Nuevo varapalo judicial a Burriana

LEVANTE/Castelló* : El Ayuntamiento de Burriana ha recibido la tercera sentencia en contra de su gestión urbanística en cuatro meses. Si en octubre el TSJ anulaba el PAI Llombai-Monges y, poco después, hacía lo propio con el programa para desarrollar las unidades A-24-25-26 en Torre d'Onda, ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado la modificación puntual número 18 del PGOU.

Según el fallo emitido por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo el pasado 1 de diciembre, el ayuntamiento debía haber razonado y justificado este cambio en el planeamiento urbanístico con una memoria y no, asumir, como hizo, la iniciativa de un particular, en este caso de la mercantil Belqueba.
En concreto se trata de un cambio que afectaba a la unidad de ejecución C-3, en la que se encuentra el colegio Iturbi, cuyo desarrollo se adjudicó a Belqueba. La firma presentó la propuesta de modificación para dividir el ámbito en dos unidades de ejecución y hacer una recalificación en las manzanas de una de ellas.
La sentencia establece que, en este caso, la administración hizo "dejación de la potestad de planeamiento" y asumió la iniciativa de un particular "con la mera referencia de que la administración la asume como propia sin mediar para ello ninguna justificación que explícitamente justifique dicha decisión". "Aprecia esta sala que, considerada la inexistente memoria justificativa de la modificación del plan, en la que, con claridad y precisión, se exprese la razón y la razonabilidad del cambio que se propone a instancia de la iniciativa privada, procede en consecuencia la anulación de la modificación puntual".
El fallo estima así el recurso planteado por la mercantil Publica Opera contra la decisión de la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente que desestimó el recurso de alzada planteado por la empresa contra la aprobación de esta modificación por la Comisión Territorial de Urbanismo, en diciembre de 2004.
Pese a que los magistrados aceptan que la nulidad prospere por este motivo, aceptan también, como defiende Publica Opera -empresa también promotora del recurso que se resolvió con la anulación del PAI de Torre d'Onda- que la recalificación planteada tampoco era correcta.
Accesos al colegio Iturbi
El fallo judicial, además de por arrojar más dudas sobre la gestión urbanística en Burriana, saca a la palestra la problemática del sector en el que está enclavado el nuevo colegio Iturbi y que necesariamente debe desarrollarse para poder ejecutar los accesos correspondientes y poder entregar la obra del centro -en funcionamiento ya hace años- a la Conselleria de Educación.






* Levante-EMV - Victoria Salinas - 29.01.2009
Foto: colegio iturbi. El centro necesita del desarrollo de la C-3 para mejorar sus accesos - vicent martí, levante-emv.com

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Contra el recorte del transporte público en Madrid

Ecologistas en Acción* denuncia la pésima gestión del transporte que se realiza en la Comunidad de Madrid, donde el criterio que se sigue es hacer lo contrario de lo que sería necesario. Así, se sigue apostando por construir más y más autovías, se encarece desmesuradamente el transporte público y, ahora, se prepara un recorte en los servicios de autobuses interurbanos, lo que se suma a las reducciones que ya han tenido algunos servicios de metro. Entre tanto, la calidad de servicio –véase la línea circular de metro– es más que deficiente.

El transporte en la Comunidad de Madrid es un ejemplo de libro por su insostenibilidad y por el despilfarro de recursos y de territorio que supone. La cara e impactante política de construcción de autovías ha conseguido dos cosas: que seamos la región metropolitana de Europa con más kilómetros de autovía por habitante –sin que por ello hayan desaparecido los atascos– y que cada vez se use más el coche, en detrimento del transporte público. De hecho, por primera vez en la historia, en la Encuesta de Movilidad de 2004 se refleja cómo el número de viajes diarios en automóvil (5.070.000) superó al de desplazamientos en transporte público (4.930.000) en la Comunidad de Madrid.

Este despilfarro en las inversiones en autovías continúa con el Plan de Carreteras 2007-2011, que prevé la construcción o ampliación de 226 km más.

Al mismo tiempo, las grandes inversiones en transporte público no han dado los resultados esperados. MetroSur, por ejemplo, no llega ni a la mitad de la ocupación prevista, y mucho menos ocupación tienen buna parte de los metros ligeros recientemente inaugurados. Y es que el gran problema del transporte en la Comunidad de Madrid es que no se atiene a ninguna planificación más allá de inaugurar las obras antes de las siguientes elecciones.

Efectivamente, la carencia de un Plan de Movilidad Sostenible ha hecho que las descoordinadas actuaciones no alcancen los resultados esperados: ni por su utilidad para los ciudadanos, ni por la rentabilidad social de las enormes inversiones. De hecho, la tendencia es que cada vez se use proporcionalmente menos el transporte público y más el automóvil privado.

Además, existen graves carencias y deficiencias que llevan años pendientes de solución. Una de las más sangrantes es la calamitosa situación de la línea circular de metro. No es de extrañar que un servicio de tan baja fiabilidad sea abandonado cada vez por más usuarios.

Con este panorama, y continuando con la dinámica de hacer lo contrario de lo necesario, se aplican subidas abusivas a los servicios de transporte público, y ahora el Consorcio Regional de Transportes se plantea la reducción de hasta 600 servicios diarios de autobuses interurbanos, cuando lo que hace falta en gran cantidad de líneas es justo lo contrario: aumentar los servicios, sus frecuencias y su calidad.

Ecologistas en Acción denuncia que la actuación de la Comunidad de Madrid no hace sino convertir a los madrileños y madrileñas en cautivos del coche, en la medida que cada vez se ponen más trabas al transporte público y más facilidades para el uso del automóvil. Una política, por tanto, que seguirá devorando territorio bajo el asfalto, continuará aumentando nuestro consumo energético y empeorará la grave contaminación del aire que respiramos.






* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 27.01.2009

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Sant Celoni rechaza la edificación de 542 viviendas

ELPERIÓDICO/Barcelona* : El 69,1% de los vecinos de Sant Celoni que el pasado domingo acudieron a las urnas rechazó la construcción de 542 viviendas en la zona rural de Can Riera de l'Aigua, oponiéndose así a la aceptación del área residencial estratégica (ARE) que la Generalitat ubica en estos terrenos.

La participación fue del 30,03% (4.118 votos) y la preservación del espacio natural fue el argumento de peso para la mayoría de los votantes del no. El consistorio de Sant Celoni se comprometió a hacer llegar la voluntad de sus vecinos al Govern para que sea tenida en cuenta, pese a no ser vinculante.
También los vecinos de Ripoll (Ripollès) rechazaron en una votación celebrada el pasado sábado el ARE que prevé construir 489 viviendas en la zona de la antigua fábrica de La Preparación Textil. El 70,6% de lo 875 votantes (el 10,1% del censo) rechazaron la propuesta del Govern.





* El Periódico - SARA GONZÁLEZ - 28.01.2009
Foto: Sant Celoni (Barcelona), ayuntamiento - guiaweb.org

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El TSJA anula la aprobación definitiva del PGOU de Chiclana

LAVOZ/Cádiz* : El TSJA ha anulado la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana, que llevó a cabo el pasado 23 de marzo de 2007 la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz. El alto tribunal andaluz da la razón, en una sentencia fechada a 13 de enero pasado y notificada ayer martes, a dos de los más de una docena de recursos presentados por particulares, promotores y entidades ecologistas de la ciudad contra esta aprobación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano considera que “no se siguió la tramitación legalmente exigible” a la hora de dar vigencia al documento de planeamiento.
En ese sentido, el TSJA hace referencia a que “el texto completo del Plan General en ningún momento se somete a información pública”, y asegura que tampoco “hubo aprobación provisional tras la subsanación de defectos sustanciales” que se había realizado previamente por parte de la administración.
Además, los magistrados condenan al pago de las costas procesales al Ayuntamiento de Chiclana, que dispone sin embargo de diez días para recurrir ambas sentencias ante el Tribunal Supremo.
La nulidad de la aprobación definitiva del PGOU chiclanero llega después de que los tribunales tumbaran también la primera aprobación del documento de planeamiento con fecha de diciembre de 2003, así como el Texto Refundido elaborado con posterioridad, que fue aprobado en 2005 y anulado tras aceptarse los recursos que se presentaron contra él hace dos años.





