PÚBLICO/Almería* : La Cala de San Pedro, una remota playa del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, tiene los días contados como refugio paradisíaco de la veintena de okupas que residen allí de forma permanente. El inversor Daniel Navarro es el dueño de los terrenos desde hace diez años, ya que la Junta dejó escapar la opción de hacerse con la cala por 90.000 euros. Navarro quiere hacer un resort turístico que exige el desalojo de la zona.
Los ecologistas denuncian que la sombra de la especulación planea sobre el proyecto, asentado en la compra a precio ventajoso de terrenos de gran valía.
Navarro ya ha presentado 23 denuncias ante la Guardia Civil para forzar a las administraciones a desalojar a los residentes y evitar las acampadas ilegales, que tienen lugar durante los veranos. La Junta y el Ayuntamiento de Níjar han empezado a buscar una "solución definitiva" a estas cuestiones, según fuentes de la Delegación de Medio Ambiente en Almería. En cuanto al futuro de la cala, estas fuentes no conocen oficialmente los planes de Navarro, pero garantizan que "no se construirá nada nuevo". "A lo sumo, se rehabilitaría lo que hay", dicen.
Los residentes, todos en situación irregular, viven la espera con indignación. A lo largo de 20 años han conformado una comunidad hippie que, al margen de su inviabilidad legal, se ha responsabilizado de la limpieza y el mantenimiento de la cala. Pero también hay sombras. Además de la ocupación de fincas, varios chiringuitos abren en verano sin permiso ni control. Los turistas son los principales responsables de otro problema sanitario: la acumulación de excrementos en el interior de la cala. "Ahora, tras olvidarse de esto durante años, las administraciones nos presentan como unos sucios cuando les conviene [para facilitar el resort]", lamenta Pura Cañero, que llegó hace 15 años y a la que el resto señala como voz más autorizada de la comunidad.
Navarro compró los terrenos en 1999 a los herederos de un inversor con socios ingleses al que las trabas legales disuadieron de llevar a cabo un proyecto urbanístico. Las 200 hectáreas que adquirió estaban escrituradas en 15 millones de pesetas (90.000 euros), un precio llamativamente bajo. El propio Navarro admite que pagó más, sin precisar cuánto.
Ahora maneja dos opciones para sacar beneficios de su inversión. "Una, un pequeño resort; dos, venderlo a algún comprador [privado] o a la Junta". Y añade: "Estoy dispuesto a vender, no a regalar".
Espacio protegido
Pese a que Navarro comunicó por escrito la compra a la Agencia Andaluza de Medio Ambiente en enero de 1999, dicho organismo no ejerció sobre los espacios protegidos su derecho de retracto, que hubiera dejado los terrenos en propiedad pública por 90.000 euros. La Junta inició después un largo litigio que se cerró en enero de 2007, cuando el Tribunal Superior andaluz dio la razón a Navarro y le reconoció la propiedad de 48 fincas.
Ahora toda la cala hasta el poblado de Las Negras es de Navarro salvo la playa dominio marítimo terrestre, competencia de Costas, una finca privada y un antiguo cuartel de la Guardia Civil, comprado por la Junta y hoy okupado.
La Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar se pregunta en el último número de su publicación El Eco del Parque si tras toda la operación hay "algún asunto sucio", sobre un supuesto trato de favor a Navarro. María del Mar Ruiz, vicepresidenta de la entidad, denuncia además que la calificación medioambiental de la cala "le pone las cosas muy fáciles al dueño, al ser compatible con una rehabilitación turística".
Navarro dice que la Junta, lejos de ayudarle, le dificulta las cosas al no forzar el desalojo y al haberlo llevado a juicio. "Fue una operación que si salía bien podía ser rentable, pero también podía perder mucho. Si la Junta me hubiera ganado el juicio, sólo habría recibido los 15 millones. Yo me he limitado a cumplir la ley. Que ellos la hagan cumplir", afirma.
* Público - ÁNGEL MUNÁRRIZ - 15.08.09
Foto: publico.es
La especulación amenaza el último paraíso hippie de la costa andaluza
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16.8.09
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Telde: De barrio estrella a vertedero
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : Los propietarios de las parcelas de la urbanización de Arauz muestran su malestar ante el retraso de las obras de construcción del barrio y su deterioro. La urbanización de Arauz, uno de los proyectos estrella del casco, sigue sin ver su fecha de final. Lo que iba a ser la prolongación del núcleo de población de Telde continúa, después de diez años, sin terminar.
El 10 de junio de 1999, el Ayuntamiento, como promotor de las obras, adjudicó a una constructora los trabajos de la urbanización, que estaban previstos que concluyeran en un plazo de siete meses y contaron con un presupuesto inicial de 2,4 millones.
Sin embargo, 10 años después, los propietarios de la zona siguen indignados con la situación. La familia de José Luis Pérez era propietaria de unos 5.000 metros cuadrados. Tras negociar con el Ayuntamiento de Telde se quedaron con unos 700 metros que serían urbanizables cuando finalizaran las obras. Según la ley, parte de los terrenos tenían que ser derivados al consistorio para que éste pudiese habilitar la zona. Pérez considera que lo que se ha hecho es "un derroche de dinero. Ahora hay que volver a habilitar y equipar todo".
Actualmente los terrenos se encuentran en un estado de abandono. Bidones, alcantarillas oxidadas, escombros, restos de tuberías, botellas, e incluso, una caseta de obra decoran el lugar. La razón es que las obras se paralizaron en 2003 tras varios episodios de desavenencias entre la constructora y el Ayuntamiento por la urbanización de los terrenos, sobre todo por las críticas por la lentitud con la que se acometía y el resultado final de algunas infraestructuras. Finalmente, tras nuevos desacuerdos entre ambas partes, los trabajos se pararon, y hasta la fecha.
En el parque urbano asoman dos edificios que fueron construidos hace años. Uno por error municipal y el otro por silencio administrativo. Ambos están sin finalizar. En uno de ellos puede apreciarse la instalación de los termos de agua que esperan, algún día, poder ser encendidos.
El edil de Contratación, Agustín Arencibia, alega que el proyecto se actualizó y se espera que éste salga en septiembre.
* La Provincia - FÁTIMA MARTEL - 15.08.09
Foto: De barrio estrella a vertedero - laprovincia.es
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Tema: NOTICIAS Canarias
La Xunta planea borrar la reserva de vivienda pública de la ley del suelo
ELPAÍS/Galicia* : El Gobierno gallego baraja eliminar de la ley del suelo de Galicia la obligación de ceder para viviendas de protección oficial el 2,5% del terreno que se pueda edificar en suelo urbanizable, según señalaron ayer el portavoz nacionalista en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de Allariz, Francisco García, y el concejal de Obras de Pontevedra, César Mosquera.
Esta condición necesaria, introducida por el Gobierno bipartito, desaparece con las modificaciones legales que plantea la Xunta, que alivian los requisitos para la construcción en suelo urbano y rústico y vuelven, según el BNG, a un modelo "liberalizador y permisivo". Los dirigentes nacionalistas conocen el texto por el borrador que la Xunta ha enviado a la Fegamp.
"Nos preocupa que se estén dando bandazos en relación con la legalidad urbanística y no se propicie un pacto de país", manifestó Mosquera. Los cambios previstos en la ley, conocida oficialmente como Lei de Ordenación Urbanística e Protección do medio rural en Galicia (Louga), no recogen, según García, las reclamaciones de la Fegamp, a la que la Xunta utilizaría "como pretexto para hacer una revisión en profundidad" de la normativa urbanística, para favorecer "una política de dispersión poblacional".
El BNG señala además que este proyecto preliminar modifica la definición del concepto de suelo urbano, que se aleja de la establecida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y lo hace más vago, lo que provocará, según Mosquera, que "proliferen como hongos las urbanizaciones sin dotaciones de ningún tipo y sin cargas". "De Pontevedra a Porriño todo sería urbano", explicó. Para el concejal pontevedrés, el plan de la Xunta sigue el espíritu del decreto estatal aprobado en 1996 durante el Gobierno de José María Aznar, en el que "todo lo que no estaba especialmente protegido era urbanizable".
Los nacionalistas consideran, además, que una reforma en profundidad de la ley no se justifica "ni conceptualmente ni en la práctica" antes de que se aprueben definitivamente las Directrices de Ordenación de Territorio, pendientes desde la primera modificación de la ley, efectuada en 2004 cuando Manuel Fraga era presidente y Alberto Núñez Feijóo conselleiro de Política Territorial, y que llegó tan solo dos años después de la aprobación inicial de la norma.
