LASPROVINCIAS/Valencia* : La alcaldesa de Alzira y los vecinos de la plataforma Salvem la Casella ven de manera opuesta el futuro del proyecto urbanístico de la finca de Sos. Los vecinos miembros de la plataforma Salvem la Casella consideran que este plan, que prevé la construcción de 780 chalés y un campo de golf en la finca de Sos, en Alzira, está "más lejos que nunca", según un comunicado remitido ayer.
El motivo de este optimismo se debe a la reciente comunicación de Marcin Libicki, presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en el que señala que seguirá investigando el proceso.
Por contra, Elena Bastidas, alcaldesa de la ciudad, afirmó que la Unión Europea "no tiene competencias en este caso. Puede comentar lo que le parezca sobre esta cuestión, pero nada más, porque, en caso contrario, vulneraría la autonomía local".
Bastidas añadió que el proyecto "va a seguir su tramitación" y aventuró a apuntar, como posible fecha de inicio de las obras "la próxima legislatura. Si el nuevo Plan General está a punto en 2011, a partir de ahí ya nos pueden presentar el proyecto", a pesar de que, como reconoció, la crisis podría ralentizarlo en cierta medida.
Después de que el Ayuntamiento lo aprobara de manera provisional, la alcaldesa destacó que seguirán los dictámenes que les marque la Conselleria para continuar con un proyecto que "va a seguir adelante con normalidad" y que calificó de sostenible.
Petición vecinal
En la comunicación a los vecinos, Libicki recuerda que la Comisión de Peticiones prosiguió el examen de la petición vecinal en una reunión celebrada los pasados días 10 y 11 de septiembre "basándose especialmente en la información escrita y oral transmitida por la Comisión de las Comunidades Europeras".
A continuación, apunta que la Comisión Europea "informó a los diputados que, dentro del procedimiento de infracción contra España por supuesta infracción de las directivas 93/37/CE y 92/50/CEE (contratos públicos de obra y de servicios, ha decidido recurrir al Tribunal Europeo de Justicia". De este modo, la Comisión de Peticiones "proseguirá el examen de su petición tan pronto como reciba nueva información de la Comisión Europea".
Desde la plataforma Salvem la Casella afirman que el objetivo de este proceso es "restablecer el marco legislativo de los mercados públicos conforme al Derecho Comunitario, cosa que continúa sin suceder pese a haber sustituido la antigua ley urbanística (LRAU) por la nueva (LUV)".
La posición de la Comisión, según los vecinos, es que los PAI "deben concederse respetando plenamente las normas y principios de la Unión Europea en materia de contratación pública. La ejecución de las obras de urbanización, competencia municipal, no se pueden adjudicar a la iniciativa privada sin previa publicación de la convocatoria en el Diario de la Unión Europea".
Además, como otro argumento apuntan la jurisprudencia existente en materia de medidas cautelares. En la misma se señala que el juez nacional, conocedor de la existencia de un litigio regido por el Derecho Comunitario, estará facultado para conceder las medidas cautelares para garantizar la plena eficacia de la resolución judicial que recaería sobre los derechos comunitarios invocados".
Cabe recordar que el pleno del Ayuntamiento alcireño desestimó todos los recursos presentados, tanto por la plataforma vecinal como por formaciones de la oposición como el PSPV y el Bloc.
* Las Provincias - 15.11.08 -MANUEL GARCÍA
Foto: Terrenos en los que se construirá un campo de golf y 780 chalés - lasprovincias.com
La UE investiga el PAI de 780 chalés y un campo de golf en Alzira
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Imputados dos ex alcaldes de Rincón por un convenio con el grupo Mirador
ELPAÍS/Málaga* : El Juzgado de Instrucción nº8 de Málaga tiene abiertas diligencias para esclarecer si los ex alcaldes de Rincón de la Victoria Francisco Salado (PP) y José Domínguez Palma (PSOE) pudieron incurrir en presuntos delitos de prevaricación y malversación en la firma de un convenio urbanístico con el grupo inmobiliario Mirador para ceder 5.175 metros cuadrados de suelo urbanizable.
La operación se justificó para compensar al polémico grupo inmobiliario por no autorizarle construir en una parcela junto al arroyo Totalán por el fuerte impacto que suponía al estar en una pendiente muy pronunciada, por lo que el equipo de Gobierno iba a desclasificarla como urbanizable en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La investigación debe determinar si ha habido perjuicio a las arcas municipales.
El convenio se firmó en febrero de 2007, cuando Salado era alcalde y Domínguez Palma concejal de Urbanismo. En la causa también están imputados el consejero delegado del grupo Mirador, Enrique Faura, y el secretario del Ayuntamiento, Miguel Berbel. Salado, que actualmente es portavoz del PP en la Diputación de Málaga y será nombrado dentro de una semana secretario general del partido en la provincia, explicó ayer que el convenio se firmó justamente para evitar que se construyera en un suelo donde era una barbaridad hacerlo y con todas las garantías legales y un estudio minucioso de los derechos de edificabilidad que correspondía a la promotora. La vigencia del convenio está en suspenso porque no se ha aprobado la revisión del PGOU.
Una de las curiosidades del convenio es que lo firmó Urbanización Valle Rosario, sociedad del grupo Mirador, pero que no es la propietaria del suelo y de los derechos urbanísticos, que pertenecen a Sherry Mirador.
Incumplimientos dolosos
Sherry Mirador nunca obtuvo licencia municipal de obras para construir la promoción Mirador de la Cala, pese a lo cual firmó contrato de venta de pisos con clientes en los que hacía constar que las obras ya estaban en ejecución, falsedad que se repite en otras promociones del grupo.
El pasado octubre, un juzgado de primera instancia de Málaga condenó a Mirador al pago de sendas indemnizaciones de 54.994 y 55.142 euros a dos parejas que habían firmado contratos de compra de una vivienda en Mirador de La Cala. Cada una de ellas entregó más de 24.000 euros por anticipado por unas viviendas que, en teoría, debían haber sido entregadas en el primer trimestre del año 2005. Grupo Mirador no llegó siquiera a pedir nunca la licencia de obras, como ha acreditado la secretaría del Ayuntamiento de Rincón.
Entre los argumentos que da la sentencia para estimar "plenamente el incumplimiento doloso" del contrato por parte de la promotora, se expone que ésta "debía conocer las particularidades urbanísticas de la zona donde publicitaba construir y pese a ello realizó contrato y recibió cantidades a plazo".
Sherry Mirador tuvo problemas para hacerse con toda la propiedad del suelo y para elaborar el proyecto de la urbanización hasta que después de las inundaciones de marzo de 2004 causadas por la ocupación de cauces y las construcciones en pendiente, el Ayuntamiento decidió no permitir más en la zona y se fraguó el convenio de cesión de suelo para compensar.
Pero esta forma de actuación del grupo Mirador no es privativa de este caso. La inmobiliaria ha firmado ventas de viviendas en Vélez Málaga, Villanueva del Rosario, Benalmádena, Fuente de Piedra y Loja que no ha construido. Más de 200 afectados por estos incumplimientos tienen en marcha numerosas denuncias, aunque hasta ahora no ha prosperado ninguna en la vía penal. Los jueces no llegan a ver indicios de estafa, sino meros incumplimientos de contrato.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 15/11/2008
Foto: Rincón de la Victoria (Málaga) - mma.es
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La FCM podría pasar de la vía administrativa a la penal en sus denuncias contra hoteles ilegales en Lanzarote
SANBORONDÓN* : Desde el año 2000, la Fundación César Manrique de Lanzarote, ha interpuesto una serie de recursos contra apartamentos y hoteles ilegales en la Isla. En todos estos años, de forma permanente y en cascada, el TSJC les ha dado la razón respecto a las tesis que defiende la Fundación, afirmando que la mayor parte de éstas construcciones son ilegales. “No irregulares: Ilegales”, puntualiza Alfredo Díaz, portavoz de la Fundación.
De esta manera, 22 hoteles y complejos de apartamentos se encuentran en esta situación. “Esto es absolutamente tremendo. Estamos ante una situación de ilegalidad generalizada en la Isla que aquí nos preocupa muchísimo. Es muy preocupante lo que hay detrás de esto”, comenta Díaz.
Según el mismo Alfredo Díaz, detrás de esta ilegalidad generalizada se halla la apuesta decidida por un modelo, que tal y como ahora se observa también en la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno de Canarias, se orienta a seguir apostando por un modelo desarrollista. “Parece que se desdicen de una cosa que plantearon ellos hace un tiempo con la Ley de Directrices, que es verdad que podíamos tener algunas discrepancias con ella, pero mantenía una dirección encaminada a lo que nosotros pensamos que debe ser, un control responsable del crecimiento, y tener en cuenta que las Islas son territorios pequeñitos y que aquí no vale cualquier cosa”, dice el portavoz de la Fundación.