* La Voz Digital - Jesús Aragón - 28.01.2009
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org

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El Consell prosigue la reparcelación forzosa del PAI Mestrets pese a que está anulado por el TSJ

LEVANTE/Castelló* : La Conselleria de Territorio ha notificado a los afectados por el PAI Mestrets una cuarta reparcelación forzosa y prosigue la ejecución del programa urbanístico que prevé derribar las casas de más de 20 familias a pesar de que éste ha sido anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJ).

Así lo refleja la resolución de la Directora General de Vivienda y Proyectos Urbanos remitida el pasado lunes a los propietarios. Dicho documento fue aprobado por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) el 8 de enero de 2009, fecha posterior a la sentencia del TSJ que anuló el PAI
El TSJ invalidó el plan urbanístico al concluir que cargaba injusta e ilegalmente a los vecinos con el coste del suelo para construir 4.500 viviendas protegidas, el Espai Comercial de Santiago Calatrava, la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló (unión del polideportivo Chencho con el Sindical) y la ronda oeste de circunvalación.
Tanto el Consell como el Ayuntamiento de Castelló interpusieron en noviembre un recurso ante el Tribunal Supremo que todavía no ha sido admitido a trámite. Las dos instituciones gobernadas por el PP manifestaron su intención de acogerse a dicho recurso judicial para ejecutar el planeamiento urbanístico mientras resuelve el Supremo y asumir con dinero público las indemnizaciones millonarias en caso de que el tribunal vuelva a dar la razón a los vecinos.
El Supremo ni siquiera ha aceptado a trámite el recurso de casación y el Consell ya ha decidido seguir adelante con un trámite tan crucial como la reparcelación forzosa. Debido a las reiteradas modificaciones introducidas por la Generalitat, se trata de la cuarta reparcelación del PAI Mestrets que será expuesta a los vecinos.
La cuarta reparcelación
La Generalitat alega que esta cuarta reparcelación se debe a la introducción de "nuevos cambios" en el proyecto y a una alteración del valor económico que se dará a los terrenos expropiados.
En este último caso, el Consell aduce que el decreto 82/2008 permite introducir "coeficientes correctores" en la valoración de los terrenos donde se vayan a promover viviendas protegidas.
Por lo pronto, la decisión del Supremo sobre el recurso de la Generalitat y el ayuntamiento se ha visto ralentizada por un tercer recurso inesperado. Una segunda asociación vecinal, Mestrets-Poble Sec, ha pedido la nulidad del proceso judicial que anula el PAI Mestrets con una maniobra que libraría a la Generalitat y al ayuntamiento de uno de los mayores golpes contra su política urbanística.
Esta alegación fue presentada después de conocerse la sentencia y reclama la nulidad del proceso argumentando que la Generalitat Valenciana no le convocó como interesado en el momento de iniciarse el litigio judicial. Paradójicamente, el citado recurso se basa en un supuesto incumplimiento de la Generalitat Valenciana para reclamar una anulación que, en caso de ser aceptada, terminaría beneficiando a la propia Generalitat Valenciana.
Gecen exige que el nuevo PGOU se adapte a la ley ambiental
El Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) manifestó ayer que la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 implica que el Ayuntamiento de Castelló "tendrá que incorporar al planeamiento municipal la legislación ambiental posterior al año 2000".
Los ecologistas recordaron que a día de hoy "se continua contando y contabilizando medio centenar de zonas verdes en rotondas inaccesibles a los ciudadanos, es decir, ignorando la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP), que impide contabilizar como zonas verdes aquellas zonas que no son accesibles para los ciudadanos".
Gecen también advirtió que el PP deberá tener en cuenta el Decreto 65/2006 de protección de cuevas y el Plan de Recuperación del Murciélago Ratonero Patudo, "lo cual hace necesario modificar la clasificación del suelo en el Molí de la Font y su entorno y clasificarlo como suelo no urbanizable protegido". Por último, recordó que la Ley 4/2004 y la LUV obligan a compensar con un metro de zona verde protegida cada nuevo metro reclasificado de no urbanizable a urbanizable".






* Levante-EMV - Nacho Martín - 28.01.2009
Foto: cinco años de protestas. Los vecinos de Els Mestrets se han manifestado durante 5 años en cada pleno - vicent gamir, levante-emv.com

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La juez acuerda seguir la causa contra el alcalde de Alhaurín

SUR/Málaga* : La juez del Juzgado de Instrucción nº2 de Coín, encargado del caso 'Troya' sobre la presunta trama de corrupción en Alhaurín el Grande, ha acordado seguir la causa por los trámites del procedimiento abreviado contra el alcalde, Juan Martín Serón, por si los hechos que se le imputan constituyen presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho y blanqueo de capitales. Además, decide seguir también contra otras 24 personas, incluido el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra.

La instructora ha dictado un auto por el que acuerda la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, una vez que se han practicado «cuantas diligencias se estimaron necesarias para determinar las circunstancias de los hechos y de las personas que en ellos tuvieron participación» y tras el informe presentado el pasado mes de diciembre por la Fiscalía de Málaga.
En dicha resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, la jueza indica que de las diligencias practicadas «se desprende que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, presuntamente existía un entramado en virtud del cual se concedían licencias urbanísticas que vulneraban la normativa vigente en esta materia en el momento de los hechos a cambio de retribuciones económicas».
Al alcalde se le imputa que supuestamente «conocía y dirigía la operación»; mientras que el edil de Urbanismo sería presuntamente el que «controlaba y contabilizaba los pagos hechos y los débitos», por lo que se sigue la causa por los delitos de cohecho y prevaricación urbanística, mismo delito, este último, que se le imputan a los asesores jurídicos, quienes supuestamente habrían informado a favor de otorgar licencias contrarias al planeamiento.
Blanqueo
Por su parte, supuestamente los empresarios habrían abonado dinero por esos permisos de obras, por lo que se les imputan delitos de cohecho y prevaricación urbanística, en este caso como inductores; excepto a uno, cuya empresa se habría utilizado para ocultar el capital, por lo que se le imputa un delito de blanqueo, igual que al alcalde y a su esposa.
La jueza insta a dar traslado al fiscal y a las acusaciones personadas para que realicen el escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, aunque precisa que se pueden solicitar «excepcionalmente» la práctica de diligencias complementarias.






* SUR - 27.01.09 -AGENCIAS
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento - J.Domínguez, EFE

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Los vecinos piden la paralización del desalojo de La Teixidora de Poblenou

EFE/Barcelona* : La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona ha pedido la "inmediata paralización" del desalojo del Centro social okupado autogestionado La Teixidora, que los Mossos d'Esquadra han iniciado esta mañana con la resistencia de un grupo de personas que se encuentran en su interior.

Esta entidad vecinal considera que el uso de la vía penal y de una medida cautelar es "desproporcionada" y que se habrían de considerar inmediatamente el recurso presentado por parte de la asamblea del centro okupado para evitar el desalojo.

La FAVB, que ha recordado que este edificio histórico del barrio del Poblenou llevaba más de 30 años de abandono antes de que fuera okupado, ha explicado por medio de una nota de prensa que desde el inicio de la actividad del centro social se ha realizado una importante labor, con un gran número de actividades en el barrio.

La Federación denuncia que se han producido "irregularidades" durante el proceso legal, ya que, en concreto, apuntan, "no se ha dejado formar parte del mismo a la parte acusada hasta el final, cuando la decisión ya estaba tomada, lo que ha creado un estado de indefensión hacia una de las partes".

Añaden además que la urgencia alegada para la aplicación del desalojo cautelar "pierde razón en un espacio donde la propiedad no podrá realizar obras en el edificio durante el próximo año dada la moratoria de los permisos de obras que afecta al Casc Antic del Poblenou".

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han asegurado a Efe que han logrado desalojar ya a una treintena de las personas que se encontraban en su interior, otras se han resistido de forma pasiva a abandonar el recinto, mientras que un joven se ha encerrado dentro de una jaula.

