DIARIODEMALLORCA* : Unas 250 personas participaron ayer en Caimari en una manifestación convocada por una veintena de entidades ecologistas y ciudadanas y diversos grupos políticos de ámbito municipal para exigir al Consell de Mallorca la retirada del Plan de Carreteras por "obsoleto y depredador" y la adopción de un modelo territorial más sostenible que plantee el transporte en la isla de forma integral.
Los manifestantes se concentraron a las 15 horas en la entrada de Caimari y avanzaron en dirección a Selva por el camino peatonal situado en el lateral de la carretera. Una gran pancarta con el conocido lema Qui estima Mallorca no la destrueix precedió a la comitiva. Los participantes exhibieron carteles críticos con la política territorial del Consell de Mallorca y alusivos a la "poca coherencia" de la presidenta Francina Armengol al permitir la próxima aprobación definitiva de un plan viario que "supone una continuidad del modelo implantado por PP y UM y la transformación de Mallorca en un área metropolitana de Palma".
El acto era secundado por diversas agrupaciones políticas locales de partidos integrados en el Bloc y contó con la presencia de algunos regidores municipales de esta coalición de municipios como Inca, Artà, Santa Maria o Sineu. Sin embargo, ningún alto cargo de la formación progresista se dejó ver en una manifestación que denunciaba la política urbanística de una institución en la que el Bloc asume competencias de gobierno.
"Esperábamos un cambio"
Durante el acto reivindicativo se repartió entre los presentes un folleto informativo sobre las causas de la manifestación en el que se plasmaba la desilusión de las plataformas convocantes por la ausencia de un cambio en la política territorial por parte del actual equipo de gobierno de centro-izquierda del Consell de Mallorca y se apuntaba que la gestión de intraestructuras de la institución insular "está bajo sospecha" por la imputación de los máximos responsables políticos del departamento de Obras Públicas por el caso Peaje, en referencia al conseller Antoni Pascual y al director insular Gonzalo Aguiar, de UM.
Margalida Ramis, portavoz del GOB, asociación que llevó el peso de la organización, reclamó la retirada del Plan de Carreteras porque "su aprobación no tiene sentido al margen de otras planificaciones en materia de transporte público; es necesario un estudio integral de movilidad". Ramis recordó que "hubo promesas de aplicar un cambio en la política territorial" que, hasta la fecha, no se han materializado y expresó su escasa confianza en las modificaciones del Plan de Carreteras que están negociando los partidos. "No serán cambios sustanciales, porque de lo contrario deberían revistar todo el proyecto", apuntó.
* Diario de Mallorca - J. FRAU. INCA. - 1.11.09
Foto: Caimari (Mallorca) - MALLORCAWEB
Mallorca: Unas 250 personas participan en una marcha contra el Plan de Carreteras
La trama corrupta salpica a la empresa de urbanismo de la Generalitat
ELPAÍS/Barcelona* : La trama de corrupción urbanística de la Operación Pretoria sigue extendiéndose desde el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet a otras instituciones catalanas. El Gobierno de la Generalitat se ha visto ahora salpicado por la supuesta implicación de un alto cargo del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), su empresa pública de urbanismo.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga la trama, sostiene en su auto que el gerente del Incasòl, Emili Mas, mantuvo conversaciones con cuatro de los imputados para falsificar facturas que justificaran el desvío de 1,3 millones que el consistorio había recibido de la Unión Europea.
Tras conocer el auto de Garzón, los responsables del Incasòl -dependiente del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y del de Medio Ambiente y Vivienda- decidieron "revisar" todas "las gestiones" que hayan realizado con el Ayuntamiento de Santa Coloma.
Garzón indica que entre el 16 y el 29 de abril se supo de la "posible emisión de facturas" por parte del consistorio para justificar el empleo de unos fondos comunitarios a través de los contactos que hubo entre el gerente del Incasòl, Emili Mas; el ex diputado del PSC Luis García, Luigi; el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz; el director de Servicios Municipales de la ciudad, Pascual Vela, y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron ayer que Luigi y Mas mantuvieron conversaciones.
El juez señala que el consistorio modificó supuestamente el destino de los fondos que recibió de la Unión Europea o empleó una suma menor a la declarada al realizar pagos relacionados con unas expropiaciones en la ciudad, cuya gestión correspondía a la empresa pública Gramepark.
Con las facturas falsas, el Ayuntamiento pudo haber justificado, según el auto, el "empleo irregular" de los fondos comunitarios. Emili Mas, que fue gerente del Consejo Comarcal del Barcelonès, rechazó contestar ayer a este diario si estaba al corriente de la falsificación de facturas.
El Incasòl, en un comunicado, mostró ayer su "máxima disposición" para colaborar con el juez, que ha imputado a nueve personas por posibles delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y fraudes a Hacienda y de subvenciones.
El auto, además, menciona a dos ex altos cargos más de la administración catalana, aparte del ex consejero Macià Alavedra y el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta, ambos imputados.
Según el auto, Lluís Renau, director general de Seguridad Ciudadana de Jordi Pujol entre 1984 y 1989 cobró 120.000 euros de la sociedad Badalona Builing Waterfront, implicada en un pelotazo urbanístico en 2003. Renau y Luigi -al que la investigación apunta cómo el cerebro de la trama corrupta-, ya habían sido socios entre 1996 y 1998 en las empresas de urbanismo Immodarder y Iniciatives i Infraestructures.
También recibió un pago de Luigi, según el juez, Ginés Carbó, que fue jefe del Servicio de Planificación Territorial y luego coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona entre 2002 y 2004. Carbó percibió 244.011 euros por una operación urbanística en Sant Andreu de Llavaneres (Maresme).
La publicación del auto no sólo causó ayer revuelo en la Generalitat. A lo largo del día varias empresas se desvincularon de las ilegalidades que apunta Garzón. Entre ellas, Proinosa, presidida por el imputado Josep Singla, que se habría beneficiado de licitaciones irregulares en Santa Colom.
El auto también señala a una filial de Caixa Catalunya y a otra empresa integrada por Caixa Laietana y Restaura. Ambas sociedades habrían pagado comisiones a Prenafeta en dos de las operaciones investigadas por el juez.
Fuentes de Caixa Catalunya aseguraron que, pese a que no tiene constancia contable del pago, ha encargado a sus servicios jurídicos y a los auditores una radiografía de su inmobiliaria Procam. Restaura admitió que la compañía que comparte con Caixa Laietana pagó una comisión del 4%, que equivale a 389.440 euros más IVA, a Prenafeta tras comprar los terrenos de Llavaneres. La promotora recordó que adquirió un suelo finalista, es decir, sin necesidad de recalificación alguna, y dijo desconocer "los antecedentes y prácticas del vendedor [Luigi] y el intermediario [Prenafeta]".
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 01/11/2009
Foto: Palau Generalitat - flickr
La Línea: La Fiscalía ve indicios de delito en la construcción del Palacio de Congresos
EUROPASUR/Cádiz* : La Fiscalía de Medio Ambiente cree que en la construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones y el Hotel Iberostar se puede haber incurrido en un delito de prevaricación urbanística y en otro contra la ordenación del territorio al haber sido excedida la superficie permitida y ocupado espacio libre público.
En concreto, concluye que este conjunto ocupa 215,46 metros cuadrados de suelo calificado como espacio libre público y que hay un exceso total de edificabilidad de 2.933,29 metros cuadrados.