La Ley de Medidas Urgentes camina en la dirección contraria. “Se van a cargar de un plumazo lo que era el stato quo anterior: el control de crecimiento de las Islas, el tratar de que el desarrollo turístico no se disparatara, ...y más de lo mismo, seguir apostando por un modelo desarrollista que nos va a llevar a donde nos está llevando: a la ruina”, sentencia.
Explica Díaz que todas estas sentencias poseen una característica en común fácil de entender: para conceder una licencia urbanística-turística en Lanzarote es necesario un informe, preceptivo y vinculante, del Plan Insular de Ordenación de la Isla, en vigor desde 1991. Señala Díaz que el Texto Refundido de la Ley canaria sobre ordenación del territorio data de mayo de 2000.
“Y ahora los tribunales vienen a decir que sin ese informe vinculante y preceptivo, que por supuesto estos hoteles y apartamentos no tienen, (porque si lo hubieran pedido en la mayoría de los casos habría sido negativo, y por lo tanto no podrían haber sido construidos), ahora viene el Gobierno de Canarias con esta Ley de Medidas Urgentes que tiende a decir que ese informe deja de ser vinculante y sólo es preceptivo, y se le resta fuerza en cuanto a la planificación territorial a los Cabildos, porque no están adaptados, según ellos, a la Ley de mayo de 2000. Pero es que tenemos leyes anteriores. Y la moratoria es de 2000. ¿De qué estamos hablando?”, pregunta.
En cuanto al Consejo de la Reserva de la Biosfera, según el portavoz de la Fundación César Manrique, un órgano que, aunque tiene un carácter no decisivo, sí consultivo, “no cabe duda que tiene un peso importante”. Considera que constituye una representación amplia de la sociedad lanzaroteña: partidos políticos, sindicatos, personal de las dos universidades canarias, la propia Fundación César Manrique... que le convierten en un órgano “interesantísimo”.
En ese Consejo de la Reserva, recuerda Díaz que unos días atrás el Cabildo de Lanzarote presentó un informe absolutamente demoledor, y además con una profusión de datos y una visión didáctica que a su juicio entiende cualquiera. “Se llega a la conclusión de que se han cometido auténticas barbaridades, a las que hay que buscar solución, pero no sin coste alguno, que es en la mayoría de los casos lo que parece plantear el Gobierno de Canarias con esta Ley de Medidas Urgentes”, dice.
“Si usted ha cometido una irregularidad, habrá formas de compensar, sí. Vamos a analizar caso por caso, vamos a estudiar qué se puede hacer en cada caso”, opina, observando que habrá hoteles que se podrán legalizar, pero no a precio cero.
“Eso es lo que hay que discutir. Lo que la Fundación no está dispuesta, y así lo manifestamos en el Consejo de la Reserva, es que una documentación tan valiosa como ésta, unas sentencias tan contundentes como éstas, veintitantas ya, se queden en agua de borrajas. ¿Qué vamos a hacer? Llevarlo a la Fiscalía Anticorrupción. A lo mejor ya no es una opción sólo llevarlo por la vía de los contenciosos administrativos, sino por la vía penal”, concluye.
* Revista San Borondón - 13.11.2008
Foto: Lanzarote, Casa Taro de Tahíche - fcmanrique.org
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Tema: NOTICIAS Canarias
La juez confirma el procesamiento del alcalde de Tui por cinco delitos
ELPAÍS* : El denominado caso Patazumba, por el que se atribuyen cinco delitos al alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha, y a otros siete implicados, será juzgado por la Audiencia Provincial de Pontevedra, después de que la juez instructora rechazara el recurso presentado por el regidor tudense y confirmara los cargos. Se les imputan los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico.
El proceso está motivado por una urbanización de 300 viviendas de la inmobiliaria Tuyvi, una empresa del hijo de Fernández Rocha, José Luis Fernández Estévez, de la que es apoderado el propio alcalde, del PP. La compañía compró la finca en abril de 2003 por 1,7 millones de euros. Cuatro meses más tarde, el Ayuntamiento de Tui duplicó las alturas permitidas respecto al resto de polígonos del entorno. Las obras comenzaron sin licencia, según la juez que instruye el caso, y que ordenó la paralización de los trabajos a finales de 2006.
A los imputados ya conocidos -el alcalde, su hijo, su asesora y cuatro funcionarios-, el nuevo auto suma uno nuevo: el concejal Moisés Rodríguez, empleado de la empresa del hijo del alcalde y compañero sentimental de la hija de Rocha. "No consta en autos que se haya abstenido de votar en plenos donde se adoptaban resoluciones que favorecían a la empresa para la que trabaja", señala la resolución judicial.
Rocha se ha beneficiado recientemente de una sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestima un recurso de la Xunta contra planes urbanísticos de la localidad, entre ellos el de Patazumba. Dicho recurso, formulado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando estaba al frente de Política Territorial, se descartó por un defecto formal: fue presentado fuera de plazo. Fuentes próximas al caso consideran que el fallo del TSXG no afecta al procedimiento que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tui.
El nuevo auto confirma otro anterior contra el que presentaron recurso los procesados. El ministerio fiscal y la acusación particular, una asociación social y cultural, reclamaron la confirmación del proceso y la ampliación de las diligencias a Moisés Rodríguez, concejal de Cultura cuando ocurrieron los hechos.
Según el auto de la jueza, el pleno de Tui modificó la normativa municipal y aprobó estudios de detalle que posibilitaron "la superación de las alturas máximas permitidas, favoreciendo los intereses de las empresas promotoras del hijo del alcalde". Además, otro estudio de detalle permitió realizar "diversas obras sin contar con la preceptiva autorización de la Dirección General de Patrimonio de Galicia". La jueza imputa a los procesados el delito contra el patrimonio, por no respetar la zona de protección de un hórreo catalogado y por la tala de árboles centenarios, de los que ya no queda rastro en la finca afectada.
En agosto de 2003, cuatro meses después de que Tuyvi comprara la parcela, de casi 6.000 metros cuadrados, el Ayuntamiento aprobó el estudio de detalle de la zona, que autorizaba a la inmobiliaria a construir hasta una altura de bajo, cinco plantas y una más bajo cubierta, casi el doble que en el resto de polígonos del entorno. Las alturas permiten a Tuyvi consumir toda la edificabilidad autorizada por el planeamiento municipal. El alcalde intentó validar la edificabilidad con un nuevo Plan General, aprobado inicialmente en diciembre de ese mismo año y anulado por Feijóo.
La promoción prevista por la empresa del alcalde y su hijo es la mayor llevada nunca a cabo en Tui, pero las obras están paralizadas por la Audiencia Provincial de Pontevedra desde diciembre de 2006. La decisión juega doblemente en contra de los intereses de la promotora de la familia Fernández Rocha, que en 2003 compró los terrenos por 1,7 millones de euros. Según la escritura de compra de la parcela, la inmobiliaria deberá indemnizar con 1,1 millones de euros a sus antiguos propietarios si antes de abril de 2009 no les entrega 11 viviendas en la urbanización que pretende construir, como parte del precio pagado por la finca. Por todo ello, la acusación particular solicita para el alcalde cuatro años de prisión y 19 de inhabilitación para cargo público.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 15/11/2008
Foto: Tui (Pontevedra), vista - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Galicia
Torres califica como corrupción el nepotismo que se practica en las administraciones públicas
LAOPINIÓN/Málaga* : Era la primera vez que el ex instructor de la operación ´Malaya´ y actual titular del juzgado de lo Penal nº5 de Granada, Miguel Ángel Torres, hablaba sobre el fenómeno de la corrupción en la capital. Y no defraudó a nadie. En unas jornadas organizadas por el Instituto Superior de Economía Social (ISEL) en el Ateneo, el magistrado afirmó que la corrupción no va ligada exclusivamente a la licencia de obra...
..."Nos olvidamos de otras formas de corrupción de las que no se habla o no se persiguen: los concursos y las adjudicaciones de obras, la malversación de caudales, los concursos de personal, la utilización de medios públicos para fines privados y los gastos excesivos en la administración, como se ha puesto de manifiesto últimamente".
El granadino atacó así aquellos concursos de contratación que no se rigen por los principios de igualdad, mérito y capacidad, realidad que se conoce como nepotismo.
El magistrado, que ayer demostró una vez más no tener pelos en la lengua, aseguró: "Si se devuelven los capitales o lo percibido por una actividad ilegal no tendría problemas para que se rebajara la pena al imputado ni para que se dieran beneficios penitenciarios a quien cuenta la realidad".
En definitiva, premiar al delator que, en el seno de una corporación, se arrepiente de sus actos y decide ´cantar´. Él, precisamente, fue muy criticado por ello durante la operación ´Malaya´, pero coincide con el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, también presente ayer, en reclamar que se permita la figura del arrepentido.
Beneficios. Esta actividad, al generar empleo y movimiento de dinero en una localidad puede "ser beneficiosa a corto plazo", lo que, según Torres, explicaría que "cuando se imputa a un político una parte de su municipio lo proteja y diga que es inocente".
