El Consell adjudicó sin concurso una obra de 8 millones en Vila-real

ELPAÍS/Castellón* : La Generalitat Valenciana, a través de la sociedad pública Ciegsa, adjudicó sin concurso público la segunda fase de construcción de un centro de tecnificación deportiva por 8,2 millones de euros. El volumen de la adjudicación no sólo exigía que se convocara un concurso público al que pudieran acceder todas las empresas interesadas, sino que, además, exigía su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, donde tampoco se anunció el proyecto, tal como manda la ley.

La sociedad pública se limitó a pedir a tres empresas que aportaran presupuestos para, finalmente, adjudicar la II fase del centro de tecnificación deportiva de Vila-real a la UTE formada por Lubasa y Ocide. Esta UTE ya se había hecho, meses antes, con la construcción de la primera fase del centro que, por el contrario, sí fue adjudicada por concurso, por un importe de 11,4 millones de euros. La fórmula seguida para la II fase, la del procedimiento negociado sin publicidad, está permitida en los casos en los que las obras o servicios no exceden del millón de euros, cantidad que esta adjudicación sobrepasa con creces. Ocide ha salido en los últimos días a la palestra ya que fue adjudicataria, junto a José Luis Ulibarri, uno de los imputados en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón, del Hospital de Llíria.

La desmesura de la adjudicación irregular, dado el importe de la obra, llevó al Síndic de Comptes a incluir el contrato en su informe sobre las cuentas de 2008, en el que tan sólo se recoge una muestra de los contratos y formas de adjudicación, a partir de los datos facilitados por la propia Ciegsa, en el que la "importancia cuantitativa" y la "forma de adjudicación" son los criterios de selección.La adjudicación por procedimiento negociado y sin publicidad del centro de tecnificación deportiva de Vila-real no se limitó a la segunda fase de construcción. Ciegsa contrató también, de esta manera, la asistencia técnica del proyecto, es decir, la redacción de los proyectos básico y de ejecución de las obras de instalaciones, por un importe total de 605.000 euros. Esta adjudicación mereció también la atención del Síndic de Comptes que, en su informe de 2008 sobre las cuentas de la sociedad pública, revisó también el contrato de asistencia.

El informe de la sindicatura incide en las advertencias realizadas en años anteriores y que, sin embargo, continúan siendo desoídas por la administración autonómica. Así, expone cómo, pese a que la Ley de contratos así lo exige, la empresa pública Ciegsa no justifica, "debidamente", el porqué recurre a técnicos no funcionarios para la realización de este tipo de trabajos. El informe sostiene que, en los expedientes revisados, no se justifican "la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta la administración para cubrir las necesidades que trata de satisfacer a través del contrato".

Pero no es ésta la única cuestión que no justifica la sociedad pública sino que, además, el informe incide que, en el caso de los contratos por procedimiento negociado sin publicidad, como el caso de la asistencia técnica del centro de tecnificación deportiva de Vila-real, la previsión hubiera podido evitar este tipo de fórmulas. "Cabe señalar que no se considera justificada la utilización de dicho procedimiento porque el motivo alegado por la Consejería hubiera podido evitarse de realizarse a tiempo las debidas previsiones".

El proyecto de la segunda fase del centro deportivo de Vila-real consiste en la construcción de una residencia para 48 estudiantes de alto rendimiento y 12 monitores. Además, incluye una piscina climatizada de ocho calles. Estas instalaciones han de complementar el pabellón polideportivo cubierto que formaba parte de la primera fase del proyecto que se levanta sobre un suelo recalificado y cedido por el Ayuntamiento de Vil-real a favor de la Generalitat.

La adjudicación del centro de tecnificación es uno de los múltiples reparos que el informe de la Sindicatura de Comptes recoge sobre los contratos de Ciegsa, sociedad presidida por el Consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, que, por lo tanto, es el máximo responsable de la gestión de esta sociedad. La gestión de esta empresa pública no ha sido únicamente fiscalizada por la sindicatura, en lo referente no sólo a las adjudicaciones sino también a los precios que alcanzan las obras y a la selección de persona. La sindicatura, en su último informe, también destaca un problema contable detectado en Ciegsa, la sociedad constituida para construir colegios e institutos y otros centros públicos.

Por su parte, el PSPV, en múltiples ocasiones, ha denunciado en las Cortes la gestión ineficiente, los sobrecostes en las construcciones y la opacidad en la información.






* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Valencia - 01/03/2009
Foto: Obras del centro de tecnificación deportiva de Vila-real- ÀNGEL SÁNCHEZ, elpais.com

.................................... Leer más...

El principal empresario imputado por el juez Garzón construye 2.000 viviendas fuera de la ley

PÚBLICO/León* : El Ayuntamiento de Ponferrada, que gobierna el PP con mayoría absoluta, concedió en 2002 de forma irregular parcelas para construir 2.000 viviendas al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el caso Gürtel, la presunta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa y que operaba en feudos del PP. La concesión ha sido anulada por dos sentencias firmes por falta de publicidad y concurrencia, así como por recalificación improcedente del suelo, pero nunca se han ejecutado.

La empresa de Ulibarri amasó en el proceso opaco de principio a fin 185.000 metros cuadrados edificables, por los que pagó un precio hasta cinco veces por debajo de los que establecía el mercado en aquel momento.

Ponferrada es la base desde la que se expandió el Grupo Begar, el conglomerado que dirige Ulibarri con intereses en la construcción, servicios de limpieza y medios de comunicación. La empresa opera en toda España, pero sobre todo en Castilla y León, Madrid y Valencia y su facturación alcanzó los 614 millones de euros en 2006.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha declinado responder a las preguntas de Público. Por su parte, un portavoz de Ulibarri dijo que su grupo empresarial no haría ningún comentario a la prensa hasta que el empresario declare ante el juez Baltasar Garzón, cita prevista en principio para el día 4.

Las casi 2.000 parcelas concedidas directa o indirectamente a Ulibarri de forma irregular en Ponferrada forman parte del proyecto La Rosaleda, en pleno centro de la ciudad. La iniciativa se gestó con el alcalde Ismael Álvarez Rodríguez, que en junio de 2002 se vio obligado a renunciar tras ser condenado por acoso sexual a la concejal Nevenka Fernández. Pero lo heredó su sucesor, Carlos López Riesco, que culminó las adjudicaciones en septiembre de 2002.

El proyecto está trufado de irregularidades desde sus orígenes y así lo han certificado los tribunales. Para diseñarlo, se modificó el Plan General de Ordenación Urbana, pero los cambios fueron anulados de forma firme, por ilegales, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2007. Ya en 2005 había fallado en contra, pero la urbanización siguió construyéndose a todo tren, sin que la sentencia tuviera efectos prácticos.

La reforma del plan general recibió el visto bueno de la Junta de Castilla y León, que el PP también controla con mayoría absoluta, el 26 de julio de 2001. La sentencia del TSJ certifica que se aumentó la densidad para viviendas de forma desproporcionada de 30 a 70 por hectárea, se multiplicó por cuatro el terreno destinado a vivienda y además se suprimió el 10% previsto para equipamientos generales.

La segunda gran irregularidad puesta de manifiesto por otra sentencia distinta fue el pliego de condiciones de reparto de las parcelas establecido por la Sociedad Municipal Ponferrada Gestión Urbanística (Pongesur), una empresa municipal creada en 2000. Las concesiones han sido también anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad en otra sentencia firme del 11 de abril de 2008.

Falta de publicidad

El tribunal considera que no se respetó el principio de publicidad y de concurrencia. "Se anulan [las concesiones] por disconformidad con el ordenamiento jurídico", señala en el auto de 2008, que ratifica otro de 2007. Pero el Ayuntamiento no se ha dado por enterado.

Las polémicas concesiones tuvieron como máximo beneficiario a Ulibarri, aunque en distintos tiempos: en el primer acuerdo, de febrero de 2002, sus empresas aparecen camufladas en un mar de concesiones: se le asignaron 539 parcelas sobre un total de casi 5.000. Pero en otra acta de Pongesur, en septiembre del mismo año, Ulibarri acumula ya directamente 1.604 parcelas y la cifra se eleva hasta 2.016 si se incluyen las adjudicadas a Leocasa, de la que Ulibarri tiene el 50%.

En este momento septiembre de 2002 ya no son 5.000 las parecelas adjudicadas a manos privadas, sino sólo 3.700 porque Pongesur se ha quedado 1.269. Por tanto, Ulibarri amasa al final casi el 60% del total de adjudicaciones privadas.

En el reparto inicial cuando Ulibarri aparece simplemente como uno más se beneficia a empresas que ni siquiera tienen en su objeto social nada relacionado con la construcción, como Pizarras Franvisa o Fernández de la Mata, dedicada a las instalaciones eléctricas. En el acta de septiembre, ambas empresas, así como Cymotsa, desaparecen del listado y sus parcelas pasan a constar directamente ya para Ulibarri.

