El TSJ enmienda una ley del Consell por fijar unos límites permisivos de contaminación

LEVANTE/Valencia* : La Generalitat Valenciana deberá modificar la Ley de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental de 2006, por ser contraria a la normativa estatal al fijar unos "valores límite de emisión" de determinados contaminantes atmosféricos de algunas instalaciones que, según la Abogacía del Estado, disminuyen el nivel protector establecido a nivel estatal.

Así lo establece la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que "anula" el párrafo primero de esta ley "por ser contraria a derecho", al no cumplir la normativa estatal ni la europea, que es la que rige la protección medioambiental.
La sentencia, dictada por la sección primera de la Sala de lo contencioso-administrativo, declara "contrarios a derecho los valores límite de emisión fijados en la disposición adicional primera" del Decreto de la Generalitat, que desarrolla la ley valenciana de calidad ambiental.
La Sala explica que la ley valenciana modifica los parámetros de contaminación y, al mismo tiempo, acepta su inaplicación diciendo que es posible que no existan técnicas para medir los valores establecidos. Así, según el tribunal, obvia la normativa sobre las "mejores técnicas disponibles", que es lo que debe exigir, y que están "desarrolladas a escala europea bajo el control de la Comisión europea".
El TSJCV da la razón al Estado, que presentó un recurso contra esta ley, al entender que "viene a disminuir el nivel protector establecido en la legislación básica estatal, ya que las concentraciones de los contaminantes superan los valores límite de la emisión".
También entendía conculcada la "unidad de mercado", ya que "no es admisible que en una zona se pueda actuar con unos valores inferiores diferentes a los aplicables en otras zonas, pues se altera el régimen de producción y los precios finales del producto".

Recurso del Estado
Aquí el Estado estaba aludiendo a los principios de competencia, al estimar que la Generalitat estaba favoreciendo a las industrias en el terreno de la Comunitat Valenciana, al rebajar el nivel permitido de contaminación ambiental.
El recurso añade que "algunos de los niveles fijados en la norma autonómica pueden ser más permisivo que los establecidos en la norma estatal", ya que la ley valenciana sustituye ciertos términos y unidades respecto de algunos contaminantes, con lo que "se han modificado los parámetros de referencia".
La Generalitat, no obstante, adujo en todo momento que no había reducido los niveles de emisión, sino sólo que modificaba los parámetros. Pero, como "los parámetros de la normativa estatal y autonómica no siempre coinciden" y, ante la falta de informes periciales, el tribunal manifesta que "no cuenta con suficientes elementos probatorios como para concluir la ilegalidad de los concretos valores numéricos fijados en la norma autonómica".
Sin embargo, la ley valenciana "condiciona expresamente la aplicación de los valores límite de emisión a la existencia de técnicas disponibles". Y ello significa que es posible que no existan técnicas disponibles para cumplir estos valores, con lo que serían inaplicables.
Así, la Sala anula esta disposición, ya que la Generalitat debería haber establecido que los valores límite deben basarse en "las mejores técnicas disponibles", según establece una Directiva Europea de control medioambiental.







* Levante-EMV -REGINA LAGUNA - 18.09.09
Foto: Contaminación atmosférica sobre Valencia. - josé aleixandre, levante-emv.com

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Millet confiesa que pagó comisiones para costear las obras del Palau

ELPAÍS/Barcelona* : Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música Catalana, ha puesto en marcha el ventilador. Acorralado por las informaciones que han ido conociéndose este mes (avanzadas por EL PAÍS) sobre cómo se apropió de fondos de la entidad para lucro personal, ahora ha reconocido que pagó comisiones a particulares para lograr fondos públicos y privados con los que sufragar las obras de restauración y ampliación del simbólico edificio modernista.

En una carta dirigida al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona -que investiga una querella de la fiscalía contra él y otras cuatro personas por el desvío de 2,3 millones de euros de la Fundación del Orfeó Català y de esta asociación musical-, Millet reconoce que el pago de las comisiones nunca fue contabilizado "debidamente" en las cuentas del Palau, pero no detalla qué cargos ocupaban los beneficiarios, a excepción de la retribución fija de 12.000 euros al mes que cobraba un vicepresidente de la fundación y la comisión que percibía una directiva de la entidad.

La iniciativa puede tener repercusiones políticas ya que Millet fue patrono de la FAES catalana entre 2003 y 2007, cuando el Palau recibió importantes subvenciones de los gobiernos del PP, entre otros. Las obras de ampliación y reforma costaron 24 millones de euros, casi el triple de los 1.500 millones de pesetas (nueve millones de euros) en que se presupuestaron en 1999.

Además, después de que los Mossos registrasen el Palau, el 23 de julio, Millet pidió ayuda, sin éxito, a dirigentes de Convergència para que le ayudaran a poner al frente del Palau y de la aseguradora Agrupació Mútua a hombres de su total confianza: el ex presidente de Caixa Girona Arcadi Calzada y Miquel Navas, respectivamente. En su carta, Millet admite que se apropió de al menos 3,3 millones de euros de los fondos públicos con los que se nutre el Palau.De los 3,3 millones que Millet confiesa haberse quedado, 1,3 procedían de la Fundación Orfeó Català y se dedicaron a reformar inmuebles de su familia situados en L'Ametlla del Vallès y Barcelona. Otro medio millón de euros con cargo a las cuentas del Palau se gastó en subvencionar viajes privados de la familia Millet y de Jordi Montull, ex director administrativo y también querellado.

Finalmente, Millet confiesa en la carta que vendió al Orfeó por tres millones de euros un local tasado en la mitad de precio que había sido comprado por una sociedad de la que él y Montull eran propietarios en el 80% y el 20%, respectivamente. La venta se produjo el día antes de que los Mossos registrasen el Palau y se llevasen abundante documentación que los peritos están analizando.

En la misma línea que quien fue su jefe durante años, Montull confiesa que suscribe "plenamente" la inculpación de Millet y explica que fue él quien contactó con los industriales para que reformasen las casas particulares, quien negoció los viajes privados de sus familias y quien firmó los cheques para vaciar las cuentas del Palau. Montull va más allá y confiesa que, como consecuencia de la inspección de la Agencia Tributaria que se desarrolló en febrero de 2008, encargó la confección de facturas falsas para eludir al fisco. Las facturas las realizaron pequeñas empresas que estaban en quiebra o eran investigadas por Hacienda, y cuando Montull las tuvo en su poder, se las entregó a su hija Gemma, también querellada, y al abogado Santiago Llopart, del bufete Bergós. Según Montull, ambos desconocían la falsedad de las facturas cuando se las entregaron a los inspectores de Hacienda.

Fuentes judiciales explicaron que, con la intención de reparar el daño causado a las entidades que dirigió, Millet ha depositado 1,6 millones de euros en el juzgado, y Montull, 200.000 euros. A lo sumo eso le podría comportar una pequeña atenuante tras el juicio. En este sentido, la auditoría encargada por los nuevos gestores que se está realizando puede revelar otras muchas irregularidades, entre las que también se incluye la autoasignación de un sueldo de 1,6 millones de euros en 2008.






* ELPAIS.com - PERE RÍOS / MIQUEL NOGUER - Barcelona - 18/09/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org

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La asociación de vecinos del Agra del Orzán critica la alta edificación del nuevo PGOM

LAVOZ/A Coruña* : Francisco Graña, presidente de la asociación de vecinos Agra del Orzán, ha enviado una carta al Ayuntamiento coruñés en la que muestra su indignación por el planteamiento urbanístico que se ha llevado a cabo en los últimos años en este barrio, así como por el que se proyecta en el PGOM redactado por Joan Busquets.

