Ningún tipo de corrupción es aceptable, pero hay niveles en los que, pese a no ser tratada por médicos, se puede considerar una auténtica enfermedad”.

Los partidos han salido al paso proponiendo medidas para atajar la corrupción, que ha sustraído en España más de 4.000 millones de euros en 10 años y que mueve actualmente más dinero que la droga. Y es que nadie se libra. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, expuso el pasado miércoles que de los 730 casos de corrupción abiertos, 264 corresponden al PSOE, 200 al PP, y el resto están desperdigados entre CC, CiU, BNG, IU y otras formaciones más pequeñas. “Los partidos son imprescindibles para la salud de la democracia, pero actualmente son simples máquinas de detentación de poder. No tienen estructuras democráticas y crean disfunciones de las que nosotros somos víctimas”, explica Lambás.

Justicia y Ayuntamientos, a la palestra

Son los efectos de la enfermedad. ¿Pero qué provoca la fiebre? “El funcionamiento de la Justicia es casi medieval”, identifica Lambás como uno de los síntomas. “Precisamente acaba de llegarme la sentencia judicial del caso Gescartera… cuando los hechos se remontan a 1990. ¡20 años para hacer justicia!". Y si el primer síntoma de la corrupción es la lentitud judicial, el segundo es que la transformación democrática no ha llegado a los Ayuntamientos”. Los consistorios, siempre en el horizonte. “El Estado ha sido incapaz de crear un modelo de financiación adecuado a la descentralización de competencias.”, considera Lambás. “El urbanismo ofrece un poder económico que se está gestionando en los Ayuntamientos de forma clientelista, con un sistema de contratación de corte casi familiar. Se contrata más gente de la necesaria, los sueldos se acumulan y hace falta cada vez más urbanismo para afrontar gastos”. Es entonces, como explica el Director General de la Fundación Ortega y Gasset, cuando aparecen “los hongos y el moho”.

El ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, propone retirar las competencias urbanísticas a los Ayuntamientos para atajar la corrupción. Aunque algunos han realizado grandes esfuerzos para ser transparentes a los ciudadanos. Transparencia Internacional publicó el 22 de julio el segundo Índice de Transparencia de los Ayuntamientos, donde consistorios como Sant Cugat, Alcobendas, Mataró, Gijón, Bilbao o Avilés salen bien parados por la accesibilidad de su gestión. Otros, como el Ayuntamiento de Valencia, dirigido por Rita Barberá (PP), no se tomaron demasiado bien que aparecieran en el puesto 88 de los 110 consistorios analizados. “Nos enviaron una carta denunciando que nuestro trabajo de investigación era ilegal…”, recuerda Lambás.


Los ciudadanos no se libran de la culpa

Tampoco los ciudadanos se libran de la culpa. Son varios los alcaldes y presidentes regionales que han sido reelegidos pese a estar afectados por casos de corrupción. El voto les ofrece un escudo. La sociedad española parece valorar más la resistencia a la Justicia que los delitos cometidos. “Existe indudablemente una base histórica y antropológica para explicar nuestra tolerancia al corrupto. En las sociedades protestantes, con la Reforma, quien incumplía las normas recibía su castigo. En España, sin embargo, se creció en la Contrarreforma y con la confesión nos bastaba para salvarnos. Un senador estadounidense me dijo una vez que las columnas del Capitolio se sostienen de milagro de toda la corrupción que soportan, pero que si pillan al corrupto, se tira 20 años en la cárcel. Si al corrupto no se le castiga con el ostracismo público, se convertirá en un espejo para los demás”.

Sin duda, España aún es una adolescente en la democracia. Los países de nuestro disfrutaban de ella desde principios de siglo, pero en España apenas tiene 33 años de vida. Disfrutamos de un buen nivel en áreas como la salud o la educación, pero suspendemos en Justicia y Administraciones Locales. “Hay que ahondar ahora en la calidad de la democracia”, dice Lambás. “Se debe mejorar la rapidez en la sanción, la independencia de la judicatura, y que se restituya lo robado. La Justicia no es un servicio público, sino un poder del Estado. Y no es razonable que entre delito y sanción medie toda una generación”.

¿Hasta dónde llegará el hartazgo de la sociedad española? ¿Experimentará con el populismo como otros paises de su entorno? Países como Italia (con Berlusconi), Francia (Le Pen), Holanda (Fortuyn) o Austria (Haider), han sido un caladero de votos para la demagogia. En España, sin embargo, intentos parecidos en los años 90 de empresarios como Jesús Gil o José María Ruiz-Mateos, no llegaron a calar en la ciudadanía. ¿La extension de la corrupción, el hartazgo, podría reverdecer ahora el populismo en España? “No lo creo”, razona Lambás. “Aquí hay una base burguesa muy desconfiada de estos movimientos populistas y el funcionariado público vive estos fenómenos con recelo. Además, los populistas se alimentan mucho del rechazo al otro, pero en España, que hemos sido una sociedad mestiza desde el siglo XV, somos muy tolerantes en aspectos raciales… y bastante en los morales”.








* Terra Noticias - HÉCTOR M. GARRIDO - 24.11.09
Gráfico -La corrupción hará pasar por los juzgados en 2010 a más de 300 políticos españoles - terra.es

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Imputado el alcalde de Cartaya por prevaricación

ELPAÍS/Huelva* : El alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), y el teniente de alcalde de la localidad, Miguel Novoa, prestaron declaración ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Ayamonte (Huelva) imputados por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Las presuntas irregularidades urbanísticas se llevaron a cabo en unos terrenos cercanos al centro de Cartaya, en la barriada de El Almendral, en 2006. Según los denunciantes, la construcción de viviendas de 21.000 metros cuadrados comenzó sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que algunos aspectos eran ilegales.

La empresa Hiconsa, según la acusación, pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, valoración realizada por un arquitecto, también denunciado. Una valoración alternativa, encargada por la oposición y visada por el Colegio de Arquitectos, estimó en 4,4 millones lo que debió haber pagado Hiconsa. Los denunciantes piden que se aclare "por qué no se cobró ese dinero y el pueblo de Cartaya perdió 3,1 millones de euros".

Según el alcalde se trata de "un proceso claramente partidario" y que se valoran económicamente dos cosas diferentes: aprovechamientos urbanísticos por parte del Ayuntamiento, mientras que la valoración del arquitecto, "desproporcionada", valora el suelo urbano. Millán recordó, además, que se trata tan sólo de diligencias previas. Hoy declaran en el mismo juzgado Juan Márquez, dueño de Hiconsa, y Francisco Benítez, el arquitecto supuestamente implicado.






* ELPAIS.com - LIDIA JIMÉNEZ - Huelva - 24/11/2009
Foto: Cartaya (Huelva) - todohuelva.com

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Barcelona: La segunda corona metropolitana se mueve sin transporte público

ELPERIÓDICO* : un sondeo impulsado por la Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) sobre la movilidad en la segunda corona metropolitana de Barcelona demuestra que el vehículo privado es el protagonista indiscutible en los desplazamientos interurbanos. La AMTU, integrada por 66 ciudades y cinco consells comarcals (Alt Penedès, Garraf, Maresme, Vallès Oriental y Occidental) representa a 1.887.611 habitantes en un ámbito de 234 municipios y 2,6 millones de personas.

Del informe se desprende un dato inapelable: solo el 14% de viajes se efectúan completamente en transporte público.
En un territorio donde se realizan más de 2,4 millones de desplazamientos interurbanos al día, el 82,1% se efectúa en coche privado, aunque otro gran número, el 47,6% de los viajeros, admite que utilizaría el transporte local si su zona contara con una buena conexión. La encuesta resume que un 67,4% de los usuarios no viajan en transporte público por carecer de él o contar con un servicio muy deficiente.
Las conclusiones del sondeo sorprenden por la variación de tendencias. Mientras que antes los viajes a la primera corona metropolitana eran el principal destino, en la actualidad lo es la segunda corona, puesto que un 79,5% son desplazamientos entre las ciudades de la AMTU. Un hecho que explicaría la diversidad de uso del transporte público.
La causa del cambio, según los analistas, radica en la óptima oferta de transporte radial que dan servicios como Cercanías Renfe y de Ferrocarrils. Sin embargo, la AMTU, que preside el alcalde de Granollers, Josep Mayoral, destaca que el cambio de hábito viene propiciado por la falta de dotación en los municipios de la segunda corona.

LÍNEA ORBITAL FERROVIARIA / Del estudio también se desprende que la movilidad entre las zonas afectadas por la futura Línea Orbital Ferroviaria (LOF), que unirá 24 ciudades entre Mataró y Vilanova i la Geltrú, ya contabiliza 351.730 desplazamientos diarios en transporte público, a los que cabría añadir el 16% de los viajes habituales (dos o más por semana). Con ello, el Estudio de Reserva de Suelo y propuesta de trazado de LOF aprobado por la Generalitat se queda corto al prever un flujo de desplazamientos en esta infraestructura de 180.000 viajes al día en el 2020.
La encuesta también detalla que cuanto más pequeño es el municipio mayor es el porcentaje de desplazamientos interurbanos en día laboral, y expone la comparativa entre Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) –que con 16.978 habitantes tiene un porcentaje de viajeros interurbanos del 71,7%– y Terrassa (Vallès Occidental), que con 206.245 habitantes está en el 28,3%.