Sin embargo, el juez afirma que la corrupción socava los cimientos del Estado de derecho y de la democracia, además de alterar el mercado local de viviendas, subir su precio y favorecer la corrupción de parte de los abogados y asesores fiscales de la zona para proteger el blanqueo. "Donde hay corrupción se instala el crimen organizado", dijo.
Torres recalcó además que "no es incompatible que en un contexto en el que la situación económica no es la mejor se siga apretando a la corrupción. Es como si a un hambriento se le dan alimentos envenenados". También atacó a los "profetas" que, en estos momentos, van a pedir que se relajen las normas sobre el urbanismo.
Considera que en Málaga no hay más corrupción que en otros sitios y asegura que, cuando "hay una persona corrupta en un ayuntamiento, la mayor parte de la corporación está inmersa en estas prácticas".
Ineficacia. Las sanciones administrativas son "ineficaces. La multa le sale rentable al empresario". Incluso aludió a la laxitud en la persecución de estos delitos: "Hay que investigar con técnicas policiales, poniendo de manifiesto los capitales ilícitos. Estas investigaciones pueden levantar protestas, pero se debe seguir esa línea, aunque con ello no hagamos amigos. No hacer todo lo posible o tener miedo de perseguir la corrupción es, en sí mismo, otra forma de corrupción".
Entre otras cosas, solicitó una reforma legal para que las intervenciones telefónicas cuenten con la seguridad jurídica adecuada de forma que no sean anuladas después por un juez, así como también exigió juzgados específicos de ámbito autonómico en la materia y equipos multidisciplinares (con expertos en Hacienda y en Urbanismo). E incidió, al igual que hizo López Caballero, en la necesidad de que se instaure la figura del delator o arrepentido, las entregas vigiladas y los agentes dobles.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 13.11.2008
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Tema: NOTICIAS Andalucía , NOTICIAS URBANISMO
Los vecinos de Puente Castro llevan sus protestas a la calle
LEONOTICIAS/León* : Los vecinos de Puente Castro llevan sus protestas a la calle. Lo hacen impulsados por la asociación de vecinos 'Aljama' que ya ha enviado información puntual "a todos los vecinos sobre los planteamientos y 'proyectos estrella' sobre la ubicación y construcción de entre 100 y 150 viviendas para personas en riesgo de exclusión social en terrenos dotacionales para equipamientos de las necesidades vecinales".
La Asociación denuncia "los incumplimientos que el Ayuntamiento de León" en cuestiones como el desarrollo "del polideportivo y centro cívico anunciado" y "ofertado por el PSOE y que ahora dicen no construirán, a pesar de que el presupuesto no saldrá integramente de las arcas municipales, sino que forma parte de la dotación y equipación del otro nuevo poligono tambien en construcción".
Los jovenes de Puente Castro han comenzado sus reivindicaciones y protestas con las pintadas aparecidas en las proximidades de la parcela dotacional del polígono de Santo Tomás o Puente Castro Sur.
"No se descarta que en pocos dias comienzen otro tipo de protestas de Puente Castro ante esta forma de entender a 'su manera' lo que quieren los vecinos, sin tener en cuenta las peticiones y necesidades de este barrio que siempre esta en desventaja sin nada digno para las necesidades de sus habitantes y ofreciendo servicios que no dan ni quieren dar el resto de barrios: cementerio, crematorio, área deportiva", asegura Aljama en una nota pública.
* Leonoticias - 5.11.2008
Foto: Una de las pintadas realizadas como protesta en el barrio de Puente Castro - leonoticias.com
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14.11.08
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Los Juzgados suspenden las obras de otras 105 viviendas en el Plan Parcial Playa Blanca
DIARIODELANZAROTE* : Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo nº1 y 3 de Las Palmas han dictado dos recientes resoluciones, de 22 de octubre y 4 de noviembre, mediante las que acuerdan suspender con carácter inmediato las obras de construcción de un total de 105 viviendas que se venían realizando en varias parcelas del Plan Parcial Playa Blanca.
La Justicia ha decidido dejar sin efecto las licencias que el Ayuntamiento de Yaiza concedió el 3 de noviembre de 2006 a la empresa “Prolar Inversión Tenerife” para la construcción de un complejo de 37 bungalós en la parcela R-9ª de dicho Plan Parcial, así como la licencia que el mismo Ayuntamiento también concedió el 29 de mayo de 2006 a la empresa “Playa Blanca 6” para la construcción de otros 68 chalets en la parcela R-14A y B del mismo Plan Parcial.
Los Tribunales también han ordenado que se comunique al Registro de la Propiedad la existencia del recurso contra las licencias que autorizaron las obras y la paralización de los trabajos de construcción que ha sido acordada por los Juzgados a la vista de los motivos expuestos en los recursos que han sido formulados por el Cabildo de Lanzarote contra el desarrollo de este Plan Parcial, que la primera corporación insular considera extinguido e ineficaz desde el año 2001.
Doce órdenes de suspensión
Con estas dos nuevas resoluciones judiciales, el número de suspensiones de obras que ha acordado la Justicia en esta urbanización del sur de Lanzarote asciende a un total de 12, todas ellas favorables al Cabildo de Lanzarote.
Asimismo, el número de viviendas cuyas licencias de obras han sido suspendidas por los Juzgados en el Plan Parcial Playa Blanca asciende a un total de 468, de las cuales algo más de 200 están terminadas, otras 150 se encuentran iniciadas y el resto no han iniciado obras al haberse decretado la suspensión de la licencia antes del comienzo de los trabajos.
En este último caso, las obras de los 37 bungalós que han sido paralizados en la parcela R-9 se encuentran en fase de estructura, mientras que de los 68 chales de la parcela R-14, una parte se encuentra en estructura y otra en un grado de ejecución más avanzada.
* Diario de Lanzarote - ACN - 14.11.2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa_blanca - diariodelanzarote.com
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14.11.08
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Tema: NOTICIAS Canarias
Las ciudades Patrimonio de la Humanidad no cumplen la normativa, según ICOMOS
TERRA* : Antonio Campesino, vicepresidente de la sección española de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Patrimonio de la Humanidad), ha criticado hoy la gestión urbanística de las ciudades españolas así catalogadas por la Unesco, que 'salvo un par de ejemplos' no cumplen 'la normativa exigible'.
En Salamanca, donde participa en un simposio de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Campesino ha comentado a los periodistas que esas ciudades 'tienen graves problemas para mantener los criterios por los que entraron en el patrimonio mundial, de forma voluntaria y graciosa, pero que exige el cumplimiento con la convención, con las directrices', ha subrayado.
Ha denunciado 'verdaderas atrocidades que se han cometido y siguen cometiéndose' y ha puesto como ejemplo proyectos de Salamanca, Ávila, Cáceres o La Laguna (Tenerife), entre otros.
'Queremos entrar en el grupo de Ciudades Patrimonio por lo que esto representa, pero luego no admitimos las normas y exigencias', y 'hay que cumplir la letra grande, pero también la chica', ha advertido el vicepresidente de ICOMOS.
El principal problema de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, según Campesino, es que no cuentan con verdaderos planes urbanísticos especiales adaptados a las características de su entorno, por lo que ha considerado de 'vital importancia' el desarrollo de esta normativa en todas ellas.
Aprovechando su estancia en Salamanca, ha denunciado el proyecto municipal de construcción de un aparcamiento subterráneo en la Plaza de Los Bandos, en el centro histórico, así como la demolición del Gran Hotel 'que no comprendo como no tenía la declaración de Bien de Interés Cultural, a escasos diez metros de la Plaza Mayor, aunque antes no valía y ahora se paga a 6.000 euros el metro cuadrado'.
En cuanto a Ávila, ha calificado de 'aberración' la remodelación firmada por el arquitecto Rafael Moneo de la Plaza del Mercado Grande, 'pero ya está hecho, no hemos podido evitarlo, por lo que ahora tendremos que prevenir otras barbaridades', ha subrayado.
También se ha referido a los 'atropellos' que se pretenden cometer en Cáceres, algunos de los cuales 'hemos conseguido pararlos, aunque tenemos ahora una pelea con la ubicación del futuro centro comercial de El Corte Inglés', ha dicho.
En opinión del vicepresidente de ICOMOS, en vez de adaptar los nuevos proyectos de construcción a los planes especiales, 'se hace al revés y se modifican a capricho del poeta', algo que en su opinión es 'inadmisible'.
Como ejemplo de buena gestión patrimonial, ha expuesto el caso de Santiago de Compostela, donde en apenas diez años, 'desde el Jacobeo de 1994 y hasta la Capitalidad' se ha conseguido 'aunar desarrollo urbanístico, turístico y protección del casco histórico'.
Campesino ha culpado de parte de esta situación a la Secretaría técnica del Comité de Patrimonio Mundial, sobre la que ha dicho que 'acuden los alcaldes para llorar, les dan una palmada y se saltan así los informes de ICOMOS'.