Para el BNG, la actual propuesta de modificación "ni siquiera se corresponde con los planteamientos" de Feijóo cuando estaba al frente de la consellería. García admitió que los ajustes propuestos favorecen la autonomía municipal respecto a las concesiones de licencias urbanísticas en suelo rústico, pero no así "en aspectos sustanciales como la aprobación definitiva de planeamientos municipales".
El proyecto prevé también alterar los criterios de interpretación de las dudas en el planeamiento urbanístico, que antes favorecían la dotación de espacios públicos y la protección ambiental y que ahora se regirán por las normas genéricas del Código Civil. Con esto "se abrirá la mano a soluciones aberrantes", adujo Mosquera. Este documento, que todavía es preliminar, provocará también, según los nacionalistas, un excesivo desajuste entre las cargas para la edificación en suelo urbano respecto al rústico, lo que incentivará "un éxodo de población de las ciudades y villas hacia urbanizaciones dispersas y esparcidas por el territorio sin ninguna adaptación al entorno rural".
En este sentido, los representantes del BNG también critican, en un documento en el que detallan los cambios de la ley que consideran negativos, la eliminación de la parroquia como "núcleo vertebrador de la convivencia y la prestación de servicios comunes". "Ahora cualquier agrupación de casas puede ser un núcleo rural", señala Mosquera. El BNG se queja también de que la consellería no haya explicado los motivos por los que promueve el cambio legal. "La modificación propuesta no cuenta con ninguna exposición de motivos", arguyen los nacionalistas, que entienden que, de aprobarse la ley, la reordenación del territorio retrocederá 10 años.
* ELPAIS.com - VÍCTOR HONORATO - Santiago - 15/08/2009
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
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Bilbao: «Queremos soluciones ya», piden los vecinos
ELCORREO* : «Es una mala noticia, desde luego». Los vecinos de Castrejana y Zorroza mostraron su pesar por la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula el plan urbanístico aprobado para suprimir un paso a nivel en las inmediaciones de la fábrica de Profusa. «Necesitamos soluciones ya», advirtieron los residentes, que llevan «años» reclamando el soterramiento de la línea de Feve.
Un proyecto que continúa sin cobrar forma pese a que se han hecho algunos avances.
El último fallo ha caldeado el ambiente. «No entendemos lo que está sucediendo. Necesitamos una salida integral que permita eliminar el paso de Castrejana y también el resto de los que existen en la zona», explicó Luis Muñoz, portavoz de la Asociación de Vecinos de Zorroza y miembro de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Bilbao.
Muñoz expresó su malestar con contundencia: «Ya es hora de acabar con esta situación, porque las personas que vivimos en estos dos barrios llevamos toda la vida soportando este problema; los ruidos, los problemas de comunicación, los muertos que ha habido...». «Tenemos -continuó con su queja- que atravesar las vías para llevar a nuestros hijos al colegio y, en los tiempos en los que estamos y con los medios técnicos que existen, ya no hay excusas para no soterrar la línea y crear una estación subterránea en Zorroza».
A su juicio, las instituciones y la compañía de transporte «están mareando la perdiz». «Han presentado varios engendros, parecidos al que ahora ha sido anulado por los jueces, para acabar con el problema. Pero se trata de parches, que encima suponen un desfilparro absurdo de dinero, y nosotros lo que necesitamos es una salida que sea, de verdad, justa y efectiva para la gente del barrio», insistió Muñoz.
«Más implicación»
En este sentido, el representante vecinal reclamó un papel más activo por parte de las autoridades locales: «El Ayuntamiento suele echar balones fuera diciendo que no es su competencia, pero el Consistorio, como institución más cercano a los ciudadanos de Bilbao, tiene la obligación de mojarse y hacer todo lo posible para implicar a aquellos que tienen la llave de este asunto». La última manifestación de los vecinos de Zorroza y Castrejana para exigir el cubrimiento de las vías tuvo lugar a mediados de diciembre de 2007.
CRONOLOGÍA
25 de mayo de 2006: Fomento se compromete a eliminar tres pasos a nivel. Además del situado en el casco urbano de Zorroza, asegura que eliminará el situado en las inmediaciones de Profusa y el que está junto a las instalaciones de Flex.
5 de marzo de 2007: Mientras avanzan los planes del ministerio para dotar de mayor seguridad al barrio, un hombre fallece arrollado por el tren.
12 de marzo de 2007: Los protestas de los residentes se recrudecen. Se ocupa el paso a nivel para exigir su supresión inmediata.
Diciembre de 2007: Los vecinos retoman las movilizaciones en demanda de una mayor seguridad y una mejora urbanística de la zona.
Marzo de 2009: Un camión ligero se estropea en mitad del paso a nivel, con las barreras bajadas, poco antes de que llegara el tren. Sólo la decidida y rápida intervención de un grupo de viandantes, que comenzó a empujar el vehículo para sacarlo de la zona de peligro, evitó un accidente de graves consecuencias.
* El Correo Digital - 5.08.09 -J. G. | BILBAO
Foto: Los vecinos han exigido el soterramiento de la vía de forma reiterada. / MAITE BARTOLOMÉ, elcorreodigital.com
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Foz: La Guardia Civil investiga el uso ilegal de restos de un castro en San Cibrao
ELPAÍS/Lugo* : La Guardia Civil está investigando la presunta utilización ilegal de patrimonio arqueológico en la construcción del polígono industrial de Foz. Según una denuncia presentada ante el Seprona y la Dirección Xeral de Patrimonio por la asociación Mariñapatrimonio, restos arqueológicos del castro da Atalaia de San Cibrao, entremezclados con arena, estarían siendo trasladados hasta Foz para usar en la construcción de un polígono industrial en esta localidad.
La asociación denunciante aseguró ayer que el Seprona ya ha confirmado la utilización ilegal de esos restos.
La Guardia Civil se dirigió ayer al conductor de uno de los camiones que están trasladando los restos para advertirle de la "presunta irregularidad" de la operación, según aseguraron fuentes del instituto armado. Ante el aviso, el camionero optó por abandonar el transporte. El Seprona ha comunicado también los hechos a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta. "El traslado podría no reunir todos los requisitos administrativos", admitieron estas fuentes, que están a la espera de recibir una respuesta de Patrimonio antes de actuar contra el traslado.
Parte del entorno del castro da Atalaia fue invadido hace dos años por las obras de una promoción urbanística en San Cibrao, que afectaron a parte del conjunto arqueológico. El portavoz de Mariñapatrimonio, Manuel Miranda, asegura que entre los escombros presuntamente trasladados a Foz hay restos de dos molinos y de cerámica. La ley estipula que esa clase de vestigios no se puede transportar sin la supevisión de un arqueólogo. Mariñapatrimonio afirma que todo el proceso ha estado repleto de ilegalidades. Según Miranda, los escombros fueron sacados del castro mientras pesaba una orden de paralización de las obras y depositados en una finca junto a la gasolinera de Cervo sin disponer de ninguna clase de autorización.
La asociación en defensa del patrimonio afirma que los restos del castro fueron cubiertos con una capa de tierra, con el fin de taparlos antes de su traslado a Foz. Miranda señala que un agente del Seprona le explicó que ya se han identificado los escombros depositados en el futuro polígono industrial como originarios del castro. "Ahora será muy difícil rescatar los restos y separar las arenas que contienen patrimonio arqueológico. No saben el daño que han hecho", se lamenta.
El alcalde de Cervo, municipio al que pertenece San Cibrao, Alfonso Villares (PP) manifestó sus dudas sobre la ilegalidad del traslado. "Decir que son ilegales es mucho decir", afirmó. En cambio, el regidor de Foz, la otra localidad implicada, el socialista José María García Rivera, exigió que "se aclare exactamente si se metieron esos restos en el polígono" sin conocimiento de la institución municipal. García Rivera solicitó a la policía local que investigue los hechos.
* ELPAIS.com - PABLO VÁZQUEZ - Lugo - 14/08/2009
Foto: Foz (Lugo), castro S. Cibrao - celtiberia.net
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Tema: NOTICIAS Galicia
Indignación contra el Palau
ELPAÍS/Barcelona* : Los vecinos del Casc Antic no piensan ceder en su lucha en contra del hotel del Palau de la Música. Los documentos certifican que el Orfeó Català cedió la titularidad de tres fincas de la calle de Sant Pere Més Alt, en Barcelona, a Olivia Hotels meses después de pactar con el Ayuntamiento y la Generalitat el cambio de usos de las mismas.
El nombre de Olivia Hotels no figura en la voluminosa documentación municipal y el Consistorio lo achaca a un "error". "Pues es un escándalo. Es una operación especulativa", resumió Jorge Sánchez, de la Asociación de Vecinos del Casc Antic.
