ELFARO* : El colapso que Ceuta vive en la actualidad está provocando un auge de las ‘infraviviendas’ y un deterioro de las condiciones de vida. Las autoridades intentan arreglarlo y los ecologistas avisan sobre sus consecuencias. Un documental emitido por una cadena nacional, TVE, la semana pasada ponía de relieve uno de los mayores problemas de Ceuta: el ‘autourbanismo’.
La premisa que utilizaron fue que la ciudad se encuentra sitiada: por un lado el mar y por el otro una frontera que la separa de África. Este hecho supone un grave problema de vivienda e infraestructuras para un lugar donde se apiñan 75.000 habitantes y que literalmente no puede crecer más.
La realidad dicta que no se puede construir ni un centímetro más, que no se dan más licencias para urbanizar y que en algunos barrios se sigue construyendo al margen de la legalidad y en terrenos que pertenecen al Ministerio de Defensa. Esta situación ha provocado un incremento de la ‘infravivienda’, casas que están bajo mínimos y que no reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias, y del ‘autourbanismo’, la ley del “sírvase usted mismo” en materia de construcción y ordenación urbanística. Grandes ejemplos de ellos son las zonas de Cortijo Moreno, Recreo Alto, Loma Larga o el Príncipe, donde mucha gente vive donde y como puede.
Las autoridades de la ciudad son conscientes de este problema. Juan Manuel Doncel, consejero de Fomento, afirmó a este periódico que el Gobierno estaba aprobando ya algunos planes para reordenar el caos urbanístico y que se estaban creando viviendas de VPO para ir “realojando” a las personas que habitan en esas casas. Igualmente dijo que la realidad ceutí tenía otros matices y que ellos estaban “firmando acuerdos con Defensa” para que les cedieran suelo urbanizable. Sobre las zonas verdes, las grandes olvidadas en este asunto, explicó que actualmente son “las que hay” y que se ceñirán al Plan General de Ordenación Urbana, en el que se recoge un apartado para la dotación de zonas verdes. Desde la asociación ecologista Septem Nostra afirmaron que Ceuta se encuentra bastante lejos del estándar del Reglamento de Planeamiento, que establece una media de cinco metros cuadrados por habitantes, situándose en 1,8 por habitante. Esto a pesar de que en su estudio contabilizaron como superficie total de zonas verdes todos los parterres y arriates dispersos por la ciudad, así como espacios que han perdido, desde su punto de vida, la condición de zona verde, como es el caso de la Plaza de los Reyes tras su remodelación. Todo ello hace difícil apuntar a soluciones tempranas para mejorar la calidad de vida de los 'caballas' más desfavorecidos.
Desde Septem Nostra matizaron que Ceuta, debido a su escasa superficie, presenta una densidad de población del hecho urbano realmente extrema. Esto se traduciría en unos valores de huella ecológica absolutamente desmesurados, así como en la amplia superación de la biocapacidad o capacidad de carga del sistema ecológico del territorio. Esto conlleva una serie de consecuencias medioambientales y sociales que están presentes en la realidad cotidiana: congestión urbana, colapso del tráfico, altos niveles de contaminación acústica, segregación y conflictividad social, paro, enfermedades y la total destrucción de una serie de parajes naturales y culturales de extraordinario valor, como el Monte Hacho.
José Manuel Perez Rivera, presidente de Septem Nostra, manifestó que ellos apostaban por que los esfuerzos de las administraciones se centraran en la mejora de la estructura urbana y en la dotación de servicios y equipamientos que mejoren la calidad de vida de los ceutíes. Del mismo modo matizó la necesidad de que se adoptaran medidas urgentes, dada la insostenibilidad del modelo de crecimiento urbano y poblacional actual.
* El Faro Digital - N.G. - 12.01.2009
Foto: Ceuta, vista - wikipedia.org
Ceuta: El problema del ‘autourbanismo’
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La oposición vecinal rebrota en Barcelona
ELPAÍS* : Cuando se cumple año y medio del actual mandato municipal, el alcalde Jordi Hereu se enfrenta a problemas vecinales, en su mayoría relacionados con el reordenamiento urbano, en muchos de los distritos de la ciudad. Por ejemplo, la recalificación propuesta por el Barça en Les Corts, el plan de mejora del Carmel y la montaña rusa del Tibidabo, puesta en marcha la pasada Navidad.
Fuentes del equipo de gobierno consideran que son cuestiones baladíes, pero no todo el mundo lo ve igual. Eva Fernández, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, estima que son problemas que rebrotan cíclicamente porque el Consistorio no los acaba de cerrar. "La crisis ha puesto en duda un modelo de ciudad megalómano y de crecimiento urbanístico sin límite. Ahora hay que dar solución a los problemas de las personas afectadas por la crisis", sostiene Fernández.
El alcalde y el teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García-Bragado, mantuvieron el jueves pasado una larga reunión con Fernández para repasar problemas de la ciudad. Joaquim Forn, de CiU, avisa que muchos de los casos están "enquistados" y reflejan la incapacidad del bipartito para dialogar: "Su modelo de ciudad está agotado. Ahora van a nombrar secretarios técnicos (uno por cada uno de los 73 barrios) en los distritos, que serán comisarios políticos". Éstos son algunos de los conflictos.
- Les Corts y el Barça. La futura recalificación del Miniestadi es uno de los problemas de mayor calado. El Consistorio y el Barça alcanzaron en septiembre un acuerdo que preveía la construcción de 1.600 pisos. La decisión fue acogida con ira por la coordinadora vecinal, que tacha el plan de especulativo. La concejal Montse Sánchez dice que la recalificación no está decidida y ha impulsado una mesa de participación ciudadana. El día de su constitución fue un fiasco: cuatro de seis asociaciones de vecinos se retiraron y sólo se quedaron las de Sant Ramon y Fígols, y cuatro entidades más, entre ellas la plataforma de disminuidos y de invidentes de Les Corts. La coordinadora rechaza la mesa porque, según Adela Argelet, la portavoz, la recalificación está pactada y sólo queda la movilización. La federación de vecinos sostiene que desde el primer proyecto, Barça 2000, hasta ahora no ha habido ninguna planificación en Les Corts sobre las necesidades del distrito y que el problema sigue intacto.
- La montaña rusa. El Ayuntamiento ha inaugurado la montaña rusa más polémica de todos los tiempos. Resignados a su suerte, los vecinos han acogido desolados la tala de encinas, que se elevan a más de un centenar, aunque el Ayuntamiento reduce la cifra a 36. Fuentes municipales atribuyen la oposición a una simple postura elitista de quienes viven en Collserola, que, añaden, creen que la montaña es suya y no quieren que se popularice. La insinuación incendia a SOS Tibidabo y revela que el Ayuntamiento no entiende que alguien quiera preservar la naturaleza y defienda el ecologismo por encima de intereses privados. Grupos de vecinos se han manifestado en Vallvidrera, por otra parte, por incidentes causados por menores en los centros El Bosc y Vilana.
- La nueva plaza de Lesseps. La nueva plaza de Lesseps ha generado tal impacto que ha dividido a los vecinos de la plaza. La plataforma Una altra plaça és possible ha quedado tan satisfecha que se ha disuelto, pero se ha creado otra muy crítica con la reforma. Los vecinos lamentan la falta de áreas verdes, que no se haya recuperado la pendiente natural, y el exceso de hierro de un monumento para muchos incomprensible. El Ayuntamiento cree que el proceso participativo fue "impecable", pone como ejemplo la disolución de la plataforma inicial y quiere dialogar con el nuevo colectivo que aspira a mejorar la plaza. "La participación vecinal la hizo Itziar González [edil de Ciutat Vella] y la hizo bien", dice Forn. "El problema es que luego el tema pasó a Urbanismo y la solución fue otra", añade.