La FAVB ha recordado también por medio de una nota de prensa que la orden judicial de desalojo no afecta al tercer piso, "donde un vecino vive en precario, también en proceso de desahucio".





* Qué - EFE - 27.01.2009
Foto: Varios mossos d'esquadra tratan de soltar a un joven que se ha encerrado en un jaula colgada en el patio interior. - EFE.



Más información: http://teixidora.squat.net

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Formentera del Segura: El Ayuntamiento ejecuta un plan parcial antes de aprobarlo el Consell y con más viviendas

INFORMACIÓN/Alicante* : El Ayuntamiento de Formentera del Segura ha permitido la construcción en el plan parcial SAUR 1 de bloques de pisos, hasta sumar más 300 viviendas, donde estaba previsto la construcción de menos de un centenar de bungalós (tipología aislada y cerrada), tal y como se contemplaba en el proyecto.

Se da la circunstancia de que la actuación urbanística está prácticamente ejecutada, excepto algunos solares, a pesar de que la Dirección Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo y Vivienda publicó hace escasos días, concretamente el pasado lunes, día 19 de enero, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la aprobación de manera definitiva de la homologación del proyecto urbanístico, promovido por el propio Ayuntamiento. Esta publicación tras su aprobación era un trámite previo al inicio de las obras. El sector tiene una superficie de 37.249 metros cuadrados y se sitúa al oeste el casco urbano.
Según el anuncio de la Generalitat en el BOP se permitía la edificación de alturas máximas de "6,6 metros con planta baja y una altura" y una "densidad máxima de 25 viviendas por hectárea"; sin embargo, en el lugar han sido construidos bloques de pisos con sótano, planta baja con tres alturas. Una parte de las viviendas está ya habitada y se da la circunstancia que en la última ola de frío se registraron problemas con el suministro eléctrico por lo que se tuvo que habilitar un motor para garantizar la energía a los vecinos.
El Ayuntamiento aprobó el expediente urbanístico en las sesiones plenarias de 4 de febrero de 1999 y 3 de mayo de 2001, pero la Comisión Territorial de Urbanismo acordó suspender la aprobación definitiva hasta que se subsanaran algunas deficiencias. En 2003 esta administración acordó dejar el expediente pendiente de resolución hasta que se completase el mismo con diversos informes pendientes.
La Conselleria, en la publicación del proyecto en el BOP del 19 de enero, indica que se permiten estudios de detalle en las manzanas más grandes del plan parcial para desarrollar tipologías "más intensivas con alturas de planta baja más dos y planta baja más tres".
Según fuentes consultadas por el periódico este tipo de tipología, que se podía haber aplicado en el SAUR 1, hubiese permitido construir las 25 viviendas previstas por hectárea, "concentradas en varias alturas para liberar suelo", pero en este caso todo el terreno está ocupado por bloques con el consiguiente aumento de edificabilidad no previsto en el proyecto.






* Información - E.DE GEA - 27.01.2009
Foto: Una imagen del SAUR número 1 de Formentera el Segura en una imagen tomada la pasada semana - E.D.G., diarioinformacion.com

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El juez imputa al alcalde de Agrón por una obra irregular

LAOPINIÓN/Granada* : El alcalde de Agrón, Guillermo López, ha sido citado a declarar en calidad de imputado ante el juzgado de Loja que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de un bloque de pisos en el municipio. La obra está completamente terminada a la espera de la aprobación de la licencia de primera ocupación.

El juez investiga al alcalde por negarse, supuestamente, a paralizar la promoción después de que la Diputación emitiese un informe en el que recomendaba detener la edificación por las irregularidades detectadas.

El bloque, donde se han proyectado siete viviendas y trasteros, vulnera la altura máxima contemplada en el planeamiento urbanístico de Agrón, excede la ocupación prevista por la normativa y su proyecto de ejecución carece del visado pertinente y la firma del arquitecto redactor. Tras constatar esta retahíla de presuntas irregularidades, el técnico de la Diputación recomendó en enero de 2008 la "inmediata paralización de las obras". El secretario del Ayuntamiento de Agrón redactó la orden de paralización pero el alcalde no la llegó a ejecutar, según consta en la denuncia que dio origen a esta investigación judicial.

Guillermo López debe comparecer ante el juez de Instrucción 2 de Loja el próximo 10 de febrero en calidad de imputado. El secretario de la Corporación también acudirá al juzgado para declarar, pero como testigo. El regidor tiene abierta otra investigación de la Fiscalía a raíz de la denuncia presentada por los cuatro concejales de la oposición el pasado mes de diciembre. Los ediles acusan a López, entre otras cosas, de negarse a ejecutar muchos de los acuerdos aprobados en pleno y de destituir en varias ocasiones al tesorero de la Corporación a pesar de tener la mayoría de votos en contra.

Los cuatro concejales de la oposición (dos del PP y dos del PSOE) denunciaron en noviembre de 2007 ante la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía las presuntas irregularidades cometidas por la promotora ´La casona de Agrón S.L.´ en el bloque que ahora investiga el juzgado de Loja. El volumen de la edificación hizo que numerosos vecinos se dirigieran a los ediles para solicitarles que comprobaran la legalidad del proyecto, tal y como han reconocido a este periódico.
Por eso presentaron una moción en el pleno municipal en la que se acordaba solicitar a la Diputación un informe técnico sobre la construcción. Un arquitecto del Área de Cooperación Local y Desarrollo visitó las obras en enero de 2008.

Irregularidades. La estructura estaba finalizada y la obra se encontraba en la fase de "albañilería". En la inspección detectó que el bloque "supera la altura máxima permitida" por el planeamiento urbanístico de Agrón y que la ocupación del inmueble "supera el máximo permitido por la normativa". Otra de las irregularidades incluidas en el informe, al que ha tenido acceso La Opinión, consiste en la orientación del dormitorio de un piso hacia "un patio interior de iluminación y ventilación", en contra de los previsto por el municipio (patio de manzana o de parcela).

En el plano administrativo y municipal, el responsable de la Diputación advierte que el proyecto de ejecución "carece del visado pertinente" y que tanto el proyecto básico como el de ejecución "carecen de la firma del arquitecto redactor".

La conclusión del informe fue tajante. La Diputación recomendaba "la inmediata paralización" de las obras "hasta que no se resuelva el expediente y se adopten las medidas correctoras pertinentes".
El director general de Inspección de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, tras conocer el dictamen de la Diputación, instó en dos ocasiones al alcalde de Agrón a adoptar las medidas de "disciplina urbanísticas" necesarias para corregir esas irregularidades.

Al mismo tiempo, el secretario del Ayuntamiento de Agrón redactó una orden de paralización de las obras que el regidor "impidió ejecutar de forma oral", según denuncian los concejales de la oposición. La promotora siguió con la construcción, que ya está finalizada. Esta situación llevó al secretario a informar por escrito de las "consecuencias tan nefastas que podría acarrear al Ayuntamiento" el incumplimiento de la orden de paralización.

Este hecho, junto con la presunta permisividad del alcalde a la hora de no aplicar la disciplina urbanística en ese caso concreto, es lo que investiga el juez de Instrucción 2 de Loja y por lo que ha sido imputado Guillermo López.

El alcalde aseguró a este periódico que ya ha declarado ante la Fiscalía por esta denuncia y se negó a pronunciarse sobre el caso al existir un procedimiento judicial abierto al respecto.






* La Opinión de Granada - PABLO MARISCAL - 27.01.2009
Foto: Agrón (Granada) - ideal.es

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El urbanismo enfrenta a parlamentarios españoles y británicos en la Eurocámara

LEVANTE* : El debate sobre el Impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, en el medio ambiente y en la aplicación de la legislación comunitaria que la Comisión de Peticiones de la Eurocámara realizó el pasado martes dejó claro que es una batalla que enfrenta, sobre todo, a británicos y españoles.