La entidad celebrará en septiembre una asamblea para estudiar nuevas protestas tras sentirse "engañada" por el Ayuntamiento. "Sabían desde el primer momento que el Palau ya no era el dueño de las fincas y han estado beneficiando a una empresa privada", afirmó Sánchez. La asociación ya reunió 3.500 firmas contra un proyecto por saturar una zona ya llena de hoteles. El discutido hotel ya le resulta incómodo al mismo Consistorio, que el otoño pasado organizó un proceso participativo pagado por el Palau. Del debate vecinal surgió que el hotel no tuviera aparcamiento. La Generalitat ya obligó al arquitecto Òscar Tusquets a reformar el primer boceto por querer derribar dos fincas modernistas.
A finales de julio, Fèlix Millet, presidente del Palau, fue obligado a dimitir al estar investigado por la Fiscalía por un presunto desvío de 2,29 millones de euros. En octubre de 2006, Millet, el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, y el entonces regidor de Urbanismo, Xavier Casas, firmaron un convenio para modificar el Plan General Metropolitano (PGM) que diera vía libre al hotel. El Palau promovió el trámite urbanístico y lo presentó en el plazo de cuatro meses. En julio de 2007 se deshizo de las fincas.
Daniel Jiménez Schlegl, abogado de los vecinos y de Barcelona Vella, ha preparado una batería de medidas judiciales contra el proyecto: un contencioso contra Patrimonio -ya presentado- y otro contra la modificación del PGM. Posiblemente impugnará el convenio. "Está claro que no había ningún interés público y que toda la operación es especulativa. Con los indicios que hay, nos gustaría que un juez tirara el proyecto atrás", dijo Jiménez.
* ELPAIS.com - À. PIÑOL / L. MORGADES - Barcelona - 14/08/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Vecinos de Getafe se oponen a la ubicación de una gasolinera en El Bercial
EUROPAPRESS/Madrid* : La asociación vecinal 'Nuevo Bercial-Nuber' se ha opuesto hoy "de manera categórica" a la puesta en marcha de una gasolinera y a un túnel de lavado de coches en medio del barrio, aledaña a un parque y a pocos metros futuro edificio de viviendas, tras serle concedida este verano la licencia de instalación.
Según informó la asociación vecinal, se ha concedido la licencia de la gasolinera a Cepsa en una parcela que se encuentra en medio de nuestro barrio, pegada al parque de las Trece Rosas y a unos 20 metros de un solar que, en el futuro, albergará un edificio de viviendas.
Los vecinos se oponen "frontalmente" a la instalación por la contaminación atmosférica que supuestamente sufrirá la zona, "al emitir al ambiente compuestos orgánicos peligrosos para el ser humano, como el benceno, el tolueno (altamente cancerígeno), el xileno o el plomo".
Además, creen que aumentaría la contaminación acústica de la zona, al tener un túnel de lavado, el aumento del tráfico rodado --incluso de camiones--, y los riesgos de explosión o fuego y contaminación a los numerosos pozos de agua del subsuelo con los que cuenta la zona y que, inclusive, dan servicio de uso doméstico.
"Existen estudios que han concluido que los niños que viven cerca de gasolineras, tienen cuatro veces mayores posibilidades de desarrollar leucemia aguda que aquellos que vivían lejos de estos establecimientos. Y el riesgo fue incluso mayor en niños con leucemia aguda no linfobástica, que presentaron siete veces mayores posibilidades de sufrir la patología", señaló la asociación 'Nuevo Bercial-Nuber'.
Los vecinos entienden que la puesta en marcha de esta gasolinera es "una grave irresponsabilidad política" y critican que la Junta de Compensación del Bercial y el Ayuntamiento de Getafe "prioricen los intereses económicos por encima de los intereses sociales". Así se lo han hecho saber mediante escritos y de forma verbal en varias ocasiones al alcalde de Getafe, Pedro Castro y al concejal de Urbanismo, "haciendo caso omiso a la petición".
Además, aseguran que la instalación de la gasolinera "choca frontalmente" con las declaraciones del presidente de la Junta de Compensación del Bercial, "que afirmaba en un periódico local que se había diseñado un barrio 'ecológico'". "La ecología está opuesta a las gasolineras", apostillaron los residentes en la zona.
La asociación vecinal afirma que no es necesaria la instalación de la gasolinera porque en dos kilómetros a la redonda se sitúan otras cinco estaciones de servicio. "Por lo tanto, no existe un interés social, sino económico, por encima de la salud de los vecinos del barrio", indicaron.
Además, criticaron que de manera "casual" los periodos de alegaciones o de informaciones públicas siempre se han hecho en los periodos vacacionales (julio y diciembre de 2007, julio de 2009) "por lo que da la sensación de haber querido hacer pasar inadvertida la instalación de esta gasolinera a los vecinos".
SUPERACIÓN DE LOS LÍMITES DE RUIDO
Por otro lado, la asociación 'Nuevo Bercial-Nuber' apunta que el las mediciones de ruido que se han hecho en la parcela destinada a la gasolinera, en horario nocturno y sin tener aún instalada la gasolinera, han superado los límites permitidos por la ordenanza de ruidos del Ayuntamiento de Getafe. "También podemos comprobar que existe un severo riesgo de contaminar los numerosos puntos de agua que discurren bajo la parcela y que dan servicio de riego, industrial e incluso doméstico", añadió.
"El Estudio de Impacto Ambiental afirma que la gasolinera en funcionamiento tendrá impactos severos por la generación de ruidos y residuos, circulación de vehículos, carga y descarga de combustible, riesgo de incendio y explosión, riesgo de contaminación del suelo y las aguas subterráneas y superficiales y, sobre todo, el impacto sobre la calidad atmosférica, al estar situada la futura gasolinera a 20 metros de una parcela que albergará un edificio de viviendas y un parque público donde juegan niños y pasean los vecinos del barrio y frente al solar que, en el futuro, puede albergar la sede de la UNED", argumentó la asociación vecinal.
El Ayuntamiento de Getafe ha concedido un plazo de 30 días --que acaba los últimos días de agosto-- para ejercer el derecho ciudadano a realizar un Recurso de Reposición contra la licencia de instalación de la gasolinera.
Por todas estas razones, la Asociación vecinal redactará un recurso e iniciará movilizaciones encaminadas a paralizar la construcción de la gasolinera por considerarla "un atentado contra la calidad de vida de los vecinos del barrio".
* Europa Press - 13.08.09
Foto: Getafe (Madrid), ayuntamiento - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Madrid
Medio centenar de colectivos denuncia la urbanización de la Vega de Antequera
LAOPINIÓN/Málaga* : Un total de cincuenta organizaciones, entre ellas agrícolas, ecologistas y comerciantes, han denunciado hoy la pretensión por parte del Ayuntamiento de Antequera de urbanizar más de trece millones de metros cuadrados de la zona de la Vega situada en este municipio malagueño.
El presidente de la plataforma ciudadana "Antequera habitable", José Galán, ha señalado hoy en rueda de prensa que se trata de un modelo "irracional y antieconómico, que deteriora suelos fértiles de primera calidad, por lo que no se puede seguir destruyendo territorios".
Ha añadido que este plan urbanístico es un "escándalo que nos ha conducido a la crisis en la que estamos inmersos actualmente", por lo que pide a la Junta de Andalucía que impida las recalificaciones masivas en la Vega de Antequera, "el mayor espacio agrario de calidad que hasta ahora ha podido salvarse de la urbanización".
Asimismo, Galán ha criticado que proyectos como el AVE atraviesen esta zona agrícola fértil, ya que resulta "mucho menos agresiva" la línea de alta velocidad por el corredor ferroviario actual.
El presidente de la plataforma ha defendido que en el municipio existen zonas "idóneas" para el desarrollo de polígonos industriales como Bovadilla, área de secano en profunda recesión económica, Huerta del Romeral, que dispone de 500.000 metros edificables, y el Cerro de San Cristóbal con más de dos millones de metros cuadrados.
Por su parte, el secretario provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Málaga (COAG),Juan Antonio García Villalba, ha destacado la necesidad de impulsar un nuevo modelo basado en "la diversidad de actividades económica" para potenciar los recursos propios en los espacios de calidad.
"Se ha urbanizado toda la costa de Málaga y ahora también se pretende edificar en tierras fértiles del interior, lo que "influirá negativamente de cara a futuras generaciones", ha aseverado García.
* La Opinión de Málaga - EFE - 13.08.09
Foto: Antequera (Málaga), vega - picasaweb.google.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Urbanova se rebela contra el olvido
INFORMACIÓN/Alicante* : Socavones en el suelo de la carretera de acceso, agujeros en el paseo de la playa y muros rotos es la estampa que cualquier vecino o usuario de la playa de Urbanova debe ver cada día. La asociación de vecinos de la zona ha convocado una manifestación mañana viernes frente a la Subdelegación del Gobierno para protestar contra la situación en la que viven y se quejan de que se les hayan prohibido otras tres manifestaciones.