Para esta operación Ulibarri utilizó a la promotora UFC, la misma que empleó para ganar en 2006 la concesión de Boadilla Park 169 viviendas en el municipio madrileño epicentro del caso Gürtel, en el punto de mira de Baltasar Garzón. El juez investiga si en la operación de Boadilla Ulibarri pagó tres millones de comisión a la trama. UFC era una empresa instrumental: pese al volumen de sus operaciones, en 2006 todavía no tenía empleados dados de alta en la Seguridad Social.

La operación de La Rosaleda supuso un negocio redondo para Ulibarri, que pagó por las parcelas un precio muy por debajo del precio de mercado: desembolsó 12,1 millones de euros para 185.045 metros cuadrados. Apenas 65 euros el metro cuadrado cuando en aquel momento en la localidad y en la provincia la media superaba los 300.

Las condiciones se estipulan en un documento notarial firmado el 27 de septiembre de 2002, tres días después de que el consejo de Administración de Pongesur limpiara las concesiones inciales y otorgara ya a UFC parcelas para 1.604 viviendas. El documento tiene aspectos extraños a las contrataciones de la Administración pública al establecer el monto total a pagar en 28,8 millones de euros y luego desmenuzarlo en tres partes de muy distinta naturaleza.

La primera incluye 3,025 millones, que la parte vendedora "confiesa haber recibido de la parte compradora con anterioridad a este acto". No se especifica ni cómo ni dónde se produjo el pago. Tampoco el momento, cuando la aprobación formal de las adjudicaciones había sido apenas tres días antes.

La segunda parte es el único desembolso real de dinero a la que se comprometía Ulibarri en el momento de la firma: los 12,1 millones de euros que le sirvieron para lograr los 185.045 metros cuadrados edificables. La última parte corresponde a 13,26 millones de euros "en especies" a cuenta de futuras obras de urbanización en La Rosaleda. Sin presupuesto concreto. Ni controles. Ni plazos. Además, se hace constar que obras por valor de 2,99 millones ya se han realizado en el momento de la firma.

Una vez en posesión de los terrenos, las empresas de Ulibarri no sólo han hecho negocio vendiendo sus pisos, sino también con la construcción de edificios en parcelas que ellos mismos vendieron a terceros, como la Torre de la Rosaleda, que con 28 plantas y 100 metros de altura es el edificio más alto de la comunidad.

En junio de 2004, UFC había revendido casi la mitad de las parcelas conseguidas en condiciones tan ventajosas y se reservaba para sí el espacio para construir 800 pisos.





* Público - PERE RUSIÑOL - MADRID - 01/03/2009
Foto: Zona de Ponferrada donde el empresario edificó viviendas gracias a una concesión irregular del Ayuntamiento. ANTONIO SÁNCHEZ, publico.es

.................................... Leer más...

La Guardia Civil halla 160.000 euros debajo de un colchón del alcalde de Alcaucín

ELPAÍS/Málaga* : La Guardia Civil ha hallado en el domicilio del alcalde de Alcaucin, detenido el pasado viernes por una supuesta trama de corrupción urbanística, 160.000 euros ocultos debajo de un colchón. De los 13 detenidos por la 'Operación Arcos', 11 continúan arrestados, entre los que se encuentran dos hijas del alcalde y varios empresario.

La última de los detenidas que ha sido puesta en libertad con cargos ha sido la hija de un empresario supuestamente implicado en esta trama. Ésta es la segunda detenida que queda en libertad después de que ayer lo hiciera la secretaria de un responsable del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga.

Los otros once arrestados el viernes continúan hoy detenidos a la espera de pasar a disposición judicial, lo que se prevé que ocurra mañana, cuando se agota el plazo que marca la ley, entre los que se encuentra el alcalde, José Manuel Martín (PSOE) y dos de sus hijas.

Entre los datos que han transcendido de la "operación Arcos" es que que la Guardia Civil ha encontrado en el domicilio de José Manuel Martín 160.000 euros en efectivo ocultos debajo de un colchón, informa Europa Press. El inmueble fue inspeccionado durante varias horas por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Seprona de la Guardia Civil. Cuando los agentes descubrieron el dinero, el alcalde manifestó que eran "los ahorros de toda una vida", según publica hoy el diario 'Sur'.

En total, los agentes se incautaron de más de 250.000 euros entre los 11 registros realizados en la operación. Aparte, de la suma hallada en la casa del regidor, los investigadores intervinieron más de 60.000 euros en Cartaya (Huelva), donde fue detenido un promotor por supuesta implicación en la trama.

La investigación ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la comarca malagueña de la Axarquía, según informaron desde el Ministerio del Interior.




* ELPAIS.com - AGENCIAS - Málaga - 01/03/2009
Foto: Alcaucín - absoluteaxarquia.com

.................................... Leer más...

Tenerife: Ya van más de 500 derribos

LAOPINIÓN* : De las 1.497 "ocupaciones inadecuadas" que la Demarcación de Costas de la provincia tinerfeña ha identificado en el dominio público marítimo-terrestre y de la servidumbre de tránsito, ya han sido demolidos 496 en los últimos años, aunque a esta cifra hay que sumar los recientes derribos de Cho Vito.

Los datos facilitados han variado muy poco desde que fueron recogidos en un informe que data de los años 2006 y 2007. Así, en Tenerife se localizaron 696 ocupaciones, de las que 261 han sido demolidas. En La Palma también se derribaron 200, de las 766 que había. En cuanto a las islas de La Gomera (34 ocupaciones) y El Hierro (1), ya no tienen asentamientos "inadecuados" en sus costas.
La Demarcación de Costas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife recuerda que, una vez deslindado el litoral, se está ejecutando un programa de recuperación del dominio público, ya que se ha visto sometido a una "degradación y privatización por una ordenación urbanística deficiente en unos casos y, en otros, por construcciones relacionadas con segundas residencias, sin ninguna tradición histórica y con un déficit de salubridad e higiene". De los núcleos que todavía siguen en pie en el dominio público marítimo-terrestre de la isla de Tenerife destacan los de Finca El Apio (La Laguna), Hotel Médano (en El Médano), en Las Galletas (Arona), en Los Cristianos (Arona), en Santa Lucía (Güímar), en El Caletón (La Matanza de Acentejo) y Roque Bermejo (Santa Cruz de Tenerife), entre otros muchos.
En cuanto a la isla de La Palma, están los asentamientos de Caleta del Palo (Villa de Mazo), Playa de Punta Larga (Fuencaliente) y La Bombilla (Tazacorte), entre muchos más.
Para poder recuperar la parte de costa ocupada es necesario tramitar los denominados expedientes de recuperación posesoria, que requieren de la identificación de los ocupantes y la contestación de alegaciones. Actualmente hay varios de estos expedientes abiertos, entre los que se encuentran los referentes a La Sarnosa (Arico), Bajo Cuesta Las Tablas (Candelaria), Puerto Trigo-El Confital (Granadilla de Abona), Diego Hernández (Adeje), Rojas, Cangrejillo y El Puertito (El Sauzal) y El Prix (Tacoronte).
Los expedientes que afectan a la isla de La Palma son los de Puerto Trigo-Martín Luis-Puerto Paja (Puntallana), Las Maretas (Aeropuerto), Caleta de Palo (Villa de Mazo), La Zamora, El Faro y Punta Larga (Fuencaliente), El Remo (Los Llanos de Aridane), La Bombilla (Tazacorte yLlanos de Aridane) y Los Guirres (en el municipio de Tazacorte).
Hay que recordar que el deslinde de dominio público marítimo-terrestre es la línea que sirve para separar la parte pública de la privada en las costas. Con la aprobación del deslinde se define también la zona de servidumbre de protección, que recae sobre la parte privada del litoral, midiendo de 20 a 100 metros, en función de si los terrenos estaban clasificados como urbanos o no a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.
En la provincia tinerfeña ya se ha deslindado el 92,11 por ciento del litoral.
Defender los criterios de la Ley de Costas choca en muchas ocasiones con los intereses particulares, como ocurrió en el caso de Cho Vito, en el municipio de Candelaria. También hay que destacar las concesiones que Costas otorga para "el emplazamiento de servicios públicos bajo el criterio de su especial interés" y cuya vigencia ha finalizado, como es el caso del Hotel El Médano, sobre el que ya se ha abierto un expediente de caducidad, ya que se prevé liberar de construcciones el espacio público.





* LA oPINIÓN DE TENERIFE - SOL RINCÓN BOROBIA - 1.03.09
Foto: Imagen de una pala derribando una casa de Cho Vito. Santiago Ferrero (Reuters)

.................................... Leer más...

En Granadilla no hay puerto sino tufo y chanchullo

SANTI PEÑA* : Ante el comienzo de las obras del puerto de Granadilla el viernes 13 de febrero la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales que están en contra de este proyecto han reaccionado de manera rotunda pero serena cosa que, sin lugar a dudas, ha debido dejar descolocados a los que, usurpando las instituciones, han tratado estos años de impulsar el proyecto a toda costa aunque esto supusiera vulnerar las leyes para dejar claro que el primer delincuente en Canarias son las mismas instituciones ya que ni son capaces de respetar la legislación que ellas mismas hacen.