Los eurodiputados españoles del PP y del PSOE coincidieron en algo a pesar de sus diferencias: van a enmendar el documento elaborado por la danesa ecologista Margrete Auken. Un proyecto de resolución que pide una moratoria, la revisión de la legislación y plantea congelar las ayudas europeas hasta que se resuelva el conflicto. En cambio, su homólogos británicos, con independencia a sus afinidades políticas, manifestaron su apoyo a un informe que llegaron a calificar como uno de los "mejores" sobre la problemática del urbanismo en España. Y van tres en la Eurocámara.
"Toda la batalla" se va a desarrollar en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, aseguraron fuentes del Partido Popular. Esto se debe a que se trata de un informe de iniciativa y el nuevo reglamento de la Eurocámara fija que este tipo de resoluciones no pueden enmendarse en su paso por la sesión plenaria sino únicamente en comisión parlamentaria. Por tanto, el texto que resulte del voto del próximo día 11 será, sin posibilidad de cambios, el documento respecto al cual se pronuncie el pleno del Parlamento Europeo en marzo.
Estas fuentes avanzaban que el resultado dependerá de qué equipo -españoles o británicos- consigue llevar más seguidores el día de la votación en dicho comité. Los españoles tienen ventaja en número ya que son siete titulares (tres del PP, dos del PSOE, uno de Los Verdes y uno de Izquierda Unida) frente a cinco británicos (dos demócratas cristianos, dos socialistas y uno de la Alianza de los Demócratas y Liberales). No obstante, los eurodiputados españoles de IU y Los Verdes se mostraron a favor del informe Auken. A lo que hay que añadir que lo que cuenta es la afiliación ya que, por ejemplo, un eurodiputado popular español o británico puede sustituir el día de la votación a otro del PP alemán.
Composición de la comisión
La Comisión de Peticiones cuenta con un presidente -Marcin Libicki del Grupo Unión por la Europa de las Naciones-, cuatro vicepresidentes, 33 miembros y 22 suplentes. Según el reparto global, el Partido Popular Europeo cuenta con 14 voces; mientras que el Grupo Socialista (PSE) tiene dos escaños menos (12); la Alianza de los Demócratas y Liberales tiene cuatro eurodiputados; Los Verdes y la Unión por la Europea de las Naciones dos cada uno; y por último Izquierda Unitaria, Independencia y Democracia y los No Inscritos cuentan con un voto cada uno.
No obstante, las fuentes parlamentarias consideraron que la "coordinación es superior" entre los dos grupos mayoritarios españoles que entre los británicos y opinaron que ambos partidos podrían ponerse de acuerdo para "ir a votar" a la Comisión y "conseguir arreglar" el proyecto de resolución de Auken.
Las fuentes del PP indicaron que la intención es enmendar la práctica totalidad del texto aunque lo "mejor" sería "votar en contra". Algo que no harán los socialistas porque han sido ellos los que empezaron a "hacer rodar la pelota" de este tercer informe, añadieron.
La eurodiputada socialista Maruja Sornosa descartó un posible pacto con los populares La eurodiputada señaló que en el Parlamento Europeo "existe el sentimiento de que se han cometido muchas irregularidades", en la costa de la Comunitat Valenciana, de Murcia y de Almería. "Aquí la gente está muy sensibilizada, pero me parece que no serviría de nada que en el informe fuéramos a máximos", subrayó en cuanto a una posible guerra hispano-británica. Los socialistas piden la retirada de la mención a una moratoria y el mantenimiento de los fondos.






* Levante-EMV - Nayra Aguado, Bruselas - 26.01.2009
Foto: Bruselas, comité de peticiones de la UE - levante-emv.com

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Campaña de Ecologistas en defensa del patrimonio histórico y arqueológico

MADRIDDIGITAL* : Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid informó ayer ha creado un nuevo ámbito de trabajo, la defensa del patrimonio histórico y arqueológico. Esta organización considera esencial dar a conocer este rico patrimonio, ponerlo en valor y frenar su destrucción. “En los últimos años ha sido clamorosa la destrucción de restos paleontológicos, romanos, visigodos y árabes, entre otros, por la actividad urbanística y la construcción de infraestructuras”, considera.

Ecologistas en Acción ha venido defendiendo de forma discontinua el patrimonio histórico y arqueológico en la Comunidad de Madrid, pero ha anunciado que a partir de 2009, el trabajo se hará “de forma coordinada y sistemática”. Para ello se ha creado una comisión de trabajo específica sobre estos temas. Esta comisión ya cuenta con el apoyo y asesoramiento técnico, totalmente desinteresado, de arqueólogos e historiadores.

Santiago Martín Barajas, coordinador de la nueva comisión de trabajo, recuerda que Ecologistas en Acción ha elaborado informes para recuperar el puente medieval cubierto por las aguas del embalse de San Juan, ha intervenido en la restauración de la calzada romana de Galapagar, ha participado en la defensa legal de la Cerca de Felipe II o, en la paralización del plan urbanístico de San Lorenzo de El Escorial que pretende construir 7.000 viviendas sobre el antiguo asentamiento urbano de Monasterio (donde Felipe II mandó construir una casa fortaleza y que, a su vez, se asienta sobre yacimientos romanos y prerromanos).

A pasar de la riqueza arqueológica de la Comunidad de Madrid, existen más de 5000 yacimientos identificados en la Carta Arqueológica, la mayoría de la población desconoce este patrimonio. Este desconocimiento y la desidia, de gran parte de la administración responsable, favorecen su destrucción

Para los ecologistas, los principales problemas que amenazan el patrimonio histórico y arqueológico son el crecimiento urbanístico y la construcción de infraestructuras. Estas actividades han supuesto, en los últimos años, la destrucción de la principal ciudad visigoda de la Comunidad de Madrid, en San Martín de la Vega, así como de numerosas villas y poblamientos de la época romana, especialmente en el municipio de Arroyomolinos, aunque también en Villaviciosa de Odón y Villamanta. En la capital hay que destacar la destrucción de yacimientos paleontológicos y arqueológicos, en las terrazas del río Manzanares, por el enterramiento de la M-30.

Tampoco los palacios de gran valor histórico y artístico han quedado a salvo, como ocurre con el palacio de Nuevo Baztán, cuyas huertas se encuentran amenazadas por el nuevo plan urbanístico. Igualmente sucede con el Canal de Cabarrús antigua vía de agua que discurría por el noreste de la Comunidad de Madrid. Se construyó en el siglo XVIII para usos agrícolas y unía las cuencas de los ríos Lozoya y Jarama. Parte de este Canal y de sus infraestructuras (puentes, caminos, etc) están amenazados por el plan general de Torremocha de Jarama.

Por otra parte, Ecologistas en Acción califica de “lamentable” el estado de abandono en que se encuentran importantes yacimientos arqueológicos que podrían ser excavados, rehabilitados y adecuados para ser visitadas por los ciudadanos, como se está haciendo en otras comunidades autónomas. Son los ejemplos de la ciudad árabe de Kalatalifa en la ribera del río Guadarrama, las salinas de Espartinas en Ciempozuelos o, los restos romanos del entorno de la Ermita de Santiago, en Valdemoro, amenazados por la próxima construcción de un polígono industrial.

Por todo ello, Ecologistas en Acción va a iniciar una labor de denuncia de la situación pero al mismo tiempo “de difusión, de presentación de propuestas y de defensa del patrimonio histórico y arqueológico de la Región”.






* Madrid Digital - 22.01.2009

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Andalucía: Más de 3.000 familias han sido desahuciadas de viviendas públicas

ELPAÍS* : Las viviendas promovidas por las administraciones públicas para satisfacer las necesidades de las clases menos privilegiadas han sido con frecuencia objeto de ocupaciones ilegales con operaciones clandestinas de traspaso que han generado toda una picaresca a la que las instituciones intentan ahora poner coto.

Desde el año 2000, la Junta de Andalucía ha instruido 3.277 expedientes de desahucio de casas del parque público que estaban ocupadas ilegalmente, de los que 528 están actualmente en ejecución.

En Andalucía existe un parque público de 69.187 viviendas de promoción pública de titularidad autonómica repartidas en 491 municipios, de las que se estima que unas 38.000 están realmente ocupadas por sus arrendatarios titulares.