* El Periódico - FEDE CEDÓ - 24.11.09
Foto: gráfico - elperiodico.com

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Málaga: La Fiscalía denuncia por estafa a la contrata de la Azucarera

MÁLAGAHOY* : La Fiscalía de Málaga ha denunciado en un juzgado a la empresa Teconsa, adjudicataria de las obras de la carretera que une la Azucarera con la zona de Intelhorce, porque halla indicios presumiblemente constitutivos de los delitos de falsedad y estafa en la gestión que ha realizado en este proyecto.

El Ministerio Público abrió diligencias de investigación después de que un particular le comunicara a mediados del mes de octubre que la constructora podría haber inflado las facturas correspondientes a los trabajos de excavación y desmonte que se habían realizado en la carretera de La Azucarera.

De acuerdo con la información aportada por los denunciantes las certificaciones de obra presumiblemente han triplicado el coste real, puesto que hay facturas por valor de 300.000 euros por ejecutar trabajos que apenas consumen unos 80.000 euros, según la versión dada por uno de los subcontratistas de la obra.

En este sentido, Francisco Ternero, gerente de la empresa Auxiliares de las Nieves, una de las subcontratas que han trabajado para Teconsa en la carretera de la Azucarera, ha precisado en los últimos días que él libró una factura por un valor de 45.000 euros que, sin embargo, fue emitida al Ayuntamiento por un total de 383.000 euros. También señaló que se facturó a las arcas municipales por la demolición de 40.000 metros de asfalto, cuando en realidad el trabajo únicamente afectó a "13.000 metros".

Para el directivo de la subcontrata "alguien" ha debido de hacer "la vista gorda" para poder sortear sin complicaciones los niveles de vigilancia habituales en un proyecto de estas características. Frente a estas declaraciones y tras conocer la apertura de diligencias informativas en la Fiscalía, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP), descartó que se hubiera producido "alguna irregularidad" en este proyecto debido a las comprobaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento para determinar que "ninguna certificación no corresponda a lo ejecutado". Desde este punto de vista, el regidor subrayó que le merecía "más confianza" la información que manejaba el Ayuntamiento sobre la limpieza de este proyecto que "una denuncia que no sabemos qué motivos puede tener".

Fuentes judiciales han confirmado que la Fiscalía remitió al Juzgado Decano de Málaga la denuncia que ya ha sido turnada. A partir de ahora la investigación estará en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga. El fiscal ha solicitado al juzgado que acuerde la práctica de varias diligencias dirigidas a determinar la cantidad de personas que podrían estar involucradas y la magnitud de los hechos.

Junto a la denuncia también se han remitido al juzgado el expediente que envió la Gerencia de Urbanismo al fiscal tras conocer que había abierto diligencias de investigación. La denuncia por estafa y falsedad formulada por la Fiscalía de Málaga se ha producido en un momento en que la constructora con sede en León se encuentra en concurso de acreedores y cuestionada por su relación con la trama Gürtel. Además, el Ayuntamiento le retiró hace algo más de un mes a Teconsa la concesión de las obras en la carretera entre la Azucarera e Intelhorce.






* Málaga Hoy - Encarna Maldonado - 24.11.09
Foto: Vista de las obras que se ejecutaban hace año y medio a la entrada de la Azucarera. - malagahoy.es

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Burgos: Más de 4.000 edificios sin revisar

DIARIODEBURGOS* : En la capital burgalesa, como mínimo 4.000 edificios deberían haberse sometido ya a la primera inspección técnica, ya que el Reglamento de Urbanismo, publicado en 2004, imponía un plazo máximo de dos años a los inmuebles de más de 40 años. Los construidos antes del 1 de enero de 1950 y que no hayan sido rehabilitados integralmente debían haber pasado por esta especie de ITV de edificios antes del 30 de diciembre de 2005.

Según la base datos del Instituto Nacional de Estadística, en Burgos capital hay en torno a 1.500 edificaciones construidas antes del año 1940 (lo que viene a representar en torno al 15 por ciento del total del parque inmobiliario).
A esos 1.500 se sumarían también los construidos entre 1940 y 1950, también sujetos a ese primer plazo para la inspección de construcciones. Las estadísticas disponibles señalan que en la capital burgalesa hay 2.385 inmuebles que fueron edificados entre 1940 y 1960 (más del 25 por ciento de los existentes en la actualidad). Algo más de tiempo tenían los inmuebles cuya construcción finalizó entre 1950 y 1960, que debían haber presentado la certificación de un técnico que garantice su habitabilidad antes del 30 de diciembre de 2006. De la década de los 60 a la de los 70 hay en la ciudad 1.212 edificios (más del 12 por ciento). Parte de los de esa edad, los edificados entre 1960 y 1966, debían cumplir el trámite de la inspección técnica de construcciones antes del 30 de diciembre de 2007.
No solo Burgos no está cumpliendo con el Reglamento. La mayoría de las capitales no lo está haciendo. En León, por ejemplo, su Ayuntamiento aprobó una ordenanza reguladora en enero de 2009. Desde esa fecha un total de 90 peticiones de viviendas de las que se han llevado a cabo 87 informes que acreditan que esos edificios han pasado la revisión, tal y como obliga la normativa.
De ellos, un 17% ha obtenido un resultado ‘desfavorable’, o lo que es lo mismo, los profesionales han detectado algún tipo de deficiencia en el inmueble por lo que el propietario o propietarios están obligados a llevar a cabo las reparaciones que los especialistas consideren oportunas, para evitar desastres mayores como el ocurrido en un edificio en Mallorca.







* Diario de Burgos - I. Elices - 23.11.09
Foto: Imagen aérea del centro histórico de Burgos. - Ángel Ayala, diariodeburgos.es

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Reivindican en Bilbao el derecho a una vivienda digna

ELCORREODIGITAL* : Una centenar de personas pertenecientes a diferentes sindicatos y asociaciones sociales se han concentrado hoy en Bilbao para exigir "menos pactos y más hechos" y el "derecho a una vivienda digna", así como preguntar al Gobierno vasco "con quién ha pactado el recorte del presupuesto" en las materias relacionadas con la vivienda.

Los sindicatos y asociaciones sociales convocantes del acto, que se han manifestado junto al Palacio Euskalduna de Bilbao coincidiendo con la celebración de la jornada que da inicio al proceso para alcanzar un Pacto Social por la Vivienda, han sido Argilan, Berri Otxoak, Bilgune Feminista, Danok Lan, EGK, EHNE Bizkaia, ELA, Elkartzen, ESK, Grupo Pangea, HIRU, IDEASUR, LAB, Nuevo Euskadi, STEE-EILAS, Txiroekin bat eginik y Zirikatzen.
Según han denunciado, el proyecto de Pacto Social del Departamento de Vivienda tiene como objetivo "dar imagen de paz social a una política restrictiva de vivienda", así como "hacer política de cartón piedra, aparente por fuera pero sin contenidos por dentro". En ese sentido, se han preguntado "entre quiénes han negociado el diseño de su Pacto por la Vivienda" y han denunciado que "nos invitan al postre de un plato precocinado".
Los convocantes de la protesta han asegurado que la situación de la vivienda es "muy grave" porque "107.300 personas no pueden constituir un nuevo hogar independiente por falta de recursos económicos, mientras, hay decenas de miles de viviendas vacías".
También han denunciado que "el precio medio de la vivienda libre es de 325.200 euros y la renta media de alquiler de 922 euros", así como que "el 89,1% de la oferta inmobiliaria de Euskadi es de venta y tan sólo el 10,9% de alquiler". Asimismo han criticaron que de la vivienda protegida, el 69% es destinada a propiedad y tan sólo el 31% a alquiler" y han añadido que "la hipoteca media constituida para viviendas en Euskadi es de 147.231 euros".
En su opinión, la situación en los últimos años "no ha hecho más que empeorar, bien por la pasividad de las políticas públicas, bien por su colaboración".








* El Correo Digital - EUROPA PRESS - 23.11.09
Foto: magen de la concentración para reivindicar el derecho a una vivienda digna./ Telepress

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El Consell adjudicó contratos y obras viarias por procedimientos injustificados

DIARIODEMALLORCA* : El Consell de Mallorca adjudicó en la pasada legislatura los contratos de mayor importe económico con deficiencias en los informes técnicos y sin justificar adecuadamente la fórmula seguida ni las modificaciones de proyectos y su posterior encarecimiento, según se desprende de la fiscalización de la gestión de UM en 2006 –que gobernó con apoyo del PP–, y que acaba de presentar la Sindicatura de Cuentas.

