JULIO ROJO* : A pesar de la crisis inmobiliaria, la industria urbanística continúa expandiéndose sobre gran cantidad de espacios naturales a golpe de recalificaciones y modificaciones de los planes de ordenación territorial. Los emprendimientos inmobiliarios siguen ejerciendo una fuerte presión sobre los espacios naturales. Además de algunos casos con mayor trascendencia mediática, como el del hotel El Algarrobico, en Cabo de Gata, o el proyecto de estación de esquí en San Glorio (en la cordillera Cantábrica), otros muchos espacios naturales protegidos se encuentran sometidos a una gran presión inmobiliaria, que no se detiene pese a la crisis en la que parece encontrarse el sector.
Proyectos urbanísticos
El crecimiento de las zonas residenciales y la creación de grandes zonas mixtas en las que conviven viviendas con emplazamientos deportivos y de ocio generan conflictos al encontrarse, en numerosos casos, ubicadas en entornos naturales con algún tipo de protección. Según Ecologistas en Acción, “se trata de propuestas de ocio que son utilizadas exclusivamente para promocionar grandes operaciones de construcción y venta de viviendas, cuyo costo final queda sensiblemente incrementado por los citados alicientes”. Casos como el del emprendimiento urbanístico denunciado en los últimos días por esta asociación ecologista en el Parque Natural Los Alcornocales, en Cádiz –que contempla la recalificación de más de 500.000 m2 de suelo perteneciente al parque natural para la construcción de una urbanización, un centro comercial, un hotel y un campo de golf aledaño al parque, aumentando en un 200% la superficie urbanizada del municipio–, se repiten a lo largo de la Península y muestran el carácter nocivo de las presiones urbanísticas especulativas sobre los parques naturales.
Pero no sólo la tierra se ve afectada por este crecimiento urbanístico. La creación de marinas y clubes náuticos en espacios naturales protegidos generan un gran impacto sobre zonas acuáticas, al favorecer y promover el uso de embarcaciones y otras actividades acuáticas en zonas de alto valor ecológico. La macrourbanización cacereña denominada Marina Isla de Valdecañas, ubicada en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), muestra hasta qué punto los emprendimientos urbanísticos avanzan sobre los espacios naturales protegidos, incluso llegando a extremos de amenazas y agresiones a las personas que se mostraron contrarias a dicho emprendimiento, como le sucedió a la activista ecologista Francisca Blanco a finales del año pasado.
Proyectos de ocio
En otros casos, son las propuestas de ocio y deporte relacionadas con la naturaleza las que atraen la inversión y expansión inmobiliaria en espacios naturales: estaciones de esquí, la caza, la pesca o las actividades en la montaña.
En la estación de Baqueira Beret (Lleida), el fallido proyecto de ampliación de las pistas de esquí se encontró con una fuerte oposición, ya que se basaba en la eliminación del Valle de Arreu, lugar elegido para la ampliación de la red de espacios comunitarios Red Natura 2000. El proyecto fue paralizado debido a las denuncias interpuestas ante la UE por varias organizaciones ecologistas. Pero esto no ha impedido que en otra zona cercana a la estación se recalificaran terrenos y se construyeran varios hoteles de lujo, estacionamientos y áreas comerciales y residenciales conectadas con la estación mediante una telecabina. El 26 de septiembre, el Ayuntamiento de Naut Aran concedió a la estación la licencia para la creación de tres embalses artificiales desde los que suplementar los insumos de agua necesarios para alimentar los cañones de nieve y cubrir las necesidades hídricas de tal crecimiento urbano.
De manera similar, la nueva propuesta de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la sierra de Guadarrama (Madrid) resulta “decepcionante”, según advierte María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. Dicho plan reduce prácticamente a la mitad la superficie del Parque Nacional de Guadarrama con la excusa de no prohibir “usos tradicionales” como la caza, la pesca o la extracción de madera en las zonas sustraídas al Parque Nacional. Para Nieto, “se limita a zonificar únicamente en base a criterios de titularidad pública o privada, sin responder a criterios científicos, lo que ha hecho que numerosos municipios comiencen a movilizarse en favor de este Plan, que no impone limitaciones a los ayuntamientos en cuanto a clasificación del suelo”. De aprobarse el plan actual, Ecologistas en Acción calcula que podrían construirse hasta 45.000 viviendas nuevas en el ámbito del PORN y zonas colindantes, lo que supondría un nuevo avance de los proyectos urbanísticos sobre áreas naturales de gran valor ecológico.
De las numerosas experiencias recopiladas y vividas por las asociaciones ecologistas es fácil concluir que los planes de ordenación de los recursos naturales y de ordenación urbanística (determinantes de las zonas urbanizables y los usos permitidos de los recursos naturales) se encuentran sometidos a los planes urbanísticos de las promotoras inmobiliarias, que prometen inversiones, fuentes de trabajo y desarrollo a cambio de concesiones y modificaciones en los planes de conservación del entorno natural.
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ESPACIOS NATURALES EN PELIGRO
Los Alcornocales (Cádiz)
Este paraje se ubica en el municipio de Prado del Rey en Cádiz, fue declarado Reserva de la Biosfera y está incluido en la Red Natura 2000 de la Unión Europea. El Ayuntamiento aprobó un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que recalifica 2.000.000 m2 y propone la construcción de 1.440 nuevas viviendas, con la pretensión de duplicar sus 6.000 habitantes. Incluye el Plan Parcial de El Cruce, que declara urbanizable un total de 581.064 m2 pertenecientes al Parque Natural para construir una urbanización, un hotel y un centro comercial, incluyendo un campo de golf colindante. El PGOU anterior (idéntico al actual) fue anulado por el TSJA y parte de la zona de El Cruce está catalogada por el PORN del parque como terreno forestal, lo que prohíbe su recalificación a suelo urbanizable.
Baqueira Beret (Lleida)
La aprobación de la ampliación de las pistas de esquí en Baqueira Beret en 2002 requirió de la eliminación del Valle de Arreu (Pallars Sobirà) de la propuesta de la Red Natura 2000 del Govern catalán. Las organizaciones ecologistas lo denunciaron ante la Unión Europea, que emplazó a las administraciones a corregir la decisión y consiguieron la inclusión definitiva del valle y la paralización de la ampliación de las pistas. Pero recientemente se inauguró la urbanización Ruda 1.500, cercana a la estación de esquí, con hoteles, áreas residenciales y comerciales. Además, la estación ha propuesto la creación de tres lagos artificiales, que, según Joan Vázquez, secretario general de la asociación ecologista IPCENA, sólo sirven para alimentar los cañones de esquí y el insostenible desarrollo urbanístico producido.
El parque de Guadarrama
La última propuesta de PORN realizada por la Comunidad de Madrid reduce la superficie del Parque Nacional de 34.500 hectáreas a 19.700 para, supuestamente, ajustarse a las leyes de Parques Nacionales y Patrimonio Natural y Biodiversidad. Dichas leyes incorporan prohibiciones ya recogidas en el Plan Director de Parques Nacionales, en vigor desde 1999 y, por lo, tanto anterior a la propuesta del Parque Nacional. Según Ecologistas en Acción, el PORN no pone límites a la clasificación del suelo, lo que podría suponer 45.000 nuevas viviendas en el ámbito del PORN y zonas colindantes, que transformarían en urbanizables los suelos actualmente clasificados como no urbanizables. Praderas y dehesas podrán recalificarse sin problema.
* Diagonal
* Rebelión - 30.11.2008
El crecimiento urbanístico pisa fuerte sobre los espacios naturales de todo el territorio español
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2.12.08
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
La Fiscalía pide prisión para los arquitectos con delitos urbanísticos
ELPAÍS/Cádiz* : Los delitos contra la ordenación del territorio se saldan, en la mayoría de casos, con una simple multa. Un precio demasiado barato, según el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz y coordinador de Andalucía, Ángel Núñez, quien alerta de que estas sanciones son ya asumidas como parte del coste de la construcción y no sirven para disuadir a los infractores.
Ante la poca efectividad de las condenas, el fiscal propone dos medidas: la demolición y el endurecimiento de las penas, sobre todo en los nuevos tipos delictivos en los que no se trata sólo de un particular que construye sin licencia, sino que existe toda una trama en la que participan tasadores, empleados bancarios y arquitectos.
Las condenas podrían llegar a implicar en estos casos un mínimo de tres años de cárcel para los arquitectos y arquitectos técnicos que firman certificados falsos de obra para encubrir la ilegalidad de la construcción. Y sin necesidad de modificar la legislación. Según Ángel Núñez, sólo es necesario un cambio en la interpretación de los hechos: "La calificación jurídica de los hechos debe ser falsedad en documento oficial cometida por funcionario público. ¿Qué ventajas puede tener esto? No sólo que la pena mínima es aquí de tres años de prisión, sino que en la medida en que hemos llegado muy tarde a cientos de conducta de esta naturaleza, los plazos de prescripción son notablemente superiores". El fiscal considera que los técnicos implicados en estos delitos, en el momento de firmar los certificados de obra, realizan un servicio público y, por tanto, su labor puede asimilarse a la de un funcionario. "En el código penal el concepto de funcionariado es más amplio que en el lenguaje laboral".
La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz ya ha comenzado a implantar esta práctica, y ha solicitado prisión provisional para uno de los implicados en la operación conocida como Obra Nueva. La petición, sin embargo, ha sido desestimada. Con todo, Núñez, que ejerce ahora de coordinador de fiscales de toda Andalucía, no se desanima. Sus reclamaciones sobre el urbanismo ilegal han ido calando poco a poco aunque con demasiadas piedras en el camino que han hecho, según admite, "perder un tiempo precioso".
Se esperó hasta 1995 para incluir en el código penal la construcción de viviendas sin licencia y los daños a la ordenación del territorio. Fue tras detectarse la ausencia absoluta de actuación de las administraciones en el control urbanístico. Núñez tuvo que luchar para reclamar a los jueces la consideración de delito urbanístico cuando lo cometía un particular y no sólo un profesional de la construcción. El Tribunal Supremo le dio la razón. También tuvo que esforzarse para conseguir que las sentencias condenatorias incluyesen las órdenes de derribo como norma general ante una edificación ilegal. La Audiencia Provincial de Cádiz terminó asumiendo desde el año pasado este criterio. Ahora su batalla está en el endurecimiento de las penas contra la falsificación de certificados de obra.
Los colegios que protegen los derechos de los arquitectos y arquitectos técnicos siempre han negado que los profesionales denunciados e implicados en operaciones de la Guardia Civil o la Policía Autonómica representen una actuación mayoritaria del colectivo. "Está en juego nuestra imagen. Los garbanzos negros no pueden perjudicarnos a todos", explica el presidente del colegio de aparejadores y arquitectos técnicos de Cádiz, José Arcos.