Además, señala que los supuestos responsables son el actual gerente municipal de Urbanismo, Francisco Pérez Partal, y otros técnicos municipales, así como los arquitectos y técnicos que dirigieron la obra, la promotora y la empresa constructora, por lo que solicita que declaren en calidad de imputados. Así consta en el escrito que la Fiscal ha remitido al juzgado número 2 de La Línea tras la denuncia interpuesta en su día por el PSOE. Dicho escrito está fechado a finales de junio. Este diario ha sabido que la juez citó a estas personas a declarar a principios del presente mes pero que éstos presentaron un recurso que está pendiente de resolución.
En cuanto al escrito de la Fiscalía de Medio Ambiente, se recuerda que en marzo de 2003, el gerente municipal de Urbanismo, Francisco Pérez Partal, resolvió conceder una licencia de obras a la empresa Ámbito Sur Hoteles para construir un palacio de congresos, un hotel, oficinas, locales y garajes en la avenida Príncipe de Asturias de acuerdo con un proyecto básico que había sido presentado por el solicitante de la licencia. Según la Fiscal, dicha solicitud vino informada favorablemente en el expediente de concesión por el arquitecto Juan López de Lerma y por la técnico Esmeralda Cano. En este sentido, agrega que dicha licencia era conforme a la legalidad urbanística aplicable al Estudio de Detalle EDCV-P-5 de San Felipe para la zona uno, concretamente la parcela número 5 en la que se iban a edificar estos inmuebles.
Sin embargo, dos años más tarde, el 24 de mayo de 2005, el representante legal de la empresa Sur Hoteles presentó en el Ayuntamiento una solicitud de modificación de la licencia inicialmente otorgada en base a un reformado de proyecto básico. Pérez Partal resolvió conceder en junio la modificación de la licencia de obras otorgada inicialmente previo informe favorable del arquitecto Juan López de Lerma y de la técnico Esmeralda Cano.
* Europa Sur - Soraya Fernández - 31.10.09
Foto: Instantánea de la fachada principal del Palacio de Congresos, con el hotel Iberostar al fondo. - europasur.es
Cerrado por redada
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Los agentes de la Guardia Civil entran en los ayuntamientos en pareja y salen siendo tres. El tercero que se les apunta suele ser un alcalde. Allí se les fotografía en la puerta como si volvieran de celebrar una boda por lo civil. En realidad sacan al alcalde esposado por lo civil. En concreto, por lo Guardia Civil. Incluso los alcaldes corruptos son personas de orden. Si se fijan bien en las imágenes de los periódicos, los furgones de la policía suelen estacionar en los aparcamientos reservados para los vehículos oficiales. Debe de ser que, cuando sospechan que le van a detener, dejan un sitio libre para poder decir que colaboran con la investigación.
La corrupción empieza a ser tan grave que cada vez que aparece un alcalde con grilletes hay que recordar, para tranquilizarnos, que en España hay 8.000 que son honrados. Es como tener que explicar cada vez que detienen a un asesino, que hay 48 millones de españoles que no han matado a nadie. Fíjense si la cosa se ha puesto fea, que cada día es más difícil buscar un candidato a alcalde. Hay partidos políticos, e incluso vecinos, que antes de quedarse sin alcalde prefieren tener uno corrupto. Más vale un corrupto que se lo lleve a dos manos, que ciento volando que sean honrados.
Aunque parecía que en temas de corrupción estaba todo inventado, es posible la innovación. Juan Enciso, en El Ejido, ha demostrado que se puede robar a espuertas sin necesidad de convenios urbanísticos, recalificaciones y reglazos al PGOU. Es de los pocos casos de corrupción donde no se ha detenido al concejal de Urbanismo. Enciso, con una empresa multiservicios, ha sido capaz de extraer del ayuntamiento 20 millones de euros al año colocando baldosas a 2.160 euros la unidad o bombillas a 572 euros la pieza. Si hay algún alcalde que sea capaz de superarlo que se presente a las próximas elecciones. Sus vecinos no sé si se lo agradecerán, pero posiblemente le voten.
También habría que botar -sí, con b- a los dirigentes del PP y del PSOE que se atreven a hablar de El Ejido. Los primeros han tenido 16 años al alcalde como militante. Los segundos lo han disfrutado dos como socio de gobierno para mantenerse en la Diputación de Almería. Como ninguno de los dos partidos está libre de pecado, o se callan o podemos ya empezar a tirarles las primeras piedras. Los partidos políticos, en temas de corrupción, toman a los ciudadanos directamente por idiotas.
A falta de conocer más detalles procesales, hay un nexo común entre Enciso y el otro alcalde que le ha disputado estos días el protagonismo mediático, el socialista Cristóbal Torreblanca en la localidad malagueña de Almogía. Los dos llevan toda la vida instalados en el cargo. Torreblanca acumula 26 años y Enciso 18, lo que viene a demostrar que, en demasiadas ocasiones, las posibilidades de corromperse (Enciso) o de malearse (Torreblanca) son directamente proporcionales al tiempo que se lleva en el puesto. A los políticos de por vida les molesta mucho que se diga esto, pero es una verdad científica.
En los ayuntamientos, los días de intervención judicial, terminarán por colocar un cartel en las ventanillas de atención al ciudadano que diga: "Vuelva usted mañana, hoy hay redada". Los vecinos estarán avisados y no pensarán que los funcionarios andan otra vez de escaqueo. Imagínese que va usted al consistorio a domiciliar el recibo del IBI y se encuentra en la puerta a una docena de agentes de la Guardia Civil. Podría pensar: "Cada día se fían menos de los funcionarios, ahora además de obligarles a fichar le hacen un control de alcoholemia y le apuntan la hora de llegada". Por cierto, alguien ha leído o escuchado alguna explicación de los socios de Enciso en la empresa multiservicios. O sea, de Abengoa, Cajasol y Cajasur. A ninguna de ellas les llamó la atención las facturas increíbles con las que engordaban sus cuentas durante 14 años.
* ELPAIS.com - Opinión Andalucía - 27/10/2009
El alcalde de Alcalà de Xivert declara de nuevo como imputado por presunta prevaricación
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LEVANTE/Castelló* : El alcalde de Alcalà de Xivert y diputado provincial de Carreteras, el popular Francisco Juan Mars, ha declarado esta semana de nuevo en los juzgados de Vinaròs en calidad de imputado, acusado de un presunto delito de prevaricación por "permitir" que siguiera adelante la construcción de un edificio en la calle Barquero de Alcossebre pese a las denuncias vecinales y a los informes de tres técnicos municipales que alertaban de irregularidades.
La visita a los juzgados es la segunda que el diputado del PP realiza este año en calidad de imputado ya que hace sólo siete meses, el 2 de abril, ya compareció ante la justicia acusado de cometer presuntamente otro delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por una presunta irregularidad alrededor del patrimonio municipal del suelo. En abril, le acompañó la concejala de Hacienda, Cristina Pinilla. Este pasado lunes, fue otro de sus colaboradores en el equipo de gobierno, el concejal de Urbanismo, Javier Tosar, el que declaró junto a Juan también como imputado.
Su declaración forma parte del proceso abierto por los juzgados vinarocenses después de que la Fiscalía pidiera, hace ahora un año, abrir diligencias previas tras estudiar las denuncias de los vecinos de la calle Barquero. Los propietarios han presentado varias reclamaciones ante el consistorio, e incluso han abierto un proceso contencioso. Alegan que el equipo de gobierno de Francisco Juan permitió que se continuara con la construcción de un edificio de seis viviendas en esa calle obviando los informes de técnicos municipales (el secretario, la arquitecta y un técnico de urbanismo) emitidos en 2007 que ponían en duda que el proyecto se ajustara 100% a la legalidad. Los tres técnicos fueron despedidos en 2008.