Esta situación ha sido ya denunciada por esta entidad ante el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Patrimonio de la Humanidad.
* Terra Actualidad - EFE - 14.11.2008
Foto: Ávila, plaza Sta. Teresa (mercado grande) con edificio Moneo - flickr.com
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La policía interviene otras 500 obras de arte en la 'operación Malaya
ELPAÍS* : La enmarañada madeja se torna más transparente. Dos años y medio después, los investigadores del caso Malaya prosiguen descubriendo bienes vinculados a la red de corrupción desarticulada en Marbella. Esta semana ha sido el turno del arte, y entre Córdoba y Marbella los agentes han intervenido al menos 917 piezas de orden del juez, Óscar Pérez, y que los expertos en arte consideran obras verdaderas.
Entre ellas, cuadros de gran valor atribuidos a pintores cotizados como Sorolla, Tapies, Dalí o Miró, y cuya propiedad la policía atribuye a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Los investigadores sospechan que tras estas obras se oculta el ex asesor de Urbanismo. "Roca se ha valido de estas personas para la adquisición de obras de arte a diferentes proveedores, utilizada para blanquear fondos", detallaba el auto de procesamiento del caso.
La primera colección se localizó en varias naves de Córdoba del empresario Rafael Gómez, Sandokán, donde se ocultaban 410 obras. El segundo registro se practicó en la sede marbellí de la empresa CCF21, sociedad administrada por Sánchez. La suma de las piezas incluía 200 cuadros, 300 litografías, siete grandes esculturas de bronce y una colección de figuras de arte africano. Finalmente, los agentes registraron y embargaron una lujosa finca en Alhama de Granada, valorada en más de 15 millones, con antigüedades y un picadero con 58 caballos.
Los nuevos registros están motivados por un posible delito de alzamiento de bienes por parte del empresario granadino Carlos Sánchez. En la voluminosa causa, el promotor está acusado de cohecho por abonar 5,3 millones de euros a Juan Antonio Roca en comisiones ilegales por cinco operaciones urbanísticas, según subrayó el primer juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres. Ahora, las investigaciones policiales "ofrecen claros indicios" de que el promotor trasladó 410 obras de arte desde Marbella hasta Córdoba, "estando preparándose su posible venta", según un auto del juez instructor, Óscar Pérez, difundido ayer por Efe.
El juez recuerda que ni Sánchez ni Liétor han abonado su fianza por responsabilidad civil, que asciende a 20 millones de euros cada uno. Además, el magistrado instructor justifica el registro de la finca granadina dadas "las relaciones" de Sánchez con el ex asesor urbanístico. El auto de procesamiento no alberga dudas al respecto, cuando detalla la composición de la sociedad Mediterránea de Inmuebles, una de las 44 sociedades en las que invirtió el ex asesor: "Roca era el socio oculto de esta sociedad junto a Carlos Sánchez y Andrés Liétor, habiéndose localizado varias escrituras originales relativas a esta sociedad".
De momento, al estar los implicados ya imputados, la policía no ha detenido esta semana a ningún protagonista. Durante los próximos días los implicados declararán previsiblemente ante el juez para revelar la procedencia de las obras intervenidas. Si finalmente la policía acredita que la compra de estas obras se produjo gracias a los fondos ilícitos obtenidos por Roca gracias a convenios urbanísticos ilegales, el destino del dinero invertido en colecciones artísticas superará las 1.300 obras intervenidas por la policía.
Sánchez reconoció ayer que "todas las obras intervenidas esta semana" son de su propiedad, y explicó que se las había cedido a su "amigo" Rafael Gómez, conocido como Sandokán. "Las necesitaba Rafael para hacer frente a un pago, por si a Hacienda les interesaba. Es una sencilla operación mercantil", explicó sorprendido. Fuentes de la empresa Arenal 2000, propiedad del empresario cordobés Rafael Gómez, confirmaron dicha versión. Sánchez rechazó las múltiples acusaciones vertidas en su contra y afirmó que la policía "ha engañado miserablemente al juez". "Sólo administro las obras para una sociedad. Roca no tiene nada que ver conmigo. Yo soy coleccionista antes de que Roca supiera lo que es un calendario", afirmó.
La investigación concede a Sánchez un papel protagonista en los beneficios procedentes del saqueo producido en Marbella, y junto a Roca también figura en el auto de procesamiento como socio del constructor José Ávila Rojas, con quien comparte negocios en Granada y la República Dominicana. La finca embargada ayer al empresario granadino Sánchez le fue vendida el pasado febrero por una empresa representada por Andrés Liétor por 10,7 millones de euros. Liétor y Sánchez son a su vez socios.
En el interior de la lujosa propiedad, valorada en 15 millones de euros, de sus paredes colgaban obras de arte religioso y en sus salones había antigüedades. La finca cuenta con un museo que posee colecciones de máquinas de coser antiguas, aperos de labor y diversos objetos catalogados como antigüedades. Además, en sus dependencias se encuentran numerosas obras de arte cuyo valor ayer la policía no detalló. Además, la finca dispone de una capilla que contiene obras de arte religioso, un gimnasio, salón de juegos y una biblioteca. Al igual que la finca donde Roca disfrutaba en Jimena de la Frontera (Cádiz), esta casa de campo también contaba con un picadero con 58 caballos, cuyo cuidado pasará a partir de ahora previsiblemente a un administrador judicial que vigile su mantenimiento.
Dos años y medio después, los investigadores continúan descubriendo nuevas conexiones que permitieron blanquear el ingente patrimonio fruto del urbanismo desmedido marbellí.
Bienes intervenidos
- 410 obras de arte de autores como Sorolla, Tàpies, Dalí y Miró, localizadas en Córdoba.
- 200 cuadros, 300 litografías, 7 esculturas de bronce de gran tamaño y una colección de arte africano intervenidos en Marbella.
- Embargada una finca de lujo en Granada con un picadero de 58 caballos, antigüedades, gimnasio y una capilla con obras de arte.
* ELPAIS.com - J. MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 14/11/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Fiscalía pide 21 meses de prisión para el ex alcalde de Cambil por un delito de prevaricación
EUROPAPRESS/Jaén* : El ministerio fiscal solicita una pena de un año y nueve meses de prisión para el ex alcalde socialista de Cambil (Jaén) Agustín Cubillo al que considera responsable de un delito continuado de prevaricación por conceder una licencia para unas obras "ilegales" pese a que, además, había un informe desfavorable.
El fiscal también solicita que Cubillo sea penado con una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años. Además, en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, acusa a otras nueve personas en una trama de delitos contra la ordenación del territorio.
En concreto, el ministerio público relata que a comienzos del año 2006 el acusado Roberto D.L. promovió la construcción de una casa unifamiliar en una zona de Cambil cuyo suelo está clasificado como no urbanizable. Los constructores fueron los también acusados Manuel L.L.; Diego M.M. y Francisco M.M., todos profesionales de la construcción y "plenos conocedores de la situación urbanística". La dirección técnica de este proyecto recayó en el aparejador acusado José Francisco L.S. y el arquitecto Jesús S.F.
Además, recoge que, un año antes, el acusado Francisco A.R. promovió la construcción de otra casa unifamiliar en otro paraje también clasificado como suelo no urbanizable. El constructor fue el procesado Antonio O.L. y la dirección técnica correspondió a Sebastián R.J. Sobre esta construcción "ilegal" se da la circunstancia de que el promotor solicitó licencia al Ayuntamiento adjuntando un proyecto técnico del acusado Sebastián R.J.
"En este proyecto de vivienda unifamiliar, deliberadamente y en connivencia con el promotor, se ubicó la obra a realizar en suelo urbano cuando en realidad se estaba construyendo en suelo no urbanizable", especifica el fiscal, quien agrega que, "pese a este engaño, no lograron que el aparejador se confunda".
En este punto, entra en acción la intervención del entonces alcalde de Cambil quien, "con frío conocimiento del informe anterior, deliberadamente y prescindiendo del informe jurídico del secretario concedió licencia por decreto", según el fiscal. Meses después, Cubillo "prescindiendo de informes técnico y jurídico emitió acto administrativo favorable a la concesión de la licencia de primera ocupación" pese a ser "conocedor de la situación ilegal" de la finca en cuestión.
Para el ministerio fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del que considera responsable al ex alcalde de Cambil Agustín Cubillo y le pide esos 21 meses de prisión más diez años de inhabilitación para cargo y empleo público, y sendos delitos contra la ordenación del territorio que achaca a los otros nueve procesados, por lo que reclama que sean condenados cada uno de ellos a ocho meses de prisión, el pago de una multa de 10.800 euros e inhabilitación especial para profesión por un tiempo de ocho meses.
En concepto de responsabilidad civil, solicita que se proceda a la demolición de lo construido a cargo de los procesados, salvo Agustín Cubillo, "como único modo de restaurar la legalidad urbanística alterada".