- El hotel del Palau. Ciutat Vella se enfrenta a problemas endémicos como la especulación en la Barceloneta y el Raval, donde hay un repunte de los casos derivados del tráfico de drogas y la prostitución. Las mismas mujeres se quejan del acoso policial tras la apertura de un hotel de lujo en la Rambla del Raval. Y está el espinoso tema del futuro hotel junto al Palau de la Música, promovido por el Orfeó y el propio Palau. La Generalitat ha obligado al arquitecto Óscar Tusquets a reformar el proyecto que preveía derribar fincas modernistas. Los vecinos lamentan que se les invite a debatir el asunto cuando la decisión de instalar el hotel ya era irreversible. Tras el proceso participativo, muy crítico con el hotel, el distrito de Ciutat Vella ha pedido a Urbanismo que pare el proyecto y lo limite a criterios de "sostenibilidad" para conseguir "la confluencia y voluntad de las partes". Urbanismo tendrá la palabra.
- La paciencia de Sants. Si eternas fueron las obras del AVE, aún lo serán más las del recubrimiento del cajón de las vías que ha alterado de arriba abajo la vida de Sants. No son buenos tiempos para el distrito de Sants-Montjuïc. A las quejas por la falta de aparcamientos se sumaron las del barrio de La Satalia, en la falda de la montaña. El Consistorio ha querido convertir en peatonal la calle de Margarit, la única que da acceso al pintoresco barrio, y se empeñó en dejarla en cuatro metros de ancho. "Al final será de cinco, pero nos ha costado un esfuerzo desproporcionado", dice Ana Menéndez, portavoz vecinal, criticando el poco diálogo de la edil Inma Moraleda, defensora del proyecto para ganar espacio, también en este caso extremo, para el peatón a costa de los coches.
- Los afectados del Carmel. El Ayuntamiento aprobó en julio el Plan del Carmel, que afecta a 1.300 personas que se verán expropiadas. Más de 500 familias perderán su vivienda y acabarán en un piso puente hasta que se les dé uno definitivo. "Soy uno de los afectados y tengo claro que en el Carmel no se ha hecho nada en 50 años y que necesitaba una reforma, pero no a ese precio", afirma Pere Ferrer, portavoz de la coordinadora, que agrupa a nueve plataformas. El 65% de los afectados han presentado alegaciones. Los vecinos temen tener que poner dinero tras la expropiación. El Ayuntamiento ha calculado la indemnización a 1.600 euros por metro cuadrado, cuando el precio en el mercado es de 3.200. A esa cantidad, hay que sumar que los afectados tendrán que costear una plusvalía y que, además, se les descontarán 900 euros de alquiler por el piso puente. "Tenía un piso pagado y sin cargas, y quiero otro igual", dice Ferrer. Algunas entidades comerciales, sin embargo, defienden el plan.
* ELPAIS.com - ÀNGELS PIÑOLLES CORTS Y EL BARÇA - Barcelona - 11/01/2009
Foto: Manifestación de vecinos en Les Corts contra el proyecto del Barça- MARCEL·LÍ SÀENZ, elpais.com
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Axarquía: explosión urbanística y globalización
JORGE BENAVIDES S.* : La huella que sobre el territorio ha dejado el urbanismo salvaje de la última década ha empequeñecido los desmanes preconstitucionales, ha desgarrado montañas, ha contaminado arroyos, ha invadido parques naturales protegidos, ha destrozado el paisaje, ha burlado la Ley de Costas y ha sembrado de ilegalidad el campo (más de 20.000 casas). En cada provincia, municipio o comarca las manifestaciones de esta barbaridad tienen diversas características, muchos matices.
Llevo investigando cuatro años este fenómeno con el fin de cuantificar y caracterizar los modos de consumo de los cuatro elementos que los clásicos consideraron fundamentales para la vida: aire (contaminación), agua, tierra (suelo) y fuego (combustibles fósiles). Actualmente están incluidos dentro del concepto de sostenibilidad, entendida en su original y única acepción: la responsabilidad social en el consumo de los recursos naturales no renovables.
Los técnicos, los políticos, los ciudadanos y la administración del estado deben saber que el suelo es un recurso limitado. Cuando se ocupa con fines urbanísticos se hace productivamente irrecuperable, queda definitivamente esterilizado.
El territorio andaluz está dividido en 770 municipios, con más de 2000 entidades urbanas. Con un criterio demográfico, la Ley Nacional para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007) al respecto distingue entre el Área Geográfica donde hay un núcleo inferior a 20.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 hab/km. cuadrado; la zona rural que sirve de referencia para el Programa de Desarrollo Rural Sostenible y el Municipio rural propiamente dicho, con menos de 5.000 residentes.
Hasta hace poco la administración tenía asumido que el 23% del total de la población andaluza era rural y el resto, urbana. Desde la Ordenación del Territorio, técnica para ocuparlo racionalmente con edificaciones y usos; más todavía desde la óptica del PGOU, la cuestión merece numerosas y finas matizaciones.
La realidad va más allá de la estadística y preña de nuevos significados a las palabras. Un ejemplo: un pueblo de la Axarquía malagueña tiene 3.712 habitantes pero 4 de cada 10 son extranjeros. Si se quiere comprar una casa aquí, es más fácil hacerlo por internet a inmobiliarias del Reino Unido, de donde precisamente procede el 54% de la población extranjera residente.
Desde Málaga hay 55 km; 43 por autovía y el resto por carretera asfaltada. Estadísticamente, todas las familias usan su coche. Del total de las viviendas, 1 de cada 3 destroza el paisaje; corresponden a chalés ´desparramados´ en el territorio, muchos tienen piscina propia y la mayor parte, una legalidad incompleta. En suma, aquí la forma de destrozar el paisaje, es similar a la de Los Ángeles (15 viv/hect.) pero con menor densidad y, por lo tanto, el consumo/derroche de los recursos naturales no renovables es más escandaloso, insostenible.
Según el IEA, la principal actividad económica de este municipio es la construcción; después, el comercio. De sus 53 km. cuadrados, dedica a la agricultura menos de 1. La actividad económica no es rural, la conectividad con el resto del mundo es mayor que con Sevilla capital de Andalucía y el modo de vida es urbano. En algunos de estos pequeños núcleos -cosa que no sucede ni en las capitales- se publican periódicos bilingües y en los bares se exponen anuncios en inglés ofreciendo todo tipo de servicios. Desde 1988, para mayor singularidad, hasta tienen moneda propia de plata, denominada ´Axarco´. Identificar como rural a éste y otros municipios similares de la Axarquía, con un alto porcentaje de casas y pobladores desparramados, no es real.
La economía globalizada es consecuencia de las formas de producir (invernaderos, cultivos hidropónicos), reproducir (semillas conseguidas con ingeniería genética), distribuir (compraventa por internet, paquetería internacional inmediata) y de relacionarse (Match, Second Life, chats). Todos estos municipios se caracterizan por tener un alto porcentaje de actividades urbanas. Sin embargo, debido a sus limitados recursos financieros y técnicos, pocos municipios pequeños han logrado aprovechar las posibilidades que brinda la globalización para hacer realidad un desarrollo con calidad de vida.
En este contexto, los Grupos de Desarrollo Comarcal, llamados a introducir, canalizar y facilitar los factores de innovación en todos los aspectos para mejorar el desarrollo, han analizado una situación de plena actualidad: la integración de los nuevos pobladores en los núcleos urbanos con pequeña población aborigen, afectados por la fiebre de la edificación desparramada, desmesurada y depredadora: inmigrantes de todas las edades y ocupaciones, nacionales, de la UE y extracomunitarios. Bien.
El siguiente paso tendrá que darlo la administración: proponer soluciones a partir de la fea realidad pero obviando una hipotética orden judicial para demoler las casas ilegales porque sería inejecutable y también la legalización general por decreto porque sería inconcebible e injusta. Hay que elevar al ámbito de la técnica y de la acción de gobierno las sinergias positivas de la realidad y las espontáneas iniciativas de integración para incorporar los aportes que ofrecen los nuevos pobladores. La crisis debería ser el inicio del éxito.
* Profesor Titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Universidad de Sevilla.
* La Opinión de Málaga - Opinión - 11.01.2009
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Valencina: Un colectivo denuncia que la adaptación del PGOU no cuenta con los vecinos
DIARIODESEVILLA* : El colectivo Valencina Habitable denunció ayer que el Ayuntamiento de la localidad haya iniciado el proceso de adaptación de su plan general urbanístico a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "sin contar con la participación de los vecinos".