Las dos denuncias por presunta prevaricación que el juzgado de Vinaròs investiga actualmente no son, sin embargo, los únicos frentes judiciales que el alcalde del PP tiene abiertos en estos momentos. En Madrid, el Tribunal de Cuentas todavía sigue investigando si se han dado irregularidades en la cuenta contable del consistorio en los pasados ejercicios mientras la Fiscalía de Castelló resolvió el pasado verano solicitar a los juzgados que se abra una nueva investigación en torno a la legalidad de un PAI en el área de Capicorb.
* Levante-EMV - V. SALINAS - 31.10.09
Foto: Imagen de archivo del edificio que ha provocado la denuncia. - c. p., levante-emv.com
"Pretoria": Beneficios de 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos
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ELPAÍS/Barcelona* : El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados, un beneficio de 45 millones. Todas estas operaciones seguían un guión parecido...
1) Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés García Sáez, Luigi (ex diputado del PSC expulsado de este partido hace tiempo), quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con los empresarios interesados, favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos.
2) Para asegurar la efectividad de la acción planeada, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.
3) La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio. Seguidamente a la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. Así, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios. Nunca era el Consistorio decisor de las modificaciones percibiéndose cantidades (comisiones) sin lógica comercial alguna pero en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas.
- Operación Pallaresa (Santa Coloma, 2001-2005). 13 millones de euros.
Esta operación supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan [de Urbanismo], la disminución de superficie comercial y de la dedicada a vivienda protegida para destinarla de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en nueve días.
Luis Andrés [García Sáez] recibió de la sociedad costarricense Marwood Internacional 1,3 millones de euros; la mitad fueron transferidos desde Suiza (Credit Suisse de Zurich) y la otra mitad a través de una operación de compensación.
- Operación Badalona (20022004). 14 millones de euros. Consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona SA de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, con una revalorización considerable. Quince meses después de la adquisición se vendió el solar a Espais y Procam. De lo expuesto se concluye que el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o "conseguidores". Los beneficiarios efectivos de este reparto fueron los imputados Prenafeta, Alavedra (ambos altos cargos en los Gobiernos de Jordi Pujol) y Luis de Andrés García.
- Operación Niesma (20032007). 17,8 millones de euros. Se trató de la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras (Barcelona) produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas (...) Se aumentó la densidad de edificabilidad, pasando de poder construirse 12 viviendas unifamiliares a permitirse la construcción de 83 viviendas en bloques plurifamiliares de planta baja más tres pisos de altura.
* ELPAIS.com - 31.10,09
Foto: Santa Coloma (Barcelona), registro ayuntamiento - elpais.com
Puerto Real: Duro revés del Supremo al proyecto de Las Aletas
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DIARIODECÁDIZ* : El Tribunal Supremo dio a conocer hoy una sentencia por la que "queda anulado y sin efecto" el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de abril de abril de 2007 por la que se declara zona de reserva una superficie 287 hectáreas de suelo de dominio público marítimo-terrestre situada dentro de las 527 hectáreas que integran el área de Las Aletas, término municipal de Puerto Real (Cádiz).
Asimismo, según la sentencia, el Supremo señaló que queda anulada la estipulación tercera del Convenio suscrito con fecha 30 de abril de 2007 entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía en cuanto dicha estipulación incluye en su ámbito territorial, junto a otros terrenos, las 287 hectáreas de suelos de dominio público marítimo terrestre afectos a la reserva acordada por el citado acuerdo del Consejo de Ministros.
Esta sentencia dictada por el Tribunal Supremo es consecuencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por WWF-Adena que argumentó en su denuncia que la Administración del Estado no es completamente libre para declarar una reserva del dominio público marítimo terrestre.
Además, WWF-AdenaDENA argumentó en su recurso que la ubicación de las actividades e instalaciones de la reserva vulnera lo dispuesto en el artículo 47 en relación con el artículo 32 de la Ley de Costas, ya que según dichos preceptos únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo terrestre para aquellas actividades e instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.
Igualmente, señaló en su recurso la ausencia de la evaluación ambiental estratégica, con infracción de lo dispuesto en los artículos 3.2.b y 7.3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
* Diario de Cádiz - Europa Press - 30.10.09
Foto: Imagen de los primeros movimientos de tierra sobre la superficie del parque de Las Aletas./Borja Benjumeda, diariodecadiz.es
El oasis catalán
JOSÉ MARIA MENA* : En el pretendido oasis catalán parece que hay fuego subterráneo como en las Tablas de Daimiel. Una de las instituciones más prestigiosas de Cataluña, una joya de nuestra cultura y un orgullo para todos, ha sufrido una succión impenitente, sistemática, agotadora, de las aguas que la enriquecían y embellecían, y ahora arde su subsuelo humeando por distintas grietas que van apareciendo:el caso Millet, o el de Santa Coloma, de variado colorido político, son buenos ejemplos.
De nada vale bombear confusión en la grieta del proceso penal confesando solamente lo ya descubierto. De nada vale bombear fingidos sentimentalismos en las grietas de viejos recuerdos, que reverdecen, de cuyo nombre parece desafortunado que quieran acordarse. En el drama ecológico de Daimiel sólo vale cegar los pozos abusivos e ilegales, devolver el agua a su cauce, respetar las leyes de la naturaleza. Del mismo modo, en los deplorables fenómenos de ecología social, ética o cívica que nos abruman con excesiva frecuencia, sólo vale la transparencia, la restitución, cegar los pozos de la codicia, atenerse a las leyes, que se haga justicia.
Algunos lances del proceso penal contra Millet han desconcertado o incluso escandalizado a la opinión pública. Es inevitable que algunos desconfiados piensen que no se hará justicia, sospechen de la honestidad del juez, porque hay mucho dinero por medio, y ha habido, en alguna ocasión anterior, jueces deshonestos. Pero debe decirse rotundamente que, desde ese punto de vista, se puede poner la mano en el fuego a favor del juez. Debe proclamarse, sin matices, su pulcritud e independencia. Sin embargo, esta proclamación tajante es perfectamente compatible con su posible desacierto. Y este posible desacierto es criticable.
La crítica a las decisiones judiciales, a causa de su desacierto, de su inoportunidad o de la simple discrepancia, es un ingrediente esencial de la convivencia democrática. El poder legislativo y el poder ejecutivo soportan con estoicismo las más severas críticas, justas o no. Los jueces, que administran el poder judicial, deben soportar del mismo modo, por más que sean severas, adversas o desacertadas, las críticas a lo que hacen o dejan de hacer.
Para que la crítica sea posible es preciso que exista información diáfana sobre las actuaciones judiciales, que por eso la Constitución ordena su publicidad, sólo limitable por causa del secreto previsto legalmente. Las leyes que regulan los trámites de los procesos no establecen la forma de producir o canalizar la información desde la oficina judicial a la opinión pública. Es posible que sea esta insuficiencia la que haya creado cauces oficiosos de información con efectos, o defectos, indeseables.
Sin embargo, la ley que regula el estatuto orgánico del ministerio fiscal sí establece esta fundamental función de la convivencia democrática. Así, encomienda a la fiscalía "informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia, y con respeto al secreto del sumario".