Para concluir, el fiscal también especifica la petición de que se deduzca testimonio toda vez que del último certificado emitido por el arquitecto acusado Sebastián R.J. y usado por el también acusado Francisco A.R. puede deducirse la existencia de un delito de falsedad.
* Europa Press - 13.11.2008
Foto: Cambil (Jaén) - geocities.com
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14.11.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Ante la actuación de la Fiscalía
VICENT ÁLVAREZ* : Las recientes actuaciones de la Fiscalía sobre posibles delitos urbanísticos, como las que se han practicada en la Vega Baja, abren nuevas posibilidades y, por lo menos, constituyen un factor de disuasión de cara al futuro inmediato. Nuestro Código Penal, en su reforma de hace diez años, dedicó un capítulo a los llamados delitos contra la ordenación del territorio y la protección del patrimonio y del medio ambiente.
En 21 artículos se tipificaban y penalizan conductas que podían ser lesivas -o sea, negativas- para los intereses sociales, en los ámbitos urbanístico, patrimonial y del medio ambiente. Estas conductas condenables pueden venir de la mano de promotores, técnicos y autoridades.
Tras la reforma penal, vinieron tiempos de resignación y falta de eficacia, ya que las altas instancias no estaban por la labor. Por eso, las primeras expectativas se vieron defraudadas tanto por la falta de medios como por la falta de interés por parte de la anterior Fiscalía del Estado. Los cambios que se han venido operando en los últimos dos o tres años nos permiten recuperar un poco de optimismo.
Se dirá que la vía penal es complicada y de inciertos resultados, o que vale para casos demasiado evidentes y extremos. Con todos los matrices que se quiera, la vía penal constituye un factor de disuasión muy importante, junto con el reparador o sancionador. Si nuestra sociedad tuviera el grado de sensibilidad deseable, en cuanto a lo que representa el territorio y los valores de todo tipo que tenemos, no necesitaríamos actuaciones ejemplares de la Fiscalía.
Nuestra autonomía municipal está recogida en la Constitución. Ahora bien, una cosa es la autonomía y otra disponer de los cargos públicos, o técnicos, para permitir actuaciones de urbanización insostenibles e ilegales. La generalización de construcciones urbanas en suelo rústico, las actuaciones en zonas protegidas, los derribos, la permisibilidad en muchos casos, entre otras circunstancias, hacen más necesarias actuaciones penales, y, por tanto, el fiscal, al actuar, no hace más que cortar situaciones ya consumadas. Además, de esta forma también se disuade a hipotéticos infractores. Que miembros de las corporaciones locales, técnicos o promotores se vean imputados, y, en su caso, al final condenados, es un buen síntoma, una señal de que las impunidades están tocando a su fin, y ello por encima y con independencia de los colores políticos. Queda, también, como objetivo educativo, alcanzar un grado superior de ciudadanía, ahora que el tema está en polémica entre nosotros, en lo que afecta al respeto al paisaje, al territorio, a los valores culturales, a la diversidad y sostenibilidad medioambiental.
Mientras tanto, expresemos nuestro apoyo a la justicia, cuando actúa, como lo está haciendo, contra la corrupción o el urbanismo salvaje.
* Levante-EMV - Opinión - 12.11.2008
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14.11.08
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
El litoral barcelonés, bajo amenaza
LAVANGUARDIA* : La Fundación Mar dio a conocer ayer las conclusiones de un estudio sobre el litoral de la provincia de Barcelona en el que se alerta del impacto ambiental "brutal" que el crecimiento urbanístico y de infraestructuras está teniendo sobre el litoral marino.
Según los responsables de la fundación, la sociedad "debe reflexionar" sobre el actual modelo de crecimiento ya que "se está perdiendo una buena parte de la biodiversidad".
En el marco del Salón Náutico de la Feria de Barcelona, la Fundación Mar -que promueve el desarrollo sostenible de la sociedad en el entorno del medio marino- presentó el segundo libro correspondiente al Proyecto MARIAGE (Mar y Agentes) iniciado el año pasado con un estudio sobre el litoral de la Costa Brava.
En esta ocasión, la entidad ha estudiado el litoral de Barcelona y ha editado un libro, que saldrá a la venta el próximo mes de diciembre, con espectaculares imágenes fotográficas y los estudios de 15 expertos que han analizado ámbitos como la pesca, los espacios naturales, la energía o el urbanismo.
El director de la Fundación Mar, Miquel Ventura, explicó que el libro muestra cómo el crecimiento social y urbanístico en el litoral está provocando "un impacto medioambiental brutal en forma de emisiones de CO2, ruidos, residuos, aguas residuales, y todo esto tiene consecuencias en el medio marino". Ventura puso como ejemplo el Delta del Llobregat, "una zona con una biodiversidad importante gracias a las marismas que han quedado hipotecadas con la ampliación del aeropuerto de El Prat".
Por otro lado, la Fundación Mar también presentó el inicio de SILMAR, un proyecto que ha sido seleccionado por la Fundación Biodiversidad y que pretende crear una red de seguimiento del litoral español a través de estaciones de control ubicadas en diferentes puntos. El seguimiento se realizará mediante voluntarios que "periódicamente realizarán inmersiones y tareas de control con aparatos que les facilitaremos", afirmó Ventura.
El proyecto se iniciará durante la primavera de 2009 con una prueba piloto en el litoral de Girona donde se crearán cuatro estaciones de control. "Cuando tengamos resultados los iremos publicando en nuestra página web", afirmó Ventura, que anunció que "en el futuro lo queremos ampliar a Barcelona y Tarragona y posteriormente a toda España para contar con 80 estaciones en tres años".
La iniciativa permitirá generar una base de datos sobre el fondo marino "para analizar la evolución de la fauna, la flora y la calidad del agua a lo largo de los años", según apuntó el director de la Fundación Mar.
* La Vanguardia - L'Hospitalet de Llobregat. (EUROPA PRESS) - 12.11.2008
Foto: Barcelona, delta del Llobregat - flickr.com
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13.11.08
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Tema: NOTICIAS Cataluña
La Fiscalía ya ha llevado al Juzgado 150 casos de obra nueva de El Puerto
DIARIODECÁDIZ* : Empezó en abril, con apenas media docena de casos, y ya va por el centenar largo. Tan largo que la cifra se sitúa en 140 o 150 casos. Éste es el abultado número de denuncias por otros tantos casos de obra nueva fraudulentos registrados en El Puerto que lleva ya cursados en los distintos Juzgados de la localidad el fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Ángel Núñez.
Se trata de los casos de emisión de certificados falsos de antigüedad de viviendas ilegales detectados por el actual equipo de gobierno del Partido Popular de El Puerto durante el anterior mandato municipal de Independientes Portuenses (que gobernaba en coalición con el PSOE), que el alcalde, Enrique Moresco, y la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, comenzaron a remitir a Fiscalía en octubre de 2007.
Las denuncias que ha interpuesto, según ha explicado a este diario el propio fiscal, se dirigen contra autores y beneficiarios de estos papeles fraudulentos, que persiguen lograr la prescripción de la irregularidad urbanística cometida al construir una casa sin licencia (que vence a los cuatro años) y que permiten a los titulares pedir un préstamo hipotecario tras la inscripción en el Registro de la Propiedad.
En unos casos, los procedimientos son por la comisión de un presunto delito de falsedad en documento público. Y en otros coexistiría también un presunto delito contra la ordenación del territorio. Por tratarse en este último apartado de viviendas levantadas en suelo clasificado como no urbanizable en el actual Plan General de El Puerto.
Las posibles condenas en todos los casos no están garantizadas ni mucho menos. El propio fiscal reconoce que en la práctica se ha topado con un escollo: la ausencia de sentencias de la Audiencia de Cádiz sobre esta práctica ilegal que ha comenzado a detectarse hace escasas fechas en la Bahía de Cádiz. A este respecto, Núñez se congratula de que parece que se ha impuesto el criterio de considerar la emisión de un certificado falso de antigüedad de un inmueble como delito, y no como falta, sancionada sólo con multa, como ocurría antes. Pero hay otro problema: el delito de falsedad documental prescribe a los cinco años. Un plazo que los fiscales andaluces, asevera desde Cádiz su coordinador, creen insuficiente, al defender que los profesionales autores de estos certificados deben ser considerados como funcionarios públicos, en la medida en que éstos participan del ejercicio de funciones públicos. En su caso, aclara Ángel Núñez, amparándose en el Código Penal, no por nombramiento, como los funcionarios de oposición, sino por disposición legal, dado que "el reglamento hipotecario así lo recoge". En este caso, la vigencia del delito se extiende a los diez años.
Toda esta argumentación sale a colación por la curiosa tesitura con que se está topando la Fiscalía en los Juzgados de El Puerto: mientras un juez ha aceptado todos los casos, aunque daten de hace seis o siete años, otros, tras haber admitido a trámite la denuncia, han acabado dictando el archivo por prescripción al haber transcurrido más de cinco años.
