ELPAÍS* : El PP goza de mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Castellón desde 1995. Prácticamente desde entonces, los mayores problemas con los que se ha tenido que enfrentar el equipo de gobierno son relativos al urbanismo. Ahora, los tribunales están destapando las maneras con las que los populares han proyectado la ciudad, sin consideración hacia los ciudadanos, que decidieron acudir a los jueces como única vía para reivindicar sus derechos y propiedades.
Y ha sido precisamente esa desatención a los vecinos la que llevó a estos a acudir a los jueces para solicitar su atención. De momento, eso ha provocado que se anule no solo el mayor y más emblemático programa urbanístico diseñado por el PP, el de Mestrets, sino también el total del planeamiento de la ciudad, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), modificado en 2000. En cualquier caso, estos no han sido los dos únicos asuntos que el Ayuntamiento de Castellón ha perdido en los tribunales. Remodelaciones de calles como Guitarrista Tárrega o Méndez Núñez o el rediseño de la avenida de Villarreal recibieron también un suspenso de los jueces, pese a que las resoluciones, en ocasiones, llegaron cuando los planes ya estaban ejecutados.
Durante cinco años, una veintena de vecinos del barrio Mestrets acudió a los plenos de Castellón para levantar sus pancartas cada vez que hablaba uno de los integrantes del equipo de gobierno del PP. Todos los últimos jueves de cada mes se dieron cita en el salón de plenos para seguir haciendo oír su voz tras la imposición de un programa urbanístico que consideraron contrario no solo a sus intereses como propietarios sino a su forma de vida. Mientras, sus recursos, presentados por vía judicial, siguieron una tramitación que finalizó en octubre, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió anular el acto de aprobación del PAI Mestrets. Esta decisión echó al traste el más amplio proyecto presentado por el PP en su programa electoral ya que incluye, además de 3.000 viviendas de protección oficial, el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, el edificio del rectorado de la VIU de Frank Gehry, la Ciudad Deportiva y la Ronda de Circunvalación. Los vecinos han reprochado, a lo largo de este tiempo, la nula capacidad de diálogo del Ayuntamiento que, en cualquier caso, sí negoció con otros propietarios. Aún así, la falta de entendimiento entre los responsables del urbanismo castellonense y estos afectados fue el motivo por el que se recurrió a los tribunales.
Pero por grande e importante que sea el planeamiento, el PP deja vecinos "desatendidos". En el caso del Plan General, anulado por el Tribunal Supremo, el recurso procede también un grupo de vecinos. En su sentencia, el tribunal argumenta su decisión en el hecho de que el Ayuntamiento no otorgó voz a los ciudadanos para que participaran en el procedimiento de elaboración del planeamiento, hurtándoles así la posibilidad de alegar contra el mismo. Así, hace referencia al derecho constitucional por el que todos los ciudadanos han de tener audiencia en los procedimientos de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
Formalmente, la anulación del PGOU no tiene apenas consecuencias prácticas, aunque sí la obligación de volver a realizar la tramitación, incluyendo la exposición del proyecto al público para que los ciudadanos puedan conocer los detalles y, en el caso de que los consideren, realizar alegaciones. Sin embargo, desde el punto de vista político, esta segunda decisión de los tribunales, que ha llegado apenas dos meses después de conocer el fallo sobre el PAI Mestrets, supone un auténtico varapalo para el equipo de gobierno municipal. Más si se tiene en cuenta que los planeamientos cuestionados salieron adelante cuando el actual alcalde, Alberto Fabra, era el máximo responsable del urbanismo castellonense.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 11/01/2009
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
Los tribunales destapan el despotismo urbanístico de Castellón
El jueves comienza el juicio contra el alcalde de Orkoien, que se enfrenta a ocho años de inhabilitación
+-+orkoien.com.jpg)
EUROPAPRESS/Navarra* : El próximo jueves, 15 de enero, comenzará en el Juzgado de lo Penal nº3 de Pamplona el juicio contra el alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de viviendas de protección oficial. El fiscal pide una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Los hechos que se juzgarán el jueves, a partir de las 9.30 horas, tuvieron lugar en el año 2003. La sociedad Iturgain, presidida por el propio alcalde y encargada de la gestión urbanística de Orkoien, promovió la construcción de 216 viviendas de protección oficial.
Tras finalizar el proceso de adjudicación de esas VPO, dos viviendas quedaron vacantes, puesto que uno de los adjudicatarios había fallecido y otro no había logrado financiación para hacer frente al pago.
El fiscal sostiene en su escrito que algunos vecinos se enteraron de forma particular de estas vacantes y remitieron carta al Ayuntamiento solicitando la adjudicación de una de esas dos viviendas, aunque desde el Consistorio no se habían publicitado dichas vacantes para conocimiento general de los ciudadanos.
Según el fiscal, las dos personas que remitieron carta resultaron adjudicatarias de las viviendas, pese a que no habían participado en el proceso previo de adjudicación de las 216 VPO.
El Ministerio Público considera que esta concesión se realizó "omitiendo no ya solo la legislación vigente, sino cualquier tipo de procedimiento administrativo al respecto que preservara los principios básicos de publicidad y concurrencia, con plena desigualdad para el resto de los ciudadanos que pudiesen estar interesados, no ya solo los participantes en el proceso de selección y que no fueron adjudicatarios, sino otros nuevos que pudieran concurrir en igualdad de condiciones a esas dos personas".
El fiscal añade que, "queriendo dar una apariencia de legalidad" a estos hechos, la Junta General de Iturgain acordó condicionar la entrega de esas dos vivienda a que se estudiase si los adjudicatarios cumplías los requisitos, "sin que conste que se hiciese informe al respeto y en todo caso sin nueva Junta que examinase lo supuestamente informado y decidiese en consecuencia".
El Ministerio fiscal continúa su relato explicando que el 26 de enero de 2006 el alcalde, ante diversas preguntas de un concejal del grupo independiente, reconoció en el pleno del Ayuntamiento que las dos viviendas se habían adjudicado "a dedo".
Ello motivó la actuación del departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, que solicitó a Iturgain que le remitiese la documentación acreditativa del baremo aplicado, así como las solicitudes, documentos aportados por los solicitantes y puntuación dada a los adjudicatarios, entre otras.
Sin embargo, según señala el fiscal, dicha documentación no fue remitida alegando que había sido destruida con anterioridad por la entidad gestora de Iturgain, Aranade S.L..
* Europa Press - 11.01.2009
Foto: Orkoien (Navarra) - orkoien.com
El urbanismo desenfrenado no tiene límites en Aljaraque
+-+juntadeandalucia.es.jpg)
GAS/Huelva* : De aquellos polvos tenemos estos barros. El desenfreno urbanístico permitió construir en suelos contaminados por cadmio, mercurio, arsénico... potencialmente tóxicos y cancerígenos. Se llegó a invadir hasta las Marismas, teóricamente paraje natural de alto valor ecológico.
Con fecha de 7 de agosto salió una resolución de la Dirección General de Medio Ambiente declarando contaminado el Plan Parcial Residencial 9, y posteriormente el 12 (que son linderos totalmente) en el sentido de declarar contaminadas zonas de estos planes residenciales por admio, mercurio, arsénico..., y otros metales pesados derivado de que toda aquella zona fue una zona dedicada a una actividad MIRENO-INDUSTRIAL durante mas de 100 años. Concretamente esa zona era dedicada al machaqueo de pirita.
Las instituciones dieron con dichas fincas, un pelotazo especulativo. Ni más ni menos que las declararon urbanas. Hoy se construyen chalet y que están a punto de ser entregados.
Los estudios realizados en dichas parcelas determinan que actualmente existe riesgo para la salud humana derivado de su toxicidad y por ser dicha contaminación potencialmente cancerígena.