Ante el desconcierto o escándalo que generó la actuación judicial, la fiscalía de Cataluña estimó pertinente trasladar a la opinión pública determinados datos relacionados con acontecimientos relevantes del proceso. La que algunos medios calificaron como insólita actuación de la fiscalía no era más que puntual cumplimiento de una función legalmente prevista. Y era necesario, además, para general conocimiento de que la fiscalía había procurado cumplir, en toda la medida de sus posibilidades legales, con la obligación que le impone la ley de "velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes, y en los plazos y términos en ella señalados".
Mientras la fiscalía cumplía con su función legal de informar a la opinión pública y el juez del caso resolvía, o no, los demás jueces ejercían su derecho a expresar y difundir libremente sus ideas y opiniones, favorables o críticas, en relación con el asunto. Algún juez y alguna juez, a título individual, "como ciudadanos", expresaban su opinión sobre la llevanza del asunto, en términos que a la mayoría del colectivo le han producido una santa indignación corporativa.
Desde perspectivas políticas y mediáticas bienintencionadas se ha lamentado que afloren las discrepancias efectivamente existentes en el seno del mundo judicial, estimando que con ello se menoscaba la credibilidad del sistema o se dificulta la serenidad del juez, imprescindible para el acierto de sus decisiones. Estas perspectivas, probablemente, están teñidas de un cierto angelicalismo. El torbellino que envuelve al asunto Millet es un ingrediente más, un elemento consustancial del caso. El juez tendrá que ejercitar y exhibir su ecuanimidad, objetividad e independencia, en el interior del torbellino. Ése es su oficio.
El fuego subterráneo que resquebraja el oasis catalán no lo han prendido los ciudadanos de Cataluña, sino unos cuantos que, como en el resto de España, quieren llevarse toda el agua a su molino. Es deseable que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones para salir del atolladero de este inacabable espectáculo bochornoso. Pero sería también deseable que las instituciones produjeran, con más frecuencia, motivos de confianza.
* ELPAIS.com - Opinión Cataluña - 28.10.09
Admitida a trámite la querella por prevaricación y tráfico de influencias contra el anterior gobierno de Telde
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CANARIAS7* : El Juzgado de Instrucción nº5 de Telde ha admitido a trámite una querella por un supuesto delito de prevaricación y tráfico de influencias contra los políticos de PP y AFV-Ciuca que aprobaron la permuta de un edificio en Jinámar suscrita con empresas del grupo Hermanos Santana Cazorla.
Todos ellos han sido citados a declarar en calidad de imputados, incluyendo al representante legal de la compañía, según informa el periódico digital Teldeactualidad.
Según informa este medio digital, la querella, interpuesta por el Ayuntamiento de Telde y admitida a trámite por el Juzgado número 5, según consta en un auto de fecha 27 de octubre al que ha tenido acceso este periódico digital, va dirigida contra el ex alcalde Francisco Valido (PP), Benito Guillermo Reyes (AFV-Ciuca), María del Carmen Castellano (PP), Carmelo Reyes Rodríguez (AFV-Ciuca), María Antonia Torres González (PP), José Suárez (PP), Carmelo Oliva (PP), Raquel León (AFV-Ciuca) y el representante legal de la empresa Hermanos Santana Cazorla SL. Todos ellos han sido citados a declarar como imputados. Lo harán a partir del día 19 de noviembre, jornada en la que comparecerán ante el juez el ex primer edil Valido, Guillermo Reyes, María del Carmen Castellano, Carmelo Reyes y María Antonia Torres. El día 11 de noviembre es la fecha fijada por el juez para que todos ellos acudan al Juzgado a retirar copia de la querella.
* Canarias 7 - 30.10.09
Foto: Telde (Gran Canaria) - tiempoocio.com
El fiscal pide a Garzón la prisión incondicional para los seis políticos del 'caso Pretoria'
ELPERIÓDICO/Barcelona* : El fiscal anticorrupción Luis Pastor ha pedido el ingreso en prisión de los exaltos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, el director de servicios del Ayuntamiento, Pasqual Vela y el exdiputado del PSC, Luis García por su relación en el caso Pretoria.
Pastor también ha solicitado el bloqueo de las cuentas de los seis políticos imputados.
Asimismo, según han informado fuentes jurídicas, el fiscal Luis Pastor ha solicitado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para los empresarios Lluís Casamitjana y Josep Singla y de 100.000 euros para el también empresario Manuel Carrillo, el único de los nueve imputados que está en libertad a la espera de la decisión que adopte el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Sin dimisión del alcalde
El abogado de Muñoz, Fermín Morales, ha confirmado la petición del fiscal sobre su cliente y ha asegurado que el alcalde no se plantea dimitir de su cargo y que "está entero" aunque "sorprendido y desconcertado por la dimensión mediática que ha adquirido todo este asunto".
El magistrado ha aplazado alrededor de las 15.15 horas las comparecencias, después de tomar declaración a seis imputados
Cohecho y tráfico de influencias
La Fiscalía ha pedido la prisión de Muñoz por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal, pero no por blanqueo de capitales, según ha explicado el letrado, quien ha añadido que el juez no ha preguntado a su cliente si tiene cuentas bancarias fuera de España o si se ha enriquecido durante los últimos años. Las preguntas del magistrado, según el abogado de Muñoz, han girado entorno a los servicios y adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Santa Coloma.
Muñoz, que ha sido el quinto detenido en declarar ante Garzón,ha destacado también en su declaración que no conoce de nada a Alavedra y Prenafeta, por lo que su conexión con los detenidos se limita a que ha tenido trato con Luis García Sáez, Luigi, presunto cerebro de la trama.
Exaltos cargos de CiU
Por su parte, la defensa de Alavedra y Prenafeta, que ejerce el abogado Juan Córdoba, ha explicado que su declaración se ha prolongado durante 45 minutos y una hora, respectivamente, aunque no han querido confirmar si el fiscal ha solicitado su ingreso en prisión. "Se encuentran mal anímicamente aunque no han necesitado asistencia forense", ha explicado el letrado.
Las declaraciones prosiguen esta tarde con las comparecencias del director gerente de Servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma, Pasqual Vela; el presidente del Grupo Espais, Luis Casamitjana, y el presidente de Proinosa, Josep Singla.
Cerebro de la trama
Otro de los implicados en la presunta trama corrupta, el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo, ha quedado en libertad tras declarar esta mañana durante una hora ante el juez Garzón. Tendrá que regresar a las ocho de la tarde a la sede judicial para que se le notifique si se le impone la fianza de 100.000 euros, solicitada por el fiscal anticorrupción.
Fuentes presentes en la declaración han indicado que Carrillo ha negado durante su declaración cualquier relación con los hechos, que le vinculan con la supuesta trama de corrupción.
Tras el interrogatorio de este empresario ha entrado en el despacho del juez el exsecretario general de Presidencia de la Generalitat Lluis Prenafeta, al que ha seguido el exmilitante del PSC Luis García Sáez Luigi, considerado el cerebro de la trama.
* El Periódico - MARGARITA BATALLAS / AGENCIAS - 30.10.09
Foto: Los detenidos del 'caso Pretoria' llegan a la Audiencia Nacional. - AGUSTÍN CATALÁN, elperiodico.com
Valencia: Desnudos contra la corrupción
KAOSENLARED* : El colectivo ciudadano “No a la Corrupció” prepara una manifestación para el próximo sábado “ante las nuevas revelaciones que implican al president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al Partido Popular en la trama de corrupción Gürtel”. En esta ocasión, los miembros del colectivo y las miles de personas anónimas que ya se han adherido al colectivo escenificarán un entierro de la democracia ante el Palau de la Generalitat “asesinada por los políticos corruptos”.
