SOITU/Salamanca* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo pone de manifiesto que las relaciones con la Administración son poco fluidas en Castilla y León, al tiempo que destaca la escasez de medios que sufre esta entidad, según se revela en su memoria de 2008 a la que ha tenido acceso Efe. Aunque no hace un análisis regional, las conclusiones que llegan en el ámbito local son poco halagüeñas, según se refleja en las memorias de los fiscales de cada provincia.
Así, el caso más llamativo es el de León, cuya Fiscalía "sigue poniendo de manifiesto" que las relaciones con las administraciones, tanto locales como regionales "son muy poco fluidas".
Incluso llega a acusar a la Administración de ser, en muchos casos, "la razón del retraso en la finalización de las distintas diligencias de investigación que se abren en Fiscalía".
En esta línea, el Ministerio Público de León añade que cuando se pide a la Administración un informe determinado de alguna materia que pueda ser "incómoda" la contestación "suele tardar meses".
Las críticas se dirigen a la Junta de Castilla y León cuando afirma que "es habitual el enfrentarse al 'venga usted mañana' y mientras tanto el tiempo van pasando y las actividades, en ocasiones fuera de la legalidad, van continuando".
Respecto a las relaciones de la Fiscalía de León con los ayuntamientos, tampoco son fructíferas, ya que según se revela en la memoria de 2008 pueden contestar "que una determinada explotación ilegal está dando riqueza al municipio y que debe continuar", lo que lleva a pensar al Ministerio Público que son un "ente bastante molesto y perturbador para la Administración".
Otras fiscalías son también beligerantes por lo que se refiere a las relaciones con ayuntamientos y comunidad autónoma.
Así, la Fiscalía de Ávila dice que "en algunos asuntos, en los que aparecen implicados miembros de la Administración, la información llega tarde, cuando llega"; la de Burgos se refiere a una mejora en las relaciones, aunque señala que antes era "escasa"; o la de Valladolid, que apunta que las relaciones con las autoridades locales "brillan por su ausencia".
La Fiscalía de Salamanca habla de "relaciones correctas" con la Administración a todos los niveles, si bien dice que con las autoridades locales son "más complicadas", por lo que se propone "mantener relaciones personales con los responsables municipales" en materias medioambientales.
Frente a estas deficiencias en las relaciones con las administraciones, las Fiscalías de Castilla y León, como las del resto de España, han destacado la cordialidad existente entre ellas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, de forma más concreta, alaban la labor del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
La Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que coordina el fiscal Antonio Vercher, revela una importante escasez de medios materiales y humanos en las distintas fiscalías de Castilla y León.
La de Burgos, Zamora o Valladolid han reclamado un sistema informático que "obligara al registro correcto de todos los asuntos de la sección" y, además, un programa de ordenador que facilite el "acceso a los datos registrados en los diferentes juzgados".
La falta de medios técnicos es destacada en Palencia, donde no se utiliza ninguna aplicación informática en la especialidad de Medio Ambiente, mientras que la Fiscalía de Salamanca desvela la existencia de "pocos" fiscales y funcionarios y la de León, que incluso "carece de un funcionario que realice las labores burocráticas.
La Fiscalía de Ávila es especialmente crítica al señalar que "la falta de medios no se puede suplir a base de entusiasmo e interés por esta materia tan exigente".
En números, las fiscalías de Castilla y León iniciaron 36 diligencias de investigación relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo; 15 por Medio Ambiente; otras 15 investigaciones relacionadas con la flora y la fauna de la región; 12 por incendios forestales y otras dos por cuestiones relacionas con el patrimonio histórico.
En total, el pasado año se firmaron cuatro sentencias condenatorias por incendios forestales; otras dos por medio ambiente y flora y fauna y una por malos tratos a animales domésticos.
* SITU - EFE - 16.05.09
Las fiscalías tienen relaciones poco fluidas con la Administración
Un abrazo ecológico contra el hotel en Jesuitas
ELPAÍS/Valencia* : Alrededor de 500 personas de todas las edades respondieron ayer al llamamiento de Salvem El Botànic para protestar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia contra la edificación de un hotel de 11 plantas en el solar de Jesuitas y reivindicar que el terreno sea zona verde.
Vestidos con monos y flores verdes de papel en la cabeza, los participantes formaron una cadena humana alrededor del Consistorio para pedirle a la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, que mantenga su postura contraria a un establecimiento hotelero y luche por la permuta del solar con la cadena Expohotel, aunque ésta ha rechazado esa opción durante los 15 años que dura ya el conflicto en torno a sus derechos de construcción. "No queremos ningún edificio, ya que El Botànic es un lugar emblemático e irrepetible de Valencia", afirmó Pascual Requena, de Salvem El Botànic. Además, y mientras la mayoría de los asistentes daban la vuelta a la plaza, otros se acostaron en el suelo formando las letras del lema No al hotel + Jardí (en la imagen). "Llevamos muchos años peleando para que no destruyan una de las mejores zonas verdes de la ciudad y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos", aseguró otra de las participantes.
* ELPAIS.com - 16.05.09
Foto: UN ABRAZO ECOLÓGICO CONTRA EL HOTEL EN JESUITAS- SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com
El fiscal pide el derribo parcial de ocho hoteles en Almuñécar
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LAOPINIÓN/Granada* : Los excesos de edificación materializados por algunos hoteles de Almuñécar gracias a la intervención del alcalde Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza) y su equipo urbanístico pueden acabar en la escombrera. El fiscal acaba de solicitar el "restablecimiento de la legalidad urbanística" en varios establecimientos del municipio donde se han edificado cerca de 90.000 metros cuadrados al margen de la ley.
El Ministerio Público pide concretamente la "demolición de lo indebidamente construido" gracias a catorce modificaciones puntuales del PGOU aprobadas por el consistorio, según consta en el escrito de acusación presentado en el Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar. Estas modificaciones afectan, al menos, a ocho establecimientos hoteleros, según han informado a este periódico fuentes del sector. Se trata del Bahía de Almuñécar, la ampliación del hotel Carmen, San Carlos, el recién inaugurado Playa de Cotobro, Best Alcázar, Bahía Tropical y otros que aún no se han materializado, entre ellos El Fuerte (sin construir) o el Gran Cortijo de Andalucía (paralizado desde hace más de dos años). El fiscal solicita la demolición de los incrementos de ocupación logrados por los hoteles gracias a las modificaciones del PGOU.
El juez Raúl Muñoz investiga los numerosos cambios de uso aprobados por el Ayuntamiento de Almuñécar, con Benavides al frente, que han "favorecido" la construcción en la localidad de diversos hoteles. El fiscal acusa al alcalde por estos hechos de un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. Solicita por ellos la inhabilitación especial durante 18 años, más otro de prisión. La misma pena reclama para Gerardo García Guillén, jefe de la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento de Almuñécar.
En el proceso hay otros dos imputados que también han sido acusados por el fiscal, pero sólo por el delito de prevaricación.
Se trata del ex secretario municipal, Luis Oliveros Rodríguez-Varo, y el arquitecto del Consistorio sexitano, José Luis Rodríguez Passolas. Ambos se enfrentan a una petición de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación.
Un grupo bien definido. Los cuatro han dominado durante años el urbanismo municipal. Liderado por el alcalde, en el ´equipo´ figuraban el arquitecto jefe, el responsable del área y el secretario, a quien le corresponde la tarea de velar por la legalidad de los procesos.
Juntos, según el fiscal, diseñaron una estrategia "con la intención de eludir" los procedimientos legales para modificar los usos del suelo. La intención era "favorecer" la construcción "de diversos hoteles" en el término municipal de Almuñécar.
El cauce normal –la revisión global del PGOU de la localidad– presentaba"dificultades" tan insalvables para los objetivos de Benavides como el sometimiento de la propuesta al control de la Comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada.
La "fórmula" elegida por los cuatro acusados para eludir la inspección de la comisión provincial fueron las modificaciones puntuales del PGOU y las normas subsidiarias. El Ministerio Público recuerda que este procedimiento es una potestad delegada en los municipios por la Junta de Andalucía.
La administración autonómica se limita a emitir un informe no vinculante, dejando en manos del ayuntamiento la capacidad para realizar cuantas modificaciones puntuales desee.
Investigan 14 cambios. Benavides, García Villén, Oliveros y Rodríguez Passolas "efectuaron catorce modificaciones" puntuales del Plan General de Ordenación Urbana que afectaban a zonas de equipamiento comunitario (instalaciones religiosas, deportivas, recreativas o sociales). Con el cambio de uso, el suelo destinado a los vecinos pasó a ser de empresas promotoras de hoteles.
La alteración del PGOU de Almuñécar, en estos 14 casos y según una estimación del fiscal, supuso un incremento de ocupación cercano a los 89.590 metros cuadrados.
