EFE/Barcelona* : La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona ha pedido la "inmediata paralización" del desalojo del Centro social okupado autogestionado La Teixidora, que los Mossos d'Esquadra han iniciado esta mañana con la resistencia de un grupo de personas que se encuentran en su interior.
Esta entidad vecinal considera que el uso de la vía penal y de una medida cautelar es "desproporcionada" y que se habrían de considerar inmediatamente el recurso presentado por parte de la asamblea del centro okupado para evitar el desalojo.
La FAVB, que ha recordado que este edificio histórico del barrio del Poblenou llevaba más de 30 años de abandono antes de que fuera okupado, ha explicado por medio de una nota de prensa que desde el inicio de la actividad del centro social se ha realizado una importante labor, con un gran número de actividades en el barrio.
La Federación denuncia que se han producido "irregularidades" durante el proceso legal, ya que, en concreto, apuntan, "no se ha dejado formar parte del mismo a la parte acusada hasta el final, cuando la decisión ya estaba tomada, lo que ha creado un estado de indefensión hacia una de las partes".
Añaden además que la urgencia alegada para la aplicación del desalojo cautelar "pierde razón en un espacio donde la propiedad no podrá realizar obras en el edificio durante el próximo año dada la moratoria de los permisos de obras que afecta al Casc Antic del Poblenou".
Por su parte, los Mossos d'Esquadra han asegurado a Efe que han logrado desalojar ya a una treintena de las personas que se encontraban en su interior, otras se han resistido de forma pasiva a abandonar el recinto, mientras que un joven se ha encerrado dentro de una jaula.
La FAVB ha recordado también por medio de una nota de prensa que la orden judicial de desalojo no afecta al tercer piso, "donde un vecino vive en precario, también en proceso de desahucio".
* Qué - EFE - 27.01.2009
Foto: Varios mossos d'esquadra tratan de soltar a un joven que se ha encerrado en un jaula colgada en el patio interior. - EFE.
Más información: http://teixidora.squat.net
Los vecinos piden la paralización del desalojo de La Teixidora de Poblenou
Formentera del Segura: El Ayuntamiento ejecuta un plan parcial antes de aprobarlo el Consell y con más viviendas
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Ayuntamiento de Formentera del Segura ha permitido la construcción en el plan parcial SAUR 1 de bloques de pisos, hasta sumar más 300 viviendas, donde estaba previsto la construcción de menos de un centenar de bungalós (tipología aislada y cerrada), tal y como se contemplaba en el proyecto.
Se da la circunstancia de que la actuación urbanística está prácticamente ejecutada, excepto algunos solares, a pesar de que la Dirección Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo y Vivienda publicó hace escasos días, concretamente el pasado lunes, día 19 de enero, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la aprobación de manera definitiva de la homologación del proyecto urbanístico, promovido por el propio Ayuntamiento. Esta publicación tras su aprobación era un trámite previo al inicio de las obras. El sector tiene una superficie de 37.249 metros cuadrados y se sitúa al oeste el casco urbano.
Según el anuncio de la Generalitat en el BOP se permitía la edificación de alturas máximas de "6,6 metros con planta baja y una altura" y una "densidad máxima de 25 viviendas por hectárea"; sin embargo, en el lugar han sido construidos bloques de pisos con sótano, planta baja con tres alturas. Una parte de las viviendas está ya habitada y se da la circunstancia que en la última ola de frío se registraron problemas con el suministro eléctrico por lo que se tuvo que habilitar un motor para garantizar la energía a los vecinos.
El Ayuntamiento aprobó el expediente urbanístico en las sesiones plenarias de 4 de febrero de 1999 y 3 de mayo de 2001, pero la Comisión Territorial de Urbanismo acordó suspender la aprobación definitiva hasta que se subsanaran algunas deficiencias. En 2003 esta administración acordó dejar el expediente pendiente de resolución hasta que se completase el mismo con diversos informes pendientes.
La Conselleria, en la publicación del proyecto en el BOP del 19 de enero, indica que se permiten estudios de detalle en las manzanas más grandes del plan parcial para desarrollar tipologías "más intensivas con alturas de planta baja más dos y planta baja más tres".
Según fuentes consultadas por el periódico este tipo de tipología, que se podía haber aplicado en el SAUR 1, hubiese permitido construir las 25 viviendas previstas por hectárea, "concentradas en varias alturas para liberar suelo", pero en este caso todo el terreno está ocupado por bloques con el consiguiente aumento de edificabilidad no previsto en el proyecto.
* Información - E.DE GEA - 27.01.2009
Foto: Una imagen del SAUR número 1 de Formentera el Segura en una imagen tomada la pasada semana - E.D.G., diarioinformacion.com
El juez imputa al alcalde de Agrón por una obra irregular
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LAOPINIÓN/Granada* : El alcalde de Agrón, Guillermo López, ha sido citado a declarar en calidad de imputado ante el juzgado de Loja que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de un bloque de pisos en el municipio. La obra está completamente terminada a la espera de la aprobación de la licencia de primera ocupación.
El juez investiga al alcalde por negarse, supuestamente, a paralizar la promoción después de que la Diputación emitiese un informe en el que recomendaba detener la edificación por las irregularidades detectadas.
El bloque, donde se han proyectado siete viviendas y trasteros, vulnera la altura máxima contemplada en el planeamiento urbanístico de Agrón, excede la ocupación prevista por la normativa y su proyecto de ejecución carece del visado pertinente y la firma del arquitecto redactor. Tras constatar esta retahíla de presuntas irregularidades, el técnico de la Diputación recomendó en enero de 2008 la "inmediata paralización de las obras". El secretario del Ayuntamiento de Agrón redactó la orden de paralización pero el alcalde no la llegó a ejecutar, según consta en la denuncia que dio origen a esta investigación judicial.
Guillermo López debe comparecer ante el juez de Instrucción 2 de Loja el próximo 10 de febrero en calidad de imputado. El secretario de la Corporación también acudirá al juzgado para declarar, pero como testigo. El regidor tiene abierta otra investigación de la Fiscalía a raíz de la denuncia presentada por los cuatro concejales de la oposición el pasado mes de diciembre. Los ediles acusan a López, entre otras cosas, de negarse a ejecutar muchos de los acuerdos aprobados en pleno y de destituir en varias ocasiones al tesorero de la Corporación a pesar de tener la mayoría de votos en contra.
Los cuatro concejales de la oposición (dos del PP y dos del PSOE) denunciaron en noviembre de 2007 ante la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía las presuntas irregularidades cometidas por la promotora ´La casona de Agrón S.L.´ en el bloque que ahora investiga el juzgado de Loja. El volumen de la edificación hizo que numerosos vecinos se dirigieran a los ediles para solicitarles que comprobaran la legalidad del proyecto, tal y como han reconocido a este periódico.
Por eso presentaron una moción en el pleno municipal en la que se acordaba solicitar a la Diputación un informe técnico sobre la construcción. Un arquitecto del Área de Cooperación Local y Desarrollo visitó las obras en enero de 2008.
Irregularidades. La estructura estaba finalizada y la obra se encontraba en la fase de "albañilería". En la inspección detectó que el bloque "supera la altura máxima permitida" por el planeamiento urbanístico de Agrón y que la ocupación del inmueble "supera el máximo permitido por la normativa". Otra de las irregularidades incluidas en el informe, al que ha tenido acceso La Opinión, consiste en la orientación del dormitorio de un piso hacia "un patio interior de iluminación y ventilación", en contra de los previsto por el municipio (patio de manzana o de parcela).
En el plano administrativo y municipal, el responsable de la Diputación advierte que el proyecto de ejecución "carece del visado pertinente" y que tanto el proyecto básico como el de ejecución "carecen de la firma del arquitecto redactor".
La conclusión del informe fue tajante. La Diputación recomendaba "la inmediata paralización" de las obras "hasta que no se resuelva el expediente y se adopten las medidas correctoras pertinentes".
El director general de Inspección de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, tras conocer el dictamen de la Diputación, instó en dos ocasiones al alcalde de Agrón a adoptar las medidas de "disciplina urbanísticas" necesarias para corregir esas irregularidades.
Al mismo tiempo, el secretario del Ayuntamiento de Agrón redactó una orden de paralización de las obras que el regidor "impidió ejecutar de forma oral", según denuncian los concejales de la oposición. La promotora siguió con la construcción, que ya está finalizada. Esta situación llevó al secretario a informar por escrito de las "consecuencias tan nefastas que podría acarrear al Ayuntamiento" el incumplimiento de la orden de paralización.