Este organismo emprendió el año pasado, tras darse a conocer las investigaciones policiales que acusaban a varios colegiados, un plan para incrementar los controles que validan los certificados de obra. Los profesionales tienen que presentar ante la sede del colegio los documentos para su validación definitiva. Esto retrasa todo el proceso pero se garantiza la máxima transparencia.
* ELPAIS.com - L. PALOMA / P. ESPINOSA - Cádiz - 01/12/2008
Foto: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María - wikipedia.org
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1.12.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Treinta colectivos del sur de la provincia exigen la retirada del plan Vigo Íntegra
FARODEVIGO* : Oposición frontal al plan Vigo Íntegra que plantea la Xunta a a través de la Consellería de Política Territorial, para infraestructuras terrestres en la zona sur de la provincia. Este es el mensaje que ayer envió casi un millar e personas, durante la manifestación que recorrió, a mediodía, el centro de la ciudad viguesa.
Representantes de treinta colectivos de distintas comarca próximas a Vigo se dieron cita en la plaza de España y desfilaron por Gran Vía, Urzáiz, colón y Policarpo Sanz, para concluir en la Porta do Sol, donde se leyó un comunicado conjunto de rechazo a los planes de la consellería.
Además de Vigo, los manifestantes llegaron de las comarcas de Val Miñor, Condado, Paradanta, O Morrazo, Baixo Miño, Louriña, Redondela e incluso desde Pontevedra.
Además del rechazo a las obras que se incluyen en el plan de la Xunta, los colectivos presentes en la manifestación reclamaron que el importe que se pretende destinar a las inversiones de esas infraestructuras se destine a mejorar el transporte público, tanto urbano como interurbano, así como a la financiación de proyectos de obras sociales, como hospitales comarcales e instalaciones culturales y deportivas en las zonas afectadas, a fin de evitar desplazamientos por carretera, lo que redundaría en una disminución, según reza el comunicado final, de las intensidades del tráfico.
Un portavoz de la organización de la convocatoria manifestó su satisfacción por la participación alcanzada, "sobre todo porque las malas condiciones del tiempo no eran las más favorables para que las personas de más lejos de Vigo se desplazasen en una mañana de domingo hasta la ciudad".
* Faro de Vigo - a.b. - 1.12.2008
Foto: Los manifestantes, en su recorrido por la calle Urzáiz - farodevigo.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Última noche en el 'palacio Malaya'
ELPAÍS/Madrid* : La Policía Nacional ha desalojado hoy, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, a las personas que ocupaban desde hace ocho meses el edificio número 49 de la calle Atocha de la capital, sin que se hayan registrado incidentes. El inmueble había sido ocupado el 27 de marzo por un grupo de jóvenes que querían convertirlo en un centro social.
Les han echado de lo que ellos llamaban Palacio Social Okupado Autogestionado Malaya a primera hora de la mañana por orden judicial, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.
El desalojo ha sido pacífico, según fuentes policiales, y vecinos del barrio apuntan que, hacia las 7.00, han escuchado gritos de manifestantes. Los propios okupas explican en la página web www.rompamoselsilencio.net que el Palacio Social Okupado Autogestionado Malaya ha sido desalojado sobre las 5.30 por más de 50 antidisturbios que, hacia las 6.00, han penetrado en el edificio y han hecho salir a las 13 personas que había dentro en ese momento.
Protesta en Antón Martín
Destacan que en el exterior se han concentrado dos grupos que han apoyado a los okupas coreando consignas como "10, 100, 1.000 centros sociales", "Luchar, crear, poder popular", "Espe, Espe, Espe... Especulación" y "Roban en Marbella, defienden en Madrid". Ambos grupos, según la misma web. se encontraron finalmente en la calle Cañizares tras ser desplazados "bajo amenazas de cargas" por los antidisturbios.
Estos colectivos recuerdan que el edificio desalojado está intervenido por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, que lleva el caso Malaya, "ante la sospecha basada en indicios racionales de que este edificio es parte del patrimonio" del ex asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, y que "sus actuales propietarios están actuando como testaferros". Aseguran que sus propietarios son María Pilar Román, hija del teniente de alcalde del GIL en Marbella, Pedro Román, y Javier Pérez Villena, ambos implicados en la trama de corrupción.
A estas horas, el edificio permanece custodiado por dos agentes y tres furgones policiales y de su fachada han desaparecido ya los carteles que los okupas habían colgado durante su estancia. Los 13 desalojados que han sido citados a declarar este mediodía en la comisaría de Leganitos. La asamblea del palacio okupado ha convocado una concentración a las 18.30 de hoy en la Plaza de Antón Martín bajo el lema No podrán desalojar nuestras ideas. Malaya vive, la lucha sigue.
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Madrid - 01/12/2008
Foto: Los jóvenes se van con sus pertenencias a cuestas, en una foto tomada de rompamoselsilencio.net
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1.12.08
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Tema: NOTICIAS Madrid
El PE amenaza con congelar los fondos europeos para España si no se resuelven los abusos urbanísticos
EUROPAPRESS* : El informe preliminar del Parlamento Europeo sobre urbanismo en España amenaza con congelar los fondos comunitarios si no se resuelven los abusos denunciados. La Eurocámara reclama una moratoria sobre los nuevos proyectos de urbanización que no sean sostenibles desde un punto de vista medioambiental y no respeten el derecho de propiedad y la paralización de todos los planes en marcha que vulneren la legislación comunitaria.
El texto ha sido elaborado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken para la comisión de Peticiones de la Eurocámara y todavía puede sufrir muchos cambios durante su tramitación. Ahora deberá ser enmendado y votado por esta comisión y a continuación se votará en pleno, probablemente en marzo de 2009. Será el tercer informe crítico con el urbanismo en España que apruebe el Parlamento Europeo.
El informe recuerda que la Eurocámara, en tanto que autoridad presupuestaria, puede congelar los fondos comunitarios "si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro de que ponga fin a violaciones graves de las reglas y principios que está obligado a respetar en virtud del Tratado o de la legislación de la UE" y mantenerlos en la reserva hasta que los problemas se resuelvan.
Resalta además que también la Comisión Europea podría interrumpir el pago de fondos estructurales e incluso exigir la devolución del dinero que se haya concedido para financiar proyectos que no respeten plenamente las reglas comunitarias.
La ponente exige al Gobierno y a las comunidades autónomas que "revisen cuidadosamente toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios para poner fin a los abusos". Reclama además una moratoria en todos los nuevos planes de urbanización que "no respeten criterios estrictos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social y que no garanticen el respeto del derecho a la propiedad de la propiedad legítimamente adquirida".
La Eurocámara aboga también por "parar y cancelar todos los planes existentes en los que no se han respetado los criterios contenidos en la legislación de la UE, especialmente en lo que se refiere a la concesión de contratos de urbanización y el respeto de las disposiciones sobre agua y medio ambiente".
Asimismo, se pide a las autoridades nacionales y regionales competentes que pongan en marcha los mecanismos judiciales y administrativos necesarios --en los que se incluya a los defensores del pueblo regionales y nacionales-- para compensar a las víctimas de abusos urbanísticos propiciados por legislaciones como la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en la Comunidad Valenciana y la vigente Ley Urbanística Valenciana (LUV).
La resolución indica que la falta de claridad, precisión y seguridad jurídica en la legislación vigente en España por lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental es la causa de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica donde, de nuevo, el ciudadano europeo es la víctima principal, pero donde el Estado español también ha perdido considerablemente".
La ponente expresa su preocupación por el hecho de que las autoridades judiciales en España han demostrado ser inadecuadas y estar poco preparadas a la hora de tratar con el impacto de la urbanización masiva en la vida de las personas.
* Europa Press - BRUSELAS, 1 Dic. 2008
Foto: Parlamento europeo - periodismoenlared.com
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
Greenpeace reclama a Gandia que no recalifique más suelo e invierta en proteger el paisaje
LASPROVINCIAS/Valencia* : Los años del ladrillazo han dejado a Gandia prácticamente sin suelo. El gobierno municipal se verá obligado a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y a recalificar terrenos si pretende que la ciudad siga expandiéndose.
En este sentido, la redactora del informe de Greenpeace Destrucción a toda costa, Pilar Marcos, solicitó al Ayuntamiento de Gandia que deje de transformar suelo para evitar que se siga construyendo y que, por contra, se invierta más en proteger el paisaje.
"El Consistorio Municipal ha de reordenar el suelo artificial existente para que el suelo natural no pierda su valor. Queda muy poco suelo natural para que se siga recalificando", argumentó ayer la representante de la agrupación ecologista.
Estas declaraciones las realizó Marcos con motivo de su participación el viernes por la tarde en los salones de Fomento de Agricultura, Industria y Comercio en la tertulia-debate del Fòrum del Diàleg que llevó por título "El informe de Greenpeace Destrucción a toda Costa" y que patrocina LAS PROVINCIAS.
Marcos reclamó al Ministerio de Medio Ambiente y a la Generalitat Valenciana que ponga en marcha la estrategia de sostenibilidad de la costa, la cual ha de pasar primero por un acuerdo entre la Comunidad Autónoma y el Estado.
"Si no se impulsa esta medida seguirá la destrucción ambiental". El ingeniero forestal y miembro del Fòrum XXI, Xavier Ròdenas, que también intervino en la tertulia, expresó que el paisaje es necesario para el crecimiento y el progreso de la ciudad.
El paisaje no es un estorbo
"Años atrás se pensaba que el paisaje era un estorbo para el crecimiento, pero ahora la gente ya es más consciente de que es necesario para poder crecer y mejorar la calidad de vida".
El experto, con respecto a la crisis económica, subrayó que esta ha salvado temporalmente el paisaje de la comarca de la Safor. Ródenas señaló en su discurso que con la desaceleración económica ha quedado demostrado que el crecimiento exponencial no existe.
"Las administraciones y las empresas han apoyado la construcción como fuente de crecimiento. Y esto no puede ser así. No se puede crecer hasta el infinito", agregó.
A juicio de Ródenas, hay que ahondar en la calidad de vida y "no crecer sino mejorar industrias, energías alternativas, aportar ayudas al pequeño comercio... en definitiva, diversificar para que la sociedad no se sostenga de una única fuente".
Momento de reflexionar
Ródenas apuntó que es momento de reflexionar y de invertir el dinero en otras cosas, ya que hay limitaciones en el agua, el paisaje y la calidad de vida.
El dossier de Greenpeace de 2008 no califica como punto negro de destrucción urbanística a ningún municipio de la Safor.
En 2007 sí citó los Planes de Actuación Integral (PAI) Vall del Mar y Granota Golf de Tavernes de la Valldigna; la ampliación del puerto deportivo de Gandia "que destruirá bancos de chirla y dañará las playas cercanas" y la urbanización de la zona virgen de Piles.