Fuentes del colectivo indicaron que el Ayuntamiento valencinero, encabezado por Antonio Suárez (PSOE), no ha publicado en la web municipal el anuncio de apertura de la exposición pública del documento de adaptación a la LOUA, ni tampoco el contenido de la "normalización" del PGOU a los estándares legales.
Valencina Habitable criticó también que el Consistorio no haya ofrecido "respuesta alguna" a la petición de la asociación conservacionista para dar publicidad al proceso de adaptación de las actuales normas subsidiarias a la LOUA, lo que "ha evitado" que los ciudadanos hayan podido presentar alegaciones.
De este modo, Aljarafe Habitable denuncia que el regidor "se ha olvidado de sus posturas a favor de la participación ciudadana y especialmente en cuestiones urbanísticas" que defendió durante la última campaña electoral municipal, en mayo de 2007.
Valencina Habitable recordó cómo, por contra, "en la anterior legislatura el PP y el PSIV colgaron en la web municipal tanto el anuncio de la exposición pública como los ficheros de las 8.000 viviendas que aprobaron, ejemplo de urbanismo salvaje y depredador del patrimonio arqueológico, paisajísitico y medioambiental, del que al menos pudimos tener información".
Valencina Habitable pidió a Antonio Suárez, que tome "buena nota" de lo que "ha hecho" su homólogo en Salteras, el también socialista Antonio Valverde, cuyo Ayuntamiento "colgó en la web" toda la documentación del PGOU.
* Diario de Sevilla - R. P., valencina de la concepción - 11.01.2009
Foto: Valencina_de_la_Concepcion (Sevilla) - andaluciarustica.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Una Zamora de ficción
JUAN JESÚS RODERO* : Como era más que previsible, el borrador de la revisión del Plan de Urbanismo de Zamora ya se ha filtrado a la oposición, y a la opinión pública por tanto. El portavoz de IU en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Guarido, ha dado a conocer, días pasados, algunas características del atrasado PGOU que han dejado perpleja a una ciudadanía que ya de poco o nada se sorprende. Pero es que hay cosas que parecen rebasar todos los límites. Fíjense, sino. Porque según la denuncia de la coalición izquierdista la revisión del Plan se proyecta hacia una Zamora habitada por el triple de la población actual y con 40.000 pisos más. De entrada, no se sabe si reír o llorar.
Bien está, es imprescindible, que los políticos que nos gobiernan tengan visión de futuro. Pero aquí o no llegamos o nos pasamos. Esto más que futuro es ciencia ficción. ¿Alguien se puede imaginar Zamora como una ciudad de 170.000 habitantes? Ni los más optimistas, imaginativos o visionarios. La capital no se despuebla, como el resto de la provincia, pero bastante hará con mantener su población.
Para tan largo viaje, de más de un año que ha durado la revisión del Plan, no se necesitaban alforjas, porque lo que en resumidas cuentas viene a señalar el portavoz de IU es que, en realidad, lo que ha hecho el equipo de gobierno municipal con el PGOU ha sido dar un paso atrás y dos adelante. Y encima, la revisión ha costado la friolera de 240.000 euros, que se pagarán, claro, con los impuestos de los zamoranos. El hecho es que este Plan, según Guarido, pretende recalificar más de cinco millones de metros cuadrados, por lo que es tildado por el grupo de la coalición izquierdista como el más especulador que ha tenido nunca Zamora.
El concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, ha replicado de inmediato que las cosas no son así, como se explica desde IU, ni mucho menos, y que este grupo vive en una calumnia permanente. El edil afirma que la revisión recorta un 40 por ciento del suelo edificable previsto anteriormente y que las cifras y datos que expone Guarido son meros cálculos interesados y partidistas. ¿A quién creer? En todo caso, la revisión será rechazada, casi seguro, tanto por IU como por PSOE, que ya hace mucho tiempo que anunciaron sus posturas. Y eso aunque el grupo de gobierno, que no tiene otro remedio, trate de debatir y llegar a un acuerdo con los grupos de la oposición, lo cual representa su única salida para la aprobación por el Pleno. Se ha llegado, pues, al punto que marcará el devenir municipal de la ciudad. Y serán de nuevo los independientes de Adeiza los que muy posiblemente tengan que decidir con sus dos votos, y esta vez ya no valdrán coartadas, ambigüedades, justificaciones y demás. En política hay que mojarse. O se apoya el Plan o no se apoya. Con todas sus consecuencias en ambos casos.
* La Opinión de Zamora - Opinión - 11.01.2009
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Los tribunales destapan el despotismo urbanístico de Castellón
ELPAÍS* : El PP goza de mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Castellón desde 1995. Prácticamente desde entonces, los mayores problemas con los que se ha tenido que enfrentar el equipo de gobierno son relativos al urbanismo. Ahora, los tribunales están destapando las maneras con las que los populares han proyectado la ciudad, sin consideración hacia los ciudadanos, que decidieron acudir a los jueces como única vía para reivindicar sus derechos y propiedades.
Y ha sido precisamente esa desatención a los vecinos la que llevó a estos a acudir a los jueces para solicitar su atención. De momento, eso ha provocado que se anule no solo el mayor y más emblemático programa urbanístico diseñado por el PP, el de Mestrets, sino también el total del planeamiento de la ciudad, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), modificado en 2000. En cualquier caso, estos no han sido los dos únicos asuntos que el Ayuntamiento de Castellón ha perdido en los tribunales. Remodelaciones de calles como Guitarrista Tárrega o Méndez Núñez o el rediseño de la avenida de Villarreal recibieron también un suspenso de los jueces, pese a que las resoluciones, en ocasiones, llegaron cuando los planes ya estaban ejecutados.
Durante cinco años, una veintena de vecinos del barrio Mestrets acudió a los plenos de Castellón para levantar sus pancartas cada vez que hablaba uno de los integrantes del equipo de gobierno del PP. Todos los últimos jueves de cada mes se dieron cita en el salón de plenos para seguir haciendo oír su voz tras la imposición de un programa urbanístico que consideraron contrario no solo a sus intereses como propietarios sino a su forma de vida. Mientras, sus recursos, presentados por vía judicial, siguieron una tramitación que finalizó en octubre, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió anular el acto de aprobación del PAI Mestrets. Esta decisión echó al traste el más amplio proyecto presentado por el PP en su programa electoral ya que incluye, además de 3.000 viviendas de protección oficial, el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, el edificio del rectorado de la VIU de Frank Gehry, la Ciudad Deportiva y la Ronda de Circunvalación. Los vecinos han reprochado, a lo largo de este tiempo, la nula capacidad de diálogo del Ayuntamiento que, en cualquier caso, sí negoció con otros propietarios. Aún así, la falta de entendimiento entre los responsables del urbanismo castellonense y estos afectados fue el motivo por el que se recurrió a los tribunales.
Pero por grande e importante que sea el planeamiento, el PP deja vecinos "desatendidos". En el caso del Plan General, anulado por el Tribunal Supremo, el recurso procede también un grupo de vecinos. En su sentencia, el tribunal argumenta su decisión en el hecho de que el Ayuntamiento no otorgó voz a los ciudadanos para que participaran en el procedimiento de elaboración del planeamiento, hurtándoles así la posibilidad de alegar contra el mismo. Así, hace referencia al derecho constitucional por el que todos los ciudadanos han de tener audiencia en los procedimientos de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
Formalmente, la anulación del PGOU no tiene apenas consecuencias prácticas, aunque sí la obligación de volver a realizar la tramitación, incluyendo la exposición del proyecto al público para que los ciudadanos puedan conocer los detalles y, en el caso de que los consideren, realizar alegaciones. Sin embargo, desde el punto de vista político, esta segunda decisión de los tribunales, que ha llegado apenas dos meses después de conocer el fallo sobre el PAI Mestrets, supone un auténtico varapalo para el equipo de gobierno municipal. Más si se tiene en cuenta que los planeamientos cuestionados salieron adelante cuando el actual alcalde, Alberto Fabra, era el máximo responsable del urbanismo castellonense.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 11/01/2009
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El jueves comienza el juicio contra el alcalde de Orkoien, que se enfrenta a ocho años de inhabilitación
EUROPAPRESS/Navarra* : El próximo jueves, 15 de enero, comenzará en el Juzgado de lo Penal nº3 de Pamplona el juicio contra el alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de viviendas de protección oficial. El fiscal pide una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Los hechos que se juzgarán el jueves, a partir de las 9.30 horas, tuvieron lugar en el año 2003. La sociedad Iturgain, presidida por el propio alcalde y encargada de la gestión urbanística de Orkoien, promovió la construcción de 216 viviendas de protección oficial.