El resto o está desocupada, o habitada por inquilinos que no tienen derecho sobre ellas o que si lo tienen no están en condiciones de acreditarlo. El fenómeno pone en evidencia las deficiencias en la gestión realizada por las administraciones públicas, que no han sido capaces de controlar el uso de las casas por parte de sus verdaderos adjudicatarios. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan para la regularización jurídica de las viviendas y la reparación del parque existente, ya que en muchos casos las casas están en condiciones de abandono y son inhabitables.

Además de los 3.277 desahucios tramitados, la Junta ha concluido ya los trámites de normalización de 4.552 casas y tiene en trámite las de otras 2.581 nuevas. La mayoría de estas situaciones se localizan en barriadas con problemas de exclusión social en los que el objetivo de los planes de intervención, además de depurar la situación jurídico-registral de las viviendas y el establecimiento de un régimen de derechos y obligaciones, son las actuaciones encaminadas a la integración social.

Uno de los frutos, es que el 71% de los adjudicatarios de viviendas públicas en régimen de alquiler cumple ya con sus obligaciones del pago de la renta correspondiente y además están comprometidos en el funcionamiento y mantenimiento de las comunidades de vecinos, órganos exigidos por la administración para la ejecución de sus planes de rehabilitación de viviendas y otras actuaciones de asistencia social.

La Administración intenta además implicar a las comunidades y a los propios vecinos en el control del uso correcto de las viviendas y en evitar las transacciones ilegales de éstas. Según datos de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en los últimos ocho años se han invertido más de 58 millones de euros en planes de reparación y mantenimiento que han beneficiado a 25.720 viviendas.

De las 69.156 viviendas de titularidad pública que gestiona la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), la inmensa mayoría, 79%, están en alquiler. El resto están ocupadas por inquilinos con derecho a la propiedad, 9.844 en régimen aplazado, que pagan plazos al finalizar los cuales obtienen las escrituras, y otras 4.759 en acceso diferido, lo que significa que la Administración mantiene la gestión hasta que se adjudican las escrituras.

Además, en las situaciones con mayores problemas de integración social, la Administración regional impulsa en colaboración con los ayuntamientos planes integrales de actuación en zonas con necesidades de transformación social que van mucho más allá de la mera gestión de los inmuebles y persiguen la dinamización de las barriadas con programas de empleo y cobertura social.

Hasta el momento, se han diseñado y están en ejecución planes en 10 ámbitos: El Puche (Almería), El Saladillo-La Piñera (Algeciras), La Constitución (Jerez), San Martín de Porres (Córdoba), Almanjáyar (Granada), Huerta Carrasco (Motril), El Torrejón (Huelva), Arrayanes (Jaén) , Los Asperones (Málaga) y San Miguel-El Castillo.-La Coracha (Alcalá de Guadaira).






* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 26/01/2009
Foto: Sevilla, área metropolitana - diariodesevilla.es

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La "invasión" de chalés en la costa impide que la CHS deslinde las ramblas

INFORMACIÓN/Alicante* : La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha comenzado los trabajos para deslindar varias zonas de la comarca (ramblas, barrancos, vaguadas...) con el fin de incluirlas dentro del catálogo de zonas de Dominio Público Hidráulico en un proyecto que incluirá toda la comarca, aunque el trabajo no está siendo nada fácil.

Los técnicos de la CHS, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, han detectado importantes problemas a la hora de deslindar el dominio público en la zona de las playas de Orihuela. Allí, muchos barrancos han sido ocupados total o parcialmente, sobre todo, por urbanizaciones que en algunos casos se han dotado con puentes cuya capacidad de desagüe es muy inferior a la circulación de caudales en momentos puntuales de lluvia, siempre según las fuentes oficiales.
Desgraciadamente, en la Vega Baja es relativamente habitual que muchos ayuntamientos permitan que promotores urbanísticos, con el consentimiento de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (organismo que aprueba definitivamente los planes), incluyan en el cómputo general del suelo afectado por las urbanizaciones las ramblas y barrancos colindantes, pese a que no son urbanizables.
Este suelo, una vez dento del proyecto, se califica como zona verde, aumentando consecuentemente el suelo urbanizable e incrementando los beneficios, siempre según las fuentes consultadas por este periódico.
El comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, recuerda que de este modo es difícil conservar el ecosistema natural cuando convive prácticamente dentro de las urbanizaciones, lo que complica la subsistencia de la flora y la fauna que habita en ellos.
Hasta el momento, los deslindes previos que lleva a cabo la CHS han tenido lugar en al menos 15 ramblas situadas en diferentes lugares de la costa de Orihuela, Guardamar, Torrevieja y en el Hoyo Serrano, atravesado por el barranco del Calderón, entre los términos municipales de Rojales, Almoradí y Algorfa. La medida también se está llevando a cabo en la Rambla de la Escuera, en San Fulgencio.
Los principales problemas, según la CHS, se producen en la costa oriolana, donde se registran inundaciones periódicas en algunos puntos cada vez que se producen lluvias de mediana importancia, ya que las salidas naturales al mar han sido cortadas por urbanizaciones e infraestructuras. En varios casos, las viviendas han sufrido desperfectos o, incluso, han sido posteriormente derribadas porque estaban situadas sobre terrenos de relleno de barrancos.
Por ejemplo, en el barranco del Garbanzuelo, en Torrevieja, la CHS intenta desde hace meses demoler un muro construido en el centro de la vaguada por un promotor de Orihuela que obstaculiza el paso de las aguas cuando se producen lluvias y ocasiona inundaciones en las viviendas cercanas.
A pesar de existir un expediente de demolición, no se ha podido ejecutar debido a la oposición del empresario, que ha puesto en marcha todo tipo de trabas legales para impedir que se pueda acceder al lugar donde se encuentra porque hay que atravesar suelo de su propiedad.

Servidumbre
Otro problema radica en que la zona de servidumbre de ramblas y barrancos no está considerada como dominio público, por lo cual la CHS no puede actuar y todo queda bajo la competencia del ayuntamiento. En estas zonas es donde más se han construido viviendas, muchas de las cuáles, además del riesgo de inundación en caso de una avenida de agua, está sufriendo importantes problemas estructurales debido a la configuración de los suelos, la mala calidad constructiva y a la existencia de acuíferos.
Este proyecto de la CHS lleva pareja una serie de actuaciones de mejora medioambientales, según Aldeguer, que destacó que este tipo de deslinde se debería haber ejecutado hace mucho tiempo para evitar su ocupación, pero había otras prioridades.

Un proyecto que se realiza en todo el país

Las actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Restauración de Ríos que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino está ejecutando en toda la geografía nacional.
Este proyecto tiene varios fines, como crear empleo, proteger y poner en valor el medio natural y, sobre todo, evitar la especulación urbanística de este tipo de suelo, evitar que sean ocupados por vertidos de solidos, construcciones, urbanizaciones o por nuevos cultivos y que sigan cumpliendo su función secular de evacuación de aguas en momentos puntuales, como en el caso de fuertes lluvias.






* Información - E. DE GEA - 25.01.2009
Foto: La Confederación reconoce que el proyecto encuentra trabas en numerosos puntos verdes de la comarca - LOINO, diarioinformacion.com

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Condenado el ex alcalde de Ojén por otorgar dos licencias en suelo no urbanizable

EUROPAPRESS/Málaga* : El ex alcalde del municipio malagueño de Ojén en 1996, Francisco Manuel Vázquez, fue condenado por el Juzgado de lo Penal nº8 de Málaga a penas de multa por la concesión de dos licencias para construcción de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable. La misma sentencia determina que otros cuatro concejales en aquel momento tuvieron implicación en el caso, por lo que también fueron condenados por delitos urbanísticos.

Las multas que deberán pagar ascienden a los 5.400 euros y serán inhabilitados hasta siete años para ocupar un cargo público de concejal.

En junio de 1996 el alcalde de la localidad de Ojén y los entonces ediles Juan Sánchez, Isabel Sánchez y Juan Pedro Monge concedieron por unanimidad en una comisión de gobierno de junio de 1996 una licencia a una mujer extranjera para construir una vivienda unifamiliar en el paraje de Coto de los Dolores. Este permiso se concedió a pesar de que el informe del arquitecto técnico "no contenía pronunciamiento sobre la procedencia o no de su otorgamiento", ya que debía tramitarse obligatoriamente ante la Comisión Provincial de Urbanismo, "órgano al que nunca fue remitido el expediente".