No es de recibo que haya sido el propio Vicepresidente autonómico José Manuel Soria el que haya acusado al PSOE de detener indiscriminadamente a ciudadanos en Canarias relacionados con los casos Góndola y Faycán cuando lo que muchos vemos en estas actuaciones es que por lo menos la separación de poderes del estado ha estado funcionando aunque sea bajo mínimos y que ha habido investigaciones judiciales y policiales que han llevado a estas actuaciones. No es casualidad que Soria haya estado defendiendo de manera vehemente a estos presuntos delincuentes que parecía que cobraban comisiones para financiar al PP en Telde, aunque luego se arrepintiera y se quedaban el dinero para ellos mismos, o que eran favorecidos por el poder a la hora de saltarse la moratoria turística y construir instalaciones de super lujo hotelero en Gran Canaria. El PP es capaz de esto y de mucho más como se ha estado desvelando con la trama de Francisco Correa investigada por el Juez Garzón, hasta factura a su salud le ha pasado estos días, no sólo porque a Francisco Camps le guste vestir muy bien, los 30 mil euros en trajes pagados por El Bigotes son una metáfora del tren de vida en el que se han instalado, sino porque ahora lo que toca es acusar que esté funcionando la separación de poderes y el Estado de Derecho para tratar de apartar a estos miserables de la caja en la que se encuentra el dinero público que debería de ser sagrado y no las encíclicas de la Santa Sede que parece que son las que dictan las formas del PP. En fin, qué íbamos a pensar si no de un partido en el que no se fían entre ellos mismos y son capaces de espiarse con todas sus consecuencias.

Mientras contra este puerto están en marcha las vías penales, la Fiscalía de Medio Ambiente ha llamado a declarar a los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente para investigar la posible falsedad en documento público con la descatalogación de los sebadales de las costas de Granadilla, la Comisión Europea abre un expediente al Reino de España porque desde hace más de un año las instituciones canarias no han sido capaces de designar 174 Zonas de Especial Conservación como LIC, Lugares de Interés Comunitario, incluido el sebadal del Sur de Tenerife y desde las instituciones comunitarias se denuncia el urbanismo salvaje que se ha dado en España pero sobre todo en las islas, Paulino Rivero no sólo no ha destituido al Consejero Domingo Berriel, o éste ha dimitido por dignidad, sino que le ha dado una palmadita en el hombro. Es más, ha atacando a los opositores del puerto no sólo ninguneándolos y llamándolos minoría sino que demostrando que el Presidente, que debería ser de todos los canarios, no tiene ni puta idea de lo que es la democracia y qué significa ejercerla. Mientras ha pasado un año completo en el que la Consejería de Medio Ambiente no ha ejercido su función de designar como LIC 174 lugares de especial conservación de Canarias la obsesión de Berriel ha estado más dirigida, como si su puesto fuera el de Consejero de Fomento, principalmente hacia dos cosas. Por un lado tumbar la ILP de Ben Magec Ecologistas en Acción, respaldada con más de 40 mil firmas, para establecer una verdadera moratoria en el archipiélago con una Ley de Medidas Urgentes que no es más que una carta blanca a los constructores pues si se llega a aprobar hará susceptible de construir en cualquier lugar de nuestro archipiélago y por otro allanar el camino de la Autoridad Portuaria y a los especuladores con la rebaja en la catalogación de la especie Cymodocea nodosa que dificultada las obras del puerto de Granadilla llegando, como parece que ha sido, a la falsedad documental. Mientras estos 174 expedientes de lugares a proteger estaban dormidos en los archivos de esta consejería, uno que ya sabe cómo funciona esta gente se atreve a decir que los altos cargos ni se habían enterado de su existencia o les importaba un bledo, la pasmosa agilidad en resolver las centenares de alegaciones contra la descatalogación del sebadal, pasó poco más de una semana, no deja de ser sorprendente. Entre otras denuncias, por supuesto ahí están los trabajos jurídico de Ben Magec y Pedro Arcila de ATAN, la fiscalía ha admitido a trámite una contra el Consejero Berriel por supuesto tráfico de influencias y prevaricación contra su persona de la que sólo espero que la justicia actúe como debe hacerlo y si algún día se demuestra que esto ha habido delitos que pague con su patrimonio, su libertad y que sea alejado de cualquier cargo público para que se demuestre, de una vez por todas, que los delitos de corrupción no salen gratis en Canarias y que el que la hace debe pagarla.

En las islas la alta delincuencia de guante blanco ha salido siempre gratis: nadie ha ido a parar a la cárcel por la mala expropiación del Parlamento, por los fraudes multimillonarios del Icfem, por el caso Tindaya o por la Montaña de Tebeto a pesar de que son casos escandalosos y que todos ellos van a dejar hipotecadas las cuentas canarias por muchas décadas. Durante años los ciudadanos canarios han sido pasivos y al pelo nos venía el epíteto de aplatanados. Las cosas están cambiando y como si de un espíritu conjunto de Vilaflor se tratara la ciudadanía se está dando cuenta que la mejor manera de solucionar sus cosas no es esperar a que los políticos, que sólo cada cuatro años se acuerda de nosotros para pedirnos el voto, las resuelvan a su manera sino que de manera natural han venido a tomar la democracia debido a la baja calidad de ésta que hay en las instituciones. Y es que esta vez el chanchullo de Domingo Berriel, Paulino Rivero y Pedro Rodríguez Zaragoza han llegado tan lejos que los verdaderos medios antisistema y antisociales como es el grupo de comunicación El Día no les ha quedado otro remedio que hacerse eco de las quejas de los ciudadanos. Atrás quedaron los tiempos en que una manifestación contra el puerto de Granadilla de más de 100 mil personas era ninguneada por la prensa, por los políticos y manejada a su antojo por el propio Presidente del Gobierno Adán Martín Menís con la famosa manipulación de las fotos de la avioneta de Grafcan. Este 14 de marzo el gobierno y la camarilla de indeseables que lo rodean no les va a quedar otro remedio que estar pendientes a la que puede ser la mayor manifestación de la historia de Canarias promovida por la Comunidad Científica de Tenerife para protestar por la rebaja en la catalogación de las praderas de sebadales en el entorno de las Costas de Granadilla. De su parte están los intereses oscuros que esconde y a los que favorecen con sus decisiones impuestas y antidemocráticas, de las nuestras la búsqueda de la verdad y la preocupación por nuestro entorno y nuestro futuro económico y político. Sin la oposición ciudadana las costas de Granadilla estarían destruidas hace década y contarían con un puerto inútil. Con la oposición ciudadana este puerto se va a parar.






* Canarias 24 Horas - Opinión - 22 de febrero de 2009

.................................... Leer más...

La Cornisa de San Francisco el Grande se transformará a pesar de los vecinos

MADRIDIARIO* : El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente este viernes en Pleno el Plan Parcial para remodelar el ámbito de San Francisco el Grande. Una vecina del distrito de Centro irrumpió en la sala de Plenos al grito de "No queremos cemento en la Cornisa".

La corporación municipal aprobó con los votos del PP esta operación, gestada en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, que contempla la construcción de cinco edificios propiedad del Arzobispado, varios equipamientos y más zonas verdes, a la espera del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el movimiento vecinal.

La delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, defendió que el equipo de Ruiz-Gallardón no estaba al frente del Gobierno de Madrid cuando se iniciaron las negociaciones del plan de reforma de la Cornisa, cuyas bases, aseguró, vienen de 1997. Martínez argumentó que el actual Gobierno municipal no ha conferido derechos al Arzobispado que no tuviera adquiridos ya y que sólo ha podido establecer limitaciones y condiciones en beneficio de los madrileños.

Los dos grupos de la oposición acusaron al Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón de "complicidad" con el Arzobispado de Madrid, a quien "han autorizado a destruir" la Cornisa de San Francisco el Grande "al otorgarle 25.500 metros cuadrados de edificabilidad para levantar cinco edificios en un talud asociado históricamente a la imagen de la capital".

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, David Lucas, subrayó que una vez aprobada esta "fechoría urbanística y atropello histórico" Alberto Ruiz-Gallardón será recordado como "el alcalde que tapó la Cornisa de Madrid". Lucas espetó al alcalde si es que "no se da cuenta de que está destruyendo un espacio histórico y unas zonas verdes a cuya alteración se oponen tajantemente los vecinos, como están demostrando hoy en la Plaza de la Villa".

Tropelía
En nombre de IU, el concejal Ángel Lara, acusó al Gobierno de "destruir la configuración de una zona emblemática" y de no tener en cuenta "jamás" la opinión de los vecinos y de los grupos de la oposición, "que llevan diez años oponiéndose con pasión y sin desmayo a esta tropelía", agregó. Lara calificó el Plan Parcial de "atentado irremediable" contra la Cornisa y dijo que el Gobierno municipal no ha dudado en ceder "a la voracidad insaciable del Arzobispado, a pesar del expolio de zonas verdes que supone para los vecinos".

