LEVANTE* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) exige que el Ayuntamiento de Castelló acate la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ha rechazado los recursos del consistorio y del Consell que pedían la suspensión cautelar del cumplimiento de la resolución judicial, según confirmaron ayer fuentes próximas al tribunal.
Esta decisión supone un nuevo jaque al urbanismo del Ayuntamiento de Castelló, que pedía al tribunal que no le obligara a anular el plan urbanístico a la espera del recurso que tanto la Conselleria de Infraestructuras como el consistorio han interpuesto ante el Tribunal Constitucional.
El TSJ ha rechazado en dos ocasiones los argumentos de ambas administraciones públicas y considera que la sentencia del Supremo es de obligado cumplimiento mientras no diga lo contrario el Tribunal Constitucional, que todavía está estudiando si admite a trámite dos recursos cuya resolución -en caso de ser aceptados- podría demorarse entre tres y cinco años.
La decisión del TSJ -responsable de ejecutar la sentencia del Supremo- no tiene posibilidad de recurso y obliga al ayuntamiento a retrotraerse al momento previo a la exposición pública del actual plan general, lo cual implicaría la vigencia temporal del antiguo plan de 1984.
La sentencia que emitió el Supremo el pasado mes de diciembre anula el PGOU de 2000 porque se privó a los vecinos de su derecho a presentar alegaciones y exige al ayuntamiento un nuevo proceso de exposición pública.
El mencionado periodo de alegaciones se había completado, pero el Partido Popular introdujo modificaciones sustanciales días antes de la aprobación definitiva, y sin dar posibilidad de alegaciones a los vecinos afectados.
El informe pericial al que hace alusión la sentencia del Supremo indica que los cambios introducidos por el PP fueron tales que "suelo urbano pasa a ser urbanizable, suelo urbanizable pasa a ser urbano o no urbanizable, suelo no urbanizable pasa a ser urbano o urbanizable; unidades de ejecución se califican como consolidado y viceversa. Se cambian usos de suelo urbano terciario a residencial o viceversa, de industrial a terciario; se modifican zonas verdes creando o anulando unas y modificando otras, se trasladan infraestructuras básicas como los accesos norte al puerto o el propio Plan Especial del Puerto". Hasta la fecha, el gobierno local del Ayuntamiento de Castelló (Partido Popular) había agotado todas las vías posibles para evitar cumplir la sentencia del Tribunal Supremo.
Primero, aportó un informe jurídico interno que aseguraba que podía seguir aplicando el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 y continuar concediendo licencias con normalidad hasta que la Generalitat Valenciana no recibiera oficialmente el testimonio de la sentencia. Posteriormente, el ayuntamiento alegó que la sentencia estaba recurrida ante el Tribunal Constitucional y que se había solicitado la suspensión cautelar de la ejecución. La respuesta de los tribunales ha sido contundente y a partir de ahora comienza la marcha atrás para cumplir una sentencia que supone un duro golpe contra el modelo urbanístico del PP.
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 9.05.09
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
El TSJ exige al alcalde de Castelló que ejecute el fallo del Supremo y anule el plan urbanístico
La juez eleva a 23 los imputados en la trama de corrupción de Alcaucín
,+promoci%C3%B3n+investigada+-+malagahoy.es.jpg)
MÁLAGAHOY* : La titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, ha imputado hasta ahora a 23 personas en el caso Arcos contra la corrupción urbanística y política en Alcaucín. La juez ha tomado declaración durante los últimos dos días a otras cinco personas durante la considerada tercera fase de la investigación. Cuatro de ellas han quedado en libertad aunque involucradas en delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio, mientras que otra ha quedado en libertad sin cargos.
Además, la instructora ha decretado también la libertad sin cargos para un arquitecto de la Diputación de Málaga interrogado por la Guardia Civil durante la segunda fase de la investigación.
Por el momento permanecen en prisión preventiva el jefe de servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, y el ex alcalde del municipio José Manuel Martín Alba.
De los 23 imputados, 18 han sido acusados de delitos contra la ordenación del territorio y al menos siete están involucrados en delitos de falsedad documental. Además, el ex alcalde de Alcaucín está implicado en presunto cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad, mientras que al arquitecto José Francisco Mora la juez le imputa los delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística.
Al tiempo, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez impuso fianzas de 120.000 euros a los promotores malagueños Francisco Llamas y Manuel Tejada, así como para el onubense cuya identidad corresponde a las iniciales J. M. R. Además, determinó otra fianza de 30.000 euros para el yerno de Llamas, Luis Eduardo C., que también quedó en libertad.
La operación Arcos se desencadenó el 27 de febrero cuando agentes de la Guardia Civil irrumpieron en el domicilio del entonces alcalde del municipio, José Manuel Martín Alba. De forma paralela los investigadores acometieron varios registros en las dependencias del área de Arquitectura de la Diputación y en varias empresas de promotores y empresarios implicados en las pesquisas.
Uno de los hallazgos más significativos lo logró la Guardia Civil cuando encontró en un colchón en la vivienda de Martín Alba 160.000 euros en efectivo. El ya ex alcalde, expulsado también de las filas del PSOE, explicó que se trataba de los ahorros de toda su vida.
El fondo de esta trama presumiblemente se encuentra en los arreglos al margen de la ley que se hacían para permitir o legalizar edificaciones en suelo no urbanizable en el municipio. Se trataba tanto de pequeñas promociones inmobiliarias como de viviendas aisladas.
Se da la circunstancia de que Alcaucín es uno de los municipios del interior de la provincia que ha experimentado una mayor expansión urbanística durante los últimos años.
* Málaga Hoy - 9.05.09
Foto: Vista de una de las promociones objeto de investigación en el caso Arcos. - malagahoy.es
La Justicia anula toda la adjudicación del urbanismo de Orkoien a la promotora Aranade
+-+orkoien.com.jpg)
DIARIODENAVARRA* : El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha declarado la "nulidad radical" de la adjudicación que hizo el Ayuntamiento de Orkoien a la promotora Aranade para que gestionara el urbanismo municipal. Según la sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo, la adjudicación se hizo en 1998 "directamente y de plano, al margen de las modalidades y formas legalmente contempladas", por la corporación encabezada por el actual alcalde, Casimiro Larrea.
El fallo, que no contempla recurso, declara también nulos los pagos realizados por Iturgain (la sociedad pública del Ayuntamiento) de las facturas emitidas por Aranade, "sin que afecte a terceros que no han sido parte en el proceso judicial".
El TSJN estima con su decisión el recurso que habían presentado dos concejales de la entonces Agrupación Independiente de Orkoien y otros cuatro vecinos en contra de un acuerdo municipal de 2006 que desestimaba sus reclamaciones contra los acuerdos entre Iturgain y Aranade. Y matiza que ante las informaciones que contenían las re clamaciones de los recurrentes, "la Corporación debiera haber procedido a iniciar un procedimiento de revisión de oficio respecto a los mencionados acuerdos y sus consecuentes contratos, concluyendo la nulidad radical de los mismos".
Sin licitación ni publicidad
La Cámara de Comptos, como recuerda la sentencia, ya presentó un informe en diciembre de 2005 en que reflejaba que la sociedad Iturgain había adjudicado la gestión urbanística y promoción de parcelas a Aranade. Esta adjudicación, se hizo, según la sentencia, "sin sujetarse a los principios de licitación, publicidad y concurrencia exigibles". Comptos estimaba en su informe que Orkoien pagó dos millones de euros de más a la citada promotora, aumentando del 6 al 10% el porcentaje que Aranade recibía por las promociones desarrolladas.