Ángel Núñez, que ha interpuesto recurso contra las denuncias archivadas, que habrá de ser dilucidado en la Audiencia, ha anunciado a este diario su firme intención de ir hasta el Supremo para lograr que en estos casos los autores de los certificado falsos sean juzgados como funcionarios públicos, prescribiendo el posible delito a los diez años.
Aunque los casos denunciados son muy numerosos, los firmantes de los certificados pueden contarse con los dedos de las dos manos y sobran. No hay que olvidar que, como ya informó este diario, es autor de un buen número Joaquín P.S., el mismo arquitecto imputado en la trama destapada por la Guardia Civil en Chiclana en el verano de 2007, en la bautizada como Operación Obra Nueva.
Con los certificados falsos detectados en El Puerto, según las estimaciones del Gobierno del PP, habrían sido edificadas más de 300 viviendas.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 13.11.2008
Foto: Uno de los casos de obra nueva de El Puerto: en el Registro, figuran inscritas 19 viviendas en este solar baldío gracias a un certificado de una edificación inexistente. - diariodecadiz.es
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13.11.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La investigación judicial del 'caso Guateque' cumple mañana un año sin visos de que llegue a su fin
EUROPAPRESS/Madrid* : La investigación judicial abierta contra la mayor trama de corrupción destapada en el Ayuntamiento de Madrid por el tráfico ilegal de licencias cumplirá mañana un año sin visos de que llegue a su fin por los obstáculos existentes para la realización de los peritajes económicos.
Pese a los 365 días transcurridos, las pesquisas judiciales ponen ahora su punto de mira sobre los empresarios que entregaron suculentas 'mordidas' a los funcionarios imputados a cambio de que les agilizasen los trámite de las licencias de sus locales.
El juez Santiago Torres concluirá el próximo diciembre estas comparecencias, que se sustentan en los pagos que aparecieron anotados en las agentes intervenidas a los imputados que actuaban como intermediarios entre los empresarios y los empleados públicos encargados de la tramitación de los expedientes. Una vez que concluya esta fase, sólo quedarán los dictámenes periciales del patrimonio de los acusados, la auditoria de los expedientes y su posterior análisis.
Cuando el magistrado tenga sobre la mesa estos tres informes, lo que se podría prolongar durante varios meses, transformará la causa en procedimiento abreviado, es decir, pondrá punto y final a la investigación. No obstante, la parte económica está paralizado desde el inicio de la causa por la negativa del Gobierno regional de adelantar fondos para practicar el peritaje.
Mañana se cumple el primer aniversario desde que estalló la operación 'Guateque', cuyos tentáculos han tocado a funcionarios del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, sin alcanzar a altos cargos del Consistorio madrileño. No ocurre lo mismo en el caso del Gobierno de Esperanza Aguirre. El viceconsejero de Transportes, Luis Armada, es el único imputado de la esfera política a cuenta de las anomalías detectadas en su gestión como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de 1997 a 2003.
No obstante, el juez Torres desgajó en julio de esta investigación el 'caso Becara', que salpicó de lleno al presidente de la Junta de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna. Esta nueva causa surgió a instancias de una denuncia de unos vecinos del número 18 de la calle Juan Bravo que relataron una serie de irregularidades cometidas en la afamada tienda de decoración Becara por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
DIECISÉIS DETENIDOS EN LA PRIMERA FASE
Volviendo a los orígenes de 'Guateque', la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente focalizaron la atención de la Guardia Civil desde el inicio de las indagaciones, que se extendieron a ocho Juntas Municipales de los veintiún distritos que conforman la capital. Los investigadores descubrieron entonces una red de cobro de comisiones ilegales que hasta entonces gozaba de una impunidad que casi se hizo crónica.
Un informe del Instituto Armado activó el primer capítulo de la operación. El documento puso al juez en sobreaviso de que un grupo de funcionarios aprovechaba la falta de controles internos en los expedientes de licencias para organizar una red corrupta, a fin de obtener dinero a cambio de acelerar o paralizar los trámites de estos permisos, cuya obtención podía retrasarse hasta dos años.
La primera fase arrancó a primera hora del 14 de noviembre de 2008 y se saldó con dieciséis detenidos. Agentes de la Guardia Civil, acompañados de la Policía Municipal, irrumpieron en Urbanismo, en Medio Ambiente y en las Juntas de Centro, San Blas y Chamberí. El juez levantó así el velo de una tupida organización ilegal, cuya investigación policial se inició el 9 de marzo de 2006 a raíz de la denuncia de un particular, al que solicitaron 20.000 euros.
Entre los detenidos estaban los supuestos cabecilla de la red: Victoriano Ceballos, hasta entonces jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, y Joaquín Fernández de Castro, que era el jefe del Departamento de Evaluación Ambiental. El juez de guardia les envió, junto a otros tres arrestados, a prisión por presuntos delitos de corrupción, prevaricación y tráfico de influencias.
En la cúspide de la red se sitúa Ceballos, quien llegó en 1980 a la Junta de Moratalaz gracias a su cuñado Saturnino Zapata, entonces concejal socialista de Personal. Años después accedió a la Concejalía de Medio Ambiente, donde se le abrió un expediente en 1987 por falsedad documental en la tramitación de licencias para el citado distrito. Al final, se le apartó de la investigación por falta de pruebas.
Ademas de los 'cerebros de la trama', se decretó el ingreso en la cárcel de los empresarios Santiago Castillo Morales, apoderado de la empresa AC93 (dedicada a la gestión de licencias), y Antonio Sanz Escribano, administrador único de la empresa AB Escribano Ingenieros Consultores. La sociedad AC93 es una de las piezas clave de la instrucción, puesto que se encargaba de falsificar documentos para solicitar las licencias que formaron parte del entramado corrupto.
El 20 de noviembre, el juez Torres mandó a prisión a Carmelo García Sánchez, un funcionario jubilado, adscrito en su momento a la Gerencia de Urbanismo. Carmelo García Sánchez fue juzgado ya por un asunto similar. Estuvo implicado en el caso 'Sauna Paraíso' del que finalmente se le exoneró.
PUESTOS EN LIBERTAD
La revelación de la trama abrió la veda de la bronca política por la supuesta responsabilidad del Ayuntamiento en permitir que sus funcionarios se lucraran gracias a la obtención de sobornos, que oscilaban entre los 8.000 y 20.000 euros. Para frenar las acusaciones, Alberto Ruiz-Gallardón se mostró partidario de colaborar con la Justicia. El propio juez le solicitó ayuda directa para canalizar el gran número de denuncias aportadas al procedimiento por particulares.
La segunda fase saltó el 27 de diciembre de 2007, con el registro de seis sedes municipales y diez nuevas detenciones de personas vinculadas a la trama. Esta fase se produjo tras analizar minuciosamente la documentación incautada en los primeros registros y los 187 expedientes requisados.
En este bloque, el instructor mandó a prisión a Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta de Chamartín); Miguel Ángel García Jodar (técnico de Medio Ambiente); Alfonso Clemente García (que trabajó en la Junta de Carabanchel); y Fernando Ruiz Torrejón (de Urbanismo). Además, decretó el 9 de enero prisión provisional para los empresarios Julián Rubén López y Eduardo Agustinos, quienes se encontraban huidos de la Justicia desde el 27 de diciembre.
Casi dos meses y medio después, el magistrado puso en libertad a Ceballos y a los otros funcionarios --también los detenidos en la segunda fase-- bajo fianza de 60.000 euros, mientras que los empresarios pudieron eludir la cárcel tras abonar un pago de 100.000 euros. Una vez excarcelado, Ceballos acudió el 2 de enero a declarar de nuevo, asegurando a los medios que "sólo" se adelantaban "los expedientes que decían los políticos que se adelantaran".
En otra de sus comparecencias, celebrada el pasado julio, el supuesto líder de la trama admitió que recibió gratificaciones por parte de una arquitecta por colaborar en proyectos de expedientes que posteriormente se remitían al Área de Medio Ambiente. Esta revelación le sirvió para que le imputaran un delito de actividades prohibidas para los funcionarios.
* Europa Press - 13.11.2008
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - abc.es
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Tema: NOTICIAS Madrid
Las detenciones de alcaldes ponen bajo sospecha el urbanismo de la Comunitat
LASPROVINCIAS/Valencia* : La justicia investiga las supuestas actuaciones delictivas en Bigastro, Zarra, San Fulgencio, Dénia, Catral, Benitatxell, Orihuela y Torrevieja. En una misma semana se han producido las detenciones de los alcaldes de Zarra, Juan José Rubio, San Fulgencio, Trinidad Jiménez, y Bigastro, José Joaquín Moya. Los dos primeros fueron puestos en libertad, pero el tercero ingresó en prisión sin fianza.