Llevamos aquí 24 años y aún no hemos conseguido que arreglen nada", aseguraba ayer indignada una vecina de Urbanova que no faltará a la manifestación de este viernes frente a la Subdelegación del Gobierno para conseguir que arreglen el paseo marítimo y la carretera que va hasta Santa Pola.
Tras la prohibición por parte de la subdelegada, Encarna Llinares, para llevar a cabo las protestas que estaban convocadas para los sábados 15, 22 y 29 de agosto en la carretera de Urbanova y en la rotonda de acceso, los vecinos de este barrio alicantino se manifestarán mañana viernes día 14, de 11.00 a 12.00 horas, en la plaza de la Montañeta frente a la Subdelegación del Gobierno.
Los vecinos y usuarios de la playa piden un nuevo paseo y el arreglo de la carretera de acceso a Urbanova con carril bici, peatonal e iluminación. "La carretera está llena de baches y de agujeros, a veces me da miedo perder el control del coche", señala un vecino mientras su mujer asegura que "nos están tomando el pelo". Según un escrito del presidente de la Asociación de Vecinos de Urbanova, Jesús Gómez, se han enviado cartas a Costas, a la entonces cabeza de partido del PSOE en Alicante Etelvina Andreu, a la subdelegada del gobierno Encarna Llinares, a las dos últimas ministras de Medio Ambiente y a otras tantas entidades oficiales, pero siempre han obtenido el mismo resultado: promesas incumplidas.
Mientras que los escritos enviados a Costas no surtieron ningún efecto, puesto que la asociación de vecinos no obtuvo ninguna respuesta, la cabeza de partido en Alicante del PSOE, Etelvina Andreu, les recibió en una reunión el día seis de julio de 2006. Andreu les pidió una serie de documentos para poder estudiar el caso de Urbanova y la asociación se los envió el día 27 de ese mismo mes. Sin embargo, a partir de ese momento tampoco tuvieron más noticias, ni de ella, que abandonó Alicante por Madrid, ni de sus correligionarios.
Con respecto al Ministerio de Medio Ambiente, tanto la antigua ministra, Cristina Narbona, como la actual, Elena Espinosa, recibieron cartas de la asociación de vecinos de Urbanova explicando la situación en la que se encontraban. Narbona contestó su escrito con otro prometiendo cosas que, según la asociación, jamás cumplió mientras ostentó el cargo de ministra y Espinosa ni siquiera les ha contestado.
Los vecinos están viviendo una situación de impotencia "increíble", asegura otra vecina, "porque vemos que todo lo que hacemos no sirve para nada. Nos toman por el pito del sereno".
Isabel Asensio, que lleva veraneando allí más de 23 años, dice que "esto es de vergüenza, nosotros pagamos impuestos como cualquier barrio de Alicante pero no obtenemos nada a cambio. Estamos abandonados para todo" y a su lado, Charo, otra vecina, afirma que "están listos para cobrar pero no para arreglar nada" y asegura que irán a la manifestación de mañana "a ver si esta vez nos dejan hacerla o nos la vuelven a prohibir".
Pero no son sólo los vecinos los que se quejan por la situación, sino que los turistas también lo hacen. Una pareja de veraneantes madrileños que ve los socavones en el suelo de la carretera no alzanza a entender "cómo pueden tener una zona tan turística como Urbanova de una manera tan descuidada".
Y es que más de la mitad de los transeúntes que caminaban por el paseo y a los que les preguntó este diario, eran turistas que estaban pasando algunos días en esta zona.
Durante la protesta de este próximo viernes, todos aquellos que asistan están convocados a ir con botes, cacerolas y todo lo que haga ruido con el fin, según el cartel informativo de los vecinos de Urbanova, de hacerse oír.
* Información - IRENE G. TEROL - 13.08.09
Foto: Urbanova - diarioinformacion.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Cataluña: Casi 20.000 jóvenes llevan meses esperando la ayuda al alquiler
ELPAÍS* : Casi 44.000 jóvenes catalanes han pedido desde enero de 2008 la renta básica de emancipación, la ayuda al alquiler de 210 euros mensuales que da el Ministerio de Vivienda. De todas las solicitudes, se resolvió que 38.986 tenían derecho a acceder a esta subvención. Pero hasta ahora sólo el 48% de los demandantes catalanes lo ha recibido, cuando la media de jóvenes que han accedido a la ayuda en el conjunto de comunidades supera el 65%.
El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha puesto en marcha una investigación de oficio ante las más de 300 reclamaciones que ha recibido en los últimos meses.
Sólo 18.989 catalanes recibieron hasta el 30 de junio la renta básica, una ayuda a la que tienen derecho los jóvenes de entre 22 y 30 años que ingresen menos de 22.000 euros anuales. La proporción es muy baja si se compara con otras comunidades. En el País Vasco la han recibido ya el 81% de los demandantes, mientras que en Canarias, la segunda más rezagada, la han obtenido el 62,3% de los que las pidieron.
Un portavoz del Síndic de Greuges explicó ayer que la actuación de oficio todavía está a medias, y agregó que ya se ha puesto en contacto con el Defensor del Pueblo, puesto que el pago lo realiza el Ministerio de Vivienda a pesar de que el encargado de tramitar la subvención es el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat. De momento, el Síndic ha recibido más de 300 quejas de jóvenes que llevan meses sin percibir las ayudas del ministerio.
El departamento que dirige Beatriz Corredor admite el retraso en el pago de estas subvenciones y lo atribuye a complicaciones con la fórmula mayoritaria que se usa en Cataluña para pagar el alquiler. Fuentes del ministerio explicaron que en Cataluña los alquileres se abonan sobre todo por domiciliación bancaria, mientras que en el resto de España se realizan por transferencia.
El proceso, explicaron desde el ministerio, es el siguiente: el joven presenta la solicitud; la comunidad autónoma la acepta o la deniega; si da el visto bueno, dicta una resolución que se lleva al banco; éste comprueba que se paga el alquiler mediante transferencia, y luego pasa el expediente al ministerio, que abona el alquiler.
El sistema funciona bien si se paga al casero a través de una transferencia. Si se realiza mensualmente con una domiciliación bancaria, el inquilino debe mandar el recibo al ministerio. Y según estas fuentes, éste es el problema: ya no pasa al sistema del Gobierno de forma telemática, sino que se tienen que ir introduciendo los datos de forma manual. Pero la demora deberá resolverse en otoño, que es cuando Vivienda estima que tendrá en marcha un nuevo sistema telemático a través del cual los bancos podrán sistematizar los datos y para el que se ha requerido un nuevo decreto.
La Generalitat lleva ya meses reclamando el traspaso de todo el proceso de gestión de estas ayudas por el retraso que viene observando en los pagos de los 210 euros. Fuentes del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda aseguraron ayer que aún no se ha atendido esta petición.
* ELPAIS.com - LL. PELLICER - Barcelona - 12/08/2009
Foto: Se alquila - A. Ruesga (El País)
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Tema: NOTICIAS Cataluña
¿A quién beneficia el AVE?
MIGUEL ÁNGEL LLANA* : El AVE se ha convertido en un problema político, en un mito, olvidando qué significa su construcción. Se asocia el AVE al progreso y, por el contrario, sin él quedamos condenados al ostracismo. Predomina la opinión de que todo son ventajas sin ningún inconveniente. Pero la realidad no es tan simple y menos lo es su construcción, su explotación y los beneficios que puede aportar a los ciudadanos y a la economía de su entorno. Y no es un problema de ingeniería sino de costes -de construcción y mantenimiento- que han de emplearse en detrimento de otros servicios sociales. Se omite que los recursos son limitados y que la voracidad por obtener beneficios fáciles es grande. En estas circunstancias el AVE es un negocio, no un servicio.
Hemos de olvidar lo que en nuestro imaginario nos sugiere el AVE o Alta Velocidad que nada tiene que ver con lo que entiende la Unión Europea y la Unión Internacional de Ferrocarriles, quienes consideran Alta Velocidad al tren que puede alcanzar los 350 km/hora, al que supere los 250 km/hora o al que, según circunstancias, circule a la mayor velocidad posible. En definitiva, un tren es AVE con tal que de vez en cuando alcance determinada velocidad sin que importe cómo circula cuando la orografía u otras circunstancias limiten su velocidad. Así es que la velocidad máxima poco nos dice y queda desvirtuada por la velocidad media que el tren puede obtener, que es la que en definitiva nos importa. Otros parámetros, no menos importantes, como la frecuencia, horarios, impacto medioambiental, coste, etc., quedan relegados en aras de la velocidad punta.