Pero no bastaba con esto. Mientras se realizaban los estudios de contaminación ya teníamos a un valiente poniendo ladrillos sin haber salido la resolución. Ahora, y con el nuevo cambio de gobierno, pues el anterior Alcalde y su concejal de urbanismo están procesados por supuestos delitos de blanqueo de capitales, corrupción urbanística....etc., se preparan para echar cuatro capitas de arena por encima y declarar los suelos como no contaminados.
Cuando los vecinos que se vayan a vivir se enteren de todo esto, una vez firmadas las escrituras, me imagino que se liarán a poner denuncias a la constructora pero ya no habrá nada que hacer, seguramente la promotora dará concurso de acreedores y que vayan a por ellos.
La promotora, que empezó a vender las casas a primeros del 2006 era plenamente consciente de todo ello porque en esa fecha se estaban realizando los estudios de caracterización de suelos contaminados.
* Grupo de Acción Social (GAS) - Juan - 10.01.2009
Foto: Aljaraque - juntadeandalucia.es
La Fiscalía comprueba "a vuelo de pájaro" si hay construcciones ilegales en los pueblos sin expedientes
LEVANTE/Valencia* : La Fiscalía de Valencia comprobará "a vuelo de pájaro" si hay construcciones ilegales en los términos de los municipios que no tienen abierto ningún expediente por infracción urbanística. De los 45 pueblos que ya han contestado al fiscal de medio ambiente, sobre su requerimiento para que le notificaran todas las infracciones, más de la mitad han comunicado que no les consta ninguna ilegalidad.
No obstante, el fiscal encargado de la investigación, Vicente Torres, está comprobando pueblo a pueblo si la información municipal se ajusta a la realidad. Para ello, utiliza dos herramientas básicas, el programa de vuelo virtual del Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) y el catastro.
En primer lugar, realiza un recorrido por el término municipal a través del denominado "Vuelo virtual" buscando alguna construcción, especialmente con piscina. Ello es posible a través de la ortofoto o fotografía aérea del ICV.
Cada parcela está identificada a través de unas coordenadas que conducen al número de expediente catastral, en el que figuran el polígono y la parcela.
Entonces, se acude a la página "on line" del catastro donde, a través del número de parcela, se especifica la extensión y la calificación del terreno, si es rústico o urbano y si hay declarado algún tipo de construcción.
Según explicaba Vicente Torres, "si los ayuntamientos no remiten los expedientes urbanísticos, hay que buscar a vuelo de pájaro, aunque sea costoso". Éste es el paso previo a enviar a los agentes del Seprona para comprobar "in situ" la ilegalidad.
* Levante-EMV - Regina Laguna - 9.01.2009
Palazuelos de Eresma sigue apostando por el urbanismo desenfrenado
+-+ecologistasenaccion.org.jpg)
ECOLOGISTASENACCIÓN/Segovia* : El Municipio segoviano de Palazuelos de Eresma ha iniciado recientemente los trabajos para actualizar sus normas de planeamiento (las actualmente vigentes datan, nada menos que de 1981). De acuerdo con el avance del PGOU, sometido a información pública el pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento pretende elevar el número total de viviendas en el municipio hasta las 12.906.
Si estimamos una media de 3 personas por vivienda, las propuestas iniciales del Plan General plantean la posibilidad de que Palazuelos pueda superar los 38.000 residentes.
Según el censo nacional de viviendas, en 2001, Palazuelos de Eresma contaba 922 viviendas, más de un 40% de ellas segundas residencias. Aún suponiendo que en los últimos años esta cifra haya aumentado hasta las 1.500 viviendas, la propuesta contemplada en el avance del PGOU permitiría multiplicar por ocho el número de viviendas en el municipio. Se trata de un crecimiento a todas luces desmesurado.
Diversas asociaciones ecologistas y de defensa del patrimonio segovianas (entre ellas Ecologistas en Acción de Segovia, Ciudadanos por Segovia, Protejamos las Calderas o Centáurea) han alertado desde hace varios años sobre la ausencia de lógica y la insostenibilidad de los planes urbanísticos concebidos en Palazuelos. La evolución del negocio inmobiliario en el último año ha acabado dando la razón a estos grupos que, ya en 2006 y 2007, afirmaban en sus alegaciones a los macroplanes urbanizadores de Palazuelos resultaban desmesurados para el espacio territorial en el que se estaban planteando, planteaban serios impactos ambientales y conllevaban una oferta sobredimensionada que podría generar una situación caótica en el municipio, con urbanizaciones inacabadas dispersas por todo el término municipal.
Entre los colectivos de defensa ambiental ha causado sorpresa el comprobar cómo el nuevo PGOU que se prepara en Palazuelos ignora los cambios de tendencia acaecidos en el último año, con la explosión de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento de la denominada “economía del ladrillo”. El empecinamiento del alcalde de Palazuelos, Domingo Asenjo, en mantener los proyectos urbanísticos irracionales propuestos en el municipio en plena época de “tsunami urbanístico”, sin considerar el evidente cambio en el contexto económico, le ha llevado a ganarse entre los conservacionistas el sobrenombre de “Don erre que erre”.
A pesar de ello, en un nuevo ejercicio de participación responsable, Ecologistas en Acción de Segovia, Ciudadanos por Segovia y otros grupos se han dirigido, de nuevo, al Ayuntamiento de Palazuelos para trasladarle la idea de que el nuevo PGOU de la localidad debería considerar, entre otros aspectos:
La demanda de viviendas en la zona. Como es bien sabido, la demanda de viviendas ha sufrido un brusco descenso, que ha sido mucho más acentuado en el sector de las segundas residencias. Un informe recientemente realizado por el servicio de Estudios del BBVA en diciembre de 2008 estima entre 800.000 y 1.400.000 el número de viviendas nuevas que se encuentran a la espera de comprador en España. Sin embargo, el avance del PGOU se ha limitado a contemplar de forma automática un conjunto de desarrollos urbanísticos inconexos que han sido propuestos hace algunos años, sin considerar la nueva coyuntura económica o la evolución reciente del mercado inmobiliario.
Las disfunciones generadas por un crecimiento tan brusco como el que se está planteando en el Plan. Cabe pensar que un crecimiento tan intenso produciría disfunciones notables en elementos tan esenciales como: la red de infraestructuras de transporte, los sistemas de abastecimiento de aguas, los sistemas de depuración de aguas residuales y otros servicios públicos (por ejemplo, sistema de salud).
El impacto ambiental y paisajístico. En la actualidad, la vista de la Sierra de Guadarrama en ese sector es de una calidad sobresaliente. Elementos de gran atractivo visual como el cerro de La Atalaya y la población de San Ildefonso, que posee una integración en el paisaje modélica, proporcionan un carácter único a las vistas, en las que los componentes natural y cultural se refuerzan para configurar uno de los paisajes más bellos de la vertiente segoviana de Guadarrama. Este paisaje se vería inevitablemente desfigurado por el conjunto de desarrollos urbanísticos propuestos para esa zona.
En definitiva, se solicita al Ayuntamiento de Palazuelos y a los grupos políticos representados en el mismo que la planificación urbanística respete criterios de sostenibilidad económica y social. Evitando convertir el municipio en una sucesión deslabazada de segundas residencias y promociones inmobiliarias inacabadas y acomodando el crecimiento del municipio a la evolución del mercado de trabajo y a los condicionantes ambientales (disponibilidad de agua, respeto al paisaje, disponibilidad de servicios, etc.).
* Ecologistas en Acción de Segovia - 8.01.2009
Foto: ecologistasenaccion.org
Medio millar de británicos exigen "política honesta" con casas ilegales y ven "arbitrariedad" en ayuntamientos
EUROPAPRESS/Almería* : Medio millar de ciudadanos británicos residentes en la Comarca del Almanzora (Almería) exigieron hoy en una protesta por las calles de la capital la aplicación de una "política honesta" en la gestión del proceso para la regularización de las alrededor viviendas fuera de ordenación de las que son propietarios en ocho municipios y criticaron la "preocupante arbitrariedad" de las administraciones locales en función del partido que gobierna.