En el escrito de acusación se detalla el grado de participación de cada uno de los imputados. El que fuera secretario del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Oliveros, realizó los informes jurídicos que avalaron cada uno de los expedientes de modificación puntual. Para Oliveros, los cambios se adecuaban a la legislación.
Rodríguez Passolas, arquitecto municipal, se encargaba de elaborar los informes técnicos. En ellos, revela el fiscal, hacía constar que era necesario hacer las modificaciones puntuales del PGOU "dada la necesidad de plazas hoteleras en la localidad". Y bajo esa justificación se realizaron las catorce alteraciones del uso del suelo.
Lo que el fiscal denuncia es la utilización de una herramienta como la modificación puntual de un PGOU –que tiene carácter excepcional– para "favorecer" la implantación de establecimientos hoteleros o el aumento de su edificabilidad.
El fiscal analiza con detalle la modificación puntual número 65 del PGOU, que permitió ubicar el actual hotel Bahía de Almuñécar en un solar que estaba destinado a equipamiento comunitario administrativo. Benavides aprobó un hotel de siete plantas más bajo en un terreno donde se debían haber instalado servicios municipales, tal y como contemplaba el PGOU.
Lo hizo en 1998. Previamente, el alcalde "había suprimido del dictamen sobre la modificación puntual número 65 la ordenanza de aplicación y el proyecto del edificio, y ello a sabiendas de la ilegalidad que se cometía", señala el fiscal. Pese a ello, "votó a favor del mismo".
El asunto fue remitido a la Comisión provincial de Ordenación del Territorio. La Junta informó de forma desfavorable porque el Ayuntamiento no justificaba la pérdida de equipamiento ni la previsión de mayores espacios libres. El dictamen, que no comprometía a Benavides al no ser vinculante, recomendaba la realización de modificaciones y subsanaciones antes de aprobar de forma definitiva la modificación.
El alcalde convocó un pleno extraordinario en el que se aprobó la modificación puntual del PGOU sin tener en cuenta las apreciaciones de la Junta de Andalucía. El fiscal entiende que el resto de concejales "no eran conocedores" de la "ilegalidad" que cometía el alcalde ya que para los ediles se trataba de un asunto que contaba con el visto bueno de los informes elaborados por el secretario Luis Oliveros y el arquitecto José Luis Rodríguez Passolas, imputados por prevaricación precisamente por esta conducta. Juan Carlos Benavides dio la licencia de obras para el hotel en febrero de 2005, "conocedor –insiste el fiscal– de la ilegalidad que cometía". Esa autorización, además, no respetaba las limitaciones acordadas en la modificación 65 en seis de sus plantas. El resultado fueron 850 metros cuadrados edificados de más y la pérdida de un equipamiento que no fue compensado en otra zona.
* La Opinión de Granada - PABLO MARISCAL - 16.05.09
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)
La Fiscalía de Valencia incoa Diligencias de Investigación Penal contra el Ayuntamiento de Rita y la Generalitat
KAOSENLARED/CERCLE OBERT DE BENICALAP* : La única forma de lograr acabar con el expolio y saqueo que sufrimos los valencianos es, continuar luchando en todos los frentes posibles, exigiendo que la Justicia sea justa e investigue. La fiscalía provincial de Valencia incoa diligencias de investigación penal contra el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat valenciana por permitir y tolerar la degradación del patrimonio cultural y natural.
A petición razonada y documentada de la entidad cívica "Cercle Obert de Benicalap" - Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro, la Fiscalía Provincial de Valencia, a través de Dª Teresa Gisbert Jordá, ha tenido a bien incoar Diligencias de Investigación Penal número 103/2009 (M.A.), contra el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana por permitir y tolerar la degradación, expolio y abandono del valioso y singular patrimonio cultural y natural valenciano.
Cercle Obert de Benicalap espera y desea que las autoridades judiciales, así como el resto de organismos nacionales e internacionales, adopten medidas sancionadoras ejemplares contra las instituciones valencianas, en aras a acabar con el brutal expolio y el abandono crónico que padece el singular legado patrimonial valenciano.
También la histórica entidad cívica de Benicalap, espera que las inversiones futuras se centren en hacer habitable y digna la vida en los barrios periféricos, abandonándose las inversiones que favorecen la creación de eventos elitistas y dejan de lado la creación de programas destinados a satisfacer las necesidades básicas y fundamentales de las personas.
Los elementos patrimoniales a recuperar con urgencia, deben ser destinados a equipamientos culturales, a talleres formativos, a espacios de encuentro cívico. Hay iniciativas y propuestas realmente eficaces y que redundan en lograr el bienestar y potenciar la convivencia; por ello, nuestra entidad insiste en que las autoridades valencianas adopten y asuman las numerosas sugerencias emitidas por diversos colectivos y personalidades.
El CONSELL VALENCIA DE CULTURA ha propuesto diversos usos y modalidades para recuperar ciertos edificios y conjuntos singulares, que forman parte de nuestra historia y de nuestras raíces.
Ha llegado la hora de que las ciudades sirvan realmente para hacer digna, amable y agradable la vida de las personas; por ello, las inversiones e iniciativas públicas futuras deben servir para dotar de servicios cercanos, de equipamientos y estructuras formativas, lúdicas y de ocio creativo en favor de la convivencia y el desarrollo de todos, haciendo hincapié en los colectivos más desfavorecidos.
Benicalap - Valencia, a 14 de mayo de 2009
CERCLE OBERT DE BENICALAP
Antonio Marín Segovia
* Kaos en la Red - Antonio Marín Segovia - 14.05.09
Foto: kaosenlared.net
Denuncian al ex alcalde de Casares y al regidor de Colmenar por no ejercer competencias urbanísticas
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EUROPAPRESS/Málaga* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha presentado denuncias contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Casares y actual presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Juan Sánchez (IU), y contra el regidor de Colmenar (Málaga), Pedro Fernández (PSOE). En ambos casos, el fiscal considera que "no ejercieron sus competencias en materia urbanística".
Así, en el caso de Colmenar, el ministerio público señala en su denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, que un promotor, también denunciado, solicitó en 2003 licencia para una construcción agrícola, que fue denegada en comisión municipal, aunque éste "construyó una vivienda unifamiliar aislada de unos 96 metros cuadrados", con piscina y zona para barbacoa, en suelo no urbanizable.
Durante dicha construcción, el fiscal considera que el regidor "no ejerció en ningún momento, como era su obligación, las competencias urbanísticas que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) le atribuye como alcalde". "Lejos de ello --dice el escrito-- fue con su actitud favoreciendo la consolidación de la construcción", a la que se concedió suministro de agua sin tener licencia.
En enero de este año, la Patrulla Urbana del Seprona pidió informes al Ayuntamiento sobre dicha obra, tras lo que el alcalde dictó un decreto incoando un procedimiento sancionador que quedaba suspendido hasta que se depuraran responsabilidades penales. La información del Seprona dio origen a las diligencias de investigación de la Fiscalía de las que derivan esta denuncia.
Además de al alcalde y al promotor, también se denuncia a un arquitecto que, "puesto de acuerdo" con el promotor denunciado, hizo una certificación falsa en la que se constaba que la construcción que se estaba realizando tenía una antigüedad superior a los cinco años, con el fin de "conseguir escriturar y legalizar la vivienda mediante declaración de obra nueva".
Para el fiscal, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio del que responderían los tres denunciados, el arquitecto en calidad de cooperador necesario; y de uno de falsedad en documento oficial en el caso sólo de éste y del promotor.
CASARES
En el caso de Casares, el fiscal presentó dos denuncias contra el regidor y contra el edil de Urbanismo, al considerar, igual que en el caso anterior, que "la inactividad de los denunciados, no ejerciendo sus competencias en materia de disciplina urbanística, ha dado como resultado la consolidación de la construcción ilegalmente realizada, lo que, a su entender, "equivale al dictado de una resolución totalmente arbitraria e injusta".
Así, la Fiscalía indica en sus escritos que los denunciados tras recibir un acta de inspección del Seprona, en un caso, y tras la visita realizada por los servicios urbanísticos del Ayuntamiento, en el otro, iniciaron expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística en relación a dos obras sin licencia.
En una denuncia, la acusación señala que "aún cuando no ejercieron sus competencias urbanísticas, tenían conocimiento de la realización de las obras denunciadas", pues, previamente, el entonces alcalde "concedió autorización para la acometida de agua". En la otra, se precisa que "no ejercieron sus competencias pues se limitaron a dictar el decreto".
En ambos casos, el fiscal indica que la construcción fue terminada y que, tras conocer el Consistorio que se habían iniciado unas diligencias de investigación de la Fiscalía, el concejal dictó una resolución en la que se declaraba la caducidad del expediente iniciado por decreto "casi cinco años después de incoado". Para el ministerio público, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio.
