EUROPAPRESS/Córdoba* : El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tomó hoy conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ratifica la anulación del Plan Especial del Parque Temático Al-Mansur que la empresa Antrax TDL pretendía levantar cerca del yacimiento arqueológico Medina Azahara.
Según informó hoy en rueda de prensa el presidente de la GMU, Francisco Tejada (IU), esta sentencia confirma una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el acuerdo plenario de febrero del año 2000 en el que se denegaba la aprobación provisional del plan especial.
Tejada recordó que la empresa interpuso un recurso diciendo que el Ayuntamiento había cometido una infracción por ello y el TSJA confirmó el acuerdo municipal.
Por otro lado, el consejo rector abordó también el expediente de expropiación forzosa de los terrenos por donde discurrirá la futura travesía de Villarrubia, por lo que calculó que el inicio de las obras se llevarán a cabo el año que viene.
La actuación permitirá adaptar la actual carretera A-431 a las necesidades actuales y futuras de la circulación y de la población, dando un carácter más urbano a la vía y dotándola de mayor seguridad vial y accesibilidad en el entramado urbano
El responsable de urbanismo recordó que la Junta de Andalucía asume el cien por cien de la ejecución de la obra, que supone un ahorro de dos millones de euros para el Ayuntamiento de Córdoba. Por su parte, el Ayuntamiento se hará cargo de los gastos de las expropiaciones.
* Europa Press - 14.09.09
Foto: Córdoba, vista Medina_Azahara - wikanda.cordobapedia.es
El TS ratifica la anulación del Plan Especial del Parque Temático Al-Mansur
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15.9.09
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La Coordinadora Ecologista denuncia la falta de planificación del Principado
LNE* : La Coordinadora Ecologista de Asturias ha sido la primera en responder a la adjudicación de parques eólicos efectuada por la Consejería de Industria este fin de semana. En un comunicado hecho público ayer acusa al Gobierno regional de efectuar un proceso energético «sin planificación ni lógica que nos lleva a aumentar los problemas ambientales que ya tenemos».
Los ecologistas consideran que los cuarenta parques autorizados para el Occidente suponen «un disparate ambiental» e indican que el Principado no ha tenido en cuenta el impacto conjunto de las instalaciones, lo que «precisaría un estudio de impacto estructural que no se ha realizado». El estudio de impacto estructural está recogido en el decreto 1/2004 de 22 abril y se refiere a los proyectos de ordenación del territorio y urbanismo que afectan a numerosos núcleos de población de forma conjunta, según los datos que expone la Coordinadora.
Además, explica, todos esos parques precisarán líneas de evacuación energética, además de subestaciones eléctricas con sus consiguientes impactos en el territorio. Este aumento de la producción energética motivará, según los ecologistas, que «de hacerse todo lo que consiente el Principado, van a ser insuficientes las tres líneas de 400 Kv proyectadas, las 15 nuevas subestaciones de alta tensión y sus 30 líneas de alta».
La Coordinadora dice que los proyectos del sector empresarial energético que ha aprobado el Principado «suponen una muestra de su ceguera, que persiste en convertirnos en monocultivo energético primario». Además, los ecologistas dicen que la postura del Gobierno asturiano desdice al Gobierno central, que apuesta por instalar las centrales lo más cerca posible del punto de consumo, para evitar el transporte de energía y las pérdidas energéticas durante su evacuación.
* La Nueva España - T. CASCUDO - 15.09.09
Foto: parque_eolico - ecologismo.com
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Daños colaterales de la corrupción urbanística
MANUEL PARDO CASTILLO* : Es difícil abrir las páginas de un periódico, escuchar la radio o hacer "zapping" en la televisión sin que nos encontremos con uno o más casos de corrupción urbanística en España. "Transparencia internacional" es un organismo que hace anualmente el ranking de la corrupción de los diferentes paises del mundo. En el año 2.007 España ocupaba el poco honroso lugar vigésimo tercero y hoy ha descendido al puesto trigésimo sexto.
En una encuesta publicada por el DIARIO MONTAÑES el 30 de enero de 2.007 se decía que el 82,4% de los preguntados pensaban que la corrupción era preocupante en Cantabria, responsabilizando a políticos y funcionarios, aunque, añadían, que creían que no se había llegado al nivel de otras partes.
El ciudadano normal cuando oye hablar de corrupción urbanística piensa que alguna autoridad o funcionario ha dictado una resolución injusta a sabiendas (prevaricación) a cambio de la percepción de una determinada cantidad de dinero (cohecho). Es decir, que se ha dado un 'pelotazo urbanístico'. Mediante este censurable y delictivo proceder se han amasado grandes fortunas en España.
Pero decir que alguién se ha beneficiado a título personal prevaliéndose de su cargo público es decir poco. Y es que con ser grave el enriquecimiento injusto que conlleva la corrupción urbanística ésta tiene numerosos efectos colaterales que, creo, interesa resaltar porque suelen pasar desapercibidos.
España, al constituirse en un Estado social y democrático está consagrando el carácter servicial de la Administración y, por tanto, su carácter instrumental puesta al servicio de los ciudadanos. El artículo 103 de la Constitución dice que «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales ... con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho».
La ética pública y la preparación deben ser señales identificadoras de la función pública que se caracteriza por el servicio público. De entre los informes y documentos más conocidos e importantes sobre esta materia en el mundo occidental está el informe Nolan, denominado así por el apellido del Presidente de la Comisión que elaboró en 1.994, a petición del Primer Ministro británico, un documento sobre 'Normas de conducta para la vida pública' y cuyos principios más relevantes son: 1. Desinterés privado. Sólo deben tomarse decisiones con arreglo al interés público. 2. Integridad. Los que ocupan cargos públicos no debieran tener relación financiera o de otra índole con personas o empresas que puedan influir en sus decisiones. 3. Responsabilidad. Deben ser responsables de sus decisiones. 4. Transparencia. Tienen obligación de declarar sus intereses privados y 5. Liderazgo. Los que ocupan cargos públicos deben fomentar estos principios con su liderazgo y ejemplo.
Llegados a este punto podemos decir que la corrupción supone un grave atentado a la misma esencia del servicio público al convertirse el interés público en interés personal. Lo que se produce cuando hay corrupción es una falta de confianza en la democracia ya que los intereses de los ciudadanos son postergados en beneficio privado de quienes les gobiernan.
Se falsea el sistema de mercado y se socavan los principios de publicidad y concurrencia, porque ¿de qué le vale a una empresa hacer inversiones en mejorar su funcionamiento y eficacia si otras de menos entidad gozan del favor de las autoridades o funcionarios de turno?
Las prácticas corruptas rompen el principio de igualdad ya que aquellos que no las practican se ven en clara desigualdad a la hora de ejercer su actividad mercantil. Y no nos olvidemos de que desde el punto de vista económico, se elevan los precios de los bienes y servicios porque en el presupuesto hay que repercutir el precio de la 'mordida' y que muchos adquirentes de buena fe resultan seriamente perjudicados.
En definitiva, lo que prevalece es un clima social de engaño y mentira en el que todo se mide en función del dinero y del poder y en el que se pierde, poco a poco, la referencia humana que es fundamental en el sistema democrático.
Armas hay para frenar la corrupción (véanse en el ámbito municipal el art. 75 de la Ley de Bases de Régimen Local y su modificación por la nueva legislación urbanística nacional). Echamos en falta más periodismo de investigación y una justicia más ágil porque como dicen los ingleses 'Justice delayed, justice denied' (Justicia demorada, justicia denegada) y, desde luego, acabar con la tolerancia ante los corruptos como cuando oimos frases como 'roba pero es de los nuestros'.
Instrumentos no faltan pero ¿hay voluntad?
*Manuel Pardo Castillo es abogado
* El Diario Montañés - Opinión - 15.09.09
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El Atrium está parado a los 6 años de detectarse sus 88.576 metros de más
ELPAÍS/Alicante* : ESta semana se cumplen seis años de la muerte de tres trabajadores en las obras del complejo Gran Magic Atrium Beach, y de su paralización. A raíz de los accidentes, se reveló que la obra tenía un exceso de volumetría no permitido equivalente a once plantas de altura (88.576 metros cuadrados), que motivaron el anuncio de Rafael Blasco, entonces consejero de Territorio, de una "sanción ejemplar" que quedó en nada. Las obras, a día de hoy, siguen paradas por problemas legales y falta de financiación.