El AVE es una tecnología muy cara e importada (Siemens, Alstom, Bombardier...) que requiere una gran inversión en trenes y en infraestructuras, mientras que otros trenes como el TALGO con su tecnología pendular, y acondicionando las vías adecuadamente, pueden circular a una velocidad media -que es lo que importa- sólo un 15 o un 20% menores que el AVE, con inversiones modestas y compatibles, además, con otros trenes regionales y de mercancías cuyo servicio es ahora tan deficiente.
El transporte por ferrocarril es el más sostenible desde el punto de vista medioambiental, con un consumo energía unas cinco veces menor que por carretera, tanto para viajeros como para mercancías. No así el AVE cuyos consumos se equiparan a los del avión.
España proyecta encabezar la mayor infraestructura mundial de AVE y, en cambio, se mantiene a la cola en ferrocarril convencional. Y, cuando por otra parte, ni la orografía ni la densidad de población explican semejante apuesta por el AVE en detrimento de un ferrocarril en el que se puede circular de 150 a 200 km/hora. Mientras que, para las mercancías, muchos aspectos de la logística sí son determinantes, pero no la velocidad.
En el AVE, como en tantos otros proyectos, prima el gran negocio y las inversiones cuantiosas sin que asome por ningún lado la rentabilidad ni la utilidad de tanto despliegue de medios. El beneficio privado prima sobre el servicio, sin duda. Los países que lo han instalado lo han hecho en líneas desbordadas por el tráfico, congestionadas, y nunca para incentivar el transporte por ferrocarril convencional y menos para sustituirlo.
En España, el transporte por ferrocarril apenas supera el 3% del total, tanto de viajeros como de mercancías, es decir, menos de la mitad que en la UE. En medio de esta situación con miles de km de vías obsoletas o abandonadas, la preocupación de nuestros políticos se ceba en la discusión de rebajar unos minutos -aunque fuera una hora- un trayecto como por ejemplo Gijón-Madrid para cuatro trenes diarios con un millar de pasajeros, mientras, las comunicaciones ferroviarias en la zona central de Asturias para 800.000 personas concentradas en un diámetro de 50 km, han de perder millones de horas cada año en un transporte paupérrimo, deficiente en velocidad, frecuencia y horarios, obligando, por otra parte, a que miles de viajeros circulen por una autopista saturada -la "Y"- a la que ahora pretenden añadir un tercer carril para complicar más las cosas aunque ello suponga, como siempre, una cuantiosa inversión sin utilidad. En cambio, bastaría con mejorar los servicios de trenes sin que supusiera tanto gasto y, desde luego, sí un ahorro de tiempo y dinero -y hasta de salud- para los bolsillos de los usuarios.
Partidos, sindicatos mayoritarios y gobierno han convertido el AVE en un desafío político, mitad señuelo y mitad negocio, cuando ni una cosa ni la otra nada tienen que ver, ni resuelven tampoco, el problema de fondo y, menos aún, resuelven todo lo relacionado con el problema real del transporte de viajeros y de mercancías. Mientras, el tren de la costa circula a 30 km/hora y el de la zona central asturiana apenas llega a los 60 km/hora. Pero esto no parece ser problema y a nadie le quita el sueño.
* www.asturbulla.org
* Rebelión - 12.08.09
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
El CGPJ investiga el parón del caso del alcalde de Torrevieja
ELPAÍS/Alicante* : El estancamiento que sufre desde hace casi cuatro años el caso del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, del PP, y que debe aclarar una plusvalía de 5,2 millones logrados con la compraventa de una finca rústica en Almoradí ha llamado la atención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La Unidad Inspectora del CGPJ ha ordenado la incoación de diligencias informativas sobre la situación en la que está el proceso judicial, según explicaron ayer Los Verdes. La decisión fue tomada a mediados del pasado mes de julio.
El alcalde compró a la promotora Edén del Mar una finca de 18 hectáreas de suelo rústico en 2000 por 180.000 euros y dos años más tarde se la vendió a la misma firma por 5,4 millones. El caso se instruye en el juzgado número 4 de Torrevieja, pero apenas ha avanzado desde 2005. Ese año, declaró Hernández Mateo como imputado por los delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. El alcalde defendió en su declaración la legalidad del proceso realizado y vinculó la plusvalía lograda con la compraventa al "auge urbanístico" que se vivía en aquellos momentos y al que La Vega Baja no era ni mucho menos ajena.
La causa está pendiente del traslado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dada la condición de aforado de Hernández Mateo, diputado autonómico desde 2007. A finales del año pasado a la Fiscalía Anticorrupción exigió practicar todas las pruebas pendientes antes de elaborar los informes para remitir todas las diligencias al TSJ. Las pruebas se referían a las adjudicaciones que el Ayuntamiento de Torrevieja realizó a la promotora Edén del Mar antes y después de la operación inmobiliaria del alcalde. También a un informe pericial sobre los movimientos en las cuentas de Hernández Mateo.
Los Verdes se dirigieron el pasado mes de marzo al CGPJ para denunciar la "paralización que sufre" este procedimiento judicial Alertan, además, del "peligro" de que determinados delitos por los que el alcalde y diputado está imputado puedan prescribir, "al igual que ocurriría con los presuntos delitos fiscales que pudieran haberse cometido".
* ELPAIS.com - EL PAÍS - Alicante - 11/08/2009
Foto: Torrevieja (Alicante) - torrevieja.com
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Doce alcaldes y ex regidores de Jaén tienen cita con el juez por delitos urbanísticos
IDEAL* : Doce alcaldes y ex alcaldes de la provincia de Jaén tienen cita pendiente en el juzgado por supuestos delitos urbanísticos. A ninguno se le acusa de corrupción, de traer o llevar maletines o de lucrarse con las licencias. Sin embargo, jueces instructores, fiscales o guardias civiles consideran que no han cumplido con su obligación de hacer respetar la legalidad urbanística, y que han permitido la proliferación de chalés ilegales en sus pueblos.
Algo que según algunos de los alcaldes afectados «ha pasado en toda España». Pero les ha tocado a ellos. Los municipios en los que hay diligencias abiertas y en los que hay regidores imputados (o a punto de estarlo) por asuntos del ladrillo son Quesada, Torredelcampo, La Guardia, Jódar, Castillo de Locubín, Jamilena, Baños de la Encina, Noalejo, Cambil y Pozo Alcón. En Mengíbar hay una investigación en marcha sobre la etapa del anterior alcalde.
Ya pesan condenas sobre ex alcaldes de La Iruela o Albanchez de Mágina, que han sido inhabilitados. Es decir, más del 15% de los municipios de la provincia de Jaén están bajo sospecha de haber cometido desmanes urbanísticos.
A punto de pasar por el banquillo de los acusados (lo harán antes de final de año) están los alcaldes de Quesada, Manuel Vallejo, y de Torredelcampo, Blas Sabalete. El Fiscal acusa a Vallejo de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, por el que le pide inhabilitación para empleo o cargo público durante un año. A Blas Sabalete, que será juzgado en noviembre, le piden dos años de inhabilitación, la máxima pena prevista para el delito del que se le acusa.
Recién cerrada está la investigación realizada en Pozo Alcón, donde el Seprona de la Guardia Civil imputó a 72 personas, entre ellas a la ex alcaldesa, junto a medio centenar de vecinos, tres arquitectos técnicos, ocho constructores y diez directores técnicos de obra.
Curioso al menos es el caso de Noalejo. La Justicia llegó a imputar en 2007 a los once miembros de la anterior corporación municipal por su supuesta responsabilidad en irregularidades urbanísticas cometidas en la pedanía de La Hoya del Salobral. Un monte de titularidad pública calificado como suelo rústico protegido por paraje serrano donde se están construyendo chalés. En el caso, destapado a raíz de una investigación del Seprona de la Guardia Civil, también se imputó al actual alcalde, Antonio Morales Torres, y a un técnico municipal.
La mayor parte de estas causas judiciales abiertas comenzaron a instruirse en 2007 y aún están a la espera de juicio. Más vieja aún es la que se sigue en Baños de la Encina, donde a raíz de la denuncia de un particular se imputó casi a medio centenar de vecinos y al ya ex alcalde, Miguel Campillo, por las casas y naves ilegales que habían proliferado por todo el término municipal. Aunque para tumbos en los juzgados (con dos suspensiones ya) está el juicio del 'caso Megatín' de Torredelcampo, con el alcalde Sabalete imputado, que se instruye desde 2005.