Tras finalizar el proceso de adjudicación de esas VPO, dos viviendas quedaron vacantes, puesto que uno de los adjudicatarios había fallecido y otro no había logrado financiación para hacer frente al pago.
El fiscal sostiene en su escrito que algunos vecinos se enteraron de forma particular de estas vacantes y remitieron carta al Ayuntamiento solicitando la adjudicación de una de esas dos viviendas, aunque desde el Consistorio no se habían publicitado dichas vacantes para conocimiento general de los ciudadanos.
Según el fiscal, las dos personas que remitieron carta resultaron adjudicatarias de las viviendas, pese a que no habían participado en el proceso previo de adjudicación de las 216 VPO.
El Ministerio Público considera que esta concesión se realizó "omitiendo no ya solo la legislación vigente, sino cualquier tipo de procedimiento administrativo al respecto que preservara los principios básicos de publicidad y concurrencia, con plena desigualdad para el resto de los ciudadanos que pudiesen estar interesados, no ya solo los participantes en el proceso de selección y que no fueron adjudicatarios, sino otros nuevos que pudieran concurrir en igualdad de condiciones a esas dos personas".
El fiscal añade que, "queriendo dar una apariencia de legalidad" a estos hechos, la Junta General de Iturgain acordó condicionar la entrega de esas dos vivienda a que se estudiase si los adjudicatarios cumplías los requisitos, "sin que conste que se hiciese informe al respeto y en todo caso sin nueva Junta que examinase lo supuestamente informado y decidiese en consecuencia".
El Ministerio fiscal continúa su relato explicando que el 26 de enero de 2006 el alcalde, ante diversas preguntas de un concejal del grupo independiente, reconoció en el pleno del Ayuntamiento que las dos viviendas se habían adjudicado "a dedo".
Ello motivó la actuación del departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, que solicitó a Iturgain que le remitiese la documentación acreditativa del baremo aplicado, así como las solicitudes, documentos aportados por los solicitantes y puntuación dada a los adjudicatarios, entre otras.
Sin embargo, según señala el fiscal, dicha documentación no fue remitida alegando que había sido destruida con anterioridad por la entidad gestora de Iturgain, Aranade S.L..
* Europa Press - 11.01.2009
Foto: Orkoien (Navarra) - orkoien.com
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Tema: NOTICIAS Navarra
El urbanismo desenfrenado no tiene límites en Aljaraque
GAS/Huelva* : De aquellos polvos tenemos estos barros. El desenfreno urbanístico permitió construir en suelos contaminados por cadmio, mercurio, arsénico... potencialmente tóxicos y cancerígenos. Se llegó a invadir hasta las Marismas, teóricamente paraje natural de alto valor ecológico.
Con fecha de 7 de agosto salió una resolución de la Dirección General de Medio Ambiente declarando contaminado el Plan Parcial Residencial 9, y posteriormente el 12 (que son linderos totalmente) en el sentido de declarar contaminadas zonas de estos planes residenciales por admio, mercurio, arsénico..., y otros metales pesados derivado de que toda aquella zona fue una zona dedicada a una actividad MIRENO-INDUSTRIAL durante mas de 100 años. Concretamente esa zona era dedicada al machaqueo de pirita.
Las instituciones dieron con dichas fincas, un pelotazo especulativo. Ni más ni menos que las declararon urbanas. Hoy se construyen chalet y que están a punto de ser entregados.
Los estudios realizados en dichas parcelas determinan que actualmente existe riesgo para la salud humana derivado de su toxicidad y por ser dicha contaminación potencialmente cancerígena.
Pero no bastaba con esto. Mientras se realizaban los estudios de contaminación ya teníamos a un valiente poniendo ladrillos sin haber salido la resolución. Ahora, y con el nuevo cambio de gobierno, pues el anterior Alcalde y su concejal de urbanismo están procesados por supuestos delitos de blanqueo de capitales, corrupción urbanística....etc., se preparan para echar cuatro capitas de arena por encima y declarar los suelos como no contaminados.
Cuando los vecinos que se vayan a vivir se enteren de todo esto, una vez firmadas las escrituras, me imagino que se liarán a poner denuncias a la constructora pero ya no habrá nada que hacer, seguramente la promotora dará concurso de acreedores y que vayan a por ellos.
La promotora, que empezó a vender las casas a primeros del 2006 era plenamente consciente de todo ello porque en esa fecha se estaban realizando los estudios de caracterización de suelos contaminados.
* Grupo de Acción Social (GAS) - Juan - 10.01.2009
Foto: Aljaraque - juntadeandalucia.es
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La Fiscalía comprueba "a vuelo de pájaro" si hay construcciones ilegales en los pueblos sin expedientes
LEVANTE/Valencia* : La Fiscalía de Valencia comprobará "a vuelo de pájaro" si hay construcciones ilegales en los términos de los municipios que no tienen abierto ningún expediente por infracción urbanística. De los 45 pueblos que ya han contestado al fiscal de medio ambiente, sobre su requerimiento para que le notificaran todas las infracciones, más de la mitad han comunicado que no les consta ninguna ilegalidad.
No obstante, el fiscal encargado de la investigación, Vicente Torres, está comprobando pueblo a pueblo si la información municipal se ajusta a la realidad. Para ello, utiliza dos herramientas básicas, el programa de vuelo virtual del Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) y el catastro.
En primer lugar, realiza un recorrido por el término municipal a través del denominado "Vuelo virtual" buscando alguna construcción, especialmente con piscina. Ello es posible a través de la ortofoto o fotografía aérea del ICV.
Cada parcela está identificada a través de unas coordenadas que conducen al número de expediente catastral, en el que figuran el polígono y la parcela.
Entonces, se acude a la página "on line" del catastro donde, a través del número de parcela, se especifica la extensión y la calificación del terreno, si es rústico o urbano y si hay declarado algún tipo de construcción.
Según explicaba Vicente Torres, "si los ayuntamientos no remiten los expedientes urbanísticos, hay que buscar a vuelo de pájaro, aunque sea costoso". Éste es el paso previo a enviar a los agentes del Seprona para comprobar "in situ" la ilegalidad.
* Levante-EMV - Regina Laguna - 9.01.2009
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Palazuelos de Eresma sigue apostando por el urbanismo desenfrenado
ECOLOGISTASENACCIÓN/Segovia* : El Municipio segoviano de Palazuelos de Eresma ha iniciado recientemente los trabajos para actualizar sus normas de planeamiento (las actualmente vigentes datan, nada menos que de 1981). De acuerdo con el avance del PGOU, sometido a información pública el pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento pretende elevar el número total de viviendas en el municipio hasta las 12.906.
Si estimamos una media de 3 personas por vivienda, las propuestas iniciales del Plan General plantean la posibilidad de que Palazuelos pueda superar los 38.000 residentes.
Según el censo nacional de viviendas, en 2001, Palazuelos de Eresma contaba 922 viviendas, más de un 40% de ellas segundas residencias. Aún suponiendo que en los últimos años esta cifra haya aumentado hasta las 1.500 viviendas, la propuesta contemplada en el avance del PGOU permitiría multiplicar por ocho el número de viviendas en el municipio. Se trata de un crecimiento a todas luces desmesurado.
Diversas asociaciones ecologistas y de defensa del patrimonio segovianas (entre ellas Ecologistas en Acción de Segovia, Ciudadanos por Segovia, Protejamos las Calderas o Centáurea) han alertado desde hace varios años sobre la ausencia de lógica y la insostenibilidad de los planes urbanísticos concebidos en Palazuelos. La evolución del negocio inmobiliario en el último año ha acabado dando la razón a estos grupos que, ya en 2006 y 2007, afirmaban en sus alegaciones a los macroplanes urbanizadores de Palazuelos resultaban desmesurados para el espacio territorial en el que se estaban planteando, planteaban serios impactos ambientales y conllevaban una oferta sobredimensionada que podría generar una situación caótica en el municipio, con urbanizaciones inacabadas dispersas por todo el término municipal.