Además, la ex primera autoridad de Dénia, Paqui Viciano, ha sido citada a declarar por el juez por la presunta venta de un camino catastral. En la práctica totalidad de los casos se trata de presuntos delitos urbanísticos, una actividad en tela de juicio.
¿Son hechos aislados? ¿La justicia aprieta más? En ambos casos la respuesta es no, ni se trata de casos puntuales ni los estamentos judiciales son más duros, están igual que antes.
Además, en los últimos años han salido varios casos de corrupción, algunos de los cuales han acabado con los huesos de los alcaldes en prisión tras sentencias firmes de los tribunales. Bigastro, Zarra y San Fulgencio son solamente la punta de un iceberg con una base sólida.
Xeresa, Dénia, Poble Nou de Benitatxell, Pego, Orihuela, Catral y Torrevieja, entre otros, conforman los cimientos del gigantesco bloque de hielo que se derrite después de varias condenas.
Este es el caso del que fuera alcalde de Xeresa, Ciprià Fluixà. Un tribunal le condenó a un año de prisión, ocho de inhabilitación especial para ejercer cargo público, otros dos para profesión y oficio, y multas que sumaban los 460.000 euros por un delito medioambiental al permitir poner tierra en el marjal.
La Audiencia Provincial de Valencia, en julio de 2002, exculpó al alcalde de los cargos, pero el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el grupo ecologista IDEA, recurrieron el fallo. El Tribunal Supremo dio la razón a la acusación, anuló la sentencia de la Audiencia Provincial, y condenó al alcalde por un delito contra el medio ambiente y prevaricación medio-ambiental.
Fluixà recurrió en 2003 ante el Constitucional y pidió el indulto a Interior argumentando que no tenia intención de perjudicar el medio ambiente y que los daños tuvieron lugar antes de que él fuera alcalde, pero no había remedio.
Fluixà dimitió en 2005 en cumplimiento de la sentencia del Supremo que le condena a tres años y medio de inhabilitación para el ejercicio de puesto público por un delito de "prevaricación", que se sumaba al malestar creado por el anterior delito medioambiental.
Otro caso ya juzgado es el del ex alcalde de Pego, Carlos Pascual, que hoy sigue en la prisión de Fontcalent cumpliendo una condena de seis años de cárcel por un delito ecológico en el marjal de Pego-Oliva, donde causó daños y ordenó trabajos sin los permisos pertinentes. Fue denunciado por la Conselleria de Medio Ambiente, aunque su mujer, Mayte Ferrándiz, fue avalada por el popular José Joaquín Ripoll para encabezar la lista del PP en las elecciones municipales de 2007. Ahora es líder de la oposición al tripartito del municipio.
El alcalde de Benitatxell, el independiente Juan Cardona, fue detenido el pasado mes de julio junto a la primera teniente de alcalde, Hannelore Reindorf, por la recalificación de unos terrenos. Se le acusó de un presunto delito de prevaricación y cohecho, aunque ambos están libres con la obligación de personarse cada 15 días en los juzgados de Dénia.
El caso empezó cuando un constructor que quería vender sus parcelas supo que estas ya no eran urbanizables. En una supuesta negociación con un intermediario, se le prometió que en sus terrenos podría volver a construirse a cambio de 50.000 euros. Las detenciones fueron inmediatas, aunque ambos ediles fueron puestos en libertad y siguen en activo.
Orihuela, donde el ex alcalde Luis Fernando Cartagena fue condenado a cuatro años de prisión por un delito de malversación de fondos; y Torrevieja, cuya primera autoridad Pablo Hernández Mateo está siendo investigado por la presunta venta de un solar que le reportó 5,2 millones de euros.
Y en medio de todas estas investigaciones, condenas y multas, en octubre de 2006 se produjo un hecho histórico debido a otro escándalo urbanístico, esta vez en Catral. Por primera vez el Consell retiró las competencias en este ámbito a un Ayuntamiento, siendo el segundo caso en toda España después de Marbella.
Territorio acusó al alcalde, José Manuel Rodríguez (PSPV), de autorizar la construcción de 1.270 viviendas ilegales sobre suelo no urbanizable y terrenos del parque natural del Hondo. Posteriormente la actuación quedó paralizada.
Poco después, en febrero de 2007, la Conselleria pidió información urbanística a Moncofa también para decidir si le retiraba las competencias en la materia. El listado es amplio y la justicia está decidida a atajarlos todos, el final de la cuerda aún no ha llegado.
* Las Provincias - J. A. Z./DELEGACIONES | VALENCIA - 12.11.2008
Foto: Bigastro (Alicante) - ebigastro.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La policía interviene 400 obras de arte de Roca en poder de Sandokán
ELPAÍS/Marbella* : La pasión por el arte del supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, sigue dando frutos. El último de ellos fue el hallazgo de 400 obras de arte que la policía localizó ayer en unas naves industriales a las afueras de Córdoba. El famoso constructor Rafael Gómez, conocido como Sandokán, conservaba los cuadros y litografías presuntamente adquiridos por el ex asesor de Urbanismo de Marbella, según la investigación.
Hasta ahora, la policía ha intervenido 888 piezas de Miró, Picasso y Tàpies, adquiridas por Roca.
Los investigadores hallaron estas últimas 400 obras de arte, que sirvieron supuestamente para el blanqueo de capitales, en las cajas fuertes de cuatro naves industriales. Agentes de la unidad contra la droga y el crimen organizado (Udyco) inmovilizaron los cuadros y litografías junto a dos expertos de la Brigada de Patrimonio de la Comisaría General de la Policía. "No cabe duda de que Roca le habrá pagado en especies a Sandokán, pero la hipótesis es que Roca adquirió las obras", indicó un agente.
Sandokán, imputado de cohecho en el caso Malaya por el supuesto pago de 600.000 euros en comisiones ilegales, era además socio de Roca en la empresa Marbella Airways, según el auto de procesamiento del caso.Los métodos del constructor Rafael Gómez fueron heterodoxos también en su ciudad natal, no sólo en Marbella. Sandokán construyó en 2005 sin licencia las cuatro naves a las afueras de Córdoba, con una superficie total de 40.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento cordobés (IU y PSOE) se las legalizó, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló el plan especial del Consistorio para dar cobertura legal a esas naves y que permitía su uso comercial.
La operación de la Udyco confirmó ayer la estrecha relación entre el empresario cordobés y Roca, y demostró que los investigadores prosiguen las pesquisas para localizar el ingente patrimonio del ex asesor de Urbanismo. Las 400 obras de ayer se suman a otras halladas entre el apartamento y la oficina marbellí, y las fincas de San Pedro Alcántara (Málaga) y Jimena de la Frontera (Cádiz). Entre los cuadros requisados hasta ahora, hay obras de autores consagrados como el valenciano Joaquín Sorolla o Manolo Millares. De momento no ha trascendido la autoría de los cuadros y litografías intervenidos ayer, y los peritos de la Brigada de Patrimonio desplazados desde Madrid tasarán su valor durante los próximos días.
"Su patrimonio está desparramado por sitios diversos, y si no están bajo un nombre están bajo otro, pero irán saliendo todos", matizó ayer un agente.
La intervención policial cogió por sorpresa al dueño de la promotora Arenal 2000, y ayer fuentes de la empresa rechazaron ser propietarios de las obras de arte. "Los cuadros están aquí por una deuda de otras personas y desconocíamos dicha deuda. Los cuadros están expuestos para que los examinen peritos del Estado para determinar cuáles pueden servir como pago de nuestra deuda con Hacienda, y adquirirlos a continuación", alegaron dichas fuentes.
Sandokán fue presidente del Córdoba C. F., empresario joyero, y uno de los principales constructores andaluces, pero desde su detención en 2006, su imperio se ha desmoronado. El empresario se ha deshecho de activos por valor de 571,5 millones de euros en el último año para hacer frente a su endeudamiento. Mientras, la caja propiedad de la Iglesia, Cajasur, se ha querellado contra él y le acusa de haber pagado una comisión de 1,6 millones en Manilva (Málaga) por unos servicios que nunca se llegaron a realizar para la promotora Arenal Sur 21, cuya propiedad compartían ambas sociedades en 2004. Ahora los vínculos de Sandokán con Roca recobran fuerza en el caso Malaya, en el que Sandokán se encuentra en libertad bajo fianza, y que en total ya supera el centenar de imputados.
* ELPAIS.com - JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 13/11/2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
“El macrourbanismo perjudica la calidad de vida de las personas”
REBELIÓN/Entrevista* : Muchas veces, para tener certeza de los hechos tenemos que fijarnos en nuestro alrededor. Si volvemos a los lugares dónde jugábamos cuando éramos niños constataremos que han cambiado". Roger Cremades (València, 1977) ha dedicado cinco años a escribir 'Macrourbanismo y agresiones al paisaje mediterráneo', libro dónde analiza el "proceso irreversible de transformación territorial y paisajística que afecta el País Valenciano".