Por estos hechos, el ex alcalde de la localidad malagueña y el concejal Juan Sánchez fueron condenados por dos delitos contra la ordenación del territorio a 12 meses de multa por valor de 15 euros diarios, lo que supone un desembolso de 5.400 euros. Además, permanecerán inhabilitados durante siete años para el desempeño de cargo público de concejal. Por su parte, los otros tres ediles, Andrés Gómez, Isabel Sánchez y Juan Pedro Monge están condenados sólo por un delito urbanístico, al haber participado en la aprobación de una licencia, por lo que cada uno deberá pagar una multa de 2.700 euros, y serán igualmente inhabilitados durante tres años y medio para el desempeño de cargo público de edil.

El permiso de obra que concedieron se otorgó a pesar de que el propio proyecto técnico presentado con la solicitud advertía de que el suelo era "no urbanizable de protección ambiental", y de que "no se ajustaba a la normativa urbanística aplicable". Además, la sentencia explica que se declara probado que en el propio proyecto técnico constaba que donde se pretendía edificar era suelo no urbanizable común y excedía la altura permitida.

OTRO CASO SIMILAR

Posteriormente, en noviembre de 1998, el todavía alcalde y los entonces ediles Juan Sánchez y Andrés Gómez otorgaron otra licencia en similares circunstancias. En este caso, se trataba de la autorización para construir una casa cortijo en una finca ubicada en una zona denominada Elviria, en el mismo paraje que la licencia de 1996, y que también fue concedido a pesar de que "no se ajustaba a la normativa urbanística aplicable". Esta es la segunda vez que se celebra este juicio. La primera sentencia fue recurrida y la Audiencia declaró la nulidad y volver a celebrar juicio para llamar a los titulares de las licencias de obra y al Ayuntamiento de Ojén.

En este segundo caso, "en el colmo de una tramitación apresurada, directamente se otorgó la licencia sin haber emitido su informe el técnico municipal, quien el día antes a la celebración de la comisión de gobierno, exponía que era necesario aportar determinada documentación para poder emitir el informe", según se desprende de la sentencia.





* Europa Press - 25.01.2009
Foto: Ojén (Málaga) - ojen.com

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Benicàssim: Un juzgado anula la 5ª fase de Montornés

LEVANTE* : Un juzgado de Castelló ha dejado sin efecto el PAI por el que la mercantil Montornés SA pretendía construir unas 130 viviendas en la denominada quinta fase del sector. El juez argumenta que el ayuntamiento aprobó el proyecto sin aplicar la LUV, que ya estaba en vigor cuando se celebró el pleno en junio de 2006. La asociación Voltants del Desert y la Magdalena, colectivo que presentó el recurso, confía en que el actual equipo de gobierno tramite ahora un PAI más sostenible.

La mercantil Montornés SA, del grupo Gimeno, tendrá que frenar su proyecto para construir 129 viviendas en la urbanización Montornés de Benicàssim tras la sentencia que anula el acuerdo plenario que aprobaba de manera definitiva la denominada 5ª fase del sector. El fallo judicial, dictado el pasado 9 de enero por el magistrado del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Castelló, supone un triunfo inicial de la asociación Voltants del Desert i la Magdalena, que fue la que llevó ante el juzgado el visto bueno al sector por el pleno del 12 de junio de 2006.
El principal motivo de nulidad viene marcado por la tramitación del PAI siguiendo la derogada LRAU en lugar de aplicar la Ley Urbanística Valenciana (LUV), en pleno vigor cuando el Ayuntamiento de Benicàssim aprobó de manera definitiva y adjudicó el sector a Montornés SA. Al respecto, cabe recordar que la LUV, publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el 32 de diciembre de 200, entró en vigo un mes después, esto es, en enero de 2006, por lo que "resulta evidente que la LUV ya había entrado en vigor en la fecha del acuerdo del pleno del ayuntamiento (1,2 de junio de 2006)", recoge la sentencia.
Para el colectivo vecinal que presentó el recurso "estamos ante una oportunidad clara para que el Ayuntamiento de Benicàssim, al tener que tramitar de nuevo el PAI, articulo todos los mecanismos que pueda para modificar lo que estaba previsto y mejorar la protección de una zona que linda con el paraje natural del Desert de les Palmes".
Valoración vecinal
Lo cierto es que la historia de este sector está marcada por un sinfín de sentencias que aún no han acabado. La urbanización Montornés contaba con el suelo calificado como urbano en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1984. El ayuntamiento, en el primer mandato de Francesc Colomer, aprobó en 1994 un nuevo PGOU en el que el suelo de las fases IV i V, pendientes de desarrollar, era clasificado como suelo no urbanizable, lo que llevó a los tribunales a Montornés SA. El TSJ, en abril de 1998, dio la razón a la empresa por lo que, tras un fallido recurso de casación del Ayuntamiento ante el Supremo, finalmente el consistorio tuvo que asumir que el suelo volvía a ser urbano y finalmente, en julio de 2006, el ayuntamiento aprobó el PAI e la V fase de Montornés.
Los vecinos insisten en que "nosotros somos conscientes de que no hay marcha atrás en la calificación del suelo y que ahí se va a poder construir, pero lo que siempre hemos dicho es que una cosa es asumir que es urbanizable y otra que tenemos que desarrollar ese PAI de casi 130 viviendas que presentó la empresa".
En esta línea, comentan que "nosotros entenderíamos que Montornés SA presente un recurso contra esta sentencia del juzgado de lo contencioso, pero no comprenderíamos en absoluto que también lo hiciera el ayuntamiento, que tienen una gran oportunidad para mejorar la protección de la zona".
Al respecto, desde la asociación recuerdan que "los actuales gobernantes, sobre todo Francesc Colomer, Susana Ros y Sebastián Esparducer, siempre han dejado claro que no era el PAI que más les gustaba, por lo que ahora pueden demostrarlo". De hecho, Esparducer votó en contra de la adjudicación del PAI en el pleno de junio de 2006.






* Levante-EMV - Emilio Regalado, Castelló - 25.01.2009
Foto: Benicasim (Castellón), ayuntamiento - panoramio.com

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Irregular aprobación del Plan de Urbanismo de Móstoles

Ecologistas en Acción* considera positivo que se haya excluido de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles los sectores al sur del arroyo de la Reguera y al norte del arroyo de la Peñaca. Aún así, esta organización critica el desmesurado crecimiento previsto en el nuevo planeamiento y, sobre todo, el cúmulo de irregularidades que se han sucedido durante el procedimiento para su aprobación.

El Consejo de Gobierno del 15 de enero aprobó definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles, con la excepción de las 400 hectáreas que se localizan en los sectores al sur del arroyo de la Reguera y al norte del arroyo de la Reguera. Estos ámbitos quedan excluidos hasta que se presenten informes ambientales que acrediten la presencia o no de valores naturales.

Ecologistas en Acción valora positivamente esta decisión pero la considera insuficiente y contradictoria. Resulta insuficiente porque el nuevo plan general, aún exceptuando estos dos sectores, supone la reclasificación de un tercio del término municipal (1.400 hectáreas) y la construcción de 25.000 nuevas viviendas. Algo que no se justifica teniendo en cuenta el escaso crecimiento poblacional de los últimos años.

Por otra parte es contradictoria porque existen dos informes ambientales de 2005 y 2008 que instan a mantener estos sectores como suelo no urbanizable protegido. Por tanto, deberían ser exceptuados de la urbanización sin más trámite.

A juicio de Ecologistas en Acción, podríamos estar ante una trama de intereses que han forzado, tanto al Ayuntamiento de Móstoles como al Consejo de Gobierno a actuar de una forma muy irregular. Hay que tener en cuenta que las 400 ha exceptuadas de la aprobación definitiva, estaban clasificadas como no urbanizables en el plan general de abril de 2008, sin embargo, pasaron a ser urbanizables en julio de 2008. Para justificar este cambio de clasificación, el Director General de Evaluación Ambiental, José Trigueros Rodríguez envió una carta al Ayuntamiento de Móstoles permitiendo la reclasificación de los terrenos, en contra del criterio de dos informes anteriores firmados por él mismo.