Así ha resumido el sentir de los integrantes de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) uno de los portavoces, Lenox Napier, quien señaló la paradoja que, a su juicio, supone el que permanezca "un edificio de 22 plantas en la playa de Carboneras" --en referencia al hotel de Azata del Sol en el paraje del Algarrobico-- frente al derribo que, hace un año, obligó a residir en un garaje al matrimonio formado por Leonard John y Helen Prior tras el derribo por orden judicial de su cada de dos alturas en Vera.
Napier recordó que ambos, para los que llegó tarde el amparo que solicitaron ante el Tribunal Constitucional (TC) en junio, no han recibido "compensación alguna ni una sola explicación" si bien matizó que desde el colectivo confían en que la Junta de Andalucía, que a su juicio "tiene culpa en unos casos y en otros no", ejecute al completo el plan de regularización anunciado en septiembre no sólo en beneficio de los afectados "sino también por la reputación de la provincia de Almería".
Los ciudadanos británicos, quienes tal y como ha reconocido la Administración autonómica adquirieron sus viviendas de "buena fe" y sin conocer su situación irregular, admiten que el citado plan no podrá normalizar algunos de los inmuebles que los promotores, según señaló el portavoz de la AUAN, construyeron "sobre ramblas, por ejemplo" pero exigen que se depuren responsabilidades porque no entienden "cómo los ayuntamientos dejaron que pasará cuando son pueblos tan pequeños que se ven las casas ilegales desde las ventanas de los consistorios".
Al hilo de esto, Napier anunció que han solicitado en la reunión mantenida con el delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luis Caparrós, la creación de una agencia que, integrada por técnicos autonómicos y representantes del colectivo, pueda coordinar las actuaciones al tiempo que canalice las compensaciones económicas a los ciudadanos británicos que, a su juicio, "suponen un muy buen negocio para la provincia" donde los 750.000 residentes del Reino Unido gastan una media de 1.000 euros al mes.
Desde el colectivo subrayan como "vital" el que se haga con "transparencia y mucha participación ciudadana" el citado proceso, iniciado ya en municipios como Arboleas, Albox, Cantoria, Partaloa o Zurgena a través del inventariado de las viviendas irregulares en cada uno de los términos municipales, a cuyos ayuntamientos instan a proteger a los "compradores de buena fe", algunos de los cuales --ahondan-- "corren el riesgo de ver su vivienda demolida" mientras "muchos viven sin suministro de energía eléctrica y agua potable".
Leonard John y Helen Prior, cuya situación ha motivado que se fije la cita para hoy, pertenecen a la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) que agrupa a los propietarios, en su mayoría de nacionalidad británica, de alrededor de 5.000 viviendas declaradas fuera de ordenación en ocho municipios de la provincia y sobre las que pesa, además de expedientes de disciplina urbanística incoados por la Junta de Andalucía, procesos judiciales en los que el Ministerio Fiscal interesa su demolición.
La Administración autonómica avanzaba, no obstante, en septiembre el inicio de un plan de actuación por el que las viviendas construidas sobre suelo no urbanizable en estas circunstancias tendrían prioridad en la regularización, que afectará al 90 por ciento de los inmuebles y de la que sólo quedarán fuera aquellas construidas sobre dominio público o en zona declaradas de especial protección medioambiental.
* Europa Press - ALMERÍA, 9 Ene 2009
La Eurocámara pide más datos sobre abusos urbanísticos
ELPAÍS* : La europarlamentaria danesa Margrete Auken, encargada de redactar el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, inició ayer una nueva ronda de entrevistas con los sectores implicados antes de formular sus recomendaciones.
Auken, acompañada del también eurodiputado verde David Hammerstein, mantuvo ayer distintos encuentros con el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón; la asociación de constructores, la federación de promotores y la Corporación municipal de Parcent. Un municipio que se ha convertido en un referente de los abusos urbanísticos, después de que el Tribunal Superior de Justicia emitiese un auto que paralizaba varios planes urbanísticos de gran envergadura, tramitados al margen del plan general, por considerar que alteraban sustancialmente la fisonomía urbana y demográfica de Parcent.
En sus reuniones, la ponente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se interesó por los criterios por los cuales se establece en la Comunidad Valenciana que una urbanización es de interés público. Margrete Auken, según fuentes conocedoras de los encuentros, también encontró buena disposición en sus interlocutores para aprovechar el parón del sector inmobiliario y elaborar un marco legislativo nuevo más respetuoso con las personas y el medio ambiente.
La Federación de Promotores pidió a la delegación de europarlamentarios que otorgue a los tribunales españoles la misma credibilidad que concede al Parlamento Europeo y tachó de "novela de ficción" los abusos denunciados en algunos medios de comunicación ingleses. Los promotores fueron el colectivo más reacio a modificar un marco legislativo que, en su opinión, ahora tiene una "mayor transparencia y una definición más clara del interés público".
Hammerstein explicó ayer que el calendario previsto es que la Comisión de Peticiones presente su informe entre el 19 y el 20 de enero, tras lo cual se abrirá el periodo de presentación de enmiendas, que se debatirán en febrero, antes de remitir el documento al pleno del Parlamento Europeo en marzo.
La delegación tiene previsto mantener hoy otras reuniones en la provincia de Alicante, después de que el Gobierno español declinase opinar sobre un conflicto que compete a la Generalitat.
* ELPAIS.com - J. F. - Valencia - 09/01/2009
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
El TSJC anula por primera vez el permiso de dos parques eólicos
ELPERIÓDICO* : El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anulado por primera vez los permisos para instalar dos parques eólicos, concretamente en la Serra del Tallat y en la Serra de Vilobí (en el límite entre las comarcas del Urgell, Garrigues y Conca de Barberà), por considerar que incumplen las normas urbanísticas.
Los parques, promovidos por la empresa Acciona, funcionan desde hace un año pese a que en su construcción no se tuvo en cuenta que se trataba de instalaciones singulares y que, por tanto, merecían un permiso especial, según dijo ayer Joan Vázquez, portavoz de la asociación ecologista Ipcena. "Construir aerogeneradores no es lo mismo que poner una gasolinera", reiteró.
Eoliccat, asociación que agrupa a 50 empresas del sector en Catalunya, precisó a continuación que la sentencia aún no es firme y que, por tanto, no crea jurisprudencia. De hecho, la Generalitat ya presentó el pasado día 2 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo "que permitirá que los dos parques continúen su actividad hasta que se resuelva de forma definitiva".
El problema de la sentencia es que la inmensa mayoría de los parques que actualmente funcionan en Catalunya incurren en la irregularidad denunciada. Según Ipcena, las sentencias "pueden sentar jurisprudencia aplicable al resto de centrales eólicas". Por supuesto, no lo tiene tan claro Eoliccat: "Es precipitado hablar de la posibilidad de declarar ilegales estos y otros parques"
INCOMPATIBLE
Ipcena, integrada en la federación Ecologistes de Catalunya, es justamente quien interpuso el recurso. Los abogados de la asociación explicaron que el TSJC considera que el emplazamiento es "incompatible" con el planteamiento urbanístico de ambas zonas y, por tanto, los parques "están en situación de ilegalidad". Según las sentencias, los parques eólicos solo se pueden establecer en territorios reservados para "sistemas generales", por lo que antes de decidir su ubicación "es indispensable la tramitación de un plan de ámbito supramunicipal".
Según el abogado que lleva el caso, Eduardo Moreno, "todos los parques eólicos deberían ser revisables". Los dos afectados por la sentencia se edificaron bajo el decreto catalán 174/2002, que "simplificó los trámites y fue muy criticado porque no tuvo en cuenta criterios urbanísticos", señaló Moreno. De hecho, este es uno de los argumentos de la sentencia: "El decreto no puede ningunear el ordenamiento urbanístico".