En la mayoría de casos, las deficiencias administrativas –como gusta llamar la Sindicatura a los incumplimientos de la ley de Contratos– se detectan en la construcción de carreteras iniciada ese año.
Así, los auditores públicos han constatado que en una decena de expedientes de obra viaria –los de mayor cuantía–, "falta, o es insuficiente, la justificación del procedimiento y la forma de adjudicación utilizados". En bastantes ocasiones, además, "los informes técnicos no se encuentran suficientemente argumentados, ya que no motivan las puntuaciones que se establecen en función de la documentación aportada", dicen los síndicos.
Las deficiencias afectan sobre todo a carreteras en Campos y Muro, la reforma de la carretera Santa Maria-Sencelles, reposición de guardarraíles de seguridad en las autopistas, o la nueva variante de Formentor, en el Port de Pollença, que suman unos 32 millones de euros. De todas las obras auditadas, esta última es sin duda la que presenta mayores deficiencias de tramitación, de hecho incurrió en casi todas las posibles. Las más reseñables son que el acta de replanteo para poder iniciar la obra "se realizó fuera del plazo establecido" según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. "Esta dilación no se encuentra justificada, sobre todo porque este expediente se aprobó por tramitación de urgencia", señalan los síndicos.
La primera fase de esta variante, destinada a sacar el tráfico del Port de Pollença con destino a Formentor, se adjudicó por 4 millones de euros. La Sindicatura constata también que se superó el plazo establecido para iniciar la ejecución del contrato, "sin que se justifique el retraso", en un "hecho que constituye una causa de resolución" del mismo, aunque no se hizo.

Documentos desaparecidos

Otra de las deficiencias significativas es la desaparición de importante documentación del interior de los expedientes.
Así, en las carpetillas de los proyectos de reposición de barreras de seguridad en la autovía Palma-sa Pobla y en la de Levante, y en la del proyecto de mejora del camí Fondo PM-30-Polígon de Llevant, "no se han conservado las plicas con las proposiciones general, económica y técnica de los licitadores que no resultaron adjudicatarios del procedimiento de contratación". Recuerdan los síndicos que en el expediente "ha de quedar una copia acarada" de estos documentos, y que su desaparición "limita" la verificación del proceso de adjudicación de los expedientes". Dicho de otro modo, impide auditar correctamente si la adjudicación ha seguido todos los trámites legalmente establecidos.
En los dos primeros expedientes, además, "las ofertas económicas presentadas por los licitadores no tienen fecha de registro de entrada", y lo mismo con otra documentación del empresario que resultó adjudicatario. Aunque lo peor del caso es que en la reposición de guardarraíles de un tramo de la autopista Palma-sa Pobla, el informe del banco "no deja constancia de la solvencia económica" del empresario que debía realizar la obra.







* Diario de Mallorca - MATEU FERRER - 23.11.09
Foto: El contrato de la variante de Formentor –en la imagen, Munar inaugurándola– tuvo muchas deficiencias. Foto: G. B., diariodemallorca.es

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La Xunta relaja las sanciones contra quien especule con suelo industrial

ELPAÍS/Galicia* : La drástica relajación en las penalizaciones a las empresas que compren suelo industrial y no lo destinen a los usos y en el calendario previstos abre puertas a la especulación con el suelo así adquirido, según previenen fuentes consultadas por este periódico, tanto de la anterior Xunta bipartita como ajenas a la Administración autonómica.

Esa relajación de penalizaciones fue uno de los aspectos destacados en el informe sobre la situación del suelo empresarial en Galicia presentado por Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, al último Consello de la Xunta, el pasado jueves.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y Agustín Hernández, anunciaron ese día que se va a redactar un nuevo plan de suelo empresarial "para atraer empresas que aún no están y para evitar la fuga de las que tenemos". El objetivo, en dos fases (hasta 2012, la primera, y hasta 2015) es sumar a los actuales 13,7 millones de metros cuadrados la ejecución de otros 55 millones de metros, con lo que en 2015 Galicia dispondrá de 193 polígonos y un total de 68.860.934 metros cuadrados.

La Xunta acomete ese objetivo "después de estar siete meses de brazos cruzados", según denuncian fuentes de la oposición, que contrastan los más de 100 millones de euros invertidos el año pasado por el bipartito para tal fin con los 300.000 euros que ha dedicado la actual Xunta al mismo objetivo en 2009.

La cuestión primordial, ahora que la Xunta retoma el impulso en el asunto, remite sin embargo a la relajación de las condiciones que se impone a las empresas que opten a la compra del suelo que oferte la Xunta. Feijóo y Hernández lo justificaron en la necesidad de hacer más accesible la compra "mientras dure la recesión económica".

Así, y sin ánimo exhaustivo, la fianza para participar en el concurso pasa del 5% al 2% del importe de licitación, y el plazo para solicitar las licencias de edificación y actividad, de un año a dos; el pago de las parcelas será del 30% al firmarse la escritura y en tres años el 70% restante, cuando hasta ahora tenía que estar cubierto el pago completo al formalizarse la escritura. Hasta ahora se penalizaba un 20% del precio si la parcela no se destinaba al uso previsto en la adjudicación y a partir de ahora será del 5% y sólo "en el caso de que dicho aspecto fuese tenido en cuenta en la adjudicación".

Estas modificaciones, según las fuentes consultadas, propician la especulación, esto es, apalancar el suelo y esperar, con ligeros castigos, a que su precio aumente para revenderlo. Esta posibilidad convierte la iniciativa "anticrisis" de la Xunta en un asunto candente porque el suelo no se desarrolla por iniciativa privada, sino que la Administración lo expropia, lo transforma e invierte dinero público en él con un objetivo preciso de bien común, "y si eso se altera, sería escandaloso".

Tampoco sería la primera vez. Un caso llamativo, por ejemplo, es el del polígono de As Gándaras, en Porriño, que estuvo sin ocupar (y aún hay parcelas vacías) hasta que su promotora, Zona Franca, creó el colindante de A Granxa con una condición determinante que evitó la especulación: si los compradores de las parcelas no iniciaban la actividad en tres años, el suelo revertía al promotor. Zona Franca ha seguido esta política desde 1996 y fue, por citar otro ejemplo, la que aplicó al Parque Tecnológico de Vigo, ocupado por completo y donde tampoco se registró la menor especulación.

También la Xunta bipartita incluyó una cláusula de reversión del suelo si la empresa adjudicataria no lo ejecutaba en un plazo de dos años. Entre las previsiones de redacción del nuevo plan anunciado por la actual Xunta no figura ninguna alusión al respecto.
Tras "el caos" bipartito

Agustín Hernández cifró la necesidad de un nuevo plan de suelo empresarial en "la improvisación y el caos administrativo" que prevalecieron en la anterior legislatura, donde el bipartito habría estragado un plan precedente, de 2004, para desarrollar 40 millones de metros de suelo empresarial, que es el que ahora retoma su consellería "con el objeto de recuperar el tiempo perdido".

Ahora, los parques empresariales dependientes de la Xunta ocupan 13,7 millones de metros y, según la nota difundida por la consellería el jueves pasado, el nuevo plan permitirá desarrollar hasta 2012 un total de 18,4 millones de metros más. Pero resulta que, de ese objetivo, están construyéndose ya 19 parques con un total de 13,1 millones de metros, cuyo inicio cabe suponer en la anterior legislatura. Los desarrollos que puedan corresponder a la actual Xunta, por tanto, se limitarían a 5,3 millones de metros cuadrados "en futuros parques con planeamiento aprobado". Esta circunstancia explicaría que la Xunta sólo dedique 373 millones de euros para conseguir los 18,4 millones de metros en 2012.

Además están en tramitación 65 parques, con un total de 36,6 millones de metros, para ejecutar entre 2012 y 2015, que la Xunta apunta al nuevo plan como cosecha de sus últimos nueve meses.







* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 23/11/2009
Foto: Parcela abandonada en el parque empresarial de Teixeiro donde apenas se han instalado unas cuantas naves.- GABRIEL TIZÓN, elpais.com

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Es un ´disparate´ que 15 familias de chabolistas vivan en un edificio

LAOPINIÓN/A Coruña* : Burrada. Disparate. Barbaridad. Así es como califican los vecinos de Eirís el convenio que el Ayuntamiento firmó con la Xunta para realojar a 15 familias de chabolistas en el mismo edificio. Los residentes en el barrio destacan que los expertos en erradicación de los asentamientos recomiendan dispersar a los chabolistas para evitar que se formen nuevas barriadas y que la concejal de Servicios Sociales, Silvia Longueira, se comprometió a recolocar a los vecinos de Penamoa en diferentes barrios.

"Estamos indignados con el Ayuntamiento. Nos quieren mandar a todos a Eirís, estamos cabreadísimos. ¿Qué pasa?, ¿somos un barrio de cuarta categoría? Se va a formar un gueto", subraya Manuel Ponte, uno de los representantes vecinales de la zona. Los residentes en Novo Mesoiro, que también están afectados por la recolocación de chabolistas en el barrio, critican la concentración de realojados que va a haber en Eirís. "Nos parece una burrada. Va en contra del sentido común. Lo que no queremos que suceda en Mesoiro tampoco lo queremos para otro barrio", recalca Carlos Puente, uno de los miembros de la asociación vecinal.