«Xa é unha tradición que no barrio de Agra do Orzán, dende fai máis de 25 anos, o goberno municipal coruñés promova a construcción de novas vivendas privadas nos terreos públicos, reservados no seu día para zonas verdes e equipamento social», se explica en el escrito.

En dicho documento también se afirma que el último proyecto incluido dentro de esta línea de actuación es el parque del Agra, «unha macrourbanización de 400 vivendas, ocupando parcelas propiedade do Estado». En este sentido, para este colectivo, el nuevo planteamiento urbanístico del Ayuntamiento continúa en esta línea, ya que se prevén construir 34.000 viviendas.

«Desde a asociación veciñal Agra rexeitamos este continuismo disfrazado de modernidade dunha política urbanística de sempre, que supón pan para hoxe e fame para mañá, que só beneficia a catro especuladores, que axudan a promover crises como a actual», remarca el colectivo, que se opone totalmente al PGOM.







* La Voz de Galicia - 17.09.09
Foto: A Coruña, zona Orzán - mma.es

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El fiscal se querella contra el alcalde de Castilleja de Guzmán por un delito urbanístico

DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha presentado una querella criminal contra Carmelo Ceba (PSOE), alcalde de Castilleja de Guzmán, por un delito contra la ordenación del territorio por dar licencia para una Escuela de Hostelería en un espacio libre y superando la superficie autorizada.

La querella de la Fiscalía dice que el alcalde autorizó en enero de 2008 la construcción de la Escuela de Hostelería en una parcela calificada como espacio libre por las Normas Subsidiarias del municipio, donde es "ilegal todo acto de construcción que contradiga tal uso, así como superar la superficie máxima construida del 50 por ciento".

La superficie total ocupada resultó ser de 15.230 metros cuadrados, es decir el 72,19 por ciento, según el fiscal, pero el proyecto aprobado por el Ayuntamiento contó con un informe favorable de dos técnicos municipales que certificaron una ocupación inferior al 50 por ciento tras excluir los vestuarios, instalaciones deportivas, el sótano, aparcamientos y superficie de viarios.

La denuncia fue presentada a la Fiscalía por un colectivo de vecinos, que denunciaron que al estar catalogado como espacio libre, la parcela no podría albergar instalaciones deportivas, quioscos o terrazas.

La Escuela de Hostelería está promovida por la Consejería de Empleo, la Mancomunidad para el Desarrollo y el Fomento del Aljarafe y el propio Ayuntamiento.

La querella se dirige contra el alcalde, el arquitecto municipal V.V.V., el arquitecto redactor del PGOU, J.C.M.Z., y los concejales que, según la investigación posterior del juzgado, se demuestre que firmaron el acuerdo municipal del 31 de enero de 2008 que concedió la licencia urbanística a la empresa constructora de la Escuela.

El acuerdo municipal, explica el fiscal, estaba avalado por los informes de los dos arquitectos que certificaron que el proyecto cumplía las Normas Subsidiarias, tanto en lo relativo a su uso -Escuela de Hostelería- como al porcentaje de ocupación.

El alcalde, ante las protestas de los vecinos afectados, les respondió que el uso como restaurante y bar tenía un carácter "docente" y "en ningún caso debe ocasionar molestias en su entorno, dado que no funcionará durante la noche ni durante los fines de semana, concluyendo su actividad a las cinco de la tarde".

"La escuela no está enfocada a un uso comercial de restaurante, y sí como centro de formación con un alto nivel constructivo, técnico y formación", explicó entonces Ceba en una carta a los vecinos, según recuerda la querella.

Pese a ello, la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Junta llevó a cabo una investigación y concluyó que el proyecto incumplía la normativa en cuanto al uso y el porcentaje de ocupación, por lo que ahora el fiscal imputa a los tres denunciados de un presunto delito contra la ordenación del territorio.

Fuentes judiciales han explicado que la querella de la Fiscalía será repartida ahora entre los juzgados de instrucción de Sevilla, que llevará a cabo las diligencias de investigación.









* Diario de Sevilla - EFE - 17.09.09
Foto: Castilleja de Guzmán (Sevilla) , ayuntamiento - sevillaweb.info

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Mallorca: La juez imputa a Garau por tráfico de influencias para lograr un 'pelotazo'

ELMUNDO/Mallorca* : La juez del caso Andratx imputa un delito de tráfico de influencias al histórico ex jefe de Costas de Baleares por lograr que el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar recalificara en su Plan Territorial los tres solares que posee en una zona protegida y catalogada como ANEI (Área Natural de Especial Interés) denominada Punta de Sa Gavineta.

Una operación para la que el también ex presidente del Círculo de Bellas Artes no dudó en emplear a su propio hijo Antonio Garau Obrador con objeto de que, desde su puesto de vocal de la Ponencia Técnica de Urbanismo de la institución insular, votase a favor de la reconversión urbanística de dichas parcelas protegidas.

La magistrada María del Carmen González ha decidido asimismo imputar por el mismo delito a Garau Obrador teniendo en cuenta no sólo su condición de hijo del propietario de los terrenos sino la existencia en el momento de la votación de un informe técnico que dejaba constancia de la «falta de servicios» de la zona. Una circunstancia que impedía que los terrenos de Garau pudiesen ser declarados como zona urbanizable.

Pese a que finalmente la reconversión no llegó a materializarse al oponerse a la misma el ex alcalde de Andratx por el PP Eugenio Hidalgo, que era quien tenía que dar el visto bueno definitivo a la misma –solicitó sin éxito como condición de acuerdo con sus técnicos que si se declaraban urbanos los terrenos de Garau debían serlo también el resto ubicados en la zona para que no hubiera discriminaciones–, la juez subraya que Garau hijo «defendió la postura de la naturaleza urbana de los solares en cuestión aún y cuando constaba la existencia de una visita de inspección de junio de 2005 que no detecta ningún servicio, salvo un acceso más bien rural».







* El Mundo - Esteban Urreiztieta | Palma - 17.09.09
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org

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Ourense: La crisis y el rechazo vecinal frenan proyectos para hacer seis parkings en el casco urbano

FARODEVIGO* : Por un lado el recelo de las empresas constructoras a invertir en un momento de crisis económica y por otro el rechazo de ciertos colectivos y plataformas vecinales a que les quiten la paz del barrio con un parking están frenando la construcción de una media docena de estacionamientos subterráneos en el casco urbano, con los que el Concello pretende paliar , según la edil de Urbanismo Áurea Soto, "el creciente déficit de plazas que hay en determinadas zonas de la ciudad".

El caso más reciente y con una polémica más estéril es el del parking previsto para la calle Valle Inclán en la confluencia con Celso Emilio Ferreiro y bajo unos jardinillos colindantes con los antiguos pabellones militares.
Los vecinos se habían puesto en pie de guerra contra la instalación de una grúa en ese jardín para hacer un hotel y sobre todo contra la "inminente" construcción señalaron de un parking subterráneo de cuatro plantas bajo los mencionados jardinillos. Pero no hay tal aparcamiento, al menos por ahora.
Tras la reunión mantenida esta misma semana entre el portavoz de la plataforma vecinal de Valle Inclán José Antonio Alonso, colectivo contrari a la construcción de este parking, con el alcalde, Francisco Rodríguez y la edil de Urbanismo, Áurea Soto, "le aclaramos que no está previsto construir ningún estacionamiento en la zona, porque primero no hay empresas interesadas en hacer la oferta y además lo único que hicimos público fue un estudio de viabilidad de ese parking", explicó la concejala.
El alcalde se comprometió además en esta reunión con los vecinos de la calle Valle Inclán y aledaños "a informarlos con suficiente antelación de todo lo que ocurra con este proyecto, porque nosotros creemos que no va a beneficiar a nuestra zona, supondrá el cierre de comercios y además si se hace eliminará casi cien plazas de uso libre en superficie" en todo el entorno , indica el portavoz vecinal.
Para Áurea Soto, la situación es especialmente difícil "y todas las propuestas de estacionamiento subterráneo que tenemos en marcha salvo una prevista para a A Ponte están paradas porque no conseguimos captar el interés de las empresas constructora, en un momento que consideran que no es el más adecuado para invertir y menos una cantidad tan importante".
Ahí quedan los proyectos de estacionamiento subterráneo en calle Dalí en el barrio de O Couto, que no han conseguido candidatos pese a que se encuentra en una zona de crecimiento y que tras la apertura de esta calle acercaría ese parking al centro urbano. los vecinos tampoco quieren este aparcamiento. Tampoco hay candidatos para el parking de Pena Trevinca propuesto por el PP, , el de las naves de Tabarés en A Ponte o el de ampliación del edificio Solaina cerca de Os Remedios.