Joan Vázquez concretó que ambos parques fueron concebidos originariamente como uno solo. "De hecho --dijo el portavoz de Ipcena--, ambos parques forman una única unidad que recorre lo alto de una sierra, pero lo dividieron todo por dos para no superar el máximo legal de 50 megavatios de potencia instalada. Aunque lograron colocar dos de 49,5 megavatios, a nadie se le escapa que se trata de una trampa".
* El Periódico - ANTONIO MADRIDEJOS / BARCELONA . MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / LLEIDA
Foto: Los aerogeneradores de la Serra del Tallat, el día de la inauguración oficial, el 15 de febrero del 2008. - EFE / JAUME SELLART
La campaña de la Fiscalía contra la corrupción urbanística destapa 775 denuncias en un solo mes
,+ayuntamiento+-+montserrat.es.jpg)
ABC/Valencia* : La decisión de la Fiscalía de Valencia de intensificar la presión sobre los ayuntamientos para poner coto al urbanismo ilegal en la provincia está haciendo aflorar una realidad sospechada pero desconocida en su verdadera dimensión.
A finales del pasado mes de noviembre, la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo del Ministerio Público se dirigió a todos los consistorios de la provincia de Valencia para recabar información sobre los expedientes sancionadores que tenían abiertos por construcciones en suelo no urbanizable desde el 10 de diciembre de 2004, fecha en la que entró en vigor la Ley de Suelo No Urbanizable.
En sólo un mes, la campaña de la Fiscalía ha permitido conocer la existencia de 775 expedientes por irregularidades urbanísticas, si bien no todos concluirán en denuncia por la vía penal. Habrá infracciones que se sustanciarán en la vía administrativa. En todo 2008 el Ministerio Público sólo recibió 51 denuncias procedentes de once ayuntamientos.
Tras la cifra de los 775 expedientes sancionadores se oculta una fotografía poco precisa de la realidad urbanística, en la medida que de los 268 ayuntamientos a los que el Ministerio Público pidió información sólo han respondido 44. Y de ellos, sólo 20 han reconocido haber actuado contra las construcciones ilegales. Se trata de Albalat dels Tarongers, Alfafar, Alfauir, Bellús, Benicull del Xúquer, Bétera, Canals, Catarroja, Cortes de Pallás, Enguera, Godelleta, L´Alcúdia de Crespins, Llíria, Massalfassar, Paiporta, Paterna, Petrés, Quatretonda y Riola.
Casos bajo sospecha
Lo sospechoso es que algunos de los ayuntamientos que han respondido acumulan centenares de expedientes entre 2005 y 2008. Se trata de Godelleta (220), Bétera (194), Llíria (117), Canals (103) y Benicull del Xúquer (73). En muchos casos la Fiscalía no tenía conocimiento de ninguno de estos expedientes, pese a que los ayuntamientos están obligados a trasladar al Ministerio Público aquellos en los que haya indicios de que la infracción es constitutiva de un ilícito penal. «Causa extrañeza que entre tanto expediente sancionador no hayan hallado algún caso que indiciariamente fuera constitutivo de delito, teniendo en cuenta que se comete delito cuando se construye sobre suelo no urbanizable», indica el coordinador de Medio Ambiente, Joaquín Baños, que ahora tendrá que expurgar los expedientes remitidos por los ayuntamientos. «Muchos no serán constitutivos de delito, pero lo que no es creíble es que un ayuntamiento con 300 expedientes no tenga ninguno que sea delito. Es lógico pensar -prosigue Baños- que alguno de los expedientes sancionadores que han incoado se refiera al objeto del delito».
Afán recaudatorio
De hecho, el objetivo de la Sección de Medio Ambiente es tener un conocimiento preciso de todos aquellos casos que, estando bajo la investigación de los consistorios, deberían traspasar los límites de la vía administrativa y ser remitidos al Ministerio Público por ser constitutivos de delito.
El balance de la campaña, provisional en tanto en cuanto aún se espera la respuesta de 224 ayuntamientos, ha permitido confirmar lo que la Fiscalía sospechaba: que «debe existir una enorme bolsa de edificaciones ilegales susceptibles de ser calificadas como delictivas que no llegan a conocimiento» del Ministerio Público, que los «casos de Zarra y Ontinyent son la punta del iceberg» y que el «goteo incesante de denuncias» oculta un problema mucho más grave de prevaricación urbanística, al que no son ajenos algunos alcaldes.
La pasividad de muchos regidores ante el urbanismo descontrolado responde, en muchos casos, a un afán recaudatorio. El urbanismo es la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos con una financiación raquítica, extremo éste que hace que, en no pocas ocasiones, sean los propios alcaldes los que conceden licencia para construir en suelo no urbanizable; los hay que no hacen nada ante edificaciones ilegales; otros incoan expediente administrativo y los dejan prescribir deliberadamente en busca de una legalización sobrevenida de la construcción ilegal...Y todo ello es así porque, en un última instancia, terminan cobrando impuestos por las construcciones aún a sabiendas de que son ilegales.
* ABC - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 9.01.2008
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es
El PP de Marbella legaliza al “emblema de la corrupción urbanística en la Costa del Sol”
ELOBSERVADOR* : El nuevo PGOU que tramita la administración local del Partido Popular en Marbella supone una amnistía generalizada a las construcciones ilegales que se han desparramado por todo el municipio al son de la chequera de Juan Antonio Roca y Jesús Gil. Constructores y promotores se benefician de este ‘todo vale’ con el que el actual Ayuntamiento quiere revitalizar los males que ha provocado la investigación judicial.
Todo se legaliza, incluida la piedra angular de la operación Malaya, el Hotel Guadalpín Marbella de Aifos, al que sólo se piden 635 metros para regularizar su situación. Frente a las intenciones de la alcaldesa del PP, Ángeles Muñoz, la abogada Inmaculada Gálvez insiste en declaraciones a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com en solicitar “la demolición del hotel, emblema de la corrupción urbanística en la Costa del Sol” para restaurar la legalidad alterada. No es la única, mañana viernes la Plataforma de vecinos 29-M enviará al eurodiputado David Hammerstein un amplio dossier documental del PGOU de Marbella para que el Europarlamento de Bruselas conozca y tome cartas en este asunto.
LA denominada 'operación Malaya’ sobre la corrupción en Marbella empieza en 2005 tras la declaración de un testigo que fue citado en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella para declarar sobre irregularidades urbanísticas relacionadas con el hotel Guadalpín Marbella de Aifos. Es la conversación entre este funcionario y el juez Miguel Ángel Torres lo que destapa el mayor caso de corrupción de España. La abogada Inmaculada Gálvez, estrechamente ligada a estos hechos y conocedora de los pormenores del Guadalpín, como defensora de clientes afectados por el inmueble, lo califica sin tapujos como “el emblema de la corrupción urbanística de la Costa del Sol”.
ABIERTO sin las preceptivas licencias, acumulando tantas irregularidades durante su construcción que la arquitecta inicial del proyecto se largó a mitad de construcción porque no quería hacerse responsable de lo que se venía encima (ver noticias relacionadas); objeto de dudosas compraventas por empresas de Isabel Pantoja cuando era pareja del entonces alcalde, Julián Muñoz, que concedió a renglón seguido los consiguientes permisos; refugio y cortesía para una legión de políticos, jueces y funcionarios agraciados por la generosidad empresarial de Aifos, el hotel Guadalpín Marbella ha sido objeto de polémica y de constante atención mediática.
AHORA el establecimiento se ve beneficiado por la amnistía generalizada que concede el nuevo PGOU de Marbella a las numerosísimas construcciones ilegales que salpican la ciudad. “El famoso Hotel Guadalpín, construido por Aifos, deja de aportar casi 3.000 metros cuadrados. La construcción, estudiada al detalle en el caso Malaya, tenía que entregar 3.590 metros cuadrados para regularizarse, que pasan a 635 metros”, informó el martes el diario El País.