Entre los colectivos de defensa ambiental ha causado sorpresa el comprobar cómo el nuevo PGOU que se prepara en Palazuelos ignora los cambios de tendencia acaecidos en el último año, con la explosión de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento de la denominada “economía del ladrillo”. El empecinamiento del alcalde de Palazuelos, Domingo Asenjo, en mantener los proyectos urbanísticos irracionales propuestos en el municipio en plena época de “tsunami urbanístico”, sin considerar el evidente cambio en el contexto económico, le ha llevado a ganarse entre los conservacionistas el sobrenombre de “Don erre que erre”.
A pesar de ello, en un nuevo ejercicio de participación responsable, Ecologistas en Acción de Segovia, Ciudadanos por Segovia y otros grupos se han dirigido, de nuevo, al Ayuntamiento de Palazuelos para trasladarle la idea de que el nuevo PGOU de la localidad debería considerar, entre otros aspectos:
La demanda de viviendas en la zona. Como es bien sabido, la demanda de viviendas ha sufrido un brusco descenso, que ha sido mucho más acentuado en el sector de las segundas residencias. Un informe recientemente realizado por el servicio de Estudios del BBVA en diciembre de 2008 estima entre 800.000 y 1.400.000 el número de viviendas nuevas que se encuentran a la espera de comprador en España. Sin embargo, el avance del PGOU se ha limitado a contemplar de forma automática un conjunto de desarrollos urbanísticos inconexos que han sido propuestos hace algunos años, sin considerar la nueva coyuntura económica o la evolución reciente del mercado inmobiliario.
Las disfunciones generadas por un crecimiento tan brusco como el que se está planteando en el Plan. Cabe pensar que un crecimiento tan intenso produciría disfunciones notables en elementos tan esenciales como: la red de infraestructuras de transporte, los sistemas de abastecimiento de aguas, los sistemas de depuración de aguas residuales y otros servicios públicos (por ejemplo, sistema de salud).
El impacto ambiental y paisajístico. En la actualidad, la vista de la Sierra de Guadarrama en ese sector es de una calidad sobresaliente. Elementos de gran atractivo visual como el cerro de La Atalaya y la población de San Ildefonso, que posee una integración en el paisaje modélica, proporcionan un carácter único a las vistas, en las que los componentes natural y cultural se refuerzan para configurar uno de los paisajes más bellos de la vertiente segoviana de Guadarrama. Este paisaje se vería inevitablemente desfigurado por el conjunto de desarrollos urbanísticos propuestos para esa zona.
En definitiva, se solicita al Ayuntamiento de Palazuelos y a los grupos políticos representados en el mismo que la planificación urbanística respete criterios de sostenibilidad económica y social. Evitando convertir el municipio en una sucesión deslabazada de segundas residencias y promociones inmobiliarias inacabadas y acomodando el crecimiento del municipio a la evolución del mercado de trabajo y a los condicionantes ambientales (disponibilidad de agua, respeto al paisaje, disponibilidad de servicios, etc.).
* Ecologistas en Acción de Segovia - 8.01.2009
Foto: ecologistasenaccion.org
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS CastillaLeón
Medio millar de británicos exigen "política honesta" con casas ilegales y ven "arbitrariedad" en ayuntamientos
EUROPAPRESS/Almería* : Medio millar de ciudadanos británicos residentes en la Comarca del Almanzora (Almería) exigieron hoy en una protesta por las calles de la capital la aplicación de una "política honesta" en la gestión del proceso para la regularización de las alrededor viviendas fuera de ordenación de las que son propietarios en ocho municipios y criticaron la "preocupante arbitrariedad" de las administraciones locales en función del partido que gobierna.
Así ha resumido el sentir de los integrantes de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) uno de los portavoces, Lenox Napier, quien señaló la paradoja que, a su juicio, supone el que permanezca "un edificio de 22 plantas en la playa de Carboneras" --en referencia al hotel de Azata del Sol en el paraje del Algarrobico-- frente al derribo que, hace un año, obligó a residir en un garaje al matrimonio formado por Leonard John y Helen Prior tras el derribo por orden judicial de su cada de dos alturas en Vera.
Napier recordó que ambos, para los que llegó tarde el amparo que solicitaron ante el Tribunal Constitucional (TC) en junio, no han recibido "compensación alguna ni una sola explicación" si bien matizó que desde el colectivo confían en que la Junta de Andalucía, que a su juicio "tiene culpa en unos casos y en otros no", ejecute al completo el plan de regularización anunciado en septiembre no sólo en beneficio de los afectados "sino también por la reputación de la provincia de Almería".
Los ciudadanos británicos, quienes tal y como ha reconocido la Administración autonómica adquirieron sus viviendas de "buena fe" y sin conocer su situación irregular, admiten que el citado plan no podrá normalizar algunos de los inmuebles que los promotores, según señaló el portavoz de la AUAN, construyeron "sobre ramblas, por ejemplo" pero exigen que se depuren responsabilidades porque no entienden "cómo los ayuntamientos dejaron que pasará cuando son pueblos tan pequeños que se ven las casas ilegales desde las ventanas de los consistorios".
Al hilo de esto, Napier anunció que han solicitado en la reunión mantenida con el delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luis Caparrós, la creación de una agencia que, integrada por técnicos autonómicos y representantes del colectivo, pueda coordinar las actuaciones al tiempo que canalice las compensaciones económicas a los ciudadanos británicos que, a su juicio, "suponen un muy buen negocio para la provincia" donde los 750.000 residentes del Reino Unido gastan una media de 1.000 euros al mes.
Desde el colectivo subrayan como "vital" el que se haga con "transparencia y mucha participación ciudadana" el citado proceso, iniciado ya en municipios como Arboleas, Albox, Cantoria, Partaloa o Zurgena a través del inventariado de las viviendas irregulares en cada uno de los términos municipales, a cuyos ayuntamientos instan a proteger a los "compradores de buena fe", algunos de los cuales --ahondan-- "corren el riesgo de ver su vivienda demolida" mientras "muchos viven sin suministro de energía eléctrica y agua potable".
Leonard John y Helen Prior, cuya situación ha motivado que se fije la cita para hoy, pertenecen a la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) que agrupa a los propietarios, en su mayoría de nacionalidad británica, de alrededor de 5.000 viviendas declaradas fuera de ordenación en ocho municipios de la provincia y sobre las que pesa, además de expedientes de disciplina urbanística incoados por la Junta de Andalucía, procesos judiciales en los que el Ministerio Fiscal interesa su demolición.
La Administración autonómica avanzaba, no obstante, en septiembre el inicio de un plan de actuación por el que las viviendas construidas sobre suelo no urbanizable en estas circunstancias tendrían prioridad en la regularización, que afectará al 90 por ciento de los inmuebles y de la que sólo quedarán fuera aquellas construidas sobre dominio público o en zona declaradas de especial protección medioambiental.
* Europa Press - ALMERÍA, 9 Ene 2009
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La Eurocámara pide más datos sobre abusos urbanísticos
ELPAÍS* : La europarlamentaria danesa Margrete Auken, encargada de redactar el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, inició ayer una nueva ronda de entrevistas con los sectores implicados antes de formular sus recomendaciones.
Auken, acompañada del también eurodiputado verde David Hammerstein, mantuvo ayer distintos encuentros con el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón; la asociación de constructores, la federación de promotores y la Corporación municipal de Parcent. Un municipio que se ha convertido en un referente de los abusos urbanísticos, después de que el Tribunal Superior de Justicia emitiese un auto que paralizaba varios planes urbanísticos de gran envergadura, tramitados al margen del plan general, por considerar que alteraban sustancialmente la fisonomía urbana y demográfica de Parcent.
En sus reuniones, la ponente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se interesó por los criterios por los cuales se establece en la Comunidad Valenciana que una urbanización es de interés público. Margrete Auken, según fuentes conocedoras de los encuentros, también encontró buena disposición en sus interlocutores para aprovechar el parón del sector inmobiliario y elaborar un marco legislativo nuevo más respetuoso con las personas y el medio ambiente.