La primera licencia de obras que recibió el hotel en 1999 estaba condicionada al otorgamiento de la licencia de actividad y a la entrada en vigor de la revisión del PGOU y del estudio de detalle en tramitación. Aunque los informes municipales confirman que la empresa no subsanó las deficiencias notificadas, el empresario dio por concedida la licencia por silencio administrativo e inició la obra en 2002.
Las obras recibieron siete decretos de paralización entre el 21 de marzo de 2002 y el 17 de ese mes de 2003. A principios de 2003 un informe de la arquitecta municipal daba cuenta de un exceso de edificabilidad de 88.576 metros cuadrados cuando ya estaba acabándose la estructura del complejo, que tasó en 102 millones. Pero estos dos expedientes sancionadores se archivaron porque, como los decretos de paralización, se notificaron a Atrium Beach SL, del mismo dueño, pero no a Hotel Luna SA, responsable del Atrium.
El 11 de septiembre de 2003 falleció un trabajador en accidente y seis días más tarde otros dos. El Consell concluyó que las obras no se ajustaban a la normativa urbanística municipal. Y un año después impuso una sanción de 12 millones de euros que no se pagó al aducir la empresa que había recibido la resolución fuera del plazo legal de seis meses. Y ganó. El fallo judicial llegó en 2007, cuando la infracción había prescrito.
El 20 de octubre de 2005 el Pleno aprobó definitivamente el Plan de Reforma Interior y Mejora (PRIM) que debía legalizar la situación. Y acabó en el juzgado.
Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 2008 habrían modificado sustancialmente la situación legal de la obra. Una desestimó la idea de Hotel Luna SA de elevar la edificabilidad del PRIM y la otra anuló su aprobación al no ser conforme a derecho. Las licencias de obra del 18 de diciembre de 2006 y del 21 de mayo de 2007 quedaron sin cobertura legal.
Mientras el PRIM espera la sentencia definitiva del recurso presentado por el promotor al Tribunal Supremo, la empresa Garocala presentó otro Plan de Reforma para reordenar toda la zona donde está el Atrium. Ese nuevo PRIM ha sido aprobado por la Consejería y nadie ha recurrido, según Javier García, vicepresidente de la promotora del Atrium. Por ello pase lo que pase con el primero, García cree que disponen de una licencia de obras en vigor ratificada por una cédula urbanística. El Consistorio guarda un absoluto hermetismo. "El tema del Atrium está aparcado", repite.
Hotel Luna ha gastado ya 70 millones en la obra, que rebautizará como La Vila Resort y tendrá 1.404 habitaciones. La inversión total superará los 250 millones. El promotor espera encontrar financiación y retomar la obra antes de final de año.
La historia del Atrium Beach
- Licencia. El Ayuntamiento de La Vila Joiosa otorga licencia en junio de 1999, condicionada a una serie de requisitos
- Proyecto. La empresa presenta un proyecto de ejecución en julio de 2001 con la solicitud de concesión de licencia
- Exceso de construcción. Un informe detecta en febrero de 2003 la construcción de 88.576 metros de más.
- Expediente. Primer expediente sancionador del Ayuntamiento en marzo de 2003 por obras sin licencia
- Tres muertos. Dos accidentes, el 11 y el 17 de septiembre de 2003, causan la muerte a tres obreros. La obra se paraliza el 18.
- Sanción fallida. En octubre de 2004, Territorio comunica la sanción de 12 millones fuera del plazo legal.
- Legalización. La Vila aprueba el PRIM en julio de 2004.
- Permiso de obras. Decreto municipal en mayo de 2007 para retomar las obras
- Demolición incumplida. Un informe municipal revela que no se demolió el exceso de obra y que la licencia superaba la volumetría autorizada
- Anulación. El TSJ anula el PRIM en julio de 2008
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 14/09/2009
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), hotel Atrium Beach (archivo) - laverdad.es
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Los monjes huidos de León por protestas vecinales regresan hoy a su monasterio
ABC* : A las once y media de la mañana de ayer llegaron al aeropuerto de Barajas los benedictinos que en agosto tuvieron que abandonar, escoltados por la Guardia Civil, su monasterio de San Salvador del Monte Irago, en Rabanal del Camino (León), ante la ira vecinal desatada a cuenta de la restauración de la iglesia románica del pueblo, de la que es párroco uno de los cenobitas, y de «la falta de respeto a nuestras costumbres y tradiciones», según denunció la junta de vecinos.
El superior de la comunidad religiosa, Juan Antonio Torres, declaró a ABC nada más pisar Madrid, procedente de Alemania -donde se había refugiado-, que «sólo espero que en España se respete el derecho a la libertad religiosa y a la propiedad privada y, con el obispo de Astorga a la cabeza, mañana -por hoy- podamos volver a nuestra casa».
La marcha de los monjes se produjo el pasado día 18 de agosto, precisamente cuando mayor es la afluencia de peregrinos del Camino de Santiago, a los que dan cobijo físico y espiritual, y cuando se dispara la presencia de vecinos, con la llegada de los veraneantes, en las siete parroquias que tienen encomendadas en la zona.
Actitudes violentas
Desde el Monasterio se emitió entonces un comunicado relatando cómo «durante la celebración de la Eucaristía no sólo se habían proferido insultos contra los monjes sino que, debido a las actitudes violentas, fue precisa la intervención de los guardias civiles para proteger nuestra integridad física». En este mismo comunicado manifestaban su rechazo «al empleo de la violencia física o moral como medio de solución de cualquier conflicto», y dejaban claro que el objeto de la trifulca, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, «es monumento declarado Bien Interés de Cultural por la Junta de Castilla y León y, en cuanto tal, corresponde únicamente a la Dirección General de Patrimonio la responsabilidad sobre cuantas obras se lleven a cabo en él».
Después de despachar en otros puntos las acusaciones de desaparición de obras de arte y hasta de querer modificar la configuración urbanística de la localidad, la comunidad benedictina subrayaba que «Nuestro Señor, venerado en Rabanal como el Bendito Cristo, nos manda amarnos y perdonarnos. En ese espíritu pedimos disculpas a cuantos se puedan haber sentido ofendidos por nuestras acciones, al mismo tiempo que perdonamos cuantas ofensas hemos podido recibir a los largo de estos días».
Exactamente lo mismo que el padre Torres repitió a este periódico hace una semana desde la Archiabadía de Santa Otilia, en el estado alemán de Baviera, de la que depende su comunidad, y desde donde se lamentaba de la situación de desatención que se estaba produciendo no sólo en sus parroquias sino hacia los cientos de caminantes que se dirigen a la tumba del Apóstol y que cada día esperan encontrar en ellos alimento para el espíritu y para el cuerpo, tanto en su convento como en su hospedería y en su hospital de peregrinos. Entonces, cuando aún no se sabía la fecha del regreso, el superior de los cuatro monjes que habitan este cenobio leonés rechazó hacer más declaraciones públicas justificando la decisión por la orden de su archiabad de que vivieran estos acontecimientos «con el mismo silencio y la misma voluntad de sacrificio con que Cristo vivió el calvario».
Almuerzo en un convento
Ayer, tras almorzar en un convento de monjas benedictinas próximo al aeropuerto, los monjes huidos emprendieron camino hacia León con la intención de pasar noche en Astorga y recuperar hoy el monasterio.
«Ya ha tenido que ir la fuerza pública a desbloquear la puerta -explicó- y confiemos en que al menos cuando lleguemos se nos respete el derecho a la vida. Ya veremos si se atreven, con el obispo a la cabeza, a impedir que entremos en nuestra casa», asegura Torres. Hoy sabremos cómo acaba la gesta de reconquista de los benedictinos de San Salvador del Monte Irago.
* ABC - VIRGINIA RÓDENAS - 14.09.09
Foto: Rabanal del Camino (León) - abc.es
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Cárcel para los dueños de un chalé por incumplir la orden judicial de derribo
DIARIODESEVILLA* : Un juez ha ordenado el encarcelamiento de dos personas para cumplir una condena de seis meses de cárcel, dado que aún no han cumplido la orden judicial de demolición de una vivienda declarada ilegal en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos .
Fuentes judiciales informaron ayer de que el Juzgado Penal 9 ha ordenado el ingreso en prisión de los dos condenados, miembros de la misma familia, por no haber demolido una vivienda y una piscina en la llamada Zona M de esa urbanización, situada en una zona forestal protegida, según sentencia firme de la Audiencia Provincial. El juez ha ordenado que la Policía y la Guardia Civil los detengan para su posterior ingreso en prisión, medida que sólo podrán eludir provisionalmente si recurren la decisión judicial.
Estas dos personas fueron inicialmente absueltas, en julio de 2007, por el Juzgado Penal porque levantaron las construcciones en medio de la "tolerancia municipal", que llegó a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a 500 vecinos de la misma urbanización.
La Audiencia Provincial de Sevilla revocó en enero pasado la sentencia y condenó a los propietarios a seis meses de prisión, el pago de una multa y a derribar a su costa las construcciones como única manera de reparar el daño.
La sala tuvo en cuenta que los procesados no habían pedido licencia al Ayuntamiento y que no era posible darla ni legalizar lo construido, pues hasta que no se apruebe el avance de PGOU de Castilblanco, que prevé legalizar algunas construcciones de la zona, no tiene ningún valor en el procedimiento penal porque el suelo sigue siendo no urbanizable.
Tras la sentencia firme de la Audiencia, el Juzgado Penal 9 requirió a los condenados el pasado 17 de febrero para que ejecutaran el derribo y hasta ahora no lo han hecho, a pesar de que fueron apercibidos personalmente de que podían incurrir en un delito de quebrantamiento de condena si no obedecían.
Ahora, el Juzgado les ha denegado la suspensión del derribo y también la propia suspensión del ingreso en prisión -que se acuerda en condenas de menos de dos años de cárcel si el interesado carece de antecedentes- dado que no han cumplido los requisitos legales, que incluyen la reparación del daño causado.
La primera orden de ingreso en prisión por un delito contra la ordenación del territorio en la provincia de Sevilla se produjo el pasado mes de enero, cuando el Juzgado Penal 10 ordenó el encarcelamiento de un vecino condenado a seis meses de cárcel por construir un chalé contrario al ordenamiento en el paraje Las Perreras y Mesa Carrasco de Gerena. El interesado eludió finalmente la cárcel al demoler de inmediato la construcción, han informado a Efe las citadas fuentes.
La Fiscalía para delitos de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha emprendido numerosas acciones contra chalés levantados en zonas protegida de la provincia, en especial en Las Minas de Castilblanco de los Arroyos.
* Diario de Sevilla - EFE - 14.09.09
Foto: Parcelas en construcción en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos. - diariodesevilla.es
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El ladrillo agota el beneficio del 'boom'
PÚBLICO* : Cinco años de explosión de beneficios para las inmobiliarias que aprovecharon la expansión urbanística desaforada están a punto de desaparecer. Las promotoras han necesitado sólo año y medio para perder el 89% de las ganancias acumuladas entre 2003 y 2007, los ejercicios dorados del boom inmobiliario. Desde enero de 2008 hasta junio pasado, estas empresas suman ya 7.217 millones de pérdidas, frente a los 8.114 millones atesorados en los citados cinco años.
De momento, las compañías del sector del ladrillo ya se han comido todo el beneficio de los tres últimos años de bonanza, de 2005 a 2007. Y si siguen a este ritmo, al cierre de este ejercicio pulverizarían todo lo cosechado en el boom.
Es cierto que una parte importante de esos beneficios en algunos casos, hasta la mitad ya han sido devorados por los propios accionistas de las promotoras, que se repartieron pingües dividendos en época de bonanza.
Pero las ganancias que no van a dividendos pasan a engordar los fondos propios de las empresas, que son el verdadero colchón de dinero en caso de problemas financieros, con lo que si los números rojos continúan, empeorará aún más su solvencia.
Sin embargo, hay ya una señal positiva que alegra un poco el sombrío panorama de un sector que entró en barrena en septiembre de 2007. En el primer semestre de este año, las principales inmobiliarias que cotizan en bolsa han logrado reducir sus pérdidas un 75%, hasta 1.217 millones.
Arañar liquidez
No obstante, la mejora no tiene nada que ver con el negocio, sino con que estas empresas han luchado con uñas y dientes por lograr liquidez vendiendo edificios y suelos in extremis. Y, por otro lado, las promotoras han tenido que hacer menos provisiones por la depreciación de sus activos que hace un año, es decir, han tenido que aportar menos dinero como colchón para compensar este menor valor.
Mientras tanto, el descalabro en la venta de viviendas sigue mermando los ingresos de las inmobiliarias, que bajaron un 21%, hasta 2.038 millones entre enero y junio. A eso se une que la venta de terrenos, otra destacada vía de negocio para muchas inmobiliarias, también está casi parada: las transacciones cayeron un 37% en el primer trimestre, según los datos del Ministerio de Vivienda.
Más preocupante es aún el dato de la deuda de las principales inmobiliarias cotizadas con la banca. Este agujero alcanza ya los 31.851 millones, mucho más que todos los beneficios de las empresas del Ibex 35 en el primer semestre, que superaron los 21.500 millones.
Las perspectivas de recuperación son lentas, pero se dan leves signos, como el hecho de que esta deuda financiera haya bajado un 17%.
Stock que se vende
En ventas, "estamos detectando que las promotoras que primero optaron por bajar precios para vender viviendas ya están logrando reducir su stock", afirma Javier García Mateo, director de análisis e investigación de mercados de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman. A juicio de García Mateo, la recuperación sigue dependiendo de estas rebajas.
La crisis inmobiliaria ya se ha cobrado una decena de suspensiones de pagos de grandes promotoras y centenares de otras pymes del sector. Por el camino han caído Martinsa Fadesa, Habitat, Aifos, Tremón y, el viernes pasado, Nozar.
* Público - SUSANA R. ARENES - MADRID - 14/09/2009
Foto: Crisis inmobiliaria - publico.es
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El TSJ mantiene la anulación del PAI Mestrets pese a la sentencia que perdieron los vecinos
LEVANTE/Castelló* : El fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia que anuló el PAI Mestrets mantiene su vigencia y no se ve influenciado por la sentencia posterior con la que el mismo tribunal rechazó el recurso contencioso paralelo de otro grupo de vecinos agraviados, según confirmaron esta semana fuentes del TSJ.
Las mismas fuentes precisaron que la última resolución no invalida la primera porque se trata de argumentos y de recurrentes distintos. Es por ello que el fallo judicial sigue en vigor a menos que el Ayuntamiento de Castelló y la Generalitat Valenciana opten por interponer un recurso ante el Tribunal Supremo esgrimiendo que las dos sentencias del TSJ son contradictorias.
Esta aclaración matiza la postura del gobierno del ayuntamiento (PP), el cual había presentado a la opinión pública la segunda sentencia del TSJ como una prueba de la "legalidad" de uno de los desarrollos urbanísticos que han suscitado mayor polémicos y contestación vecinal en Castelló durante la última década.
Mientras tanto, el Consell y el ayuntamiento siguen a la espera de que el Tribunal Supremo admite a trámite su recurso contra la sentencia del TSJ que invalidó la modificación número 6 del Plan General de Ordenación Urbana -y con ella el PAI Mestrets que preveía desalojar a 40 familias de sus viviendas-.
El PP ya ha manifestado que, en el caso de que el Supremo admita a trámite sus recursos, se acogerá a la posibilidad legal de proseguir el PAI a la espera de una sentencia del Supremo y pagará con fondos públicos la correspondiente indemnización si se ratifica la anulación del TSJ.
Grandes proyectos en el aire
El TSJ considera que el ayuntamiento pretendía cargar injusta e ilegalmente a los vecinos con el coste de obtener suelo para construir 4.500 viviendas protegidas, el Espai Comercial de Santiago Calatrava, la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló (unión del polideportivo Chencho con el Sindical) y la ronda oeste de circunvalación.
Esta circunstancia condiciona la obtención de terrenos para los grandes proyectos que simbolizan el modelo y el diseño de futuro que ha programado el Partido Popular para la ciudad.
Sin embargo, el alcalde, Alberto Fabra, asegura que las obras se llevarán igualmente a cabo porque siempre cabe la posibilidad de la expropiación directa.