La concejal de Servicios Sociales admitió ayer que, tal y como informó este diario, el Ayuntamiento firmó un convenio con la Xunta en 2002 en el que el Gobierno gallego se comprometía a cederle 15 viviendas en Eirís para que las adjudicase a "chabolistas de Penamoa, Oleoducto y O Portiño". Longueira, sin embargo, dijo que el Ejecutivo local renunció al convenio. "Hay una carta de la Concejalía de Servicios Sociales del 30 de enero donde desestima los pisos para el chabolismo porque el plan de chabolismo no incluye el aglutinar un realojo como el de Penamoa en un lugar concreto. Esa carta se remite a Urbanismo y esa concejalía se la remite en abril de 2008 a la Xunta con una carta del alcalde donde solicita la revisión de ese convenio", afirmó la edil.

Desde el Gobierno gallego niegan la existencia de esa misiva. "Estoy intentando reaccionar", dijo el delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, al conocer las declaraciones de Longueira. "A día de hoy no tengo conocimiento de ninguna renuncia por parte del Ayuntamiento. La Xunta estará encantada si renuncia a los pisos. Si no los van a usar y renuncian, a la Xunta no le supone ningún problema", aseguró Calvo.

El Ejecutivo municipal, tal y como informó LA OPINIÓN, dispone de otros 18 pisos en Eirís y de 16 en Novo Mesoiro para adjudicárselos a personas con escasos recursos económicos. Los vecinos de Mesoiro confían en que el Ayuntamiento no utilice esos pisos para realojar a chabolistas.

Las asociaciones de residentes en estos dos barrios se concentrarán hoy a las 20.30 horas en la plaza de María Pita para exigir al Concello que colabore con la Xunta para que los chabolistas no se concentren en esas zonas. El Gobierno local elaboró las listas de adjudicatarios de las casas que tiene el Ejecutivo autonómico en Eirís y en Novo Mesoiro. La Xunta adjudicará las viviendas a principios del próximo año a sus beneficiarios, entre los que hay algunos chabolistas de Penamoa. Los afectados sospechan que la Concejalía de Servicios Sociales ayudó a los chabolistas a realizar los trámites para cumplir los requisitos para obtener los pisos.

Los más de veinte chabolistas a los que les tocó una vivienda de la Xunta sabrán en los primeros meses de 2010 si residirán en Eirís o en Mesoiro. A estos vecinos de Penamoa que están en las listas hay que sumarles las 15 familias que el Ayuntamiento se comprometió a realojar en Eirís.

Los perjudicados proponen al Concello que les cambie los pisos de los que son adjudicatarios por otros situados en diferentes barrios. Los afectados aseguran que si los vecinos de Penamoa aceptan el trueque, se evitaría la creación de nuevas barriadas.







* La Opinión A Coruña - TANIA SUÁREZ / RUBÉN GARCÍA - 22.1.09
Foto: El barrio de Eirís de Abaixo- GABRIEL TIZÓN, elpais.com

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La hora de las casas ilegales

ELPAÍS/Cádiz* : Durante los últimos 30 años crecieron como setas. Y ahora eliminarlas no va a ser nada fácil. El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz), auxiliado por la Junta de Andalucía, ha emprendido la fase decisiva de uno de sus objetivos más ambiciosos y complejos: regularizar más de 15.000 viviendas ilegales.

Ha buscado la solución mediante unas ordenanzas que han repartido la ciudad en áreas y que fija la disposición de servicios básicos como el agua potable o el alcantarillado. El coste ha de ser asumido por los propietarios que construyeron sin permiso. Y he ahí el problema. Los que llevan años viviendo en casas que levantaron sin licencia no están dispuestos a pagar el precio que el Consistorio, encabezado por el socialista José María Román, les pide. Lo consideran desorbitado. Si los vecinos no pagan, el plan está destinado al fracaso y prolongará sin fecha la compleja situación irregular urbanística de la ciudad. También pondrá en duda una política que el Gobierno andaluz quería extender a otros puntos de la comunidad.

La manifestación de ayer, que reunió a más de 4.000 personas, era la expresión pública de los que se oponen al proceso de regularización impulsado por el gobierno municipal socialista. El inventario realizado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio establece que en Chiclana hay 15.007 casas ilegales. De ellas, 10.632 están dentro de las nuevas áreas de gestión básica y entran dentro de este proceso de legalización que ha comenzado con la apertura de una oficina y ha continuado con la elaboración de unas ordenanzas que establece los pasos que se deben seguir y se establecen los costes que, según la primera estimación, oscila entre los 30.000 y los 140.000 euros. En este precio está la solución administrativa para hacer la vivienda legal y las obras para dotarla de servicios básicos como alumbrado, alcantarillado o suministro de agua potable.

Pero muchos no están dispuestos a pagar ese dinero. Y no es una cuestión política. También rechazaron las anteriores ordenanzas propuestas por el anterior equipo de gobierno de IU y de PP. Es una cuestión económica. "Es algo inasumible y más en estos tiempos", advierte Miguel Pérez, portavoz de la plataforma que convocó la manifestación. La mayoría de ellos han solicitado, con el apoyo de la oposición municipal, que sea la Junta y el Ayuntamiento los que paguen el 75% de ese dinero. En su argumentario, el hecho de que ambas administraciones permitieron durante años que las setas del urbanismo ilegal crecieran sin control en Chiclana.

La última propuesta de esta plataforma, que engloba a un buen número de asociaciones, es que los propietarios paguen algunos servicios básicos, los más demandados, y que el Ayuntamiento retrase el resto del proyecto hasta tener un nuevo plan general, ya que el actual, aunque recurrido, está anulado por el TSJA.

Otras como José Antonio Sánchez, de la Federación Norte, proponen que sea el Ayuntamiento el que solicite, avalado por la Junta, un gran préstamo de 360 millones de euros (el coste estimado de la regularización) y que los propietarios paguen en cuotas mensuales no superiores a 80 euros al Consistorio. "Los bancos no nos van a dar préstamos a todos para pagar los precios que están pidiendo", advierte. El movimiento vecinal, que ha incorporado también tintes políticos, ha derivado también en la plataforma Chiclana justa, un colectivo que no quiere que el dinero público se invierta en ayudar a los que levantaron sus casas sin permiso. "Que pague quien en su momento no pagó", dice su portavoz, José Izquierdo.

El Ayuntamiento lo tiene difícil. Busca fórmulas para reducir el coste: créditos blandos, ampliación de plazos, o contratación individual de las obras. Pero sigue sin convencer a todos. Sin vecinos dispuestos a pagar, las setas del urbanismo ilegal seguirán en Chiclana.








* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 22/11/2009
Foto: Chiclana zona ilegales - ELPAIS - Roman Ríos

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El malestar por la corrupción sale por primera vez a la calle

ELPERIÓDICO/Barcelona* : Los últimos casos de corrupción en el Palau de la Música y en Santa Coloma de Gramenet han comenzado a despertar el descontento entre decenas de asociaciones y plataformas que se concentraron ayer en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para protestar, por primera vez, contra la corrupción en Catalunya.

Cerca de un millar de personas asistieron a la convocatoria y lucieron pancartas con mensajes agresivos contra los partidos políticos y los empresarios de la construcción. «PSOE, PP, CiU, etc: delincuencia organizada» y «La única gripe que mata es la especulación inmobiliaria» fueron algunos de los mensajes que exhibieron los manifestantes mientras simulaban que cocinaban un gran chorizo en una pequeña olla.
Asociaciones diversas pero con un común denominador (las afectaciones por polémicos planes urbanísticos) pidieron la revisión de los proyectos que, a su juicio, vulneran el interés colectivo y favorecen a grupos empresariales y políticos.
Los afectados en Barcelona por la reforma de Can Ricart, la plataforma contra la reforma del Miniestadi en Les Corts y los contrarios a los planes urbanísticos en los barrios de Singuerlín y Serra de la Marina en Santa Coloma de Gramenet, fueron algunas de las agrupaciones más numerosas. Pero también asistieron manifestantes que protestaban contra la construcción de una guardería en malas condiciones en el Forat de la Vergonya o los vecinos de la Terra Alta, que se quejan de la instalación de molinos de viento.

TRABAJADORES EN PARO/ En la cita también se congregaron otros colectivos afectados por la crisis. La asamblea de parados de Catalunya denunció, a través de su portavoz, Oleguer Bohigas, que muchos trabajadores de las obras del Plan E llamados por empresas subcontratadas carecen de contrato laboral. El trabajador en paro se dirigió desde la tribuna a los asistentes y utilizó el popular lema de las revueltas de Argentina durante la crisis del corralito: «Que se vayan todos».
Tras su intervención, los vecinos de Santa Coloma de Gramenet pidieron a gritos la disolución del consistorio mientras uno de sus portavoces exigía desde la tribuna un cambio radical en la política urbanística de la ciudad. En el acto, vigilado por los Mossos d’Esquadra, también se mostraron pancartas que pedían prisión para Millet y no faltó su caricatura nadando en billetes.