* Europa Press - 15.05.09
Foto: Colmenar (Málaga) - malagahoy.es
Imputado el ex concejal de Majadahonda Juan José Moreno Alonso
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ELMUNDO/Madrid* : El magistrado que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, imputó al ex concejal de Majadahonda Juan José Moreno Alonso participación en una trama y los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad, informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La imputación se formalizó tras prestar declaración por su implicación en la trama corrupta de empresas encabezada por Francisco Correa. Se trata de los delitos genéricos que investiga el TSJM en la totalidad de los imputados.
De igual modo, el magistrado acusó de los mismos delitos de corrupción a Eduardo Jaussi, quien fuera diseñador de escenarios para la empresa Special Events, y a Christian Rodríguez Maza, durante un tiempo gestor de las sociedades patrimoniales de Correa.
Hasta ahora, Pedreira acusa de estos delitos de corrupción a los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco, así como al ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote, entre otros implicados en la trama de corrupción.
Martín Vasco y López Viejo son los aforados madrileños con medidas cautelares impuestas. La pasada semana, Pedreira impuso a Martín Vasco una fianza de 955.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del procedimiento penal. Mientras que fijó una fianza de 750.000 euros para López viejo. Según el TSJM, ninguno de ellos ha recurrido todavía la fianza establecida.
El pasado martes, el instructor fijó una fianza de un millón de euros para Galeote, a quien Garzón le atribuye la percepción de la trama de Correa de más de 600.000 euros durante los doce años que estuvo como edil.
El Tribunal de Madrid considera que entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación aparecía la posible percepción por López Viejo, Martín Vasco y Bosch "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa.
En el auto de inhibición, Garzón acusó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las empresas lideradas por el 'cerebro' de la trama Francisco Correa. El juez les imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita.
* El Mundo - E.P. - 14.05.09
Foto: Majadahonda (Madrid), gran vía - Fev. (wikipedia.org)
El Parlamento Europeo contra los abusos urbanísticos en España
MARÍA DEL PILAR BARCELÓ* : El pasado 26 de marzo el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos, el medio ambiente y la aplicación del derecho comunitario, que algunos llaman “resolución Auken” por basarse en el informe preparado por dicha eurodiputada. La resolución, emitida a raíz de las múltiples peticiones efectuadas durante la legislatura por ciudadanos y entidades no gubernamentales, incluye las siguientes consideraciones:
1. Los procesos urbanizadores que se han llevado a cabo en muchos casos configuran un modelo de desarrollo insostenible con graves consecuencias medioambientales, sociales y económicas. Por ello expresa su inquietud acerca del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el suministro y la calidad de las aguas.
En particular observa que las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, y que el cemento y el hormigón no sólo ha saturado esas regiones y afectado al frágil medio ambiente costero, sino también a la actividad social y cultural de muchas zonas que han sufrido una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales (destrucción de yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, etc), así como de su entorno natural y paisajístico.
Señala asimismo que este modelo de crecimiento, de expansión urbana excesiva, tiene también consecuencias negativas para el turismo de calidad ya que destruye los valores del territorio.
2. Esta situación se ha visto favorecida por una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada que en muchos casos es contraria a los objetivos europeos de protección del medio ambiente y adecuada ordenación del territorio; por una aplicación laxa de la legislación urbanística y medioambiental; la falta de control de los procedimientos urbanizadores por parte de las autoridades locales; y la corrupción, particularmente presente en la urbanización de muchas zonas costeras.
La resolución apunta a la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades. Llama la atención sobre el hecho de que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados por las peticiones conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor; y que hay muchos casos de terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión.
Asimismo alude a la incidencia negativa de una falta de trasposición correcta por parte del Estado español de las Directivas europeas sobre blanqueo de dinero, que ha limitado la capacidad de control sobre la circulación ilegal de capital financiero, incluidas inversiones en determinados proyectos urbanísticos de gran envergadura.
3. A estos factores se suma un cierto laxismo judicial. Sólo recientemente las autoridades judiciales han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva de muchas costeras, en particular mediante la investigación y la imputación de cargos con responsabilidades urbanísticas, pero pese a ello los procedimientos son de una duración desmedida, y las sentencias que se dictan a menudo son inefectivas en orden a una reparación, lo cual provoca en la ciudadanía una impresión de falta de actuación de la justicia española. La resolución considera alarmante la falta confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener reparación y justicia.
Ante esta situación, el Parlamento europeo reclama diversas actuaciones al Estado español y a las Comunidades Autónomas. Entre ellas destacamos las siguientes:
* La suspensión y revisión de todos los planes urbanísticos nuevos que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, así como la paralización de todos los desarrollos urbanísticos que no respeten los criterios comunitarios sobre adjudicación de contratos urbanísticos, agua y medio ambiente.
* El desarrollo de una cultura de la transparencia dirigida a informar a los ciudadanos sobre la gestión del suelo y a impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos.
* La promoción de un debate público que concluya en la adopción de medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible. En particular se pide la derogación de todas las figuras legales que favorecen la especulación y una adecuada definición del “interés general”, que ha menudo se ha utilizado para justificar la aprobación de proyectos insostenibles desde el punto de vista medioambiental..
* El respeto a las Directivas comunitarias que exigen la consulta al público implicado en la fase de establecimiento y elaboración de los planes o de cualquier modificación sustancial de los mismos.
* En general, la promoción de un urbanismo que suponga un desarrollo justo, transparente y sostenible, en interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de promotores, inmobiliarias y otros intereses creados.
Finalmente el Parlamento acuerda transmitir su resolución al Consejo y a la Comisión, al Gobierno y al Parlamento del Reino de España, a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, a los Defensores del Pueblo nacionales y regionales de España y a los peticionarios, y alude a diversos medios de presión que se podrían adoptar en caso de no dar el Estado español una respuesta suficiente.
La resolución fue aprobada por una amplia mayoría de 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, con la oposición de socialistas y populares españoles.
El próximo día 7 de junio se celebran elecciones al Parlamento Europeo. Las encuestas vaticinan una participación reducida, de alrededor del 30%. La resolución Auken es una muestra de lo que el Parlamento puede hacer por nosotros como ciudadanos. Sería bueno que todos fuéramos conscientes de la trascendencia que tienen en nuestra vida muchas de las decisiones de la Unión, y que el día 7 no nos quedáramos en casa.
http://www.attacmallorca.es/2009/05/12/la-resolucion-auken/
* Rebelión/ATTAC Mallorca - 14.05.09
El TSJ de Valencia imputa a Camps y Costa
LEVANTE* : También han sido citados como imputados por "posible delito de cohecho" el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret. El president de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario regional del PP de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, han sido citados a declarar como imputados el próximo 19 de mayo por su relación con la supuesta trama de corrupción en el PP, el denominado caso Gürtel.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha informado en un comunicado de que el magistrado instructor de la causa abierta para investigar un supuesto delito de cohecho también ha citado a declarar al ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.
En una providencia dictada esta mañana, el magistrado José Flors ha acordado citar a los cuatro en calidad de imputados, y ha previsto que Camps y Costa presten declaración el día 19 por la mañana (a las 10 y 12 horas, respectivamente) mientras que Campos y Betoret lo hagan la mañana del día siguiente.
La decisión llega después de que el pasado 21 de abril el tribunal valenciano se declarara competente para asumir las investigaciones del caso "Gürtel" en aquellos hechos que afectan a Camps, Costa, Campos y Betoret por "posible delito de cohecho".
La declaración de competencia tuvo lugar después de que el pasado 5 de marzo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, aconsejado por la Fiscalía Anticorrupción, se inhibiera a favor del tribunal valenciano de parte del caso "Gürtel" y de que, once días más tarde, la causa llegara a la Ciudad de la Justicia de Valencia remitida desde el Juzgado Central número 5 de Madrid.
Anticorrupción solicitó además al TSJCV que fuera éste el órgano competente para tomar declaración al presidente de la Generalitat y al secretario regional del PP y también portavoz del PP en Les Corts Valencianes para esclarecer su supuesta relación con el caso, y que interrogara a ambos aforados.
Estos hechos, según concretaba en un auto, consisten en la "recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados" en la presente causa sin que, en el momento presente y sin perjuicio de lo que resulte de la posterior investigación, resulten "vinculados a una concreta actividad" del entorno de Francisco Correa.
* Levante-EMV - EFE - 14.05.09
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
'Algarrobico': Ecologistas denunciarán ante fiscalía anticorrupción el archivo de diligencia
ADN* : El grupo ecologista Salvemos Mojácar denunciará ante la fiscalía anticorrupción la decisión de decretar el archivo de las diligencias por presunta prevaricación contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), al considerar que la decisión se basa en "faltas a la verdad". El colectivo ha justificado la medida en su consideración de que el fiscal de la Audiencia Provincial que ha decretado el archivo de la investigación "falta a la verdad" al afirmar que no existen indicios de responsabilidad penal por parte de las administraciones.