Marcos aseguró que estos proyectos siguen siendo negativos, pero este año no se han incluido como puntos negros porque se han dado otros más importantes. "Hay que tener en cuenta que el suelo ya está recalificado. Y ahora estamos en tiempos de crisis, pero cuando vengan mejores tiempos, volverá la cultura del pelotazo".
La única mención que se hace de la Safor es en el apartado Degradación por infraestructuras. La Generalitat Valenciana sigue apostando por colmatar su litoral con puertos deportivos, según Greenpeace. Uno de ellos es el de Gandia.
Según los últimos planes del Ejecutivo valenciano se añadirán cerca de 14.000 nuevos amarres a la oferta ya existente 34.
"Utilizando nuevamente el paraguas de la Copa América se intentan reactivar inversiones para la creación de nuevos puertos deportivos a añadir a los 46 existentes (uno cada 11 kilómetros)".
La componente de Greenpeace también habló de la corrupción y urbanística en la Comunitat Valenciana, las irregularidades en los tribunales; y los casos de contaminación más importantes.
Modificar los planes
La mayoría de municipios de la Safor estudian durante esta legislatura modificaciones en sus planes generales de ordenación urbana, que permitan multiplicar por dos, tres y hasta cuatro veces la población actual con la que cuentan. Esto supone que, en caso de salir adelante en los Ayuntamientos los proyectos previstos, la comarca aumentará en un 44% la superficie de suelo urbanizado.
En la última década, la proliferación de planes urbanísticos ha supuesto un notable incremento del suelo construido en detrimento del suelo forestal o protegido. Desde 1997, se han proyectado en la Safor más de 36.000 viviendas. Para construirlas, se generan 21.848.000 nuevos metros cuadrados de suelo urbano.
Estos últimos datos forman parte del libro Macrourbanisme i agressions al paisatge mediterrani. El medi ambient i la societat valenciana, escrito por Roger Cremades, y que fue presentado este verano.
* Las Provincias - 30.11.08 - ZOA SANZ
Foto: Una pantalla de numerosos apartamentos ocupa todo el litoral de Gandia y del resto de la comarca de la Safor - lasprovincias.es
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1.12.08
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
¿Por qué no funciona el mercado de alquiler de vivienda en España?
SOITU/Reportaje* : Pese al frenético desarrollo del mercado residencial español en los últimos 11 años, el parque de viviendas en alquiler se ha mantenido prácticamente inmutable. Desde 2001, no ha superado el 7,7% del total, lo que coloca a nuestro país a la 'cola' de Europa, donde la media alcanza el 30%.
La consultora Aguirre Newman prevé que 2008 finalice con un pequeño incremento de 3 décimas en el porcentaje de alquiler, situándose en el 8% del parque total, y que en 2009 se superen los dos millones de pisos en arrendamiento. Un pequeño avance pese a los intentos del Gobierno por convertir al alquiler en una opción para los que quieren independizarse. ¿Cuál es la fórmula 'mágica' para equipararnos a sus vecinos?
Para Javier García-Mateo, director de análisis de Aguirre Newman, la solución está en manos del Gobierno y es tan sencillo como cambiar la política fiscal y profesionalizar el mercado. Al menos esto es lo que han hecho los países que pueden presumir de tener un activo parque de viviendas en alquiler.
El ejemplo alemán
Es el caso de Alemania, que encabeza el ranking europeo con un 57% del total de sus viviendas en régimen de arrendamiento. De hecho, en este país los distintos gobiernos se han esforzado por impulsar la compra, sin resultados evidentes por el momento. ¿Por qué? Pues porque las leyes benefician al inquilino frente al 'casero'; porque las condiciones fiscales favorecen las inversiones institucionales en alquiler; y porque la inestabilidad económica internacional no favorece la compra, máxime cuando los bancos alemanes están financiando sólo el 60% del precio de la vivienda, teniendo que abonar el 40% restante en concepto de entrada.
En territorio germano, los propietarios pueden ser obligados a realizar obras de rehabilitación en el inmueble alquilado si el inquilino lo considera necesario para el correcto uso y disfrute del inmueble, con riesgo de multa, e incluso expropiación, si no cumple. Si el número de viviendas vacías supera el 10% del parque de un municipio, el ayuntamiento correspondiente puede derribar las casas que considere oportuno. Además, en periodos en los que el acceso a la vivienda es difícil por cuestiones económicas (como ocurre en la actualidad), el propietario de un inmueble está obligado a no superar en un 20% las rentas colindantes; de lo contrario, será multado.
En relación al mercado de inversión, Alemania ofrece condiciones legislativas y fiscales favorables para los inversores de viviendas en alquiler, que gozan de una deducción de gastos financieros, y están exentos del impuesto sobre plusvalía inmobiliaria a partir del décimo año, "lo que favorece que las inversiones se lleven a cabo a largo plazo y no de forma especulativa", explica García-Mateo.
Evitar el desequilibrio
Holanda también está intentando fomentar la adquisición de viviendas. En este país, menos del 23% del parque residencial está ocupado por su propietario. Desde la administración pública se pretende que el porcentaje de viviendas en propiedad alcance cotas del 35% en los próximos años, para evitar el desequilibrio.
En lo que se refiere a medidas legales, en tierras holandesas se permite la ocupación de viviendas que estén vacías durante más de un año, y éstas sólo se devolverán a su propietario en el momento que demuestre que van a ser ocupadas. Sin embargo, esta situación puede variar en breve, ya que el Parlamento prepara una modificación legislativa que pretende penar la 'okupación'. Eso sí, para evitar la especulación, los políticos holandeses plantean que las administraciones locales obliguen a los propietarios de inmuebles vacíos a aceptar inquilinos en alquiler; de lo contrario, serán multados.
Existen, además, importantes subisidios públicos para hacer frente a los pagos mensuales del alquiler. Y el Gobierno ha establecido un precio máximo del metro cuadrado en arrendamiento en determinadas zonas de algunas ciudades para facilitar el acceso.
Viviendas vacías para alquiler social
A pesar de que en décadas anteriores los diferentes gobiernos británicos fomentaron la compra de viviendas, en la actualidad, la Administración Brown tiene como prioridad potenciar el mercado de alquiler, que considera escaso. Para impulsar este mercado, ha creado la agencia estatal de vivienda vacía (Empty Home Agency), que se dedica a la compra de casas deshabitadas con dinero público para destinarlas al alquiler social. Además, algunos ayuntamientos penalizan a los propietarios que mantengan voluntariamente vacías sus viviendas o se nieguen a ponerlas en alquiler, y tienen potestad para obligar al propietario a alquilar o vender forzosamente aquellas casas que lleven más de 6 meses sin inquilino.
Por otra parte, existen incentivos fiscales para los propietarios privados que compren o rehabiliten pisos que luego destinen al alquiler. Sin embargo, "la promoción privada destinada al alquiler es aún relativamente escasa en Reino Unido, mientras que el número de viviendas públicas en alquiler ha aumentado en los últimos años, representando en la actualidad el 32% del parque total del país", apuntan desde Aguirre Newman.
Francia, por su parte, cuenta con un plan de renovación urbanística que data de 2003, y que pretende rehabilitar 400.000 viviendas y construir otras tantas más hasta 2011 para destinarlas al alquiler, así como demoler 250.000 que se han quedado obsoletas. Nuestros vecinos galos también ofrecen desgravaciones fiscales para aquellos propietarios que rehabiliten sus casas para luego arrendarlas; así como gravan los pisos vacíos, llegando incluso a expropiarlos en el caso de que llevan así más de 18 meses. El precio medio de alquiler se revisa anualmente en función del Índice de Coste de la Construcción.
Y España, ¿qué?
La legislación, las características de la oferta en alquiler —en su mayoría obsoleta y necesitada de rehabilitación—, la evolución de los precios y las facilidades de financiación del pasado, han sido las causas de que en España no hayan existido razones consistentes para el desarrollo de un parque de viviendas en alquiler competitivo.
Sin embargo, el momento actual es propicio para conseguir un cambio. Los precios de las viviendas han tocado techo; los bancos han cerrado el grifo de la financiación y exigen un mínimo del 30% del valor del piso a la entrada; el Gobierno ha reconocido que el efecto de las ayudas tardará en notarse; y existe un importante excedente de viviendas sin vender en manos de promotores, banca e inversores, que para conseguir liquidez están dispuestos a alquilarlas. Según García-Mateo, esta situación "aumentará la demanda, así como la calidad de este tipo de producto", ya que se trata principalmente de obra nueva, y hará que "mejore la percepción de los potenciales arrendatarios y les impulse a alquilar".
Además, el objetivo del Gobierno es conseguir que el 40% de las viviendas protegidas que se construyan en los próximos diez años se destinen al alquiler, para alcanzar un parque público en arrendamiento comparable al de nuestros vecinos europeos.
Pero esto no será posible si no se incentiva fiscalmente el alquiler a fin de profesionalizarlo, comenta Fernando Encinar, directivo de idealista.com. En este sentido, Zapatero anunciaba a mediados de octubre la creación de sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, conocidas internacionalmente como REITs. Pero aún está por ver el alcance de esta medida.
En opinión de Encinar, lo "ideal" sería que el Estado emplease los 50.000 millones de euros que va a entregar a la banca "para adquirir el stock de vivienda sin vender por el coste de la hipoteca pendiente". Según este experto, así se matarían varios pájaros de un tiro: "se ayudaría a saldar las deudas de los promotores", para que continuasen con su actividad y no se produjesen nuevos concursos de acreedores y EREs masivos; "la banca rescindiría sus deudas", consiguiendo liquidez para volver a conceder créditos a los hogares; y "el Estado se haría con una gran bolsa de alquiler pública" ya construida, sin tener que esperar varios años para conseguirla, lo que permitiría un acceso más fácil y rápido a los interesados a través de organismos públicos, como la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). Eso sí, para que diese resultado, estas viviendas deberían ofrecerse a distintos tipos de rentas, como se hace en Alemania, apunta Encinar.
De momento, el parque de alquiler español es muy limitado. Está previsto que aumente "coyunturalmente" en los próximos dos años debido a la crisis. No obstante, los expertos coinciden en afirmar que esta tendencia no seguirá así durante mucho más tiempo. "No todo el stock sin vender se destinará al alquiler", afirma Encinar, quien está seguro de que en cuanto se recupere la normalidad en la operativa de los mercados, y las entidades bancarias vuelvan a conceder créditos a quienes los soliciten, el número de viviendas vendidas al año volverá a aumentar. Y en esto coincide con Aguirre Newman, aunque desde esta consultora apuntan a que el alquiler ha empezado a calar en los españoles y seguirá creciendo lentamente.