PARA evitarlo están la cascada de alegaciones que han presentado tanto Gálvez como multitud de abogados como representantes vecinales, entre ellos los de la Plataforma 29-M, que se distingue por pedir mano dura y que se cumpla lo que dicta la ley que es la restauración de la legalidad alterada por las construcciones ilegales, lo cual, en cristiano, significa demolición. “Para el Guadalpín pido demolición. Allí hay un Plan parcial, una urbanización consolidada. Es que si se legaliza, se está legalizando el emblema de la corrupción urbanística en la Costa del Sol”, subraya Gálvez.
UNA de las acciones paralelas de la Plataforma vecinal 29-M es solicitar la intervención de la Unión Europea en este asunto, para lo cual cuentan con el compromiso de colaboración del eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, a quien enviarán mañana viernes un amplio dossier con documentación detallada de las ilegalidades cometidas.
* El Observador - 8.01.2009
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
El PGOU de Antella prevé 6.000 nuevas casas sin conocer si dispone de agua
+-+lasprovincias.es.jpg)
LEVANTE/Valencia* : Ni estudio de disponibilidad de recursos hídricos, ni previsión de necesidad de VPO, ni reserva de suelo para el ecoparque, ni siquiera, un estudio de impacto ambiental "completo".
Las carencias del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) presentado por el Ayuntamiento de Antella, que preside la popular Mª Isabel Giménez, son tantas que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha decidido exigirle al consistorio que remita casi una decena de informes que debían acompañar el PGOU aprobado provisionalmente en julio de 2007 y que subsane algunas deficiencias del plan urbanístico.
Entre los informes reclamados destaca el estudio sobre previsión de necesidades de VPO en el municipio, especialmente importante en el caso del PGOU de Antella dado el volumen de nueva vivienda que proyecta (unas 6.000 casas y un campo de golf fruto de la reclasificación de 2.600.000 m2).
* Levante-EMV - Teresa Juan-Mompó - 8.01.2008
Foto: Antella (Valencia) - lasprovincias.es
La Fiscalía lleva el ´caso Caballistas´ al Supremo y recurre la sentencia absolutoria
,+ayuntamiento+-+mallorcaquality.com.jpg)
ÚLTIMAHORA/Mallorca* : El 'caso Caballistas' llegará al Tribunal Supremo. La Fiscalía de Balears ha presentado el escrito por el que recurre la sentencia que absolvía a los catorce acusados, la mayor parte de ellos alcaldes y altos cargos municipales del Partido Popular.
El Ministerio Público se queda solo a la hora de elevar el caso al máximo tribunal, ya que ninguna de las dos acusaciones particulares ha presentado recurso en el plazo previsto, que terminó a las doce de la noche de ayer.
La acusación de Jaume Melis, al que representaba el abogado Josep de Luis, ya anunció hace días que no plantearía un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears. En la misma línea, el PSIB confirmó ayer que tampoco llevaría el caso más allá. Desde el partido consideran que la sentencia absolutoria pone de manifiesto de forma suficiente que los cargos del PP cometieron una actuación reprobable políticamente. Pese a que no formalicen el recurso, ambas acusaciones particulares permanecen personadas en la causa y podrían adherirse al recurso de la Fiscalía, aunque esta posibilidad parece lejana.
El fallo de la sala de lo Civil y Penal es especialmente claro al afirmar que no hubo delito. El texto zanja que los caballistas de ses Salines habían actuado en los lugares que habían certificado los alcaldes y que, por lo tanto, no hubo «mentira objetiva» cuando los cargos municipales emitieron los certificados que más tarde se usaron para respaldar la declaración de interés general de una finca del ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal. Además, la sentencia quitaba importancia a la posible falsedad que se hubiera cometido que sería «inocua», ya que se trababa de documentos sin sellos oficiales ni registros de salida, por lo que no tenían validez legal efectiva. En el mismo articulado, también se dejaba claro que en ningún caso era objeto del juicio la situación urbanística de la finca y que lo único que se juzgaba era si había habido o no un delito de falsedad. Así, tras el juicio celebrado a principios de diciembre, fueron absueltos Sebastià Vidal, ex alcalde de ses Salines; Sebastià Escalas Vidal, celador del Ajuntament de ses Salines; Sebastià Portel y Andreu Prohens, secretario y ex alcalde de Campos; Miquel Vidal, alcalde de Santanyí; Joan Jaume Mulet, alcalde de Llucmajor; Joan Jaume Ramis, ex alcalde de Lloret; Catalina Soler, ex alcaldesa de Felanitx; Gabriel Matas, alcalde Montuïri; Antoni Serra, ex alcalde de sa Pobla; Joan Llabrés, ex concejal de sa Pobla; Joan Rubert, teniente de alcalde de Inca; Joan Rotger, alcalde de Selva y Antoni del Olmo, ex alcalde de santa Margalida. Todos ellos se enfrentaban a penas de suspensión de cargo público y el caso de los primeros de cárcel por delitos de falsedad documental.
* Última Hora Digital - V. MALAGÓN - 8.01.2009
Foto: Ses_Salines (Mallorca), ayuntamiento - mallorcaquality.com
Gran Scala, un año jugando a la ruleta en Aragón
DIAGONAL* : Al final de 2007 se anunciaba un proyecto de juego, al estilo Las Vegas y denominado Gran Scala, que supondría una nueva ciudad del juego. ¿Qué ha sido de él? Un año después del anuncio de esta ciudad del juego prevista para 100.000 habitantes (la segunda más poblada en Aragón) en el desierto de Monegros, repasamos con uno de los portavoces de la plataforma Stop Gran Scala, J.L. Martínez, el estado del proyecto y la evolución de las resistencias articuladas.
Durante este año de Gran Scala, algunas cosas, como el contenido del proyecto o el apoyo del Gobierno de Aragón (PSOE-PAR), han permanecido intactas. Otras, como la percepción social del negocio o la composición de las resistencias, se han ido modificando. Al inicio, Martínez reconoce que fue fundamental la oposición rápida y tajante de los sectores antagonistas de los movimientos sociales y de IU en Aragón. “Esto compuso el primer núcleo de la campaña, que partía de una razón política esencial: si la patronal del juego de Las Vegas desembarca aquí, con el apoyo de la clase política, esta tierra está acabada”.
A partir de ahí, fueron sumándose enfoques de los distintos impactos del proyecto: sobre el medio ambiente, el modelo de empleo o la vida local. Esto impulsó la plataforma Stop Gran Scala, que ha liderado la oposición al evento y que, junto a las informaciones aportadas por algunos medios sobre los promotores (ILD), ha incidido decisivamente en el cambio de la opinión pública. Sobre esta base, la oposición ha ido incorporando otros sectores sociales, como la gran mayoría de organizaciones cristianas de base y la Chunta Aragonesista, partido que definió esta postura tras un intenso debate interno. Para Martínez, esto muestra cómo el movimiento ha sido capaz de acumular apoyos en torno a su oposición originaria. En la actualidad, el objetivo de la plataforma es “formar un grupo de presión fuerte, cuyas aspiraciones van más allá de la viabilidad del proyecto”.
Operación desgastada
A la oposición exterior se suma el propio desgaste interno de la operación Gran Scala. “El negocio para los promotores era comprar unos terrenos muy baratos y venderlos mucho más caros a unos inversores exteriores, atraídos por la confianza que otorgaba el apoyo institucional a la operación. Como el proyecto tuvo que hacerse público prematuramente, la compra de terrenos se complicó”, declara Martínez.