En Castillo de Locubín la Guardia Civil investigó lo construido en las vegas de los ríos y llegó a imputar a 38 personas. Entre los llamados a declarar estaban tanto el alcalde actual, José Justo Álvarez, y el anterior, Antonio Cano. El PSOE, partido al que pertenece Cano, subrayó en un comunicado de 27 de marzo de 2008 que «nunca ha habido ningún tipo de especulación urbanística» a raíz de las supuestas obras ilegales en la zona de las Vegas» y que siempre «se actuó con la mayor honestidad y dentro de la mayor legalidad posible». Ese «dentro de la mayor legalidad posible» refleja la delicada situación con la que se encuentran los alcaldes a la hora de abordar el problema de las construcciones ilegales. Muchos se han quejado de que se encuentran con situaciones heredadas, con pocos medios en sus policías locales y con la presión vecinal para disponer de zonas residenciales.
En La Guardia es su alcalde, Juan Morillo, el imputado por autorizar una urbanización que no se ajustaba a la legalidad.
También figuran en la lista el ex alcalde de Cambil, Agustín Cubillo, por permitir chalés ilegales en su término municipal. En Jódar, el alcalde Angulo tiene un par de causas abiertas. Una por una expropiación que puede ser ilegal y otra por chalés ilegales.
En Andújar también se abrieron diligencias por temas urbanísticos en la carretera del Santuario. Se llegó a llamar a declarar al alcalde, Jesús Estrella, en calidad de imputado. Sin embargo el regidor iliturgitano demostró a la Fiscalía que no había incurrido en ilícito penal alguno y se levantaron los cargos contra él. Se sigue adelante contra un concejal de su equipo y varios particulares propietarios de las construcciones.
* Ideal - 12.08.09 -
J. E. POVEDA
Foto: Jódar (Jaen) - pueblos-espana.org
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Vistas para los estertores del ladrillazo murciano
PÚBLICO* : Rubén y Ascen, una pareja de jóvenes ecologistas me recogen en Cartagena para ver lo que queda virgen en la costa mediterránea española, el parque regional Cabo Cope y Puntas de Calnegre. Se trata del lugar en el que el Gobierno regional intenta edificar 40.000 plazas hoteleras, 11.000 viviendas unifamiliares, 5 campos de golf de 18 hoyos y 10 campos de fútbol.
Además, se dragará la costa para instalar 2.000 puntos de amarre. Parecía que una monstruosidad urbanística como Marina D'or no podría repetirse otra vez pero el Gobierno de Murcia está empeñado en dejar pequeña a la ciudad de vacaciones de Oropesa de Mar.
Para llegar al parque tomamos la "autopista de pillaje", una carretera que va de la nada a ninguna parte. Sale de las afueras de Cartagena y llega a Vera, en Almería, circulando en paralelo a la autopista del Mediterráneo. El megaproyecto urbanístico comenzó por el tejado. Primero la autopista de peaje y un aeropuerto, ahora en construcción.
Por el camino recorremos una serie de secarrales y salidas que no dan a ningún lado. Ni un coche en los cuatro carriles. "Esperaban que pasaran unos 7.000 coches al día pero como no pasan ni 1.500 la empresa adjudicataria ha pedido ser rescatada y que socialicemos las perdidas", cuenta Rubén. Las pintadas en los puentes señalan al culpable: "ZP ayuda a Cataluña y roba a Murcia".
Morcillas y mentiras
Tras una hora de carretera llegamos a nuestro destino. En Cabo Cope no hay nada construido todavía. Están a la espera de los permisos de los municipios y, sobre todo, superar el recurso ante el Constitucional impulsado por los ecologistas locales. Ellos se definen como los galos de Astérix versión murciana. "Aquí lo que triunfa es comprar a los viejos con morcilla y pandereta", se lamenta Ascen.
Lo suyo tiene mérito. Cuentan que cuando acudían fuera de Murcia a las manifestaciones contra el trasvase del Ebro eran jaleados y manteados. "Somos pocos, pero somos una mosca cojonera que va retrasando cada plan urbanístico con contenciosos", dice Rubén. A cambio reciben unas cuantas amenazas de muerte. Y se les acumula el trabajo porque el 50% de los concejales de Murcia han sido imputados, casi todos por corrupción urbanística.
En lo alto de Cabo Cope hace calor pero sopla el viento. Desde aquí se puede ver el criterio con el que decidió desproteger el parque. Una enorme llanura rodeada de montañas. Se podrá construir en las zonas planas (el 64%) y sólo se dejará como espacio protegido los empinados barrancos. Los propietarios pensaron al principio que con el proyecto se forrarían pero la realidad que les espera no es tan millonaria. Sus tierras serán expropiadas por un bajo valor catastral.
A las calas casi desiertas y a los fondos marinos de la zona les espera un negro futuro. El típico paseo marítimo bordeará la costa. Un águila sobrevuela la zona buscando presas. En el lugar habitan especies protegidas: tortugas moras, halcones peregrinos, águilas perdigueras y el camachuelo trompetero. Ni son los usuarios de un campo de golf, ni importan a quienes se quieren lucrar con el último rincón de este espacio natural.
"Como no saben de medio ambiente cometen errores en el desarrollo de los proyectos. Les metemos cada leñazo", presume Rubén. El proyecto no tiene ningún viso de sostenibilidad en una comunidad autónoma que consume 2,5 veces el agua que produce. Los campos de golf están obligados a usar aguas residuales. Rubén cree que se trata de un comportamiento hipócrita, porque si te acercas a las depuradoras de los campos de golf puedes ver cómo están secas. Nadie las usa.
El Gobierno murciano está decidido a completar el proyecto. "El promotor es el propio Gobierno y su mayor dificultad es colocar como si de un puzle se tratara todo lo que quiere construir en el parque", dice Rubén.
* Público - OSCAR ABOU-KASSEM - 11/08/2009
Foto: Hasta los picos. Todo esto será urbanizado y alicatado. - O. A. , publico.es
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Tema: NOTICIAS Murcia
Medio Ambiente aprecia una falta muy grave en los 200 chalés de Derio
ELPAÍS/Vizcaya* : El Departamento de Medio Ambiente ha abierto un expediente sancionador por una falta muy grave a los promotores de casi 200 pisos y chalés en Derio por incumplir la ley de Prevención de Contaminación. El expediente abierto, el primero de este relieve al abrigo de esta normativa, en vigor desde 2005, confirma las irregularidades en este proyecto urbanístico, casi culminado y que se ha ejecutado en un solar con parcelas contaminadas.
La tipificación como falta muy grave, la más alta de las sanciones previstas por la ley y muy poco habitual en las aprobadas hasta ahora por Medio Ambiente, supone una posible multa de entre 240.000 y 1,2 millones de euros, así como la clausura -en este caso sería la anulación del proyecto- total o parcial de la actividad.
El expediente, dictado mediante una orden firmada el pasado 31 de julio por la consejera, Pilar Unzalu, recuerda que los promotores no han cumplido las exigencias del Gobierno de delimitar la zona contaminada y, como establece la ley, presentar un certificado de calidad del suelo. Medio Ambiente advirtió hasta cuatro veces -entre junio de 2007 y mayo de 2008- de que debían cumplir aquellos requisitos antes de ejecutar cualquier obra.
Sin embargo, los promotores -el mayoritario es la constructora Arco Atlántico, que gestiona más de 150 viviendas- iniciaron las obras en 2007 sin cumplir los requerimientos de Medio Ambiente y con el aval del Ayuntamiento de Derio, en manos del PNV. El consistorio concedió ya en septiembre de 2006 los primeros permisos de obras, que se sucedieron en 2007 y 2008.
El expediente abierto, que va relatando estos hechos, constata que el solar, de 124.000 metros cuadrados, "presenta edificios prácticamente acabados, viales de la urbanización ya construidos y acopios de tierra dentro y fuera de la zona del vertedero [contaminado] sin delimitar totalmente su extensión y profundidad". De las 200 viviendas, la gran mayoría chalés, unas 40 ya se hallan casi terminadas -varias familias residen en la urbanización desde hace meses, pese a que no disponían de la licencia de habitabilidad- y un centenar en una fase avanzada.
El Ejecutivo señala que el pasado 6 de julio requirió a los promotores para que cumpliesen la ley -les planteó un ultimátum para que aportasen toda la documentación en 15 días- y no prosiguiesen las obras hasta delimitar la zona contaminada. Sin embargo, el pasado 16 de julio, un técnico de la sociedad pública ambiental Ihobe comprobó que se estaban retirando tierras, con lo que se incumplía el ultimátum del Ejecutivo, lo que ha agravado las irregularidades cometidas. El expediente señala que, tras ese episodio, se recordó "formalmente" a los promotores la "prohibición de llevar a cabo obra alguna" en el solar, salvo con el permiso de Medio Ambiente. La consejería ha autorizado que los trabajos prosigan en un área que ocupan unos 60 chalés, que se considera no está afectada por la contaminación.