El fallo judicial anula el acuerdo que dio origen a la relación entre ambas entidades, firmado el 4 de mayo de 1998 entre un representante de Aranade y Casimiro Larrea (alcalde entonces de IU, formación de la que se dio de baja en noviembre de 2006, tras su imputación de la fiscalía). Este acuerdo consistía en la adjudicación del urbanismo a Aranade y se hizo, insiste el fallo, "al margen de cualquier publicidad y procedimiento de selección concurrente de contratistas". El contrato "recaía, materialmente, sobre importantes terrenos destinados a la urbanización que estaban integrados en el patrimonio municipal de suelo". Afectaba, en este primer momento, al entorno de la plaza consistorial.
El tribunal anula también el acuerdo con el que en 2004 se intentó regularizar la gestión por parte de Aranade de las viviendas de Mendikur, cuyo plan se había aprobado dos años antes. Dicha adjudicación se hizo "sin mediar contrato de ningún tipo".
Corrupción en Aragón
La polémica en torno a la relación del Ayuntamiento con Aranade volvió a intensificarse en marzo tras verse inmersa la promotora en la presunta trama de corrupción inmobiliaria en La Muela (Zaragoza). Su gerente, Julián de Miguel, fue detenido y después puesto en libertad bajo fianza por este caso. En un pleno, el grupo del alcalde (con mayoría absoluta) impidió debatir una moción del PSN en la que se pedía la paralización cautelar de la colaboración con De Miguel.
Aranade dispone de terrenos en Orkoien y ya tenía intereses inmobiliarios en la localidad navarra cuando recibió la adjudicación de la gestión del urbanismo en 1998.
* Diario de Navarra - GABRIEL GONZÁLEZ . PAMPLONA - 9.05.09
Foto: Orkoien (Navarra) - orkoien.com
Un informe que fusila contenidos de Internet avala urbanizar San Glorio
ELPAÍS* : El informe es muy importante porque permite a la Junta de Castilla y León retomar la estación de esquí de San Glorio. El Tribunal Superior de la comunidad vetó en 2008 la estación por estar prevista en una zona de alto valor ecológico (acoge una de las dos poblaciones de oso pardo) "sin ningún informe científico" que la avalara. Las directrices de ordenación de la montaña cantábrica vienen a suplir ese vacío legal, pero en realidad están plagadas de párrafos copiados de Internet -a veces sin conexión con lo que trata- y hasta extractos de la web El Rincón del Vago, que proporciona apuntes a estudiantes.
El dictamen, que la Junta estudia convertir en ley, ha sido elaborado por la consultora de urbanismo Cotesa, que cobró 165.420 euros de la comunidad por el trabajo y que ayer no quiso comentar la aparición, sin citar la fuente, de párrafos idénticos a los que se pueden encontrar en la Red.
Los insertos son peculiares. El apartado sobre "el medio natural en la montaña cantábrica" está elaborado a base de extractos de la publicación del Ministerio de Medio Ambiente Cuadernos de Trashumancia (números 3 y 17, accesibles en Internet).
La descripción del clima cantábrico sale de El rincón del vago, y copia párrafos de la tesis doctoral que Juan José González Trueba leyó en 2006 sobre El macizo central de los Picos de Europa: geomorfología y sus implicaciones geoecológicas en la alta montaña cántabra. En las directrices hasta se ha colado un objetivo de la tesis. "Se trata de dar respuesta, o al menos que lo aportado sea de utilidad, a la necesidad ineludible de combinar, por un lado, la conservación del paisaje [...], y por otro lado, el aprovechamiento racional del mismo", decía en su página 29. Lo mismo que en la sexta de las directrices.
En la página 177 del documento, que ayer seguía disponible en la web de la Junta, se ha quedado un comentario del autor al margen: "Completar. Carlos se te ocurre como [sic], no me gustaría copiar de la Web". A Carlos no se le debió de ocurrir nada y los párrafos siguientes sobre el románico salen de la web guiaarte.com.
Hay más. La descripción de las aves de la zona sale de la Agenda 21 de Alto Campoo y extrañamente en algún lugar aparece una descripción de un proyecto del Instituto Geológico y Minero de España de lugares remotos. En la página 18 de las directrices para Palencia y León se lee: "Están cargados los puntos de Galicia, Cordillera Cantábrica, Levante y Menorca".
De la web cantabriajoven.com toma la descripción de la fauna, aunque las directrices se refieren a Palencia y León, no a Cantabria. Con tan mala suerte que reproduce un guión de separación de palabras como estaba en la web aunque en el texto oficial queda en medio de una frase: "A media ladera y en cotas infe-riores, se encuentran los hayedos, con la presencia del oso".
Del grupo ecologista Gedemol (gedemol.blogspot.com) toma un texto crítico con la Junta, aunque el texto oficial omite las alusiones a la comunidad autónoma. La descripción histórica sobre la creación del parque nacional sale de la web abcviajes.com. En la página 66, y sin aparente conexión con el resto, comienza a hablar de árboles singulares. La cita sale de la web arbolesornamentales.com, en la que su autor, el ingeniero agrícola canario José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres, explica que "de una forma general podemos decir que se catalogarán todas aquellas especies arbóreas o arborescentes que destaquen de una manera notoria". Hay muchos más ejemplos.
Las directrices tienen además una decena de mapas, un informe de sostenibilidad y un documento de 101 páginas de normativa. Allí destaca que las estaciones de esquí serán consideradas "de interés público" por su "capacidad de invertir el proceso de pérdida de pulso socioeconómico", lo que da cobertura legal a San Glorio tras el veto del tribunal hace un año. La Junta sacó el documento a exposición pública el pasado 4 de marzo y ordena 50 municipios de la cordillera cantábrica.
La adjudicataria del informe se negó ayer a comentar las copias, y remitió a la Junta de Castilla y León, que tampoco quiso atender las llamadas sobre el tema. Cotesa tiene sedes en Valladolid y en Madrid y, según su web, gestiona la "Red Mujer Empleo" de la Junta para asesorar a mujeres y tiene contratos de la Diputación de Soria, la de Huesca y los ayuntamientos de Aranjuez o Vigo.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 09/05/2009
Una constructora inicia las obras de un PAI paralizado por los tribunales
,+retroexcavadora+en+PAI+ilegal+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE/Valencia* : Una retroexcavadora inició el jueves los trabajos de desbroce en varias parcelas de paraje conocido como Coto Catalá, en el término municipal de Llíria, donde una constructora proyecta una actuación urbanística presuntamente paralizada por el Tribunal Superior de Justicia(TSJ) de la Comunitat Valenciana hace apenas un mes.
El TSJ anuló la aprobación del Sector Golf SRA-28 del Coto Catalá donde se preve construir 2.000 casas, un centro comercial, un hotel y un campo de golf en terrenos calificados de especial protección desde el año 1985.
Con anterioridad a la anulación, que se hizo por motivos formales- la adjudicataria del PAI no estaba debidamente clasificada para contratar con la administración-, la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat aprobó una reclasificación de suelo que daba luz verde al proyecto pese a los informes ambientales en contra y al contenido de la Declaración de Impacto Ambiental
El jueves, los promotores del recurso que derivó en la anulación del PAI, Salvador Peiró, del Centro de Acuicultura Experimental y José Vicente Edó, presidente de la Asociación de Interés Urbanístico "Tos Pelat", comprobaron como las excavadoras comenzaban a arrasar decenas de pinos y a abrir caminos en la zona forestal incluida en el proyecto. Edó y Peiró requirieron entonces la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Local de Llíria, cuyo ayuntamiento asegura que el proyecto cuenta con todos los permisos necesarios.