"En ningún caso se puede llamar corrección a una modificación ilegal de planos realizada por vía de hecho y sin aprobación pública", ha dicho el grupo en una nota en la que rechaza la legalidad de la alteración de tres mapas del PORN de Cabo de Gata-Níjar de 1994 por parte de la Consejería de Medio Ambiente, entre ellos el que incluyó el Algarrobico en las áreas urbanizables.
Ha reprochado además al ministerio público que los argumentos empleados para cerrar esta investigación reproduzcan los que se esgrimieron en junio de 2007, cuando se archivaron entonces por segunda vez las diligencias incoadas por estos hechos.
Para apoyar su tesis de que la administración andaluza cometió delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio con la modificación de estos planos, que se efectuó en el primer semestre de 1997, Salvemos Mojácar ha apelado a la reciente decisión del alto tribunal andaluz de suspender cautelarmente el nuevo PORN para el Algarrobico, los núcleos habitados preexistentes y las áreas urbanizables.
Esta decisión, que se fundamentó en la posibilidad de que esta nueva ordenación sirviera para autorizar edificaciones en suelos que, en principio, no deberían albergarlas, "multiplica exponencialmente las responsabilidades por prevaricación que presuntamente ha cometido la Junta en este caso", ha dicho el grupo.
Este ha reafirmado su intención de continuar con esta cuestión "hasta las últimas consecuencias" para que la Justicia "siente en el banquillo a los responsables de tal barbaridad" ya que éstos se han demostrado a juicio de Salvemos Mojácar "incapaces de asumir responsabilidades" políticas.
El decreto por el que estas diligencias han sido archivadas afirma sobre la alteración de tres de los cinco mapas del PORN publicados en 1996 que el método empleado supuso una "irregularidad administrativa" al no ser el "idóneo para salvar anomalías", si bien de esta acción "no puede extraerse mala fe, intencionalidad o falsedad" por parte del Gobierno andaluz.
Además, tras rechazar la comisión de infracciones penales por parte de la Junta, el fiscal agrega en el escrito que desde la modificación de los planos han transcurrido más de diez años, con lo que "se cumple con creces" el plazo de prescripción previsto.
* ADN - EFE - 14.05.09
Foto: Algarrobico ilegal - EFE
La reinvención del ladrillo llega tarde
ELPAÍS* : La construcción es una actividad en la que quienes más innovaron fueron los romanos. Y ahí se quedó, porque la técnica de ir poniendo ladrillo sobre ladrillo sigue imperando en un sector que apenas invierte en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Y no le faltan ni motivos ni desafíos para hacerlo. La sociedad se transforma y da paso a nuevos modelos de hogares; el consumo energético en la vivienda genera una quinta parte de las emisiones de CO2, y falta por resolver los largos plazos de ejecución de una obra.
Con todos estos deberes, ¿dónde quedan los prototipos de casas del futuro que se exhiben en las ferias del sector? ¿Será la recesión un revulsivo para invertir en I+D?
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, echó una reprimenda a los promotores en el arranque del salón barcelonés Construmat. Corredor recordó a los empresarios que no pueden "vivir encofrados" en un "modelo que no se adapta a las nuevas circunstancias", y les instó a no "encerrarse en los cuarteles de invierno" pensando que, tras la crisis, "todo volverá a ser como antes".
La regañina estaba justificada. La construcción, incluyendo sus empresas auxiliares, supone el 18% del producto interior bruto (PIB) y sólo el 4,1% del gasto empresarial en I+D. Las constructoras invirtieron 306,6 millones de euros en 2007, según el Instituto Nacional de Estadística. Y la mayoría de este monto lo desembolsaron las grandes empresas para proyectos de infraestructuras y transportes. ¿Qué hacen las promotoras inmobiliarias? Nada. Al menos las grandes. Ninguna de las cotizadas invierte en I+D, según declaran en sus cuentas anuales. Y todas dan la misma explicación: las "características propias de la actividad" no se lo permiten. Es decir, innovar no va con ellas.
"Es como si Bill Gates decide confiar toda la I+D a un proveedor. En España sólo se edifica, y luego se colocan aditivos. Bombillas de bajo consumo, domótica... Y lo peor: a veces también sistemas que no sirven para esa construcción", lamenta el arquitecto Luis de Garrido. Y las promotoras sí pueden innovar. Lo hacen la francesa Bouygues, que en 2008 se gastó 121 millones en I+D, o la tejana Hines, a través de programas con la Universidad.
El modelo en el que siguen encofrados los promotores es el que consiste en comprar suelos y edificar. ¿Qué margen tienen para innovar? Mucho. Al menos en cuatro campos: mejorar la eficiencia en la promoción y construcción, rehabilitar casas envejecidas (España tiene uno de los mayores parques de viviendas de Europa), adaptarse a los nuevos modelos sociales, y afrontar el cambio climático, también en los pisos de segunda mano.
El director de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, Francesc de Paula Jordana, sostiene que el principal reto es la industrialización. "Aún es una actividad muy artesanal. Se debería mejorar la calidad de los edificios, rebajar el tiempo de ejecución e ir hacia modelos más sostenibles. Que al final de la vida útil el inmueble se desmonte", asegura. Según Jordana, las empresas se resistieron a innovar en época de bonanza. Y ahora falta capital.
Se trata, pues, de cambiar la paleta por el destornillador. Es lo que viene haciendo Montse Pujol, una promotora de Mollerussa (Lleida). Perteneciente a una familia con una larga tradición en los prefabricados, Pujol usa este sistema para vender viviendas a un precio cerrado y en un plazo fijo de cuatro meses.
Son casas en serie y bioclimáticas. Tienen zonas ajardinadas y cisternas que permiten reutilizar el agua para el riego; lo que se gasta en la ducha se usa para el retrete; se aísla térmicamente y se incorporan placas fotovoltaicas. Además, la casa incorpora sistemas de ventilación natural para renovar el aire y evitar sistemas de refrigeración artificial. El aire exterior se filtra hacia el subsuelo a través de pozos canadienses. Se trata de un sistema geotérmico que consiste en tuberías que recorren unos metros bajo tierra antes de entrar en la casa. Este trayecto es suficiente para calentar el aire.
¿Encarece todo esto la vivienda? Estas viviendas se venden a partir de unos 140.000 euros. "Las placas son caras. Pero el gasto de la vivienda es cero. Nulo. Nuestros compradores no sólo han ahorrado, sino que han ganado 1.600 euros al año en el recibo de la luz. Ellos aportan la energía de las placas a la red general. Y lo que consumen es poco y más barato de lo que aportan", explica Pujol. Para ello, asegura, la empresa investiga constantemente, acude a foros y está en contacto permanente con las universidades, que comprueban el buen funcionamiento de la vivienda.
Montse Pujol no tiene apenas competencia, a pesar de que ya hace al menos una década que en los grandes certámenes se presentan casas avanzadas bajo múltiples etiquetas: del futuro, bioclimáticas, sostenibles, modulares... ¿Dónde han quedado? El arquitecto Vicente Guallart, director del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, explica que un modelo de vivienda que diseñó con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha desembocado ahora en una promoción de viviendas de "emisiones cero" que está desarrollando junto a Acciona en Sant Cugat del Vallès. Pero todo va demasiado lento. "No hay una apuesta firme", agrega.
"España podría ser líder. Es una potencia en construcción, en arquitectura y en energías renovables. Pero el sector es muy reticente a innovar. Y ahora es el momento para un gran New Deal en este sector", asegura Guallart. Los datos no son nada alentadores. El gasto total en I+D en España es del 1,27% del PIB. Pues bien, el que dedican las empresas constructoras sólo es del 0,27% de su valor añadido bruto (VAB). El de las inmobiliarias apenas puede desagregarse, al estar mezclado con el de las entidades financieras y los servicios a empresas. La patronal de las grandes constructoras, Seopan, recuerda que hay partidas destinadas a la construcción que no se plasman en la estadística. Por ejemplo, la que proviene de las empresas químicas que fabrican materiales para la construcción. El director técnico de Seopan y de la Plataforma Tecnológica de la Construcción, Ricardo Cortés, recuerda que uno de los inconvenientes del sector es la "atomización empresarial". Antes de la recesión había más de 200.000 constructoras. "Hay la tentación de considerar la I+D como coste y no como inversión. Un error", advierte Cortés. A su juicio, la "edificación va todavía a la zaga" en este terreno.