La Federación de Promotores pidió a la delegación de europarlamentarios que otorgue a los tribunales españoles la misma credibilidad que concede al Parlamento Europeo y tachó de "novela de ficción" los abusos denunciados en algunos medios de comunicación ingleses. Los promotores fueron el colectivo más reacio a modificar un marco legislativo que, en su opinión, ahora tiene una "mayor transparencia y una definición más clara del interés público".
Hammerstein explicó ayer que el calendario previsto es que la Comisión de Peticiones presente su informe entre el 19 y el 20 de enero, tras lo cual se abrirá el periodo de presentación de enmiendas, que se debatirán en febrero, antes de remitir el documento al pleno del Parlamento Europeo en marzo.
La delegación tiene previsto mantener hoy otras reuniones en la provincia de Alicante, después de que el Gobierno español declinase opinar sobre un conflicto que compete a la Generalitat.
* ELPAIS.com - J. F. - Valencia - 09/01/2009
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
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El TSJC anula por primera vez el permiso de dos parques eólicos
ELPERIÓDICO* : El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anulado por primera vez los permisos para instalar dos parques eólicos, concretamente en la Serra del Tallat y en la Serra de Vilobí (en el límite entre las comarcas del Urgell, Garrigues y Conca de Barberà), por considerar que incumplen las normas urbanísticas.
Los parques, promovidos por la empresa Acciona, funcionan desde hace un año pese a que en su construcción no se tuvo en cuenta que se trataba de instalaciones singulares y que, por tanto, merecían un permiso especial, según dijo ayer Joan Vázquez, portavoz de la asociación ecologista Ipcena. "Construir aerogeneradores no es lo mismo que poner una gasolinera", reiteró.
Eoliccat, asociación que agrupa a 50 empresas del sector en Catalunya, precisó a continuación que la sentencia aún no es firme y que, por tanto, no crea jurisprudencia. De hecho, la Generalitat ya presentó el pasado día 2 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo "que permitirá que los dos parques continúen su actividad hasta que se resuelva de forma definitiva".
El problema de la sentencia es que la inmensa mayoría de los parques que actualmente funcionan en Catalunya incurren en la irregularidad denunciada. Según Ipcena, las sentencias "pueden sentar jurisprudencia aplicable al resto de centrales eólicas". Por supuesto, no lo tiene tan claro Eoliccat: "Es precipitado hablar de la posibilidad de declarar ilegales estos y otros parques"
INCOMPATIBLE
Ipcena, integrada en la federación Ecologistes de Catalunya, es justamente quien interpuso el recurso. Los abogados de la asociación explicaron que el TSJC considera que el emplazamiento es "incompatible" con el planteamiento urbanístico de ambas zonas y, por tanto, los parques "están en situación de ilegalidad". Según las sentencias, los parques eólicos solo se pueden establecer en territorios reservados para "sistemas generales", por lo que antes de decidir su ubicación "es indispensable la tramitación de un plan de ámbito supramunicipal".
Según el abogado que lleva el caso, Eduardo Moreno, "todos los parques eólicos deberían ser revisables". Los dos afectados por la sentencia se edificaron bajo el decreto catalán 174/2002, que "simplificó los trámites y fue muy criticado porque no tuvo en cuenta criterios urbanísticos", señaló Moreno. De hecho, este es uno de los argumentos de la sentencia: "El decreto no puede ningunear el ordenamiento urbanístico".
Joan Vázquez concretó que ambos parques fueron concebidos originariamente como uno solo. "De hecho --dijo el portavoz de Ipcena--, ambos parques forman una única unidad que recorre lo alto de una sierra, pero lo dividieron todo por dos para no superar el máximo legal de 50 megavatios de potencia instalada. Aunque lograron colocar dos de 49,5 megavatios, a nadie se le escapa que se trata de una trampa".
* El Periódico - ANTONIO MADRIDEJOS / BARCELONA . MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / LLEIDA
Foto: Los aerogeneradores de la Serra del Tallat, el día de la inauguración oficial, el 15 de febrero del 2008. - EFE / JAUME SELLART
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La campaña de la Fiscalía contra la corrupción urbanística destapa 775 denuncias en un solo mes
ABC/Valencia* : La decisión de la Fiscalía de Valencia de intensificar la presión sobre los ayuntamientos para poner coto al urbanismo ilegal en la provincia está haciendo aflorar una realidad sospechada pero desconocida en su verdadera dimensión.
A finales del pasado mes de noviembre, la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo del Ministerio Público se dirigió a todos los consistorios de la provincia de Valencia para recabar información sobre los expedientes sancionadores que tenían abiertos por construcciones en suelo no urbanizable desde el 10 de diciembre de 2004, fecha en la que entró en vigor la Ley de Suelo No Urbanizable.
En sólo un mes, la campaña de la Fiscalía ha permitido conocer la existencia de 775 expedientes por irregularidades urbanísticas, si bien no todos concluirán en denuncia por la vía penal. Habrá infracciones que se sustanciarán en la vía administrativa. En todo 2008 el Ministerio Público sólo recibió 51 denuncias procedentes de once ayuntamientos.
Tras la cifra de los 775 expedientes sancionadores se oculta una fotografía poco precisa de la realidad urbanística, en la medida que de los 268 ayuntamientos a los que el Ministerio Público pidió información sólo han respondido 44. Y de ellos, sólo 20 han reconocido haber actuado contra las construcciones ilegales. Se trata de Albalat dels Tarongers, Alfafar, Alfauir, Bellús, Benicull del Xúquer, Bétera, Canals, Catarroja, Cortes de Pallás, Enguera, Godelleta, L´Alcúdia de Crespins, Llíria, Massalfassar, Paiporta, Paterna, Petrés, Quatretonda y Riola.
Casos bajo sospecha
Lo sospechoso es que algunos de los ayuntamientos que han respondido acumulan centenares de expedientes entre 2005 y 2008. Se trata de Godelleta (220), Bétera (194), Llíria (117), Canals (103) y Benicull del Xúquer (73). En muchos casos la Fiscalía no tenía conocimiento de ninguno de estos expedientes, pese a que los ayuntamientos están obligados a trasladar al Ministerio Público aquellos en los que haya indicios de que la infracción es constitutiva de un ilícito penal. «Causa extrañeza que entre tanto expediente sancionador no hayan hallado algún caso que indiciariamente fuera constitutivo de delito, teniendo en cuenta que se comete delito cuando se construye sobre suelo no urbanizable», indica el coordinador de Medio Ambiente, Joaquín Baños, que ahora tendrá que expurgar los expedientes remitidos por los ayuntamientos. «Muchos no serán constitutivos de delito, pero lo que no es creíble es que un ayuntamiento con 300 expedientes no tenga ninguno que sea delito. Es lógico pensar -prosigue Baños- que alguno de los expedientes sancionadores que han incoado se refiera al objeto del delito».
Afán recaudatorio
De hecho, el objetivo de la Sección de Medio Ambiente es tener un conocimiento preciso de todos aquellos casos que, estando bajo la investigación de los consistorios, deberían traspasar los límites de la vía administrativa y ser remitidos al Ministerio Público por ser constitutivos de delito.
El balance de la campaña, provisional en tanto en cuanto aún se espera la respuesta de 224 ayuntamientos, ha permitido confirmar lo que la Fiscalía sospechaba: que «debe existir una enorme bolsa de edificaciones ilegales susceptibles de ser calificadas como delictivas que no llegan a conocimiento» del Ministerio Público, que los «casos de Zarra y Ontinyent son la punta del iceberg» y que el «goteo incesante de denuncias» oculta un problema mucho más grave de prevaricación urbanística, al que no son ajenos algunos alcaldes.
La pasividad de muchos regidores ante el urbanismo descontrolado responde, en muchos casos, a un afán recaudatorio. El urbanismo es la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos con una financiación raquítica, extremo éste que hace que, en no pocas ocasiones, sean los propios alcaldes los que conceden licencia para construir en suelo no urbanizable; los hay que no hacen nada ante edificaciones ilegales; otros incoan expediente administrativo y los dejan prescribir deliberadamente en busca de una legalización sobrevenida de la construcción ilegal...Y todo ello es así porque, en un última instancia, terminan cobrando impuestos por las construcciones aún a sabiendas de que son ilegales.