* El Periódico - DAVID PLACER - 22.11.09
Foto: Una parte de los manifestantes, ayer, en la plaza de Sant Jaume. Foto: DANNY CAMINAL, elperiodico.com

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Jerez: El final del 'pelotazo'

DIARIODEJEREZ* : La ciudad tiene 25.000 nuevas viviendas paralizadas de las que aún no se ha puesto ni un ladrillo. Hay otras miles a medio hacer y unas 12.000 construidas y deshabitadas. Completamente vacías. 9,3 millones de metros cuadrados de suelos rústicos fueron vendidos hace años un 50% por encima de lo que costarían ahora.

La realidad dicta que "ahora el suelo no vale nada; casi no hay suelo en venta porque no merece la pena, nadie da nada por nada", comenta un promotor inmobiliario. Ni se ha puesto un ladrillo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Jerez, con una previsión desfasada y más propia de los tiempos del 'pelotazo', "ni difícilmente se pondrá alguno a lo largo del año que viene". Así de claro lo ponen de manifiesto expertos del sector consultados por este periódico que operan en la ciudad desde mucho antes del 'boom' del ladrillo. Las promotoras no dan abasto, "no hay ni una que tenga liquidez", atestiguan. Las entidades financieras controlan a su antojo cuándo y cómo les insuflan oxígeno económico. Y los potenciales compradores andan más preocupados por no perder su puesto de trabajo o encontrar uno cuanto antes que por pelearse con un banquero para que les conceda, casi como obra de caridad, un crédito hipotecario.

La crisis global es sinónimo de crack del negocio inmobiliario, de fin de la era del 'pelotazo'. No se entiende lo primero sin lo segundo, al menos en España. En este mapa de poceros, sandokanes y demás hierbas, Jerez figura como uno de los municipios donde más dinero ha movido la construcción en los últimos tiempos. Hace casi cinco años, cuando arrancó la revisión del actual planeamiento, se decía que el PGOU aprobado en el año 95 estaba totalmente agotado, que no había ni un milímetro sobre el que construir y por eso los promotores se agolpaban a las puertas de Los Arcos demandando recalificaciones urbanísticas a mansalva. Sólo unos años después, hay millones de metros de suelo disponible pero, paradójicamente, ya ni hay dinero, ni casi quedan promotores con margen de maniobra. Todo eso se acabó. "Y no volverá", puntualizan rotundos desde el sector.

"Ha habido muchas inversiones millonarias en suelos que no valen ahora ni la mitad de lo que se pagó por ellos; además no hay bancos que financien extensiones de terreno tan enormes", señalan en alusión a los nuevos desarrollos que ha pintado con alegría el nuevo Plan General, que extiende el núcleo principal de Jerez como una mancha de aceite que baña todo el territorio municipal. Con suerte y mucho esfuerzo, confirman, las principales promotoras de la ciudad, Grupo Ángel Monreal, Rochdale, Basilio Iglesias y Jerezana de Comunidades, podrían poner algo en marcha para el segundo semestre de 2010. Monreal, por ejemplo, empezará en breve a edificar dos fases de Rancho Croft (un centenar de casas vendidas), pero la tónica imperante es que no se mueve ni un jaramago de los suelos sobre los que se alzará el Jerez del mañana. Desde la Delegación de Urbanismo, ávida de inversiones e impuestos que recaudar gracias al 'ladrillo', aseguran que habrá novedades el año que viene aunque lo cierto es que hay más promoción que ventas reales.

Hay casos curiosos, como el de promotoras que han concluido urbanizaciones en la ciudad, con sus jardines y columpios incluidos, pero que no han podido construir las casas porque nadie estaba dispuesto a comprarlas. Es el caso del complejo residencial promovido por la empresa alicantina Hansa Urbana, en sociedad con la poderosa Metrovacesa, en la zona de Pozoalbero. Ambas ya dieron carpetazo a todo proyecto en Jerez. Uno de los responsables de Hansa, Diego Chacón, asume que "tendremos que esperar a que la cosa mejore, pero es cierto que Jerez es ahora de lo peorcito de España". Sin querer entrar en más detalles, "nosotros decidimos terminar la urbanización que ya habíamos empezado, y ahora toca esperar, pero a este paso vamos a tener que regalar las casas en Jerez". Hay promociones lujosas, con localizaciones inmejorables en pleno centro, con las máximas calidades, que se venden a precio de hipoteca (rebajas de entre un 20-30%) y que sin embargo no se venden. Mejor dicho, apenas se venden. En los mejores casos, sus promotores han conseguido cubrir el 50% de la oferta, pero la otra mitad sigue deshabitada. Y probablemente "lo seguirá estando durante mucho más tiempo, hasta que el mercado se regularice definitivamente", apostillan a propósito de un negocio hasta ahora "ilógico" e "inflado", víctima de su propia ambición desmesurada. "Aquí todo el mundo invertía lo que ganaba; se ha ganado mucho, pero no es menos cierto que muchos beneficios están ahora bloqueados en inversiones que puede que nunca lleguen a materializarse", comenta un conocido promotor que prefiere mantener el anonimato.

"Dependemos al 100% de los bancos, tanto para edificar, como para vender", recalcan. Eso, con un handicap adicional: "Los bancos y cajas nos hacen ahora, para colmo, competencia desleal en toda regla, puesto que la mayoría se ha dedicado al negocio inmobiliario para dar salida a todo el stock". La ciudad, sólo hay que dar una vuelta, está repleta de enormes anuncios publicitarios de entidades financieras que venden pisos 'heredados' a través de filiales inmobiliarias.

En el último año, la actividad de la construcción ha perdido en la ciudad 4.500 empleos, pero a éstos hay que sumar el de las personas que tenían algún tipo de relación con el ladrillo aunque en el ámbito de los servicios. Las agencias y empresas inmobiliarias crecieron como setas por toda la ciudad hace tan sólo unos años y en la actualidad han desaparecido a idéntico ritmo vertiginoso como el que se generaron. "Sólo quedan los de toda la vida", dicen quienes aún tienen suerte de seguir vivos en el negocio de la compraventa.

A principios de 2007, cuando el 'boom' daba sus penúltimos coletazos, se llegaron a contabilizar 264 oficinas inmobiliarias distribuidas a lo largo y ancho de la ciudad. "Algunas grandes, como Tecnocasa, sumaron hasta 14 oficinas, pero quien más y quien menos tenía 2 ó 3 oficinas abiertas", rememoran. Y apostillan: "Era una barbaridad, pero lo más curioso es que todas vendían". Ni que decir tiene que la crisis ha arrasado con todo eso. Hoy día, afirman fuentes de toda solvencia, sólo se mantienen abiertas una veintena de oficinas y, además, "no hay nadie que tenga más de una". Esta drástica disminución de un 92,4% no ha afectado a históricos del negocio inmobiliario en la ciudad como Cambas, Gormaz, Mistercasa, Huertas o Zambrano. "Somos de las pocas que nos mantenemos, pero la verdad es que firmar no estamos firmando casi ninguna transacción, sólo a cuenta gotas; y algunas subsisten con los alquileres", admite Francisco Escot, gerente de Mistercasa, que llegó a tener dos oficinas en otros tantos puntos de la ciudad. "A nosotros nos pasa como a los promotores, ya sólo quedamos los de siempre y los más serios", apostilla Escot, que pese a todo entiende que "lo que ha pasado es que hemos vuelto a la normalidad. "Hay que ser conscientes de eso, aunque algunos no intuyésemos que la normalización sería tan severa", apostilla. El 'pelotazo' se ha ido y todos coinciden en que no volverá. Una muerte anunciada que pocos vislumbraron. Un conocido promotor avisa: "Yo hago una cosita ahora y no muevo nada más hasta al menos dentro de dos años". Tensa espera.







* Diario de Jerez - Francisco Sánchez Múgica - 22.11.09
Foto: diariodejerez.es

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La UE denuncia a España por modificar los contratos públicos tras adjudicarlos

ElPAÍS* : La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo porque la normativa sobre modificación de contratos de la nueva ley de adjudicación pública no respeta los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia.

En opinión del Ejecutivo comunitario, la Ley de contratos del sector público da a las administraciones "amplios poderes para modificar cláusulas fundamentales de los mismos después de su adjudicación, sin que las condiciones de modificación se hayan establecido en los documentos contractuales de manera clara, precisa e inequívoca".

Además, por lo que respecta a la realización de obras, la prestación de servicios o la entrega de suministros adicionales, la Comisión considera también que la ley permite que el órgano de contratación recurra a la utilización de procedimientos negociados sin publicación en contra de lo dispuesto en la legislación europea.

Se calcula que la contratación pública en la UE representa en total alrededor del 16 % del PIB de la Unión. Los procedimientos de licitación públicos y transparentes que exige la legislación comunitaria significan, según añade el Ejecutivo comunitario en un comunicado, más competencia, salvaguardias mayores contra la corrupción, y una mejora del servicio y la rentabilidad para los contribuyentes.

