El TSJ exige al alcalde de Castelló que ejecute el fallo del Supremo y anule el plan urbanístico

LEVANTE* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) exige que el Ayuntamiento de Castelló acate la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ha rechazado los recursos del consistorio y del Consell que pedían la suspensión cautelar del cumplimiento de la resolución judicial, según confirmaron ayer fuentes próximas al tribunal.

Esta decisión supone un nuevo jaque al urbanismo del Ayuntamiento de Castelló, que pedía al tribunal que no le obligara a anular el plan urbanístico a la espera del recurso que tanto la Conselleria de Infraestructuras como el consistorio han interpuesto ante el Tribunal Constitucional.
El TSJ ha rechazado en dos ocasiones los argumentos de ambas administraciones públicas y considera que la sentencia del Supremo es de obligado cumplimiento mientras no diga lo contrario el Tribunal Constitucional, que todavía está estudiando si admite a trámite dos recursos cuya resolución -en caso de ser aceptados- podría demorarse entre tres y cinco años.
La decisión del TSJ -responsable de ejecutar la sentencia del Supremo- no tiene posibilidad de recurso y obliga al ayuntamiento a retrotraerse al momento previo a la exposición pública del actual plan general, lo cual implicaría la vigencia temporal del antiguo plan de 1984.
La sentencia que emitió el Supremo el pasado mes de diciembre anula el PGOU de 2000 porque se privó a los vecinos de su derecho a presentar alegaciones y exige al ayuntamiento un nuevo proceso de exposición pública.
El mencionado periodo de alegaciones se había completado, pero el Partido Popular introdujo modificaciones sustanciales días antes de la aprobación definitiva, y sin dar posibilidad de alegaciones a los vecinos afectados.
El informe pericial al que hace alusión la sentencia del Supremo indica que los cambios introducidos por el PP fueron tales que "suelo urbano pasa a ser urbanizable, suelo urbanizable pasa a ser urbano o no urbanizable, suelo no urbanizable pasa a ser urbano o urbanizable; unidades de ejecución se califican como consolidado y viceversa. Se cambian usos de suelo urbano terciario a residencial o viceversa, de industrial a terciario; se modifican zonas verdes creando o anulando unas y modificando otras, se trasladan infraestructuras básicas como los accesos norte al puerto o el propio Plan Especial del Puerto". Hasta la fecha, el gobierno local del Ayuntamiento de Castelló (Partido Popular) había agotado todas las vías posibles para evitar cumplir la sentencia del Tribunal Supremo.
Primero, aportó un informe jurídico interno que aseguraba que podía seguir aplicando el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 y continuar concediendo licencias con normalidad hasta que la Generalitat Valenciana no recibiera oficialmente el testimonio de la sentencia. Posteriormente, el ayuntamiento alegó que la sentencia estaba recurrida ante el Tribunal Constitucional y que se había solicitado la suspensión cautelar de la ejecución. La respuesta de los tribunales ha sido contundente y a partir de ahora comienza la marcha atrás para cumplir una sentencia que supone un duro golpe contra el modelo urbanístico del PP.






* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 9.05.09
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com