Medio Ambiente aprecia una supuesta infracción del artículo 41.f de la ley de Prevención de la Contaminación por realizar obras "sin previa declaración de calidad del suelo", los que está tipificado como infracción muy grave. Impone además, como medida cautelar, la "inmediata paralización" de las obras en la zona "ante el reiterado incumplimiento [por los promotores] de la prohibición de ejecutar tales obras".
La promotora Arco Atlántico, que no ha querido comentar el expediente incoado, y el Ayuntamiento de Derio han defendido hasta ahora la legalidad de las obras de las viviendas, con el argumento de que el certificado de calidad sólo se debía ceñir a las parcelas contaminadas inventariadas, cerca de 24.000 metros cuadrados. Medio Ambiente, como dice la ley, replica que el alcance de la contaminación se determina mediante el certificado de calidad y los estudios previos.
Propietarios de los chalés, que comenzaron a reunirse conjuntamente cuando EL PAÍS destapó el caso el pasado 27 de junio, dicen sentirse "engañados" porque nadie les informó de la existencia de parcelas contaminadas. Los contratos de compraventa de Arco Atlántico incluyen una cláusula que obliga los propietarios a no reclamar por la calidad del suelo.
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 12/08/2009
Foto: Entrada al solar de Derio, donde se aprecian ya varios chales prácticamente concluidos.- SANTOS CIRILO, elpais.com
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Barcelona: El parque de la Pegaso lleva casi dos años seco y sin un proyecto definido
ELPERIÓDICO* : La sequía se cebó en Catalunya hace año y medio. Una de las medidas inmediatas que se tomó en Barcelona, después de que la Conselleria de Medi Ambient decretara la preocupante fase de excepcionalidad 2, fue regular el riego de las zonas verdes y vaciar algunas fuentes y lagos que no contaban con mecanismos automáticos de cierre ni sistemas de reutilización del agua.
El estanque del parque de la Pegaso, en la Sagrera, sin embargo, ya llevaba varios meses vacío, desde noviembre del 2007, por unas filtraciones que obligaban a mantener el grifo siempre abierto para que no se secara. Cuando se puso a llover, Barcelona empezó a recuperar el verde de la hierba y el azul de las fuentes, pero en la Pegaso, donde las pintadas se están apoderando de las paredes del canal, no hubo atisbo de reforma más allá de incluir el parque en un plan de mejoras globales.
Fuentes de la concejalía de Medio Ambiente reconocen que los meses que ha estado sin agua «han propiciado que las grietas aumentaran de tamaño debido a los cambios bruscos de temperatura, con lo que el riesgo de filtraciones es superior», y aseguran que el ayuntamiento «está estudiando y valorando cuál es el mejor proyecto para tratar de rehabilitar el lago y llenarlo de agua».
Las mismas fuentes reafirman que el problema ya existía «antes de la sequía» y que se habían realizado algunas actuaciones de urgencia que lograron aliviar la herida pero no tapar la hemorragia. Un empleado de Parques y Jardines reconocía el jueves junto al estanque que cuando el lago estaba lleno de agua «no se podía cerrar el grifo porque se corría el riesgo de que se vaciara con gran rapidez». El mantenimiento era muy costoso porque no aprovechaba agua freática, sino que tiraba del fluido potable, así que a parte de la sensatez que exigía la sequía, lo más sensato era dejar que se vaciara para buscar una solución que a día de hoy todavía no ha llegado.
«NOS DAN LARGAS» / Oleguer Méndez, presidente de la asociación de vecinos de la Sagrera, asegura que ya han hecho tres reclamaciones formales y otras muchas informales al distrito de Sant Andreu para averiguar algo. «Nos van dando largas diciendo que están en ello, pero lo cierto es que va pasando el tiempo y ya llevamos más de un año y medio sin que se haga nada ni se nos informe de lo que se piensa hacer», lamenta.
Méndez es consciente de que la obra de impermeabilizar todo el estanque precisa «de una fuerte inversión», pero avisa de que si el ayuntamiento decide taparlo, «toda la gente se les echará encima porque el parque es un símbolo del barrio».
CUESTIÓN DE PRIORIDADES / Según el departamento que dirige Imma Mayol, la reforma de los canales de la Pegaso está incluida en el plan de inversión municipal 2010-2012, aunque no se concreta qué lugar ocupa esta actuación en la lista de prioridades. Las mismas fuentes tampoco detallan qué tipo de actuación es la más idónea para este parque, ideado a principios de los años 80 por el despacho Batlle i Roig Arquitectes.
La web de Parques y Jardines asegura que el canal de la Pegaso «es un elemento determinante del paisaje del parque» porque «el agua discurre entre una vegetación exuberante y sombría que nos recuerda la de los bosques de la ribera». Quizás pronto se recupere esa postal.
* El Periódico - CARLOS MÁRQUEZ DANIEL - 11.08.09
Foto: Un hombre lee la prensa, el jueves, mientras da la espalda al canal vacío de agua del parque de la Pegaso. - RICARD CUGAT, elperiodico.com
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Aljaraque: Los terrenos del Plan Parcial 12 siguen contaminados después de dos años
HUELVAINFORMACIÓN* : El Ayuntamiento de Aljaraque aún no ha entregado la licencia de primera ocupación del Plan Parcial 9 de Corrales (PPR9), cuyos terrenos han sido declarados descontaminados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El Consistorio no tiene intención de concederla hasta que se apruebe la resolución definitiva que libera los suelos donde se asientan 122 viviendas de contaminantes.
Al menos así lo indicó el delegado de Urbanismo, Rafael Sánchez, que demanda a la Administración regional que garantice la salud de los vecinos que ocupan ya algunas viviendas y de los que lo harán con posterioridad.
La resolución, que afecta a la urbanización El Recreo Nuevo Corrales, estará expuesta a información pública durante un mes para poder presentar alegaciones. Los posibles recursos son de alzada y deberán ser resueltos por la Consejería de Medio Ambiente.
Según el concejal de IU, la actuación en la que asientan los planes parciales 9 y 12 pasa por una acción integral, que se traduce en estudiar la zona como un ámbito único, por lo que "no deben existir ni estudios ni soluciones parciales, ya que la contaminación no entiende de planes ni áreas urbanizables".
Sánchez asegura que si bien se ha declarado descontaminado el PPR9, Medio Ambiente todavía no se ha pronunciado sobre el PPR12, que se encuentra situado justo al lado del anterior, por lo que solicita que la Junta determine que la contaminación existente en este último plan parcial no tiene incidencia sobre los ciudadanos.
El edil de IU critica que dos años después de que se declararan los suelos contaminados la Administración andaluza no haya emitido aún resolución alguna, un hecho que está motivando un retraso en los planes urbanísticos del Ayuntamientos que contemplan para los terrenos del PPR12 Viviendas del Protección Oficial (VPO). Sánchez afirma que el retraso está causando perjuicios también a los promotores. Todo ello debido a la "ineficacia" y la "falta de voluntad" de la Junta de Andalucía por desbloquear la situación.
IU solicita también que se realice un estudio de caracterización de la zona de dominio público marítimo terrestre del municipio a fin de abordar globalmente los asuntos medioambientales.
Para la coalición, las administraciones tienen que cumplir sus competencias, lo que pasa por garantizar y manifestar expresamente la inexistencia de peligro para la salud de las personas en el uso residencial del suelo y no sólo por certificar la descontaminación de ciertas zonas.
Sánchez insistió que el grupo municipal de IU, dentro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aljaraque y en el ejercicio de las competencias que le correspondan, defenderá que no se concedan licencias de primera ocupación en las zonas afectadas y que no se hagan efectivas hasta que la Consejería de Medio Ambiente se exprese claramente sobre la compatibilidad del uso residencial del PPR9 con la contaminación de los suelos del entorno y se dé una solución definitiva e integral de la zona.
La Junta abrió dos procedimientos administrativos en relación con los suelos contaminados con metales pesados que afecta a un espacio de casi 530.000 metros cuadrados.
* Huelva Información - C. Sáez / Huelva - 10.08.09
Foto: Los vecinos denunciaron que los suelos en los que asientan las viviendas unifamiliares estaban contaminados y solicitaron un estudio. - huelvainformacion.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El juez señala a "las más altas instancias" en el desfalco del Palma Arena
ELPAÍS/Palma* : La investigación del caso Palma Arena por presunta corrupción durante la edificación del velódromo, apunta a "las más altas instancias" como responsables de que la obra costase más del doble de lo presupuestado. De los 41 millones licitados inicialmente, se pasó a un precio final de 110. En el auto dictado tras tomar declaración a los imputados, entre ellos, tres ex altos cargos del PP de Jaume Matas, el juez José Castro aprecia "serios indicios de criminalidad" en la actuación de los dirigentes del consorcio del Palma Arena y cita "connivencias, irregularidades y favoritismos" en el proceso de construcción.