Según los datos de idealista.com, los alquileres subieron el doble de la inflación en 2007, pero se frenaron en seco a principios de 2008, para empezar a bajar en el tercer trimestre. En opinión de Encinar, con el aumento de la oferta, las rentas mensuales "tenderán a bajar".
* SOITU.es - GEMA FERNÁNDEZ - 11.11.2008
Foto: Se alquila - europapress.es
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Tema: NOTICIAS Europa , NOTICIAS VIVIENDA
Borges y El Cabanyal
MANUEL PERIS/Valencia* : Paseen por El Cabanyal y no les será difícil imaginar que si Jorge Luis Borges levantara la cabeza y se diera una vuelta por el barrio, añadiría una nueva página a su Historia universal de la infamia... quién sabe si detrás de El impostor inverosímil Tom Castro, o a continuación de La viuda Ching Pirata. Lo cierto es que hace un par de semanas la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, consiguió demoler la hermosa casa de la palmera de El Cabanyal, junto al mercado del barrio. Un derribo gratuito, chulesco, una victoria pírrica y en definitiva una demolición improductiva, porque Barberá está fracasando en El Cabanyal.
Al destrozo social de su política, que precipita una parte del barrio hacia la degradación, se une ahora el fracaso económico de toda la maniobra. Por un lado, la Unión Europea investiga en Valencia una posible violación de las directivas comunitarias sobre contratación pública por asignar a sociedades mixtas con accionistas privados, como Cabanyal 2010, tareas de ordenación urbanística con cargo al erario público. En paralelo esos socios privados ya han puesto los pies en polvorosa para salir del barrio por motivos puramente económicos. Así las 11 empresas privadas que debían participar en el festín especulativo abandonaron este verano la sociedad mixta Cabanyal 2010, encargada de la operación urbanística, porque la crisis del ladrillo ha llevado a muchas empresas a reorientar las inversiones. Además de las 1.600 viviendas que se pretende derribar, en tres años, Cabanyal 2010 apenas ha conseguido comprar un centenar y empiezan a aparecer sentencias que multiplican por cuatro la factura de las expropiaciones del Ayuntamiento en otras partes del barrio. Algo que aún hace más inviable la operación y que pone de manifiesto cuánta razón tienen arquitectos, vecinos y oposición municipal, al proponer destinar los fondos públicos a la rehabilitación. Pero la Administración pública valenciana carece de posibles, entre otras muchas cosas, porque una parte del pastel se lo está llevando ese patriota fiscal suizo llamado Santiago Calatrava, cuyos emolumentos son "confidenciales" según la respuesta del Consell, en sede parlamentaria, al diputado socialista José Camarasa.
Cuando un político prepotente y con mayoría absoluta comprueba que el devenir histórico no sigue sus delirios, se convierte en un peligro público, como tuvimos ocasión de comprobar con el Aznar de las Azores. Rita Barberá ha fracasado en El Cabanyal y la magnitud del revés da la medida de su dislate. Un fracaso que se extiende también al puerto, a donde no hay más que acercarse para comprobar cómo todo el esfuerzo inversor de la Copa del América ha quedado literalmente patas arriba con ese despropósito perfectamente acotado por vallas llamado circuito urbano.
A los ciudadanos de a pie sólo nos queda la memoria y el testimonio para nuestros hijos, algo que en el caso de la casa de la Palmera dejó registrado el cineasta valenciano Sigfrid Monleón en su película La bicicleta. Un filme que seguro vale la pena volver a ver entre lectura y lectura de cualquiera de los relatos de la siempre actual Historia universal de la infamia.
* ELPAIS.com - Opinión - 25/11/2008
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1.12.08
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La Fiscalía pide un año de cárcel para el alcalde de Alguazas
VEGAMEDIA/Murcia* : El alcalde de Alguazas, José Antonio Fernández Lladó, se enfrenta a un año de prisión y ocho de inhabilitación por permitir-y promover- la construir un restaurante en el entorno de la Torre Vieja. En su escrito de calificación –en el que acusa al primer edil de prevaricación-, el ministerio público pide también una pena de quince meses para la propietaria del restaurante por un delito contra la ordenación del territorio.
Además, exige la inmediata demolición del restaurante. Así lo cuenta el diario LA OPINIÓN.
El inmueble –conocido también como Torre de los Moros o del Obispo- es un edificio del siglo XIV que esta declarado Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural. Además, esta ubicado en un terreno clasificado como suelo no urbanizable de protección arqueológica en las normas subsidiarias municipales.
El primer intento de iniciar la obra se produjo a principios de 1999. Entonces, el alcalde trató de cambiar la clasificación para que se declarase suelo comercial privado a lo largo de caminos, compatible con el uso de restaurante, pero la Consejería de Obras Publicas lo rechazó. La acusada, no obstante, encargó el proyecto y lo presentó en el Colegio de Arquitectos, que denegó el visado hasta en dos ocasiones. Con esta negativa, el alcalde remitió un escrito a la Dirección General de Cultura en el que insistía en la aprobación provisional del cambio de clasificación.
En marzo de 2002, esta dirección general autorizó el proyecto al entender que no se producían daños al patrimonio histórico. El entonces responsable de este departamento, Fernando Armario, estuvo imputado por esta decisión. Ahora, sin embargo, el fiscal solicita que se archive la causa contra él porque considera que únicamente actuó de acuerdo a los informes de los técnicos y que su autorización iba vinculada “al cumplimiento del ordenamiento urbanístico vigente”.
El alcalde, incluso, llegó a intentar que el proyecto fuese aprobado por la Consejería “por razones de interés social”. La obra también fue rechazada por la arquitecta técnica de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, por la arquitecta técnica de ayuntamiento de Alguazas y por el propio arquitecto municipal. A pesar de ello -“y siendo conocedores los dos acusados de todos estos informes técnicos contrarios”-, la acusada inició las obras a finales del año 2002 “con el visto bueno del alcalde”.
En marzo de 2004, y ya con la obra concluida, Lladó desistió de su intento de cambiar la clasificación del suelo y ordenó la apertura de un expediente sancionador a la propietaria del restaurante.
* Vega Media Press - 301.11.2008
Foto: Alguazas - wikimedia.org
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30.11.08
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Tema: NOTICIAS Murcia
Un fallo del TSJ sobre Patraix abre una nueva vía judicial contra el plan Rabasa
INFORMACIÓN/Alicante* : En pleno parón del sector de la construcción, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad acaba de dictar una sentencia anulatoria de un plan urbanístico en Patraix (Valencia) que abre una nueva vía judicial contra el controvertido proyecto de Rabasa.
Así lo sostienen expertos jurídicos y urbanísticos, que ya han alegado contra la macroactuación en el noroeste de Alicante, y que consideran que el fallo del TSJ abona nuevas iniciativas legales contra el plan de Rabasa, además de otras ya en marcha como el recurso de la Delegación del Gobierno por la carencia de un informe de disponibilidad hídrica por parte de la Confederación Hidrográfica.
La sentencia del TSJ acepta los recursos de varias empresas urbanísticas que alegaron infracciones procedimentales de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística por parte del Ayuntamiento de Patraix. Esos recursos se centraban en la vulneración del principio de libre concurrencia que rige en la contratación pública porque en el citado plan urbanístico se produjo una "modificación sustancial" de sus condiciones sin que tales cambios fueran sometidos a exposición pública, lo que privó a las empresas recurrentes de poder "presentar una nueva proposición para competir por la adjudicación", según consta en el fallo judicial.
"Posición de privilegio"
A raíz de este incumplimiento, el fallo sostiene que la empresa adjudicataria del PAI (Programa de Actuación Integrada) de Patraix -Dupsa, del grupo de Juan Soler- quedó en una "posición absolutamente privilegiada", ya que las demás constructoras "no pudieron competir en igualdad de condiciones". A causa de la sentencia, Dupsa ha quedado suspendida en su condición de agente urbanizador y sus obras deben quedar paralizadas mientras se plantea la redacción, aprobación y adjudicación de un nuevo plan de urbanización para las obras que aún quedan por hacer.
Aunque los trabajos de urbanización de Patraix ya están muy avanzados y el PAI de Rabasa aún tiene que ser aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Alicante, los paralelismos entre ambos proyectos ya han empezado a establecerse a consecuencia del fallo del TSJ. Así lo han hecho los servicios jurídicos de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), cuyas alegaciones al plan de Rabasa ya sostenían que la aprobación y adjudicación de este PAI al empresario Enrique Ortiz fueron "nulas de pleno derecho, al incurrir en infracción de los principios rectores de la contratación administrativa"; y más en concreto, del mencionado principio de pública competencia o libre concurrencia, recogido en el artículo 9 de la Constitución y en el preámbulo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). "La doctrina sentada por la sentencia del TSJ sobre el PAI de Patraix es plenamente aplicable al de Rabasa", sostiene Manuel Alcaraz, miembro de la PIC, "dado que son el mismo supuesto de hecho: una modificación sustancial de condiciones que se produce después de haber sido adjudicado el proyecto, incrementado el presupuesto y, por tanto, el beneficio del adjudicatario [Enrique Ortiz] sin posibilidad de concurrencia de otras empresas".
En sus alegaciones, esta plataforma cívica reflejó que los cambios introducidos por el Ayuntamiento de Alicante tras la adjudicación a la firma de Ortiz -Viviendas Sociales del Mediterráneo, S. L.- son "esenciales y desfiguran por completo la inicial propuesta", ya que provocan "un incremento de la edificabilidad lucrativa hasta parámetros que permiten obtener porcentajes de retribución cercanos al 50% o 60% y de las viviendas (que pasan de 12.860 a 15.278), así como una espectacular alza en el coste del presupuesto de ejecución de las obras, que aumenta en un 28,60 por ciento".
El escrito de la plataforma, que también fue remitido a la Comisión Europea, destaca a continuación que, una vez modificado el plan de Rabasa, no pudieron "entonces optar a su contratación el resto de licitadores que presentaron al principio alternativas técnicas y proposiciones jurídico-económicas o cualquier interesado que lo pudiera estar en los nuevos términos propuestos por la Administración".
Pero no sólo la PIC puso de relieve la infracción del principio de libre concurrencia en este proceso. También el Síndic de Greuges asumió esa tesis en su resolución sobre el PAI de Rabasa: "Teniendo en cuenta la envergadura y transcendencia económica del proyecto urbanístico que nos ocupa y el elevado importe de las obras a realizar", destacó el Defensor autonómico, "esta Institución desconoce las razones de interés público que impiden o desaconsejan la no aplicación de las normas sobre contratación pública, entre otras, por ejemplo, la relativa a la publicación de un anuncio en el BOE ni el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, al objeto de promover lo máximo posible la concurrencia en la oferta y la competitividad de precios, tiempos y calidades entre distintas y numerosas empresas que permita y asegure la selección de la proposición más favorable y beneficiosa para el interés público y de los propietarios afectados".