A pesar de las denuncias presentas por Ecologistas en Acción, manifestando la irregularidad de los hechos descritos, tanto el Pleno municipal (con la oposición del partido socialista) como la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, de la que es Presidenta la Consejera de Medio Ambiente, aprobaron el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Anteriormente el Director General de Urbanismo, Raimundo Herráiz, había defendido el plan general en una comparecencia en la Asamblea de Madrid.

El hecho de que en el último momento, el Consejo de Gobierno, haya rectificado en parte, el criterio del pleno municipal y de la Comisión de Urbanismo pone de manifiesto que se han cometido irregularidades que deben ser investigadas.

Ecologistas en Acción considera necesario investigar lo sucedido en la tramitación del plan general de Móstoles y esclarecer el alcance de la actuación, especialmente del Director General de Evaluación Ambiental, pero además la del Director General de Urbanismo, así como, la del concejal de urbanismo y el alcalde de Móstoles. Por ello, esta organización no descarta la posibilidad de iniciar actuaciones legales en las próximas semanas.





* Ecologistas en Acción Suroeste de Madrid - 21.01.2009
Foto: Móstoles (Madrid), ayuntamiento - wikipedia.org

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Todos los habitantes de Barcelona votarán el futuro de la Diagonal

LAVANGUARDIA* : Las consulta sobre la reforma de la Diagonal, entre Francesc Macià y Glòries, se hará mediante voto electrónico y en ella podrán participar todas las personas empadronadas en Barcelona, tengan o no la nacionalidad española, mayores de 16 años. A los ciudadanos no se les planteará una pregunta de sí o no -como hizo Sant Adrià de Besòs a la hora de salvar de la piqueta las chimeneas de la térmica- sino que les pondrán encima de la mesa dos proyectos para que elijan entre ellos.

Estas son las características esenciales de la primera consulta ciudadana que se llevará a cabo en Barcelona. Las condiciones del referéndum sobre la Diagonal son fruto del acuerdo entre el gobierno municipal - que ha tenido como negociador principal al primer teniente de alcalde, Carles Martí-y ERC. Precisamente, el alcalde Jordi Hereu y el líder republicano, Jordi Portabella, serán hoy quienes presentarán la consulta, que aún no tiene fecha pero que, si se cumplen los propósitos de ambas partes, podría celebrarse en la primavera del 2010 y durante un plazo de varios días.

Las opciones que se someterán al dictamen de los barceloneses saldrán de las propuestas de los técnicos de la ya creada oficina para la reforma de la Diagonal y de un amplio proceso de participación en el que podrán intervenir todas aquellas entidades o particulares que tengan algo que decir respecto a la remodelación de la gran avenida. La consulta sobre el futuro de la Diagonal se plantea en cierto modo como un laboratorio de pruebas. Será la primera vez que Barcelona lleve a cabo un proceso similar al de un referéndum. También por vez primera, se abrirá el voto a los menores de edad mayores de 16 años y a la población inmigrada, que en un futuro no muy lejano, podrá votar en las elecciones municipales. Además, permitirá ensayar el voto electrónico, una innovación tecnológica que ya se aplica en muchos países.

Al no tratarse formalmente de una convocatoria de referéndum, una competencia que sólo está en manos del Gobierno central, se podría plantear un debate estéril sobre el carácter vinculante de la consulta. Estéril porque, en ningún caso, el gobierno municipal desoirá la opinión mayoritaria de la ciudadanía. De hecho, las dos opciones que se someterán al dictamen de las urnas tendrán previamente todas las garantías de viabilidad técnica y presupuestaria.

El calendario apuntado hace unos días por Hereu señala que, tras la consulta, y hasta mediados del 2011 se llevarán a cabo los proyectos ejecutivos y las licitaciones de las obras, que se realizarán en el próximo mandato.






* La Vanguardia - Ramón Suñé - 23.01.2009
Foto: Barcelona, Av. Diagonal - wikimedia.org

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"Sin demolición, el imperio de la ley queda por los suelos"

PÚBLICO/Entrevista* : Según Ángel Núñez, coordinador de los fiscales andaluces de Medio Ambiente, los delitos urbanísticos son consecuencia de la falta de eficacia de la administración.
-En los últimos tiempos, han proliferado miles de viviendas ilegales. ¿De quién es la responsabilidad? Los delitos urbanísticos son consecuencia de la falta de eficacia de la administración. Los ayuntamientos no han ejercido las funciones de disciplina urbanística. Por carencia de medios, fundamentalmente ayuntamientos pequeños; por falta de voluntad política para asumir el coste de medidas impopulares como la demolición y, en otros casos, por clara y pura corrupción.

¿La falta de dinero es responsable de que haya pocas demoliciones?

No se deja de demoler por falta de dinero. No se ha demolido porque no se han tramitado expedientes de demolición. En un inmenso número de supuestos, cuando se ha actuado ya había prescrito la ilegalidad.

¿Tiene una justificación histórica el desorden urbanístico?

No. Todavía hay alcaldes que se jactan de que no ejecutarán nunca una demolición. ¡Pero es que son obligaciones de la Ley de Ordenación Urbanística! Y cuando defienden la autonomía municipal, que me parece muy bien, eso tiene que llevar aparejado el ejercicio de las responsabilidades que les impone la ley, entre ellas, imponer la disciplina urbanística.

¿Tiene un número de viviendas ilegales en Andalucía?

Creo que no lo tiene nadie. Una cifra ajustada no existe realmente.

¿Qué le parece la marea regularizadora que viene ahora?

Dentro de situaciones tan desbordadas, la única solución es imponer la ley de alguna forma, y eso implica regularización. No se pueden tirar 30.000 viviendas. Es un problema muy complejo. Lo que sucede es que cuando se plantea ese fracaso que es una regularización surge otro problema.

¿Cuál?

Aparecen grupos de poder que exigen que sea el resto de los ciudadanos los que financien los costes de su urbanización ilegal, que les paguen los suministros públicos, la realización de viales, la recogida de basura… para que ellos se beneficien. Si se regulariza lo que hoy vale 20, valdrá mañana 40. Me parece inadmisible. Son cuestiones políticas en las que la Fiscalía no entra, pero dista de convertirse en ejemplo para que el resto de ciudadanos cumpla la ley.

¿No hay manera de que la Fiscalía diga: esto no puede ser?

No en la medida en que se haga de acuerdo con los trámites legales. Sí pedimos una reforma del Código Penal para regular supuestos de prevaricación por omisión. Cuando no se dicta una resolución injusta, pero su falta es equivalente a haberla dictado. No se persigue a quienes realizan construcciones ilegales.

¿Cómo se llevan los jueces y las demoliciones?

Sin demolición, las condenas se convierten en puramente simbólicas

Han sido bastante reticentes a acoger los delitos contra la ordenación del territorio. Primero porque entendían que sólo los podían cometer los profesionales, mientras nosotros creíamos que los podía cometer cualquiera.

El Supremo nos dio la razón en 2003. Se ha aplicado de manera demasiado generosa la doctrina del error, del desconocimiento, cuando es de dominio público que cualquier obra requiere autorización. Y ha habido muchas reticencias a la hora de acordar la demolición. Y sin demolición, las condenas se convierten en puramente simbólicas, porque las penas que se imponen –como no hay que ajustarlas al valor de la edificación, sino a los ingresos del infractor– son muy exiguas y la pena privativa de libertad en principio no implica el ingreso en prisión.

Así, la condena se imputa como un coste adicional al de la edificación. Afortunadamente, se va avanzando.

¿Genera impunidad la ausencia de demolición?

Sí. Durante el tiempo que tardó el Supremo en pronunciarse en el sentido de que el delito lo podía cometer cualquiera, fueron decenas los fallos absolutorios dictados.

Ha dicho que no se pueden derribar 30.000 viviendas, pero algunas sí. ¿Está pensando, por ejemplo, en Marbella?

Hay que distinguir entre las demoliciones administrativas y las sentencias penales. En estas últimas no cabe discusión, sólo ejecutarlas. La cuestión que se discute aquí es la de las administrativas.