Las máquinas volvieron al tajo ayer y abrieron un camino o pista en suelo forestal protegido, según los denunciantes, que optaron por presentar una nueva denuncia por escrito en el cuartel de la Guardia Civil de Llíria. Los trabajos afectan además a la Vereda de Bétera o Cordel de Castilla, una vía pecuaria que debería estar protegida independientemente del resultado de los recursos.
Ayer, Boro Peiró no se explicaba la ausencia de los agentes forestales de la conselleria -con competencias sobre vías pecuarias- en el lugar de los hechos. Según aseguran, las máquinas están destrozando una superficie incluida en el Catálogo Forestal Valenciano en el que varios informes apuntan a la existencia de especies protegidas.
Los denunciantes han entregado a la Guardia Civil un CD con imágenes de la destroza y de los endemismos que supuestamente han sido dañados. Ambos exigen que las máquinas no vuelvan a trabajar hasta que no se aclare la situación jurídica del terreno.
* Levante-EMV - J. Sierra - 9.05.09
Foto: a toda máquina. Una de las excavadoras que desde el jueves trabaja en la apertura de caminos en el "Tos Pelat". CAE, levante-emv.com
'Zerrichera': Marqués regresa a Comisaría cercado por nuevas pruebas que lo incriminan
LAVERDAD/Murcia* : Los agentes anticorrupción han hallado documentos sobre el supuesto 'regalo' de un piso al ex consejero por parte de un constructor a quien habría dado trato de favor. Al calvario de Marqués le quedan todavía muchas estaciones que cubrir. Ayer -después de su detención, el pasado marzo, como imputado en delitos de cohecho, prevaricación, contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales- alcanzó la segunda parada: nueva citación y comparecencia en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, con el fin de ser interrogado sobre nuevas pruebas que van apareciendo y que presuntamente estrechan el círculo de sospechas en torno a su persona.
La llamada de los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Financiera, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), causó ayer cierta sorpresa por lo inusual de la misma. Lo habitual es que un imputado sea citado ante el juez instructor cuantas veces éste lo considere necesario, pero es menos usual que la Policía vuelva a tomarle declaración por segunda vez a un sospechoso, una vez que ya ha sido puesto a disposición judicial.
Fuentes próximas al caso explicaron, sin embargo, que en este asunto el magistrado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, y el fiscal superior, Manuel López Bernal, vienen trabajando de forma muy estrecha con los agentes anticorrupción, de ahí que les confiasen la nueva toma de declaración al ex alto cargo del Gobierno de Valcárcel.
Marqués acudió hacia las doce del mediodía a la Comisaría murciana, acompañado por su letrado, el catedrático de Derecho Penal Jaime Peris. Las fuentes citadas explicaron que el ex consejero de Medio Ambiente acudió «de forma voluntaria» a la cita con los policías, después de haber sido requerido por éstos, «aunque si no lo hubiera hecho habría tenido que acudir de manera obligada».
Registros provechosos
El objetivo de la citación era requerir a Marqués para que ofreciera aclaraciones sobre varios documentos que los agentes han intervenido en los últimos días, fruto de los registros realizados en viviendas y en la sede de la notaría del también imputado Sebastián Fernández Rabal, así como en el domicilio de su hombre de confianza en la promotora Hacienda del Hornillo S.L., José Cáceres.
Los policías están muy satisfechos con el resultado de esos registros, ya que les han permitido intervenir «documentación muy abundante, que habrá que ir procesando y que puede abrir nuevas vías de investigación», según señalan las mismas fuentes. Éstas aseguran que entre todo ello «se encuentran algunas pruebas que parecen confirmar que la venta de una vivienda a Francisco Marqués, por parte de los responsables de la sociedad Hacienda del Hornillo S.L., fue en la práctica una especie de regalo», debido a su precio excepcionalmente reducido: 104.000 euros para un apartamento en un complejo residencial cuyo precio de mercado, según los informes policiales, rondaba los 300.000 euros.
Ésta es una de las razones por las que tanto Marqués como el notario y constructor Sebastián Fernández, y su apoderado, José Cáceres, están imputados en un delito de cohecho, ya que estiman los agentes anticorrupción que la venta de ese piso habría sido en realidad un pago encubierto por el trato de favor que el primero habría dado a los segundos durante su etapa como consejero. En concreto, habría permitido a Hacienda del Hornillo realizar obras en lugares protegidos por la legislación medioambiental.
Francisco Marqués, que continúa imputado por los delitos antes citados, con el pasaporte retirado y con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, permaneció un par de horas en las dependencias policiales, prestando declaración. Abandonó la Jefatura con el mismo gesto tranquilo y la media sonrisa con la que había llegado.
La segunda estación de su particular viacrucis había sido cubierta. Resta saber cuántas le quedan y qué le espera al final de esa cuesta.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 8.05.09
Derriban la casa ilegal de Ibiza valorada en 18 millones
,+casa+millonaria+derribada+-+elapis.com.jpg)
ELPAÍS* : Las excavadoras materializan desde este jueves la sentencia de derribo de una mansión ilegal de Ibiza que su dueño, el músico francés Michael Cretu, valorada en 18 millones de euros. La licencia municipal otorgada a Cretu para levantar una casa y un estudio de 900 metros cuadrados fue radicalmente nula, según los jueces, porque la parcela -en la cima de un monte- cuenta con la máxima protección en la ley balear de espacios naturales.
El Tribunal Supremo ratificó en 2003 la orden de demolición del complejo inmobiliario que suma 3.115 metros cuadrados en Corona de Sant Antoni. Cretu rebajó tres metros la altura de la montaña y alzó una especie de fortaleza de estilo árabe, con un volumen de 7000 metros cúbicos, más de cuatro veces de los visados en el proyecto.
En el año 1995, el Grupo de Estudios de la Naturaleza (GEN) advirtió de las ilegalidades al alcalde y las denunció ante el juez. El proceso judicial se ha prolongado a lo largo de catorce años. En un juzgado se investigan aún las posibles responsabilidades penales de propietario, técnicos y alcalde.
El ex Gobierno balear de Jaume Matas, del PP, aprobó en 2003 una ley ad hoc para intentar salvar del derribo la casa sentenciada. Matas en la ley de acompañamiento de los presupuestos diseñó la vía de legalización de edificios fuera de ordenación de Ibiza, con unas características territoriales y urbanísticas que cumplía al mílimetro la casa de Cretu. Los jueces no dieron el brazo a torcer.
Hace dos meses, ante a dilación en el cumplimiento de las órdenes de demolición, la justicia dictó un auto responsabilizando al alcalde de Sant Antoni, José Sala, que ha pagado 600 euros de su bolsillo al mes. El Ayuntamiento concedió las obras de derribo y restauración a una empresa navarra, por más de 300.000 euros.
"Acaba la imagen de impunidad", reseñó Neus Prats, portavoz del GEN. El abogado de Cretu, Jaume Roig, opinó que el músico francés recibe con el derribo "un trato verdaderamente discriminatorio rozando el racismo".
Cretu, "estresado"
Michael Cretu era propietario de los estudios ART en Ibiza antes de trasladarse a vivir a la gran mansión construida durante nueve años con diseño de Bernd Steber y Gunter Wagner
En sus demandas de compensaciones patrimoniales por la pérdida de la casa indica que el caso le ha supuesto pérdida de ingresos por el bajón en su producción musical debido "al estrés" provocado. Tras la orden de derribo llegó otro proceso judicial penal por posibles delitos urbanísticos. Jaume Roig, abogado de Cretu, indicó en su día que la "creatividad y actividad mental han quedado interrumpidas e interferidas por el agotamiento que supone aguantar una situación de este tipo".