En la presentación de la manifestación, que se iniciará el sábado 31 de octubre a las 18 horas desde la plaza de San Agustí, los convocantes de la “marcha fúnebre” pretenden contraponer con su desnudez, la pureza política de la ciudadanía frente a “la opacidad y oscurantismo del Consell de Francisco Camps”. “Los Gobernantes de la Comunitat Valenciana han traicionado los valores democráticos aprovechando sus cargos para beneficiarse. Además, han usurpado al pueblo su voluntad con sus tejemanejes y su negativa a dar explicaciones y su intento de normalización de la mentira y la corrupción”, afirman desde el colectivo.
Por ello, la acción del próximo sábado impulsada y apoyada por miles de ciudadanos valencianos pretende “recuperar la democracia para la ciudadanía”, escenificando una muerte de la democracia provocada por los políticos corruptos y un nacimiento de nuestro futuro democrático gracias al apoyo de todas las personas participantes. Los asistentes a la marcha llevarán cirios rojos, en señal de duelo, e irán acompañados de bandas de música, dolçaines i tabals, que tocarán a muerte. Tras recordar a las víctimas de la corrupción, el colectivo dará paso a la lectura de un manifiesto que celebrará el resurgir del cambio y la regeneración democrática con música y batukadas llenas de energía e ilusión por recuperar las posibilidades de un futuro mejor.
El Colectivo “No a la Corrupció” ya está formado por más de 12.500 valencianos y valencianas adheridos en la red social de internet Facebook i consiguió reunir a más de 3.000 personas, en tan sólo tres semanas de vida, el pasado mes de junio exigiendo la dimisión de Francisco Camps por su implicación en la trama corrupta.
PARA MÁS INFORMACIÓN: 655037680 - 651910231
* Kaos en la Red - “No a la Corrupció” - 28.10.09
Vecinos de Aranjuez piden una orden al juez para frenar las obras del parking
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ABC/Madrid* : La Asociación de Vecinos por la Protección del Patrimonio Histórico Artístico de Aranjuez estuvo ayer de juzgado en juzgado para conseguir la paralización inmediata de la construcción del aparcamiento subterráneo de la calle del Rey, obras que continuaban ayer pese a tener una orden que las prohíbe emitida el pasado 26 de octubre por el Gobierno regional.
El alcalde, Jesús Dionisio, del PSOE, tiene que parar las obras porque podrían vulnerar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La asociación vecinal acudió ayer al Juzgado número 3 de Aranjuez para adjuntar a su anterior denuncia la orden del Gobierno regional que frena las obras. «Para una paralización inmediata nos remitieron al Juzgado 2, de guardia, pero éste dijo que no le competía», señalan los vecinos.
* ABC - M. I. S. | MADRID - 30.10.09
Foto: I. Gil - abc.es
Andratx: El juez imputa al ex president Cañellas por la torre de Sant Elm
DIARIODEMALLORCA* : El juzgado de instrucción 7 de Palma notificó ayer la querella, interpuesta por la fiscalía anticorrupción hace unos meses y relacionada con presuntos desvíos de fondos y otras irregularidades en la gestión y mantenimiento de la torre de Sant Elm, en Andratx, al ex president del Govern por el Partido Popular (PP) Gabriel Cañellas.
El antiguo dirigente conservador, que lleva años apartado de la primera línea política, ha sido imputado en calidad de presidente de la Fundació Illes Balears, la entidad que cuidó del citado Castell durante años.
Cañellas, acompañado de su abogado, visitó ayer el juzgado de instrucción 7 de Palma, donde le fue facilitada una copia de la querella de la delegación en Balears de la fiscalía anticorrupción. El ex president del Govern ayer no prestó declaración sobre los hechos que se le atribuyen, una prueba que probablemente tenga lugar a principios del año que viene.
Para el próximo mes de diciembre el juzgado tiene previsto citar a varias personas relacionadas con la Fundació Illes Balears y el Ayuntamiento de Andratx, en calidad de testigos.
El actual consistorio de Andratx, gobernado por el Partido Socialista y Unió Mallorquina, detectó, tras las elecciones municipales de 2007, una serie de presuntas irregularidades en relación con los fondos que el anterior consistorio había dado para la conservación y aprovechamiento de la Torre de Sant Elm.
Estos hechos fueron denunciados ante la fiscalía anticorrupción que, tras realizar diversas pesquisas, interpuso la querella hace algunos meses.
El anterior Ayuntamiento de Andratx firmó, hace varios años, un convenio con la Fundació Illes Balears para sufragar los gastos de conservación del Castell de Sant Elm. Este acuerdo supuso que el consistorio sufragaba las facturas de electricidad, limpieza y servicios del recinto histórico y aportaba fondos para potenciar su empleo en actividades de "dinamización social".
Según la denuncia, el anterior consistorio pagó unos 90.000 euros a la Fundació Illes Balears, pero apenas existía documentación que justificara el uso del dinero. Entre las subvenciones otorgadas destacaba una de siete mil euros mensuales para abrir al público el antiguo castillo, que, sorprendentemente, únicamente tenía una actividad importante durante el tradicional pancaritat anual.
La querella de la fiscalía anticorrupción se interpuso por los presuntos delitos de prevaricación administrativa; malversación de caudales públicos; falsedad y fraude. Entre los querellados se encuentra también Eugenio Hidalgo, ex alcalde por el Partido Popular de Andratx y uno de los principales implicados en la supuesta trama de corrupción urbanística bautizada como Operación Voramar.
Cañellas ya fue imputado en sumarios durante su etapa como president del Govern, entre ellos los casos Calvià, Agricultura y Túnel de Sóller. Por este último, Cañellas se vio forzado a dimitir como president del Govern en 1995, aunque continuó como diputado en el Parlament. El Tribunal Superior de Justicia de Balears le declaró culpable de un cohecho ya prescrito y le absolvió de prevaricación, fallo confirmado por el Supremo.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/V.EZA - 30.10.09
Foto: diariodemallorca.es
Los vecinos denunciaron sin éxito las irregularidades de Santa Coloma de Gramenet
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ELMUNDO/Barcelona* : El registro en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet no ha hecho más que confirmar las sospechas de los vecinos que habían apuntado presuntas irregularidades en las reformas urbanísticas del municipio. Por ahora, en el frente de Santa Coloma de la operación Pretoria 2, la investigación se centra en tres proyectos avalados por el sello del alcalde, Bartomeu Muñoz.
Cúbics. Así denominan en el movimiento vecinal la promoción inmobiliaria Cúbics, que sería el eje de la presunta trama corrupta. Los continuos cambios respecto al plan inicial de alzar tres torres de 24, 17 y siete plantas sin que volviera a concurrir en un concurso público habían levantado polvareda. El complejo prevé construir 250 viviendas, un centenar de protección oficial y el resto ofertadas por la promotora Prosavi en régimen de alquiler.
Peri Santa Coloma Vella II.
Otra de las transformaciones en marcha que aparecen en la instrucción es la reforma del casco antiguo, en los alrededores del Ayuntamiento. La adjudicataria es Construcciones Ortega, muy significada en los últimos años en varios planes municipales y que ha hecho del Plan Especial de Reforma Interior (Peri) su emblema. Fuentes del caso confirman que el juez Garzón acudió al registro de las oficinas de la constructora en Hospitalet el pasado martes.