* Faro de Vigo - M.J.A. - 17.09.09
Foto: Parque de los pabellones militares en Valle Inclán. // Iñaki Osorio, farodevigo.es

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Estepona: 'Astapa', gota a gota

SUR/Málaga* : Un 70% de la documentación intervenida en la operación contra la presunta trama de corrupción municipal en Estepona aún está por analizar y el juzgado continúa sin juez de apoyo. Los agentes que participaron en la operación policial que puso al descubierto la presunta trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona requisaron toneladas de documentos y una veintena de discos duros de ordenadores en los casi 40 registros que se practicaron tanto en dependencias municipales como en despachos profesionales y domicilios particulares.

Quince meses después de la 'operación Astapa' sólo un 30% de la documentación intervenida ha podido ser analizada por los investigadores, que tienen que dar con los hilos de donde tirar para que pueda seguir avanzando la instrucción judicial. La causa, además, sigue lastrando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, uno de los más colapsados del país, que aunque cuenta ya con un juez titular desde este verano, continúa aún sin un magistrado de apoyo que pueda ocuparse del resto de los asuntos.
Ciento cincuenta cajas, con miles de folios cada una, contienen toda la documentación intervenida en los registros de 'Astapa'. Hasta ahora los investigadores han podido analizar solo un 30% del total. El gran volumen de papel hace complicado su manejo y, por tanto, ralentiza su estudio. Hace unos meses el juzgado solicitó a la Junta de Andalucía que pusiera los medios para escanear las toneladas de documentación, «sobre todo, para hacer más fácil y rápido ese análisis», según explicaron fuentes del caso. Sin embargo, esa digitalización aún esta pendiente. «Es una tarea complicada que aún no se ha podido llevar a cabo por la baja por enfermedad del especialista que debe hacerlo», se excusaron fuentes de la Consejería de Justicia y Administración Pública que, sin embargo, no fijaron fecha para el comienzo de la digitalización.
Convenios urbanísticos
El caso es que miles de documentos relacionados con convenios urbanísticos, expedientes de disciplina y contratos, entre otros, del Ayuntamiento de Estepona aún están por examinar y, por tanto, de sostener con pruebas contundentes lo ya averiguado hasta ahora en el transcurso de la investigación. También está pendiente de conclusión la valoración económica de los aprovechamientos y compensaciones de terrenos que se acordaron en los convenios que suscribió el Consistorio.
El gota a gota de Astapa es un suma y sigue. El caso ha estado prácticamente paralizado tras la marcha de su jueza titular, a finales del año pasado. Isabel Conejo apenas llevaba nueve meses en el juzgado cuando solicitó el traslado a otro de nueva creación. La oficina judicial estuvo entonces a cargo de una jueza sustituta, Virtudes Molina, a quien correspondió la decisión de levantar parcialmente el secreto de sumario el pasado mes de junio, un año después de que se desencadenara la operación policial.
El nuevo titular, Jesús Torres Núñez, recién salido de la Escuela Judicial, aterrizó este verano en el complejo juzgado, el primer destino de en su carrera. En un tiempo récord ha tenido que ponerse al día del asunto, al que, sin embargo, no se podrá dedicar en exclusiva porque todavía no ha sido nombrado el juez de apoyo que deberá ocuparse del resto de los asuntos, que no son pocos, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, un destino que nunca ha tenido novios. Nadie lo quiere y por eso ningún juez, hasta el momento, se ha ofrecido de forma voluntaria como candidato a realizar las tareas de apoyo que necesita la oficina judicial. Fuentes judiciales, explican que «habrá que recurrir a la figura de la comisión de servicio». Por cierto, un sistema de trabajo que reservó en Marbella la gran sorpresa del 'caso Malaya' al recordado magistrado Miguel Ángel Torres, actualmente en destino mucho más tranquilo: Granada.








* SUR - MONTSE MARTÍN - 17.09.09
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org

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El juez imputa por prevaricación a los alcaldes de Yaiza, Tinajo y Arrecife

LAPROVINCIA/Lanzarote* : La 'Operación Unión' gira de nuevo. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha citado en calidad de imputados a los alcaldes de Yaiza, Tinajo y Arrecife dentro de una ronda de declaraciones que se prolongará desde el próximo viernes 18 de septiembre hasta el finales del mes de octubre.

Se trata, básicamente, de personas que ya prestaron declaración ante la Guardia Civil y a los que el juez imputa ahora de manera oficial en el marco de la presunta trama de corrupción que afecta a numerosas instituciones públicas de Lanzarote.


Las imputaciones más relevantes de esta segunda fase de la 'Operación Unión' tienen que ver con los máximos responsables de los Ayuntamientos de Yaiza, Tinajo y Arrecife. El magistrado instructor, que dirige la investigación junto a la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas y la Guardia Civil, ha citado como imputada a Gladys Acuña, máxima responsable del consistorio de Yaiza y perteneciente al PIL (Partido de Independientes de Lanzarote), formación que preside el principal imputado de esta causa, Dimas Martín.


Según aseguran fuentes próximas a la investigación, la citación de Acuña podría estar relacionada con un presunto delito de prevaricación a la hora de tramitar la licencia para construir la vivienda del arquitecto Carlos Morales, también investigado en la trama. Morales prestó declaración ante la Guardia Civil el pasado 3 de junio y se le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, por la construcción de una vivienda en Puerto Calero (Yaiza), en terreno protegido.


Otro de los aspectos por el que se investiga a la alcaldesa Gladys Acuña tiene que ver con el envío de una cuadrilla de trabajadores del ayuntamiento a una de las viviendas del líder del PIL, Dimas Martín, para realizar una serie de obras con cargo, presuntamente, al erario público municipal.







* La Provincia - PEDRO GUERRA - 16.09.09
Foto: Arrecife (Lanzarote) - EDDC.NET

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Enseñanza frente a la especulación

ELPAÍS/Vizcaya* : Santurtzi asiste desde hace tres años a la batalla judicial por derribar un céntrico colegio centenario para construir en su lugar cien pisos de lujo. ¿Puede un colegio ya centenario competir con la recalificación de su céntrico solar para construir viviendas de lujo? Desde hace tres años, Santurtzi vive pendiente de una batalla que, en el marco de una economía de cemento y ladrillo, parece desequilibrada a priori. Pero el humilde centro educativo resiste, soportado en un unánime respaldo vecinal que incluso lo ha convertido en icono.

Hasta el punto de que la incertidumbre sobre su futuro ha traspasado las barreras municipales. El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, anunció ayer en la localidad vizcaína que presentará una iniciativa urgente ante el Parlamento para "comprometer" al Ejecutivo autónomo "en defensa de la escuela".