A su vez, el crecimiento de la oposición ha bloqueado la vía de las expropiaciones. Para el portavoz, el estancamiento del proyecto prueba su falta de solidez: “Con todo un Gobierno a favor y en un año, los promotores no han desembolsado ni un duro para la ejecución”. En este contexto, la Plataforma insistirá con sus movilizaciones hasta que el Gobierno de Aragón rompa sus acuerdos con los promotores: “En definitiva, la operación Gran Scala es una opción política y un debate que no puede aparcarse, sobre todo ahora”.
Oposición a pie de obra
Durante 2008, las movilizaciones multitudinarias en Zaragoza se han combinado con una pluralidad de resistencias en el territorio donde se proyectaba “la ciudad del juego”. A la ubicación inicial en Los Monegros le siguió la formación, en su capital Sariñena, de la plataforma Monegros No Se Vende. A su vez, siempre han aparecido minorías de propietarios que, pese a no poder hacer público su desacuerdo con el proyecto, han disentido, al considerar la incompatibilidad de Gran Scala con su modo de vida actual. A esto se añaden sectores juveniles y las organizaciones del Baix Cinca, como Docentes Contra Gran Scala, que han organizado la oposición en núcleos más poblados, como la capital, Fraga, de 15.000 habitantes, conforme el proyecto se desplazaba al este.
* Rebelión - Diagonal - 8.01.2009
Ordenan el ingreso en prisión de un condenado por delito urbanístico
+-+andaluciarustica.com.jpg)
ELCORREODEANDALUCÍA* : Un juzgado sevillano ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre condenado por un delito contra la ordenación del territorio, después de que éste no haya cumplido la orden judicial de demolición de la vivienda ilegal que construyó en una finca de Gerena (Sevilla).
Fuentes judiciales informaron a Europa Press que el juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla ha dictado un auto acordando la prisión de M.C.B. al incumplir la orden de demolición, impuesta en sentencia firme por la Audiencia Provincial en noviembre del año 2007.
La finca sobre la que edificó el ahora condenado, sita en el lugar conocido como 'Mesa Carrasco y Las Perreras', era de 2500 metros cuadros de superficie. En este sentido, el Ayuntamiento había iniciado expediente sancionador por la parcelación ilegal en suelo rústico que afectaba a esa parcela.
Así las cosas, el acusado levantó en 2003 en dicho terreno sin licencia una nave de 80 metros cuadrados y una piscina de 60 metros cuadrados. A pesar de que el Ayuntamiento inició en abril de 2005 un procedimiento para regularizar o legalizar el suelo, el juez entiende que lo que se haga en el futuro por el Consistorio regulando de otra forma ese suelo "no afecta al delito ya cometido por el acusado", por lo que "es necesario demoler lo construido".
De esta manera, el juzgado, que es el encargado de ejecutar la sentencia firme y la consiguiente orden de demolición, ha denegado al acusado, y a petición del fiscal de Medio Ambiente, la suspensión de la ejecución de la pena de prisión porque considera que el incumplimiento de la orden de demolición supone que el condenado "no ha cumplido la responsabilidad civil derivada del delito", que es "un presupuesto necesario para conceder dicha suspensión", motivo por el cual se ha ordenado el ingreso en prisión, especificaron a Europa Press las mismas fuentes.
* El Correo de Andalucía - 7.01.2009
Foto: Gerena (Sevilla) - andaluciarustica.com
La SPA sólo ha alquilado el 18,1% de las viviendas recibidas desde el año 2006
ELMUNDO* : La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) ha registrado la entrada de 49.816 viviendas entre enero de 2006 y diciembre de 2008, pero sólo ha entregado las llaves de 9.055 inmuebles, un 18,1% del total, según cifras del organismo adscrito al Ministerio de Vivienda.
De las viviendas presentadas, unas 15.500 fueron rechazadas antes incluso de su evaluación por no reunir las condiciones necesarias, al exceder, por ejemplo, las superficies mímimas o máximas requeridas o ser viviendas vacacionales, ajenas a la finalidad de la SPA.
Tras este 'filtro', 34.307 viviendas recibieron la visita de un agente de la propiedad inmobiliaria y fueron evaluadas. De acuerdo con el proceso habitual, en este punto, unos inmuebles pasan a la reserva de viviendas disponibles para alquiler, mientras que el resto se acaban desechando por cuestiones como el desacuerdo económico entre los propietarios y la SPA o por impedimentos legales relacionados con la situación patrimonial de la vivienda (herencias, copropiedad, etc.).
Como resultado de este proceso, de las 49.816 viviendas iniciales, sólo 18.296 arrendatarios se mostraron interesados en alquilar finalmente su vivienda, mientras que 13.298 aceptaron la renta propuesta. Finalmente, las viviendas entregadas hasta el cierre de 2008 ascendieron a 9.055 inmuebles. Pese a estas cifras, el número de arrendamientos registrados a diciembre de 2008 fue un 68% superior al de contratos de alquiler firmados durante los años 2006 y 2007, cuando se suscribieron un total de 5.390 contratos.
Si bien, el número de entradas durante el pasado año casi ha duplicado las registradas en los dos años anteriores, en sintonía con la caída de las ventas de inmuebles, pasando de las 28.010 viviendas entregadas hasta enero a los 49.816 inmuebles al cierre del año.
El organismo estatal hará balance en 2010
Respecto al futuro de la SPA, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) hará balance de sus resultados en 2010 y definirá sus prioridades a partir de esa fecha, con lo que la entidad seguirá abierta pese a las duras críticas que viene cosechando hasta la fecha.
El plazo de duración inicialmente previsto para la SPA es de diez años, a partir de su creación en 2005, con lo que en 2010 se llegará al ecuador de la vida del órgano adscrito al Ministerio de Vivienda. Hasta entonces, parece que el Gabinete dirigido por Corredor sigue contando con la SPA. Así, su presidenta, Nieves Huertas, avanzó recientemente en la Comisión de Vivienda del Congreso que se prevé dotar de un perfil más mercantil a la Sociedad con la introducción de nuevos servicios, como la intermediación de alquileres con opción a compra, figura incluida en el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
* El Mundo - Europa Press - 7.01.2009
Foto: Se alquila - elmundo.es
Marbella pierde 46 hectáreas de equipamiento con las compensaciones
ELPAÍS/Málaga* : Las modificaciones hechas por el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el PP, al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) harán que las construcciones ilegales del centro de la ciudad tengan que aportar hasta 46 hectáreas menos de suelo de equipamiento para legalizarse.
El centro urbano es la zona que más ha sufrido el urbanismo desaforado de los años del Grupo Independiente Liberal (GIL) y el que más carencias de servicios, como colegios, polideportivos o centros de salud, tiene. De las 130.000 personas que viven en Marbella, unas 80.000 se concentran en él. "Es la zona donde hay más conflicto porque tiene un mayor déficit", explica el edil socialista Javier de Luis, que colaboró con el equipo redactor del PGOU y fue asesor de urbanismo durante el tiempo que Marbella fue gobernada por una Comisión Gestora.
La reducción de las compensaciones afecta a al menos 60 construcciones irregulares del centro. Entre ellas hay casos simbólicos porque fueron las primeras obras denunciadas ante los tribunales. Ocurre con el antiguo edificio de Correos, paralizado por haber modificado su uso original y que recibió una sanción de cuatro millones de euros de la Comisión Gestora. La construcción pasa de aportar 4.654 metros cuadrados para regularizarse, a 2.735.
Hay ocho construcciones irregulares en las que las compensaciones se reducen a cero. Entre ellas están los edificios La Concha o Parque Miraflores, que quedarán regularizadas sin aportar los 6.645 y 9.046 metros cuadrados estipulados en la versión del PGOU de 2007.
Las promociones con las aportaciones más elevadas, como Elviria (84.916) o Dama de Noche (52.527), reducen prácticamente a la mitad las compensaciones, con 44.198 y 24.827 metros cuadrados respectivamente.