En la votación final, una vecina comenzó a gritar contra la decisión, una protesta que viene a sumarse a la de decenas de vecinos que se manifestaban desde primera hora de la mañana en la Plaza de la Villa. Medio centenar de vecinos del distrito Centro se concentraban, mientras tanto, en la Plaza de la Villa para reclamar que el Plan Parcial no siguiera adelante.
'Clero y Gallardón roban un montón', 'Vaticano dos en Madrid no', 'Las calles y los parques son nuestros, ¿por qué no nos preguntan?' fueron algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas que portaban.






* Madridiario - 27-02-2009 - Enrique Villalba / Agencias
Foto: Juan Luis Jaén / Enrique Villalba, madridiario.es

.................................... Leer más...

El juez ve indicios de criminalidad por un caso urbanístico en la líder del PP jerezano

LAVOZDIGITAL* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Jerez ha dictado un auto por el que determina que han surgido «indicios racionales de criminalidad» en el caso de los huertos de ocio contra la popular y por entonces alcaldesa de Jerez María José García Pelayo. En el escrito fechado el 25 de febrero se alude a un presunto delito de prevaricación administrativa relativo a ella y a «otras personas», al tiempo que se recuerda la condición de parlamentaria andaluza de la imputada, por lo que el procedimiento a partir de ahora tendrá que ser remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El auto apunta a que tanto el 7 de agosto de 2003 como el 18 de noviembre del mismo año García Pelayo no sólo ostentaba el cargo de alcaldesa de la ciudad, sino también el de presidenta del Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo, lo que la relaciona directa e inexorablemente con los hechos juzgados. Las fechas citadas anteriormente corresponden a los días en los que se adoptaron resoluciones presuntamente prevaricadoras en relación al desalojo de las parcelas de los huertos de ocio.

En concreto, el 7 de agosto de 2003 se dictó un acuerdo para proceder a la expropiación de unos terrenos de los que los afectados disponían por contrato de cesión, prescindiendo de la tramitación del correspondiente expediente de resolución de estos contratos, como consta en el dictamen judicial. La intención de esta operación no era otra que la transmisión en el mes de octubre del mismo año de dicha finca a la empresa Xera Promociones mediante una permuta, con el fin de destinar este suelo a la construcción de viviendas.

El 18 de noviembre de 2003 el Consejo de Gestión de la GMU dictó un nuevo acuerdo desestimando el escrito de alegaciones de los perjudicados y aprobando definitivamente el expediente anterior. De esta forma, según el auto se resolvieron anticipadamente los contratos administrativos y de cesión del uso de las parcelas y se requirió el desalojo en 20 días, aún cuando la Gerencia «no era propietaria del suelo y por tanto no tenía potestad para dictar el acuerdo». De hecho, una sentencia del 14 de julio de 2008 del Juzgado Contencioso-Administrativo de Jerez decretó la nulidad del desalojo, algo que luego fue ratificado por el TSJA en enero del presente año.

En el auto del Juzgado de Instrucción número 2 se incide en que todas estas operaciones contaron necesariamente con el beneplácito en forma de firma de la entonces alcaldesa, «con la intención última de favorecer a la empresa privada Xera Promociones con la disponibilidad inmediata de dicha parcela». Dada su condición de aforada al pertenecer al Parlamento de Andalucía, las diligencias tendrán que ser remitidas al TSJA en el plazo más breve posible, «que en ningún caso podrá exceder de tres días».

Así, el órgano jerezano no podrá continuar la instrucción de la causa no sólo en lo que respecta a la aforada sino también al resto de imputados, ante el riesgo de que los trámites que se pudieran practicar de ahora en adelante resultaran nulos de pleno derecho. El documento concluye con la puntualización de que contra esa resolución no cabe recurso alguno, pues ya será la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJA la que deberá fijar su propia competencia, como órgano superior jerárquico del de Instrucción.

El abogado de los 35 parcelistas afectados, Francisco Pérez Vera, mostró ayer su satisfacción por que el procedimiento se desarrolla según lo previsto, confiando en que el futuro a nivel judicial siga siendo favorable para sus representados. «Yo creo que estamos por el buen camino», sentenció. No obstante, el letrado quiso aclarar que la inculpación de Pelayo no exime de responsabilidad al resto de los imputados, cuyo número supera la veintena. «El auto se refiere exclusivamente a ella por su condición de aforada, para justificar por qué el procedimiento será remitido al TSJA, pero todo se hará extensivo a los demás e incluso habrá algunos casos en los el delito estará mucho más claro».

Imputados de renombre

Entre los nombres, Pérez Vera volvió a recordar la especial implicación de Pedro Pacheco, que por aquel entonces era el delegado de Urbanismo y fue quien negoció las permutas con Xera Promociones, sin olvidar a personas del actual equipo de Gobierno como el delegado de Fomento, Francisco Lebrero, o la propia alcaldesa, Pilar Sánchez. «Ellos estaban en la oposición, pero habrá que analizar las actas que se dictaron desde órganos colegiados de los que ellos formaban parte y donde de hecho todos votaron a favor, excepto el concejal de Izquierda Unida, Joaquín del Valle».

El abogado destacó que Pilar Sánchez «ocultó siempre el expediente y la escritura de la operación, porque se opuso desde un principio a esta demanda». No obstante, pretendió tirarle el guante a la regidora jerezana cuando se refirió a que en la actualidad puede tener una segunda oportunidad si facilita los trámites para obtener la nulidad de la permuta.

«Ahora puede demostrar de qué lado está en términos de legalidad, si quiere que se hagan las cosas bien o si prefiere cerrar los ojos. Nosotros tenemos ya los expedientes, pero pediremos que sea el Ayuntamiento el órgano que inicie el procedimiento de nulidad de la permuta. De no ser así, lo solicitaremos por la vía judicial».





* La Voz Digital - 28.02.09 -ALMUDENA DOÑA
Foto: INICIATIVA. Protesta de los parcelistas afectados. / LA VOZ

.................................... Leer más...

La trama de Alcaucín vendía viviendas en suelo no urbanizable a extranjeros

ELCONFIDENCIAL/Málaga* : La operación de la Guardia Civil en la que han sido detenidas trece personas, entre ellas el alcalde de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, ha destapado una trama organizada que se dedicaba presuntamente a construir urbanizaciones y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de Axarquía. La trama supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros.

Eso es lo que constatan las investigaciones de la Guardia Civil, que además del alcalde de Alcaucín ha arrestado en la denominada 'operación Arcos' a otras doce personas por diversos delitos de corrupción relacionados con el urbanismo, según informa el instituto armado.

Entre los arrestados se encuentran varios miembros de la familia del alcalde (fuentes de la investigación han indicado que son dos hijas), dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario. Doce de las detenciones se han practicado en la provincia de Málaga y una, la de un constructor, en la de Huelva, según han informado a Efe las fuentes consultadas.

Las pesquisas de los agentes apuntan a que los empresarios dedicados a esta actividad pagaban presuntamente diversas cantidades de dinero y en especie a los cargos públicos que supuestamente consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades. Posteriormente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.

“Pepe, te queremos”

El alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, salió a las 12.10 de su casa del pueblo entre gritos de apoyo de una treintena de vecinos: “Pepe, te queremos”. Efectivos de la Guardia Civil han trasladado a Martín Alba al Ayuntamiento, donde desde las ocho de la mañana se registra diversa documentación.

En Málaga, tres vehículos del Instituto Armado continúan en la puerta de la sede de la Diputación Provincial, mientras se investigan ordenadores del Servicio de Arquitectura.

El portavoz del PP en la Diputación, Francisco Salado, ha resaltado que la corrupción de la Costa del Sol se ha trasladado al interior de la provincia. El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha llegado más lejos y dice que resulta “un escándalo” que la Diputación pueda estar “implicada” en el caso Arcos.

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, en Málaga en un acto institucional con motivo de la celebración mañana del Día de Andalucía, ha expresado su “sosegada preocupación” ante la operación contra la corrupción urbanística en Alcaucín.

El PSOE expulsa del partido al alcalde

El PSOE ha iniciado los trámites de expulsión para el alcalde de Alcaucín, José Martín Alba, según confirmó a El Confidencial un portavoz del PSOE de Málaga. "Es un asunto privado del alcalde y no afecta a la Diputación Provincial", destacó el portavoz a este diario.

La Operación ha sido ordenada por el titular del Juzgado número 3 de Instrucción de Velez (Málaga), informaron en fuentes de la investigación. En la misma participan también la fiscalía especial contra la corrupción y la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Según las fuentes citadas, entre otros asuntos, se investiga la promoción, construcción y posterior comercialización de una urbanización de viviendas en la comarca malagueña de la Axarquía.