No se refería a un asunto menor. La incertidumbre en torno al futuro de Hijas de la Cruz es poco menos que una cuestión de Estado en la octava localidad más poblada de Euskadi. Ha mantenido en vilo a los vecinos de Santurtzi, muchos de los cuales han llegado incluso a lucir enseñas moradas en sus ventanas y balcones como muestra de solidaridad con el colegio, en el que estudian unos 500 alumnos.

Todo se remonta al mes de agosto de 2006, cuando el entonces alcalde, el socialista Javier Cruz, firmó un decreto para modificar el uso educativo de la parcela y permitir la construcción de un centenar de pisos. Fue el punto de partida de una intensa batalla judicial que está en pleno apogeo.

El origen del conflicto radica en la lucha por la titularidad de la fundación propietaria de la escuela. El heredero del fundador, Juan Manuel Mitjans, la asumió por su cuenta hace tres años y vendió el colegio, con sus 6.000 metros cuadrados, a una promotora por sólo nueve millones de euros. Todo apuntaba entonces a la inmediata entrada de la piqueta, pero, instigado por la oposición, el regidor rectificó y se comprometió a garantizar la continuidad del centro. El Ayuntamiento inició entonces la protección del solar frente a operaciones urbanísticas a través de su planeamiento y, con el apoyo del Gobierno vasco, reclamó también ante los tribunales el patronazgo de la institución.

La casualidad ha querido que tanto el gobierno local, como el autonómico, hayan cambiado de manos con el tiempo y la cuestión de la titularidad del colegio, clave para determinar si su venta se ajustó a derecho, aún no se ha dilucidado. El fallo del Tribunal Superior estaba previsto para el próximo día 22, pero se ha retrasado. El nuevo Ejecutivo de Vitoria, eso sí, ha modificado la postura del anterior y, aunque obligado legalmente por "silencio administrativo", ha reconocido como patrón a Mitjans. "No podemos permitir que la especulación se anteponga a un proyecto educativo centenario", recalcó ayer Oyarzabal.







* ELPAIS.com - UNAI MORÁN - Bilbao - 16/09/2009
Foto: Santurtzi (Vizcaya) - usuarios.lycos.es

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Medio Ambiente sigue con los PAI de Parcent pese a sus deficiencias

LEVANTE/Alicante* : La Conselleria de Medio Ambiente ha confirmado al Síndic de Greuges de la Comunitat, José Cholbi, que los expedientes de los tres planes urbanísticos aprobados en Parcent (Alicante) continúan su trámite "a efectos de aprobación", pese a contar con "deficiencias urbanísticas". Con un escrito, al que ha tenido acceso EFE, la Conselleria ha respondido así al Síndic, quien solicitó un informe relativo a los Programas de Actuación Integrada (PAI) de El Replà, El Cantalar y La Solana, al investigar la queja presentada a esta institución por parte de la asociación Veïns de Parcent.

Los tres planes urbanísticos, aprobados por el Ayuntamiento de Parcent en enero de 2006, prevén urbanizar 1.300.000 metros cuadrados con cerca de 1.800 nuevas viviendas y una previsión de más de 5.000 nuevos habitantes para un pueblo de cerca de 1.000 habitantes.

Así pues, el informe, remitido a Cholbi el pasado 18 de agosto, recoge que el Servicio Territorial de Medio Ambiente emitió para cada uno de los planes urbanísticos, dos informes desfavorables que recomiendan clasificar "como suelo no urbanizable de especial protección" el terreno a construir y, además, recoge "una relación de especies que se verán amenazadas por el desarrollo urbanístico".

Asimismo, la Conselleria indica que "no ha recaído resolución definitiva" sobre los PAI, puesto que se encuentran a la espera de que desde el consistorio de Parcent "se subsanen las deficiencias indicadas" en las tres advertencias de caducidad enviadas desde el 17 de diciembre de 2008.

Estas advertencias indicaban que de no subsanarse las deficiencias por parte del ayuntamiento, los expedientes caducarían en tres meses.

No obstante, según el informe de Conselleria, la última de ellas tuvo lugar el 18 de marzo de 2009, por lo que el plazo de tres meses ya ha expirado, si bien la Administración, a fecha de 16 de agosto, mantiene el trámite de los expedientes y continúa a la espera de la subsanación de las deficiencias de éstos por parte del Ayuntamiento.

Respecto a los recursos hídricos, el escrito confirma que el plan urbanístico cuenta con un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

"Los tres PAI deberían haber ya caducado pues el plazo ha vencido sobradamente" han indicado desde Veïns de Parcent, para quienes estos planes urbanísticos "cuentan con deficiencias de carácter urbanístico, de afección forestal y un informe desfavorable de la CHJ".

Para este colectivo resulta "sorprendente" que Medio Ambiente "siga pidiendo al Ayuntamiento, fuera de plazo, que se subsanen las deficiencias cuando ya habían advertido de la caducidad", por lo que no entienden el "porqué todavía no se ha declarado la caducidad de los PAI".







* Levante-EMV - EFE - 16.09.09
Foto: Parcent (Alicante) - diarioinformacion.com

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Piden 9 años de inhabilitación para el alcalde de Melón por prevaricar

LAVOZ/Ourense* : El alcalde de Melón, Alberto Pardellas (PP), podría verse obligado a abandonar el cargo por haber promovido la construcción de un pabellón de deportes sin las preceptivas licencias de obra y sin las correspondientes autorizaciones de Patrimonio y Urbanismo, junto al monasterio de Melón.

El regidor municipal fue denunciado ante el Juzgado de Ribadavia por dos vecinos -Luis Chao, arquitecto y ex senador del mismo partido en el que milita Pardellas, y Esther Pérez Álvarez- tras una serie de denuncias anteriores ante Urbanismo y Patrimonio por parte de otros vecinos que no surtieron el más mínimo efecto.

Tras la instrucción realizada en el Juzgado número 1 de Ribadavia, el escrito de acusación del Ministerio Fiscal solicita que Alberto Pardellas sea juzgado «por un delito de prevaricación urbanística» y pide que «se le imponga la pena de un año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 18 meses a razón de 20 euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del Art. 52 del Código Penal, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 9 años». El alcalde de Melón tendrá que comparecer ante uno de los juzgados de lo penal de Ourense, aunque todavía no está fijada la fecha para el juicio.

El conjunto monumental de origen cisterciense de Melón tiene la consideración de monumento histórico artístico desde 1931 y, además, cuenta con la consideración de bien de interés cultural (BIC), figuras de protección que, entre otras cuestiones, incluyen la obligación de contar con un informe preceptivo y vinculante de la Consellería de Cultura para realizar cualquier actuación en un radio de 100 metros lineales desde la parte más exterior del monumento. A escasos 70 metros del monasterio se iniciaron, en enero del 2005, los trabajos para la construcción del pabellón de deportes. Primero en su condición de alcalde en funciones y con posterioridad como alcalde electo de Melón, Alberto Pardellas fue en todo momento el promotor del proyecto y, según consta en la documentación presentada por la denuncia vecinal, contra los informes del propio secretario municipal.

Las obras, sin finalizar

A pesar de los sucesivos requerimientos de la Xunta, desde Urbanismo y Patrimonio, y de las órdenes de paralización y demolición de lo construido, el proyecto del pabellón de deportes se ha retomado en diferentes etapas, aunque no están finalizadas las obras.

Pardellas presentó recurso contencioso-administrativo contra la orden de derribo de Política Territorial. En sentencia de 20 de mayo del 2008, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó el recurso e impuso las costas al Concello de Melón, «pues sostener sus pretensiones con total carencia de fundamento tiene que ser calificado de temerario».