La reforma contempla erigir un edificio de 13 plantas destinado a usos comerciales, además de vivienda privada. Varios afectados -entre ellos, ancianos que pagan alquileres de renta antigua- han denunciado a Construcciones Ortega por las bajas indemnizaciones que les ofrece para dejar sus casas.
CIBA II. Es una de las transformaciones en las que aparece la huella de Gramepark, el ente municipal de vivienda que gestiona el 40% del presupuesto de Santa Coloma y cuyo presidente, Manuel Dobarco, es otro de los detenidos. Contempla tres edificios singulares junto al río Besós y una zona comercial de más de 4.000 metros cuadrados con una inversión de 60 millones de euros.
* El Mundo - Jordi Ribalaygue - 29.10.09
Foto: La promoción Cúbics, una de las investigadas por Garzón. | Quique García, elmundo.es
La Fiscalía denuncia al alcalde de Almuñécar por no colaborar con el Defensor del Pueblo Andaluz
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EUROPAPRESS* : La Fiscalía Provincial de Granada ha denunciado al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), por la posible comisión de un delito contra las instituciones del Estado al no colaborar con la Oficina Defensor del Pueblo Andaluz y obstruir su labor, confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
Su titular, José Chamizo, llevó esta posible obstrucción el pasado mes de junio a la Fiscalía Superior de Andalucía por su "actitud entorpecedora persistente" de las tareas de la institución basada en la falta de colaboración y desatención a la información solicitada por la misma en relación por más de una decena de quejas de ciudadanos.
En el escrito de denuncia, que ha sido trasladado al Decanato para que un juzgado de instrucción de Almuñécar asuma la investigación, la Fiscalía considera evidente que la postura del regidor sexitano, que no contestó a las reclamaciones salvo cuando el tema ya estaba en manos de instancias judiciales y había trascendido en los medios de comunicación, encaja con un delito de desobediencia del artículo 502 del Código Penal, que contempla penas de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años, según adelanta hoy el diario 'La Opinión de Granada'.
El Defensor del Pueblo Andaluz acudió a la justicia por primera vez en junio por "obstrucción" de su labor por parte de un representante de la Administración, una situación que obligaba a la institución a dar cuenta de ello ante el Parlamento de Andalucía y el Ministerio Fiscal.
Tal y como explicaron entonces desde la Oficina, ésta acumuló hasta cinco expedientes de quejas ciudadanas sin resolver por la falta de colaboración del Ayuntamiento a la hora de facilitar los informes y datos requeridos, a las que se sumaron seis expedientes más desde el año 2007, ninguno de ellos "atendidos", lo que produjo una situación de "acumulación de no colaboración" que constituye un supuesto de "especial gravedad".
Todos estos expedientes --la mayoría relacionados con el urbanismo-- siguieron su correspondiente tramitación, con la petición de informes iniciales, reiteración de solicitud de colaboración en numerosas ocasiones, contactos frecuentes y declaración de actitud entorpecedora por parte del Defensor. A pesar de ello, cinco expedientes "terminaron desatendidos", que se agravó con la suma de los últimos seis abiertos, "los cuales, uno detrás de otro, han sido completamente ignorados".
No obstante, la Oficina envió un "enésimo" escrito a Benavides -- que no obtuvo respuesta--, trasladándole la situación y advirtiéndole de que si en un plazo estipulado no recibía la colaboración "legalmente debida por el Consistorio con el envío de la información requerida en los expedientes de queja" daría conocimiento de ello al Parlamento y al Ministerio Fiscal.
Para el Defensor, al hecho de "dejar gravemente desatendido el derecho de los ciudadanos a formular quejas referidas al ayuntamiento de Almuñécar" se une en este caso el problema "de fondo" que representa que "un mecanismo de control de la actuación administrativa establecida en el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española está paralizado porque el deber legal del alcalde de colaborar con el Defensor no se realiza".
* Europa Press - 29.10.09
Foto: Almuñécar (Granada) - motrildigital.blogia.com
La trama corrupta de la operación ‘Pretoria’ obtuvo unos beneficios de 30 millones de euros
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ELCONFIDENCIAL/Cataluña* : Los beneficios de la trama corrupta que investiga en Cataluña el juez Baltasar Garzón se elevan, de momento, a unos 30 millones de euros, según manifestaron a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación. Estas mismas fuentes detallan que los dos principales implicados, los ex dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, eran los proveedores de los medios para la compra de solares y terrenos a los ayuntamientos.
El mediador de las operaciones era el ex diputado socialista Luis García Sáez, más conocido como Luigi en los ambientes financieros, que recibía los fondos y ejecutaba las operaciones de compra. Los tres conformaban, pues, una maquinaria perfectamente engrasada donde cada cual tenía su función específica. Luego, los buenos oficios de Luigi hacían que esos terrenos pudiesen ser recalificados, cosa que no siempre conseguían, aunque existen algunos indicios que hacen pensar que, en ocasiones, se sobornaba a cargos municipales. Una vez la recalificación en su haber, las parcelas eran vendidas a las constructoras, listas para comenzar a trabajar, de tal modo que las plusvalías que hubiesen conseguido los propios consistorios se deslizaban hábilmente hacia los bolsillos de los primeros compradores, es decir, hacia los tres ex políticos metidos a empresarios. Lo que no está claro todavía es si los abultados beneficios conseguidos mediante estas tácticas se quedaban en España o viajaban de nuevo a cuentas secretas en distintos paraísos fiscales.
Una partida de dinero movido desde la Isla de Jersey fue el hilo que condujo a los investigadores hasta la red catalana. Una vez comenzadas las pesquisas, el juez vigiló de cerca los movimientos de cada uno. Así, pudo determinarse también la supuesta implicación del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, que se dio de cuenta de las sospechosas operaciones de su antiguo compañero de partido, Luis García. Por contra, los constructores, últimos protagonistas de la red, pagaban el precio de mercado por los terrenos recalificados, aunque operaciones urbanísticas servidas en mantel sin problemas legales por medio son siempre un bocado apetecible y, sobre todo, ventajoso económicamente. Precisamente el hecho de que algunos de los capitales invertidos provenían de fuera de España es lo que provoca el delito de blanqueo de capitales, una de las acusaciones que realiza la Audiencia Nacional.
Construcciones de lujo en Santa Coloma
La mayor operación en la que estaban inmersos los implicados en la trama era la de Santa Coloma de Gramenet, con la urbanización de 65.000 metros cuadrados, de los que 10.000 son para uso público. El resto, se reparte entre 150 pisos de alto standing, cien viviendas de protección oficial, un hotel de 146 habitaciones y un multicine con 12 salas. En Badalona, la operación se ciñe a la ampliación del Puerto de esta localidad, relativamente cercana a la zona de Diagonal Mar, uno de los polos más modernos con que cuenta Barcelona. En el municipio de Sant Andreu de Llavaneres, se investiga la recalificación de varias parcelas, entre ellas una que acogerá la construcción de un polideportivo. En esta localidad, la Plataforma SOS Llavaneres había denunciado dos operaciones urbanísticas sospechosas, pero dichas denuncias habían sido archivadas por falta de pruebas. Ahora, se han vuelto a abrir.
Por otra parte, según informa la agencia Efe, en Madrid fue detenido el consejero delegado de Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo, por su presunta vinculación con la trama descubierta en Barcelona. Paralelamente, el secretario general de CDC, Artur Mas, dejó la puerta abierta a que los dos ex altos cargos de su formación, Prenafeta y Alavedra, pidan la baja voluntaria si el tema afecta al partido. El secretario general adjunto, Felip Puig, señaló anteayer que Convergència no pensaba tomar ninguna iniciativa para suspenderles de militancia hasta que no se aclarase su implicación.