Hace dos semanas entró en vigor el último documento del Código Técnico de la Edificación (CTE), que pretende dar un nuevo marco a la promoción de viviendas. Los ahorros energéticos se plasman, por ejemplo, en el ahorro de calefacción, que va del 21% en el caso de los pisos al 37% en las casas unifamiliares. Es un primer paso. El Consejo Mundial de Empresarios por el Desarrollo Sostenible se fijó en abril la meta de reducir el uso de energía en los edificios en un 60%. Según un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña, este consumo se divide en dos partes, casi por igual: la mitad proviene de la construcción del edificio, y la otra mitad, del uso que se hace de él.
Unos, como Luis de Garrido, opinan que el CTE es poco ambicioso. "Sólo pone atención en la clasificación de calderas, en algunos casos de iluminación de bajo consumo, y en otros, de energía solar térmica y fotovoltaica. Le queda mucho", se queja el arquitecto. Para otros, es un primer paso hacia criterios más racionales de consumo energético.
Sin embargo, hay más revoluciones pendientes. Una, la de incorporar sistemas inteligentes en los hogares, puesto que el balance sobre la penetración de la domótica en los hogares todavía es discreto. Y la segunda, la de adaptar el espacio a los nuevos modelos sociales. El Gobierno catalán, por ejemplo, plantea hacer viviendas con espacios comunes. Es decir, viviendas pequeñas cuyos residentes compartan cocina o comedor. La Comunidad Valenciana está con el proyecto Sociópolis para propiciar la interacción entre varios grupos sociales: hogares monoparentales, jóvenes, ancianos...
Sin embargo, hay quienes quieren ir más allá. "Es ilógico que un vecino no pueda vender energía o compartir la conexión a Internet con otros de su comunidad", sostiene Guallart. España todavía está a años luz de esta revolución, que requiere, además, de cambios legislativos.
¿Es la recesión una oportunidad o bien un impedimento para invertir en I+D? "En época de euforia todo vale", recuerda el director de Prospectiva del Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña, Josep Maria Fontana. Es cierto, admite, que falta capital, pero también para construir. "Ésa no puede ser una excusa diferencial de ningún sector de la economía", afirma. "Afortunadamente", coincide De Garrido, "vamos a tener que cambiar muchos valores sociales para salir de esta crisis". Cabe ver si los cambios llegan a la construcción.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER 14/05/2009
Foto: La vivienda Gaia 7, diseñada por Luis de Garrido, tiene elementos desmontables que permiten su reciclaje si se abandona la casa.- elpais.com
Los juzgados acumulan más de 200 procesos abiertos de delitos urbanísticos
IDEAL/Almería* : Los problemas relacionados con la ordenación del territorio y el respeto medioambiental están a la orden del día. La masificación urbanística que sufren algunas zonas de la provincia y también del resto del Estado es el desencadenante, entre otras causas, de la proliferación de delitos urbanísticos. Con motivo de esta problemática, ayer se celebró en la capital la I Jornada de Delitos Urbanísticos.
«Este tipo de delitos se regulan desde el año 1995, casi coincidiendo con el boom inmobiliario en España y tanto el derecho penal como el administrativo regulan su cumplimiento», explicó Luis Miguel Columna, juez decano de Almería y director de la jornada.
En la provincia, la comarca del Levante es la que se ha visto principalmente afectada por este tipo de delitos. «Existen muchas construcciones que no se han desarrollado de forma legal, por lo que los juzgados almerienses acumulan muchos procedimientos abiertos, aproximadamente cien en los juzgados penales otros tantos en los administrativos», manifestó Columna quien apuntó que «en Almería todavía no se ha derribado ninguna vivienda».
Por primera vez en Almería, se ha dedicado una única jornada a la problemática de los delitos contra la ordenación del territorio, tras el significativo incremento de estas causas en los tribunales de la provincia. En este sentido, el director de la jornada, destacó que «se ha producido un incremento espectacular de este tipo de delitos en los cinco juzgados de lo penal de la provincia, y más de la mitad de los asuntos que llegan al juzgado de lo penal son sentencias condenatorias».
'Malaya'
En las jornadas participaron tres ponentes. El magistrado, Miguel Ángel Torres, titular del Juzgado de lo Penal Nº 5 de Granada, conocido por instruir el polémico caso 'Malaya' de Marbella, que abordó aspectos relacionados con la ordenación del territorio, delitos penales, los problemas de aplicación, las alternativas legislativas que se pueden hacer en las administraciones y los juzgados.
Sobre los procesos urbanísticos Torres declaró que son largos en el tiempo. «Suele haber muchas personas imputadas y son procedimientos con un gran componente administrativo y eso dificulta la tramitación», manifestó el magistrado quien planteó alternativas para mejorar el sistema judicial. «Creo que deberíamos de mejorar el funcionamiento de la administración, más que los tribunales, principalmente como finalidad preventiva o como control de la legalidad urbanística antes que dejárselo todo a los tribunales, porque cuando los casos llegan a sus manos poca solución tienen. Es una cuestión que depende de la sociedad y que ésta lo demande, pero no siempre hay medios suficientes», apuntó Miguel Ángel Torres.
Medio Ambiente
Además, también participó Antonio Vercher Noguera, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo quien se encargó de abrir la jornada con una conferencia sobre la 'Problemática del Derecho Penal Urbanístico. Perspectiva Europea y Nacional'. «En los tres años que lleva funcionando la Fiscalía, se ha pasado de 300 sentencias condenatorias en 2006 a 525 del pasado año. De éstas, más de 300 estaban relacionadas con los delitos de ordenación del territorio», explicó a los asistentes a la jornada Vercher Noguera.
La jornada cerró con la intervención de Joaquín García Bernardo de Quirós, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, quien expuso una ponencia centrada en la Protección de la legalidad urbanística en la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
* Ideal - 14.05.09 -EUNATE SERRANO
Foto: Un momento de descanso del evento. / MULLOR, ideal.es
Un experto critica que se "negocie" con los hoteles y no con chabolas
ELDÍA* : El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna (ULL) Francisco Villar aseguró que es "una barbaridad negociar con un hotel -que ocupa el dominio público marítimo terrestre- y no hacerlo con los dueños de una chabola", antes de participar en el I Congreso de Derecho Urbanístico que se celebra en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria desde ayer y hasta mañana.
Villar explicó que "si se es flexible con unos, ¿cuál es el criterio para los otros? No se pueden hacer excepciones. El trato ha de ser igual para todos".
El experto valoró, además, que en Canarias podría haber 100.000 camas en situación irregular -no por su construcción en zona de Costa- y desde 1995 se ha detectado esta situación sin que se haya logrado poner remedio.
"Son situaciones con muchos intereses y dar una solución es difícil. A veces, parece más fácil la huida hacia adelante, en vez de poner en marcha el servicio de inspección, resulta más complicado enfrentarse", consideró el coordinador del módulo de turismo "La ordenación del suelo turístico: Tensiones recurrentes", que tendrá lugar mañana en el congreso.
Medidas Urgentes
Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, afirmó ayer que la nueva Ley de Medidas Urgentes pretende fortalecer determinados conceptos de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, que cumple diez años desde su aprobación, para adaptarla a la realidad de hoy.
Rivero, que pronunció estas palabras en la inauguración del I Congreso Canario de Derecho Urbanístico, subrayó que es fundamental culminar en esta legislatura el planeamiento territorial, urbanístico y de los recursos naturales de las islas para dar un "verdadero impulso al desarrollo sostenible".
En cuanto a la Ley de Medidas Urgentes, destacó que se trata de una ley "para avanzar", y que simplifica y racionaliza las actuaciones administrativas en materia territorial y urbanística.
Así mismo, destacó que el texto incide en la promoción de la actividad agropecuaria y el dinamismo del medio rural, al fomentar la actividad industrial, los servicios y equipamientos y dotaciones públicas y la diversificación energética renovable en el suelo rústico.
Por otra parte, destacó el esfuerzo económico que ha hecho el Ejecutivo para avanzar en el planeamiento, pues desde 2005 ha destinado casi 9,5 millones de euros a los municipios para la adaptación de los planes generales de ordenación urbana a la Ley de Directrices.
* El Día - Tenerife - E.P. - 14.05.09
El Supremo obliga a tramitar un plan urbanístico en Torre Negra
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : El Tribunal Supremo ha vuelto a instar al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès para que tramite un proyecto de actuación urbanística (PAU) propuesto por la constructora Núñez i Navarro en el sector de Torre Negra. Este espacio es motivo de un largo proceso repleto de denuncias, sentencias y recursos entre la inmobiliaria, que pretende edificar 2.800 viviendas, y el consistorio.
En una nueva resolución, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación que en el 2004 presentó el ayuntamiento contra una sentencia del mismo año del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En ella se le obligaba a admitir "la solicitud efectuada y el trámite previsto por la legislación urbanística" para que Núñez i Navarro pudiese presentar un nuevo PAU y un plan parcial en la zona. Este plan se presentaba conjuntamente con otros propietarios de la zona de Torre Negra, con intereses constructores en este territorio de Sant Cugat.