* La Voz de Galicia - Xosé Manoel Rodríguez - 16.09.09
Foto: Pardellas promovió sin licencia el pabellón a 70 metros del monasterio pese a que la ley establece que debía contar con un informe de Cultura - SANTI M. AMIL - lavozdegalicia.es

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Pamplona: La licencia de obras de la Ciudad de la Música caduca antes de comenzarlas

DIARIODENAVARRA* : Debería escucharse el fragor de las excavadoras, las voces de los operarios o el rumor de la tierra y los escombros que se agolpan. En definitiva, el trajín que precederá a los futuros ecos de música e instrumentos en el solar en el que se edificará la Ciudad de la Música de Pamplona, ubicada junto a la nueva Biblioteca y Filmoteca en Mendebaldea.

Pero el paisaje es muy diferente, y muestra una quietud insospechada. En la segunda semana de febrero se firmó la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Pamplona, con un plazo de seis meses para comenzar a ejecutar las obras. Pero las cuentas no salen. Han pasado casi siete meses y el terreno sigue igual que al principio. "No nos habíamos fijado que había caducado el plazo para comenzar las obras, por lo que vamos a proceder a pedir una prórroga de la licencia", admitió José Ramón Lasanta Montes, jefe de la Sección de Obras del Departamento de Educación.

Las vicisitudes de un proyecto

El Gobierno de Navarra autorizó el 4 de mayo el contrato de las obras de construcción de la parte dependiente del Departamento de Educación, es decir, las sedes del Conservatorio Superior y Profesional de Música de Navarra. Para ellas se destinó una partida de 28.364.887 euros, una cantidad notablemente superior a los 15 millones de euros anunciados para el complejo musical en septiembre de 2005.

En principio, las solicitudes de participación u ofertas debían presentarse entre el 21 de mayo y el 4 de julio.

Pero el Servicio de Obras y Mantenimiento del Departamento de Educación modificó en junio algunos contenidos del pliego de cláusulas administrativas, porque se dieron cuenta "de que podían tener problemas en la adjudicación", apunta Lasanta.

En estas correcciones se aumentó el valor de la propuesta técnica o se introdujo la obligación de depositar una garantía complementaria para la formalización del contrato, entre otras cuestiones.Por ello, el proceso volvió a retrasar la presentación de ofertas hasta el 10 de agosto.

"Por el momento, hemos recibido propuestas de 19 empresas. Se está realizando la valoración técnica de los constructores y esperamos que la apertura de previsión económica se realice el 21 de septiembre", prosigue Lasanta. Desde el Departamento de Educación aseguran que "las obras comenzarán con seguridad este año".

Por otra parte, la secretaria técnica del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona, Pilar Muñoz, asegura que no tiene constancia oficial de que hayan comenzado las obras de la futura Ciudad de la Música.

De modo paralelo, el pasado viernes 11 de septiembre se abrió el plazo que concluye este domingo para presentar las ofertas a la dirección de ingeniería, dirección técnica de arquitectura y de aparejador-arquitecto técnico de las obras.

Una demanda antigua

La arraigada cultura musical de Pamplona exige desde hace años unas instalaciones acordes a esta sensibilidad. Las aulas de la calle Aoiz (conservatorio superior) y Teresianas (profesional) no cumplen con los requisitos de la Ley Orgánica de Educación, por lo que en 2005 comenzó a plasmarse sobre el papel la futura Ciudad de la Música. Las expectativas iniciales eran muy halagüeñas y preveían que el complejo estuviese concluido en 2007. Han pasado dos años y ni siquiera se ve cercana la fecha en la que comiencen las obras.

El proyecto del Conservatorio Profesional y Superior de Música de Navarra incluyó inicialmente la sede de la Orquesta Sinfónica de Navarra, que finalmente se alojará en el Auditorio Barañáin.

El Gobierno estimó que el complejo, obra de los arquitectos Fernández Militino y Tellechea (TYM), estaría concluido en el año 2011. El dinero presupuestado se repartirá a lo largo de tres ejercicios: 2,6 millones en 2009; 11,1 en la partida presupuestaria de 2010, y finalmente 13 millones para 2011.

El Conservatorio Profesional, con una superficie útil de 6.038, 26 metros cuadrados, se edificará en la calle Ermitagaña, frente a la ikastola Jaso. Albergará seis aulas colectivas, 25 aulas de música, 35 salas de instrumental, 25 cabinas de estudio, biblioteca y sala informática, entre otras estancias.

Por su parte, el Conservatorio Superior contará con una superficie útil mayor, en concreto 7.433,04 metros cuadrados, y se ubicará detrás del Profesional. Contará con un auditorio y seis aulas colectivas, mediateca, biblioteca, 25 cabinas de estudio o 25 aulas de música de cámara, entre otras dependencias.






* Diario de Navarra - MICHELLE UNZUÉ - 16.09.09
Foto: Frente a la futura Biblioteca y Filmoteca de Navarra, cuyas obras avanza a buen ritmo, se ubica el solar de la Ciudad de la Música, vacío y sin actividad. - diariodenavarra.es

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El TS ratifica la anulación del Plan Especial del Parque Temático Al-Mansur

EUROPAPRESS/Córdoba* : El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tomó hoy conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ratifica la anulación del Plan Especial del Parque Temático Al-Mansur que la empresa Antrax TDL pretendía levantar cerca del yacimiento arqueológico Medina Azahara.

Según informó hoy en rueda de prensa el presidente de la GMU, Francisco Tejada (IU), esta sentencia confirma una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el acuerdo plenario de febrero del año 2000 en el que se denegaba la aprobación provisional del plan especial.

Tejada recordó que la empresa interpuso un recurso diciendo que el Ayuntamiento había cometido una infracción por ello y el TSJA confirmó el acuerdo municipal.

Por otro lado, el consejo rector abordó también el expediente de expropiación forzosa de los terrenos por donde discurrirá la futura travesía de Villarrubia, por lo que calculó que el inicio de las obras se llevarán a cabo el año que viene.

La actuación permitirá adaptar la actual carretera A-431 a las necesidades actuales y futuras de la circulación y de la población, dando un carácter más urbano a la vía y dotándola de mayor seguridad vial y accesibilidad en el entramado urbano

El responsable de urbanismo recordó que la Junta de Andalucía asume el cien por cien de la ejecución de la obra, que supone un ahorro de dos millones de euros para el Ayuntamiento de Córdoba. Por su parte, el Ayuntamiento se hará cargo de los gastos de las expropiaciones.








* Europa Press - 14.09.09
Foto: Córdoba, vista Medina_Azahara - wikanda.cordobapedia.es

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La Coordinadora Ecologista denuncia la falta de planificación del Principado

LNE* : La Coordinadora Ecologista de Asturias ha sido la primera en responder a la adjudicación de parques eólicos efectuada por la Consejería de Industria este fin de semana. En un comunicado hecho público ayer acusa al Gobierno regional de efectuar un proceso energético «sin planificación ni lógica que nos lleva a aumentar los problemas ambientales que ya tenemos».

Los ecologistas consideran que los cuarenta parques autorizados para el Occidente suponen «un disparate ambiental» e indican que el Principado no ha tenido en cuenta el impacto conjunto de las instalaciones, lo que «precisaría un estudio de impacto estructural que no se ha realizado». El estudio de impacto estructural está recogido en el decreto 1/2004 de 22 abril y se refiere a los proyectos de ordenación del territorio y urbanismo que afectan a numerosos núcleos de población de forma conjunta, según los datos que expone la Coordinadora.