* El Confidencial - Antonio Fernández (Barcelona).- 29/10/2009
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), ayuntamiento - cope.es
Andratx: La juez cita a Garau como imputado por el 'pelotazo' que le aprobó Munar
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ELMUNDO/Mallorca* : La juez del caso Andratx ha citado el próximo martes como imputado por un delito de tráfico de influencias al histórico ex jefe de Costas de Baleares para que explique cómo logró que el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar recalificara en su Plan Territorial los tres solares que posee en una zona protegida y catalogada como ANEI (Área Natural de Especial Interés) en Andratx denominada Punta de Sa Gavineta.
Una operación para la que el también ex presidente del Círculo de Bellas Artes no dudó en emplear a su propio hijo Antonio Garau Obrador con objeto de que, desde su puesto de vocal de la Ponencia Técnica de Urbanismo de la institución insular, votase a favor de la reconversión urbanística de dichas parcelas protegidas.
La magistrada María del Carmen González ha decidido asimismo imputar por el mismo delito a Garau Obrador, al que también ha emplazado a primera hora de la mañana del próximo martes, teniendo en cuenta no sólo su condición de hijo del propietario de los terrenos sino la existencia en el momento de la votación de un informe técnico que dejaba constancia de la "falta de servicios" de la zona. Una circunstancia que impedía que los terrenos de Garau pudiesen ser declarados como zona urbanizable. Finalmente la reconversión no llegó a materializarse al oponerse a la misma el ex alcalde de Andratx por el PP Eugenio Hidalgo, que era quien tenía que dar el visto bueno definitivo a la misma.
* El Mundo - Esteban Urreiztieta - 29.10.09
Foto: Andratx (Mallorca) - Antoni Sureda (wikipedia.org)
Una empresa de la trama recibió 12,4 millones de dinero público en un año
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PÚBLICO/Cataluña* : La maquinaria de corrupción descubierta en la operación Pretoria funcionaba hasta ayer a pleno rendimiento. La sociedad de gestión urbanística del Ayuntamiento de Santa Coloma, Gramepark, había concedido a Proinosa, la empresa de uno de los detenidos, la construcción de un aparcamiento en la avenida Banús hace apenas un mes.
En el último año, Proinosa, al frente de la cual figura Josep Singla, había sido adjudicataria de seis proyectos por parte del Ayuntamiento, cuyo valor total asciende a 12,4 millones de euros.
Negocio en los aparcamientos
Quizá porque en una ciudad tan densamente poblada como Santa Coloma ya quedaba poco espacio por edificar, la construcción de aparcamientos subterráneos seguía siendo negocio. Uno en el Parque Moragas, otro en la calle San Carlos y la reforma de un tercero iban a engordar sustancialmente las cuentas de Proinosa a costa de los fondos públicos. Además, a la empresa de Singla se le adjudicaron unas obras de un centro escolar y el proyecto de finalización de un edificio de viviendas.
Aún así, Josep Singla encontró el pasado miércoles día 21 los arrestos necesarios para quejarse amargamente ante el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, de la escasez de suelo edificable en Catalunya, durante una cena en que coincidieron en el Círculo de Economía.
De Marbella a Santa Coloma
La historia de su empresa ha estado muy vinculada al complejo Els Cubs. La compañía se hizo con las codiciadas manzanas 30.901 y 30.902 de Santa Coloma en 2004 mediante una sociedad creada ad hoc, Centro Comercial Gramenet, que compró el terreno en una operación cuyas cantidades se desconocen. Un año después, los terrenos eran recalificados para usos residenciales.
Tras ceder la edificación del proyecto a Proinosa, en la sociedad entraron los abogados Antonio Peñarroja y Francisco Alejandro Petrus, este último investigado por el caso BBV-Privanza. Tras salir de la firma, entró en la sociedad Enrique Viñas, cuya inmobiliaria Prosavi figura en el sumario de la operación Malaya por sus relaciones con Juan Antonio Roca, el cerebro de la corrupción urbanística en Marbella.
En 2007, Centro Comercial Gramenet y Prosavi se fusionaron y el proyecto siguió sufriendo cambios que lo alejaban cada vez más de los usos sociales. Terminó incluyendo 150 pisos de lujo, un multicine, una zona comercial y un hotel con 246 habitaciones. Els Cubs representa, según los investigadores, el "patrón" en que se basó la trama para hacer sus millonarios negocios.
En este sentido, el Plan Municipal de Santa Coloma 2007-2010, que preveía la construcción de 1.120 viviendas, es uno de los objetivos prioritarios de las pesquisas, según los investigadores.
Estos 12,4 millones de euros adjudicados a Proinosa elevan las cifras del fraude conocidas hasta ahora. Por el momento, las pesquisas no vinculan a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta de estas adjudicaciones. Estos dos antiguos próceres ligados a CiU habrían actuado de intermediarios entre cargos públicos y empresarios y habrían ayudado a blanquear el dinero obtenido por terceros de negocios fraudulentos en paraísos fiscales. Precisamente a uno de ellos, en las Islas Jersey, fueron a parar casi 21 millones de euros que Alavedra y Prenafeta habían sacado de sus manejos en la trama. Esas cantidades constituyeron el hilo del que tiraron los investigadores hasta llegar al centro de comercial colomense.
La hija de Prenafeta
Los registros efectuados por la UCO de la Guardia Civil a lo largo del miércoles se produjeron también en las sedes de las empresas Poliafers, Versabitur y Capital City Consulting.
En la primera de ellas, dedicada a elaborar informes, consta como administradora única una hija de Prenafeta, mientras que Versabitur es una inmobiliaria ligada al entorno de Macià Alavedra.
Doce meses de adjudicaciones a Proinosa
12.479.873 euros
Es la suma total de las seis adjudicaciones que ha conseguido la empresa de Josep Singla en Santa Coloma durante los últimos 12 meses. Se distribuyen de la siguiente forma:
3.093.827 euros.
Construcción de un aparcamiento subterráneo en la Avenida Banús.
626.837 euros
Reforma de un parking en la Rambla del Fondo.
3.450.231 euros
Construcción de otro aparcamiento en el Parque del Doctor Moragas.
927.460 euros
Estructura para la construcción de un centro escolar en la calle San Carlos.
3.781.744 euros
Construcción de un aparcamiento subterráneo en la calle San Carlos.
599.774 euros
Proyecto de finalización de un edificio de 29 viviendas en la Rambla del Fondo.
* Público - P. ÁGUEDA / A. M. VIDAL - MADRID / BARCELONA - 29/10/2009
Foto: Los tres edificios principales del complejo Els Cubs, buque insignia de Proinosa en Santa Coloma de Gramenet, ayer. - EDU BAYER, publico.es
Del 3% al Caso Palau, pasando por Santa Coloma
ELMUNDO/Cataluña* : El último golpe contra la corrupción urbanística, con epicentro en Santa Coloma de Gramenet, ha salpicado a los dos partidos políticos que se han turnado el gobierno de Cataluña desde la reinstauración de la democracia. Unos en el poder -como el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet- y otros ex de lo que fue época de dominio convergente sin titubeos -como el ex conseller de Economia del gobierno de Pujol-.
Esta irrupción del juez Baltasar Garzón en los consistorios catalanes y los últimos ataques directos del PSC a CiU a propósito de su relación con la fundación Trias Fargas, que recibió dinero del Palau de la Música, en pleno destape de años de desfalco en la entidad, parecen haber roto el pacto tácito de no agresión entre los dos grandes de la política catalana.