Este hecho, junto con la presunta permisividad del alcalde a la hora de no aplicar la disciplina urbanística en ese caso concreto, es lo que investiga el juez de Instrucción 2 de Loja y por lo que ha sido imputado Guillermo López.
El alcalde aseguró a este periódico que ya ha declarado ante la Fiscalía por esta denuncia y se negó a pronunciarse sobre el caso al existir un procedimiento judicial abierto al respecto.
* La Opinión de Granada - PABLO MARISCAL - 27.01.2009
Foto: Agrón (Granada) - ideal.es
El urbanismo enfrenta a parlamentarios españoles y británicos en la Eurocámara
LEVANTE* : El debate sobre el Impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, en el medio ambiente y en la aplicación de la legislación comunitaria que la Comisión de Peticiones de la Eurocámara realizó el pasado martes dejó claro que es una batalla que enfrenta, sobre todo, a británicos y españoles.
Los eurodiputados españoles del PP y del PSOE coincidieron en algo a pesar de sus diferencias: van a enmendar el documento elaborado por la danesa ecologista Margrete Auken. Un proyecto de resolución que pide una moratoria, la revisión de la legislación y plantea congelar las ayudas europeas hasta que se resuelva el conflicto. En cambio, su homólogos británicos, con independencia a sus afinidades políticas, manifestaron su apoyo a un informe que llegaron a calificar como uno de los "mejores" sobre la problemática del urbanismo en España. Y van tres en la Eurocámara.
"Toda la batalla" se va a desarrollar en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, aseguraron fuentes del Partido Popular. Esto se debe a que se trata de un informe de iniciativa y el nuevo reglamento de la Eurocámara fija que este tipo de resoluciones no pueden enmendarse en su paso por la sesión plenaria sino únicamente en comisión parlamentaria. Por tanto, el texto que resulte del voto del próximo día 11 será, sin posibilidad de cambios, el documento respecto al cual se pronuncie el pleno del Parlamento Europeo en marzo.
Estas fuentes avanzaban que el resultado dependerá de qué equipo -españoles o británicos- consigue llevar más seguidores el día de la votación en dicho comité. Los españoles tienen ventaja en número ya que son siete titulares (tres del PP, dos del PSOE, uno de Los Verdes y uno de Izquierda Unida) frente a cinco británicos (dos demócratas cristianos, dos socialistas y uno de la Alianza de los Demócratas y Liberales). No obstante, los eurodiputados españoles de IU y Los Verdes se mostraron a favor del informe Auken. A lo que hay que añadir que lo que cuenta es la afiliación ya que, por ejemplo, un eurodiputado popular español o británico puede sustituir el día de la votación a otro del PP alemán.
Composición de la comisión
La Comisión de Peticiones cuenta con un presidente -Marcin Libicki del Grupo Unión por la Europa de las Naciones-, cuatro vicepresidentes, 33 miembros y 22 suplentes. Según el reparto global, el Partido Popular Europeo cuenta con 14 voces; mientras que el Grupo Socialista (PSE) tiene dos escaños menos (12); la Alianza de los Demócratas y Liberales tiene cuatro eurodiputados; Los Verdes y la Unión por la Europea de las Naciones dos cada uno; y por último Izquierda Unitaria, Independencia y Democracia y los No Inscritos cuentan con un voto cada uno.
No obstante, las fuentes parlamentarias consideraron que la "coordinación es superior" entre los dos grupos mayoritarios españoles que entre los británicos y opinaron que ambos partidos podrían ponerse de acuerdo para "ir a votar" a la Comisión y "conseguir arreglar" el proyecto de resolución de Auken.
Las fuentes del PP indicaron que la intención es enmendar la práctica totalidad del texto aunque lo "mejor" sería "votar en contra". Algo que no harán los socialistas porque han sido ellos los que empezaron a "hacer rodar la pelota" de este tercer informe, añadieron.
La eurodiputada socialista Maruja Sornosa descartó un posible pacto con los populares La eurodiputada señaló que en el Parlamento Europeo "existe el sentimiento de que se han cometido muchas irregularidades", en la costa de la Comunitat Valenciana, de Murcia y de Almería. "Aquí la gente está muy sensibilizada, pero me parece que no serviría de nada que en el informe fuéramos a máximos", subrayó en cuanto a una posible guerra hispano-británica. Los socialistas piden la retirada de la mención a una moratoria y el mantenimiento de los fondos.
* Levante-EMV - Nayra Aguado, Bruselas - 26.01.2009
Foto: Bruselas, comité de peticiones de la UE - levante-emv.com
Campaña de Ecologistas en defensa del patrimonio histórico y arqueológico
MADRIDDIGITAL* : Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid informó ayer ha creado un nuevo ámbito de trabajo, la defensa del patrimonio histórico y arqueológico. Esta organización considera esencial dar a conocer este rico patrimonio, ponerlo en valor y frenar su destrucción. “En los últimos años ha sido clamorosa la destrucción de restos paleontológicos, romanos, visigodos y árabes, entre otros, por la actividad urbanística y la construcción de infraestructuras”, considera.
Ecologistas en Acción ha venido defendiendo de forma discontinua el patrimonio histórico y arqueológico en la Comunidad de Madrid, pero ha anunciado que a partir de 2009, el trabajo se hará “de forma coordinada y sistemática”. Para ello se ha creado una comisión de trabajo específica sobre estos temas. Esta comisión ya cuenta con el apoyo y asesoramiento técnico, totalmente desinteresado, de arqueólogos e historiadores.
Santiago Martín Barajas, coordinador de la nueva comisión de trabajo, recuerda que Ecologistas en Acción ha elaborado informes para recuperar el puente medieval cubierto por las aguas del embalse de San Juan, ha intervenido en la restauración de la calzada romana de Galapagar, ha participado en la defensa legal de la Cerca de Felipe II o, en la paralización del plan urbanístico de San Lorenzo de El Escorial que pretende construir 7.000 viviendas sobre el antiguo asentamiento urbano de Monasterio (donde Felipe II mandó construir una casa fortaleza y que, a su vez, se asienta sobre yacimientos romanos y prerromanos).
A pasar de la riqueza arqueológica de la Comunidad de Madrid, existen más de 5000 yacimientos identificados en la Carta Arqueológica, la mayoría de la población desconoce este patrimonio. Este desconocimiento y la desidia, de gran parte de la administración responsable, favorecen su destrucción
Para los ecologistas, los principales problemas que amenazan el patrimonio histórico y arqueológico son el crecimiento urbanístico y la construcción de infraestructuras. Estas actividades han supuesto, en los últimos años, la destrucción de la principal ciudad visigoda de la Comunidad de Madrid, en San Martín de la Vega, así como de numerosas villas y poblamientos de la época romana, especialmente en el municipio de Arroyomolinos, aunque también en Villaviciosa de Odón y Villamanta. En la capital hay que destacar la destrucción de yacimientos paleontológicos y arqueológicos, en las terrazas del río Manzanares, por el enterramiento de la M-30.
Tampoco los palacios de gran valor histórico y artístico han quedado a salvo, como ocurre con el palacio de Nuevo Baztán, cuyas huertas se encuentran amenazadas por el nuevo plan urbanístico. Igualmente sucede con el Canal de Cabarrús antigua vía de agua que discurría por el noreste de la Comunidad de Madrid. Se construyó en el siglo XVIII para usos agrícolas y unía las cuencas de los ríos Lozoya y Jarama. Parte de este Canal y de sus infraestructuras (puentes, caminos, etc) están amenazados por el plan general de Torremocha de Jarama.
Por otra parte, Ecologistas en Acción califica de “lamentable” el estado de abandono en que se encuentran importantes yacimientos arqueológicos que podrían ser excavados, rehabilitados y adecuados para ser visitadas por los ciudadanos, como se está haciendo en otras comunidades autónomas. Son los ejemplos de la ciudad árabe de Kalatalifa en la ribera del río Guadarrama, las salinas de Espartinas en Ciempozuelos o, los restos romanos del entorno de la Ermita de Santiago, en Valdemoro, amenazados por la próxima construcción de un polígono industrial.
Por todo ello, Ecologistas en Acción va a iniciar una labor de denuncia de la situación pero al mismo tiempo “de difusión, de presentación de propuestas y de defensa del patrimonio histórico y arqueológico de la Región”.
* Madrid Digital - 22.01.2009
Andalucía: Más de 3.000 familias han sido desahuciadas de viviendas públicas
ELPAÍS* : Las viviendas promovidas por las administraciones públicas para satisfacer las necesidades de las clases menos privilegiadas han sido con frecuencia objeto de ocupaciones ilegales con operaciones clandestinas de traspaso que han generado toda una picaresca a la que las instituciones intentan ahora poner coto.