Además, explica, todos esos parques precisarán líneas de evacuación energética, además de subestaciones eléctricas con sus consiguientes impactos en el territorio. Este aumento de la producción energética motivará, según los ecologistas, que «de hacerse todo lo que consiente el Principado, van a ser insuficientes las tres líneas de 400 Kv proyectadas, las 15 nuevas subestaciones de alta tensión y sus 30 líneas de alta».

La Coordinadora dice que los proyectos del sector empresarial energético que ha aprobado el Principado «suponen una muestra de su ceguera, que persiste en convertirnos en monocultivo energético primario». Además, los ecologistas dicen que la postura del Gobierno asturiano desdice al Gobierno central, que apuesta por instalar las centrales lo más cerca posible del punto de consumo, para evitar el transporte de energía y las pérdidas energéticas durante su evacuación.






* La Nueva España - T. CASCUDO - 15.09.09
Foto: parque_eolico - ecologismo.com

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Daños colaterales de la corrupción urbanística

MANUEL PARDO CASTILLO* : Es difícil abrir las páginas de un periódico, escuchar la radio o hacer "zapping" en la televisión sin que nos encontremos con uno o más casos de corrupción urbanística en España. "Transparencia internacional" es un organismo que hace anualmente el ranking de la corrupción de los diferentes paises del mundo. En el año 2.007 España ocupaba el poco honroso lugar vigésimo tercero y hoy ha descendido al puesto trigésimo sexto.

En una encuesta publicada por el DIARIO MONTAÑES el 30 de enero de 2.007 se decía que el 82,4% de los preguntados pensaban que la corrupción era preocupante en Cantabria, responsabilizando a políticos y funcionarios, aunque, añadían, que creían que no se había llegado al nivel de otras partes.
El ciudadano normal cuando oye hablar de corrupción urbanística piensa que alguna autoridad o funcionario ha dictado una resolución injusta a sabiendas (prevaricación) a cambio de la percepción de una determinada cantidad de dinero (cohecho). Es decir, que se ha dado un 'pelotazo urbanístico'. Mediante este censurable y delictivo proceder se han amasado grandes fortunas en España.
Pero decir que alguién se ha beneficiado a título personal prevaliéndose de su cargo público es decir poco. Y es que con ser grave el enriquecimiento injusto que conlleva la corrupción urbanística ésta tiene numerosos efectos colaterales que, creo, interesa resaltar porque suelen pasar desapercibidos.
España, al constituirse en un Estado social y democrático está consagrando el carácter servicial de la Administración y, por tanto, su carácter instrumental puesta al servicio de los ciudadanos. El artículo 103 de la Constitución dice que «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales ... con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho».
La ética pública y la preparación deben ser señales identificadoras de la función pública que se caracteriza por el servicio público. De entre los informes y documentos más conocidos e importantes sobre esta materia en el mundo occidental está el informe Nolan, denominado así por el apellido del Presidente de la Comisión que elaboró en 1.994, a petición del Primer Ministro británico, un documento sobre 'Normas de conducta para la vida pública' y cuyos principios más relevantes son: 1. Desinterés privado. Sólo deben tomarse decisiones con arreglo al interés público. 2. Integridad. Los que ocupan cargos públicos no debieran tener relación financiera o de otra índole con personas o empresas que puedan influir en sus decisiones. 3. Responsabilidad. Deben ser responsables de sus decisiones. 4. Transparencia. Tienen obligación de declarar sus intereses privados y 5. Liderazgo. Los que ocupan cargos públicos deben fomentar estos principios con su liderazgo y ejemplo.
Llegados a este punto podemos decir que la corrupción supone un grave atentado a la misma esencia del servicio público al convertirse el interés público en interés personal. Lo que se produce cuando hay corrupción es una falta de confianza en la democracia ya que los intereses de los ciudadanos son postergados en beneficio privado de quienes les gobiernan.
Se falsea el sistema de mercado y se socavan los principios de publicidad y concurrencia, porque ¿de qué le vale a una empresa hacer inversiones en mejorar su funcionamiento y eficacia si otras de menos entidad gozan del favor de las autoridades o funcionarios de turno?
Las prácticas corruptas rompen el principio de igualdad ya que aquellos que no las practican se ven en clara desigualdad a la hora de ejercer su actividad mercantil. Y no nos olvidemos de que desde el punto de vista económico, se elevan los precios de los bienes y servicios porque en el presupuesto hay que repercutir el precio de la 'mordida' y que muchos adquirentes de buena fe resultan seriamente perjudicados.
En definitiva, lo que prevalece es un clima social de engaño y mentira en el que todo se mide en función del dinero y del poder y en el que se pierde, poco a poco, la referencia humana que es fundamental en el sistema democrático.
Armas hay para frenar la corrupción (véanse en el ámbito municipal el art. 75 de la Ley de Bases de Régimen Local y su modificación por la nueva legislación urbanística nacional). Echamos en falta más periodismo de investigación y una justicia más ágil porque como dicen los ingleses 'Justice delayed, justice denied' (Justicia demorada, justicia denegada) y, desde luego, acabar con la tolerancia ante los corruptos como cuando oimos frases como 'roba pero es de los nuestros'.
Instrumentos no faltan pero ¿hay voluntad?



*Manuel Pardo Castillo es abogado





* El Diario Montañés - Opinión - 15.09.09

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El Atrium está parado a los 6 años de detectarse sus 88.576 metros de más

ELPAÍS/Alicante* : ESta semana se cumplen seis años de la muerte de tres trabajadores en las obras del complejo Gran Magic Atrium Beach, y de su paralización. A raíz de los accidentes, se reveló que la obra tenía un exceso de volumetría no permitido equivalente a once plantas de altura (88.576 metros cuadrados), que motivaron el anuncio de Rafael Blasco, entonces consejero de Territorio, de una "sanción ejemplar" que quedó en nada. Las obras, a día de hoy, siguen paradas por problemas legales y falta de financiación.

La primera licencia de obras que recibió el hotel en 1999 estaba condicionada al otorgamiento de la licencia de actividad y a la entrada en vigor de la revisión del PGOU y del estudio de detalle en tramitación. Aunque los informes municipales confirman que la empresa no subsanó las deficiencias notificadas, el empresario dio por concedida la licencia por silencio administrativo e inició la obra en 2002.

Las obras recibieron siete decretos de paralización entre el 21 de marzo de 2002 y el 17 de ese mes de 2003. A principios de 2003 un informe de la arquitecta municipal daba cuenta de un exceso de edificabilidad de 88.576 metros cuadrados cuando ya estaba acabándose la estructura del complejo, que tasó en 102 millones. Pero estos dos expedientes sancionadores se archivaron porque, como los decretos de paralización, se notificaron a Atrium Beach SL, del mismo dueño, pero no a Hotel Luna SA, responsable del Atrium.

El 11 de septiembre de 2003 falleció un trabajador en accidente y seis días más tarde otros dos. El Consell concluyó que las obras no se ajustaban a la normativa urbanística municipal. Y un año después impuso una sanción de 12 millones de euros que no se pagó al aducir la empresa que había recibido la resolución fuera del plazo legal de seis meses. Y ganó. El fallo judicial llegó en 2007, cuando la infracción había prescrito.

El 20 de octubre de 2005 el Pleno aprobó definitivamente el Plan de Reforma Interior y Mejora (PRIM) que debía legalizar la situación. Y acabó en el juzgado.

Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 2008 habrían modificado sustancialmente la situación legal de la obra. Una desestimó la idea de Hotel Luna SA de elevar la edificabilidad del PRIM y la otra anuló su aprobación al no ser conforme a derecho. Las licencias de obra del 18 de diciembre de 2006 y del 21 de mayo de 2007 quedaron sin cobertura legal.