La Comisión exige cambios en la legislación sobre el IVA

La Comisión Europea ha pedido hoy oficialmente a España que modifique su legislación sobre agrupación a efectos del IVA por considerar que en su versión actual vulnera la normativa comunitaria. La directiva europea permite a los Estados miembros, en aras de la simplificación administrativa, la posibilidad de considerar como un único sujeto pasivo a aquellas personas que son jurídicamente independientes, pero que están estrechamente vinculadas entre sí desde los puntos de vista financiero, económico y organizativo.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que España aplica incorrectamente esta norma porque permite a personas que no son sujetos pasivos formar parte de una agrupación a efectos del IVA. La solicitud de Bruselas adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si España no modifica su legislación en el plazo de dos meses, la Comisión puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

El Ejecutivo comunitario también exigió la modificación de la legislación sobre el IVA a Países Bajos, Irlanda, Finlandia, Suecia, Reino Unido, República Checa y Dinamarca.






* ELPAIS.com - 20.11.09
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org

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Colectivos cívicos de Alicante se unen contra la corrupción

ELPAÍS* : Los incesantes y abultados casos de corrupción política que sacuden las instituciones de la Comunidad Valenciana ha espoleado la conciencia de 12 colectivos cívicos de Alicante y han constituido la primera entidad meramente civil de la provincia para "denunciar y reflexionar" sobre sus causas y fórmulas para combatirla. En este segundo apartado, los mentores de la plataforma tienen claro que el fin a la corrupción pasa por cambiar el actual modelo económico que ha imperado en la Comunidad Valencia, es decir, enterrar el urbanismo salvaje y los grandes proyectos.

La primera iniciativa del colectivo ha sido la difusión de un manifiesto. "El documento es un primer paso para intentar despertar las conciencias de los ciudadanos ante la entidad de la corrupción, sus causas y, sobre todo, la convicción de que se puede combatir", aseveró Manuel Alcaraz, profesor de Derecho de la Universidad de Alicante y portavoz de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC).

Además, de la PIC, en la nueva entidad cívica se integran colectivos como Escola Valenciana, Ecologistas en Acción y Plataforma contra la Pobreza. Para Alcaraz, los tres pilares visibles de la economía valenciana han sido hasta ahora el urbanismo depredador, los grandes eventos y el modelo turístico de sol y playa. "Y se ha demostrado, que estos tres pilares han sido el nido perfecto de la corrupción, o sea, que todos los casos han tenido su origen en este modelo productivo. Por tanto, lo que urge es un cambio", explicó el académico.

El colectivo defiende que el caso Gürtel no es causa de la actual situación "sino consecuencia de hábitos enquistados en las administraciones". Alcaraz asegura que este caso no es "toda la realidad ni debemos olvidar otras situaciones".

La nueva plataforma cree "imprescindible" la dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps "con independencia de lo que resuelvan los tribunales" ya que, argumentan, "su errático comportamiento durante los últimos meses ha estado marcado por la mentira, la ausencia de transparencia y la indecisión".

En su manifiesto, el colectivo también pone en su punto de mira a Alicante y menciona las "reiteradas coincidencias" entre los intereses de algunos empresarios y los acuerdos municipales (plan Rabassa o Rico Pérez). También critican la pasividad del Ayuntamiento ante la crisis o la defensa de los servicios públicos. Por último, urgen a los partidos políticos a lograr acuerdos contra la crisis.







* ELPAIS.com - 21.11.09
Foto: Alicante, vista - J.Navarro, diarioinformacion.com

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Andratx, lo peor estaba por llegar

DIARIODEMALLORCA* : Un día soleado de noviembre, hace ya tres años, el entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, salió del Ayuntamiento de su pueblo con las manos matrimoniadas por esposas. Un terremoto local. Los visionarios más atrevidos no imaginaron un seísmo mas allá de la frontera del municipio costero, salvo para engrilletar al director general de Urbanismo, Jaume Massot.

Por aquella época, Jaume Matas exprimía la recta final de su mandato en la Comunidad Autónoma sin temor a que le mordieran la mano o le tosieran sobre la solapa de su traje azul marino. Su entrecejo hundido imprimía terror en sus escasos contrincantes. Maria Antònia Munar dirigía el Consell de Mallorca sin más dolores de cabeza que los propiciados por Javier Rodrigo de Santos, quien manejaba los hilos de Palma desde su puesto de teniente de alcalde. Josep Juan Cardona departía afable en el Parlament porque, a los ojos de todos, gozaba del título de conseller más amistoso de todos los integrantes del gabinete. Dos escuderos de Munar, Miquel Ángel Flaquer y Miquel Nadal, disfrutaban del poder a la sombra de la todopoderosa. El segundo trazaba en secreto una traición freudiana. Rosa Estarás no necesitaba matar a su padre político porque ya infundía temor dentro y fuera de su partido, salvo al tecnócrata del territorio, Bartomeu Vicens, hombre enjuto pero simpático que, paradojas del destino, se dedicaba a denunciar las tropelías urbanísticas de Andratx. El alcalde de Eivissa con aspiraciones a dominar toda la isla se llamaba de Xicu Tarrés.
Bajo los figurones, una legión de concejales encabezados por Rafael Durán, directores generales al estilo Kurt Viaene o Juan Francisco Gálvez, gerentes grises de empresas más grises todavía en cuyas tarjetas de visita se leía Antonia Ordinas o Damià Vidal, un cuñado a tiempo parcial en la caja de ahorros y en el partido (Fernando Areal), un celador poco celoso... Así, varias decenas de nombres que jamás habían calibrado la temperatura de la madera de los banquillos. De los citados, Estarás no tiene cita con ningún magistrado, pero vive en Bruselas. Ya no inspira miedo a nadie.

¿Todo tranquilo?

"No existe trama urbanística", dijo Hidalgo al día siguiente de su detención. Tres años después, ya lleva sobre sus hombros dos sentencias por delitos contra el territorio –falta conocer la decisión del Tribunal Supremo en casación– y varios juicios por delante. De aquella operación Voramar, queda el sainete protagonizado por el entonces secretario general del PP, José María Rodríguez, y el ex president Matas. Los dos, junto a Hidalgo, vivieron horas frenéticas antes de la detención del ex alcalde el 27 de noviembre de 2006. Rodríguez le alertó del "lío" que se avecinaba en Andratx y Matas le emplazó en el Consolat dos días antes de la jornada de autos. Hidalgo tuvo tiempo para destruir pruebas y, además, recibió un telefonazo del ex secretario general a sólo 45 minutos de la irrupción de los guardias civiles. "Hoy es lunes y estoy en mi despacho". Rodríguez compendió la conversación con esta frase. Nunca una llamada había resultado tan absurda.
En la última entrevista concedida por Matas a este diario, el político estuvo a punto de levantarse del sofá y despedir al periodista con cajas destempladas. "El asunto está absolutamente explicado. Insisto, a usted no le interesa mi programa electoral. No hay ninguna novedad en este momento. No sé qué interés tiene usted en sacarlo, salvo que quiera tergiversar la entrevista de un candidato [al Govern]. ¿Cuál es la noticia para recuperar esto? No tengo nada más que añadir. El caso Andratx es un caso desgraciado. Lo peor que ha pasado en esta legislatura y hemos actuado con contundencia". Por desgracia, no fue lo peor de aquella legislatura.








* Diario de Mallorca - M.M.B. - 21.11.09
Foto: Andratx (Mallorca) - diariodemallorca.es

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El 'caso Pretoria' fuerza el cese de la responsable de urbanismo de Santa Coloma

ELPAÍS/Barcelona* : Desde que el martes Santa Coloma de Gramenet nombró alcaldesa se han sucedido las destituciones y dimisiones en el Ayuntamiento. Ayer fue Carmen Moraira, segunda teniente de alcalde y responsable de Urbanismo la que presentó su renuncia.

El escueto comunicado del Consistorio atribuía la dimisión a "los acontecimientos sucedidos" a raíz de la Operación Pretoria, de corrupción urbanística y a "la política urbanística" municipal, una política que Moraira había defendido a capa y espada antes de la detención del ex alcalde Bartomeu Muñoz y del ex concejal de Urbanismo Manuel Dobarco, imputados en el caso, y a pesar de que algunas obras habían recibido las críticas de vecinos y oposición.

Núria Parlón, la nueva alcaldesa, aceptó la renuncia de Moraira, que será sustituida por Esteve Serrano, hasta ahora concejal de Promoción Económica. La de Moraira era una dimisión anunciada, precisamente porque era hasta ayer la encargada de supervisar la concejalía de Urbanismo y los proyectos que están siendo investigados por el juez Baltasar Garzón.
Sin sorpresas

Desde que se destapó el caso Pretoria, a Moraria se la ha visto compungida en varios actos públicos, pero ha evitado hacer declaraciones sobre la polémica gestión del Ayuntamiento y la investigación judicial.

En la oposición no sorprendió la noticia. El PP señaló incluso que pensaba pedir su dimisión la semana próxima, "porque, aunque finalmente no sea responsable de lo sucedido, debía haberse enterado de lo que estaba pasando". Pese a la rivalidad política, Manel Olivés, portavoz de CiU, señalaba: "se va una de las personas más válidas y honradas del gobierno". Olivés añadió que quienes deberían dimitir eran otros. En ICV atribuían la dimisión a la presión que rodea el caso.