* ELPAIS.com - A.M. - Palma de Mallorca - 07/05/2009
Foto: Derribo de la casa del músico Michael Cretu en el municipio de San Antonio.- VICENT MARÍ, elpais.com
Julián Muñoz, ponente en un curso sobre corrupción política
PÚBLICO* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz será uno de los ponentes del curso de verano de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) sobre Periodismo y corrupción política, en el que también están previstas las intervenciones del ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea y del empresario José María Ruiz Mateos.
Según figura en el programa de los X Cursos de Verano de la URJC, presentado hoy, el resto de ponentes serán jueces, como el instructor del caso Gil y del caso Guateque, Santiago Torres, expertos jurídicos y periodistas. Este año, los cursos de verano de la URJC analizarán la crisis desde distintas perspectivas (no sólo económica) y fomentarán el debate sobre sus posibles soluciones.
Julián Muñoz, que ingresó en prisión en 2006, fue procesado en el caso Malaya por malversación de caudales públicos y delito continuado de cohecho. Ha tenido que hacer frente a imputaciones por blanqueo de capitales y tuvo que cumplir una sentencia firme por un delito contra la ordenación del territorio, al que le seguirían después otras dos condenas por causas urbanísticas.
* Público - EFE - Madrid - 06/05/2009
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
Los Ayuntamientos no colaboran en la lucha contra el delito urbanístico
ELPAÍS* : La crisis ha hecho que en algunas fiscalías disminuya el volumen de delitos urbanísticos, aunque suben las diligencias de investigaciones y los procedimientos abiertos durante el año pasado. También aumentan las sentencias condenatorias. Un 37% respecto a 2007. Suman 301 y contribuyen a que decrezca la sensación de impunidad. Lo que sí se mantiene es la escasez de medios materiales y humanos para perseguir los delitos, así como la falta de colaboración por parte de la administración pública, según la Memoria 2008 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, a cuyo frente está el fiscal Antonio Vercher.
A pesar del paulatino aumento de medios, siguen faltando recursos materiales y humanos. En algún caso, carecen de fax y de escáner. También faltan fiscales y personal auxiliar. Pero en las fiscalías en que sí ha aumentado el número de fiscales especialistas no ha mejorado el sistema organizativo. "El problema informático y de unificación de sistema es un problema generalizado", según la memoria. Esto dificulta la coordinación entre fiscalías y juzgados. Cuando se trata de investigar grandes proyectos, además de consumir los escasos medios de que disponen, los responsables suelen quedar impunes.
Dónde está la Administración
A la falta de medios se suma la de colaboración de la administración pública. Algunos ayuntamientos "hacen absoluta dejación de sus funciones" y no trasladan a las fiscalías expedientes incoados cuando hay indicio de delito.
Las irregularidades que investigan las fiscalías se producen en clara connivencia con las autoridades municipales; en Salamanca, se cita entre otros, al municipio de Ciudad Rodrigo con múltiples irregularidades urbanísticas: chalés en suelo rústico, obras sin licencia y expedientes administrativos que acaban caducando por inacción de los ediles, tal como comprobó la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía. En Cáceres, se alude a concesión de licencia para edificar en zonas inundables del río, con el consiguiente riesgo; en Santa Brígida (Gran Canaria) es el propio ayuntamiento el que construye un velatorio en suelo rústico de protección ambiental. En Fuerteventura, habla de posible edificación dentro del Parque Natural de Jandía, en Pájara (Fuerteventura). Obras que se basaban en un plan parcial declarado nulo por sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia canario.
También destaca la memoria diligencias informativas incoadas a raíz de las quejas y denuncias formuladas por instituciones culturales por el polígono industrial proyectado en las inmediaciones de Bienes de Interés Cultural, como Numancia o el casco antiguo de la Ciudad de Soria, entre otros emplazamientos.
Por Comunidades Autónomas, Andalucía se lleva la palma en lo que se refiere a la actuación de las fiscalías en delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo: más del 50% del total de las diligencias de investigación; el 62% de los procedimientos abiertos en toda España; el 78% de las sentencias condenatorias y el 72% de las absolutorias.
Novedades
Al recoger la actuación de las fiscalías la memoria de 2008 incorpora los diferentes criterios de actuación en la lucha contra el delito urbanístico. Destaca que la Fiscalía de Granada extiende la acción penal a las empresas de gestión de publicidad o asesoría inmobiliaria en promociones ilegales, compañías que antes se quedaban al margen de la investigación penal como imputados. Abre el abanico a quienes parcelan suelo no urbanizable ya sean constructoras, promotoras o agencias inmobiliarias mediadoras que tendrán que responder como responsables de la posible demolición o indemnizaciones a los terceros de buena fe. Y, mientras las fiscalías de Córdoba y de Sevilla son alabadas, la memoria pone en evidencia a las de Cáceres y Elche que dejan actuar con total impunidad al promotor cuando se trata de un particular por una "interpretación anómala" y restrictiva del concepto de promotor en el Código Penal.
Contrasta la falta de colaboración de la administración, con la de los ciudadanos. El grueso de las denuncias de infracción de normativa ambiental y urbanística se debe a las organizaciones no gubernamentales y a las asociaciones vecinales. Aunque no siempre es una colaboración desinteresada cuando se trata de particulares y aparecen motivaciones revanchistas e, incluso, colectivos que ejercen presión para pedir la regularización, con cargo a fondos públicos, de urbanizaciones ilegales, según denuncian algunas fiscalías.
* ELPAIS.com - INMACULADA DE LA VEGA - Madrid - 07/05/2009
Catarroja: El TSJ paraliza «Nou Mil·lenni» por no acreditar agua suficiente
,+proyecto+Nou+Mileni+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE/Valencia* : La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dictado un auto en el que acuerda la suspensión cautelar del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo por el que se aprobaba «definitivamente» la Homologación y Plan Parcial del Sector «Nou Mil·lenni» de Catarroja. La sala estima que no ha quedado acreditada la disponibilidad «presente y futura» de recursos hídricos suficientes para atender la demanda de agua que generará la nueva actuación.
La comisión territorial de Urbanismo aprobó el 20 de abril de 2007 uno de los planes estrella de la Generalitat en materia de vivienda y urbanismo: plan de Nou Mil·lenni en Catarroja, una nueva ciudad de 13.000 viviendas promovida por el Grupo Llanera y el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa). El auto asegura que ni la legislación estatal ni la autonómica ofrecen dudas sobre la necesidad de que los desarrollos urbanísticos que impliquen un incremento de las necesidades hídricas dispongan del informe preceptivo del Organismo de Cuenca, representado en la Comunitat Valenciana por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Posible inconstitucionalidad
Respecto a la alternativa que ofrece la legislación autonómica de sustituir el informe estatal por uno elaborado por «empresa colaboradora» autorizada para el suministro, la sala dice interpretar este precepto solo a efectos de la posible suspensión, que finalmente acuerda, aunque advierte que lo hace sin «perjuicio de poder plantear cuestión de constitucionalidad a la hora de dictar el fallo de la sentencia».
Según se dice en el auto, la Comunidad Autónoma «no puede legislar sobre la forma, modo y manera en que el Estado debe ejercer sus competencias ni puede sustituir su intervención mediante norma autonómica». Lo que no significa que no pueda— el informe elaborado por la entidad colaboradora—ser tenido en cuenta por la Generalitat Valenciana, municipio o por el propio tribunal a la hora de tomar una decisión, «pero no como sustitutivo» del informe del organismo de Cuenca.
Finalmente, sobre el contenido de los informes, la sala recuerda los mínimos exigibles que debe tener el emitido por el Organismo de Cuenca y en qué debe basarse.