* El Confidencial - A. Rivera.- .- 27/02/2009
Foto: Agentes de la Guardia Civil durante el registro de la Diputación Provincial de Málaga en el marco de la "operación Arcos" (Efe)

.................................... Leer más...

Barcelona: Vecinos de Ciutat Vella denuncian la "devastación" de sus barrios

ELPERIÓDICO* : El incremento del precio de los pisos en los últimos años, la marcha de vecinos con rentas más bajas, muchos de ellos jóvenes, la especialización de algunas zonas en actividades de ocio, lo que conlleva molestias nocturnas, y la concentración de turismo. Son algunos de los problemas que entidades de Ciutat Vella denuncian que están "devastando" sus barrios y ante los cuales, consideran, el distrito no ha priorizado a los residentes.

Por eso, ayer, durante la presentación en sociedad de la Xarxa Veïnal de Ciutat Vella, la plataforma anunció que prepara acciones contra diversos planes, como la construcción de un hotel junto al Palau de la Música, y enumeró una serie de peticiones al distrito que consideran claves para los próximos años.
Y entre estas, requirieron el compromiso de prohibir la ejecución de desahucios por motivos económicos e incrementar las ayudas sociales al alquiler, la elaboración de un censo público de viviendas vacías de Ciutat Vella, la derogación de la ordenanza de civismo y el aumento de recursos para medidas sociales, como becas de comedores o apoyo domiciliario a los mayores.
Asimismo, los integrantes de esta red ciudadana, participada por entidades como la asociación de vecinos de Ciutat Vella, del Gòtic, del Casc Antic y de la Òstia (Barceloneta), el Taller contra la Violència y la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), exigieron en la jornada que se celebró en la Universitat de Barcelona que el distrito no conceda licencias para nuevos hoteles, apartamentos turísticos ni pisos, así como revise las ya existentes y retire las actividades que causan molestias. También solicitaron la anulación de los permisos de los vehículos turísticos que consideran "invasivos", como los go-cars y los triciclos.
La plataforma, que presentó su web (www.xarxaciutatvella.cat), recordó que se creó el pasado 11 de octubre para "dar la vuelta a la situación actual y poner en la agenda política las prioridades que consideramos clave", por lo que no permanecerá inactiva. De hecho, anunciaron que preparan movilizaciones contra proyectos de la zona.






* El Periódico - ROSA MARI SANZ - 25.02.09
Foto: Ciutat Vella - bcn.es

.................................... Leer más...

El juez abre 3 investigaciones en Baena por irregularidades

ELPAÍS/Córdoba* : El juez de Baena encargado de la investigación de presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con posibles facturas falsas ha abierto un nuevo frente al encausar a cuatro concejales y ex ediles socialistas del Ayuntamiento -gobernado por el alcalde y senador socialista Luis Moreno- por un presunto delito de uso de información privilegiada, informaron fuentes del TSJA.
A ninguno se le ha tomado todavía declaración.

Estas personas ya se encuentran imputadas en una causa anterior por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. Su implicación es consecuencia de las denuncias que presentaron en la Guardia Civil en junio de 2007 el constructor Carlos Arenas, que fue alcalde del PTA entre 1979 y 1983. Su esposa, María Jesús Muñoz, concejal de IU en Baena, y Manuel Luque, guarda del consistorio, también presentaron sendos escritos de denuncia por posibles tejemanejes inmobiliarios. Además, hay tres empresarios y el presidente de una sociedad de cazadores imputados.

Poco menos de un mes después de que se presentaran estas denuncias, un hermano de María Jesús Muñoz que es cabo de la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un empresario de carpintería metálica podía estar pagando facturas falsas a funcionarios del consistorio. Tras la denuncia del empresario -que presentó 12 facturas falsas por valor de unos 40.000 euros- y, a pesar de su posterior retractación por escrito, se llevó a cabo una investigación, por la que se intervinieron los teléfonos de los dos trabajadores presuntamente implicados: Rafael Santano, jefe del Área de Comunicación, y de Juan Díaz, trabajador municipal.






* ELPAIS.com - M. J. A - Córdoba - 27/02/2009
Foto: Baena (Córdoba) - baena.es

.................................... Leer más...

'V de Vivienda' tapiará con ladrillos la entrada del Ministerio de Vivienda

ELMUNDO/Madrid* : Un grupo de activistas del colectivo VdeVivienda tapiará con ladrillos la entrada del Ministerio de Vivienda el martes, 3 de marzo, a las 11.00 horas, para protestar contra las políticas del Ejecutivo de apoyo a los constructores y promotores. En el mismo acto, se informará a los asistentes de la gran manifestación 'Por la vivienda digna', que tendrá lugar el 14 de marzo, a las 18.00 horas en la Puerta del Sol, en la que se exigirá que "los que se han beneficiado de la especulación paguen la crisis y que el derecho de todos se imponga al beneficio de unos pocos".

El colectivo asegura que no existe el Ministerio de Vivienda sino el "Ministerio de la Especulación". "A la ministra Beatriz Corredor parece que le pagaran el sueldo no los ciudadanos de este país, sino los señores del ladrillo, que son los constructores y promotores que se han enriquecido a costa del saqueo de la clase trabajadora", denunciaron.

Así, VdeVivienda plantea un nuevo modelo de política de vivienda, el "Alquiler Social Universal (ASU) que garantice el derecho al alojamiento". "Tenemos más de 25 millones para tan sólo 45 millones de personas, un ratio de viviendas por habitantes excesivo, de ahí que tengamos el mayor número de casas vacías de la Unión Europea, con más de cuatro millones, y un stock de viviendas nuevas sin vender que supera con creces el millón", criticaron.

La principal medida que propone el colectivo es la expropiación de uso de las viviendas vacías que se encuentran "en manos de los grandes acaparadores de propiedades inmobiliarias de este país: los bancos, las promotoras, las inmobiliarias y las grandes fortunas". Estas viviendas se destinarían a la constitución de un parque público de viviendas en alquiler social universal por las que habrá que pagar una renta mínima que simplemente garantice la conservación del inmueble.





* El Mundo - Europa Press - 26.02.09

.................................... Leer más...

Detienen al alcalde de Alcaucín y a otras doce personas en una operación contra la corrupción urbanística

SUR/Málaga* : La Guardia Civil ha detenido hoy a trece personas en una operación contra la corrupción urbanística que se está desarrollando en la localidad malagueña de Alcaucín, cuyo alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, se encuentra entre los arrestados, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Además entre los detenidos están, según las mismas fuentes, dos hijas del alcalde, el jefe del servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, arquitectos, empresarios y personas relacionadas con la promoción y construcción de viviendas.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están practicando desde primera hora de la mañana registros en el Ayuntamiento de Alcaucín y en el servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, en el marco de esta operación.
La operación, que también se extiende a la provincia de Huelva, ha sido ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Velez-Málaga (Málaga), según apuntaron a Europa Press fuentes de la investigación.
En la misma participan también la Fiscalía especial contra la corrupción y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Según las fuentes citadas, entre otros asuntos, se investiga la promoción, construcción y posterior comercialización de una urbanización de viviendas en la comarca malagueña de la Axarquía.






* SUR - JUAN CANO - 27.02.09
Foto: Alcaucín (Málaga) - E. GUZMÁN (Sur)

.................................... Leer más...

El caso 'Obra Nueva Puerto' depara detenciones a mansalva

DIARIODECÁDIZ* : El reciente auto de la Audiencia Provincial, estimando la tesis del fiscal de Medio Ambiente Ángel Núñez de que los profesionales que emiten certificados falsos de antigüedad de inmuebles ilegales deben ser considerados como funcionarios públicos, ampliando de este modo el plazo de prescripción del delito a los diez años, y no a las cinco, como estaba fijado hasta ahora, parece haber abierto la veda.

El caso Obra Nueva Puerto, precisamente el que provocó el recurso del fiscal a la Audiencia, al haber archivado algún Juzgado de la localidad por prescripción algunos de los procedimientos emprendidos, ha comenzado a deparar detenciones a mansalva. Según ha podido saber este diario, en los últimos días han sido más de una veintena las personas que han sido detenidas tras ser denunciadas por la Fiscalía. Se trata de profesionales que habrían rubricado certificados presuntamente falsos de antigüedad de inmuebles ilegales, y promotores o dueños que se habrían beneficiado de estos papeles.

Al parecer, en todos los casos, tras prestar declaración ante la Guardia Civil ( ante el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de Cádiz, que trabaja por mandato del fiscal de Medio Ambiente) y después, algunos también ante el juez al cargo de cada denuncia de Fiscalía, han quedado en libertad con cargos, imputados en unos casos en un delito de falsedad documental, y en otros, además, en un delito contra la ordenación del territorio, al tratarse de viviendas erigidas en suelo no urbanizable en el actual Plan General de El Puerto.