El PSC trabaja ya para encontrar el sustituto de la teniente de alcalde, y para relevar a los tres cargos destituidos el jueves. El nuevo gobierno municipal deberá ponerse manos a la obra con proyectos urbanísticos envueltos en la polémica, como el mercado del Fondo, cuyos dueños de los puestos llevan un año en un emplazamiento provisional a la espera de que comience a levantarse el nuevo edificio. O el ARE de Safaretjos, que preveía la construcción de 300 viviendas, y la reforma del Singuerlín.







* ELPAIS.com - FERMÍN ROBLES - Santa Coloma de Gramenet - 21/11/2009
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - flickr.com

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El Vicealcalde de Cartagena y una responsable jurídica municipal, imputados

VEGAMEDIA* : Aunque ya venía hablándose los últimos días por los pasillos del Ayuntamiento y la noticia estaba en la calle, nadie habló hasta hace unas horas. Pero lo cierto es que Agustín Guillén, mano derecha de Pilar Barreiro y vicealcalde de Cartagena; así como una responsable jurídica de Urbanismo han sido imputados en una investigación judicial iniciada como consecuencia de la concesión de una licencia urbanística.

La denuncia de un vecino de la diputación cartagenera de Perín dio paso a la apertura de las diligencias penales en los tribunales de Cartagena, en donde fuentes de los mismos ya han manifestado que se está tramitando su citación en calidad de imputados. La denuncia dio paso a las primeras investigaciones en las que ha participado el propio juez instructor y un fiscal de Cartagena.

El caso judicial, del que ya se ha defendido en una rueda de prensa el vicealcalde cartagenero, actual responsable de Hacienda, y en el momento de los hechos responsable del área urbanística, se inicia como consecuencia, según las mismas fuentes, después de que el referido político firmara una licencia urbanística en una zona en la que era necesario un informe previo medioambiental, y el mismo no se había realizado.

Se da la circunstancia de que la licencia fue firmada a favor del marido de Lolo Galindo (María Dolores Galindo) que ocupa un puesto de designación política en el propio Consistorio cartagenero, como coordinadora de exposiciones de la Concejalía de Cultura, ambos están vinculados a un conocido restaurante de la Ciudad Departamental.

Los hechos se remontan al año 2006 y la licencia se concedió en un espacio medioambientalmente sensible y que, de hecho, está afectado por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de la Muela.

Las diligencias, en el día de ayer, ya eran plenamente conocidas en el Ayuntamiento de Cartagena y, al parecer, la defensa del Vicealcalde, al menos, se ha encargado a un despacho jurídico externo al propio Ayuntamiento.

Según una nota de prensa del Consistorio: “El hecho en discusión es la concesión por el Ayuntamiento de Cartagena de una licencia para construir una vivienda en el paraje de Los Pinchos de Perín, solicitada de D. José Luís Botella García el 8 de septiembre de 2006. La licencia fue firmada por Agustín Guillén como concejal de Urbanismo el 19 de diciembre de 2006, cuando llegó a su mesa acompañada de los informes jurídicos y técnicos que la ley exige”. El mismo comunicado oficial indica que “en el servicio de Información Urbanística hay dos arquitectos con capacidad para informar licencias. El arquitecto especialista en esa zona del Municipio se abstienen de informar por vinculación familiar con los arquitectos que firman la obra y el asunto pasa al segundo de ellos. El solar se encuentra en una zona afectada por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Monte Roldán y cualquier licencia necesita de un informe previo de la Dirección General del Medio Natural. El arquitecto informó favorablemente sin pedir previamente el informe de Medio Natural” cuando ya hacía seis meses que estaba aprobado el PORN.







* Vegamedia Press - Chema Gil - 19.11.09
Foto: Cartagena - panoramio.com

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Castro: Acayro ordena la paralización inmediata de las obras del Supercor y de unas 150 viviendas

ELDIARIOMONTAÑÉS* : «Se ha realizado un desarrollo urbanístico fraudulento, a iniciativa de los promotores, en connivencia con los responsables municipales y con un grave perjuicio para el municipio, a lo que hay que añadir la destrucción de bienes de dominio público que se han producido en dicha unidad de ejecución (1.34 de Santa Catalina)». Esta es la principal conclusión a la que llegó ayer el juez Acayro en un auto en el que acordó -como medida cautelar -la paralización inmediata de la obra promovida por Castrum Varduliex (un supermercado Supercor y unas 150 viviendas) en esa polémica unidad de ejecución, ubicada junto al colegio Arturo Dúo.

Una decisión que según el instructor pretende «evitar la consolidación de una situación de ilegalidad que se produciría con la finalización de la misma y los perjuicios que ello supondría». Aunque durante la jornada de ayer no se hizo efectiva la paralización, el instructor castreño dio las indicaciones pertinentes para que se retire todo el material y la publicidad de la obra y se establezcan unas condiciones de seguridad mientras dure la presente instrucción, «cuya finalización es prácticamente inmediata».
En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez Acayro señala que «existen indicios sólidos de la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa y urbanística». Para llegar a esta conclusión, el instructor se apoya en varios aspectos. Por un lado, el ex secretario municipal, César Saiz, «reconoció en sede judicial la ilegalidad de todo lo realizado». «A parte de los informes de la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) que lo advierten, consta en las actuaciones un informe jurídico de la secretaria municipal del que se desprende que todas las obras realizadas en la unidad de ejecución 1.34 y 1.33 son manifiestamente contrarias al planeamiento».
Por otro lado, el instructor señala que en el proyecto de reparcelación aprobado «se ha manipulado la cabida y situación jurídica de la parcela de equipamiento público que corresponde al Ayuntamiento y de viales al tiempo de inscribirlo en el registro de la propiedad, estando imputado el promotor y representante de Castrum Varduliex por un posible delito de falsedad de documento público». Acayro asegura en su auto que la apertura de un vial general sobre suelo destinado a equipamiento ha ocasionado un perjuicio al municipio, tal y como había advertido reiteradamente la Crotu.
Pérdidas
Dicho perjuicio consiste, según el instructor, en la pérdida en las unidades de ejecución 1.33 y 1.34 de, al menos, 1.512 metros cuadrados de equipamiento público. «En otras palabras, se ha eximido a los promotores de entregar dicha cantidad de suelo para hacer los viales; 412 metros cuadrados de la 1.34 y 1.100 metros de la 1.33.
Pero Acayro no se queda ahí. Asegura que el Ayuntamiento ha perdido entre 500.000 y un millón de euros, si nos atenemos a las valoraciones realizadas para la permuta que se llevó a cabo con el aprovechamiento urbanístico de la unidad de ejecución 1.34. «El suelo que debían entregar los promotores sólo en esas unidad de ejecución y que se han ahorrado en perjuicio del municipio tendría una valoración aproximada de 600.000 euros». Se espera que a lo largo del día la Guardia Civil haga efectiva la paralización de la obras.







* El Diario Montañés - ABEL VERANO / MARIO CERRO - 20.11.09
Foto: Imagen panorámica de la Unidad 1.34 donde Castrum Varduliex construye un Supercor y unas 150 viviendas con garajes. /ABEL VERANO, eldiariomontanes.es

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Una firma de Correa invirtió 756.240 euros en un PAI tras cobrar comisión por los actos del Papa

LEVANTE/Alicante* : Para la trama Gürtel el cemento fue un medio y un fin. Promotoras y constructoras pagaron comisiones a la red a cambio de concesiones en ayuntamientos cuyos políticos eran comprados por Correa (Madrid) o abonaron a Orange Market facturas de servicios que en realidad fueron prestados al PP (Comunitat Valenciana).

Pero, además, el urbanismo fue también un punto de destino, una inversión para blanquear parte del dinero negro utilizando sociedades patrimoniales gestionadas y a nombre de testaferros, pero bajo el paraguas del imperio mafioso de Correa, según Garzón y la Udef. Una de esas firmas pantalla es Castaño Corporate. El 19 de julio de 2006, esa sociedad compró un terreno de 12.605 metros en la Nucia (Marina Baixa) por 756.240 euros. La elección de la Nucia responde a la estrecha relación de Álvaro Pérez "El Bigotes", con el alcalde popular Bernabé Cano, quien dio contratos a la trama y ha aparecido en diversas grabaciones vinculado a los intentos de Correa de pegar un pelotazo en el municipio.
La finca rústica, de matorral y olivos, se escrituró en la notaría de Ángel Puras, en Madrid, apenas dos semanas después de que esa firma ingresara 230.000 euros a cuenta del negocio que generó el contrato de la constructora Teconsa con Canal 9 para dar cobertura (sonorización, instalación de pantallas y servicios audiovisuales) a los actos de la visita del Papa a Valencia.
Teconsa subcontrató a otras tres firmas, entre ellas la sevillana Apogee Telecomunicaciones. Mientras Valencia vivía consternada por el accidente del metro que segó la vida a 43 personas y aguardaba la llegada de Benedicto XVI, el número dos de la trama, Pablo Crespo, recogió en Sevilla dinero negro de comisiones por haber intercedido ante el anterior director general de RTVV, Pedro García, para lograr ese contrato para Teconsa y el resto de empresas, siempre según los informes policiales. El apunte de 230.000 euros para Castaño Corporate -dedicada a la compra-venta de inmuebles, que nada tiene que ver con luces y sonido- está en la contabilidad B incautada.