El litigio de los vecinos contra la conselleria y el ayuntamiento se ha prolongado durante más de 5 años en los que se han sucedido las protestas públicas, el enfrentamiento dialéctico, los actos simbólicos y las pancartas en todos y cada uno de los plenos
A pesar de la incertidumbre jurídica, el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) no ha rectificado en absoluto su intención de ejecutar el PAI y el pasado mes de enero notificó la cuarta reparcelación forzosa a unos vecinos que siguen luchando por sus viviendas.
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 13.09.09
Foto: Vecinos, en una manifestación ante el consistorio. levante-emv
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Arzúa: La plataforma exige la dimisión del alcalde y del número dos de su gobierno, Leonardo Bermúdez
LAVOZ/A Coruña* : La plataforma vecinal que se constituyó en Arzúa cuando el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) se encontraba en plena tramitación se ha subido al carro de críticas en contra del gobierno local por su actuación ante las obras promovidas en una vivienda por familiares del edil de Urbanismo, Leonardo Bermúdez.
Una vez trascendió que la Dirección Xeral de Patrimonio ordenó la paralización cautelar de los trabajos en el inmueble, el colectivo exige la inmediata dimisión «por tráfico de influencias» del alcalde, Xaquín García, y de Bermúdez, número dos del ejecutivo municipal.
Desde la plataforma entienden que la medida adoptada por Patrimonio «viene a demostrar la existencia de irregularidades», además de que «la documentación que el grupo de gobierno de Arzúa y el BNG presentaban como licencia para justificarse no era más que una simple liquidación con la que intentaron desviar la atención de los arzuanos para defenderse sin pudor de esta situación utilizando la mentira y la falsedad».
Desde el colectivo aseguran que las obras en el inmueble continuaban «a última hora de la tarde» de anteayer pese a que «el alcalde ya fuera informado de la paralización cautelar entre jueves y viernes». Así, en el seno de la plataforma se preguntan: «¿Qué interés esconde el grupo de gobierno detrás de esta polémica obra para que se impida por todos los medios su paralización actuando al margen de la ley?».
* La Voz de Galicia - 13.09.09
Foto: Arzúa (A Coruña) - terra.es
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13.9.09
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«La revisión del Plan General de Logroño persiste en la estupidez del anterior»
LARIOJA/Entrevista* : El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) se muestra tan contundente como la estadística. Sin embargo, existe algo peor que un pésimo presente: un futuro incierto.
- ¿Qué reflexión hace de los últimos datos de visado de vivienda?
- Que La Rioja ostente el triste récord de ser la comunidad donde más ha caído merece una doble lectura. Una alude al descenso del trabajo profesional y empresarial y, en definitiva, a la pérdida de empleo y volumen económico que ello comporta. La otra constata lamentablemente lo que el COAR viene denunciando desde hace años y por lo que hemos sido duramente criticados por algunos políticos y promotores: que la avaricia rompe el saco y existía un círculo vicioso basado en la especulación y la irrealidad.
-¿Cómo observa el colectivo de arquitectos la coyuntura?
- Con gran preocupación. Muchos habían vinculado gran parte de su actividad a la construcción de viviendas y ahora han debido reducir sus estudios cuando no cerrarlos.
-¿Atisba algún brote verde?
- Ninguno. Los datos son indiscutibles y la estadística aplastante. Sobre todo observando cómo en comunidades cercanas los descensos han sido mucho menores e incluso en provincias como Guipúzcoa ha habido un aumento importante. Si hasta en zonas donde la burbuja inmobiliaria ha sido brutal como Murcia, Alicante o Valencia las cifras no son tan negativas como en La Rioja. Es evidente que algo se está haciendo mal aquí, empezando por la revisión del Plan General de Logroño.
-¿En qué sentido?
- En que persiste en la estupidez del anterior y en antiguos errores que ahora estamos pagando todos. Se sigue planeando un crecimiento urbanístico desmedido, desordenado y nada acorde a las dimensiones reales de Logroño que lo único que favorece es la especulación.
- ¿Por dónde deben venir las soluciones?
- Nosotros, como arquitectos, podemos presentar las oportunas alegaciones o hacer oír nuestra voz, pero la solución debe empezar por el urbanismo que propone cada partido. Si los políticos no ponen un poco de orden será imposible acercarnos a la racionalidad urbanística.
* La Rioja - 13.09.09 -E. SÁENZ
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Formentor. 80 años de construcción
ÚLTIMAHORA/Mallorca* : Los ecologistas exigen que se proteja la península, mientras que los propietarios de fincas ultiman un plan para completar la urbanización. Es una de las urbanizaciones más emblemáticas de Mallorca. Despegó con la construcción del hotel Formentor en 1929 y, poco a poco, la península de Formentor se fue poblando de grandes mansiones ocupadas por magnates de la época, diplomáticos, empresarios, millonarios, llegados de todos los países del mundo para disfrutar de unas vistas privilegiadas.
La reciente construcción con licencia de obra municipal del chalet del conocido empresario Alfonso Cortina y el proyecto de ampliación y reforma del hotel, vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de disponer de un instrumento de ordenación que pueda frenar el impacto urbanístico en Formentor. Los expertos advierten que una vez el Ajuntament dé el visto bueno al proyecto de urbanización que ultiman ahora los vecinos se abre la vía, no solo a la edificación de las parcelas que aún permanecen vírgenes, sino también a posibles derribos y la sustitución de las edificaciones más antiguas por otras más modernas, podría ser que con mayor impacto.
Mientras los grupos ecologistas solicitan la desclasificación de este entorno declarado Paisaje Pintoresco, el Ajuntament analiza con lupa el proceso de constitución de la junta de compensación que permitirá (si se logra el acuerdo del 90 por ciento de los propietarios) desarrollar el resto de la urbanización clasificada como suelo urbano desde 1990. De no hacerlo tendría que hacer frente a indemnizaciones millonarias.
Desde que en 1929, Adam Diehl impulsara la construcción del hotel Formentor mucho ha cambiado la fisonomía de un paisaje que atrajo hasta la zona a conocidos actores y actrices de Hollywood como Gary Cooper, Grace Kelly, Lawrence Oliver... Ahora, los inquilinos son empresarios como Fuxa o Cortina o diplomáticos. Fueron los propietarios del hotel los que en 1930 abrieron el proceso de parcelación de la península, vendiendo las primeras fincas.
Hasta el año 1991 no existía un plan de ordenación de la península de Formentor y, no obstante, el Plan General de Ordenación Urbana de Pollença califica por primera vez en esa fecha el suelo de Formentor como urbano, basándose en criterios de consolidación al tener edificada un 60 por ciento de su superficie, aunque sigue careciendo de servicios básicos. No fijaba limitación máxima del volumen de las construcciones ni aplicaba de criterios ambientales.
En mayo del 94, una modificación puntual de la normativa propuesta por el arquitecto municipal, Jaume Carbonero (hoy conseller d'Obres Públiques del Govern) permite, pese a la normativa del 91, conceder licencias de obra a partir de esa fecha sin proyecto de compensación ni de urbanización aprobado. Nunca se cedieron al Ajuntament los viales y zonas verdes que había incorporado a la urbanización el PGOU. Desde entonces hasta la fecha se han construido aproximadamente 8 viviendas más.
La última modificación de la normativa urbanística vigente desde mayo de 2008 condiciona la ampliación del hotel a la previa dotación de servicios de la urbanización. Introduce por primera vez criterios medioambientales, suprime la vivienda de servicio permitida hasta entonces y limita el volumen máximo edificable por parcela a 2.100 metros cúbicos.
El Ajuntament de Pollença trabaja ahora en la aprobación de una nueva modificación puntual del planeamiento, aún por definir, que pueda preservar la fisonomía tradicional de esta urbanización.
* Última Hora Digital - ELENA BALLESTERO - 13.09.09
Foto: La ampliación del hotel Formentor, construido en 1929, depende de que se complete la dotación de servicios de la urbanización Formentor. - MIQUEL ÀNGEL CAÑELLAS, ultimahora.es
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13.9.09
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Tema: NOTICIAS Baleares
La ciudad de los 20.000 pisos vacíos
LAVOZ/A Coruña* : En números redondos, por cada 15 habitantes de A Coruña existe una vivienda sin ocupar. Esta relación se establece atendiendo al censo de pisos vacíos del años 2007. Si se tomasen en cuenta los datos presentados por un informe del BNG del 2005, que indicaba que el número llegaba a los 22.000, la proporción sería de un piso vacío por cada 11 habitantes. Y, si se tratasen de las 24.000 que indicó el PP en el 2006, la relación estaría en torno a los 10 habitantes.