Se prevé que la operación proseguirá en los próximos días con nuevas detenciones . Y es que algunos de los casos de obra nueva fraudulentos fueron además 'legalizados' por decreto emitido por los anteriores gobernantes de Independientes Portuenses, fundamentalmente, el ex alcalde Hernán Díaz y el anterior edil de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez. Y con informes técnicos a favor del Jefe de Licencias del Área de Urbanismo de El Puerto, Fernando Jiménez Fornell.

Trabajo queda para rato: en 2008, la Fiscalía ha cursado 130 denuncias por casos tanto de El Puerto como de Chiclana.

Fue el actual Gobierno del PP de El Puerto el que comenzó a denunciar estos casos (cometidos sobre todo en el mandato 2003/2007) en octubre de 2007. Ya ha enviado más de 150 casos.






* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 26.02.09
Foto: Viviendas construidas al margen del PGOU en la carretera de Sanlúcar, en El Puerto, donde hay muchos casos. - diariodecadiz.es

.................................... Leer más...

Vecinos de Urdiain exigen una moratoria en la ejecución del polígono avalada por 220 firmas

NOTICIAS/Navarra* : Vecinos de Urdiain se han unido en torno a una plataforma popular en contra del proyecto del polígono industrial Alsasua-Urdiain promovido por el Gobierno de Navarra a través de la empresa pública Nasuinsa. Fue aprobado como Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) en mayo del pasado año, una actuación prioritaria dentro del Plan Navarra 2012.

Posteriormente, en octubre, el Ejecutivo declaró de utilidad pública el Sector S-1, 647.139 metros cuadrados en el término de Urdiain, a efectos de expropiación. Las notificaciones empezaron a llegar el pasado enero.

Este colectivo exige una moratoria, demanda que han apoyado hasta la fecha 220 vecinos mayores de edad, casi la mitad del censo. "Necesitamos tiempo para recoger información real y contrastada del proyecto, para discutir y analizar todas las posibilidades y después poder tomar decisiones. Este proyecto, en las tierras más fértiles, condiciona esta y futuras generaciones de Urdiain. Es una decisión para siempre. Por ello, pedimos responsabilidad a todos los urdiaindarras" señalaron ayer en rueda de prensa. También adelantaron que presentarán esta demanda en el Ayuntamiento y que llevarán el caso al Defensor del Pueblo.

Este colectivo comenzó a gestarse hace unas semanas, después de recibir las notificaciones de expropiación. Al respecto, los allí presentes denunciaron que esa fue la primera noticia que tuvieron del proyecto. "Toda la tramitación se ha realizado con el máximo secretismo, negando a los vecinos y propietarios la posibilidad de presentar alegaciones" señalaron.

Por otro lado, cuestionaron la urgencia del proyecto. "Todos somos conocedores de la crisis económica actual, de casos de deslocalización y EREs. No hay ninguna empresa que haya mostrado interés en ubicarse en Urdiain. Además, en toda Sakana, y también en Urdiain, los polígonos no están completos". También destacaron que en el informe "no hay ningún estudio socioeconómico ni medioambiental". Del mismo modo, criticaron que los costes de la expropiación y urbanización del polígono se hagan con dinero público y que el Ayuntamiento de Urdiain se quede al margen de su gestión.





* Diario de Noticias - nerea mazkiaran - 14 de febrero de 2009
Foto: Unos 40 vecinos comparecieron ayer en la presentación de la plataforma popular.- n.m, noticiasdenavarra.com

.................................... Leer más...

Grandes negocios sin licencia se llevan a cabo en suelo público de Santa Cruz de Tenerife

LAPROVINCIA* : Grandes negocios sin licencia relacionados con el ocio se llevan a cabo en suelo público de la capital tinerfeña. Según una denuncia de la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife (UCE), que se investiga desde hace ocho meses en la Fiscalía Anticorrupción, el Parque Marítimo César Manrique podría ser el epicentro de una presunta trama que obtiene pingües beneficios mediante la habilitación en suelo público de espacios de ocio que no cuentan con ningún tipo de licencia y ante los que la Administración pública competente podría estar cometiendo un delito continuado de prevaricación por omisión.

Según se recoge en la denuncia de la UCE, y sobre la que ya informó este periódico en la jornada de ayer, en los últimos años se han desarrollado todo tipo de actividades irregularidades en el Parque Marítimo y sus alrededores, una instalación con licencia de apertura para un restaurante, un bar-cafetería y una piscina, pero que sin embargo albergaba fiestas, bodas y otro tipo de eventos y había permitido la instalación de diferentes pubs nocturnos. El suelo del Parque Marítimo es propiedad de la autoridad portuaria, pero existe una concesión administrativa a la empresa Parque Marítimo Santa Cruz S.A., una sociedad al cincuenta por ciento entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Autoridad Portuaria.

A su vez, el negocio del ocio en el Parque Marítimo fue puesto en manos de empresarios privados, a través de una cesión de derechos de explotación a Santa Cruz Park S.L., al frente de la cual estaban hombres de la máxima confianza del alcalde Miguel Zerolo, como por ejemplo el que fuera su asesor, Jorge Bethencourt.

Sin autorización de ningún tipo, la concesionaria de la explotación cedió a su vez en 2006 esos derechos a una empresa hermana, Santa Cruz Park Tenerife, S.L., que hasta diciembre pasado llevó a cabo la explotación del negocio "careciendo de licencia municipal", según recoge la denuncia. Y es que en diciembre de 2008 la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife precintó el negocio tras reconocer las irregularidades, que se han podido venir desarrollando desde finales de los años noventa.

La UCE denunció que en el Parque Marítimo "se han desarrollado actividades, contrataciones y obras absolutamente ilegales". En el recinto, de titularidad pública, se habían instalado en los últimos tiempos locales de ocio nocturno sin ningún tipo de control por parte de las administraciones competentes. Estos negocios han podido suponer ingresos millonarios a los empresarios.






* La Provincia - P. GUERRA / D. MILLET - 26.02.09
Foto: Imagen de archivo del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, paralizado el pasado mes de diciembre.- LP / DLP

.................................... Leer más...

La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia el despilfarro de los servicios públicos de alquiler

ELMUNDO* : La Plataforma por una Vivienda Digna asegura que los servicios públicos de alquiler son un "despilfarro de dinero", ya que en lugar de garantizar el acceso a la vivienda presentan retrasos burocráticos, carencias de oferta e incluso precios desorbitados. En enero, la plataforma "ciudadana apartidista y sin ninguna afinididad ideológica concreta" publicó el documento '40 propuestas por una vivienda digna', con el que pretende aportar soluciones al problema de la vivienda.

En este nuevo llamamiento, el colectivo ha analizado el funcionamiento de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), dependiente del Ministerio de Vivienda, del Plan Alquila (PA) de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Municipal del Alquiler (AMA) del Ayuntamiento de Madrid.
Burocracia y lentitud

El informe destaca que, en un primer momento, el proceso de inscripción se caracteriza por la "burocracia, lentitud y falta de transparencia", lo que acaba generando "peticiones olvidadas".

Además, indica que la oferta de estos servicios "es mucho peor que el de algunos portales especializados de Internet o de inmobiliarias" y, además, que el número de contratos de alquiler que movilizan es "alarmantemente bajo".

Así, la Plataforma asegura que ninguna de estas agencias llega a cerrar más de 350 alquileres al mes y, en el caso de la SPA, esta cantidad se refiere al ámbito nacional.
Precios desorbitados

La organización denuncia también que, si bien los descuentos previstos alcanzan entre el 10% y el 20%del mercado, pudiéndose encontrar pisos de 70 metros cuadrado en Madrid por entre 750 y 870 euros al mes, "los sueldos de la mayoría de los jóvenes rondan los 1.000 euros mensuales".

Por ello, el informe estima que es un "tremendo error" valorar un servicio público de alquiler comparando precios de oferta con los del mercado, en lugar de ponerlos en relación con los ingresos mensuales de los usuarios.

Por último, la organización se queja de que estos servicios protegen más los intereses de los propietarios que los de los inquilinos, especialmente en el caso del Plan Alquila de la Comunidad de Madrid.






* El Mundo - Europa Press - 25.02.09

.................................... Leer más...

Garzón implica al tesorero nacional del PP en la trama corrupta que dirigía Correa

ELPAÍS* : La investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a raíz del desmantelamiento de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa vinculada al PP y a administraciones gobernadas por este partido ha hallado indicios de culpabilidad en el senador del PP por Cantabria y hoy tesorero nacional, Luis Bárcenas. Correa implicó en las conversaciones grabadas por la persona que denunció el caso a Luis Bárcenas en el cobro de cantidades millonarias para el partido relacionadas con supuestas adjudicaciones desde el Ministerio de Fomento que dirigía Francisco Álvarez Cascos.

De hecho, AENA, organismo dependiente de Fomento, adjudicó entre 2000 y 2004, durante el mandato de Cascos, cientos de miles de euros en decenas de contratos a la empresa de Correa.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha emitido una nueva providencia (consulta en pdf), con fecha de ayer aunque conocida hoy, en la que consulta precisamente a la Fiscalía Anticorrupción si traslada la causa de corrupción que salpica al PP al Tribunal Supremo tras la implicación de "un posible nuevo caso de aforamiento" según el contenido de un informe policial de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales).