Mientras el PRIM espera la sentencia definitiva del recurso presentado por el promotor al Tribunal Supremo, la empresa Garocala presentó otro Plan de Reforma para reordenar toda la zona donde está el Atrium. Ese nuevo PRIM ha sido aprobado por la Consejería y nadie ha recurrido, según Javier García, vicepresidente de la promotora del Atrium. Por ello pase lo que pase con el primero, García cree que disponen de una licencia de obras en vigor ratificada por una cédula urbanística. El Consistorio guarda un absoluto hermetismo. "El tema del Atrium está aparcado", repite.

Hotel Luna ha gastado ya 70 millones en la obra, que rebautizará como La Vila Resort y tendrá 1.404 habitaciones. La inversión total superará los 250 millones. El promotor espera encontrar financiación y retomar la obra antes de final de año.

La historia del Atrium Beach

- Licencia. El Ayuntamiento de La Vila Joiosa otorga licencia en junio de 1999, condicionada a una serie de requisitos

- Proyecto. La empresa presenta un proyecto de ejecución en julio de 2001 con la solicitud de concesión de licencia

- Exceso de construcción. Un informe detecta en febrero de 2003 la construcción de 88.576 metros de más.

- Expediente. Primer expediente sancionador del Ayuntamiento en marzo de 2003 por obras sin licencia

- Tres muertos. Dos accidentes, el 11 y el 17 de septiembre de 2003, causan la muerte a tres obreros. La obra se paraliza el 18.

- Sanción fallida. En octubre de 2004, Territorio comunica la sanción de 12 millones fuera del plazo legal.

- Legalización. La Vila aprueba el PRIM en julio de 2004.

- Permiso de obras. Decreto municipal en mayo de 2007 para retomar las obras

- Demolición incumplida. Un informe municipal revela que no se demolió el exceso de obra y que la licencia superaba la volumetría autorizada

- Anulación. El TSJ anula el PRIM en julio de 2008








* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 14/09/2009
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), hotel Atrium Beach (archivo) - laverdad.es

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Los monjes huidos de León por protestas vecinales regresan hoy a su monasterio

ABC* : A las once y media de la mañana de ayer llegaron al aeropuerto de Barajas los benedictinos que en agosto tuvieron que abandonar, escoltados por la Guardia Civil, su monasterio de San Salvador del Monte Irago, en Rabanal del Camino (León), ante la ira vecinal desatada a cuenta de la restauración de la iglesia románica del pueblo, de la que es párroco uno de los cenobitas, y de «la falta de respeto a nuestras costumbres y tradiciones», según denunció la junta de vecinos.

El superior de la comunidad religiosa, Juan Antonio Torres, declaró a ABC nada más pisar Madrid, procedente de Alemania -donde se había refugiado-, que «sólo espero que en España se respete el derecho a la libertad religiosa y a la propiedad privada y, con el obispo de Astorga a la cabeza, mañana -por hoy- podamos volver a nuestra casa».
La marcha de los monjes se produjo el pasado día 18 de agosto, precisamente cuando mayor es la afluencia de peregrinos del Camino de Santiago, a los que dan cobijo físico y espiritual, y cuando se dispara la presencia de vecinos, con la llegada de los veraneantes, en las siete parroquias que tienen encomendadas en la zona.
Actitudes violentas
Desde el Monasterio se emitió entonces un comunicado relatando cómo «durante la celebración de la Eucaristía no sólo se habían proferido insultos contra los monjes sino que, debido a las actitudes violentas, fue precisa la intervención de los guardias civiles para proteger nuestra integridad física». En este mismo comunicado manifestaban su rechazo «al empleo de la violencia física o moral como medio de solución de cualquier conflicto», y dejaban claro que el objeto de la trifulca, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, «es monumento declarado Bien Interés de Cultural por la Junta de Castilla y León y, en cuanto tal, corresponde únicamente a la Dirección General de Patrimonio la responsabilidad sobre cuantas obras se lleven a cabo en él».
Después de despachar en otros puntos las acusaciones de desaparición de obras de arte y hasta de querer modificar la configuración urbanística de la localidad, la comunidad benedictina subrayaba que «Nuestro Señor, venerado en Rabanal como el Bendito Cristo, nos manda amarnos y perdonarnos. En ese espíritu pedimos disculpas a cuantos se puedan haber sentido ofendidos por nuestras acciones, al mismo tiempo que perdonamos cuantas ofensas hemos podido recibir a los largo de estos días».
Exactamente lo mismo que el padre Torres repitió a este periódico hace una semana desde la Archiabadía de Santa Otilia, en el estado alemán de Baviera, de la que depende su comunidad, y desde donde se lamentaba de la situación de desatención que se estaba produciendo no sólo en sus parroquias sino hacia los cientos de caminantes que se dirigen a la tumba del Apóstol y que cada día esperan encontrar en ellos alimento para el espíritu y para el cuerpo, tanto en su convento como en su hospedería y en su hospital de peregrinos. Entonces, cuando aún no se sabía la fecha del regreso, el superior de los cuatro monjes que habitan este cenobio leonés rechazó hacer más declaraciones públicas justificando la decisión por la orden de su archiabad de que vivieran estos acontecimientos «con el mismo silencio y la misma voluntad de sacrificio con que Cristo vivió el calvario».
Almuerzo en un convento
Ayer, tras almorzar en un convento de monjas benedictinas próximo al aeropuerto, los monjes huidos emprendieron camino hacia León con la intención de pasar noche en Astorga y recuperar hoy el monasterio.
«Ya ha tenido que ir la fuerza pública a desbloquear la puerta -explicó- y confiemos en que al menos cuando lleguemos se nos respete el derecho a la vida. Ya veremos si se atreven, con el obispo a la cabeza, a impedir que entremos en nuestra casa», asegura Torres. Hoy sabremos cómo acaba la gesta de reconquista de los benedictinos de San Salvador del Monte Irago.







* ABC - VIRGINIA RÓDENAS - 14.09.09
Foto: Rabanal del Camino (León) - abc.es

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Cárcel para los dueños de un chalé por incumplir la orden judicial de derribo

DIARIODESEVILLA* : Un juez ha ordenado el encarcelamiento de dos personas para cumplir una condena de seis meses de cárcel, dado que aún no han cumplido la orden judicial de demolición de una vivienda declarada ilegal en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos .

Fuentes judiciales informaron ayer de que el Juzgado Penal 9 ha ordenado el ingreso en prisión de los dos condenados, miembros de la misma familia, por no haber demolido una vivienda y una piscina en la llamada Zona M de esa urbanización, situada en una zona forestal protegida, según sentencia firme de la Audiencia Provincial. El juez ha ordenado que la Policía y la Guardia Civil los detengan para su posterior ingreso en prisión, medida que sólo podrán eludir provisionalmente si recurren la decisión judicial.

Estas dos personas fueron inicialmente absueltas, en julio de 2007, por el Juzgado Penal porque levantaron las construcciones en medio de la "tolerancia municipal", que llegó a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a 500 vecinos de la misma urbanización.

La Audiencia Provincial de Sevilla revocó en enero pasado la sentencia y condenó a los propietarios a seis meses de prisión, el pago de una multa y a derribar a su costa las construcciones como única manera de reparar el daño.

La sala tuvo en cuenta que los procesados no habían pedido licencia al Ayuntamiento y que no era posible darla ni legalizar lo construido, pues hasta que no se apruebe el avance de PGOU de Castilblanco, que prevé legalizar algunas construcciones de la zona, no tiene ningún valor en el procedimiento penal porque el suelo sigue siendo no urbanizable.