Del mismo modo la sala establece el contenido mínimo de los informes incluidos en la tramitación y advierte que «no va a dar por válidos informes que no se ajusten» a esos contenidos, «ni al Organismo de Cuenca ni a las Entidades Colaboradoras y Empresas».
Suspensión de pagos
Desde que el Consell aprobó definitivamente Nou Mil.lenni, hace algo más de un año, la tramitación ha avanzado a zancadas, en comparación con otros proyectos urbanísticos, a pesar de que el socio del Ivvsa en la empresa mixta que lo promueve, la firma Llanera, está en suspensión de pagos.
En los últimos tres meses se ha aprobado una modificación del coste de urbanización que se sitúa en 150 millones de euros, se ha desestimado una veintena de recursos contra el PAI y ya están en exposición pública el proyecto de urbanización y reparcelación.
Al conocer la paralización cautelar, desde el PSPV de Catarroja se valoró que «se ha ganado la primera batalla pero la guerra contra un PAI hecho de espaldas a la población, con la complicidad servil y vergonzosa del PP-UV y contra los intereses generales de Catarroja». Por su parte, el movimiento ciudadano contra el PAI, Salvem Catarroja, que el martes abucheó a Camps en una inauguración en el ayuntamiento, manifestó su «profunda alegría» y dijo ayer que el auto judicial es «una batalla ganada por el pueblo de Catarroja sobre un oscuro negocio que la amenaza desde hace años y que la ha ensuciado». El alcalde popular Francisco Chirivella prefirió no pronunciarse por el momento.
* Levante-EMV - J. Sierra/L. Sena - 7.05.09
Foto: Bocado a la huerta. El proyecto del Ivvsa contemplaba la creación de una mini ciudad entre Valencia y Catarroja. - levante-emv.com
La Muela: La Policía estima que la trama movió 45 millones en pelotazos y comisiones
,+ayuntamiento+-+fspugtaragon.org.jpg)
ELPERIÓDICO/Aragón* : La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía estima que la trama de La Muela movió 45 millones de euros en comisiones (casi 10), pelotazos (más de 34) y dinero dedicado a usos peculiares (0,65), según indica el informe con el que el 9 de marzo los investigadores pidieron al juez de La Almunia la detención de los 26 sospechosos de corrupción urbanística.
Una buena parte de esa cifra se la habría llevado la alcaldesa, María Victoria Pinilla. Ella y su marido fueron socios -con el 48%- del presidente de Aranade, Julián de Miguel, en Tudela Inmobiliaria cuando esta firma obtuvo un pelotazo de 6,8 millones con la venta de 37.700 metros cuadrados de suelo a Gestión Urbanística Zaragoza, que actuaba como intermediaria para Brocover, la promotora del polémico plan SR-1. A esa cifra deben sumársele 400.000 euros en B, según las investigaciones.
Esa operación coincide en el tiempo con otra en la que Tudela Inmobiliaria y Carmelo Aured -primo de Pinilla que asumió el 33% del envite- sacaron 3,45 millones con la venta de otros 19.152 metros a Brocover. Aured, que vendió otro terreno por 905.000 euros más de lo que lo había comprado 23 meses antes en una transacción en la que, según la Policía, «subyace un posible uso de información privilegiada», es sospechoso de haberse embolsado 631.000 euros en comisiones.
Hacienda lo vincula con el reparto de otros 2,6 millones por una intermediación. La empresa madrileña se gastó mucho dinero en La Muela. Tanto en blanco como en negro, según explica en una de las conversaciones grabadas su jefe, José Carlos Fernández Delgado, que le explica a su hermano que el SR-1 incluye seis millones en comisiones de los que ellos han puesto dos. La Policía sospecha que parte de ese dinero fue a parar a manos de la alcaldesa, a cambio -presuntamente- de información privilegiada y una futura recalificación. Aunque, según la versión del propio Fernández, también obtuvo retornos: 250.000 euros en negro que presuntamente le dio la alcaldesa por su asfixia económica.
También intuyen que Pinilla cobró comisiones a Construcsa, como habría hecho el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, sospechoso también de imponer mordidas a esa misma firma y a NTA. Rodrigo Vela afirma en una de las conversaciones que tiene invertidos en Rumanía 20 millones que le prestó uno de los empresarios imputados.
La Policía tiene indicios de que De Miguel obtuvo elevados ingresos por operaciones urbanísticas en La Muela. A la Sociedad Urbanística Municipal (SUM), empresa gestionada por Aranade, no le fue tan bien. La SUM, según las pesquisas, dejó de ganar 2,4 millones en ventas de terrenos de la Urbanización Camino de La Muela a Ebrogan y 17,15 en dos operación en las que el pelotazo lo dio Sagain, firma que, según la Policía, ganó 6 millones más en otras tres transacciones.
Uno de los ejecutivos, Francisco Aramburu -también imputado-, se habría comprometido a meter 200.000 euros en el club de fútbol de La Muela, la mitad, en un pago hecho tres semanas antes de la detención. No fue el único empresario interesado por la pelota en el pueblo del pelotazo. La Policía tiene indicios de que 200.000 euros de una subvención de la DGA fueron desviados hacia el equipo a través de NTA.
Los investigadores también sospechan que el arquitecto del ayuntamiento, Francisco Ruiz, cobró una mordida al empresario Vicente Rodrigo por la legalización de su hotel. En una conversación hablan de una deuda de 12.000 euros.
La Policía tiene indicios de numerosas irregularidades relacionadas con el urbanismo y con el funcionamiento del ayuntamiento en sí. Unas consisten en pagos de decenas de miles de euros en negro en la compra de naves industriales. Otras, en el cobro de comisiones y peajes -no cuantificados a fecha de hoy- a empresas. Otras, en hinchar facturas, como revela una conversación de Rodrigo Vela con un empresario: «ya te llamaré yo y pondremos algo más (...). Pondremos 40 o 50 billetes más y ya está, ¿vale?», le dice. El dinero negro circulaba con relativa frecuencia en La Muela.
La Brigada de Blanqueo tiene indicios de que De Miguel guardaba en una caja de seguridad «dinero B no contabilizado de Aranade, lo que evidencia un posible desvío de fondos que podría ir en detrimento de los intereses de la SUM». Veinte días antes de ser detenido, y para resolver un problema, le dio esta indicación a una empleada de Aranade: «habrá que coger 400.000 euros del B, ingresárselos a Miguel Ángel o lo que sea y que lo solucione».
* El Periódico - 07/05/2009 D. MOLINÉ / E. BAYONA
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org
Los parragueses convocan una concentración en Arriondas para protestar contra el Plan urbanístico
,+ayuntamiento+-+wikipedia.org.jpg)
ELCOMERCIO/Asturias* : La Asociación Ganaderos Unidos de Parres ha convocado para el viernes una concentración cívica en la Plaza del Cañón de Arriondas, frente al Ayuntamiento. Su intención es pedir «la rectificación del Plan General de Ordenación» aprobado en el concejo. Lo anunciaron ayer en Llames apoyados, dicen, «por un nutrido grupo de vecinos» que, como ellos, «se oponen frontalmente al proyecto de Nevares» y otra serie de puntos incluidos en la norma.
El proyecto al que se refieren fue aprobado en Pleno por todos los grupos políticos del Ayuntamiento y prevé la rehabilitación del Palacio de Nevares y la construcción de 120 viviendas y un campo de golf.