Sea como sea, la evolución del parque de viviendas sin uso es alarmante. Entre 1997, donde se estimaba en 2.000, y 2007 se multiplican por ocho tomando como cierta la cifra de 17.000. En esa evolución espectacular se refleja el bum inmobiliario de los últimos años, en los que la inversión en inmuebles se convirtió en el modo más usual de rentabilizar el dinero.
Toda esta serie de números chocan con las previsiones de crecimiento de la ciudad que ponga el nuevo Plan General de Ordenación Municipal. En él se prevén 33.900 nuevas viviendas. Sobre la adecuación entre lo proyectado y la realidad de la ciudad, el creador del nuevo PGOM, el urbanista Joan Busquets, le restó importancia. «El parque de viviendas vacías es un tema que tenemos en todas las ciudades -dijo a La Voz la semana pasada-. Los mecanismos de mercado generan que siempre exista en las ciudades una cantidad disponible».
Desde el Ayuntamiento se insiste en que la facultades municipales no permiten adoptar medidas efectivas para neutralizar esta realidad. Ponen como ejemplo subir el Impuesto de los Bienes Inmuebles (IBI) a las casas desocupadas. En el 2003 se estableció un recargo del 25% sobre la cuota líquida del impuesto. Pero a la vista de las cifras está el resultado: la medida no surtió apenas efecto.
Los especialistas en urbanismo consultados por La Voz coinciden en señalar las facultades que tienen los gobiernos locales no sirven para atajar estos problemas. Sin embargo, muchos de ellos coinciden en destacar que una serie de medidas periféricas ayudarían a minimizar las cifras. Estas son algunas de ellas:
En algunas ciudades como Santiago las promociones impulsadas por este tipo de empresa obligaban a que una buena parte de los pisos vendidos fueran de primera residencia. Con ello se evita la compra de segundas y terceras viviendas que se pueden quedar vacías.
Facilitar los diferentes destinos de los pisos de un inmueble, permitiendo que la primera y segunda planta puedan destinarse a usos terciarios. De este modo, se podrían alquilar muchos pisos como oficinas.
Existen inmuebles en el centro de la ciudad con una amplio número de metros cuadrados, en algunos casos superiores a 200. Tanta superficie hoy en día, permite su división creando viviendas más adecuadas a las necesidades actuales.
Dotarla de más personal y presupuesto. Que la rehabilitación urbanística se entienda como una recualificación de la ciudad, ya que esta permite que se equilibren los barrios.
El propietario tiene la obligación de cuidar y sanear el edificio. Si se aplica con celo la presión sobre él, este preferirá conservar en condiciones el inmueble, ya que el Ayuntamiento puede efectuar las obras de cuidado y luego cargarle los gastos.
El Ayuntamiento podría contar una bolsa inmobiliaria, que facilitaría a los propietarios la posibilidad de alquilar sus pisos.
* La Voz de Galicia - J.?B. /A.?M. - 13/9/2009
Foto: Vista de la ciudad, con el polígono de Elviña en primer término, las torres de los Marineros, el parque de Oza y, al fondo, la medusa del puerto - JANET GONZÁLEZ, lavozdegalicia.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
La policía descubre una 'macroestafa' inmobiliaria a unas 200 personas en Jaén
ELPAÍS* : El Cuerpo Nacional de Policía ha descubierto una macroestafa inmobiliaria a unas 200 personas que pagaron 1.500 euros por reservar una parcela en terreno no urbanizable. Dos hombres han resultado imputados en un delito de estafa en el marco de la operación Yedra.
Fuentes policiales han explicado que la investigación surgió cuando uno de los afectados interpuso una denuncia en la Comisaría Provincial de Policía después de no haber podido recuperar los 1.500 euros que entregó a los supuestos estafadores. A partir de entonces, se iniciaron las pesquisas, que llevaron a la detención el pasado miércoles de Manuel Jesús C.C, en la localidad jienense de Alcaudete, y el jueves de Pablo R.E., en Úbeda. Hoy han sido puestos en libertad
Los detenidos reservaban por 1.500 euros parcelas ubicadas en el término municipal de Jaén, donde presuntamente se iba a construir la Urbanización La Yedra, conformada por viviendas unifamiliares valoradas en unos 210.000 euros. Los terrenos, cuyos verdaderos propietarios "ignoraban lo que se estaba urdiendo", no eran urbanizables y estaban protegidos, por lo que "jamás se hubieran podido construir" las viviendas.
Hasta ahora, se han presentado 97 denuncias de afectados por ese pago de 1.500 euros, aunque los investigadores policiales calculan que el número de personas podría superar las 200. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, según las mismas fuentes.
* ELPAIS.com - EFE - 11.09.09
Foto: Jaén, vista - artearqueohistoria.com
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12.9.09
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Tema: NOTICIAS Andalucía
¿Y qué hay de lo mío?
DANIEL MILLET/ Tenerife* : Llamadas al alcalde para enchufar a un familiar, quitar una multa, conseguir una rebajita en un hotel o hacer la vista gorda con un local comercial irregular; llamadas al Gobierno para acelerar la aprobación de un proyecto urbanístico; llamadas a un agente al que se le había regalado hasta una yegua a cambio de favores; llamadas entre consejeros en las que se pide discreción; llamadas a un concejal para comprar su voluntad por un kilillo... Llamadas, muchas llamadas. Los pinchazos de teléfono en el marco de los numerosos procesos judiciales contra la corrupción en Canarias han destapado todo un intenso submundo de trapiches y compadreos, de los que muchos ni siquiera tenían directamente que ver con la materia investigada y no han merecido sanciones penales.
Y eso que las escuchas que han trascendido a los medios representan un mínimo porcentaje de las que se han producido y eso que tantísimas otras conversaciones comprometedoras se han perdido en la niebla de la impunidad. Eso sí, la variedad de chanchullos descubiertos llama la atención, tanto como la cantidad de expresiones chabacanas empleadas en esta jerga de los bajos fondos de la política canaria en la que abundan los "coño", "joder" o "me cago en la puta".
Pero hay mucho más: la actitud de determinados responsables públicos hacia el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado –"Me imagino que habrá algún cabrón oyendo", espetó el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, al consejero imputado Félix Sierra en una de las llamadas interceptadas del sumario Arona–, la postura de cargos de relevancia hacia las normas que rigen las oposiciones para plazas públicas –el mismo presidente del Gobierno pidió al alcalde de Arona que intercediera para meter a una sobrina en la Policía– o la sensibilidad con la que determinados responsables políticos pinchados se refieren a sus técnicos o a los marcos legales que sostienen el sistema democrático.
"Ahí las dificultades están más en Turismo con los informes y las puñetas...", le dijo Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, al empresario y constructor Santiago Santana Cazorla en 2007 en una conversación interceptada en el marco del caso Góndola. El mismo Berriel añadía en esa llamada: "Joder, siempre con, con la ley del embudo, tú sabes cómo son los juristas estos del servicio jurídico y los técnicos y leches...".
Las escuchas han cobrado ahora un gran protagonismo no sólo por la proliferación de macrocausas judiciales en el Archipiélago, sino porque lo mismo está ocurriendo a nivel nacional después de que los socialistas cumplieran desde la pasada legislatura con su compromiso de reforzar los medios para plantar cara a la corrupción. El resultado es que, por un lado, ningún partido se salva y, por otro, los más afectados (sobre todo el PP) han reaccionado agarrándose a la conspiranoia.
Canarias es un buen botón de muestra. Ahí están, por ejemplo, los innumerables tejemanejes en la Marbella tinerfeña. Por lo menos, durante 10 meses de pinchazos en Arona, por el móvil del alcalde, José Alberto González Reverón, y de otros imputados (34 en total) han pasado, aparte de alcaldes, concejales, empresarios, funcionarios, periodistas, agentes y particulares; Paulino Rivero (presidente del Gobierno de Canarias), José Manuel Soria (vicepresidente del Gobierno y máximo responsable del PP regional), Ricardo Melchior (presidente del Cabildo de Tenerife), Cristina Tavío (presidenta del PP de Tenerife) o José Segura, diputado socialista en el Congreso.