La constructora señaló ayer en un comunicado "la tozudez municipal en una actitud beligerante de entorpecer el derecho de sus administrados" que, asegura, "sobrepasa el marco de un conflicto judicial". También afirma que la conducta del ayuntamiento "no puede hacerse dictando actos administrativos que no se ajustan a la legalidad".
TRANQUILIDAD
Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Cugat aseguró, en otra nota de prensa, que la sentencia no contradice su derecho a declarar el espacio no urbanizable: "No pone en peligro la protección de Torre Negra". Señala también que quiere "transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía porque en ningún caso se edificarán las 2.800 viviendas que los promotores quieren construir".
El ayuntamiento, cuyo primer edil es Lluís Recoder (CiU), anunció que llevará este PAU al plenario por imperativo legal para que sea aprobado en su fase inicial, y que posteriormente siga su curso administrativo y se debata en el pleno, donde se decidirá su suerte en la fase de aprobación provisional.
* El Periódico - ALBERT SEGURA -SANT CUGAT DEL VALLÈS - 13.05.09
Foto: Sant Cugat (Barcelona), zona Torre Negra - L.Guerrero, elperiodico.com
La operación netamente especulativa más rentable en la historia de La Isla
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ANDALUCÍAINFORMACIÓN/Cádiz* : La operación de compraventa del complejo hotelero de Bahía Sur era, sobre el papel (porque no se ha vendido todo lo que se pretendía, no por falta de intención), la mayor operación netamente especulativa de la historia de San Fernando o un ejemplo de cómo se pueden ganar millones de euros sin gastar nada.
Para explicarlo con la mayor sencillez posible, lo primero que hay que saber es lo que significa una “promesa de compra”. Es como si una persona tiene un coche y le dice a su amigo que quiere tanto dinero por equis dinero, que lo venda y lo que saque de más, para él. O sea, que puede negociar con el coche sin ser de su propiedad y cuando encuentre al comprador, cobrarle lo que haya conseguido y pagarle al dueño del coche lo que pedía por él. Evidentemente, todo es más complicado, pero esa es la filosofía.
Grubarges (Grupo Barceló, FCC y BBVA) decidió a finales de 2003 vender sus activos -aunque luego Barceló recompraría fuera ya de ese grupo, que es un tema que no influye- y pocas semanas antes se crea Complejo Bahía Sur SL, concretamente con el 20 de octubre de ese año como fecha de inscripción en el Registro Mercantil y la del 10 de noviembre del mismo año como la que comenzó sus operaciones.
Prueba de las bondades de una promesa de compra es que el capital social de la empresa compradora era de 300.506 euros, y una vez que terminara la operación de venta de los activos, habría hecho caja por valor de 27,1 millones de euros, o lo que es lo mismo, por casi 4.500 millones de pesetas.
Unidad por unidad
El desglose de esa cantidad es bien fácil. 52 estudios a 54.091 euros, 2.812.732 euros; 145 bungalows a 96.162 euros, 13.943.490; 88 apartamentos a 66.111, 5.817.768 y 46 duplex a 99.167, 4.561.682 euros. Total, 27.135.672 euros.
Las ganancias eran de unos seis millones de euros por la venta de los apartamentos, teniendo en cuenta que Grubarges estimaba que el complejo valía unos 20 millones de euros, contando el hotel de cuatro estrellas.
¿Quiénes seran los artífices de este negocio redondo? El administrador único de Complejo Bahía Sur SL era Luis Elías Rodríguez-Viña y la sociedad ya es conocida tanto por su adscripción al Registro Mercantil como por su capital social.
Había además otra sociedad, que sería la que se encargara directamente de la gestión del complejo, llamada San Fernando Resort Bahía Sur SL, con el mismo domicilio social que la primera, incrita en el Registro Mercantil el 28 de octubre de 2003 -ocho días más tarde que la primera- y con el mismo capital social de 300.506 euros. En esta segunda sociedad existen dos administradores solidarios, uno de ellos Luis Elías Rodríguez-Viña y el otro Román Antonio Ortega Gómez.
Este último era además administrador único de Guleto SL, y de El puntal Inversiones SL, administrador solidario de EBM Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo SA, administrador único de El Puntal Asesores SL, administrador mancomunado de J&A Garrigues SL y unlargo etcétera de cargos.
Finalmente estaba la figura del apoderado de Complejo Bahía Sur SL, Jesús Sagarra Martínez, a su vez apoderado -por aquellas fechas, como los demás- de Hoteles y Gestión Sotogrande SA, Hoteles y Gestión Caribe SL, Hoteles y Gestión Lanzarote SL, Hoteles y Gestión SA. O sea, HG Hoteles, la empresa que se hizo cargo del hotel de Bahía Sur en diciembre de 2003 y que dejó la gestión antes de cumplirse el plazo para negociar el plan de negocios con Complejo Bahía Sur SL y San Fernando Resort Bahía Sur SL.
Finalmente estaba un hijo de Jordi Pujol, el ex presidente de la Generalitat de Catalunya, que estaba pero que no figuraba y que todavía está y no figura, aunque haya sido blanco de las críticas de los propietarios o inversionistas en recientes reuniones en el complejo, según ha podido saber este periódico.
Más beneficios
Además de los beneficios por la venta de los apartamentos, bungalows, estudios y duplex, estaban -se habla en pasado porque eran las previsiones originales, no las cuentas finales- las ganancias por la gestión de esos inmuebles, ya que Complejo Bahía Sur SL, en el contrato de cesión de explotación de los inmuebles para uso hotelero, cobraba el 25 por ciento de las ganancias de explotación, mientras que los propietarios cobraban el 75 por ciento por el alojamiento, quedando excluidos los ingresos por cualquier otro uso del complejo.
Hasta lo que el administrador único de Complejo Bahía Sur SL, Luis Elías Rodríguez-Viña, decía que se iba a gastar la empresa en reparar los apartamentos, unos 300 millones de pesetas, recaía en los bolsillos ajenos, o sea, de los propietarios o inversionistas que estaban obligados en el momento de la compra a desembolsar unos 1.800 euros a modo de cuota para proceder al arreglo exterior de los apartamentos y otros 2.500 euros para el arreglo interior. Todo ello bajo la supervisión de Resort Bahía Sur SL.
Vistos estos números, se puede hablar de la mayor operación netamente especulativa de la historia de San Fernando, salvando la que desarrolló la sociedad Las Canteruelas SL con los terrenos de la Casería donde se asientan las torres, o la que hará Sogescar en Fábrica San Carlos. Aunque en este caso, la sociedad tuvo que poner dinero y tendrá que hacerlo cuando comiencen a levantarse los bloques de pisos y las dos torres “emblemáticas”.
San Fernando perdió la solidez de su oferta hotelera
En el mes de octubre de 2003, San Fernando contaba en Bahía Sur con 1.600 plazas hoteleras, entre el hotel y la zona de apartamentos y una vez que Grubarges decidió vender sus activos y entrar en escena la empresa Complejo Bahía Sur SL, la ciudad siguió teniendo una oferta hotelera en Bahía Sur, pero nunca más se supo cuántas plazas había realmente en el mercado.
¿Las causas? Primera, que la venta de los primeros apartamentos sin información de que no se podía usar como zona residencial, hizo que se ocuparan -y que sigan ocupados- un número de ellos no conocido con exactitud, lo que redunda en menos plazas al público (otros compraron sabiendo de las condiciones y también viven allí ante la falta de inspección municipal).
Segundo, que una vez que intervino el Ayuntamiento con tres meses de retraso y los contratos se hicieron dejando claro que los compradores eran sólo inversores que participan en un pool (convenio) de explotación y recibían sus ganancias por ello, había una cláusula que permitía a los propietarios salirse de ese convenio durante un año y por ende, vivir en el complejo en tal periodo.
Además, un mes al año también podían convertirse en inquilinos de sus propios inmuebles sujetos a gestión hotelera, lo que también suponía una merma, al menos en la rotación del producto, ya que la utilización se podría contar como una ocupación normal de cualquier cliente.
Efectos en el mercado
¿Cuáles eran entonces los efectos colaterales para la oferta hotelera de San Fernando? El primero, la desconfianza del mercado. Se pasaba de esas 1.600 plazas entre hotel y apartamentos que los turoperadores y demás agentes del sector pudieran tener en sus paquetes de ofertas, a no saber con qué podían contar de un mes a otro o de un año a otro, en función de la cantidad de propietarios que hubieran pedido ese mes franco que les permitía el contrato, o en función de los que en los diez primeros años, pudieran salirse un año del pool de explotación.