El famoso Hotel Guadalpín, construido por Aifos, deja de aportar casi 3.000 metros cuadrados. La construcción, estudiada al detalle en el caso Malaya, tenía que entregar 3.590 metros cuadrados para regularizarse, que pasan a 635 metros. El edificio de apartamentos Lorcrimar, que también aparecía en el caso de corrupción urbanística y para el que los redactores del PGOU establecieron una compensación de 10.518 metros cuadrados, no tendrá que entregar ni un metro cuadrado. En el Centro Comercial La Cañada, las compensaciones pasan de 92.285 metros cuadrados a 71.346. El hotel Senator debe ceder 1.797 metros cuadrados, en lugar de 2.123.
En muy pocos casos las compensaciones han crecido. Ocurre con el edificio Parquesol, que en la versión del PGOU de 2007 tenía una carga de 3.200 metros cuadrados y que ahora tiene que aportar 28.543 metros cuadrados (25.000 más) para regularizarse. Lo mismo ocurre con el edificio Jardines del Mediterráneo, anexo al hotel Don Pepe, que ha multiplicado por tres su compensación. Ha pasado de 7.291 metros cuadrados a 21.873.
Los suelos que se aporten para regularizar las viviendas deben estar en la misma área de gestión, por lo que los edificios del centro de Marbella siempre deben entregar suelo en su área. El PGOU divide en unas seis áreas el término de Marbella. Las cifras totales de equipamientos que al final recibirá la ciudad se asemejan a la primera versión del PGOU. "Incluso se obtiene un poco más", aseguran técnicos consultados. Esto se debe a que las compensaciones que exige el Ayuntamiento han crecido en otras zonas de Marbella no tan pobladas y en las que los terrenos no son tan caros.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 07/01/2009
Foto: Marbella, aérea puerto - J.Rojas, elpais.com
Haciendo unas risas
JAVIER LLOPIS* : El Ayuntamiento de Alcoy empezó riéndose de los ciudadanos. Corría el año 2000 y el flamante gobierno del PP anunció que el parque de la Rosaleda se iba a convertir en un aparcamiento privado. Las advertencias de los vecinos de la zona y de los ecologistas, denunciando que esta obra incumplía claramente el PGOU, fueron desoidas sistemáticamente. El polémico proyecto iba avanzando inexorablemente, a pesar de que desde diferentes ámbitos se avisaba de que la supresión de esta zona verde podía traer graves consecuencias judiciales.
Ni las 10.000 firmas, ni las manifestaciones cívicas impidieron que el parking se inaugurara en 2003, en una ceremonia, que supuso un claro desafío a los principios más básicos de la legalidad urbanística.
En 2005 pasó lo que tenía que pasar: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana calificaba de ilegal la obra y exigía que la plaza se repusiera a su estado original de zona verde. A partir de ahí, se iniciaba un nuevo proceso y el Ayuntamiento de Alcoy empezaba a reirse de la justicia. Ni el rotundo fallo del Tribunal Supremo, ni los sucesivos autos judiciales, amenazando con acusar de desobediencia a la corporación, han impedido que el PP siga eludiendo sus obligaciones y mareando la perdiz con una maraña de recursos y contrarecursos.
Analizando esta triste historia, uno llega a una conclusión terrible: nuestros munícipes son unos seres casi divinos, que se mueven por encima de la ley. El día que les entregaron el acta de concejal, también les dieron un una patente de corso, que les autorizaba a actuar con absoluta barra libre y sin tener que afrontar ninguna consecuencia. Contenciosos como el de la Rosaleda dejan bien claro, por si alguien tenía alguna duda, que los ciudadanos estamos totalmente desprotegidos ante unas administraciones, que disponen de innumerables resortes para retorcer la legalidad.
No sé cómo acabará esta polémico. Lo único que tengo claro es que nadie, absolutamente nadie, asumirá la responsabilidad del desastre.
* Información - Opinión - 7.01.2009
San Miguel: Los vecinos califican el PGOU de «disparate» y critican el volumen de suelo urbanizable
LAVERDAD/Alicante* : La asociación de vecinos San Miguel Árcángel considera que el nuevo plan general de ordenación urbanística aprobado en San Miguel de Salinas es un «disparate», ya que declara como suelo urbanizable en diferentes modalidades 4,3 millones de metros cuadrados de suelo. Una superficie que duplicaría el suelo existente en la actualidad.
Además, indican los vecinos, se reservan otros siete millones de metros cuadrados de suelo preurbanizable, es decir, suelo rústico que se incorporará a la dinámica urbanizadora una vez que se haya programado el 70% del suelo urbanizable.
En opinión de la asociación vecinal, el plan propone un modelo de crecimiento económico que se cimienta exclusivamente en el desarrollo turístico y residencial, «en base a la construcción de urbanizaciones dispersas a lo largo y ancho del término municipal».
Considera que este nuevo modelo «ahonda en los vicios del que sustituye» y que es un modelo de desarrollo «insostenible, gran consumidor de territorio, de energía y de difícil mantenimiento de los servicios municipales básicos».
La asociación califica de «bárbaro, caduco y desfasado» el PGOU aprobado y entiende que supone un tremendo «disparate» que un municipio de escasos 7.000 habitantes se plantee un crecimiento que triplica el suelo de un plan como del de Rabasa de Alicante.
Por último, denuncian que el plan se ha realizado al margen de la información y participación ciudadana, a pesar de su extenso período de gestación de 15 años, de que la Constitución recoge esta colaboración y de la importancia del mismo para el futuro de la población.
* La Verdad - 06.01.09 - L. V.| 06.01.09 - L. V.| SAN MIGUEL DE SALINAS
Foto: SAN MIGUEL DE SALINAS - inem.es
Castelló: Un plan con 7.500 alegaciones
LEVANTE* : Las actas municipales de 1999 desvelan que el PP impuso el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castelló del año 2000 -anulado ahora por el Tribunal Supremo- con la oposición de más de 7.500 alegaciones vecinales y con al menos dos informes técnicos que ponían en duda las garantías legales del mismo.
El controvertido documento, conocido como la revisión del PGOU del año 2000, fue realmente aprobado provisionalmente en el año 1999 en una sesión plenaria que ha pasado a la historia como una de las más controvertidas y anómalas de la actual era democrática de la capital de la Plana.
Era una tarde del 27 de mayo de 1999 y todos los grupos municipales de la oposición (entonces PSPV, Unitat del Poble Valencià -actual Bloc- y Esquerra Unida) rechazaron el PGOU auspiciado por el concejal de Urbanismo Víctor Falomir, plan que posteriormente sería ratificado y ejecutado por su sucesor y actual alcalde, Alberto Fabra.
PSPV, UPV y EU denunciaron que la documentación definitiva les había sido entregada sólo tres días antes del pleno y que existían informes desfavorables de los propios técnicos del ayuntamiento castellonense.
Además, expusieron que las modificaciones incorporadas por la Generalitat Valenciana al documento expuesto al público eran demasiado sustanciales y no se había dado la posibilidad de que los partidos políticos y los ciudadanos presentaran las pertinentes alegaciones. Ocho años después, el Tribunal Supremo ha anulado el plan precisamente por menoscabar el derecho de alegar de los ciudadanos.
El enrarecido contexto se agravaba al tratarse del último pleno de la corporación. El PP había decidido convocarlo el último día antes de la campaña electoral y, a juicio de la oposición, se trataba de una estrategia para diluir el debate público sobre un plan cuestionado tanto en el ámbito social como en el político.
Los distintos portavoces -Juan Callao (PSPV), Amelia Ferreres (EU) y Antoni Porcar (UPV)- reiteraron al PP una petición para que eliminara el punto del orden del día y aplazara la aprobación del PGOU hasta que se dispusiera de suficientes informes y plenas garantías jurídicas.
El desencuentro fue tal que los concejales liderados por Callao y Ferreres abandonaron el pleno antes de la votación al tiempo que Porcar se mantenía en la sala para emitir su voto en contra.