Frente a este panorama los ganaderos y vecinos han decidido alegar contra el PGO (el período de alegaciones acaba el lunes, día 11). Y, entre otras cosas, «instamos al Ayuntamiento a reconsiderar su política urbanística y territorial de modo que no primen los intereses económicos de constructoras sobre un bien de interés colectivo». Harán lo propio para que «se reconsidere la actuación proyectada en Nevares ya que rechazamos de plano la propuesta de ordenación de este área por entender que conculca con la legalidad vigente, consagra un modelo de desarrollo insostenible e incumple la normativa medioambiental y urbanística».
Además, «solicitamos la reconsideración de las limitaciones impuestas en el PGO para edificar viviendas unifamiliares de carácter agrario cuando desaparezca la explotación» y, por otra parte, «queremos que el Ayuntamiento cree un Reglamento de Participación Ciudadana para comenzar una política de amplia participación vecinal». Estos eran sólo algunos de los puntos que incluirán en sus alegaciones.
* El Comercio Digital - Arriondas - E.S. - 7.05.09
Foto: Parres (Asturias ), ayuntamiento - wikipedia.org
El tribunal de Madrid imputa a otro exalto cargo de Aguirre en el 'caso Gürtel'
ELPERIÓDICO* : El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha imputado al exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo por su implicación en la trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa en la que se investigan delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad, ha informado hoy el TSJM.
López Viejo declarará mañana ante la Sala Civil y Penal del Tribunal de Madrid para explicar el contenido de las conversaciones grabadas por la Policía que le implican en la red corrupta, así como la documentación que obra en poder del magistrado que le relaciona con el entramado de empresas de Correa.
El juez de la Audiencia Nacional le acusó de cobrar hasta 563.000 euros de la trama a cambio de adjudicar la mayoría de los actos institucionales en los que participaba la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
"Aquí un kilo, aquí medio..."
Según Garzón, López Viejo habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid". El juez sostenía que López Viejo recibía sobornos por dar contratos a Correa. En una de las conversaciones del sumario, Correa decía a su interlocutor que el exconsejero se llevaba "una parte de cada acto que se hacía. Aquí un kilo, aquí medio...".
El exconsejero de Deportes es el tercer aforado madrileño imputado en el caso, junto con los parlamentarios regionales Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. El magistrado imputa a Bosch y a Martín Vasco la comisión de los seis delitos genéricos de la causa y participación en una trama. Los dos se negaron a declarar hasta que se levante el secreto del sumario.
La fianza de 955.000 a Martín Vasco
Además, a Martín Vasco le impuso ayer una fianza de 955.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas que se deriven del caso. Fuentes jurídicas han señalado que es probable que el juez opte por imponer a López Viejo una fianza similar a la establecida para Martín Vasco para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias.
La citación se produce un día después de que el Partido Popular suspendiera de militancia a estos tres diputados madrileños por su vinculación en la trama. Los tres diputados habían pedido su suspensión voluntaria hace dos meses, pero hasta que no fueron imputados de manera formal dos de ellos no se ha tomado la decisión.
* El Periódico - Europa Press - 6.05.09
La Policía Nacional se persona en Obras Públicas y Agricultura para pedir expedientes relativos a Águilas
+-+wikimedia.org.jpg)
LAVERDAD/Murcia* : Agentes de la Policía Nacional se personaron hoy en las consejerías de Agricultura y Agua, y de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, para solicitar información sobre determinados expedientes, de entre los años 2003 y 2007, relacionados con las dos detenciones practicadas ayer en Lorca.
Al parecer, los agentes acudieron a primera hora de la mañana a la Consejería de Agricultura y Agua para solicitar la información, pero se les remitió a la sede de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en la calle Catedrático Eugenio Ubeda, por encontrarse allí el grueso de los expedientes.
Sobre las 11.30 horas, los agentes se trasladaron a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, donde solicitaron información concretamente en la Dirección General de Urbanismo y en la Dirección General de Transportes y Puertos.
Según fuentes del Gobierno regional, se brindó a los agentes una "colaboración institucional total", poniendo a su disposición toda la documentación requerida. Las mismas fuentes no pudieron precisar si los agentes llegaron a llevarse los expedientes o si, por el contrario, simplemente los consultaron.
No obstante, fuentes cercanas al caso confirmaron que sí se requisó documentación relativa a procesos urbanísticos llevados a cabo en Aguilas. Se trataría, supuestamente, de expedientes relativos a Hacienda El Hornillo y otros que tendrían relación con las dos arrestos realizados ayer en Lorca, en los que se detuvo al propietario de Hacienda El Hornillo --el notario Sebastián F.R-- y a su apoderado --José C.O--, por presunta prevaricación, cohecho y delito medioambiental.
Los registros fueron practicados por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Murcia, en colaboración con policías venidos de Madrid de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales-Brigada de Blanqueo de Capitales (UDEV-BLA).
Las detenciones son orden del juzgado de instrucción número 3 de Murcia, el mismo que instruye el caso Zerrichera (Aguilas), por lo que podría tratarse de una pieza separada del mismo, a raíz de las diligencias practicadas. Ambos arrestados podrían pasar a disposición judicial mañana.
* La Verdad - EP - 6.05.09
Foto: Aguilas (Murcia) - wikimedia.org
Vecinos de Valdemoro denuncian al Ayuntamiento por la subestación eléctrica
,+denuncia+vecinos+-+madriddigital.info.jpg)
MADRIDDIGITAL* : La Asociación de Vecinos UDE de Valdemoro (AVUDEV) presentó el pasado 30 de abril una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente (foto) por la actuación del Ayuntamiento de la localidad respecto a la construcción de una subestación eléctrica en el llamado barrio del hospital.
La entidad ciudadana, que lleva meses luchando contra la implantación de la instalación, en sintonía con la posición de la mayoría de los vecinos del nuevo desarrollo urbanístico, considera que la licencia municipal podría resultar nula al no tener en cuenta el requisito de que la planta se sitúe a una distancia mínima de 2.000 metros de las viviendas.
La subestación eléctrica "STR-Brezos”, que Iberdrola construye desde el pasado mes de noviembre en el barrio del hospital de Valdemoro, se encuentra a escasos metros de dos colegios, una escuela infantil, una residencia de mayores y varios bloques de viviendas, denuncia AVUDEV.
“Está mucho más cerca que la distancia mínima de 2.000 metros que marca, para este tipo de plantas, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y que el Ayuntamiento debería tener en cuenta para conceder su licencia de actividad”, reclama.
Los vecinos y vecinas de la UDE, que han realizado numerosos actos de protesta y recogido miles de firmas, exigen una nueva ubicación de la subestación, lejos de las casas y de espacios sensibles como los citados, por los riesgos que este tipo de infraestructuras tienen para la salud.
AVUDEV no ha tenido aún acceso al informe del procedimiento ambiental de actividades que es competencia municipal, a pesar de que ha sido solicitado en reiteradas ocasiones. “El incumpliendo de este requisito legal podría constituir una infracción y provocar que la licencia sea nula de pleno derecho”, indica Ignacio García, portavoz de la entidad ciudadana.
El vecindario no entiende la actitud del alcalde de Valdemoro, José Miguel Romero, y del concejal de Urbanismo, ya que a pesar de que en febrero el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción a favor de la reubicación de la planta eléctrica, no han hecho nada para parar el avance de las obras.
Esta “inactividad” ha llevado a AVUDEV a presentar la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. La citada moción indicaba que la subestación “puede constituir un peligro serio para las personas y las viviendas en caso de accidente” y que “con la información disponible podemos concluir que la recomendación más adecuada es la evitación prudente de exposiciones innecesarias a los residentes de esta zona”.
De esta forma, los propios responsables políticos reconocen la existencia de riesgos para la salud y a su vez “un error en la planificación urbanística del municipio”, según García.