"Hay muchos detalles que están todavía por aparecer" de los 26 volúmenes que componen un sumario cuya apertura va arrojando datos a cuentagotas, según una fuente relacionada con la investigación. ¿Se refería a estas escuchas Tavío cuando hace unas semanas revelaba que fue espiada? Tavío ha dicho que no, pero su partido echa balones fuera denunciando la ilegalidad de las intervenciones (como ha dicho el mismo Soria sobre Arona), cuando las que se han conocido fueron autorizadas por un juez.
Todos estos trapicheos telefónicos están relacionados además con la gestión pública de sus protagonistas y las de Arona no son ni mucho menos las primeras en aparecer. Éstas y las demás (caso Góndola, Eólico, Antigua...) han servido para saber por ejemplo que un voto se puede comprar por tan solo 20 o 30 euros, que para sobornar a un concejal se puede ofrecer un solar y un kilillo (de pesetas o euros, no se aclara), que hay que insistir mucho con los mandamases para acelerar un proyecto urbanístico por la dichosa ley o que si quieres que un alcalde enchufe a una sobrina, ésta por lo menos debe hacer un examen decente.
Entre la privacidad y el interés público
La polémica sobre las escuchas telefónicas se centra en la línea que separa el derecho a la privacidad de la potestad de la justicia para intervenir las conversaciones de todas aquellas personas investigadas por la posible relación con actividades irregulares. El derecho individual a no sufrir intromisiones en la intimidad y el honor está perfectamente garantizado por diferentes convenios internacionales y el marco legal y constitucional español.
La misma Constitución garantiza en su art. 18.3 el secreto de las comunicaciones, pero deja expresa constancia de que la excepción será siempre en virtud de una resolución judicial. La ley 4/1988 modificó el Código Procesal Penal y su artículo 579 establece: "(...) El juez podrá acordar la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa". Pero, ¿que los medios hagan públicas las escuchas legales es deontológicamente aceptable? Teóricamente sí, siempre que éstas tengan un interés público, como ocurre con las actividades de los responsables o funcionarios de las administraciones.
a href="http://www.laprovincia.es/canarias/2009/09/09/canarias/256247.html">* La Provincia - DANIEL MILLET | SANTA CRUZ DE TENERIFE - 9.09.09
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12.9.09
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Canarias
Condenado a siete años de inhabilitación el ex edil de Urbanismo de Vitoria
ELPAÍS* : El Juzgado de lo Penal nº2 de Vitoria ha condenado al ex edil de Urbanismo de la capital alavesa, el popular Jorge Ibarrondo, a siete años de inhabilitación especial para ocupar un puesto de concejal y una multa de 9000 euros por un delito de prevaricación urbanística por haber permitido que una constructora levantase siete chalés en un solar vitoriano en el que legalmente sólo se podían edificar seis.
La pena de inhabilitación no tendrá consecuencias prácticas, ya que Ibarrondo ha abandonado la política tras haber sido edil de la corporación vitoriana entre 1999 y 2007, bajo el mandato del popular Alfonso Alonso como alcalde. Contra la sentencia cabe recurso cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alava.
La sentencia decreta además la nulidad de pleno derecho de la licencia de obras que se otorgó a la empresa Construcciones Salgado SA en junio de 2005, aunque no ordena el derribo del chalé cuestionado.
El fallo considera probado que Ibarrondo concedió la licencia de obra en dicho mes "conociendo que no podía hacerlo por ser contraria a la normativa urbanística" y sin que constase "ningún otro informe de técnicos del Ayuntamiento, o de técnicos externos al mismo de forma previa a la emisión de la licencia, y sin que se hubiera producido ninguna circunstancia nueva ni motivo conocido, todo ello "a salvo de su sola voluntad de otorgar la licencia".
El fallo considera veraz el testimonio prestado por los técnicos del Ayuntamiento de que no tuvieron conocimiento de la licencia hasta finales del año 2006. Los técnicos municipales emitieron reiterados informes en sentido contrario a la concesión de la licencia para edificar siete viviendas, ya que la parcela en que se iban a levantar no alcanzaba el mínimo exigido por la normativa urbanística para ello. Existen incluso dos resoluciones denegatorias previas a la licencia emitidas antes por el propio Ibarrondo, y no consta informe alguno favorable a la concesión hasta diciembre de 2006, más de un año después de que la licencia hubiese sido otorgada.
El fallo recuerda que "en modo alguno ha sido objeto del juicio el análisis de la existencia de alguna posible contraprestación a cambio del dictado de la resolución". Ibarrondo no había sido acusado de ello por ninguna de las acusaciones personadas en la causa.
El PP recurrirá la condena
El PP de Álava ha afirmado hoy que confía en que finalmente se probará la "inocencia" de Jorge Ibarrondo cuando se resuelva el recurso que éste va a presentar a su condena por prevaricación urbanística, informa Efe.
En un breve comunicado, el PP alavés ha mostrado su "sorpresa" por la sentencia de condena del Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria. Para el PP, la actuación de Ibarrondo "se atuvo a la ley", por lo que este partido ha asegurado que "sigue confiando en la legalidad de las decisiones adoptadas en este sentido".
* ELPAIS.com - JAVIER RIVAS 11/09/2009
Foto: Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento - Miguel A. Garcia (vitoria-gasteiz.org)
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11.9.09
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Tema: NOTICIAS País Vasco
El Tribunal Supremo de Madrid paraliza la construcción de 8.800 viviendas en El Molar
ELMUNDO* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado un desarrollo urbanístico en El Molar en el que se pretendía construir 8.800 viviendas bajo la huella acústica del aeropuerto madrileño de Barajas y superar los niveles de ruido permitidos.
Así, el Tribunal de Madrid revoca la aprobación definitiva de un nuevo sector residencial, denominado SAU 21, al estimar el recurso interpuesto por los ecologistas contra dicho acuerdo adoptado en 2005 por la Comunidad de Madrid en 2005. Los magistrados entienden que el Decreto regional de protección acústica es de aplicación.
Ecologistas en Acción mostró su satisfacción ante el fallo judicial. No obstante, alertó de "las graves irregularidades" que se vienen cometiendo en la Dirección General de Urbanismo donde, a su juicio, "sin escrúpulos, se aprueban actuaciones urbanísticas que no sólo afectan al medio ambiente sino también a la salud de las personas".
En la resolución, el TSJM argumenta que la Comunidad de Madrid se ha apartado "sin justificación ni cobertura legal" de los criterios defendidos con anterioridad determinando que se tuvieran por subsanadas las deficiencias de que adolecía el SAU 21.
Exceso de ruido
Según la organización, la autorización para construir las viviendas se aplazó hasta en dos ocasiones. Este sector se sitúa en una zona donde se superan los niveles de ruido permitidos, para uso residencial, en el Decreto de protección de contaminación acústica de la Comunidad de Madrid.
Este Decreto es más restrictivo que la Ley del Ruido estatal. Mientras que la Ley del Ruido establece máximos de 65 decibelios diurnos y 55 decibelios nocturnos, el Decreto de la Comunidad de Madrid restringe el uso residencial a zonas donde no se superen los 55 decibelios diurnos y los 45 nocturnos. Todo ello para garantizar la salud de los ciudadanos.
Ecolistas en Acción explicó que, en 2005, poco después de llegar al gobierno Esperanza Aguirre y ocupar la Dirección General de Urbanismo Enrique Porto Rey, el sector, se aprobó definitivamente. Para ello se argumentó que el Decreto de protección de contaminación acústica de la Comunidad de Madrid no era de aplicación, siéndolo sólo la Ley de Ruido estatal. Así la nueva Dirección General de Urbanismo daba por subsanadas las deficiencias manifestadas en los informes emitidos, en años anteriores.
De esta forma, según la organización, se pretendía dar vía libre a la urbanización de 233 hectáreas y a la construcción de 8.800 viviendas que podrían llegar a albergar a 28.160 habitantes a sabiendas que la calidad de vida de los futuros residentes se vería mermada por el ruido producido por el sobrevuelo de los aviones del aeropuerto de Barajas.
Reyal, Realia y Fadesa, afectadas
Se da la circunstancia que los promotores son Reyal, Realia y Fadesa. Enrique Porto Rey había trabajado para esta última empresa antes de ser nombrado Director General. Además, el plan parcial del sector lo había redactado Plarquin Consultores, la consultora de la que Porto Rey era propietario y a la que siguió vinculado tras su nombramiento.