CiU culpa de este último caso de corrupción -incluso del que lleva sus siglas- al PSC, mientras los socialistas catalanes preparan una limpieza en sus filas. El caso Palau ha demostrado que diez años de desvío continuado de fondos pueden pasar desapercibidos -voluntaria o involuntariamente, eso lo decidirá el juez- en la calma chicha del oasis catalán. Convergentes y socialistas han gobernado mientras Fèlix Millet se llevaba unos 20 millones de euros -según la última calificación de la Fiscalía- de las cuentas de uno de los símbolos de Cataluña, el Palau de la Música.
Hasta el momento, los más destacados casos de corrupción urbanística en Cataluña en los que supuestamente estaban implicados cargos municipales han quedado en el aire. En Tarragona, el caso Terres Cavades, por el que se acusaba al ex alcalde Joan Miquel Nadal (CiU) de presionar a los propietarios para vender unos terrenos que luego recalificaría, sigue abierto. En Sant Cugat, en 2006, el ex alcalde Joan Aymerich (CiU) y otros siete funcionarios y arquitectos al servicio del consistorio fueron imputados por prevaricación.
'Ustedes tienen un problema. Y ese problema se llama 3%'
Tras años de calma relativa en este aspecto, se acumulan las acusaciones de corrupción y, pese a que las consecuencias electorales de estas informaciones son aún un misterio, que la sociedad catalana ha colocado la sombra de la duda sobre la clase política ya es un hecho. Una coyuntura que recuerda a esa otra en la que Pasqual Maragall, en pleno debate parlamentario, espetó a Artur Mas que el "problema" de CiU "se llama tres por ciento", en alusión a un supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de obras a través de la empresa Adigsa. Era el año 2005 y, tras la tormenta política, el entonces presidente de la Generalitat retiró sus palabras y los convergentes hicieron lo propio con la denuncia a Maragall.
Pero el entonces president ya había abierto la caja de los truenos cuestionando la limpieza de los 23 años de gobierno 'pujolista'. El conseller de Treball de Pujol, Ignasi Farreres, ha sido absuelto recientemente de los delitos continuados de prevaricación de funcionario público, de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario. El juez considera que Ferreres desconocía la existencia de los informes plagiados o falsos a través de los que se realizaba el desvío de fondos. La Audiencia de Barcelona condenaba, en cambio, a Josep Maria Servitje, ex secretario de Treball, a cuatro años y seis meses y al empresario implicado, Víctor Manuel Lorenzo Acuña, a dos años y tres meses de prisión.
Este es uno de los tres casos de supuestas irregularidades en Unió Democràtica de Catalunya (UDC) durante la época de Jordi Pujol, junto al caso Turismo, ya juzgado, y el caso Treball. Hasta el propio Pujol estuvo querellado por falsedad documental en el caso Banca Catalana, en los años 80, cuando la entidad financiera que quería ser referente de la independencia económica catalana frente al Banco de España cayó en picado. El caso, finalmente, prescribió.
La década de los 90 también tuvo su caso estrella de corrupción: el caso Hacienda, que se encuentra en la actualidad en pleno proceso judicial. La acusación sostiene que altos cargos de Hacienda de la Barcelona de los años 90 no inspeccionaban a determinadas empresas para recibir a cambio una compensación económica. El juicio ha sentado en el banquillo, además de a los máximos dirigentes de la Inspección de Barcelona de esa época, a un nutrido y popular grupo de empresarios, entre los que se encuentra Javier de la Rosa y Juan José Folchi, asesor del primero y también de Jordi Pujol, además del constructor y ex presidente del Barça Josep Lluís Núñez, entre muchos otros. La Fiscalía, en la acusación, habla de "pacto de silencio" entre empresarios y funcionarios públicos.
* El Mundo - Eva Belmonte - 28.10.09
Foto: Barcelona, parlament Catalunya- ub.es
Bilbao: El TVCP insiste en las irregularidades en La Peña
ELCORREO* : El informe definitivo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas insiste en las irregularidades cometidas en el proceso de construcción y adjudicación del polideportivo y parking para residentes del barrio bilbaíno de La Peña, tras rechazar las alegaciones del Ayuntamiento de la villa al texto preliminar, según se recoge en el documento, hecho público hoy.
El órgano fiscalizador asegura que, a petición del pleno del Parlamento vasco, se realizó un informe de fiscalización sobre la adjudicación, ejecución, recepción y liquidación de la obra del polideportivo y parking de La Peña en Bilbao, que fue aprobado con fecha 22 de septiembre de 2009 por la mayoría de los miembros del pleno, con los votos particulares de tres de ellos.
El trabajo del Tribunal ha consistido en la revisión de los expedientes de contratación por parte del organismo autónomo local Bilbao Kirolak, de la redacción del proyecto y dirección de obra adjudicado el 8 de mayo de 2002 y modificado posteriormente el 11 de septiembre de 2003. También se evalúan las obras de construcción del polideportivo y la concesión de la construcción y explotación de las obras del aparcamiento para residentes bajo el citado equipamiento deportivo adjudicadas el 24 de marzo de 2004, "verificando el cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso y los aspectos económicos derivados de la ejecución de ambos contratos".
Sin embargo, en relación con la redacción del proyecto y dirección de obra, el Tribunal destaca el incumplimiento de "determinados artículos" del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP).
En concreto, asegura que no consta en el expediente de contratación el informe jurídico sobre los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, ni el informe sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente, ni la fiscalización previa de la Intervención y tampoco figura la publicación de la adjudicación del contrato, entre otros aspectos.
También constata la modificación posterior del contrato, que supuso un incremento del importe adjudicado del 89% para incluir en el proyecto el estacionamiento de vehículos para residentes, lo que, en su opinión supone un incumpliento de "los principios de libre concurrencia e igualdad de oportunidades" y agrega que no se repercutió ese coste "en el precio por parcela fijado en el contrato de concesión de obra pública".
Polideportivo y aparcamiento
En relación con la construcción del polideportivo, el Tribunal indica que "no consta en el expediente la supervisión del proyecto", lo que ocasionó "un incremento del presupuesto para corregir deficiencias de medición, la no existencia de licencia de obras sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con la normativa urbanística, la falta de fiscalización previa por la intervención, y las ausencia de publicación de la adjudicación".
Por otro lado, el TVCP señala que, en la ejecución, se efectuaron 10 modificaciones que supusieron un incremento del 18 por ciento del importe de adjudicación, y tres ampliaciones del plazo de ejecución que lo aumentaron en un 50%.
En lo referente a la concesión de la construcción y explotación de la obras de aparcamiento, se destaca "la falta de respaldo jurídico para la intervención de Bilbao Kirolak", ya que la competencia, en esta materia, corresponde al Ayuntamiento. Por otra parte, indica que "no consta el estudio de viabilidad" y que, a la fecha de licitación, "la construcción fue realizada al margen de las previsiones urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana".
También se destaca, respecto al rescate de 77 plazas de aparcamiento realizado por el Ayuntamiento en 2007 y 2008, "la ausencia de informe o justificación económica alguna en el expediente que soporte la cláusula que rige la adquisición de aquellas plazas no transmitidas por el adjudicatario". Por último, el informe del TVCP incorpora diversos anexos aclaratorios al mismo, así como los tres votos particulares en su integridad.
* El Correo Digital - 28.10.09
Foto: Bilbao, ayuntamiento - flickr.com