Eso sin contar a aquellas personas que estaban viviendo en el complejo usándolo como zona residencial. O bien aquellos apartamentos que no estaban en condiciones porque se tenían que someter a obras y que todavía hoy no han sido adecuados a lo que se demanda. Porque no se han vendido, sencillamente.
La fórmula, como mínimo, no era ilegal
La intervención del Ayuntamiento obligó a especificar en los contratos todos los pormenores que pudieran impedir un uso residencial del complejo hotelero, pero el gran problema con que se encontraba la Secretaría General municipal era que todos los posibles incumplimientos de lo contemplado en la calificación urbanística de los apartamentos se producirían a posteriori, por lo que la operación de compraventa, como estaba ya perfectamente definida, al menos no era ilegal.
Quedaba claro que los ya denominados en el contrato ‘inversores’ podrían ocupar su apartamento durante un mes, siempre que lo comunicaran con tres meses de antelación y que la ocupación fuera por el titular y sus familiares, así como que podrían abandonar el pool durante un año, lo que el Consistorio sí consideraba ilegal. Además, existía la posibilidad de vender el derecho de superficie a una tercera persona que se subrogaría al contrato de cesión de la explotación hotelera.
El Ayuntamiento, pues, sólo podía comprobar un posible incumplimiento con una vigilancia constante, con cargos a los servicios y arcas municipales. Pero a todo esto, ¿qué ocurría con los que compraron antes de febrero y ya vivían en el complejo?
* Andalucía Información - Antonio Atienza - 12.05.09
Foto: San Fernando (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Torrejón: La 'número dos' del PSM declara ante el juez por prevaricación
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ELPAÍS/Madrid* : Trinidad Rollán, secretaria de Organización del PSM, declaró ayer ante el juzgado de instrucción nº4 de Torrejón de Ardoz. Rollán, junto a otros 13 concejales socialistas, está imputada por "prevaricación administrativa". La número dos del PSM aprobó en su etapa de alcaldesa de Torrejón de Ardoz (entre 1999 y 2007) un convenio urbanístico que tenía informes contradictorios.
La abogada de Urbanismo del Consistorio se pronunció a favor del proyecto, que se basaba en una permuta de terrenos municipales con la empresa Patrimonio Siglo XXI para la construcción de viviendas protegidas. El secretario de la Corporación, en cambio, elaboró un informe negativo y tildó de "ilegal en forma y fondo" el convenio porque no estaban claras las condiciones.
El Partido Socialista de Torrejón aseguró ayer que sus concejales no tenían constancia de ese informe negativo cuando votaron el convenio en 2001. El portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, acusó al secretario general del PSM, Tomás Gómez, de restarle importancia a la imputación de Rollán y arremeter contra los imputados del PP en el caso Gürtel.
* ELPAIS.com - R. C. - Madrid - 13/05/2009
Foto: Torrejón de Ardoz- MANUEL ESCALERA, elpais.com
Sólo el 11,74% de los ayuntamientos gallegos tienen su planeamiento urbanístico adaptado a la Ley del Suelo de Galicia
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EUROPAPRESS* : Un total de 37 de los 315 ayuntamientos que existen en Galicia (el 11,74 por ciento) dispone de un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) adaptado a la vigente Ley del Suelo gallega, según datos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y del Colexio de Arquitectos (COAG) difundidos hoy.
Además, un en Galicia existen todavía 47 municipios en los que no existe ninguna normativa de este tipo, la mayor parte de ellos --26-- en la provincia de Ourense, en donde uno de cada cuatro carece de PGOM.
La provincia con un mayor número de municipios adaptados a esta legislación es la de A Coruña, con 17 (un 20 por ciento). Las últimas actualizaciones, según indicó el COAG en un comunicado de prensa, corresponden a Santiago de Compostela, Arzúa, Paderne, Sobrado y Pobra do Caramiñal.
En la provincia quedan cinco ayuntamientos que carecen de normas propias. En el caso de Abegondo, el planeamiento está anulado por sentencia judicial, al igual que en Ares. En Teo el PGOM fue suspendido para su revisión por decreto de la Xunta.
En el otro extremo se encuentra la provincia de Pontevedra, con sólo dos ayuntamientos adaptados a la Ley del Suelo --Vigo y Rodeiro--. Además, cuatro de los 62 municipios pontevedreses no disponen de normativa urbanística propia, algo que en el caso de Gondomar se debe a una sentencia judicial. Los planes de Tui, Ponteareas y A Estrada fueron también suspendidos para su revisión por el Gobierno gallego.
En Ourense hay 13 ayuntamientos con el PGOM adaptado, de entre los 92 con los que cuenta la provincia. No obstante, 26 ayuntamientos carecen de normativa urbanística municipal y el último planeamiento de Verín fue anulado por sentencia judicial "dejando al ayuntamiento en una situación urbanística muy precaria".
Por último, en Lugo los municipios adaptados ascienden a cinco, con la reciente aprobación del PGOM de Ribas de Sil, que se une a los de Castroverde, Paradela, Rábade y O Incio. En la provincia carecen de normativa 12 ayuntamientos, de los 67 que existen. En los casos de Viveiro y Barreiros, los planeamientos fueron suspendidos para su revisión por la Xunta de Galicia y el de Ribadeo fue anulado por sentencia judicial.
* Europa Press - SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May 2009
Foto: Viveiro (Lugo) - elcorreogallego.es
Benidorm sacrifica suelo público para salvar otra vez a Terra Mítica
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Benidorm ha vuelto a salir en socorro de Terra Mítica. Ayer el pleno municipal aprobó iniciar los trámites para efectuar una permuta de suelo que le supondría un beneficio de 4,5 millones al parque temático. La propuesta, que salió adelante con el voto de calidad del alcalde, Manuel Pérez Fenoll, consiste en ofrecer a Terra Mítica 7.000 metros cuadrados de suelo industrial, valorados en 4,5 millones, a cambio de una parcela de suelo rústico de 80.000 metros cuadrados cuyo valor catastral es de 76.800 euros.
Sobre este solar se construirá el segundo hospital comarcal de La Marina Baixa.
Para justificar una permuta entre solares tan dispares (el suelo municipal industrial se encuentra casi desarrollado, mientras que el de Terra Mítica está calificado como no urbanizable, no protegido y con destino y uso dotacional polivalente) el PP esgrimió unos informes fechados el 4 de marzo, cuya autoría no precisó, según los cuales la tasación del solar del parque ascendía a 4,92 millones. Como la diferencia entre ambas tasaciones no supera el 10%, la permuta no será objeto de compensación. De ser así, Terra Mítica, que en 2008 acumuló 15 millones de pérdidas, un descenso del 10% en el volumen de visitas y que se enfrenta a la negativa de la CAM y Bancaja a seguir inyectando capital, en lugar de ganar dinero lo perdería.
El portavoz socialista, Jaime Llinares, calificó la permuta como una "operación inmobiliaria y un pelotazo encubierto para la Sociedad Parque Temático de la Comunidad Valenciana a costa del erario de Benidorm", dado que una vez se consume la operación, la sociedad pública dispondrá de un bien enajenable tasado ahora en 4,5 millones que podrá vender.
Hay otros problemas por resolver, como la posibilidad de que los anteriores propietarios de los 80.000 metros que forman parte de los 10 millones de metros de suelo expropiado en 1997 para el área de reserva del parque, de la que ya se subastaron 216.000 metros que acabó quedándose Enrique Ortiz por 85 millones de euros -operación que supuso la salvación financiera de Terra Mítica en 2006 y 2007-, puedan acreditar si esta decisión vulnera el principio de equidistribución de beneficios y cargas. La parcela sólo permite una ocupación máxima del 20% del terreno y la construcción de tres alturas.
La ubicación del hospital cerca de Terra Mítica ha sido muy criticada por los hoteleros. El presidente de Hosbec, Toni Mayor, asegura que la parcela que se quiere permutar "no es la idónea", ya que "esa reserva de suelo estaba hecha para crear valor añadido a la oferta turística, y eso es incompatible con un hospital". Mayor aboga por "una concepción comarcal global".
El segundo hospital de La Marina Baixa, anunciado por los anteriores consejeros de Sanidad, Vicente Rambla y Rafael Blasco, ha sido propuesto en diferentes ubicaciones y rechazada su construcción en La Nucia, a pesar de que el consistorio cedía el suelo. El presupuesto del Consell para este año no recoge ninguna consignación para esta dotación sanitaria.
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 12/05/2009
Foto: Benidorm (Alicante), TerraMitica - Me (wikipedia.org)
La Audiencia Nacional confirma que el delegado de Ourense defraudó ayudas
ELPAÍS* : La Audiencia Nacional considera probado que Martínez certificó obras inexistentes. El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, y los responsables de acreditar las obras en el grupo de acción local Ceivam (centro de iniciativas para el desarrollo do Val do Miño) tendrán que devolver al Estado más de 50.000 euros que defraudaron de los fondos comunitarios.