Ante esta situación y teniendo en cuenta que los terrenos del SAU 21 tienen importantes valores ambientales, Ecologistas en Acción, recurrió la aprobación definitiva, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Ahora, mediante sentencia de fecha 29 de mayo de 2009, notificada el 4 de septiembre, se anula la aprobación definitiva del ámbito del SAU 21.
* El Mundo - Europa Press - 10.09.09
Foto: Panorámica de El Molar (al Norte de Madrid) | elmundo.es
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11.9.09
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Tema: NOTICIAS Madrid
Pelotazo urbanístico en Barcelona: En marcha la recalificación del Miniestadi del Barça
DIAGONAL* : En una etapa de grandes desembolsos económicos para el F.C. Barcelona, la directiva ha logrado el visto bueno del Ayuntamiento para una lucrativa operación. Tras un año de rumores sobre la posible recalificación de los terrenos donde se asienta el Miniestadi del F.C. Barcelona, el pasado 28 de julio se produjo el pacto entre la alcaldía (PSC), la oposición (CiU y ERC) y la directiva del club para sacar adelante el proyecto durante el curso político que comienza, según informaba en nota de prensa el Ayuntamiento de la ciudad catalana.
Esta iniciativa pretende redefinir el marco legal creado en 1976 por el Plan General Metropolitano, que protegía en calidad de zona de equipamientos públicos este área de 7.000 metros cuadrados, ubicada en el barrio de Les Corts. El destino final de estos terrenos será la construcción de entre mil y 1.600 viviendas, de las cuales al menos el 60% serán de precio libre y el resto gestionadas por el propio cabildo. Siempre según el Ayuntamiento, el barrio de Les Corts recibirá en compensación 31.000 m2 de zonas verdes y 11.000 de equipamientos, si bien no consta dónde se construirán los mismos. Lo que sí ha trascendido es que las zonas para equipamientos que ha cedido el Barça para contrarrestar las 7 hectáreas perdidas en la isla del Miniestadi se encuentran en Montcada i Reixac, un municipio situado a 25 kilómetros de la zona afectada. Pasado y presente Ya a mediados de los ‘90 la entidad culé lanzó el plan Barça 2000, diseñado para explotar comercialmente las áreas circundantes al Nou Camp, algunas de las cuales son las mismas que hoy están en litigio. Sin embargo, esta idea se encontró con la oposición frontal de los vecinos, así como con un severo clima de desencuentro entre Generalitat y Ayuntamiento, que se hallaban en manos de CiU y PSC respectivamente. Todo ello, sumado a las pésimas relaciones que mantuvieron las directivas de Josep Lluis Nuñez y Joan Gaspart con la afición, precipitaron el fracaso y progresivo abandono del plan. Hoy el club que preside Joan Laporta se enfrenta a una serie de importantes gastos, que vienen a coincidir con una operación urbanística realizada “al vuelo, en pleno parón vacacional, sin consultar a vecinos o agentes sociales, y con un trasfondo de gran presión mediática, motivada en parte por el triplete conseguido por el Barça este año”, como apunta Jordi Giró, vicepresidente de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). 250 millones de euros costará la remodelación del Estadio, proyectada por el arquitecto británico Norman Foster; en 66 millones se tasó el futbolista Zlatan Ibrahimovic; y 3,7 ofrecidos por Ricky Rubio, un record en la ACB. Se estima que el club obtendrá unos 300 millones con la gestión del paquete de viviendas que construirá en los terrenos que se van a recalificar durante 2010, según informa la agencia EFE. Oposición vecinal El día que se firmó el acuerdo entre los actores políticos, que coincidió con la presentación estelar de Ibrahimovic ante 60.000 socios, hubo una doble reunión para comunicar los resultados del pacto. Mientras el alcalde le daba la buena nueva a Joan Laporta, el concejal de urbanismo, Rafael García Bragado, les comunicaba a los representantes vecinales los hechos consumados. Según relata Jordi Giró, presente en esa reunión, los representantes de la FAVB exigieron la convocatoria de una serie de reuniones para definir sobre el mapa, y entre todas las partes afectadas, cómo, dónde y con qué criterios se van a desarrollar las nuevas áreas de equipamientos. La negativa del concejal a la propuesta puede provocar, en palabras de Giró, “una seria fractura social entre el Ayuntamiento y una ciudadanía que considera su barrio como patrimonio propio”, así como una crisis de representatividad “que favorecerá la erosión de la confianza de la ciudadanía en la clase política”.
Nocturnidad y respuesta
En un comunicado emitido un día después de consumados los hechos, la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos y Entidades de Les Corts lamentaba que se hubieran producido “sin la consulta previa a las entidades vecinales afectadas”. Denuncian que el “pelotazo” se haya producido “con nocturnidad, en plena temporada vacacional, de un día para otro y con grandes presiones del Ayuntamiento”, como apunta Jordi Giró. A pesar de ello, en solo 24 horas se consiguió convocar una asamblea vecinal extraordinaria de 400 personas para estudiar respuestas. Respecto a los terrenos de Montcada, consideran “irracional, insostenible y perverso” que ciudadanos de Barcelona tengan que desplazarse 25 km para ir al médico o a la escuela.
* Diagonal - Ástor Díaz Simón. Redacción - 11.09.09
Foto: NO AL PLAN. Los vecinos han mostrado su rechazo al proyecto desde el comienzo.- diagonalperiodico.net
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11.9.09
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Urbanismo Sostenible dice que el 50% del PAI de Las Cañadas está en suelo protegido
INFORMACIÓN/Alicante* : La Plataforma por un Urbanismo Sostenible aplaudió ayer la decisión del Consell de rechazar el polémico Plan de Actuación Integrada (PAI) de 7.200 viviendas y el campo de golf en el paraje de Las Cañadas en Elda por su impacto ambiental. El responsable de la agrupación Antonio Gisbert mostró su satisfacción por el hecho de que el Servicio Territorial de Ordenación de Territorio haya realizado un informe en el que reitera que "el proyecto no es aceptable a los efectos ambientales".
Gisbert manifestó ayer que "estamos contentos porque todas las críticas y las movilizaciones que hemos realizado han tenido sus frutos. Ahora nos han dado la razón" recordando que "no estábamos de acuerdo porque se suscribió un convenio de colaboración que no se hizo público, esa fue la primera irregularidad. Nos enteramos de lo que estaba ocurriendo cuando la empresa presentó la documentación".
El miembro de la plataforma precisó que su rechazo al plan se produjo cuando supo que "iba a producirse un atentado ecológico salvaje contra el espacio natural" puesto que la intención del Ayuntamiento era "recalificar un diez por ciento del suelo de Elda teniendo en cuenta que más de la mitad del terreno previsto en la urbanización estaba calificado como protegido". Gisbert aseguró ayer que la Plataforma por un Urbanismo Sostenible se movilizó y llegó a convocar marchas para rechazar esta actuación urbanística porque "considerábamos que se iba a crear una ciudad insostenible. Este tipo de actuaciones son las que nos han llevado a la crisis actual que estamos viviendo, porque no se puede depredar el territorio de esa forma". En todo momento la plataforma defendió que no se realizara el proyecto, entre otros motivos, por la eliminación de miles de pinos, carrascas y otros tipos de arbolado, así como múltiples especies de fauna. Según el responsable "estamos muy satisfechos porque presentamos alegaciones, nos movilizamos e hicimos una campaña muy fuerte en contra del campo de golf. No sé si la Conselleria habrá tenido en cuenta nuestras acciones de presión pero nosotros lo hicimos como ciudadanos comprometidos para concienciar a los vecinos y a las administraciones". Por último, Antonio Gisbert manifestó que "me gustaría escuchar ahora a todos aquellos que defendieron este proyecto, porque siempre se ha sabido que desde el punto de vista ambiental no era sostenible".
Recordar que en enero de este año, la Conselleria paralizó el campo de golf al ser un suelo protegido por su interés paisajístico. El Ayuntamiento prefirió no presentar alegaciones al considerar que la empresa debía subsanar numerosas deficiencias. Pese a que la mercantil mandó numerosos documentos, la Conselleria ha vuelto ahora a desestimar el plan. Durante los últimos cuatro años, el proyecto del campo de golf y la zona residencial ha contado con un sinfín de críticas pese a que ha sido modificado en multitud de ocasiones. En la pasada legislatura, la urbanización afectaba a la cima de la Sierra de la Umbría. Ante las quejas, el constructor rebajó la cota de edificación hasta las Barrancadas, iniciativa que también contó con el rechazo de asociaciones y vecinos. Finalmente, la empresa propuso que el proyecto se basara sólo en las Barrancadas, iniciativa que tampoco se ha avalado.