Desde el año 2000, la Junta de Andalucía ha instruido 3.277 expedientes de desahucio de casas del parque público que estaban ocupadas ilegalmente, de los que 528 están actualmente en ejecución.
En Andalucía existe un parque público de 69.187 viviendas de promoción pública de titularidad autonómica repartidas en 491 municipios, de las que se estima que unas 38.000 están realmente ocupadas por sus arrendatarios titulares.
El resto o está desocupada, o habitada por inquilinos que no tienen derecho sobre ellas o que si lo tienen no están en condiciones de acreditarlo. El fenómeno pone en evidencia las deficiencias en la gestión realizada por las administraciones públicas, que no han sido capaces de controlar el uso de las casas por parte de sus verdaderos adjudicatarios. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan para la regularización jurídica de las viviendas y la reparación del parque existente, ya que en muchos casos las casas están en condiciones de abandono y son inhabitables.
Además de los 3.277 desahucios tramitados, la Junta ha concluido ya los trámites de normalización de 4.552 casas y tiene en trámite las de otras 2.581 nuevas. La mayoría de estas situaciones se localizan en barriadas con problemas de exclusión social en los que el objetivo de los planes de intervención, además de depurar la situación jurídico-registral de las viviendas y el establecimiento de un régimen de derechos y obligaciones, son las actuaciones encaminadas a la integración social.
Uno de los frutos, es que el 71% de los adjudicatarios de viviendas públicas en régimen de alquiler cumple ya con sus obligaciones del pago de la renta correspondiente y además están comprometidos en el funcionamiento y mantenimiento de las comunidades de vecinos, órganos exigidos por la administración para la ejecución de sus planes de rehabilitación de viviendas y otras actuaciones de asistencia social.
La Administración intenta además implicar a las comunidades y a los propios vecinos en el control del uso correcto de las viviendas y en evitar las transacciones ilegales de éstas. Según datos de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en los últimos ocho años se han invertido más de 58 millones de euros en planes de reparación y mantenimiento que han beneficiado a 25.720 viviendas.
De las 69.156 viviendas de titularidad pública que gestiona la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), la inmensa mayoría, 79%, están en alquiler. El resto están ocupadas por inquilinos con derecho a la propiedad, 9.844 en régimen aplazado, que pagan plazos al finalizar los cuales obtienen las escrituras, y otras 4.759 en acceso diferido, lo que significa que la Administración mantiene la gestión hasta que se adjudican las escrituras.
Además, en las situaciones con mayores problemas de integración social, la Administración regional impulsa en colaboración con los ayuntamientos planes integrales de actuación en zonas con necesidades de transformación social que van mucho más allá de la mera gestión de los inmuebles y persiguen la dinamización de las barriadas con programas de empleo y cobertura social.
Hasta el momento, se han diseñado y están en ejecución planes en 10 ámbitos: El Puche (Almería), El Saladillo-La Piñera (Algeciras), La Constitución (Jerez), San Martín de Porres (Córdoba), Almanjáyar (Granada), Huerta Carrasco (Motril), El Torrejón (Huelva), Arrayanes (Jaén) , Los Asperones (Málaga) y San Miguel-El Castillo.-La Coracha (Alcalá de Guadaira).
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 26/01/2009
Foto: Sevilla, área metropolitana - diariodesevilla.es
La "invasión" de chalés en la costa impide que la CHS deslinde las ramblas
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INFORMACIÓN/Alicante* : La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha comenzado los trabajos para deslindar varias zonas de la comarca (ramblas, barrancos, vaguadas...) con el fin de incluirlas dentro del catálogo de zonas de Dominio Público Hidráulico en un proyecto que incluirá toda la comarca, aunque el trabajo no está siendo nada fácil.
Los técnicos de la CHS, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, han detectado importantes problemas a la hora de deslindar el dominio público en la zona de las playas de Orihuela. Allí, muchos barrancos han sido ocupados total o parcialmente, sobre todo, por urbanizaciones que en algunos casos se han dotado con puentes cuya capacidad de desagüe es muy inferior a la circulación de caudales en momentos puntuales de lluvia, siempre según las fuentes oficiales.
Desgraciadamente, en la Vega Baja es relativamente habitual que muchos ayuntamientos permitan que promotores urbanísticos, con el consentimiento de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (organismo que aprueba definitivamente los planes), incluyan en el cómputo general del suelo afectado por las urbanizaciones las ramblas y barrancos colindantes, pese a que no son urbanizables.
Este suelo, una vez dento del proyecto, se califica como zona verde, aumentando consecuentemente el suelo urbanizable e incrementando los beneficios, siempre según las fuentes consultadas por este periódico.
El comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, recuerda que de este modo es difícil conservar el ecosistema natural cuando convive prácticamente dentro de las urbanizaciones, lo que complica la subsistencia de la flora y la fauna que habita en ellos.
Hasta el momento, los deslindes previos que lleva a cabo la CHS han tenido lugar en al menos 15 ramblas situadas en diferentes lugares de la costa de Orihuela, Guardamar, Torrevieja y en el Hoyo Serrano, atravesado por el barranco del Calderón, entre los términos municipales de Rojales, Almoradí y Algorfa. La medida también se está llevando a cabo en la Rambla de la Escuera, en San Fulgencio.
Los principales problemas, según la CHS, se producen en la costa oriolana, donde se registran inundaciones periódicas en algunos puntos cada vez que se producen lluvias de mediana importancia, ya que las salidas naturales al mar han sido cortadas por urbanizaciones e infraestructuras. En varios casos, las viviendas han sufrido desperfectos o, incluso, han sido posteriormente derribadas porque estaban situadas sobre terrenos de relleno de barrancos.
Por ejemplo, en el barranco del Garbanzuelo, en Torrevieja, la CHS intenta desde hace meses demoler un muro construido en el centro de la vaguada por un promotor de Orihuela que obstaculiza el paso de las aguas cuando se producen lluvias y ocasiona inundaciones en las viviendas cercanas.
A pesar de existir un expediente de demolición, no se ha podido ejecutar debido a la oposición del empresario, que ha puesto en marcha todo tipo de trabas legales para impedir que se pueda acceder al lugar donde se encuentra porque hay que atravesar suelo de su propiedad.
Servidumbre
Otro problema radica en que la zona de servidumbre de ramblas y barrancos no está considerada como dominio público, por lo cual la CHS no puede actuar y todo queda bajo la competencia del ayuntamiento. En estas zonas es donde más se han construido viviendas, muchas de las cuáles, además del riesgo de inundación en caso de una avenida de agua, está sufriendo importantes problemas estructurales debido a la configuración de los suelos, la mala calidad constructiva y a la existencia de acuíferos.
Este proyecto de la CHS lleva pareja una serie de actuaciones de mejora medioambientales, según Aldeguer, que destacó que este tipo de deslinde se debería haber ejecutado hace mucho tiempo para evitar su ocupación, pero había otras prioridades.
Un proyecto que se realiza en todo el país
Las actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Restauración de Ríos que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino está ejecutando en toda la geografía nacional.
Este proyecto tiene varios fines, como crear empleo, proteger y poner en valor el medio natural y, sobre todo, evitar la especulación urbanística de este tipo de suelo, evitar que sean ocupados por vertidos de solidos, construcciones, urbanizaciones o por nuevos cultivos y que sigan cumpliendo su función secular de evacuación de aguas en momentos puntuales, como en el caso de fuertes lluvias.
* Información - E. DE GEA - 25.01.2009
Foto: La Confederación reconoce que el proyecto encuentra trabas en numerosos puntos verdes de la comarca - LOINO, diarioinformacion.com
Condenado el ex alcalde de Ojén por otorgar dos licencias en suelo no urbanizable
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EUROPAPRESS/Málaga* : El ex alcalde del municipio malagueño de Ojén en 1996, Francisco Manuel Vázquez, fue condenado por el Juzgado de lo Penal nº8 de Málaga a penas de multa por la concesión de dos licencias para construcción de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable. La misma sentencia determina que otros cuatro concejales en aquel momento tuvieron implicación en el caso, por lo que también fueron condenados por delitos urbanísticos.
Las multas que deberán pagar ascienden a los 5.400 euros y serán inhabilitados hasta siete años para ocupar un cargo público de concejal.