* Información - J.E.M. - 30.11.2008
Foto: Vista aérea de los terrenos del plan de Rabasa con la Gran Vía a su paso por San Blas en primer término - INFORMACION
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30.11.08
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Catorce imputados y 34 testigos comparecen en el TSJIB en el juicio por el caso Caballistas
EUROPAPRESS/Mallorca* : Un total de catorce acusados -doce de ellos cargos actuales y ex dirigentes del PP y dos funcionarios- y hasta 34 testigos comparecerán entre mañana y el miércoles en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en el marco del juicio que tendrá lugar por el caso Caballistas, presunta trama de corrupción urdida entre 2004 y 2005 para legalizar la vivienda particular que el ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, construyó en suelo rústico bajo el pretexto de ser la sede de una asociación hípica inexistente.
Los acusados, a quienes la Fiscalía imputa un delito de falsedad en documento oficial con distintos grados de participación, deberán declarar mañana en una sesión que se prolongará desde las 9.30 hasta las 20.00 horas, mientras que el martes será el turno de los testigos y el miércoles serán expuestos los informes y conclusiones finales. En concreto, el Ministerio Público postula que once ayuntamientos gobernados por el PP -Ses Salines, Santanyí, Santa Margalida, Lloret, Inca, Sa Pobla, Felanitx, Campos, Llucmajor, Montuïri y Selva- emitieron certificados falsos para apoyar la legalización de la vivienda particular de Vidal.
Es precisamente el ex primer edil de Ses Salines quien se enfrenta a la mayor pena -seis años de prisión, 24 meses de multa (36.000 euros) y seis años de inhabilitación especial para cargo o función pública- por la supuesta comisión de once delitos de falsedad documental en diferentes modalidades. También están acusados el celador de obras de Ses Salines, Sebastián Escalas, y el secretario del ayuntamiento de Campos, Sebastià Portell, sobre quienes pesan cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación por el mismo delito, además del ex alcalde de Campos, Andreu Prohens (tres años de cárcel y cinco de inhabilitación).
El resto de acusados son el primer edil de Santanyí, Miquel Vidal; el actual alcalde en funciones de Llucmajor, Joan C. Jaume; la ex alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; el ex primer edil de Sa Pobla, Antoni Serra; el teniente de alcalde de Inca, Joan Rubert; el ex alcalde de Santa Margalida, Antonio del Olmo; el alcalde de Selva y recién elegido presidente del PP de Mallorca, Joan Rotger; el primer edil de Montuïri, Gabriel Matas; el ex alcalde de Lloret, Joan Jaume, y el ex concejal de Sa Pobla, Joan Llabrés, para quienes la Fiscalía solicita nueve meses de inhabilitación y diez de multa.
Tal y como expone el Ministerio Público en su escrito de acusación, los consistorios implicados emitieron a lo largo de 2004 certificaciones dirigidas a avalar la concesión de la declaración de interés general por parte del Consell de Mallorca, necesaria para legalizar la construcción de un chalé, una nave y otras edificaciones propiedad de Vidal y ubicados en los terrenos de Na Fonda, una parcela en suelo rústico no urbanizable con un tamaño -8.878 metros cuadrados- muy inferior al requerido por la normativa urbanística para poder construir (14.000 metros cuadrados).
Así, como único medio para legalizar lo construido, Vidal precisaba que la Administración declarase el interés general de las actividades que se iban a desarrollar en el lugar, de modo que instó a la Agrupación Caballista de Ses Salines a promover la tramitación de un expediente que solicitase esta declaración y la legalización, justificando que el uso de la infraestructura iba a destinarse a a la actividad de un club social hípico.
DOCUMENTOS FALSOS
Fue el 11 de agosto de 2004 cuando el ex primer edil elaboró y firmó un documento oficial del Ayuntamiento para hacer constar que la Agrupación actuaba de manera habitual "en diversas exhibiciones, demostraciones y espectáculos de doma" desde 1995 hasta entonces, certificado que fue incorporado al expediente de interés general en el 'anexo 1: certificaciones de ayuntamientos', pese a que, en realidad, la asociación no había sido constituida ni registrada en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Conselleria de Bienestar Social hasta 2001, hecho que Vidal "conocía perfectamente".
Sin embargo, el entonces alcalde no se limitó a elaborar este documento sino que convenció a otros diez primeros ediles para realizar certificados similares e inveraces que, una vez obtenidos, fueron incorporados al expediente de interés general. Así, los alcaldes y ahora acusados firmaron, a instancias de Vidal, documentos oficiales para hacer constar la habitual actividad de la entidad hípica y que, en el caso de Prohens y Portell, fueron elaborados a sabiendas de que el contenido no se correspondía con la realidad y de que la Agrupación no tenía la antigüedad que se le hacía constar (1995).
Mientras tanto, el resto de implicados elaboraron documentos similares en la confianza de que Vidal les había dicho la verdad en torno a la declaración de interés general, y con la imprudencia de no encomendar al secretario de cada municipio que comprobase la información ni realizar gestiones serias para confirmar la veracidad de lo narrado. En cuanto al inspector de obras, Sebastià Escalas, certificó en enero de 2005 un informe donde hacía constar que en la parcela en cuestión había un edificio de 26 años, pese a ser consciente de que no existía una única edificación y que los elementos construidos tenían menos de diez años.
COMPOSICIÓN DEL JUICIO
En concreto, el juicio estará presidido por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB, Antonio Monserrat, quien acordó la apertura de la vista oral el pasado 18 de junio, así como por los magistrados Antonio Capó y Javier Muñoz. Además, habrá dos acusaciones particulares, una por parte del socialista Andreu Crespí y representada por la abogada Estela Soler, y la otra de un vecino de Manacor, Jaime Melis -denunciante de los hechos-, ejercida por Josep de Luis e Isabel Fluixà.
A su vez, los acusados serán defendidos por Rafael Perera (Joan Jaume, Antoni del Olmo, Joan Rubert, Joan Rotger, Antoni Serra y Gabriel Matas), Agustí Cerveró (Miquel Vidal), Gabriel Lladó y Josep Zaforteza (Catalina Soler), Virginia Núñez y María Pascual (Joan Llabrés), José Ignacio Herrero (Sebastià Escalas), Joan Buades (Sebastià Vidal), Juan Camacho (Andreu Prohens) y Carles Tarancón (Sebastià Portell).
Algunos de los testigos que declararán durante el juicio son la madre de Vidal, Catalina Bonet, Pedro Trovat y Adriana Pousa (técnicos del Consell que realizaron las inspecciones obrantes en el expediente administrativo), el teniente de alcalde de Montuïri, Jaume Bauzà, y el alcalde de Felanitx, Gabriel Tauler. Cabe destacar que el TSJIB asumió la causa, que en un principio estaba en manos del magistrado Antoni Rotger, debido a la condición de Catalina Soler como aforada por ser diputada 'popular' en el Parlament.
* Europa Press - 30.11.2008
Foto: Ses Salines, ayuntamiento - caribana-club.com
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30.11.08
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Tema: NOTICIAS Baleares
Sólo una de las 300 licencias ilegales de Gondomar puede acabar en derribo
ELPAÍS/Vigo* : Fue la última licencia ilegal de obras otorgada por la Xunta de Goberno de Gondomar, el 17 de enero de 2006, en el río revuelto de la normativa urbanística local. La última de más de 300, todas ilegales. El fiscal pide cárcel e inhabilitación para el ex alcalde y otros cinco ex concejales en el juicio por prevaricación que continúa mañana en Vigo. Las obras con aquellas licencias han ido realizándose y sólo sobre una, la última, una vivienda unifamiliar, hay una orden judicial de demolición.
El 16 de enero de 2006, víspera de la última licencia de obras en Gondomar, la secretaria municipal presentó al gobierno local el informe que tapaba todo agujero de escape para continuar dando permisos. El Tribunal Supremo había sentenciado en febrero de 2005 la anulación del plan general, pero los gobernantes de Gondomar pensaron que podían esquivar el fallo y fueron liando su aplicación hasta agotar las posibles salidas, cegadas en última instancia por la Xunta y por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Pero esta sentencia también tardó en hacerse ostensible. Un día, cuando ya había constancia de su existencia pero se aducía que no había llegado al ayuntamiento, apareció de súbito en una mesa, y así dio pie a la secretaria municipal a reiterar, el 16 de enero de 2006, que el polémico plan general había desaparecido del ordenamiento jurídico y que resultaba inviable conceder licencias a su amparo.
Para entonces, desde el 22 de febrero de 2005 ya se habían otorgado más de 300 en sucesivos lotes periódicos. A pesar del informe de la secretaria municipal, al día siguiente de comunicarlo, 17 de enero, se concedió la solicitada por Rebeca Fernández Prieto, la única otorgada en esa fecha, contra la tónica común, y con el citado informe de la secretaria insertado en la misma para curarse la funcionaria en salud. La licencia se otorgó a nombre de Rebeca, pero la tramitación pudo prosperar por su padre, Jaime Fernández Álvarez, funcionario de la oficina de urbanismo.
Las licencias, según fuentes consultadas por este periódico, se venían dando o negando de modo discrecional, sin criterios objetivos. El trato personal con el edil de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, tenía más garantías de eficacia que acogerse a la normativa, sumida en el caos. Jaime Fernández conocía ese estado de cosas. Maestro nacional sin oposiciones que vivía de dar clases particulares en el pueblo, fue rescatado de esa dedicación por Ramón Sestelo, alcalde del PP que le hizo su secretario particular. Cuando Sestelo cedió el sillón a Carlos Silva Mariño, tras las elecciones de 2003, dejó a su secretario colocado en la oficina de urbanismo como auxiliar administrativo.
A la licencia que solicitó para su hija se le aplicó una ordenanza, la de "núcleos rurales de alta densidad" que, como el resto del plan general, ya no existía. La parcela tampoco pertenecía a suelo urbano porque no estaba conectada a las redes públicas de abastecimiento o saneamiento y sólo cabía aplicarle el régimen de suelo rústico, para lo que precisaba autorización de la Xunta, estar vinculado a una explotación agrícola y que la parcela midiera más de 4.000 metros cuadrados. No cumple ninguna de estas condiciones y cada una ya podría ser motivo de anulación.