La causa completa para el Supremo

El pasado viernes, Garzón solicitó al servicio de reprografía del juzgado tres copias de las actuaciones con el objeto de iniciar su inhibición de la causa. Las dos primeras irían a parar a los tribunales superiores de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, como ya solicitase la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de febrero. La tercera copia iría ahora a parar al Alto Tribunal. No obstante, el magistrado pregunta a Anticorrupción si "vista la conexión que estos hechos [derivados del nuevo informe policial] guardan con los relativos a los aforados de Madrid" procede trasladar toda la causa a la Sala Segunda del Supremo.

Hasta el momento y según se ha podido saber de las actuaciones de Garzón y los escritos de la Fiscalía, los aforados implicados en la red de corrupción serían, junto a Bárcenas, el presidente valenciano, Francisco Camps, el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. La nueva providencia de Garzón, que dice haber recibido el informe policial ayer martes, solicita al Ministerio Fiscal que resuelva sobre los aforados en un plazo máximo de 48 horas. Es este plazo el que prevé con carácter general la Ley de Enjuiciamiento Criminal para inhibirse de aquellas causas en las que estén implicados aforados. Precisamente, la demora en el traspaso de competencias de forma "consciente" es lo que ha llevado al PP a querellarse hoy contra el magistrado ante el Supremo y solicitar su inhabilitación por un periodo de 10 a 20 años.

FE DE ERRORES

Garzón, a través de un comunicado leído por el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional, ha desmentido que el portavoz del PP, Esteban González Pons, esté implicado en la trama de corrupción, tal y como ha informado en un primer momento este medio.






* ELPAIS.com - Madrid - 25/02/2009


.................................... Leer más...

El TSJ acumula ya denuncias contra medio millar de planes urbanísticos

LEVANTE/Valencia* : Los jueces valencianos están recibiendo una avalancha de denuncias contra los programas de actuación integrada (PAI) que se desarrollan en la Comunitat Valenciana. Los recursos los están interponiendo la Delegación del Gobierno contra resoluciones de la Generalitat Valenciana, las asociaciones ecologistas, las empresas urbanizadoras y los particulares. El rechazo popular al urbanismo salvaje también está detrás de los recursos de algunos PAI.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) está analizando actualmente quinientos recursos contra los PAI, según confirmó ayer a Levante-EMV el TSJCV.
Los magistrados valencianos están trabajando a destajo para dar salida a los casos y que no se colapsen las secciones encargadas de tramitar los asuntos urbanísticos. Los jueces de lo Contencioso del TSJCV resuelven las denuncias en una media de 18 meses cuando los magistrados de otras comunidades autónomas están tardando entre cuatro y cinco años en dictar sentencia. Los jueces eluden paralizar los PAI como medida cautelar al ser conscientes de que el proceso se puede prolongar durante años si llega al Tribunal Supremo.
La complicada legislación valenciana en materia urbanística está detrás de se se hayan disparado las denuncias contra presuntas irregularidades de los PAI ante los jueces de lo Contencioso. Gabriel Echavarri, abogado especializado en asuntos urbanísticos, recordó que el problema de fondo es que los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han abusado de los PAI para desarrollar actuaciones urbanísticas en detrimento de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), que tienen mayores garantías legales.
Comisión Europea
La Comisión Europea ya ha denunciado ante el Tribunal de Justicia Europeo las dos leyes urbanísticas valencianas. El ejecutivo comunitario considera que se han "incumplido" dos directivas europeas al adjudicar los PAI conforme a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus herederas: la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (Rogtu).
Las directivas incumplidas son las referidas a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obra (Directiva 93/97CEE) y la de adjudicación de contratos públicos de contratos y servicios (Directiva 2004/18CE).
El Tribunal de Justicia Europeo tarda de media entre uno y dos años en resolver los asuntos. Si los magistrados dan la razón a la Comisión Europea, España deberá adoptar la ley en el plazo que se dé para que respete la legislación comunitaria. Si el ejecutivo comunitario verifica que no se ha modificado la legislación "puede sugerirle al Tribunal de Justicia Europeo que imponga una sanción" a España. La multa a un Estado miembro está regulada en el artículo 228 del Tratado de la Unión Europea.
El conflicto con la Comisión Europea se inició hace cuatro años. La Comisión Europea envió en marzo de 2005 la primera carta de emplazamiento para "llamar la atención sobre las incompatibilidades de ciertas disposiciones de la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) con dos directivas europeas y varios principios del Tratado de la Unión Europea".
Contestación del Consell
La Generalitat contestó con una carta y un proyecto de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) como remedio a todos los males de la LRAU. La Comisión Europea reclamó explicaciones sobre la LUV en dos misivas. La Generalitat respondió con un proyecto revisado de la LUV que cambiaba 89 de los 267 artículos iniciales. La ley entró en vigor el 1 de febrero de 2006, pero antes se presentaron una avalancha de planes urbanísticos para evitar la nueva legislación más exigente.
La Comisión Europea abrió formalmente un procedimiento de infracción contra la LUV porque, al menos, trece artículos "violan" las directivas comunitarias. Poco después, la Comisión inició otro procedimiento de infracción contra las empresas mixtas creadas por la Conselleria de Territorio con un selecto grupo de promotoras para construir grandes PAI de VPO y renta libre.






* Levante-EMV - Ramón Ferrando - 25.02.09
Foto: Catarroja. Terrenos del PAI Nou Mil·leni, que es uno de los quinientos que actualmente se encuentra recurrido en el Tribunal Superior de Justicia. mrw-fotografía aérea, levante-emv.com

.................................... Leer más...

Anticorrupción ve indicios de delito en el urbanismo de Tres Cantos

ELPAÍS/Madrid* : Los vecinos del municipio madrileño de Tres Cantos (40.600 habitantes) han sido testigos de varios escándalos políticos en los últimos años. Dimisiones, acusaciones cruzadas, grabaciones en las que se insinúan corrupciones... Una ensalada de desaguisados políticos. Por eso, probablemente, no se sorprenderán cuando sepan que la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a varias personas que ocuparon cargos en el Ayuntamiento tricantino entre 2003 y 2007.

Entre ellos, la ex alcaldesa María del Valle de la Poza, el ex concejal de Obras Alberto Martínez Díaz y el ex jefe de Gabinete municipal Juan Carlos Delgado Quevedo. La fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, que investiga el caso, también ha señalado a siete empresas salpicadas por supuestos delitos de cohecho en la tramitación del plan general del municipio.

El fiscal presentó en julio de 2008 la denuncia ante la Audiencia Provincial, que la traspasó al Juzgado de Instrucción número 5 de Colmenar Viejo. Un juez se ha hecho cargo del caso. Tras casi dos años de investigaciones, la fiscalía considera que los hechos que condujeron a la aprobación del plan, entre 2003 y 2006, "podrían ser constitutivos de delitos continuados de cohecho, falsedad documental, fraudes de funcionarios, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales". La decisión del fiscal se produce a raíz de sendas denuncias presentadas por el PSOE local en 2006.

Tanto María del Valle de la Poza como Alberto Martínez Díaz pertenecían al partido independiente Tres Cantos Unido (TCU), del que fueron expulsados en marzo de 2007, tras una guerra política que acabó con la desintegración del partido. Juan Carlos Delgado, también denunciado, era la mano derecha de la alcaldesa.

El relato comienza el 7 de mayo de 2003, cuando el Gobierno regional da el visto bueno al nuevo plan urbanístico, que contemplaba inicialmente 4.500 nuevas viviendas. El Ayuntamiento, gobernado por una coalición formada por el PP y TCU, decide contratar a una empresa privada para gestionar el futuro urbanismo del municipio, es decir, llevar a cabo las expropiaciones y la adquisición de terrenos donde iba a crecer la ciudad. Y ahí se oscurece el asunto. Unos días antes de la adjudicación del concurso de gestión del plan urbanístico a la constructora FCC, en octubre de 2004, el edil popular Antonio Reino presenta su dimisión. Se marcha revelando sospechas de corrupción. En unas conversaciones grabadas a este concejal y publicadas por EL PAÍS se le escucha diciendo: "Lo que sospecho es que en esto tiene que estar [Ricardo] Romero de Tejada [ex secretario general del PP regional]. (...) Huele que da pena; todo el mundo se va a forrar y yo no". Reino reconoció posteriormente que estas palabras fueron fruto de un calentón y restó importancia a sus afirmaciones. Desde entonces la sospecha ha marcado el plan urbano de Tres Cantos. Un portavoz de FCC rechaza comentar la situación: "Recurrimos la sentencia que anula el convenio urbanístico". Sobre lo demás no hay comentarios.