En junio de 1996 el alcalde de la localidad de Ojén y los entonces ediles Juan Sánchez, Isabel Sánchez y Juan Pedro Monge concedieron por unanimidad en una comisión de gobierno de junio de 1996 una licencia a una mujer extranjera para construir una vivienda unifamiliar en el paraje de Coto de los Dolores. Este permiso se concedió a pesar de que el informe del arquitecto técnico "no contenía pronunciamiento sobre la procedencia o no de su otorgamiento", ya que debía tramitarse obligatoriamente ante la Comisión Provincial de Urbanismo, "órgano al que nunca fue remitido el expediente".
Por estos hechos, el ex alcalde de la localidad malagueña y el concejal Juan Sánchez fueron condenados por dos delitos contra la ordenación del territorio a 12 meses de multa por valor de 15 euros diarios, lo que supone un desembolso de 5.400 euros. Además, permanecerán inhabilitados durante siete años para el desempeño de cargo público de concejal. Por su parte, los otros tres ediles, Andrés Gómez, Isabel Sánchez y Juan Pedro Monge están condenados sólo por un delito urbanístico, al haber participado en la aprobación de una licencia, por lo que cada uno deberá pagar una multa de 2.700 euros, y serán igualmente inhabilitados durante tres años y medio para el desempeño de cargo público de edil.
El permiso de obra que concedieron se otorgó a pesar de que el propio proyecto técnico presentado con la solicitud advertía de que el suelo era "no urbanizable de protección ambiental", y de que "no se ajustaba a la normativa urbanística aplicable". Además, la sentencia explica que se declara probado que en el propio proyecto técnico constaba que donde se pretendía edificar era suelo no urbanizable común y excedía la altura permitida.
OTRO CASO SIMILAR
Posteriormente, en noviembre de 1998, el todavía alcalde y los entonces ediles Juan Sánchez y Andrés Gómez otorgaron otra licencia en similares circunstancias. En este caso, se trataba de la autorización para construir una casa cortijo en una finca ubicada en una zona denominada Elviria, en el mismo paraje que la licencia de 1996, y que también fue concedido a pesar de que "no se ajustaba a la normativa urbanística aplicable". Esta es la segunda vez que se celebra este juicio. La primera sentencia fue recurrida y la Audiencia declaró la nulidad y volver a celebrar juicio para llamar a los titulares de las licencias de obra y al Ayuntamiento de Ojén.
En este segundo caso, "en el colmo de una tramitación apresurada, directamente se otorgó la licencia sin haber emitido su informe el técnico municipal, quien el día antes a la celebración de la comisión de gobierno, exponía que era necesario aportar determinada documentación para poder emitir el informe", según se desprende de la sentencia.
* Europa Press - 25.01.2009
Foto: Ojén (Málaga) - ojen.com
Benicàssim: Un juzgado anula la 5ª fase de Montornés
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LEVANTE* : Un juzgado de Castelló ha dejado sin efecto el PAI por el que la mercantil Montornés SA pretendía construir unas 130 viviendas en la denominada quinta fase del sector. El juez argumenta que el ayuntamiento aprobó el proyecto sin aplicar la LUV, que ya estaba en vigor cuando se celebró el pleno en junio de 2006. La asociación Voltants del Desert y la Magdalena, colectivo que presentó el recurso, confía en que el actual equipo de gobierno tramite ahora un PAI más sostenible.
La mercantil Montornés SA, del grupo Gimeno, tendrá que frenar su proyecto para construir 129 viviendas en la urbanización Montornés de Benicàssim tras la sentencia que anula el acuerdo plenario que aprobaba de manera definitiva la denominada 5ª fase del sector. El fallo judicial, dictado el pasado 9 de enero por el magistrado del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Castelló, supone un triunfo inicial de la asociación Voltants del Desert i la Magdalena, que fue la que llevó ante el juzgado el visto bueno al sector por el pleno del 12 de junio de 2006.
El principal motivo de nulidad viene marcado por la tramitación del PAI siguiendo la derogada LRAU en lugar de aplicar la Ley Urbanística Valenciana (LUV), en pleno vigor cuando el Ayuntamiento de Benicàssim aprobó de manera definitiva y adjudicó el sector a Montornés SA. Al respecto, cabe recordar que la LUV, publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el 32 de diciembre de 200, entró en vigo un mes después, esto es, en enero de 2006, por lo que "resulta evidente que la LUV ya había entrado en vigor en la fecha del acuerdo del pleno del ayuntamiento (1,2 de junio de 2006)", recoge la sentencia.
Para el colectivo vecinal que presentó el recurso "estamos ante una oportunidad clara para que el Ayuntamiento de Benicàssim, al tener que tramitar de nuevo el PAI, articulo todos los mecanismos que pueda para modificar lo que estaba previsto y mejorar la protección de una zona que linda con el paraje natural del Desert de les Palmes".
Valoración vecinal
Lo cierto es que la historia de este sector está marcada por un sinfín de sentencias que aún no han acabado. La urbanización Montornés contaba con el suelo calificado como urbano en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1984. El ayuntamiento, en el primer mandato de Francesc Colomer, aprobó en 1994 un nuevo PGOU en el que el suelo de las fases IV i V, pendientes de desarrollar, era clasificado como suelo no urbanizable, lo que llevó a los tribunales a Montornés SA. El TSJ, en abril de 1998, dio la razón a la empresa por lo que, tras un fallido recurso de casación del Ayuntamiento ante el Supremo, finalmente el consistorio tuvo que asumir que el suelo volvía a ser urbano y finalmente, en julio de 2006, el ayuntamiento aprobó el PAI e la V fase de Montornés.
Los vecinos insisten en que "nosotros somos conscientes de que no hay marcha atrás en la calificación del suelo y que ahí se va a poder construir, pero lo que siempre hemos dicho es que una cosa es asumir que es urbanizable y otra que tenemos que desarrollar ese PAI de casi 130 viviendas que presentó la empresa".
En esta línea, comentan que "nosotros entenderíamos que Montornés SA presente un recurso contra esta sentencia del juzgado de lo contencioso, pero no comprenderíamos en absoluto que también lo hiciera el ayuntamiento, que tienen una gran oportunidad para mejorar la protección de la zona".
Al respecto, desde la asociación recuerdan que "los actuales gobernantes, sobre todo Francesc Colomer, Susana Ros y Sebastián Esparducer, siempre han dejado claro que no era el PAI que más les gustaba, por lo que ahora pueden demostrarlo". De hecho, Esparducer votó en contra de la adjudicación del PAI en el pleno de junio de 2006.
* Levante-EMV - Emilio Regalado, Castelló - 25.01.2009
Foto: Benicasim (Castellón), ayuntamiento - panoramio.com
Irregular aprobación del Plan de Urbanismo de Móstoles
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Ecologistas en Acción* considera positivo que se haya excluido de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles los sectores al sur del arroyo de la Reguera y al norte del arroyo de la Peñaca. Aún así, esta organización critica el desmesurado crecimiento previsto en el nuevo planeamiento y, sobre todo, el cúmulo de irregularidades que se han sucedido durante el procedimiento para su aprobación.
El Consejo de Gobierno del 15 de enero aprobó definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles, con la excepción de las 400 hectáreas que se localizan en los sectores al sur del arroyo de la Reguera y al norte del arroyo de la Reguera. Estos ámbitos quedan excluidos hasta que se presenten informes ambientales que acrediten la presencia o no de valores naturales.
Ecologistas en Acción valora positivamente esta decisión pero la considera insuficiente y contradictoria. Resulta insuficiente porque el nuevo plan general, aún exceptuando estos dos sectores, supone la reclasificación de un tercio del término municipal (1.400 hectáreas) y la construcción de 25.000 nuevas viviendas. Algo que no se justifica teniendo en cuenta el escaso crecimiento poblacional de los últimos años.
Por otra parte es contradictoria porque existen dos informes ambientales de 2005 y 2008 que instan a mantener estos sectores como suelo no urbanizable protegido. Por tanto, deberían ser exceptuados de la urbanización sin más trámite.
A juicio de Ecologistas en Acción, podríamos estar ante una trama de intereses que han forzado, tanto al Ayuntamiento de Móstoles como al Consejo de Gobierno a actuar de una forma muy irregular. Hay que tener en cuenta que las 400 ha exceptuadas de la aprobación definitiva, estaban clasificadas como no urbanizables en el plan general de abril de 2008, sin embargo, pasaron a ser urbanizables en julio de 2008. Para justificar este cambio de clasificación, el Director General de Evaluación Ambiental, José Trigueros Rodríguez envió una carta al Ayuntamiento de Móstoles permitiendo la reclasificación de los terrenos, en contra del criterio de dos informes anteriores firmados por él mismo.