La parcela mide más de 800 metros cuadrados, la edificación excede la ocupación máxima y no respeta los retranqueos mínimos ni las cesiones para un vial, lo que suscitó la denuncia ante el juzgado de vecinos que se consideraron discriminados porque ellos sí habían tenido que ceder terrenos al efecto. Los Fernández fueron eximidos de esa obligación gracias a un informe del arquitecto técnico municipal, compañero de oficina del padre, que señala que no procede tal cesión porque "en la zona de acceso a la parcela existen muros de rueiros de interés arquitectónico suficiente para ser conservados". El muro fue destruido por las propias obras.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 30/11/2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
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30.11.08
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Tema: NOTICIAS Galicia
El caso del alcalde de Torrevieja lleva tres años estancado
ELPAÍS/Alicante* : El sumario para esclarecer la multimillonaria plusvalía (5,2 millones de euros) que ganó el alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, con la compraventa de una finca lleva tres años estancado. La causa, por imperativo legal, tendrá que dirimirse en el Tribunal Superiro de Justicia (TSJ) dada la condición de aforado del imputado.
No obstante, la Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha pedido al juzgado que se practiquen todas las pruebas pendientes antes de enviar el sumario al alto tribunal.
La instrucción, que dirige el Juzgado número 4 de Torrevieja, prácticamente no ha avanzado desde que en octubre de 2005 declaró el regidor en calidad de imputado por los delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. El primer edil defendió la legalidad de la operación inmobiliaria y achacó la generosa plusvalía al "auge urbanístico" que vivió la comarca de La Vega Baja en aquellas fechas. Hernández Mateo compró la finca -18 hectáreas de suelo rústico en Almoradí- en 2000 a la promotora Edén del Mar por 180.000 euros y, dos años más tarde, la vendió a la misma mercantil por 5,4 millones. El Ayuntamiento de Torrevieja ha adjudicado diversos programas urbanísticos a Eden del Mar.
Desde la declaración del regidor la instrucción apenas ha avanzado, debido a los cambios de magistrado en la oficina judicial. Hace dos meses, la actual titular del juzgado pidió al fiscal que emitiera su informe para el auto de inhibición en favor del TSJ. No obstante, según fuentes del caso, Anticorrupción ha contestado a la magistrada que culmine antes la instrucción y practique las pruebas solicitadas por esa parte.
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante considera "necesario" practicar todas las pruebas pendientes antes de evacuar su informe para elevar la causa al TSJ.
Las pruebas a las que alude la Fiscalía se refieren a las adjudicaciones que el Ayuntamiento de Torrevieja ha realizado a la promotora Eden del Mar antes y después de la operación inmobiliaria del alcalde, así como un informe pericial sobre los movimientos de las cuentas de Hernández Mateo.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 30/11/2008
Foto: Torrevieja - alicanteconfidencial.blogspot.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El derecho a la vivienda
GERARDO PISARELLO Y JAUMEN ASENS* : Hace poco más de un año y medio, el Relator Especial de la ONU para el derecho a una vivienda digna vino a España en visita oficial. Su objetivo era evaluar el grado de adecuación de la situación habitacional a las declaraciones y pactos internacionales de derechos humanos. Sus conclusiones fueron demoledoras: de los países de la Unión Europea, España era el que más construía, el que más viviendas vacías tenía y el que menos vivienda asequible ponía a disposición de la población.
Naturalmente, este panorama no podía atribuirse al azar o a alguna misteriosa conjura divina. Los enormes costes sociales y ambientales del modelo urbanístico e inmobiliario español, su nervio especulativo, estaban estrechamente imbricados en políticas públicas concretas diseñadas a lo largo de los años ochenta y noventa. Estas políticas habían girado en torno a obsesiones claramente identificables: la consideración de la propiedad privada como régimen principal de acceso a la tenencia de vivienda; la progresiva liberalización del suelo y la privatización, en general, del régimen urbanístico e inmobiliario.
Si las obsesiones de este antimodelo, comparadas con el panorama europeo, podían considerarse singularmente españolas, sus consecuencias también lo eran. Así quedaba descrito en el Informe del Relator de la ONU y así lo aceptaron, aunque con la boca pequeña, diferentes organismos públicos. De hecho, la constatación de la gravedad de la situación condujo a varias comunidades autónomas, y al Estado central más tarde, a aprobar una serie de medidas que pretendían inscribirse en un horizonte urbanístico diferente. Las leyes de suelo vascas, las leyes catalanas de barrios y del derecho a la vivienda, o la nueva ley estatal del suelo, reflejaban un propósito de enmienda y la asunción del estrepitoso fracaso de la gestión neoliberal de la vivienda y del territorio.
Pasados algunos años, sin embargo, las expectativas generadas, salvo honrosas excepciones, han quedado insatisfechas. El desarrollo de las previsiones normativas más garantistas ha sido insuficiente, cuando no de una exasperante lentitud. Las exiguas y muchas veces discrecionales ayudas en materia de vivienda distan mucho de lo que debería ser un servicio público orientado a garantizar un auténtico derecho, como la salud o la educación. Mientras, la consideración de la vivienda como un bien de inversión, como motor de la economía y alimento de las arcas públicas, ha continuado siendo el eje de la política estatal y de la mayoría de las comunidades autónomas.
La reciente crisis financiera e inmobiliaria ha hecho más evidente, si se quiere, la escasa incidencia de estas políticas públicas en la realidad cotidiana. A las miles de personas que no podían acceder a una vivienda digna en el mercado de alquiler se suman ahora las miles de familias –muchas de ellas inmigrantes– que han perdido su casa o que corren el riesgo de perderla a causa de hipotecas que se han tornado impagables.
En la línea de sus homólogos europeos, el gobierno español ha respondido a la nueva situación anteponiendo los intereses de los señores del mercado a los de los ciudadanos de a pie y los colectivos más vulnerables. Casi una tercera parte del presupuesto público se destinará a empresas e instituciones financieras que en muchos casos, además de enriquecerse, han tenido una responsabilidad inocultable en la actual crisis. Ni las condiciones de las ayudas ni las obligaciones asumidas por los destinatarios han quedado claras.
La voluntad política exhibida para socorrer a quienes han urdido esta trama especulativa ha sido mucho más decidida que la desplegada para rescatar a las familias que corren el riesgo de quedar sin techo o que siguen sin poder pagárselo en el mercado. Medidas como la moratoria en el pago de las hipotecas o en el uso de las cuentas de ahorro vivienda benefician más a los propios bancos que a los colectivos con recursos más modestos. El colmo de los despropósitos es el reciente anteproyecto de ley estatal que pretende favorecer el acceso al alquiler… ¡facilitando el desahucio de los arrendatarios más vulnerables! Es precisamente en contextos críticos como el actual cuando los poderes públicos deberían demostrar su compromiso, no con los privilegios de unos pocos sino con los derechos de todos los habitantes, comenzando por el elemental derecho de todos a una vivienda adecuada y a una existencia digna. Nada de ello se conseguirá mediante “estímulos” a los grandes propietarios y constructores o insuflando aires a un sistema financiero que agoniza fruto de su propia desmesura. Por el contrario, hoy más que nunca, hace falta determinación para cambiar el rumbo de raíz: poniendo límites a los precios abusivos del mercado privado de alquiler, creando con lo ya construido un parque de vivienda pública asequible, suficiente y de calidad y sometiendo el sistema financiero a estrictos controles democráticos que permitan trascender, en definitiva, la gestión neoliberal y productivista del territorio. Esta determinación se podrá tener o no. Pero hay que saber que en ello se juega la credibilidad de las instituciones frente a una ciudadanía cuya paciencia no debería presumirse infinita.
* Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona
* Jaume Asens es vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.
http://blogs.publico.es/dominiopublico/?p=909
* Rebelión - Público - 20.11.2008
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30.11.08
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
Líderes en quejas medioambientales
LEVANTE* : La Comunitat Valenciana lidera junto a Andalucía la la lista de autonomías en las que la UE ha abierto una queja o procedimiento de infracción contra el Reino de España por el incumplimiento de la normativa europea. Entre los once expedientes abiertos existen algunos que son competencia del Estado y otro que solo "afecta" a la Comunitat, aunque no se trata de una posible infracción cometida en su territorio.
Éste es el caso del procedimiento seguido por defectos en la Declaración de Impacto Ambiental de la Línea de Alta Velocidad en el subtramo Motilla del Palancar-Valencia.
La memoria Medio Ambiente en España 2007 editada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, recoge un total de 68 quejas de las que 11 tienen sede o afectan a la Comunitat Valenciana, idéntico número que Andalucía, mientras que Castilla y León tiene 7 y Madrid y Galicia 6. Paradójicamente, en 2006 no se inició ningún procedimiento de infracción contra España situado en la Comunitat. En 2006 hubo 10.
Según figura en la base de datos del ministerio, que es quien tiene que responder ante la Comisión, en 2007 se registraron un total de 11 expedientes correspondientes a "quejas" o "procedimientos de infracción". En este balance se cuela también la demanda presentada en 2005, pero resuelta en 2007 con sentencia condenatoria contra España, por el vertido de aguas residuales sin depurar en la playa de Motilla en Sueca.
La mayoría de los expedientes está vinculado al impacto ambiental de algunos proyectos y a los desarrollos urbanísticos, seguidos por las áreas de Biodiversidad y Aguas. En cuanto a las competencias "de fondo" de los procedimientos, dos son competencia del Estado central: el Ferrocarril de Alta Velocidad Valencia y el Aeropuerto de Castelló, aunque en este caso el proyecto ha tenido a la Generalitat Valenciana como principal promotor.
Existe otro expediente con competencia compartida entre el Estado y la Generalitat, en concreto la afección a especies protegidas de peces en Castelló por la ampliación de la central térmica de Iberdrola, y otros tres de competencia exclusiva autonómica: Extracción de aguas y desecación de subsuelo en Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Interés para las Aves (LIC y ZEPA); la carencia de agua potable en la urbanización Valle del Sol en Mutxamel, y el Plan Eólico en la Comunitat Valenciana.
No obstante existe una mayoría relativa de asuntos compartidos entre la administración autonómica y la local referidos a desarrollos urbanísticos (4). En cuanto al estado actual de los procedimientos que figuraban activos en 2007, solo uno se ha resuelto favorablemente tras ser archivado, estando la casi totalidad "pendientes", en fase aún de "queja", salvo uno, el aeropuerto de Castelló, que es ya una Carta de Emplazamiento contra España.
Por lo que respecta a la condena por contaminación en las playas de Sueca, el expediente sigue abierto por cuanto todavía "no se ha ejecutado la sentencia", según explicaron en el Ministerio de Medio Ambiente. El Tribunal de Justicia de la UE condenó en abril de 2007 al Gobierno por incumplir la normativa comunitaria sobre tratamiento de aguas residuales. La multa impuesta por la UE supera ya los 2,2 millones al no haberse ejecutado aún las inversiones anunciadas por el ministerio para impedir la llegada de aguas residuales de Sueca a la playa de Motilla.