La sentencia a la que se refiere este portavoz es la que invalida el acuerdo entre el Ayuntamiento y FCC para gestionar el plan urbanístico. Un juez anuló hace dos semanas el contrato porque no se fijó el precio que la concesionaria tenía que pagar al Consistorio para ordenar la urbanización de 389 hectáreas junto a la carretera de Colmenar (M-607)."La alcaldesa participó en la votación de cuestiones relevantes del planeamiento de Tres Cantos", según el escrito de la fiscalía. "De dichas decisiones destaca la relativa a la monetización de los aprovechamientos urbanísticos", un concepto casi ininteligible que consiste en la valoración económica de los terrenos que se ceden al municipio.

Entre las obligaciones de FCC, concesionaria de la gestión del plan urbanístico, estaba la expropiación y ordenación de las 389 hectáreas urbanizables. Un jugoso negocio por el que estaba previsto levantar 7.500 pisos, casi 3.000 más de los aprobados inicialmente. A cambio, FCC debía reservar un porcentaje de los terrenos para viales y calles. También tenía que ceder otro porcentaje del suelo al Consistorio para uso municipal. El convenio permitía a la empresa entregar dinero a cambio de quedarse con las parcelas municipales. Esto es la monetización, cuyo monto no estaba precisado en el convenio urbanístico.

La fiscalía señala que la decisión de monetizar los terrenos "se aprobó por el Ayuntamiento de Tres Cantos en diciembre de 2006". Entonces gobernaba De la Poza. "No tengo nada que ver con historias de ningún tipo. Aprobamos el plan en 2003 y no hubo nada", sostiene la ex alcaldesa. "Hubo una persecución política. Estoy harta y no quiero saber nada sobre eso". La ex regidora, que ha abandonado la política, explica que hace dos años acudió a la fiscalía a explicar su compra de un piso en la playa, "pagado con la hipoteca de mi casa". De la Poza rechaza cualquier acusación y defiende la gestión de su ex compañero Alberto Martínez. "Estábamos en medio de una guerra política", zanja en una conversación telefónica.

El fiscal relata en su escrito de denuncia que Alberto Martínez "tenía intereses" cuando votó en el pleno municipal de julio de 2004 para otorgar la gestión del plan general urbano a un concesionario privado. Martínez no se abstuvo. Era propietario de la mitad de una parcela afectada cuando emitió su voto. El otro 50% del solar pertenecía a la empresa Oskasa, pero una sentencia reservaba derechos al Grupo Montemar, propiedad de Alberto Martínez y su esposa. El ex edil tenía intereses por partida doble. El secretario del Ayuntamiento, Mariano Díaz, informó aquel día que no existía motivo para la abstención del concejal. La Fiscalía Anticorrupción también denuncia a Díaz. Este periódico intentó ayer, reiteradamente y sin éxito, contactar con Alberto Martínez. La fiscalía ha investigado pagos de cantidades no justificadas a empresas vinculadas con Martínez.

Otro de los denunciados es Juan Carlos Delgado Quevedo, ex jefe de Gabinete de la alcaldesa entre 2000 y 2006. Según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa Asesoría de Proyectos de Gestión, propiedad de Delgado, recibió 787.827 euros en 2006 por parte de la sociedad Trigemer "por servicios cuya realidad no consta". La fiscalía quiere saber por qué Trigemer facturó al Ayuntamiento 3.245.841 euros entre 2005 y 2007. Además, ha comprobado los gastos de Delgado y ha determinado que entre 2004 y 2005 realizó desembolsos superiores a sus ingresos.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento tricantino, Miguel Aguado, precisa que "el PP casi siempre ha sido el responsable del Urbanismo y ha gozado de la mayoría en los gobiernos de coalición con María de la Poza". El responsable socialista asegura que le resulta "difícil entender que los dirigentes populares no supiesen nada". Y concluye: "José Folgado presidió la gestora del PP de Tres Cantos desde entonces y me cuesta creer que tampoco supiese nada, sobre todo cuando siendo en la actualidad alcalde toma siempre decisiones que perjudican a la ciudad y favorecen, siempre, a la constructora y a los promotores del suelo".

Un portavoz del Ayuntamiento no quiso entrar al trapo y afirmó que "es un asunto que tiene que ver con la anterior corporación. Estamos atentos a lo que decida la justicia".

Principales denunciados

- María del Valle de la Poza. Ex alcaldesa de Tres Cantos, entre 2000 y 2007, por el partido Tres Cantos Unido (TCU). Bajo su mandato se aprobó el plan urbanístico. Impulsó la idea de que el desarrollo del plan lo ejecutara una empresa privada.

- Alberto Martínez Díaz. Fue edil de Obras entre junio de 2003 y marzo de 2007. Antes ejercía la actividad inmobiliaria a través de sus empresas del Grupo Montemar. Votó una decisión municipal a pesar de tener intereses urbanísticos.

- Juan Carlos Delgado. Fue director técnico de Urbanismo hasta 1999. Un año después
se convierte en jefe de Gabinete de la alcaldesa. La fiscalía investiga posibles
pagos a promotoras.






* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 25/02/2009
Foto: Terrenos incluidos como edificables en Tres Cantos- SANTI BURGOS, elpais.com

.................................... Leer más...

La Plataforma pro-defensa de La Vega y del Litoral de Almuñécar, critica el Referéndum que tendrá lugar en esta localidad

La Plataforma pro-defensa de La Vega y del Litoral de Almuñecar, ante la mascarada de Referéndum que, para el 28 de Febrero propone Benavides, manifiesta: - El Referéndum someterá a consulta un PGOU actualmente inexistente, pues al adaptarlo a la legalidad urbanística, el Plan Inicial ha sufrido múltiples modificaciones.

- El Alcalde de Almuñecar, según se desprende de sus manifestaciones, solo quiere el voto favorable de los almuñequeros para adquirir fuerza y, con el poder del Referéndum que piensa ganar, presionar a las Autoridades Urbanísticas y vencerlas en “el pulso” de la negociación que desea establecer.

- A este dirigente político no le importa gastarse más de 120.000 euros del pueblo de Almuñecar, en un Referéndum no vinculante e inútil por irreal. Todo vale si su “poderío político” sale reforzado.

- La demagogia de este dirigente político raya en lo patético cuando, por su televisión puesta en funcionamiento para el evento, hace llamadas a los almuñequeros para que participen masivamente en el Referéndum, diciéndonos que lo hace para que “el futuro de Almuñecar sea una decisión del Pueblo y de quienes vivimos en el”. Según parece Benavides tiene una memoria frágil y ha olvidado los muchos obstáculos y triquiñuelas legales que usaron en la fase de exposición publica del PGOU, (negar información, rechazar las alegaciones de los no empadronados, ser reacio a adjuntar las alegaciones al dossier del Plan, no contestar ni tener en cuenta lo alegado, etc. y como “broche de oro”, decir ante nuestras mas de 7.000 alegaciones contrarias al PGOU: “mis alegaciones a favor del Plan es mayor que las que habéis presentado en contra”.

- Machaconamente, sirviéndose de la televisión de su hijo, hace propaganda del PGOU en su aprobación inicial, (inexistente después de las modificaciones realizadas al mismo), vendiéndonos como la panacea que acabara con los parados, los campos de golf. Para ello entrevista a los miembros del Régimen Benavidista y a dirigentes del Partido Popular que, según dice el pueblo, colaboran en estrecha sociedad con “el prócer”.

- Según parece, para Benavides la crisis de la construcción no existe. Continua, erre que erre, con su idea de llenar el territorio almuñequero de segundas residencias y continuar con la destrucción del medio físico. Pretende culminar la destrucción que ha practicado en el litoral, con la total urbanización de los valles tropicales y las colinas que lo circundan.

- Se olvida que el Alcalde es el responsable de “la disciplina urbanística local” y critica a La Junta de Andalucía por cumplir la legalidad y parar las construcciones ilegales. Apoya a los constructores con obras paralizadas por no cumplir la legalidad urbanística y dice a los desempleados de la construcción que “están parados porque La Junta no permite que se reanuden las obras”, “que las ilegalidades se solventan en las mesas de negociación”, etc.

A los miembros del Régimen Benavidista y a sus socios del Partido Popular les pedimos que el próximo día 28 cuando ejerzan el derecho al voto, piensen en el futuro de Almuñecar y en los muchos puestos de trabajo y riquezas, agrícola y medio ambiental, que propone destruir el PGOU de Benavides. Que valoren que, para los labradores y empleados agrícolas de Almuñecar, La Vega y nuestras plantaciones de subtropicales son “nuestras fabricas” y que Benavides con sus propuestas urbanísticas, pretende cerrarlas y enviarnos al paro, o lo que es aun peor: “ponernos a recoger pelotas de golf”.

Nuestra Plataforma pro-defensa de La Vega y del Litoral quiere un PGOU para el Municipio de Almuñecar, acorde con la legalidad y que contemple en sus propuestas el crecimiento vegetativo de la población y el periodo legal de vigencia de ocho años, que La Ley prevé para estos Planes.






* Rojo y Negro - 24 de febrero de 2009
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)

.................................... Leer más...