* ABC - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 9.01.2008
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El PP de Marbella legaliza al “emblema de la corrupción urbanística en la Costa del Sol”
ELOBSERVADOR* : El nuevo PGOU que tramita la administración local del Partido Popular en Marbella supone una amnistía generalizada a las construcciones ilegales que se han desparramado por todo el municipio al son de la chequera de Juan Antonio Roca y Jesús Gil. Constructores y promotores se benefician de este ‘todo vale’ con el que el actual Ayuntamiento quiere revitalizar los males que ha provocado la investigación judicial.
Todo se legaliza, incluida la piedra angular de la operación Malaya, el Hotel Guadalpín Marbella de Aifos, al que sólo se piden 635 metros para regularizar su situación. Frente a las intenciones de la alcaldesa del PP, Ángeles Muñoz, la abogada Inmaculada Gálvez insiste en declaraciones a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com en solicitar “la demolición del hotel, emblema de la corrupción urbanística en la Costa del Sol” para restaurar la legalidad alterada. No es la única, mañana viernes la Plataforma de vecinos 29-M enviará al eurodiputado David Hammerstein un amplio dossier documental del PGOU de Marbella para que el Europarlamento de Bruselas conozca y tome cartas en este asunto.
LA denominada 'operación Malaya’ sobre la corrupción en Marbella empieza en 2005 tras la declaración de un testigo que fue citado en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella para declarar sobre irregularidades urbanísticas relacionadas con el hotel Guadalpín Marbella de Aifos. Es la conversación entre este funcionario y el juez Miguel Ángel Torres lo que destapa el mayor caso de corrupción de España. La abogada Inmaculada Gálvez, estrechamente ligada a estos hechos y conocedora de los pormenores del Guadalpín, como defensora de clientes afectados por el inmueble, lo califica sin tapujos como “el emblema de la corrupción urbanística de la Costa del Sol”.
ABIERTO sin las preceptivas licencias, acumulando tantas irregularidades durante su construcción que la arquitecta inicial del proyecto se largó a mitad de construcción porque no quería hacerse responsable de lo que se venía encima (ver noticias relacionadas); objeto de dudosas compraventas por empresas de Isabel Pantoja cuando era pareja del entonces alcalde, Julián Muñoz, que concedió a renglón seguido los consiguientes permisos; refugio y cortesía para una legión de políticos, jueces y funcionarios agraciados por la generosidad empresarial de Aifos, el hotel Guadalpín Marbella ha sido objeto de polémica y de constante atención mediática.
AHORA el establecimiento se ve beneficiado por la amnistía generalizada que concede el nuevo PGOU de Marbella a las numerosísimas construcciones ilegales que salpican la ciudad. “El famoso Hotel Guadalpín, construido por Aifos, deja de aportar casi 3.000 metros cuadrados. La construcción, estudiada al detalle en el caso Malaya, tenía que entregar 3.590 metros cuadrados para regularizarse, que pasan a 635 metros”, informó el martes el diario El País.
PARA evitarlo están la cascada de alegaciones que han presentado tanto Gálvez como multitud de abogados como representantes vecinales, entre ellos los de la Plataforma 29-M, que se distingue por pedir mano dura y que se cumpla lo que dicta la ley que es la restauración de la legalidad alterada por las construcciones ilegales, lo cual, en cristiano, significa demolición. “Para el Guadalpín pido demolición. Allí hay un Plan parcial, una urbanización consolidada. Es que si se legaliza, se está legalizando el emblema de la corrupción urbanística en la Costa del Sol”, subraya Gálvez.
UNA de las acciones paralelas de la Plataforma vecinal 29-M es solicitar la intervención de la Unión Europea en este asunto, para lo cual cuentan con el compromiso de colaboración del eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, a quien enviarán mañana viernes un amplio dossier con documentación detallada de las ilegalidades cometidas.
* El Observador - 8.01.2009
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El PGOU de Antella prevé 6.000 nuevas casas sin conocer si dispone de agua
LEVANTE/Valencia* : Ni estudio de disponibilidad de recursos hídricos, ni previsión de necesidad de VPO, ni reserva de suelo para el ecoparque, ni siquiera, un estudio de impacto ambiental "completo".
Las carencias del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) presentado por el Ayuntamiento de Antella, que preside la popular Mª Isabel Giménez, son tantas que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha decidido exigirle al consistorio que remita casi una decena de informes que debían acompañar el PGOU aprobado provisionalmente en julio de 2007 y que subsane algunas deficiencias del plan urbanístico.
Entre los informes reclamados destaca el estudio sobre previsión de necesidades de VPO en el municipio, especialmente importante en el caso del PGOU de Antella dado el volumen de nueva vivienda que proyecta (unas 6.000 casas y un campo de golf fruto de la reclasificación de 2.600.000 m2).
* Levante-EMV - Teresa Juan-Mompó - 8.01.2008
Foto: Antella (Valencia) - lasprovincias.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La Fiscalía lleva el ´caso Caballistas´ al Supremo y recurre la sentencia absolutoria
ÚLTIMAHORA/Mallorca* : El 'caso Caballistas' llegará al Tribunal Supremo. La Fiscalía de Balears ha presentado el escrito por el que recurre la sentencia que absolvía a los catorce acusados, la mayor parte de ellos alcaldes y altos cargos municipales del Partido Popular.
El Ministerio Público se queda solo a la hora de elevar el caso al máximo tribunal, ya que ninguna de las dos acusaciones particulares ha presentado recurso en el plazo previsto, que terminó a las doce de la noche de ayer.
La acusación de Jaume Melis, al que representaba el abogado Josep de Luis, ya anunció hace días que no plantearía un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears. En la misma línea, el PSIB confirmó ayer que tampoco llevaría el caso más allá. Desde el partido consideran que la sentencia absolutoria pone de manifiesto de forma suficiente que los cargos del PP cometieron una actuación reprobable políticamente. Pese a que no formalicen el recurso, ambas acusaciones particulares permanecen personadas en la causa y podrían adherirse al recurso de la Fiscalía, aunque esta posibilidad parece lejana.
El fallo de la sala de lo Civil y Penal es especialmente claro al afirmar que no hubo delito. El texto zanja que los caballistas de ses Salines habían actuado en los lugares que habían certificado los alcaldes y que, por lo tanto, no hubo «mentira objetiva» cuando los cargos municipales emitieron los certificados que más tarde se usaron para respaldar la declaración de interés general de una finca del ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal. Además, la sentencia quitaba importancia a la posible falsedad que se hubiera cometido que sería «inocua», ya que se trababa de documentos sin sellos oficiales ni registros de salida, por lo que no tenían validez legal efectiva. En el mismo articulado, también se dejaba claro que en ningún caso era objeto del juicio la situación urbanística de la finca y que lo único que se juzgaba era si había habido o no un delito de falsedad. Así, tras el juicio celebrado a principios de diciembre, fueron absueltos Sebastià Vidal, ex alcalde de ses Salines; Sebastià Escalas Vidal, celador del Ajuntament de ses Salines; Sebastià Portel y Andreu Prohens, secretario y ex alcalde de Campos; Miquel Vidal, alcalde de Santanyí; Joan Jaume Mulet, alcalde de Llucmajor; Joan Jaume Ramis, ex alcalde de Lloret; Catalina Soler, ex alcaldesa de Felanitx; Gabriel Matas, alcalde Montuïri; Antoni Serra, ex alcalde de sa Pobla; Joan Llabrés, ex concejal de sa Pobla; Joan Rubert, teniente de alcalde de Inca; Joan Rotger, alcalde de Selva y Antoni del Olmo, ex alcalde de santa Margalida. Todos ellos se enfrentaban a penas de suspensión de cargo público y el caso de los primeros de cárcel por delitos de falsedad documental.
* Última Hora Digital - V. MALAGÓN - 8.01.2009
Foto: Ses_Salines (Mallorca), ayuntamiento - mallorcaquality.com
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Tema: NOTICIAS Baleares
Gran Scala, un año jugando a la ruleta en Aragón
DIAGONAL* : Al final de 2007 se anunciaba un proyecto de juego, al estilo Las Vegas y denominado Gran Scala, que supondría una nueva ciudad del juego. ¿Qué ha sido de él? Un año después del anuncio de esta ciudad del juego prevista para 100.000 habitantes (la segunda más poblada en Aragón) en el desierto de Monegros, repasamos con uno de los portavoces de la plataforma Stop Gran Scala, J.L. Martínez, el estado del proyecto y la evolución de las resistencias articuladas.