El ex gerente del velódromo, Jorge Moisés, y el ex director general de Deportes de Matas, José Luis Pepote Ballester, depositaron ayer sus fianzas, de 50.000 euros cada uno, con lo que todos los detenidos en la Operación Espada han quedado ya en libertad con cargos. A lo largo del domingo abonaron también sus fianzas, de entre 15.000 y 25.000 euros, el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; y el jefe de la UTE que hizo la obra, Miguel Ángel Rodríguez.
Se les acusa de malversación de fondos públicos, prevaricación, cohecho y falsedad. Fuentes jurídicas apuntan a que todavía faltan entre 10 y 12 personas por declarar ante los fiscales y el magistrado que instruye el caso. Los imputados recurren a la estrategia de descalificar el proyecto inicial, "lleno de deficiencias", que presuntamente explicaría el sobrecoste de la obra.
Dejación de funciones
El auto observa una "absoluta dejación" por parte del presidente en funciones del consorcio, Rafael Durán, actual portavoz del PP en Palma. Ello habría permitido que el poder lo ejercieran de facto Jorge Moisés y Pepote Ballester, que decidieron destituir "sin clara justificación" al ingeniero alemán Ralph Schürmann, autor de los planos originales. Moisés y Ballester recibieron "altas insinuaciones" para sustituir a Schürmann por el estudio de arquitectos García-Ruiz, "prescindiendo del más elemental procedimiento administrativo de contratación", es decir, haciéndolo a dedo, por 8,9 millones de euros.
Los García-Ruiz, también imputados, habrían canalizado la publicidad del velódromo a través de "diversas empresas gestionadas por Miguel Romero, a quien luego el PP encomendó la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2007".
* ELPAIS.com - MANU MENÉNDEZ - Palma - 11/08/2009
Foto: magen tomada ayer de la fachada del velódromo Palma Arena.- CLAUDIO ÁLVAREZ, elpais.com
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Tema: NOTICIAS Baleares
La trama solar vuelve a apuntar a las Cortes de Castilla y León
PÚBLICO* : Los intereses de la vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León, Carmen Luis Heras, en el sector fotovoltaico, y su presunta implicación en el caso de los parques solares son cada vez más evidentes. La delegación territorial de la Junta en Zamora adjudicó, en febrero de 2008, la concesión para instalar una planta fotovoltaica a la empresa de un socio de Heras en la entidad Salamanca Zamora Mercados 21. La conexión a la red eléctrica de esa instalación le fue concedida a la empresa de la propia vicepresidenta.
La número dos de las Cortes regionales es fundadora y accionista de El Plantío 2000, empresa constituida el 30 de octubre de 2000 por la propia vicepresidenta y su marido Antonio Castro Fito. Según la escritura que figura en el registro mercantil de Zamora, el objeto social de la empresa incluye la realización de proyectos de cualquier tipo de obras e instalaciones.
Tal y como se detalla en los documentos a los que tuvo acceso este diario, El Plantío 2000 solicitó el acceso a la Red de Distribución eléctrica para una planta de producción de energía fotovoltaica en las parcelas 59 y 60 del polígono 1 de Fresno de la Ribera (Zamora), permiso que le fue concedido por la empresa Iberdrola el 21 de enero de 2008.
Uno de los implicados
Pero la explotación de esas parcelas fue finalmente adjudicada a la empresa Las Culcas 2007, cuyo administrador único es Marcial Rodríguez San Gregorio. La concesión figura en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora del miércoles 27 de febrero de 2007.
La adjudicataria es la Delegación Territorial de la Junta en Zamora y la concesión la firma el entonces jefe del servicio territorial, José Bahamonde Salazar, que fue apartado de su cargo, en agosto de 2008, tras verse también implicado en la concesión irregular de licencias de parques solares en su propio beneficio.
Público tuvo acceso a una copia de la declaración de la renta de Carmen Luis Heras del ejercicio de 2004. En la misma, figura que la vicepresidenta de las Cortes participa en la empresa Salamanca Zamora Mercados 21, cuyo administrador único es el propio Marcial Rodríguez San Gregorio, con acciones por valor de 186.825 euros.
El pasado 15 de junio este diario desveló, además, que El Plantío 2000 la empresa de la vicepresidenta gestionó la conexión a la red eléctrica de al menos otras 25 parques solares en Fresno de la Ribera que también fueron adjudicados por la Junta a empresas de Rodríguez San Gregorio. Público intentó sin éxito contactar con Heras para que explicara su versión. "Se ha ido de vacaciones y se ha olvidado el móvil", explicó un compañero que respondió a su número.
* Público - IÑIGO ADURIZ - 10.08.09
Foto: Valladolid, cortes castilla y leon - wikipedia.org
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11.8.09
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
El alcalde de O Pino carga a la Diputación de A Coruña obras que debía ejecutar Fadesa
ELPAÍS* : El alcalde popular de O Pino, Manuel Taboada Vigo, y sus siete concejales han propiciado que sea la Diputación de A Coruña la que financie parte de los proyectos de depuración y saneamiento del municipio en los que Fadesa se comprometió a invertir 1,6 millones de euros cuando resultó adjudicataria del polígono industrial que promueve en el ayuntamiento coruñés.
La Junta de Gobierno local adjudicó los trabajos el pasado mes de junio a una empresa con cargo a la partida de 319.954 euros del plan que la Diputación de A Coruña -que preside el socialista Salvador Fernández Moreda- dedica a cooperación con los municipios. Según reza en la documentación que Taboada envío al organismo provincial para justificar la ayuda, el Ayuntamiento de O Pino pretende sufragar con ese dinero "el saneamiento en la parroquia de Pereira y el abastecimiento de agua a los núcleos de Budiño, Castrofeito, Ferreiros, Gonzar, San Miguel de Cerceda y otros". Sólo para el saneamiento de Pereira, una zona rural de este ayuntamiento próximo a Santiago, el alcalde solicitó y obtuvo fondos públicos por 129.056 euros.
Lo hizo, a pesar de que ese y otros proyectos los debía acometer la promotora Fadesa en virtud del contrato que firmó con el Ayuntamiento. Así consta en la oferta que la constructora presentó a Taboada ya en el año 2004 para hacerse con la concesión del polémico parque empresarial -de un millón de metros cuadrados- que la Xunta mantiene paralizado tras detectar diversas irregularidades administrativas. En la "oferta-propuesta de mejoras al concurso de ejecución del suelo urbanizable en O Pino", Fadesa prometió ejecutar en las parroquias de Castrofeito y Pereira "la red general de suministro de agua potable, la red general de saneamiento gracias a la ampliación de la estación depuradora" que dará servicio a las naves que se instalen en el parque empresarial.
El presupuesto de la inmobiliaria estimaba en 1.617.064 euros el coste de las obras. Detallaba el diámetro de las tuberías a colocar, el número de pozos necesarios, el tamaño de las zanjas y la distancia de las zonas de servidumbre con respecto al río. Todo - escribía aquel informe de Fadesa- para subsanar las faltas de las parroquias de Pereira y Castrofeito, "que carecen de una adecuada infraestructura de servicios urbanos".
La oposición en el ayuntamiento se teme que se trate de un nuevo servicio del alcalde a Fadesa y así lo ha denunciado en sucesivos plenos.
Taboada, que gobierna con una amplísima mayoría de ocho concejales frente a los dos del PSOE y un único edil del Bloque, ha hecho caso omiso de las críticas y ha tirado hacia adelante. Se limita a repetir que Fadesa licitará la estación depuradora, olvidando el compromiso escrito de la promotora -incursa en un proceso de ley concursal (antes suspensión de pagos)- de acometer también los colectores y las canalizaciones para llevar los servicios prometidos hace ahora cinco años a esas dos parroquias de O Pino.
Entretanto, algunos de los vecinos de la zona han presentado denuncias contra la promotora a la que acusan de secar con sus obras varios manantiales. Los escritos presentados en el organismo Augas de Galicia de la Xunta han motivado que el Gobierno gallego decidiese parar las obras en una de las dos parcelas donde se construye el parque empresarial. La otra cuenta con otra orden de paralización de la Dirección Xeral de Patrimonio.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 10/08/2009
Foto: O Pino (A Coruña), obras polígono (archivo) - elpais.es
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10.8.09
por UrbanismoPatasArriba
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