Tras la sentencia firme de la Audiencia, el Juzgado Penal 9 requirió a los condenados el pasado 17 de febrero para que ejecutaran el derribo y hasta ahora no lo han hecho, a pesar de que fueron apercibidos personalmente de que podían incurrir en un delito de quebrantamiento de condena si no obedecían.

Ahora, el Juzgado les ha denegado la suspensión del derribo y también la propia suspensión del ingreso en prisión -que se acuerda en condenas de menos de dos años de cárcel si el interesado carece de antecedentes- dado que no han cumplido los requisitos legales, que incluyen la reparación del daño causado.

La primera orden de ingreso en prisión por un delito contra la ordenación del territorio en la provincia de Sevilla se produjo el pasado mes de enero, cuando el Juzgado Penal 10 ordenó el encarcelamiento de un vecino condenado a seis meses de cárcel por construir un chalé contrario al ordenamiento en el paraje Las Perreras y Mesa Carrasco de Gerena. El interesado eludió finalmente la cárcel al demoler de inmediato la construcción, han informado a Efe las citadas fuentes.

La Fiscalía para delitos de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha emprendido numerosas acciones contra chalés levantados en zonas protegida de la provincia, en especial en Las Minas de Castilblanco de los Arroyos.







* Diario de Sevilla - EFE - 14.09.09
Foto: Parcelas en construcción en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos. - diariodesevilla.es

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El ladrillo agota el beneficio del 'boom'

PÚBLICO* : Cinco años de explosión de beneficios para las inmobiliarias que aprovecharon la expansión urbanística desaforada están a punto de desaparecer. Las promotoras han necesitado sólo año y medio para perder el 89% de las ganancias acumuladas entre 2003 y 2007, los ejercicios dorados del boom inmobiliario. Desde enero de 2008 hasta junio pasado, estas empresas suman ya 7.217 millones de pérdidas, frente a los 8.114 millones atesorados en los citados cinco años.

De momento, las compañías del sector del ladrillo ya se han comido todo el beneficio de los tres últimos años de bonanza, de 2005 a 2007. Y si siguen a este ritmo, al cierre de este ejercicio pulverizarían todo lo cosechado en el boom.

Es cierto que una parte importante de esos beneficios en algunos casos, hasta la mitad ya han sido devorados por los propios accionistas de las promotoras, que se repartieron pingües dividendos en época de bonanza.

Pero las ganancias que no van a dividendos pasan a engordar los fondos propios de las empresas, que son el verdadero colchón de dinero en caso de problemas financieros, con lo que si los números rojos continúan, empeorará aún más su solvencia.

Sin embargo, hay ya una señal positiva que alegra un poco el sombrío panorama de un sector que entró en barrena en septiembre de 2007. En el primer semestre de este año, las principales inmobiliarias que cotizan en bolsa han logrado reducir sus pérdidas un 75%, hasta 1.217 millones.
Arañar liquidez

No obstante, la mejora no tiene nada que ver con el negocio, sino con que estas empresas han luchado con uñas y dientes por lograr liquidez vendiendo edificios y suelos in extremis. Y, por otro lado, las promotoras han tenido que hacer menos provisiones por la depreciación de sus activos que hace un año, es decir, han tenido que aportar menos dinero como colchón para compensar este menor valor.

Mientras tanto, el descalabro en la venta de viviendas sigue mermando los ingresos de las inmobiliarias, que bajaron un 21%, hasta 2.038 millones entre enero y junio. A eso se une que la venta de terrenos, otra destacada vía de negocio para muchas inmobiliarias, también está casi parada: las transacciones cayeron un 37% en el primer trimestre, según los datos del Ministerio de Vivienda.

Más preocupante es aún el dato de la deuda de las principales inmobiliarias cotizadas con la banca. Este agujero alcanza ya los 31.851 millones, mucho más que todos los beneficios de las empresas del Ibex 35 en el primer semestre, que superaron los 21.500 millones.

Las perspectivas de recuperación son lentas, pero se dan leves signos, como el hecho de que esta deuda financiera haya bajado un 17%.
Stock que se vende

En ventas, "estamos detectando que las promotoras que primero optaron por bajar precios para vender viviendas ya están logrando reducir su stock", afirma Javier García Mateo, director de análisis e investigación de mercados de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman. A juicio de García Mateo, la recuperación sigue dependiendo de estas rebajas.

La crisis inmobiliaria ya se ha cobrado una decena de suspensiones de pagos de grandes promotoras y centenares de otras pymes del sector. Por el camino han caído Martinsa Fadesa, Habitat, Aifos, Tremón y, el viernes pasado, Nozar.








* Público - SUSANA R. ARENES - MADRID - 14/09/2009
Foto: Crisis inmobiliaria - publico.es

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El TSJ mantiene la anulación del PAI Mestrets pese a la sentencia que perdieron los vecinos

LEVANTE/Castelló* : El fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia que anuló el PAI Mestrets mantiene su vigencia y no se ve influenciado por la sentencia posterior con la que el mismo tribunal rechazó el recurso contencioso paralelo de otro grupo de vecinos agraviados, según confirmaron esta semana fuentes del TSJ.

Las mismas fuentes precisaron que la última resolución no invalida la primera porque se trata de argumentos y de recurrentes distintos. Es por ello que el fallo judicial sigue en vigor a menos que el Ayuntamiento de Castelló y la Generalitat Valenciana opten por interponer un recurso ante el Tribunal Supremo esgrimiendo que las dos sentencias del TSJ son contradictorias.
Esta aclaración matiza la postura del gobierno del ayuntamiento (PP), el cual había presentado a la opinión pública la segunda sentencia del TSJ como una prueba de la "legalidad" de uno de los desarrollos urbanísticos que han suscitado mayor polémicos y contestación vecinal en Castelló durante la última década.
Mientras tanto, el Consell y el ayuntamiento siguen a la espera de que el Tribunal Supremo admite a trámite su recurso contra la sentencia del TSJ que invalidó la modificación número 6 del Plan General de Ordenación Urbana -y con ella el PAI Mestrets que preveía desalojar a 40 familias de sus viviendas-.
El PP ya ha manifestado que, en el caso de que el Supremo admita a trámite sus recursos, se acogerá a la posibilidad legal de proseguir el PAI a la espera de una sentencia del Supremo y pagará con fondos públicos la correspondiente indemnización si se ratifica la anulación del TSJ.

Grandes proyectos en el aire
El TSJ considera que el ayuntamiento pretendía cargar injusta e ilegalmente a los vecinos con el coste de obtener suelo para construir 4.500 viviendas protegidas, el Espai Comercial de Santiago Calatrava, la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló (unión del polideportivo Chencho con el Sindical) y la ronda oeste de circunvalación.
Esta circunstancia condiciona la obtención de terrenos para los grandes proyectos que simbolizan el modelo y el diseño de futuro que ha programado el Partido Popular para la ciudad.
Sin embargo, el alcalde, Alberto Fabra, asegura que las obras se llevarán igualmente a cabo porque siempre cabe la posibilidad de la expropiación directa.
El litigio de los vecinos contra la conselleria y el ayuntamiento se ha prolongado durante más de 5 años en los que se han sucedido las protestas públicas, el enfrentamiento dialéctico, los actos simbólicos y las pancartas en todos y cada uno de los plenos
A pesar de la incertidumbre jurídica, el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) no ha rectificado en absoluto su intención de ejecutar el PAI y el pasado mes de enero notificó la cuarta reparcelación forzosa a unos vecinos que siguen luchando por sus viviendas.







* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 13.09.09
Foto: Vecinos, en una manifestación ante el consistorio. levante-emv

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