La sala cuatro de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia firme que avala el expediente administrativo abierto en su día por Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, dependiente de la Xunta) y tramitado después por el Ministerio de Agricultura sobre el cobro indebido de ayudas de la Unión Europea por parte de Martínez -alcalde de Arnoia por el PP cuando se produjeron los hechos- y sus socios. El fallo de la Audiencia ratifica la orden del ministerio que obliga a los responsables de Ceivam a devolver el dinero que ingresaron de las arcas públicas tras certificar "obras inexistentes".
La sentencia, con fecha del pasado 15 de abril y contra la que no cabe recurso, es consecuencia del contencioso administrativo al que Martínez y los demás responsables de la agrupación local decidieron acudir tras perder un primer recurso de reposición contra la orden del ministerio, fechada en 2007, que les obligaba a devolver al Estado más de 50.000 euros que ingresaron irregularmente.
Con esta resolución se zanja el proceso administrativo contra los integrantes de Ceivam por el fraude en las ayudas europeas, aunque éstos tienen pendiente un proceso judicial, consecuencia de una denuncia presentada por el BNG de Arnoia, para responder en la vía penal por los mismos hechos. Martínez y sus socios están denunciados por estafa, falsedad en documento público y malversación en la gestión de estos fondos otorgados por la Unión Europea.
Para la Audiencia Nacional ha quedado probado que la agrupación local que presidía el entonces alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación Provincial de Ourense incurrió en "un incumplimiento sustancial del fin previsto en las subvenciones otorgadas", que en este caso era la construcción de una planta de tratamiento y aprovechamiento de biomasa y un taller artesanal.
El actual superdelegado de la Xunta certificó, en su condición de presidente de la asociación sin ánimo de lucro Ceivam, que se habían realizado las obras para las que había pedido subvención pese a que, según la sentencia, no fue así. El ponente de la Audiencia Nacional considera acreditadas las denuncias que figuran en el informe que Agader realizó tras inspeccionar las obras.
En lo que respecta a la planta de biomasa, la Audiencia Nacional da validez al informe en el que consta que pese a que Ceivam certificó inversiones por 39.065,79 euros, no había "síntomas de actividad permanente" en la planta de biomasa, que se "certificaron obras que no constan realizadas" y que la nave que se presentó como obra ejecutada con las ayudas comunitarias ya existía antes de solicitar la subvención.
La sentencia confirma también que en las instalaciones "no se encuentran máquinas propias del tratamiento de la biomasa". Además desmonta el argumento del robo de la maquinaria que los socios de Ceivam adujeron para justificar su falta, así como el testimonio de que emplearon el dinero de las ayudas en hacer obras en el interior de la nave. "No se ha aportado ninguna prueba" que acredite esas alegaciones, sostiene el magistrado.
Respecto al taller de orfebrería, la Audiencia detalla que las facturas con las que Ceivam intentó justificar la inversión de los fondos de la UE "no alcanzan a la totalidad de la partida de adquisición de la maquinaria certificada". Explica que en el interior del taller faltaba maquinaria por la que Ceivam recibió 12.897,98 euros. Por ello, la Audiencia desestima el recurso interpuesto por los responsables de Ceivam contra la orden del ministerio y les ordena a devolver al Estado el importe de las ayudas que cobraron irregularmente.
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 12/05/2009
Foto: Ourense, casco antigo - terra.es
El ex alcalde de Burguillos es condenado a 8 años de inhabilitación por una licencia de obras
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DIARIODESEVILLA* : El ya ex alcalde de Burguillos, José Juan López (PSOE) -que dimitió la semana pasada alegando sentirse objeto de una "bestial campaña" contra su persona-, ha sido condenado a ocho años de inhabilitación especial para ostentar cargo público por dar una licencia de obra que autorizaba una planta más en un bloque, obviando los informes técnicos y sin esperar a que se aprobara la innovación del PGOU que solicitó la promotora del proyecto.
Así está recogido en un fallo que fue notificado ayer y que hizo público el PP, el grupo que denunció el caso. El titular del juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla considera que López es autor de un delito contra la ordenación del territorio, por lo que le impone también 4.500 euros de multa y las costas del juicio. La pena de ocho años de inhabilitación está "próxima al mínimo legalmente previsto", según se explica en el fallo, ya que el juez considera que la actuación del edil "no ha tenido una trascencdencia significativa" porque la construcción ha podido ser "legalizada" y el acusado no tiene antecedentes.
El ex alcalde dio licencia para la construcción de un edificio de 40 viviendas, tres locales y 41 plazas de garaje en agosto de 2006, a pesar de que conocía que el proyecto superaba en una planta y en la altura y superficie de los áticos lo permitido en el PGOU. El arquitecto municipal le había advertido que no cumplía con la normativa y dos secretarios accidentales que se sucedieron en el Consistorio emitieron informes contrarios. El decreto fue firmado tan tres días después de que la promotora propusiera una modificación del PGOU para que fuera posible construir un planta más, aunque este proceso no culminó hasta octubre de 2007. En junio de 2008, ya tenía licencia de primera ocupación.
Con el fallo sobre la mesa, la vicesecretaria de Organización del PP de Sevilla, Virginia Pérez, consideró ayer demostrado que no hay una "campaña de desprestigio" contra el alcalde de Burguillos durante los últimos 14 años y que su precipitada salida del Ayuntamiento se debe a que conocía el resultado del juicio. Beltrán Pérez, también del PP de Sevilla, afirmó que "la corrupción ha empezado a salir de Burguillos con la inhabilitación de un alcalde histórico de la provincia", algo que "a nadie le gusta, pero sabemos lo que queremos y la ética y la limpieza en política es fundamental". Los dos dirigentes estuvieron acompañados de Domingo Delegado, portavoz municipal en Burguillos, quien negó los "motivos sociales" que el alcalde alegó para dar la licencia. Los juzgados tramitan otras tres denuncias de esta formación contra López.
El PSOE de Sevilla emitió un comunicado en el que "acata" la sentencia, pero recuerda que puede ser recurrida. El fallo "deja claro que no ha habido ánimo de lucro ni beneficio particular", subrayó el PSOE, y añadió que se trata de una actuación "inmersa en el ámbito de un procedimiento administrativo que contemplaba una licencia urbanística insuficientemente apoyada en el momento puntual en el que ésta se produjo y que posteriormente quedó subsanada". Los socialistas tacharon de "cínica y miserable" la actitud del PP y anunciaron que estudian denunciar a algunos de sus representantes por sus "afirmaciones calumniosas".
* Diario de Sevilla - T. P. , burguillos - 12.05.09
Foto: Burguillos (Sevilla), ayuntamiento - wikipedia.org
Colectivos 'antimobbing' critican la "pasividad" del fiscal especial
ELPERIÓDICO/Barcelona* : La Asociación de Afectados por el Mobbing Inmobiliario, primera asociación de este tipo en España, y la Coordinadora Contra la Especulación de Ciutat Vella criticaron ayer la "pasividad" del fiscal antimobbing de Barcelona, al que acusan de no hacer lo suficiente para proteger a las víctimas del acoso inmobiliario.
En declaraciones a Europa Press, la abogada de la asociación de afectadas, Laia Serra, criticó el "papel pasivo" de la fiscalía y se quejó de que "no hay estadísticas sobre sus actuaciones". "Nunca ha solicitado medidas como el restablecimiento de la luz y el agua a los afectados", añadió. Barcelona se convirtió en junio del año pasado en la primera ciudad española en contar con un fiscal especial antimobbing, gracias a un acuerdo entre la fiscalía y el ayuntamiento. Sin embargo, el miembro de la Coordinadora Contra la Especulación Pere Farré señaló que "todavía queda por ver si el fiscal es una figura efectiva".
DOS INTERVENCIONES
Afirmó que solamente ha intervenido dos veces, cuando tan solo en Ciutat Vella la Oficina de Atención al Consumidor (OAC) recibió 400 denuncias por acoso inmobiliario el año pasado. Farré constató que los casos son "muchos más" y criticó que la figura judicial "parece más un movimiento mediático que un verdadero esfuerzo por combatir el acoso inmobiliario". También criticó que este fiscal "nunca se persona como acusación" en los casos de mobbing, de forma que se da un "mensaje de impunidad a los especuladores". "De vez en cuando hay jaleo, pero luego se vuelve a enterrar el tema", añadió.
Farré calificó de "vergonzoso" el papel del ayuntamiento. "Hacen muchas declaraciones" contra el mobbing, dijo, pero luego no hacen nada seriamente para defender a los afectados.
* El Periódico - 11.05.09
Foto: Mobbing BCN, puerta forzada - elperiodico.com