El Ayuntamiento de Sueca argumenta que no puede hacer frente a la cantidad que debería abonar para acometer la ampliación de la depuradora y la conexión de las zonas urbanas desde les Palmeres y Motilla hasta el Mareny Blau a la depuradora. Las obras de los colectores y la depuradora, junto con la creación de un filtro verde en el Perelló, tienen un presupuesto de 32 millones y el ayuntamiento debería aportar diez millones.
* Levante-EMV - J. Sierra, Valencia - 24.11.2008
Foto: Castellón, obras aeropuerto - lasprovincias.es
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29.11.08
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Alicante: El Ayuntamiento legalizará más de 500 casas construidas sin licencia en las partida rurales
LASPROVINCIAS* : Borrón y cuenta nueva, pero con condicionantes. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, expresaba de esta manera la intención del Ayuntamiento de legalizar las viviendas que se han construido sin licencia en los últimos años en las partidas rurales y que, según fuentes de las asociaciones de vecinos de las pedanías, superan las 500 casas.
Castedo, que ayer se reunió en El Rebolledo con los representantes vecinales para informarles de las previsiones del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) respecto a estos núcleos de población, señaló que la Gerencia de Urbanismo hará un amplio estudio de la situación en la que se hallan las viviendas unifamiliares diseminadas, muchas de ellas construidas suelo rústico o no urbanizable, con el fin de establecer los mecanismo para su legalización.
En cualquier caso, Castedo sí que se reafirmó en su voluntad de que las viviendas construidas en ramblas o en zonas inundables, no podrán ser legalizadas y permanecerán fuera de ordenación.
El nuevo Plan General contempla la calificación de suelo urbano de los terrenos en los que se ha construido las viviendas de manera ilegal y que a medida que ha pasado el tiempo han formado un núcleo de población. Especialmente en la partida de El Moralet, donde se han construido más de 200 casas unifamiliares que conforman la urbanización Villanueva, donde la calificación del suelo pasará a ser urbano, lo que permitirá legalizar estas viviendas que los vecinos califica de alegales puesto que a su juicio, en muchos casos y dado el tiempo transcurrido desde que se edificaron las casas, las infracciones urbanísticas han prescrito. También en la Cañada, Bacarot, Fontcalent o La Alcoraya existen un centenar de estas vivienda ilegales.
El presidente de la adopción de vecinos de El Moralet, Vicente Aracil, considera que también existen muchas viviendas que están fuera de ordenación en núcleos como la Finca Don Jaime, Vallegrande Este y Oeste, y El Ventorrillo, donde se han de determinar el planeamiento adecuado para su integración como núcleo urbano.
Aracil reclamó también a la alcaldesa que se haga un estudio sobre las zonas inundables que recoja la realidad actual de la situación. Considera que si bien el plan general vigente desde 1987 establece la ubicación de estas zonas, "pueden haber cambiado tras la construcción de las nuevas vías de comunicación como la autopista de circunvalación de Alicante, por lo que muchas de las viviendas podrían quedar desafectadas y legalizarse".
El presidente de los vecinos de El Rebolledo, Miguel Ibáñez, también reclama que el Ayuntamiento elimine la antena de telefonía que afecta a un colegio y a la nueva plaza que construye el Ayuntamiento.
Las Provincias - T.R. - 28.11.2008
Foto: Viviendas diseminadas en una de las partidas rurales del término municipal de Alicante. - lasprovincias.es
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El urbanismo y la justicia
ENRIQUE CLIMENT* : El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, acaba de reconocer en público que las sentencias sobre asuntos urbanísticos no se pueden ejecutar cuando la obra objeto de disputa ya está a medio edificar o construida del todo.
Muchas gracias por la aclaración, señor presidente. Así se entiende mucho mejor el reproche injusto y ventajista que en tantas ocasiones se ha dirigido a los afectados por abusos urbanísticos: «¿A qué vienen tantas quejas ante los organismos europeos? ¡España no es una república bananera! ¿Por qué no se dirigen a los tribunales españoles?...».
Por supuesto que las víctimas de abusos urbanísticos recurren a los tribunales españoles. Y con bastante frecuencia David vence a Goliath: Patraix, Porxinos, Benicassim, Els Mestrets, Llombay-Burriana, Vilafames? Lo que ocurre es que, a diferencia de la Biblia, aquí al final gana siempre Goliath (es decir: los ayuntamientos en coalición con los urbanizadores), porque tienen el tiempo y los fondos necesarios para recurrir, y recurrir, mientras que los afectados difícilmente pueden mantener durante cinco o diez años una guerra desigual contra un adversario que juega con todas las ventajas, sobre todo cuando lo que está en juego es su casa, que es quizás su único patrimonio. E incluso si consiguen que al final los tribunales les den la razón, las sentencias contrarias a urbanizadores-ayuntamientos no se podrán ejecutar, según reconocen altos magistrados. En otras palabras: a quien le hayan quitado la casa y/o la parcela para hacer adosados turísticos «por razones de interés público», que se despida de ella por los siglos de los siglos. Pleitos tengas y los ganes.
Nos cuenta la prensa que el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo se muestra muy crítico con la decisión de la Comisión Europea de sentar las leyes urbanísticas valencianas en el banquillo de los acusados del Tribunal Europeo de Justicia, y no entiende por qué Europa persigue la legislación valenciana pero no las leyes de otras autonomías como La Rioja, Castilla-La Mancha o Cataluña.
La respuesta es muy simple, señor presidente, y no responde a ninguna conjura anti-valenciana, por mucho que algún político fallero y los palmeros que lo jalean se empeñe en afirmarlo. En julio de 2004, Abusos Urbanísticos ¡No! (AUN) presentó una queja formal ante la Comisión Europea contra la LRAU, firmada por los abajo firmantes y redactada por un jurista afectado por la LRAU y miembro de AUN. A la vista de los resultados, nuestros argumentos convencieron a la Comisión Europea, que, a pesar de las innumerables presiones de los gobiernos español y valenciano, ha llevado a España ante el Tribunal Europeo por la violación de las directivas comunitarias que se produce en Valencia. En el bien entendido, señor presidente, de que si el Tribunal Europeo nos da la razón, todas las legislaciones autonómicas que siguen la pauta de la valenciana habrán de ser reformadas. Y así lo saben los demás gobiernos autonómicos, que están pendientes del resultado de este pleito para saber si tienen que reformar o no su normativa urbanística.
También nos cuenta la prensa que el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano achacó a «extranjeros con construcciones ilegales en medio del suelo rústico que los ayuntamientos no han derribado nunca» las quejas y denuncias dirigidas a la Comisión y el Parlamento Europeo «porque se les expoliaba sus terrenos. Pero no tengo conocimiento de que ninguna autoridad valenciana haya tenido por objeto expoliar a los extranjeros».
Si la transcripción de sus declaraciones es correcta, nos sentimos desmoralizados como ciudadanos. Qué mal hemos debido transmitir nuestro mensaje para que se siga insistiendo en la falsa cantinela de los extranjeros y las construcciones ilegales. O qué bien transmite su mensaje el conglomerado de intereses «Abusos Urbanísticos Sí», que consigue convencer a personalidades que presumíamos mejor informadas. Conocemos extranjeros y españoles afectados, propietarios de caserones del siglo XVIII o masías centenarias (¿ilegales desde hace siglos, señor presidente?) a los que un PAI que sólo responde al interés público del obsceno beneficio que trata de obtener el urbanizador les obliga a ceder de forma obligatoria y gratuita más del cincuenta por ciento de su terreno, y que para conservar sus casas -convenientemente encajonadas entre bungalows turísticos construidos por interés público- tienen que pagar cantidades superiores a seiscientos mil euros. Dado que, aunque recurrieran contra el PAI y les dieran la razón hay muchas posibilidades de que no se pudiera ejecutar la sentencia («pleitos tengas y los ganes»), ¿con qué derecho se les puede reprochar que denuncien este escándalo ante el Parlamento Europeo?
Para terminar, un detalle que no carece de importancia: según la LRAU y la LUV, la aprobación de un programa urbanístico «lleva implícita la declaración de interés público a efectos expropiatorios». Es decir: aunque el artículo 33.3 de la Constitución diga que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, la realidad es que, con el voto de cualquiera de los alcaldes y/o concejales de Urbanismo -presuntos delincuentes- que pueblan los calabozos y cárceles de nuestra tierra se están expropiando (¿expoliando?) las viviendas y terrenos de los afectados por abusos urbanísticos. Y ya hemos examinado más arriba lo poco que puede hacer la justicia para poner coto a estos desafueros, por mucho que los ciudadanos, tanto españoles como residentes de otros países, sigamos creyendo en una justicia imparcial, que debe estar por encima de promotores codiciosos y políticos de estómagos agradecidos.
Ante esta situación, ¿qué se puede hacer para evitar los abusos urbanísticos, las denuncias, y la mala imagen del urbanismo valenciano? Aquí van unas cuantas propuestas:
Respeto de las viviendas existentes, legalmente construidas y al corriente de sus impuestos.
Criterios claros que delimiten el interés público que justifica un desarrollo urbanístico.
Paralización cautelar de PAIs recurridos, mediante prestación de avales de cuantía tasada, y no proporcional a los presupuestos desmesuradamente inflados con que los urbanizadores desvalijan a los pequeños propietarios históricos. Actualmente se exigen cantidades desorbitadas, que en la práctica impiden a los afectados hacer efectiva la suspensión.
Que la financiación total de los PAIs sea por cuenta y riesgo del urbanizador, y luego el Ayuntamiento plantee la repercusión a los propietarios, de forma que el propietario perciba el precio real del mercado, con el que pagar los gastos de urbanización, y las plusvalías no vayan a parar directamente al urbanizador (tomamos prestada la idea de doña Blanca Blanquer, ex directora general de Urbanismo de la Generalitat Valenciana).
*Enrique Climent y (*)Charles Svoboda, que firma también este artículo, son presidente y vicepresidente de Abusos Urbanísticos ¡No!
* Información - Opinión - 28.11.2008
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28.11.08
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Tribulaciones del patrimonio edificado de Madrid
ELPAÍS* : Arte, paisaje e historia es igual a patrimonio cultural. Pero hablar de patrimonio edificado en Madrid es sonreir y llorar, consecutivamente. Sonreir, porque en relación a otras ciudades españolas, el grado de conservación de los bienes patrimoniales públicos es considerado razonable por algunos expertos como el arquitecto Vicente Patón, representante durante años del Colegio de Arquitectos en distintas comisiones de control patrimonial.
Y también equivale a llorar, porque la protección de esos bienes podría ser mucho, muchísimo más eficaz, según éste y otros arquitectos especializados, más líderes vecinales, convocados este miércoles por el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Madrid en un debate sobre Ciudadanía y Patrimonio celebrado en la casa de la Panadería de la plaza Mayor.