Por último, AVUDEV hace hincapié en el “agravio comparativo” existente entre dos barrios de Valdemoro. Mientras la subestación eléctrica prevista en el barrio de El Restón fue finalmente trasladada lejos de las viviendas, el Ayuntamiento no da su brazo a torcer ahora con la del barrio del hospital.
* Madrid Digital - 6.05.09
Foto: madriddigital.info
Medio Ambiente rechaza dos urbanizaciones en Sanxenxo
+-+mma.es.jpg)
ELPAÍS/Pontevedra* : El Ayuntamiento de Sanxenxo pretende coronar Monte Faro con un campo de golf de 18 hoyos y 2.710 chalés de lujo, una actuación que ha recibido un nuevo revés de la Consellería de Medio Ambiente. El Diario Oficial de Galicia recogía ayer la memoria ambiental (emitida el 30 de marzo) que deja al descubierto la falta de respeto por los valores naturales y paisajísticos de dos planes parciales que suman el 5% de superficie global de la villa y presuponen 8.211 habitantes más (el padrón recoge apenas 17.000 en 2007).
Los dos informes se refieren a 255 hectáreas de suelo forestal que en su momento queron partidas por la vía rápida entre Sanxenxo y O Grove.
Los documentos señalan que en los planes no fueron debidamente integrados los criterios de sostenibilidad, por lo que deberán ser revisadas las previsiones relativas al suelo, el paisaje, la movilidad y la energía. De hecho, Medio Ambiente recomienda la creación de un plan integral que garantice la comunicación mediante transporte público y la necesidad de recurrir a las energías renovables ante el excesivo consumo energético que generará conducir el agua hasta esas cotas.
El desarrollo propuesto supondrá una concentración edificatoria en terreno forestal "con la pérdida asociada de valores paisajísticos, patrimoniales, naturales y ambientales". La localización de las viviendas en la cota más alta "agrava" la falta de integración en el paisaje que, además, resultará perceptible desde playas, miradores y otros puntos. El saneamiento y abastecimiento de agua dependerán de la ejecución de los planes municipales, ya que las infraestructuras existentes no tienen capacidad para asimilar el futuro desarrollo.
Un 72% de las 1.410 viviendas proyectadas es de carácter unifamiliar. Además del área residencial y el campo de golf, se contempla una zona hotelera y otra de equipamientos culturales y patrimoniales, "sin explicitar". A este apunte se suman 114 alegaciones. En el otro solar se prevén 1.300 chalés y recibió 26 alegaciones. Ninguno de los dos desarrollos se justifica en el plan general de urbanismo aprobado en 2003 y sus efectos, según la consellería, serían "irreversibles".
* El País - LARA VARELA - Pontevedra - 06/05/2009
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Egüés: Mañana comienza el juicio contra Galipienzo por supuestas irregularidades urbanísticas
+-+diariodenavarra.es.jpg)
DIARIODENAVARRA* : El Juzgado de lo Penal nº4 de Pamplona dará inicio mañana al juicio contra el ex alcalde de Egüés Ignacio Galipienzo por presuntas irregularidades urbanísticas cometidas durante su mandato. El Ministerio Fiscal pide 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público de alcalde para Galipienzo por un delito de prevaricación urbanística de funcionario.
Asimismo, le acusa de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, por lo que pide 15.000 euros de multa. Ignacio Galipienzo está acusado de dictar una licencia de actividad y otra de obras para construir un aparthotel sobre una parcela destinada a usos escolares.
El juicio, que comienza mañana a las 10 horas, se prolongará durante cinco sesiones, en concreto, el miércoles y viernes de esta semana, y el lunes, martes y miércoles de la próxima. Además del fiscal, ejercerán como acusación el Ayuntamiento de Egüés y la formación política Aralar.
Junto con el ex alcalde de Egüés, se sentarán en el banquillo de los acusados otras seis personas. Se trata de la ex arquitecta municipal Nuria Alas Brun, el socio del ex alcalde José Luis Ruiz, los empresarios Emilio Izquierdo, Luis Galo Barahona y Conchita Flores, y el ex asesor municipal Jesús Marco.
El Ministerio Fiscal sólo acusa a tres personas. Se trata, además de Galipienzo, de su socio José Luis Ruiz, a quien considera cooperador necesario del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, y Nuria Alas, a quien acusa de un delito de prevaricación urbanística de funcionario.
Por su parte, el Ayuntamiento de Egüés acusa a cuatro personas. Se trata de Ignacio Galipienzo, a quien responsabiliza de un delito de negociaciones y actividades prohibidas y de prevaricación; de José Luis Ruiz, como cooperador necesario en el delito de negociaciones y actividades prohibidas; y de Emilio Izquierdo y Luis Galo, como cooperadores necesarios del delito de prevaricación.
Finalmente, Aralar imputa un delito de cohecho a Ignacio Galipienzo, José Luis Ruiz, Emilio Izquierdo, Conchita Flores y Luis Galo. Además, acusa a Nuria Alas y Jesús Marco de complicidad en este delito.
* Diario de Navarra - Agencias - 6.05.09
Foto: Egüés (Navarra) - JAVIER SESMA, diariodenavarra.es
Detenidos un notario y un constructor de Lorca por presunto cohecho y prevaricación
+-+Paco+Alonso+(La+Verdad).jpg)
LAVERDAD/Murcia* : Las detenciones se han producido como consecuencia de las investigaciones relacionadas con el proceso de urbanización del paraje protegido de La Zerrichera. La Policía Nacional ha detenido hoy en Lorca al notario Sebastián F.R., y a un constructor, cuya identidad no ha sido desvelada, como presuntos autores de sendos delitos de cohecho y prevaricación, han informado fuentes cercanas al caso.
Las detenciones las ha efectuado la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, en colaboración con agentes de la Jefatura Superior de Murcia, por orden de un juzgado de esta ciudad, que ha decretado el secreto del sumario.
Según las fuentes, esta operación, que continúa abierta, se remonta a varios "meses atrás" y es fruto de unos indicios delictivos que surgieron a raíz de la investigación del proceso de urbanización del paraje protegido de La Zerrichera (Águilas).
El notario, cuyas dependencias están siendo registradas por la Policía, es el propietario de un terreno en el que pretendía construir el empresario también detenido y su imputación de prevaricación, según las mismas fuentes, se debe al hecho de "haber adoptado a sabiendas una resolución injusta".
En cuanto al constructor, la fuente ha explicado que se le considera presunto autor de un delito de cohecho al haber sobornado al notario.
Los dos detenidos se encuentran en la comisaría de la Policía Nacional de Lorca en situación de "tránsito" a la espera de ser trasladados a la Jefatura de Murcia, ciudad en la que está previsto que pasen mañana a disposición del juez instructor.
La agencia EFE ha precisado que, ante su primera información, que apuntaba a la detención del gerente de Urbanismo de Lorca y ex director general de Vivienda del Gobierno regional, Manuel Alfonso Guerrero, éste ha dicho esta mañana a la propia agencia, en conversación telefónica, que se encuentra en Caravaca de la Cruz, su ciudad natal, y que no sabía nada de su presunta implicación en los hechos. Además, preguntado por el notario Sebastián F.R., Guerrero ha dicho: "no tengo ni idea ni he oído nombrar en mi vida de esta persona".
Los investigadores de delitos económicos y fiscales de la Policía Nacional trabajan desde hace meses en este caso y no descartan que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones.