¿No tiene nada que decir la Fiscalía?

No, ahí no tuvimos intervención.

¿Y a usted qué le parece?

A mí personalmente, no como fiscal, como ciudadano, me parece que hay que conectar el imperio de la ley, que quedaría por los suelos si no se ejecutan las demoliciones, y atender a situaciones de verdadera trascendencia social como consecuencia de inaplicar el planeamiento.

La Junta de Andalucia ha aprobado nueva normativa y habla ahora de acudir al planeamiento supramunicipal.

Planificar es orientar el crecimiento, pero está sirviendo para consolidar lo irregular

El fenómeno es que los planes no se cumplen, y cuando se reforman no es para avanzar, sino para consolidar situaciones de facto. Así, el plan pierde su sentido. Planificar es orientar el crecimiento, pero está sirviendo para consolidar lo que de manera irregular ya ha crecido.

¿Es la gente consciente de que su actividad ilegal genera ciertos problemas para ellos mismos, atascos, falta de escuelas...?

Hasta ahora, no. Hay una consideración decimonónica de la propiedad. Esto es mi terreno y yo hago lo que quiero. No existe consideración a la función social de la propiedad.

¿Cuánto le debe el medio ambiente a los ecologistas?

Su actuación es absolutamente digna de elogio.

Entre el empleo y el medio ambiente, ¿con qué se queda?

Ahora se habla mucho de una flexibilización de los requisitos para actividades empresariales. Todo lo que sea agilizar o simplificar me parece bien. Sin embargo, una actividad que genere empleo, pero que perjudique al medio ambiente no es autorizable. La ley así lo establece.

¿Cuál es la principal amenaza para el medio ambiente?

El urbanismo descontrolado.

Hay quienes niegan el cambio climático.

Siempre hay negacionistas. Los hay del holocausto, que los haya del cambio del clima no supone ninguna sorpresa.





* Público - RAÚL BOCANEGRA / OLIVIA CARBALLAR - Cádiz - 23/01/2009

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Los ingleses que edificaron en parcelas rústicas dicen que era la "forma española" de construir

LEVANTE/Valencia* : Tras el paréntesis navideño, comienza de nuevo la ronda de declaraciones de los propietarios de construcciones en Zarra que la Fiscalía de Valencia denunció por irregularidades urbanísticas. Durante la mañana de ayer declararon en el juzgado de primera instancia e instrucción nº2 de Requena seis dueños de chalets de nacionalidad británica, acompañados de una intérprete.

Cuatro de ellos manifestaron que adquirir un terreno rústico y construir en él para legalizarlo cuatro años después era la "Spanish way" o forma de comprar casas en España.
El alcalde de Zara, Juan José Rubio, y su hijo, que se encargó de la construcción de chalés en suelo rústico bajo licencias municipales de casas de aperos, siguen imputados por delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, entre otros.
De las 87 viviendas investigadas, ya declararon ocho propietarios hace dos meses y ayer lo hicieron otros seis, casi todos de nacionalidad británcia. En aquél momento, algunos de ellos reconocieron ante el juez que sabían que eran ilegales y que debían esperar cuatro años para legalizarles. Algunos comparecieron con los documentos de legalización.
Los testigos de ayer fueron más explícitos y señalaron que en la inmobiliaria con la contactaron les habían explicado el profeso de compra de una vivienda en España. Al parecer, esta "forma española" consiste en elegir un terreno rústico, comprarlo y luego contactar con el constructor, elegir el tipo de vivienda y, cuatro años después, legalizarla en el Registro de la Propiedad.
Dos de los testigos explicaron que compraron las propiedades a otros ingleses., Mientras que el resto llegaron a Zarra a través del anuncio de una inmobiliaria en el periódico para residentes británicos Costa Blanca News.
Después de contactar con la inmobiliaria, visitaron Zarra, Teresa y alguna otra población. Tras elegir una parcela rústica, todos recalaron en Zarra. Y todos manifestaron que no sabían que no se podía edificar y que iban asesorados por la inmobiliaria.
Fue precisamente la inmobiliaria la que les presentó al constructor, el hijo del alcalde, y les informó de que a los cuatro años ya tendrían la escritura tras pagar los impuestos municipales y el impuesto catastral.





* Levante-EMV - Regina Laguna - 24.01.2009
Foto: Zarra (Valencia), zona chalés ilegales - levante-emv.com

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Roca, condenado por primera vez a devolver dinero a Marbella

SUR* : La sentencia por el juicio más importante contra la corrupción municipal de las últimas décadas ya es pública. La Audiencia Nacional ha condenado por el 'caso Saqueo' a seis años y 10 meses de prisión al ex asesor urbanístico y presunto cerebro de 'Malaya', Juan Antonio Roca; nueve años a José Luis Sierra, ex abogado de Gil; y ocho al contable de la trama por la que se desviaron 25,51 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella, Jorge Castel.

Los tres fueron sentenciados por los delitos continuados de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, Sierra como autor y los otros dos como cooperadores necesarios. La petición de la Fiscalía era de diez años de prisión para cada uno.
Se trata de una de las sentencias más esperadas en Marbella que, por primera vez, recoge la devolución de parte del dinero esquilmado de las arcas municipales durante la época gilista. Los tres condenados deberán devolver en concepto de indemnización los 23 millones que, según el fallo judicial, robaron al Consistorio entre 1991 y 1995. El resto deberán pagarlo dos empresas del fallecido Jesús Gil.
Quince años ha esperado la ciudad para que un tribunal reconociera oficialmente lo que era un secreto a voces: las arcas de Marbella sufrieron un saqueo continuado y sistemático durante años. El fallo judicial sentencia que los tres acusados desviaron el dinero público que llegaba al Ayuntamiento a través de un complejo entramado que llegó a contar con 31 sociedades municipales. Jesús Gil fue el ideólogo; Sierra, el que diseñó la organización; Castel era el contable que maquillaba la emisión de facturas falsas y Roca, el que puso a disposición cuatro empresas 'pantalla' para dar cobertura legal al desvío de fondos además de derivar parte del dinero como gerente de Planeamiento 2000. La sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, establece que Roca tuvo una «importante participación» en el entramado, pero la participación de Sierra estuvo «en un plano superior».
Absueltos
La Audiencia ha absuelto a dos empleados de dichas sociedades, Eduardo Gonzálvez y Francisco Javier Herrera. También a Purificación Notario, la viuda del que fue mano derecha de Gil, José Luis Jiménez. Después de 15 años de pleitos y acusaciones, la Audiencia dice que no hay pruebas.
La condena por 'Saqueo' es la de mayor cuantía de Roca aunque no la única. El ex asesor urbanístico fue sentenciado en agosto del año pasado a un año de prisión por cohecho tras reconocer en el Tribunal Superior de Andalucía que sobornó al magistrado Francisco Javier de Urquía. Sí es la única pena de cárcel, hasta el momento, de los otros dos acusados, Castel y Sierra, éste último abogado de Gil antes incluso de que accediera a la alcaldía de Marbella en 1991.
Ahora se inicia un periodo de recursos que retrasará el pago de la indemnización, siempre que la Justicia localice el dinero entre los bienes embargados de los acusados. La sentencia no es firme y las defensas de los condenados ya anunciaron su intención de recurrirla durante la vistilla que se celebró ayer tras comunicarles el fallo judicial. Acudirán al Tribunal Supremo, la última instancia.
Durante ese breve encuentro, la Fiscalía pidió ayer que tanto Sierra como Castel, de 63 y 62 años respectivamente, ingresen en prisión para empezar a cumplir la pena impuesta por la gravedad de los delitos y el posible riesgo de fuga, a lo que ambos se opusieron. Ahora será el tribunal el que decida si espera a que la sentencia sea firme o se arriesga a dejarlos en libertad mientras tanto.
En el caso de Roca no hubo discusión. El que fuera asesor de Urbanismo y gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000 ya se encuentra en la cárcel, aunque de forma provisional, por la 'operación Malaya' después de que el juez revocara la fianza de un millón de euros.






* SUR - 24.01.09 -M. J. CRUZADO
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es

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