A pesar de las denuncias presentas por Ecologistas en Acción, manifestando la irregularidad de los hechos descritos, tanto el Pleno municipal (con la oposición del partido socialista) como la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, de la que es Presidenta la Consejera de Medio Ambiente, aprobaron el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Anteriormente el Director General de Urbanismo, Raimundo Herráiz, había defendido el plan general en una comparecencia en la Asamblea de Madrid.
El hecho de que en el último momento, el Consejo de Gobierno, haya rectificado en parte, el criterio del pleno municipal y de la Comisión de Urbanismo pone de manifiesto que se han cometido irregularidades que deben ser investigadas.
Ecologistas en Acción considera necesario investigar lo sucedido en la tramitación del plan general de Móstoles y esclarecer el alcance de la actuación, especialmente del Director General de Evaluación Ambiental, pero además la del Director General de Urbanismo, así como, la del concejal de urbanismo y el alcalde de Móstoles. Por ello, esta organización no descarta la posibilidad de iniciar actuaciones legales en las próximas semanas.
* Ecologistas en Acción Suroeste de Madrid - 21.01.2009
Foto: Móstoles (Madrid), ayuntamiento - wikipedia.org
Todos los habitantes de Barcelona votarán el futuro de la Diagonal
LAVANGUARDIA* : Las consulta sobre la reforma de la Diagonal, entre Francesc Macià y Glòries, se hará mediante voto electrónico y en ella podrán participar todas las personas empadronadas en Barcelona, tengan o no la nacionalidad española, mayores de 16 años. A los ciudadanos no se les planteará una pregunta de sí o no -como hizo Sant Adrià de Besòs a la hora de salvar de la piqueta las chimeneas de la térmica- sino que les pondrán encima de la mesa dos proyectos para que elijan entre ellos.
Estas son las características esenciales de la primera consulta ciudadana que se llevará a cabo en Barcelona. Las condiciones del referéndum sobre la Diagonal son fruto del acuerdo entre el gobierno municipal - que ha tenido como negociador principal al primer teniente de alcalde, Carles Martí-y ERC. Precisamente, el alcalde Jordi Hereu y el líder republicano, Jordi Portabella, serán hoy quienes presentarán la consulta, que aún no tiene fecha pero que, si se cumplen los propósitos de ambas partes, podría celebrarse en la primavera del 2010 y durante un plazo de varios días.
Las opciones que se someterán al dictamen de los barceloneses saldrán de las propuestas de los técnicos de la ya creada oficina para la reforma de la Diagonal y de un amplio proceso de participación en el que podrán intervenir todas aquellas entidades o particulares que tengan algo que decir respecto a la remodelación de la gran avenida. La consulta sobre el futuro de la Diagonal se plantea en cierto modo como un laboratorio de pruebas. Será la primera vez que Barcelona lleve a cabo un proceso similar al de un referéndum. También por vez primera, se abrirá el voto a los menores de edad mayores de 16 años y a la población inmigrada, que en un futuro no muy lejano, podrá votar en las elecciones municipales. Además, permitirá ensayar el voto electrónico, una innovación tecnológica que ya se aplica en muchos países.
Al no tratarse formalmente de una convocatoria de referéndum, una competencia que sólo está en manos del Gobierno central, se podría plantear un debate estéril sobre el carácter vinculante de la consulta. Estéril porque, en ningún caso, el gobierno municipal desoirá la opinión mayoritaria de la ciudadanía. De hecho, las dos opciones que se someterán al dictamen de las urnas tendrán previamente todas las garantías de viabilidad técnica y presupuestaria.
El calendario apuntado hace unos días por Hereu señala que, tras la consulta, y hasta mediados del 2011 se llevarán a cabo los proyectos ejecutivos y las licitaciones de las obras, que se realizarán en el próximo mandato.
* La Vanguardia - Ramón Suñé - 23.01.2009
Foto: Barcelona, Av. Diagonal - wikimedia.org
"Sin demolición, el imperio de la ley queda por los suelos"
PÚBLICO/Entrevista* : Según Ángel Núñez, coordinador de los fiscales andaluces de Medio Ambiente, los delitos urbanísticos son consecuencia de la falta de eficacia de la administración.
-En los últimos tiempos, han proliferado miles de viviendas ilegales. ¿De quién es la responsabilidad? Los delitos urbanísticos son consecuencia de la falta de eficacia de la administración. Los ayuntamientos no han ejercido las funciones de disciplina urbanística. Por carencia de medios, fundamentalmente ayuntamientos pequeños; por falta de voluntad política para asumir el coste de medidas impopulares como la demolición y, en otros casos, por clara y pura corrupción.
¿La falta de dinero es responsable de que haya pocas demoliciones?
No se deja de demoler por falta de dinero. No se ha demolido porque no se han tramitado expedientes de demolición. En un inmenso número de supuestos, cuando se ha actuado ya había prescrito la ilegalidad.
¿Tiene una justificación histórica el desorden urbanístico?
No. Todavía hay alcaldes que se jactan de que no ejecutarán nunca una demolición. ¡Pero es que son obligaciones de la Ley de Ordenación Urbanística! Y cuando defienden la autonomía municipal, que me parece muy bien, eso tiene que llevar aparejado el ejercicio de las responsabilidades que les impone la ley, entre ellas, imponer la disciplina urbanística.
¿Tiene un número de viviendas ilegales en Andalucía?
Creo que no lo tiene nadie. Una cifra ajustada no existe realmente.
¿Qué le parece la marea regularizadora que viene ahora?
Dentro de situaciones tan desbordadas, la única solución es imponer la ley de alguna forma, y eso implica regularización. No se pueden tirar 30.000 viviendas. Es un problema muy complejo. Lo que sucede es que cuando se plantea ese fracaso que es una regularización surge otro problema.
¿Cuál?
Aparecen grupos de poder que exigen que sea el resto de los ciudadanos los que financien los costes de su urbanización ilegal, que les paguen los suministros públicos, la realización de viales, la recogida de basura… para que ellos se beneficien. Si se regulariza lo que hoy vale 20, valdrá mañana 40. Me parece inadmisible. Son cuestiones políticas en las que la Fiscalía no entra, pero dista de convertirse en ejemplo para que el resto de ciudadanos cumpla la ley.
¿No hay manera de que la Fiscalía diga: esto no puede ser?
No en la medida en que se haga de acuerdo con los trámites legales. Sí pedimos una reforma del Código Penal para regular supuestos de prevaricación por omisión. Cuando no se dicta una resolución injusta, pero su falta es equivalente a haberla dictado. No se persigue a quienes realizan construcciones ilegales.
¿Cómo se llevan los jueces y las demoliciones?
Sin demolición, las condenas se convierten en puramente simbólicas
Han sido bastante reticentes a acoger los delitos contra la ordenación del territorio. Primero porque entendían que sólo los podían cometer los profesionales, mientras nosotros creíamos que los podía cometer cualquiera.
El Supremo nos dio la razón en 2003. Se ha aplicado de manera demasiado generosa la doctrina del error, del desconocimiento, cuando es de dominio público que cualquier obra requiere autorización. Y ha habido muchas reticencias a la hora de acordar la demolición. Y sin demolición, las condenas se convierten en puramente simbólicas, porque las penas que se imponen –como no hay que ajustarlas al valor de la edificación, sino a los ingresos del infractor– son muy exiguas y la pena privativa de libertad en principio no implica el ingreso en prisión.
Así, la condena se imputa como un coste adicional al de la edificación. Afortunadamente, se va avanzando.
¿Genera impunidad la ausencia de demolición?
Sí. Durante el tiempo que tardó el Supremo en pronunciarse en el sentido de que el delito lo podía cometer cualquiera, fueron decenas los fallos absolutorios dictados.
Ha dicho que no se pueden derribar 30.000 viviendas, pero algunas sí. ¿Está pensando, por ejemplo, en Marbella?
Hay que distinguir entre las demoliciones administrativas y las sentencias penales. En estas últimas no cabe discusión, sólo ejecutarlas. La cuestión que se discute aquí es la de las administrativas.
¿No tiene nada que decir la Fiscalía?
No, ahí no tuvimos intervención.
¿Y a usted qué le parece?
A mí personalmente, no como fiscal, como ciudadano, me parece que hay que conectar el imperio de la ley, que quedaría por los suelos si no se ejecutan las demoliciones, y atender a situaciones de verdadera trascendencia social como consecuencia de inaplicar el planeamiento.
La Junta de Andalucia ha aprobado nueva normativa y habla ahora de acudir al planeamiento supramunicipal.