* La Verdad - EFE - 5.05.09
Foto: La Zerrichera (Murcia) - Paco Alonso (La Verdad)
La fiscal pide 7 años al 'número dos' de Fabra por permitir vertidos
+-+uv.es.jpg)
ELPAÍS* : La Fiscalía de Castellón ha pedido siete años de cárcel para Vicent Aparici, número dos de Carlos Fabra en la Diputación, por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y por prevaricación medioambiental. Según el escrito de la fiscal, Aparici, en su etapa de alcalde de La Vall d'Uixó, no solo autorizó el vertedero y los vertidos de residuos tóxicos y peligrosos, sino que, "conocedor de las diversas ilicitudes por carecer de todo tipo de licencia, no inició ningún tipo de actividad sancionadora".
Por ello, le pide siete años de cárcel y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público y que se le inhabilite para ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con la gestión de vertederos cuando, precisamente, en la Diputación tiene asignadas las competencias de Medio Ambiente.
La solicitud de apertura de juicio oral remitida a la Audiencia señala también a los responsables del urbanismo local entre 1995 y 2003, los concejales populares Alfonso López y Enrique Segarra, como presuntos autores del mismo delito de prevaricación ambiental al considerar que conocían la situación y "teniendo competencias para iniciar las oportunas actuaciones administrativas, no lo hicieron, permitiendo de esa manera que el vertedero continuara su actividad". Para ellos, el fiscal pide dos años de cárcel y ocho de inhabilitación. En la causa también figura como acusado el empresario que en aquel momento realizaba la recogida y tratamiento de residuos para La Vall d'Uixó.
Ni Fabra, ni Aparici quisieron comentar ayer el asunto. La secretaria provincial del PP, Marisol Linares, aseguró que Aparici y el partido lo desconocían.Los hechos por los que la Fiscalía pide 7 años de cárcel para Vicent Aparici se remontan a 1998. Desde aquella fecha y hasta 2002, según recoge el escrito de conclusiones provisionales, se depositaron en un vertedero no autorizado de La Vall d'Uixó residuos procedentes de actividades domésticas e industriales, "pese a no tener ningún tipo de autorización municipal, ni licencia, ni estudio de impacto". Aparici, entonces alcalde, autorizó al empresario que realizaba la recogida y tratamiento de los residuos en el municipio para que "de manera periódica, se efectuaran vertidos y depósitos de todo tipo de residuos industriales y domésticos". En unos casos, la empresa realizaba directamente el vertido y, en otros, actuaba "controlando los de muy diversa procedencia que, con su consentimiento y control, se efectuaban cobrando incluso diversas cantidades por ello", según la fiscal.
Durante la instrucción de la causa, abierta hace 10 años, han realizado informes periciales el ecotoxicólogo forense y el Instituto Nacional de Toxicología y se han tomado muestras en el barranco Del Garrut. De su estudio, la fiscal considera que los vertidos "contenían sustancias catalogadas como tóxicas y peligrosas" que en algunos casos fueron depositadas directamente, como los metales pesados, y, en otros, de manera indirecta "al mezclarse entre las mismas". Los continuos vertidos han producido lixiviados que han ido a parar al cauce del barranco Del Garrut, afluente del río Belcaire, y han provocado filtraciones que han afectado "de manera grave al equilibrio de los sistemas naturales y a la salud de las personas expuestas". Además, la fiscal detalla los resultados de los análisis de muestras tomadas en 1999 y en 2002. En el primer caso, se detectó la presencia de cromo y boro y, en el segundo, de cromo, boro y cloruros en cantidades que "excedían, con mucho, los parámetros permitidos como valores máximos", indica la fiscal. En pequeñas dosis, tanto el boro como el cromo pueden provocar irritaciones en la nariz, garganta y ojos, pero pueden llegar a afectar gravemente al estómago, los riñones o el hígado.
El vertedero en el que se hicieron los vertidos "no reunía las condiciones para limitar los efectos nocivos para el ecosistema o la salud de las personas". Tampoco se adoptó ninguna medida paliativa como impermeabilización, separación de pluviales, recogida de lixiviados o selección de residuos. Lo único que hizo el Ayuntamiento, en noviembre de 1999, fueron unas obras de emergencia para "adecentar exteriormente la imagen del vertedero".
Según la fiscal, el entonces alcalde no era el único que conocía el problema. Los concejales de Urbanismo en el periodo en el que se realizaron los vertidos, Alfonso López y Enrique Segarra, tenían competencias para actuar y no lo hicieron "permitiendo que el vertedero continuara su actividad".
"Los efectos del vertedero, aunque actualmente en desuso, siguen produciéndose", tal como relata la fiscal. Pese a ello, el Ayuntamiento no ha extraído los materiales y sustancias depositadas para su tratamiento. Por todo ello, la fiscal no solo acusa a Vicent Aparici y a sus dos concejales, sino también al empresario, a la vez que declara al Ayuntamiento de La Vall d'Uixó como responsable civil subsidiario.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 05/05/2009
Foto: La Vall d'Uixó (Castellón) - uv.es
Imputado por el 'caso Gürtel' otro diputado madrileño de Aguirre
ELPERIÓDICO* : Sin prisa pero sin pausa. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar hoy como imputado a Benjamín Martín Vasco, parlamentario de la Comunidad de Madrid. Es el segundo aforado que comparece ante el juez que investiga la trama corrupta vinculada al PP.
El juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, remitió al TSJM los datos que había encontrado contra Martín Vasco, el exviceconsejero de Deportes Alberto López Viejo y Alfonso Bosch. El TSJM asumió la competencia de este caso el pasado 31 de marzo. Los jueces de la sala civil y penal explicaron que los parlamentarios podrían haber percibido "importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación o influencia en la adjudicación de contratos a varias empresas" de la trama que dirigía Francisco Correa.
LAS IMPUTACIONES
El tribunal desveló que otros imputados señalaban que Martín Vasco --diputado de la Asamblea de Madrid desde 1995 y presidente de la Empresa Pública de Fomento de Arganda del Rey desde 1997 a 1999-- llevó a cabo "labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos" de esta localidad madrileña. También que percibió "notables cantidades de dinero" de personas "relacionadas con sociedades favorecidas por esta adjudicación".
En concreto, Garzón le acusó de cobrar 437.166 euros. En su escrito de inhibición, el juez de la Audiencia Nacional afirmó que el diputado de Aguirre, según grabaciones investigadas por la fiscalía anticorrupción, se dedicó a intermediar "para conseguir adjudicaciones urbanísticas a la empresa Martinsa en el ayuntamiento de Arganda del Rey". Esta empresa, según el magistrado, había pagado comisiones a Correa.
Además, según la documentación intervenida al jefe de esta trama, entre el 2003 y el 2008 la red corrupta le abonó facturas por billetes de avión, estancias en hoteles, alquiler de coche, organización de boda, viaje de novios (28.888 euros), compras en la joyería Suárez de Madrid (13.975 euros) y entregas en efectivo, algunas procedentes de Suiza.
Hoy también comparecerá ante el juez Pablo Crespo, el lugarteniente de Correa. Crespo se encuentra en prisión desde febrero. Garzón le acusa de dar las instrucciones para que los funcionaros públicos sobornados cobrasen sus prebendas en metálico o en especie. También se encargó de gestionar el patrimonio de Correa y de dirigir las empresas que organizaban actos para el PP.
EL PROCESO
Fuentes jurídicas confirmaron ayer que la investigación avanza a buen ritmo, aunque la policía todavía no ha analizado la documentación intervenida. Estas fuentes apuntan que la instrucción refleja que ha existido un enriquecimiento de las personas implicadas, pero descartan, de momento, que haya habido financiación ilegal del partido que dirige Mariano Rajoy. El magistrado Pedreira prorrogó ayer un mes el secreto del sumario.
* El Periódico - MARGARITA BATALLAS - MADRID - 5.05.1955
Foto: Madrid, sede Audiencia Nacional - AFP