* Información - BEATRIZ RICO - 11-09-09
Foto: Imagen de una de las protestas contra el campo de golf -JESÚS CRUCES, diarioinformacion.com
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11.9.09
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El ex-alcalde de Santurde, inhabilitado tres años y multado con de 73.000 euros
LARIOJA* : El ex-alcalde de Santurde de Rioja, Jesús Montoya, ha sido condenado a pagar una multa de 73.000 euros y a tres años de inhabilitación como autor de un delito de negociaciones prohibidas para los funcionarios públicos, al calificar como residencial una parcela dotacional de su propiedad.
Un juzgado de lo penal de Logroño ha condenado al ex-alcalde de Santurde a una pena económica el doble que la que pedía el fiscal -36.500 euros-, y la ha establecido en 200 euros diarios durante un año, con un día de cárcel por cada dos cuotas no pagadas como alternativa.
Este incremento se debe a que el juez considera que debe ser sentenciado al máximo legal, en tiempo, y a una cantidad acorde a la capacidad económica del acusado y a la promoción de viviendas, 47 en total, realizada en la parcela.
El juicio contra Montoya, que fue alcalde de Santurde durante 12 años -con el Partido Riojano (1995-1999) y en dos legislaturas (1999-2007) con el PP-, tuvo lugar el pasado 20 de julio y el PSOE se personó en él como acusación particular.
La sentencia considera como hechos probados que en julio de 2004 la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño vendió una finca en Santurde por 480.708 euros a una firma, Ribera del Oja Mercantil de Inversiones" de la que, días después, Montoya fue nombrado administrador solidario.
La parcela, conocida en el pueblo como el "Edificio de las colonias", estaba calificado en el Plan General Municipal como suelo dotacional, con uso asistencial privado.
En septiembre de 2004, Ribera del Oja Mercantil de Inversiones pidió la modificación del Plan General para que el solar dotacional tuviese un uso residencial.
El Pleno del Ayuntamiento de Santurde, en ausencia de Montoya, acordó, en enero de 2005, la modificación del Plan General solicitada por esta sociedad y facultó al alcalde para firmar y tramitar los documentos necesarios.
En marzo de 2005 la modificación fue aprobada por la Comisión Permanente de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Para entonces, otra empresa, propiedad de Montoya había comenzado con el derribo de las edificaciones del solar para construir en él 47 viviendas, diez de ellas unifamiliares, apartamentos, locales comerciales, un complejo deportivo y un garaje.
El fallo establece que si bien la modificación urbanística siguió el procedimiento legal necesario, cuando se realizó el condenado era administrador de la empresa que promovió el cambio urbanístico, alcalde del municipio y dueño de la constructora de la obra en esa parcela.
Recuerda, también, que por su cargo de alcalde era conocedor de la situación de la parcela mientras pertenecía a la Diócesis, ya que ésta intentó con anterioridad a los hechos, promover su cambio de calificación urbanística y venderla al municipio.
En este sentido, relata que la Diócesis llegó a presentar un recurso de alzada contra el Plan General de Santurde, en el año 2000, al que no tuvo respuesta por parte del Ayuntamiento en los cuatro años siguientes; sin embargo, una vez vendida la parcela, la empresa de Montoya pidió el cambio de calificación y recibió la respuesta tres días después de presentar la solicitud.
El informe que justificó el acuerdo favorable al cambio fue realizado por el arquitecto municipal, Jesús D. Valer, quien por las tardes trabajaba para Construcciones Montoya, la empresa del acusado, relata la sentencia.
El fallo recoge como el propio alcalde votó a favor del cambio urbanístico para la parcela de la empresa en la que figuraba como administrador, lo que supone que Jesús Montoya "promueve, autoriza, construye y vende" con lo que incumple el reglamento de ordenación de las corporaciones locales.
El juez desestima las alegaciones hechas por la defensa, sobre que la secretaria no avisó al alcalde de esta cuestión, ya que "nadie sabía que el terreno había pasado a ser propiedad de la empresa de la que el acusado era administrador solidario, por lo que difícilmente podía informarle".
Tampoco estima su desconocimiento de la normativa, dado que ocupó la alcaldía 12 años y fue él quien acudió al Pleno Municipal a informar y aprobar la modificación del Plan General.
El magistrado tampoco ha atendido a una petición de la acusación particular para considerar como agravante el carácter público del cargo que ocupaba el acusado, por lo que reclamaban una pena de 270.000 euros y dos años de suspensión de cargo público.
* larioja.com - EFE - 10.09.09
Foto: Santurde de Rioja, ayuntamiento - santurdederioja.org
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10.9.09
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Tema: NOTICIAS LaRioja
Unesco insta al Albaicín a mejorar en doce puntos
IDEAL/Granada* : El centro Unesco en Andalucía ha elaborado un listado de doce aspectos a mejorar en el Albaicín y ha instado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada a que los resuelvan de forma consensuada dado el carácter "excepcional" de este barrio, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1994.
Así lo ha manifestado el presidente del centro Unesco en Andalucía, Miguel Carrascosa, al término de la reunión que ha mantenido con el delegado de Cultura de la Junta, Pedro Benzal, para analizar el estado del patrimonio histórico de la ciudad.
Carrascosa ha precisado que la intención de la Unesco no es "poner en ridículo" al consistorio granadino sino promover el "diálogo" con la intención de mejorar el patrimonio de Granada .
Ha indicado que pese a que en la última década se han desarrollado actuaciones en Albaicín que han mejorado su estado, aún existen problemas por resolver como tapias caídas y pintadas que ofrecen una imagen "bochornosa".
Entre el listado de doce actuaciones a acometer en el barrio del Albaicín, elaborado por el centro Unesco de Andalucía, se encuentra la vigilancia para evitar pintadas en Bienes de Interés Cultural como murallas, puertas o edificios así como sus entornos; evitar la ocupación ilegal de viviendas y cuevas o la renovación de pavimentos.
El organismo también insta a la revalorización de los restos del Maristán, la finalización del paseo lineal de la Muralla de la Alcazaba Antiguo o la adquisición de propiedades privadas en San Miguel Alto.
Un mayor control del expolio de elementos arquitectónicos en edificios catalogados en obras o sin uso, la retirada del cableado o de antenas de televisión e instaurar una política de rehabilitación de viviendas en lugar de la opción por obra nueva son otras de las acciones a desarrollar en la zona.
La Unesco pretende celebrar "en el menor tiempo posible" otra reunión con el Ayuntamiento de Granada para hacerle llegar estas medidas así como organizar unas jornadas para concienciar a la sociedad de la importancia del patrimonio artístico y a la que podría asistir el director del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, Francesco Bandarín.
Por su parte, el delegado de Cultura, Pedro Benzal, ha indicado que es importante que en una ciudad como Granada el patrimonio se vea como un elemento "positivo, no negativo", ya que es un bien histórico que todos "deben proteger" desde el ámbito de sus competencias.
Ha señalado que su institución comparte al 99 por ciento los planteamientos de la Unesco y ha indicado que por ello "caminarán de la mano" para conservar el patrimonio de este barrio granadino, por lo que ha abierto el diálogo a otras administraciones e instituciones a las que ha pedido que hagan un "esfuerzo" para que Granada "luzca".
El Albaicín no se puede "transformar ni cambiar", ha dicho Benzal, quien ha asegurado que la Junta será "más conservadora" para proteger y conservar la zona histórica.
El responsable de Cultura de la Junta ha manifestado que el Albaicín no está "tan mal" aunque existen actuaciones que se necesitan con "cierta urgencia" como la vigilancia, la limpieza, el registro o el control de los solares.
A esta reunión no ha asistido el Ayuntamiento de Granada cuya concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, acusó ayer a la Junta, al Ministerio de Cultura y a la Universidad de Granada de "abandonar" la conservación del Albaicín y dejarlo en manos de la administración "más pobre", aspecto que el delegado de Cultura ha negado.
* Ideal - EFE - 10.09.09
Foto: Estado de abandono que presenta el Palacio de Dar Al Horra en el barrio del Albaicín. RAMÓN L. PÉREZ, ideal.es
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10.9.09
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Andalucía