Planificar es orientar el crecimiento, pero está sirviendo para consolidar lo irregular
El fenómeno es que los planes no se cumplen, y cuando se reforman no es para avanzar, sino para consolidar situaciones de facto. Así, el plan pierde su sentido. Planificar es orientar el crecimiento, pero está sirviendo para consolidar lo que de manera irregular ya ha crecido.
¿Es la gente consciente de que su actividad ilegal genera ciertos problemas para ellos mismos, atascos, falta de escuelas...?
Hasta ahora, no. Hay una consideración decimonónica de la propiedad. Esto es mi terreno y yo hago lo que quiero. No existe consideración a la función social de la propiedad.
¿Cuánto le debe el medio ambiente a los ecologistas?
Su actuación es absolutamente digna de elogio.
Entre el empleo y el medio ambiente, ¿con qué se queda?
Ahora se habla mucho de una flexibilización de los requisitos para actividades empresariales. Todo lo que sea agilizar o simplificar me parece bien. Sin embargo, una actividad que genere empleo, pero que perjudique al medio ambiente no es autorizable. La ley así lo establece.
¿Cuál es la principal amenaza para el medio ambiente?
El urbanismo descontrolado.
Hay quienes niegan el cambio climático.
Siempre hay negacionistas. Los hay del holocausto, que los haya del cambio del clima no supone ninguna sorpresa.
* Público - RAÚL BOCANEGRA / OLIVIA CARBALLAR - Cádiz - 23/01/2009
Los ingleses que edificaron en parcelas rústicas dicen que era la "forma española" de construir
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LEVANTE/Valencia* : Tras el paréntesis navideño, comienza de nuevo la ronda de declaraciones de los propietarios de construcciones en Zarra que la Fiscalía de Valencia denunció por irregularidades urbanísticas. Durante la mañana de ayer declararon en el juzgado de primera instancia e instrucción nº2 de Requena seis dueños de chalets de nacionalidad británica, acompañados de una intérprete.
Cuatro de ellos manifestaron que adquirir un terreno rústico y construir en él para legalizarlo cuatro años después era la "Spanish way" o forma de comprar casas en España.
El alcalde de Zara, Juan José Rubio, y su hijo, que se encargó de la construcción de chalés en suelo rústico bajo licencias municipales de casas de aperos, siguen imputados por delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, entre otros.
De las 87 viviendas investigadas, ya declararon ocho propietarios hace dos meses y ayer lo hicieron otros seis, casi todos de nacionalidad británcia. En aquél momento, algunos de ellos reconocieron ante el juez que sabían que eran ilegales y que debían esperar cuatro años para legalizarles. Algunos comparecieron con los documentos de legalización.
Los testigos de ayer fueron más explícitos y señalaron que en la inmobiliaria con la contactaron les habían explicado el profeso de compra de una vivienda en España. Al parecer, esta "forma española" consiste en elegir un terreno rústico, comprarlo y luego contactar con el constructor, elegir el tipo de vivienda y, cuatro años después, legalizarla en el Registro de la Propiedad.
Dos de los testigos explicaron que compraron las propiedades a otros ingleses., Mientras que el resto llegaron a Zarra a través del anuncio de una inmobiliaria en el periódico para residentes británicos Costa Blanca News.
Después de contactar con la inmobiliaria, visitaron Zarra, Teresa y alguna otra población. Tras elegir una parcela rústica, todos recalaron en Zarra. Y todos manifestaron que no sabían que no se podía edificar y que iban asesorados por la inmobiliaria.
Fue precisamente la inmobiliaria la que les presentó al constructor, el hijo del alcalde, y les informó de que a los cuatro años ya tendrían la escritura tras pagar los impuestos municipales y el impuesto catastral.
* Levante-EMV - Regina Laguna - 24.01.2009
Foto: Zarra (Valencia), zona chalés ilegales - levante-emv.com
Roca, condenado por primera vez a devolver dinero a Marbella
SUR* : La sentencia por el juicio más importante contra la corrupción municipal de las últimas décadas ya es pública. La Audiencia Nacional ha condenado por el 'caso Saqueo' a seis años y 10 meses de prisión al ex asesor urbanístico y presunto cerebro de 'Malaya', Juan Antonio Roca; nueve años a José Luis Sierra, ex abogado de Gil; y ocho al contable de la trama por la que se desviaron 25,51 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella, Jorge Castel.
Los tres fueron sentenciados por los delitos continuados de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, Sierra como autor y los otros dos como cooperadores necesarios. La petición de la Fiscalía era de diez años de prisión para cada uno.
Se trata de una de las sentencias más esperadas en Marbella que, por primera vez, recoge la devolución de parte del dinero esquilmado de las arcas municipales durante la época gilista. Los tres condenados deberán devolver en concepto de indemnización los 23 millones que, según el fallo judicial, robaron al Consistorio entre 1991 y 1995. El resto deberán pagarlo dos empresas del fallecido Jesús Gil.
Quince años ha esperado la ciudad para que un tribunal reconociera oficialmente lo que era un secreto a voces: las arcas de Marbella sufrieron un saqueo continuado y sistemático durante años. El fallo judicial sentencia que los tres acusados desviaron el dinero público que llegaba al Ayuntamiento a través de un complejo entramado que llegó a contar con 31 sociedades municipales. Jesús Gil fue el ideólogo; Sierra, el que diseñó la organización; Castel era el contable que maquillaba la emisión de facturas falsas y Roca, el que puso a disposición cuatro empresas 'pantalla' para dar cobertura legal al desvío de fondos además de derivar parte del dinero como gerente de Planeamiento 2000. La sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, establece que Roca tuvo una «importante participación» en el entramado, pero la participación de Sierra estuvo «en un plano superior».
Absueltos
La Audiencia ha absuelto a dos empleados de dichas sociedades, Eduardo Gonzálvez y Francisco Javier Herrera. También a Purificación Notario, la viuda del que fue mano derecha de Gil, José Luis Jiménez. Después de 15 años de pleitos y acusaciones, la Audiencia dice que no hay pruebas.
La condena por 'Saqueo' es la de mayor cuantía de Roca aunque no la única. El ex asesor urbanístico fue sentenciado en agosto del año pasado a un año de prisión por cohecho tras reconocer en el Tribunal Superior de Andalucía que sobornó al magistrado Francisco Javier de Urquía. Sí es la única pena de cárcel, hasta el momento, de los otros dos acusados, Castel y Sierra, éste último abogado de Gil antes incluso de que accediera a la alcaldía de Marbella en 1991.
Ahora se inicia un periodo de recursos que retrasará el pago de la indemnización, siempre que la Justicia localice el dinero entre los bienes embargados de los acusados. La sentencia no es firme y las defensas de los condenados ya anunciaron su intención de recurrirla durante la vistilla que se celebró ayer tras comunicarles el fallo judicial. Acudirán al Tribunal Supremo, la última instancia.
Durante ese breve encuentro, la Fiscalía pidió ayer que tanto Sierra como Castel, de 63 y 62 años respectivamente, ingresen en prisión para empezar a cumplir la pena impuesta por la gravedad de los delitos y el posible riesgo de fuga, a lo que ambos se opusieron. Ahora será el tribunal el que decida si espera a que la sentencia sea firme o se arriesga a dejarlos en libertad mientras tanto.
En el caso de Roca no hubo discusión. El que fuera asesor de Urbanismo y gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000 ya se encuentra en la cárcel, aunque de forma provisional, por la 'operación Malaya' después de que el juez revocara la fianza de un millón de euros.
* SUR - 24.01.09 -M. J. CRUZADO
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Piden la paralización de los Sectores propuestos de Suelo Urbanizable en Logroño
Ecologistas en Acción* ante el Documento sobre Delimitación de Diversos Sectores de Suelo Urbanizable No Delimitado en el municipio de Logroño sometido a exposición pública plantea la paralización de estos nuevos sectores propuestos de Suelo Urbanizable No Delimitado en tanto en cuanto no se apruebe el nuevo Plan General Municipal.
Las razones expuestas por este grupo ecologista son las siguientes:
El Ayuntamiento de Logroño propone la delimitación de diversos sectores de Suelo Urbanizable No Delimitado (Río Batán, Pedregales, Valdegastea, Zaballos) con el fin de poder construir más viviendas en la ciudad de Logroño.
Actualmente en la ciudad, y como consecuencia de la fiebre constructora de los últimos años, existe una gran cantidad de viviendas vacías, edificios a medio construir y solares urbanos vacíos que podrían satisfacer el crecimiento urbano de Logroño durante varios años.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se encuentra redactando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana en donde se deberán estudiar las necesidades reales de la ciudad en materia de vivienda y planificar las zonas de crecimiento necesarias, y al margen de los procesos especulativos de los últimos años que han dado lugar a la situación actual.