Durante este año de Gran Scala, algunas cosas, como el contenido del proyecto o el apoyo del Gobierno de Aragón (PSOE-PAR), han permanecido intactas. Otras, como la percepción social del negocio o la composición de las resistencias, se han ido modificando. Al inicio, Martínez reconoce que fue fundamental la oposición rápida y tajante de los sectores antagonistas de los movimientos sociales y de IU en Aragón. “Esto compuso el primer núcleo de la campaña, que partía de una razón política esencial: si la patronal del juego de Las Vegas desembarca aquí, con el apoyo de la clase política, esta tierra está acabada”.
A partir de ahí, fueron sumándose enfoques de los distintos impactos del proyecto: sobre el medio ambiente, el modelo de empleo o la vida local. Esto impulsó la plataforma Stop Gran Scala, que ha liderado la oposición al evento y que, junto a las informaciones aportadas por algunos medios sobre los promotores (ILD), ha incidido decisivamente en el cambio de la opinión pública. Sobre esta base, la oposición ha ido incorporando otros sectores sociales, como la gran mayoría de organizaciones cristianas de base y la Chunta Aragonesista, partido que definió esta postura tras un intenso debate interno. Para Martínez, esto muestra cómo el movimiento ha sido capaz de acumular apoyos en torno a su oposición originaria. En la actualidad, el objetivo de la plataforma es “formar un grupo de presión fuerte, cuyas aspiraciones van más allá de la viabilidad del proyecto”.
Operación desgastada
A la oposición exterior se suma el propio desgaste interno de la operación Gran Scala. “El negocio para los promotores era comprar unos terrenos muy baratos y venderlos mucho más caros a unos inversores exteriores, atraídos por la confianza que otorgaba el apoyo institucional a la operación. Como el proyecto tuvo que hacerse público prematuramente, la compra de terrenos se complicó”, declara Martínez.
A su vez, el crecimiento de la oposición ha bloqueado la vía de las expropiaciones. Para el portavoz, el estancamiento del proyecto prueba su falta de solidez: “Con todo un Gobierno a favor y en un año, los promotores no han desembolsado ni un duro para la ejecución”. En este contexto, la Plataforma insistirá con sus movilizaciones hasta que el Gobierno de Aragón rompa sus acuerdos con los promotores: “En definitiva, la operación Gran Scala es una opción política y un debate que no puede aparcarse, sobre todo ahora”.
Oposición a pie de obra
Durante 2008, las movilizaciones multitudinarias en Zaragoza se han combinado con una pluralidad de resistencias en el territorio donde se proyectaba “la ciudad del juego”. A la ubicación inicial en Los Monegros le siguió la formación, en su capital Sariñena, de la plataforma Monegros No Se Vende. A su vez, siempre han aparecido minorías de propietarios que, pese a no poder hacer público su desacuerdo con el proyecto, han disentido, al considerar la incompatibilidad de Gran Scala con su modo de vida actual. A esto se añaden sectores juveniles y las organizaciones del Baix Cinca, como Docentes Contra Gran Scala, que han organizado la oposición en núcleos más poblados, como la capital, Fraga, de 15.000 habitantes, conforme el proyecto se desplazaba al este.
* Rebelión - Diagonal - 8.01.2009
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Aragón
Ordenan el ingreso en prisión de un condenado por delito urbanístico
ELCORREODEANDALUCÍA* : Un juzgado sevillano ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre condenado por un delito contra la ordenación del territorio, después de que éste no haya cumplido la orden judicial de demolición de la vivienda ilegal que construyó en una finca de Gerena (Sevilla).
Fuentes judiciales informaron a Europa Press que el juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla ha dictado un auto acordando la prisión de M.C.B. al incumplir la orden de demolición, impuesta en sentencia firme por la Audiencia Provincial en noviembre del año 2007.
La finca sobre la que edificó el ahora condenado, sita en el lugar conocido como 'Mesa Carrasco y Las Perreras', era de 2500 metros cuadros de superficie. En este sentido, el Ayuntamiento había iniciado expediente sancionador por la parcelación ilegal en suelo rústico que afectaba a esa parcela.
Así las cosas, el acusado levantó en 2003 en dicho terreno sin licencia una nave de 80 metros cuadrados y una piscina de 60 metros cuadrados. A pesar de que el Ayuntamiento inició en abril de 2005 un procedimiento para regularizar o legalizar el suelo, el juez entiende que lo que se haga en el futuro por el Consistorio regulando de otra forma ese suelo "no afecta al delito ya cometido por el acusado", por lo que "es necesario demoler lo construido".
De esta manera, el juzgado, que es el encargado de ejecutar la sentencia firme y la consiguiente orden de demolición, ha denegado al acusado, y a petición del fiscal de Medio Ambiente, la suspensión de la ejecución de la pena de prisión porque considera que el incumplimiento de la orden de demolición supone que el condenado "no ha cumplido la responsabilidad civil derivada del delito", que es "un presupuesto necesario para conceder dicha suspensión", motivo por el cual se ha ordenado el ingreso en prisión, especificaron a Europa Press las mismas fuentes.
* El Correo de Andalucía - 7.01.2009
Foto: Gerena (Sevilla) - andaluciarustica.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La SPA sólo ha alquilado el 18,1% de las viviendas recibidas desde el año 2006
ELMUNDO* : La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) ha registrado la entrada de 49.816 viviendas entre enero de 2006 y diciembre de 2008, pero sólo ha entregado las llaves de 9.055 inmuebles, un 18,1% del total, según cifras del organismo adscrito al Ministerio de Vivienda.
De las viviendas presentadas, unas 15.500 fueron rechazadas antes incluso de su evaluación por no reunir las condiciones necesarias, al exceder, por ejemplo, las superficies mímimas o máximas requeridas o ser viviendas vacacionales, ajenas a la finalidad de la SPA.
Tras este 'filtro', 34.307 viviendas recibieron la visita de un agente de la propiedad inmobiliaria y fueron evaluadas. De acuerdo con el proceso habitual, en este punto, unos inmuebles pasan a la reserva de viviendas disponibles para alquiler, mientras que el resto se acaban desechando por cuestiones como el desacuerdo económico entre los propietarios y la SPA o por impedimentos legales relacionados con la situación patrimonial de la vivienda (herencias, copropiedad, etc.).
Como resultado de este proceso, de las 49.816 viviendas iniciales, sólo 18.296 arrendatarios se mostraron interesados en alquilar finalmente su vivienda, mientras que 13.298 aceptaron la renta propuesta. Finalmente, las viviendas entregadas hasta el cierre de 2008 ascendieron a 9.055 inmuebles. Pese a estas cifras, el número de arrendamientos registrados a diciembre de 2008 fue un 68% superior al de contratos de alquiler firmados durante los años 2006 y 2007, cuando se suscribieron un total de 5.390 contratos.
Si bien, el número de entradas durante el pasado año casi ha duplicado las registradas en los dos años anteriores, en sintonía con la caída de las ventas de inmuebles, pasando de las 28.010 viviendas entregadas hasta enero a los 49.816 inmuebles al cierre del año.
El organismo estatal hará balance en 2010
Respecto al futuro de la SPA, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) hará balance de sus resultados en 2010 y definirá sus prioridades a partir de esa fecha, con lo que la entidad seguirá abierta pese a las duras críticas que viene cosechando hasta la fecha.
El plazo de duración inicialmente previsto para la SPA es de diez años, a partir de su creación en 2005, con lo que en 2010 se llegará al ecuador de la vida del órgano adscrito al Ministerio de Vivienda. Hasta entonces, parece que el Gabinete dirigido por Corredor sigue contando con la SPA. Así, su presidenta, Nieves Huertas, avanzó recientemente en la Comisión de Vivienda del Congreso que se prevé dotar de un perfil más mercantil a la Sociedad con la introducción de nuevos servicios, como la intermediación de alquileres con opción a compra, figura incluida en el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
* El Mundo - Europa Press - 7.01.2009
Foto: Se alquila - elmundo.es
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7.1.09
por UrbanismoPatasArriba
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