Minutos antes, Callao había recordado que el informe del secretario municipal ponía objeciones al plan y al "escaso" plazo de estudio concedido por el PP. En el plano legal, el secretario alegaba que había detectado "alteraciones de competencias resolutorias, modificaciones de procedimiento y determinaciones cuya redacción convendría mejorar".
Víctor Falomir respondió que era consciente del citado informe y que había preferido anteponer el criterio de un estudio privado encargado al coordinador de la elaboración de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), Francisco Blanch. "Naturalmente, entre dos informes contradictorios, la obligación del político es decidir y en este caso el ayuntamiento decide por el informe del señor Blanch, porque si tuviéramos que hacer siempre lo que dicen los técnicos o juristas de la casa, al final sobrarían los políticos, gobernaría el señor secretario o el señor interventor y los políticos sobrarían. Entonces, ante dos informes, uno de ellos hecho precisamente por el señor que coordinó la ley a la que se tiene que someter este plan, el Ayuntamiento opta por este informe".
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 6.01.2009
Foto: rEcalificación. Carteles contra la recalificación de parte del Pinar en 2000.
carlos pascual, levante-emv.com
Sólo el 15% de las ciudades adapta su urbanismo a la ley del Suelo
ELPAÍS/Andalucía* : A punto de cumplirse seis años de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), también llamada ley del suelo, sólo 116 municipios (el 15% del total) han logrado dotarse de unas nuevas normas de planeamiento adaptadas a ella, y entre los que sí lo han hecho apenas hay cuatro de las 28 ciudades de más de 50.000 habitantes (Sevilla, Dos Hermanas, El Ejido y Motril) donde las tensiones territoriales son mayores.
Pese a todo, los resultados han mejorado en el último año, desde que se promulgó el decreto que permite la adaptación parcial de los planes generales con el objetivo último de agilizar la obtención de suelo para vivienda protegida. En 11 meses de vigencia del decreto, 33 municipios han adaptado ya su planeamiento por esta vía y otros 28 lo tienen en tramitación. La directora general de Urbanismo, María Felicidad Montero, anuncia que en 2009 se producirá un "boom" en la revisión del planeamiento urbanístico y confía en que a mediados de 2010 los números se hayan invertido y la inmensa mayoría de los ayuntamientos tengan su ordenamiento adaptado a la ley.
Montero reconoce la dificultad del proceso, sobre todo porque inicialmente la mayoría de los ayuntamientos optaron por la revisión completa de sus planes generales de ordenación urbana (PGOU), lo que supone un procedimiento complejo y lento. Además, lo hicieron en plena expansión inmobiliaria, por lo que había planteamientos "muy exagerados y fuera de toda lógica" que suponían añadir tensión a la relación entre los municipios, que elaboran y formulan los planes, y la Junta, a la que compete aprobarlos definitivamente.
Además, la LOUA obliga a todos los municipios a dotarse de un PGOU, y hasta ahora una gran mayoría, especialmente los menores de 10.000 habitantes, sólo tenían unas normas subsidiarias cuando no carecían de reglas. "Íbamos por un camino equivocado", admite Montero, quien dice estar muy satisfecha con la vía abierta por el decreto aprobado en enero de 2007 para la adaptación parcial, una posibilidad que ya contempla la ley pero que apenas se había usado.
Lo que el decreto hizo fue agilizar los trámites y desarrollar el procedimiento. La adaptación parcial es un atajo, pero como explica Montero, "lo importante es tener un planeamiento adecuado a la ley, pero sobre todo reservas de suelo para vivienda protegida, se están dando respuesta a necesidades reales de los municipios".
La adaptación parcial debe recoger la clasificación de la totalidad del suelo del municipio delimitando las superficies adscritas a cada clase, disposiciones que garanticen suelo suficiente para satisfacer las necesidades de VPO y los sistemas generales. No pueden en ningún caso clasificar nuevos suelos urbanos y urbanizables, alterar la normativa sobre el no urbanizable, modificar los parámetros de densidades de edificabilidad o diseñar nuevas infraestructuras, aspectos todos estos que requieren la revisión del PGOU.
El decreto de adaptación parcial ofreció además una vía de salvar dificultades a los municipios que desde enero de 2007 están impedidos a hacer modificaciones a sus planes urbanísticos si no están adaptados a la ley, lo que añadidamente comprometía además poder cumplir las previsiones del Pacto por la Vivienda firmado en diciembre de 2007 que contempla la construcción de 300.000 casas protegidas en los próximos 10 años.
El procedimiento establecido en el decreto sobre adaptación parcial hace posible aprobar ésta entre tres y cinco meses. El ayuntamiento elabora su plan, lo somete a un periodo de información pública de al menos un mes, recibe los informes sectoriales precisos y finalmente lo aprueba la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. La revisión de un PGOU normalmente lleva varios años. El Ayuntamiento de Málaga por ejemplo ha tardado 25 meses entre la aprobación inicial y la provisional.
En su última sesión, celebrada el pasado 22 de diciembre, la Comisión Interdepartamental informó favorablemente 13 adaptaciones parciales, con lo que ya son 33 municipios los que han logrado por esta vía adaptar su planeamiento a la ley en apenas 11 meses. Más de la mitad, 17 de ellos, corresponden a la provincia de Sevilla, cuyos ayuntamientos se muestran tradicionalmente más decididos en la promoción de VPO. Por el contrario, en Málaga sólo un municipio ha impulsado la adaptación parcial, Rincón de la Victoria. Esta provincia es con mucho la más atrasada en la adaptación de los planes municipales a la LOUA pues sólo un municipio, Cortes de la Frontera, ha revisado su PGOU. También uno solo corresponden a las provincias de Córdoba y Granada, y la lista la completan dos municipios onubenses, otros dos jiennenses, tres gaditanos y seis de Almería.
Las 33 adaptaciones parciales aprobadas contemplan reservas de suelo para 33.141 VPO, y la gama de municipios oscila desde menores como Carrión de los Céspedes, Montellano o Los Molares, a una ciudad de más de 100.000 habitantes, Dos Hermanas, pasando por municipios costeros que han tenido una intensa expansión urbanística como Barbate, Rota, Níjar, Vera o la citada Rincón de la Victoria.
Además, otros 28 municipios han sacado ya a información pública sus documentos de adaptación parcial del planeamiento, entre los que también son mayoría los sevillanos (11), por lo que previsiblemente estarán aprobados en el primer trimestre del año. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio tiene constancia de que otros 112 municipios tienen en redacción un documento de adaptación parcial a la LOUA, 45 de ellos de Sevilla, 21 de Almería, 12 de Cádiz y 12 de Málaga. El dato ilustra la afirmación de Montero sobre el cambio de rumbo que ha supuesto el decreto, ya que las provincias costeras son hasta ahora las más atrasadas en la revisión de sus planeamientos.
Las cifras de la ley del suelo
- Sólo 116 de los 770 municipios andaluces (el 15%) han adaptado sus planes urbanísticos a la ley del suelo.
- Para agilizar la obtención de suelo para VPO, 33 ayuntamientos se han acogido al decreto de adaptación aprobado en 2007 para la reserva de 33.141 viviendas protegidas. Otros 140 han iniciado los trámites: 28 en información pública y 112 en redacción.
- Los ayuntamientos del interior son los más decididos a la revisión completa del PGOU. Granada, Córdoba y Sevilla representan el 62% de las 83 aprobaciones definitivas.
- 35 municipios han aprobado provisionalmente sus planes. Entre ellos, figura una solo capital, Málaga y grandes ciudades, como Jerez, El Puerto de Santa María, San Fernando, Marbella, Fuengirola, Conil, La Línea de la Concepción o Roquetas de Mar.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 06/01/2009
Foto: Sevilla, ayuntamiento - flickr.com