Por este motivo este grupo ecologista considera que no tiene sentido del delimitar nuevos sectores mientras se esta realizando la revisión del planeamiento urbanístico de Logroño, lo que impediría un verdadero debate sobre que modelo de ciudad queremos y lo vaciaría además de una parte importante de su contenido, al encontrarse con hechos consumados.
Por todo lo cual sé ha solicitado en las alegaciones presentadas:
La paralización de la Delimitación de los Sectores propuestos de Suelo Urbanizable No Delimitado en el municipio de Logroño en tanto en cuanto no se apruebe el nuevo Plan General Municipal, documento en el que deben debatirse y resolverse las necesidades reales de vivienda de la ciudad y las zonas por donde debe extenderse su desarrollo urbanístico.
* Ecologistas en Acción de La Rioja - 23.01.2009
Foto: Logroño, ayuntamiento - 20minutos.es
Interior destapa 164 'ladrillazos' en un solo año
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PÚBLICO* : El ladrillazo ya tiene un hueco en las estadísticas policiales y, además, relevante. Policía y Guardia Civil investigaron durante el recién acabado 2008 un total de 164 casos de corrupción urbanística, según los datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso Público. Casi un caso cada dos días.
Una elevada cifra que supone, además, un aumento del 40% respecto a las pesquisas realizadas durante 2007, cuando se registraron 117.
No es el único dato de esta tipo de delincuencia que asciende en las estadísticas del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. De los 134 arrestados por su implicación en corrupción urbanística en 2007, se pasó al año siguiente a 207. Un 54,4% más.
El espectacular auge en el número de tramas destapadas ha coincidido con la creación por parte de Policía y Guardia Civil de grupos específicos de agentes especializados en la lucha contra la delincuencia urbanística. La Guardia Civil puso en marcha en marzo de 2007 grupos de tres agentes en cada una de las 54 comandancias para combatir los delitos urbanísticos, a los que se sumaban 25 más de la Unidad Central Operativa (UCO), con sede en Madrid. En total, 187 agentes.
La Policía había empezado antes, al transformar la Brigada de Blanqueo de Capitales, que conserva el nombre, en el núcleo de las investigaciones contra este tipo de delincuencia. Fueron ellos, de hecho, los que dieron el pistoletazo de salida en la lucha contra la corrupción urbanística con la célebre operación Malaya, iniciada en 2005 y que produjo las primeras detenciones en marzo de 2006.
Desde entonces, como asegura uno de los inspectores que dirige uno de los grupos, "ni hemos parado ni damos abasto ante el número de denuncias que nos llegan".
Kilos de documentación
Lo cuenta en su despacho de la Brigada, situada en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid. Las paredes que le rodean están cubiertas casi hasta el techo de decenas de cajas a rebosar de documentos. Los pasillos que llevan hasta él, también. Sobre cada una de ellas, un folio indica a qué caso corresponde los kilos de documentación que contiene. Ganan por goleada las operaciones Ninette y Astapa, los dos últimos grandes golpes realizados por la Brigada contra este tipo de delincuencia. La primera tenía su epicentro en la localidad de los Alcázares de San Juan (Murcia). La segunda, en Estepona (Málaga). A ellas se han sumado a lo largo del año otras en Alicante, Valencia, Madrid, Canarias...
"Estas operaciones no acaban con las detenciones. Casi al contrario, es cuando comienzan de verdad porque tenemos acceso a la documentación cuyo estudio nos permitirá acusar a los implicados o no", recalca este veterano policía que señala como ejemplo que, "aún tenemos algún fleco de la Malaya pendiente de investigar". De idéntica opinión son sus compañeros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil .
El capitán que dirige el grupo principal en Madrid pone como ejemplo la operación Biblioteca, que destapó una trama en la localidad murciana de Librilla "Empezamos a investigar el caso un año y medio antes de que detuviéramos al alcalde y a los otros presuntos implicados en el pasado mes de noviembre. Todavía nos queda muchísima documentación que mirar de la que incautamos para saber en qué medida se beneficiaron los detenidos".
También coinciden policías y guardias civiles al describir el perfil de los corruptos y la "sensación de impunidad" en la que viven muchos de ellos. "Llega un momento en el que pierden la noción de que lo están haciendo es ilegal y se sorprenden cuando los detienes", apunta el inspector de Policía.
"Te dicen que lo hacían los que estaban antes que ellos y que pensaban que era bueno para su pueblo", asegura el capitán de la Guardia civil. ¿Y color político? "Hay más de PP y PSOE porque hay más alcaldes de estos partidos, simplemente", añade este.
Ambos destacan que en numerosas ocasiones el beneficio que obtienen los cargos públicos implicados no es, ni siquiera, económico. "Una noche de juerga con chicas, un puesto de trabajo para un familiar... es suficiente para que algunos se presten al cohecho y la prevaricación", señalan desde el Instituto armado. Sus colegas de la Policía recuerdan incluso un caso en Valencia, bautizado como Sobre, en el que la mordida se reducía a 5.000 euros.
Los conseguidores
"En esos casos, los que se quedan con los millones son las otras piezas de la trama", aclaran en referencia a empresarios y a los que denomina conseguidores; es decir, los encargados de poner en contacto a los políticos con los constructores dispuestos a conseguir recalificaciones y obras a golpe de maletín. "La implicación de éstos es la más difícil de probar", asegura el policía.
* Público - ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA - MADRID - 24/01/2009
Foto: Los Alcázares (Murcia), policía Ayuntamiento - laverdad.es
El Ventorrillo gana una batalla
ELPAÍS/Madrid* : Las abuelas del Ventorrillo, un grupo de vecinas que pleitea contra una inmobiliaria para que no las echen de la corrala donde viven, tienen algo que celebrar. Llevan casi dos años entre puntales y escombros, con una malla verde de obra que cubre la fachada y varias casas del edificio clausuradas. Pero un juez acaba de darles un respiro.
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 25 de Madrid, en un auto del 20 de enero, autoriza al Ayuntamiento a inspeccionar las viviendas vacías que la propietaria del edificio, la inmobiliaria Sistemas 23, tiene cerradas a cal y canto. Urbanismo reclamó hace un año que le dejaran pasar a los pisos clausurados para acometer por ejecución sustitutoria las obras que necesita la corrala. Eso significa que el Ayuntamiento arregla y la empresa paga.
Urbanismo tomó la decisión después de reclamar a la propietaria en cuatro ocasiones, según el auto, que solucionara los desperfectos. En 2001, el Ayuntamiento avisó de deficiencias en el saneamiento de la finca por humedades y trozos podridos de muro. Tras varios requerimientos fallidos, volvieron a reclamar medidas de seguridad en 2007 sin éxito. En enero de 2008, el Ayuntamiento aprobó un decreto para que entraran los técnicos municipales a arreglar la corrala, construida en 1900. La empresa, que ayer declinó atender a este periódico, no les dejó pasar. Ahora el Ayuntamiento dispone de un mes y medio para entrar en la corrala, que de momento no amenaza ruina, según Urbanismo.
El auto "supone un éxito y un precedente por la gran cantidad de viviendas que hay en la misma situación en Madrid", según David Lucas, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento. Para las abuelas es la primera victoria en una lucha que empezaron hace dos años. En 2007, la inmobiliaria les reclamó por carta que abandonaran la corrala, en la que algunas llevan casi 80 años con contratos de renta antigua. La mayoría se negó y empezó a pleitear. Como Adela Salas, de 83 años, que paga 31 euros por un piso de 20 metros cuadrados en el que su familia vive desde 1930. "Tengo muchas esperanzas de que se acabe este quebradero de cabeza", aseguraba ayer.
Desde que se conoció su caso se han hecho famosas. Tienen su propio blog en Internet, han salido en varias televisiones y han recibido visitas de políticos como la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. Otra de las abuelas, Luisa Martín (83), espera "que la pesadilla se acabe". Esa pesadilla incluye varias visitas al juzgado. Su abogado ha recurrido a la Audiencia Provincial para evitar que desahucien a la anciana. Aún no sabe si podrá quedarse en la corrala, rehabilitada o no. Pero ya ha decidido que, tras ganar esta batalla, organizará una fiesta con sus vecinas.