Para lograr una protección completa sería preciso no sólo que Ayuntamiento y Comunidad tomaran distancia de los mecanismos de fiscalización, donde son jueces y parte, sino también que creciera la sensibilidad ciudadana en defensa de lo que es suyo, establece Patón; habría que añadir además eficacia de la inspección de las actuaciones sobre bienes patrimoniales públicos, más una contención contundente de las pulsiones municipales orientadas a descatalogar bienes protegidos. Tal es la tendencia más frecuente en los órganos municipales con poder para modificar, por presiones políticas o inmobiliarias, los planes generales de ordenación urbanística, según denunció el arquitecto.
Destrucción de la 'Pagoda' de Fisac
Todo ello afloró en la Casa de la Panadería esta semana, durante la jornada dedicada a Ciudadanía y defensa del Patrimonio, organizada por el grupo Municipal de Izquierda Unida con un panel de arquitectos, ?Vicente Patón como ponente y Ricardo Aroca, Carlos Sánchez Casas, Alberto Tellería y Daniel Álvarez, anfitrión de IU, como tertulianos? y algunos de los principales líderes de movimientos vecinales madrileños: Julián Rebollo, de Cárcel de Carabanchel; Alberto Ferrero, de Caño Gordo-Dehesa de la Villa; Álvaro Bonet, de la Cornisa de las Vistillas-San Francisco el Grande; Juan Antonio Aguilera, de Dolmen de Dalí y el jardinero de la Casa de Campo, Luciano Labajos, de Ecologistas en Acción y Comisiones Obreras.
El evento, con ponencia, mesa redonda y coloquio, se celebraba en la sala de Bóvedas de la Casa de la Panadería, recinto paradigmático del Madrid del siglo XVII cuya planta básica, por cierto, ha sido transformada en Oficina Municipal de Turismo en una actuación de dudosa factura. Durante el acto se recordaron desmanes como la destrucción, en 2001, de la histórica casa de Iván de Vargas, apenas a 100 metros de la sede muncipal o el derribo de la Pagoda de Miguel Fisac.
Milagros Hernández, concejal de Izquierda Unida y organizadora de la jornada, se refirió a la necesidad del debate ciudadano sobre el patrimonio, que concierne a la ciudadanía de manera directa, y anunció una secuencia de debates monográficos semejantes. El ponente Vicente Patón brindó al público asistente una panorámica de la situación patrimonial en Madrid, desde los marcos legales ?ley de Patrimonio Histórico de 25 de junio de 1985, Ley regional de la Comunidad de Madrid, de 9 de julio de 1998? que los conservan y los catalogan, así como los tres niveles de protección a los que se afectan para su protección, más el papel de las comisiones de control municipal y regional y los problemas que en todos estos registros se presentan, amén de una ristra de sugerencias de soluciones que propuso.
Entre ellas Patón ofreció dos muy tangibles: la primera, la autorización de los muros de carga en las edificaciones con valor patrimonial, con objeto de mantener el respeto a la tectónica histórico-artística de la ciudad; la segunda proposición señalaba la necesidad de que se autorice en el casco histórico el empleo de los materiales tradicionales básicos de la construcción: piedra, hierro, madera y ladrillo. Patón se refirió a que en los edificios sometidos al grado más bajo de protección ?gran parte de los construidos en el siglo XVIII y XIX? es donde más desmanes se dan. Y ello porque, si bien carecerían de aspectos estéticos espectaculares, si conservan la traza, el aura y la volumetría de la ciudad histórica. En cuanto a la arquitectura contemporáea, el ponente abogó por incluirla en el catálogo de bienes de interés cultural, del que permanece ausente.
Una carga para sus dueños
En Madrid, "ser propietario de un bien patrimonial es una carga para su dueño", dijo por su parte Ricardo Aroca, ex-decano del Colegio Oficial de Arquitectos, que participaba en la mesa redonda posterior a la ponencia. Aroca hizo hincapié en mantener vivas las ciudades y no trocaerlas en parques temáticos inanimados, y destacó la necesidad de hacer rentable el patrimonio edificado, como principal argumento de convicción ante los que deciden.
Para el arquitecto Carlos Sánchez Casas, "la politización de las causas ciudadanas de defensa del patrimonio es una necesidad", aludió a los profesionales comprometidos y rechazó la práctica de culpar a la política de todos los males.
Alberto Tellería se mostró partidario de reducir el IBI a los bienes protegidos y subrayó las deficiencias existentes en la formación histórico-patrimonial de muchos arquitectos. "En la Escuela Superior de Arquitectura, la Historia era una "maría" (asignatura secundaria)", recordó.
Posteriormente, intervinieron en otro foro, relativo a la defensa ciudadana del patrimonio, los líderes del movimiento ciudadado, Julián Rebollo, de Carabanchel, que explicó las tribulaciones sufridas por el movimiento vecinal ante lo que tildó de "arbitrariedad de ministerios y Ayuntamiento" y que derivó en la demolición del edificio carcelario cuya cúpula los vecins intentaron salvar pra crear un centro por la paz y la memoria; Juan Antonio Aguilera, del colectivo de defensa del Dolmen de Dalí, denunció "el ocultamiento de documentación oficial sobre la plaza", de la cual dijo que "su enlosado de granito negro ?con rayos solares incisos hoy desaparecidos por una actuación municipal? formaba, con la escultura, la figura de piedra y la peana, parte integral del conjunto monumental", que definió como "la única obra urbanística diseñada en el mundo por el artista universal, concebida como un templo";
Alberto Ferrero, de la Dehesa de la Villa, destacó que los responsables municipales de su Distrito, tras hacer oidos sordos a la información vecinal para detener la destrucción de la Fuente de Caño Gordo y el viaje de agua de Palacio, solicitaron a su asociación "la misma información vecinal que antes de actuar habían rechazado".
Por su parte Álvaro Bonet, de la Asociación para la Defensa de la Cornisa de las Vistillas, hizo un repaso pormenorizado y gráfico de los desmanes patrimoniales que Madrid registra y los riesgos que gravitan sobre la línea que perfila el paisaje de la ciudad, que consideró patrimonio intangible y valiosísimo de Madrid. Luciano Labajos, jardinero de Comisiones Obreras y dirigente de Ecologistas en Acción, remarcó la necesidad de organizar las acciones de defenesa del patrimonio, entre las que dio prioridad a las concernientes al patrimonio natural y paisajístico.
* ELPAIS.com - RAFAEL FRAGUAS - Madrid - 20/11/2008
Foto: La 'Pagoda' de Fisac - elpais.com
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Corrupción civil
XOSÉ MANUEL PEREIRO* : Los sistemas de vigilancia del urbanismo por parte de las Administraciones públicas son un fiasco absoluto, a causa sobre todo del debilitamiento de las competencias de control municipal. Por ello, sería necesario actualizar las incompatibilidades del personal de los ayuntamientos, reforzar los cuerpos autonómicos de inspección y las unidades policiales especializadas. Además, habría que obligar a comparar las declaraciones de bienes de los ediles antes y después de ocupar el cargo, y por supuesto, acometer la demolición de construcciones ilegales y la imposición de sanciones conminatorias.
Argumentos así de contundentes no han salido de la pluma de un columnista que denuncia el apocalipsis de la corrupción inmobiliaria, sino que forman parte de la intervención del fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, en el Parlamento gallego. Es el discurso de un alto cargo ante una institución más que insigne. Si la gente de orden y el pensamiento mainstream van por ese camino, imaginen como estará el asunto a nivel underground.
Es de agradecer el esfuerzo del responsable del ministerio público en Galicia por intentar poner el dedo en esta llaga. Pero no sé yo si el problema se arregla con el cumplimiento de las leyes. En primer lugar, porque la normativa urbanística, al menos para un lego, es algo semejante a la teología: además de inescrutable, tremendamente susceptible en las interpretaciones y con una demora eterna en la tramitación. Me temo que incluso lo es para la gente de la toga. No pongo en cuestión la importancia del derecho romano en nuestro sistema jurídico, pero quizás los estudios para juez o fiscal deberían actualizar más las materias.
De hecho, antes de la reciente riada, o punta del iceberg, de alcaldes presuntamente cogidos con las manos en la masa (150 en toda España), en Galicia llegaban los dedos de una manopla para contar los casos de ediles condenados por cuestiones urbanísticas. Y en los dos o tres casos, por nimiedades, mientras son más que conocidos (aunque no se publiquen o no se denuncien por falta de pruebas) enriquecimientos exponenciales de autoridades, en coincidencia casual y temporal con su mandato. Hasta ahora, las leyes, como decía Gandhi de las cobras, sólo muerden a los que van descalzos.
Dicho de otra forma, o se pueden hacer barbaridades urbanísticas perfectamente legales o las leyes urbanísticas se pueden incumplir tranquilamente. Por no molestar con casos actuales, en mi primera visita a la Muxía pos-Prestige, noté como que faltaba algo ya desde la entrada. Efectivamente, la iglesia románica de Santa María estaba completamente oculta, excepto el campanario, por un edificio levantado entre la costa y el templo. Legalmente, supongo. Por aquellos días, el entonces gobierno local aprobó un PGOU que doblaba el número de viviendas y triplicaba la población en O Vilar, la única zona de expansión de la villa. Buena parte de la superficie, además de propiedad de concejales, estaba dentro del límite de 200 metros protegidos por la Ley de Costas, por lo que, según convenios firmados con dos inmobiliarias, "el Ayuntamiento se compromete a reducir dicha zona de protección de 200 a 100 metros por el procedimiento de excepcionalidad justificada que prevé la ley".
Es que en esto no hay esa "alarma social" que empuja a la justicia a ser inflexible. Según un reciente reportaje de este periódico, el 70% de los cargos municipales implicados en escándalos urbanísticos resultó reelegido (y parte del 30% restante posiblemente se retiró motu proprio para hacer caja). La sociedad civil es unánimemente civil sobre los tirones de bolsos, pero no lo es tanto sobre los robos de bienes comunes como el territorio. O sea que la presión social, que es la que evita salidas del tiesto estético en el resto de Europa, y en casi toda la costa atlántica excepto Galicia, tampoco funciona.
No todo vale para crear esa "sociedad civil" que aquí escasea. Me refiero, por ejemplo, a ese sistema hidropónico de la Consellería de Medio Ambiente de crear de la nada y a la carta (y con una cuenta de 610.000 euros) un movimiento verde moderado y mandadiño, mediante la conversión de sindicalistas o afiliados en ecologistas, conservacionistas y "naturistas" -que no son gente amante de la naturaleza, sino de andar como la naturaleza los parió-. La conciencia social, incluida la ecologista, no se cría en invernaderos.
* ELPAIS.com - Opinión - Galicia, 20/11/2008
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