Plan bloqueado por el TSJ
El administrador único de esa empresa es Jacobo Gordon, amigo y testigo de la boda de Alejandro Agag con la hija de Aznar. Los dos apoderados de esa sociedad son Pablo Crespo y Ramón Blanco Balín, el número dos y el tres de la organización. Esto es, el hombre que ejecutaba las órdenes de Correa y el ingeniero financiero que diseñó el entramado societario internacional para la generación y blanqueo de capitales.
Al poco de su adquisición, los terrenos pasaron a ser urbanizables. Tal día como hoy, el 20 de noviembre de 2006, la comisión territorial de urbanismo de Alicante aprobó el PAI del Algar, que prevé 2.501 viviendas y del que forma parte la parcela de Castaño Corporate. El pasado mes de junio, el TSJ valenciano bloqueó el proyecto por no garantizar la suficiencia hídrica, por lo mismo que se paralizaron los otros dos PAI de la Nucia: la Serreta y Pie de Monte. El primero logró finalmente luz verde en los tribunales. El ayuntamiento avaló el Plan del Algar, como los otros dos, y de hecho está intentando desatascarlo por la vía judicial. Gordon llevó las negociaciones de esa operación como también los contactos con los propietarios de los PAI Pie de Monte y la Serreta, donde Correa pretendía comprar, desbloquear -gracias a sus conexiones con terminales políticas- y revender. El pelotazo no salió, pero las negociaciones resultaron de lo más divertidas según las grabaciones incorporadas al sumario del TSJ de Madrid. El amigo de Agag, el alcalde Cano, Correa y algún empresario "se lo montaron de puta madre con tías en un restaurante que cerraron" en Valencia. Entre las comisionistas de la visita del Papa figura otra firma administrada por Gordon: Parque Logístico Montalbo, que cobró 60.000 euros.
Castaño Corporate compró los terrenos a los administradores de la firma inmobiliaria Henk & kathy Invest SL, radicada en la Nucia.

El Tribunal Supremo (TS) prorrogó ayer por cuarta vez el secreto de las actuaciones en el caso Gürtel, lo que significa que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso a las mismas. Lo acordó en un auto el magistrado instructor del caso en el TS, Francisco Monterde, quien el 17 de agosto prorrogó por primera vez el secreto de estas actuaciones.
Monterde alegó que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto. Entre ellas, el instructor señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une, añadía, la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el TSJ de Madrid, del que procede esta causa especial, y donde las actuaciones también están "declaradas secretas". Recordó que la prórroga del secreto de actuaciones está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Constitucional dijo que tal laguna no impide al juez proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario "si el plazo ha resultado insuficiente para hacer efectiva plenamente esa protección"
El TS acordó en junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM, Antonio Pedreira.







* Levante-EMV - FRANCESC ARABÍ - 20.11.09
Foto: Terrenos situados en el Plan del Algar, en el término municipal de la Nucia. rosario pagés, levante-emv.com

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'Okupar' un piso en Barcelona, un euro

ELPAÍS* : Un juez deja que los intrusos de la vivienda social del Raval sigan en ella con una fianza mínima. Josep Mediñà y Antonia, su mujer, durmieron ayer en casa de su hijo. Igual que desde hace 16 meses, cuando, al volver de vacaciones se encontraron su piso, en el Raval de Barcelona, ocupado por otra familia. Desde entonces, viven enmarañados en una pesadilla judicial para recuperar su hogar.

El último episodio se produjo el mes pasado, cuando al fin habían logrado que se fijara fecha para el desalojo forzoso de los intrusos de la vivienda, un piso social de la Generalitat gestionado por el Patronato Municipal de la Vivienda por el que pagan un alquiler de 148 euros. Pero en el último momento, tras un recurso de la okupa, el juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 57, Carlos Tortras, paralizó el proceso, según consta en el expediente judicial. El magistrado, el mismo que había ordenado desalojar el piso semanas antes, adujo en esta ocasión que quedaba "acreditada la precariedad económica" de María José O. E., a quien impuso una fianza de un euro.

El proceso para recuperar el piso ha sido complicado para los Mediñà desde el principio. La noche del 23 de julio de 2008, al volver de vacaciones apresuradamente porque les habían dicho que algo raro ocurría en su casa, el matrimonio descubrió que su llave no abría la puerta. Denunciaron el caso a los Mossos, pero éstos les dijeron que al haber otra familia en la casa, el caso debía resolverse en los tribunales.

La denuncia por vía penal contra la acusada por allanamiento de morada no prosperó. El Juzgado de Instrucción número 13 archivó el caso al apreciar contradicciones entre los testigos sobre si los Mediñà vivían realmente en el piso. Los Mediñà, finalmente, lograron demostrar en abril de este año, por vía civil y con la comparecencia de otros testigos y del Patronato Municipal de la Vivienda, que el piso ocupado sí era su residencia habitual.

Los procedimientos judiciales obligaron entonces a pedir la ejecución de la sentencia, mientras que María José O. E. logró presentar un recurso y que éste fuera admitido. El embrollo terminó, de momento, el pasado 1 de octubre, cuando el juez Tortras suspendió indefinidamente la orden de desalojo por la "precariedad económica" de la okupa.

En el piso viven al menos tres personas, pero sólo se ha procedido contra María José O. E. Ésta contó a la policía, según el sumario, que alquiló la vivienda a alguien llamado Jaime, con quien contactó gracias a un cartel colgado en un locutorio. Jaime le habría dado las llaves del piso a cambio de 1.500 euros, sin mediar documento alguno y sin que se volvieran a ver. EL PAÍS ha tratado repetidamente, sin éxito, de recabar la versión de María José O. E.

La vecina que declaró a su favor en la vía penal es la inquilina del piso 1º 1ª (el ocupado es el 1º 2ª). Esa vecina no está localizable: no pagaba el alquiler y el Patronato de la Vivienda instó un proceso de desahucio que se hizo efectivo hace unas semanas. Los Mediñà sostienen que fue ella la que facilitó a María José O. E. el acceso a la vivienda a través de una ventana trasera. Las ventanas de ambos pisos son contiguas y bajo ellas hay una cornisa metálica.

Las víctimas se han dirigido al juez para pedirle que si verdaderamente cree que la ocupante de su piso se halla en situación de necesidad, se dirija a los servicios sociales para que le faciliten una vivienda y así ellos puedan recuperar la suya. Esta petición, de momento, no ha tenido respuesta, por lo que la abogada, Esther Villaescusa, ha presentado una apelación contra la decisión de frenar el desahucio de la vivienda.Las administraciones públicas se mantienen a la espera. Incasòl (Instituto Catalán del Suelo), propietario de la finca, no interviene porque la gestión depende del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona. "Desde el pasado mes de febrero, cualquier tipo de petición de viviendas en Barcelona se traslada al Patronato Municipal", señaló un portavoz del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. La petición del matrimonio que se ha quedado sin piso se presentó tras paralizarse el desalojo, por lo que es posterior a febrero. El Patronato de la Vivienda sostiene que no puede hacer nada mientras no haya sentencia, pero que da apoyo jurídico a las víctimas.

La abogada del matrimonio pidió al patronato que, mientras se resuelve la situación diera otra vivienda a la familia afectada. La respuesta fue negativa: no se puede hacer nada hasta que se recupere el piso ocupado. El matrimonio Mediñà estaba ayer muy dolido con quienes decían que no vivían en el piso. "Vivíamos, claro que vivíamos. Cómo si no íbamos a tener en el piso desde las cartillas de ahorro hasta las fotografías de la familia. Y nos hemos quedado sin todo eso". La tienda de Antonia está justo enfrente. Otra vecina confirma que los Mediñà eran vecinos. "Sí que lo eran. Alguna noche se iban a dormir a casa de su hija porque tienen una nieta pequeña y aquí hay sarao todas las noches".
Las dos vías penales

- Allanamiento de morada. Si el residente de una vivienda -ya sea propietario o inquilino- se encuentra con que han ocupado su casa, debe acudir a la policía para denunciar el allanamiento de morada. Se trata de un delito tipificado en el artículo 202 del Código Penal y está castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. En caso de que haya habido violencia, la sanción puede llegar a ser de cuatro años de cárcel.

- Usurpación. En el caso de que la vivienda esté vacía, se trata de un delito de usurpación, estipulado en el artículo 245 del Código Penal. Suele ser el más común en los casos de ocupaciones de viviendas, porque la mayoría de las casas en las que entra a vivir alguien indebidamente están deshabitadas. También en este caso el legislador tiene en cuenta si la ocupación ha sido con o sin violencia. En todo caso, la sanción para este delito es siempre una multa.







* ELPAIS.com - FRANCESC ARROYO - Barcelona - 20/11/2009
Foto: Antonia, ayer por la mañana, ante la tienda que regenta en la calle del Om, justo delante del edificio donde tiene el piso.- MARCEL.LÍ SÀENZ

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