* ELPAIS.com - P. ÁLVAREZ / E. G. SEVILLANO - Madrid - 22/01/2009
Foto: Madrid, abuelas Ventorrillo - 20minutos.es
Cambio sustancial en los procesos de evaluación ambiental de los planes urbanísticos
Ecologistas en Acción de Andalucia* se ha dirigido a la consejera de Medio Ambiente para demandarle un cambio sustancial en los criterios que sigue esa Consejería para evaluar el impacto ambiental de los planes urbanísticos. Hay que advertir y denunciar que el caos urbanístico de la mayoría de los municipios andaluces ha sido provocado por Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs) que tienen informe favorable de Medio Ambiente.
Es evidente que el crecimiento urbanístico que ha experimentado Andalucía en estos últimos años, y los planes de expansión que incluyen la práctica totalidad de los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs), es totalmente insostenible desde los puntos de vista ambiental, económico y social. El ritmo de ocupación del suelo en Andalucía ha triplicado el del crecimiento de la población, colmatando zonas litorales, áreas metropolitanas e, incluso, municipios de espacios naturales. El desmesurado peso específico del entramado financiero-constructor ha sido el responsable de esta situación, pues ha venido presionando política y financieramente (bien vía convenios legales, bien vía sobornos ilegales) a las administraciones locales para que pongan más y más suelo a su disposición para construir nuevas viviendas. Esta política irresponsable de basar el “desarrollo” en la mera construcción de viviendas ha agravado en Andalucía la crisis económica que padece nuestro país.
Ecologistas en Acción ha venido denunciando en sus alegaciones a los PGOUs y demás figuras de planeamiento urbanístico que este modelo es insostenible desde el punto de vista ambiental, ineficiente desde el punto de vista productivo, e insolidario desde el punto de vista social. El tiempo y los hechos nos están dando la razón.
La práctica totalidad de los PGOUs que se han venido aprobando desde 1994, año en que se aprobó la Ley de Protección Ambiental de Andalucía que obligaba a someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos, incluyen desmesuradas previsiones de crecimientos claramente especulativos, y todos se han aprobado con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva aprobada por la Consejería de Medio Ambiente (CMA). Muchos de estos PGOUs incluyen macrourbanizaciones asociadas a campos de golf, sin tener siquiera garantía de mantenimiento de los servicios necesarios ni del agua.
Esta vorágine especulativa y este modelo insostenible, reconocido en estudios e informes oficiales, e incluso en Planes de la propia Junta como el POTA, no hubiera sido posible sin el beneplácito de la CMA, que nunca evalúa en las DIAs las consecuencias ambientales a corto, medio y largo plazo de estos crecimientos urbanísticos. Tampoco se analizan ni evalúan los impactos de los planes urbanísticos sobre el paisaje, los recursos naturales o su repercusión sobre impactos globales como el cambio climático. Para la CMA estos impactos parecen no tener la menor importancia. Tampoco se incluyen en las DIAs la realización de balances ecológicos, de forma que se pueda evaluar globalmente las consecuencias del crecimiento urbanístico propuesto en los PGOUs en cuanto a aumento o disminución del consumo de recursos naturales básicos (agua, energía, suelo, materiales), así como de la correcta gestión de sus ciclos.
La CMA ignora incluso los objetivos, criterio, normas, líneas estratégicas, medidas y orientaciones de sostenibilidad ambiental que se incluyen en normas legales aprobadas por la propia Junta de Andalucía y/o el Parlamento Andaluz, como son el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 de Andalucía. Ésta última, promovida por la propia CMA, nunca se menciona en las DIAs.
Una vez aprobadas las correspondientes DIAs, la CMA no suele realizar un seguimiento de su cumplimiento. Incluso cuando se denuncia los incumplimientos de las condiciones vinculantes que incluyen, la CMA suele contestar que no le compete el hacerlas cumplir, pues asegura que es una obligación de los propios Ayuntamientos. La CMA tiene la obligación legal de supervisar la aplicación de las DIAs que aprueba, su actitud negligente supone una clara dejación de funciones que fomenta todo tipo de ilegalidades urbanísticas.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción entiende que es necesario un cambio sustancial en los procesos de evaluación ambiental de los planes urbanístico, para que se incluyan criterios de sostenibilidad que frenen los modelos especulativos que provocando impactos irreversibles sobre el medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje de Andalucía.
Por todo ello hemos solicitado a la consejera:
· Que se replantee la metodología de la evaluación del impacto ambiental del planeamiento urbanístico, incluyendo objetivos y criterios de sostenibilidad.
· Mantener una reunión para analizar las modificaciones que se deben introducir en la metodología de evaluación del impacto ambiental del planeamiento urbanístico.
* Ecologistas en Acción de Andalucía - 22.01.2009
El diputado y 'exconseller' balear del Territori declara ante el juez sobre compras inmobiliarias
ELPERIÓDICO/Palma* : El diputado autonómico y exconseller insular de Ordenació del Territori por Unió Mallorquina (UM), Bartomeu Vicens, ha prestado declaración durante dos horas ante el juez sobre una serie de adquisiciones inmobiliarias conocidas durante la instrucción del caso Son Oms, de corrupción urbanística.
Vicens, que ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) a las 10.00 horas, ha declarado desde las 11.30 hasta las 13.30 ante el juez Antoni Capó, y ha respondido a todas las preguntas del fiscal Anticorrupción Joan Carrau, según han indicado fuentes del caso.
El diputado ha salido del juzgado después de que el juez no haya pedido ninguna medida cautelar contra él. El exconseller ha salido del Tribunal solo y ha declinado comentar a la prensa el contenido de su declaración: "Todo lo que tenía que decir, se lo he dicho al juez", ha afirmado. Tras Vicens, siguen declarando ante el magistrado otros dos imputados, además de un testigo.
Se enfrenta a 19 años de cárcel
Los imputados citados hoy por el juez son, además de Vicens, su esposa, Antònia Martorell, y la administradora única de la sociedad Metalumba, Elisabeth Diéguez. Como testigo declara un miembro del grupo inmobiliario Gea, una de las sociedades investigadas en la causa por sus relaciones con Vicens.
Según las mismas fuentes del caso, la declaración de hoy de Vicens ha versado sobre una serie de adquisiciones inmobiliarias descubiertas durante la instrucción de este caso de corrupción relacionado con el polígono palmesano de Son Oms, por el que el diputado autonómico está en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros.
Vicens, aforado y exconseller insular del Territori cuando se produjeron la mayoría de los hechos, está imputado por ahora de cinco delitos, entre ellos falsedad, estafa y blanqueo, y podría enfrentarse a una pena que puede rondar los 19 años de prisión. Suspendido por su partido por su imputación en Son Oms, Vicens aún ocupa un escaño en el Parlament balear dentro del grupo mixto.
* El Periódico - EFE - 23.01.2009
Foto: Palma, polígono Son Oms - diariodemallorca.es
Vecinos de Aluche piden que la "operación campamento" prime lo social sobre lo especulativo
ECODIARIO/Madrid* : La Asociación de Vecinos de Aluche (AVA) expresó hoy su confianza en que la "Operación Campamento" prime los equipamientos sociales sobre la edificación residencial para que la prioridad sea social y no especulativa.
Después de que la delegada de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, anunciara ayer el desbloqueo de la "Operación Campamento", esta organización señaló, en una nota de prensa, que "las propuestas de las asociaciones de vecinos solicitaban un replanteamiento de esta iniciativa para que primaran los equipamientos sociales por encima de la edificación residencial, a fin de que la prioridad fuera social y no especulativa.
"Se solicitaba una reducción de la edificabilidad a través de la eliminación de las parcelas destinadas a la construcción de vivienda libre y la consiguiente redistribución de las parcelas de vivienda protegida y dotacionales, aumentando la superficie destinada a usos sociales públicos y ampliando la zona de protección de los entornos naturales de los arroyos Meaques y Valchico", añadió.
Los vecinos de Aluche esperan que el nuevo plan parcial de la operación contemple estas peticiones y tenga en cuenta que gran parte de la misma afecta a terrenos que estaban declarados como no urbanizables con protección ecológica en el Plan General de 1985 y por tanto se encuentran afectados por la sentencia de 3 de julio de 2007 del Tribunal Supremo, lo que podría generar problemas legales en el futuro.
Finalmente, esta organización advirtió a todos los vecinos de que surgen asociaciones y cooperativas "con promesas infundadas que se aprovechan de las necesidades de vivienda de la gente con el objetivo de obtener beneficios económicos".
"Solicitamos a las administraciones, y en especial a la delegada de urbanismo, que no se limiten a denunciar estas prácticas, sino que actúen legalmente para impedirlas", concluyó.
* El Economista- Ecodiario - Servimedia - 22.01.2009
Foto: Madrid, terrenos Operación Campamento - soitu.es