Ingeniero forestal de formación, Roger milita en Ecologistas en Acción y ha realizado los indicadores ambientales y la diagnosis de la ciudad en la que vive, Gandia. Define el macrourbanismo como un modelo "de construcción a gran escala, que piensa en los beneficios privados sin tener en cuenta las necesidades de servicios que tiene cualquier asentamiento urbano, y hace que los territorios pierdan su identidad".
Tu libro tiene un estilo directo y pedagógico. ¿Cuál ha sido tu objetivo al escribirlo?
Quería que cualquier persona, fuera cuál fuera su formación de partida, pudiera entender todo lo que ocurre alrededor del urbanismo y las problemáticas territoriales en el País Valenciano. La vocación divulgativa ha sido presente en todo el proceso de escritura del libro.
¿Cuáles son las consecuencias del "macrourbanismo" sobre nuestro territorio?
En un futuro cercano estaremos sufriendo las consecuencias. A priori disminuye la calidad de vida de las personas que viven en el lugar dónde se implanta este modelo. No sólo de los que viven en dentro, el colapso también lo sufren las personas que viven en las ciudades y pueblos próximos.
Copa América, Circuito de Fórmula 1, Mundo Ilusión, Terra Mítica o Tren de Alta Velocidad… ¿Cuál es alcance real de estos proyectos urbanísticos y de infraestructuras, y a qué intereses responden?
Todos estos ítems acaban siendo polos de atracción urbanística, que generan expectativas urbanísticas e impactos mal calculados a su alrededor. Se externalizan los beneficios a empresas próximas al poder y la sociedad asume los costes. ¿Quienes sale ganando? El tendero de mi barrio y yo mismo no, desde luego.
¿Encuentras diferencias entre los comportamientos de los partidos políticos de derecha y de izquierda en cuanto a modelo urbanístico y ordenación del territorio en el País Valenciano?
Durante la última década podemos encontrar proyectos de campos de golf con macrourbanizaciones relacionados con cada una de las siglas políticas con representación parlamentaria en las Cortes.
¿Acusarías de "catastrofista" alguien que denunciara la situación del litoral, marjales y la huerta en el País Valenciano?
El litoral creo que es una hecatombe para todo el mundo que lo haya conocido quince o más años atrás. Respeto a los marjales, la catástrofe es que des de Ecologistas en Acción continuamos luchando en los tribunales contra quienes los entierran, mientras las fuerzas públicas -que los deberían defender por ley- no hacen nada. También es alarmante lo que sucede con la huerta, que no tiene protección específica en el conjunto del territorio valenciano; sólo existe una declaración de intenciones en València rodeada de PAI, como el de Nuevo Milenio en Catarroja.
¿La depredación urbanística en el País Valenciano ha dado paso a una degradación irreversible del territorio o todavía estamos a tiempo de volver atrás?
No se puede generalizar. Para echar atrás la costa de la Marina Baixa lo tenemos mal. Quizás en determinados lugares de algunas comarcas podemos parar el proceso de degradación galopante del territorio. Pienso que hay que fortalecerse y crear redes sociales con capacidad humana y técnica para defender los argumentos medioambientales, históricos y culturales del País Valenciano.
La experiencia del conflicto por la Marjal de Pego-Oliva despertó tu conciencia ecologista, has contado alguna vez. ¿Qué relevancia tuvieron aquellos hechos?
El caso de Pego - Oliva acabó de la peor manera: en los tribunales y con el territorio propiedad de los terratenientes fuera de la zona protegida. Aquellos hechos tuvieron relevancia en todo el Estado español. Piensa que el ex-alcalde de Pego es el primer cargo público que ha entrado en la cárcel por delito ecológico. Es cierto que la indefensión que sufrió la marjal de Pego despertó en mí una fuerte conciencia de lo que estaba sucediendo con el medio ambiente.
¿Nos encontramos frente el fin de la ciudad mediterránea, compacta y habitable, característica del País Valenciano?
Sí, este modelo de ciudad era el de los años 80 en nuestro país. Un modelo de ciudades pequeñas, equidistantes, un buen punto de partida para una sostenibilidad que no ha llegado. Actualmente, entre los centros comerciales y las macrourbanizaciones se ha echado de la ciudad gran parte de las funciones urbanas. Esto es el final de la ciudad mediterránea.
En tu opinión, ¿cuál sería el modelo donde se ha pervertido más claramente este modelo de ciudad mediterránea?
Un buen ejemplo serían las autovías urbanas -eufemismo: ronda- que rodean Castelló por el sur. Después, una famosa urbanización que hay en el norte de Orpesa, o la autovía de Valencia a Llíria. También podemos encontrar buenos ejemplos en la Marina Baixa y la Vega Baja. Hay más ejemplos graves. Pero esto no quiere decir que debamos desfallecer. Se tiene que ser positivo e impulsar iniciativas atractivas en medio de todo este drama.
En este sentido, voces cualificadas del ecologismo han afirmado recientemente que el "modelo Benidorm" no es tan agresivo, pues concentra el consumo de recursos. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
Quienes dicen esto ignoran que el Benidorm de los años 90 ahora está rodeado de un enorme cinturón de macrourbanizaciones que tumban este argumento. Muchas veces "grandes expertos" -que yo no calificaría nunca de ecologistas- no tienen en cuenta que Benidorm es un fenómeno que ha acabado funcionando como polo de atracción urbanística y ha deshecho el paisaje de numerosos pueblos de los alrededores. Id a ver las vertientes del Ponoig, en Polop de la Marina.
¿Cómo observas a nivel ambiental, territorial y paisajístico la realidad de tu comarca, la Safor?
La Safor se la están cargando a base de invitar personas de relevancia, que después de cobrar lo suyo, todavía se atreven a afirmar que la solución en el turismo pasa por el urbanismo. Estas y otras barbaridades todavía suceden en la Safor. Pero aquí siempre estamos en pie de guerra contra el macrourbanismo. De más de diez proyectos de campos de golf que han presentado los últimos diez años, no les hemos dejado hacer ninguno, a través de alegaciones y retrasos les hemos desmontado el chiringuito.
Alguna vez has explicado que Gandia podría ser una ciudad sostenible de referencia. ¿Podrías contarnoslo?
Gandia es mi pueblo, así que pienso que hay que asumir la realidad y pensar como un pueblo dónde viven personas, y dejar de querer ser ciudad en el mundo de las megalopolis. Algunos gobernantes con nombres y apellidos no piensan así y ahora dicen que quieren urbanizar toda la huerta que separa el centro de la playa. Creen que así conseguirán desestacionalizar el turismo, una excusa como otra para urbanizar y embolsar dinero.
Para acabar. ¿Cuáles son las consecuencias, sociológicas y ambientales, de la combinación de urbanizaciones, centro comercial y vehículo privado?
Si sumas todas las horas que pasas en el coche viviendo en una macrourbanización y yendo al centro comercial, a lo largo de un año equivalen a unos 15 días de vacaciones. La alternativa es vivir en la ciudad compacta, comprar en las tiendas del barrio e ir a pie o en bici. Esto es más saludable y socialmente más favorable para relacionarse con el entorno. El problema es que todos respiramos el mismo aire, los que contaminan y los que no lo hacemos tanto.
* Rebelión - laccent.cat - 11.11.2008
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13.11.08
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El juez cita como imputados a 4 ediles de Zarra por la trama urbanística
LEVANTE/Valencia* : El titular del juzgado de primera instancia e instrucción nº2 de la localidad valenciana de Requena ha citado a declarar como imputados a cuatro concejales de Zarra (Valencia) por la presunta trama urbanística investigada en el territorio, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
El juez tomará declaración a estos cuatro concejales, de la agrupación local independiente, el jueves, día 13, después de que abriera una causa contra el alcalde de esta localidad, Juan José Rubio, por cargos de prevaricación urbanística, un delito contra la ordenación del territorio, otro de actividad prohibida a funcionario público, fraude y estafa.
Tanto el primer edil como su hijo fueron detenidos hace menos de 15 días después de que el juzgado de instrucción 2 de Requena admitiera a trámite una denuncia de la Fiscalía, a raíz de la investigación realizada por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil. Tras las primeras diligencias, el juez acordó una serie de entradas y registros, así como los dos arrestos.
Tanto el alcalde como su hijo salieron en libertad tras pagar la fianza de 18.000 euros impuesta por el juez, que había decretado su ingreso en prisión provisional, comunidad y eludible con una fianza de 18.000 euros para ambos, detenidos por su presunta implicación en delitos urbanísticos.
El juez abrió una causa contra Rubio por cargos de prevaricación urbanística, un delito contra la ordenación del territorio, otro de actividad prohibida a funcionario público, fraude y estafa. Respecto a su hijo, el instructor le imputa un delito contra la ordenación del territorio, estafa y un delito eventual de usurpación de la propiedad.
Paralelamente, la Guardia Civil sigue con su tarea de identificación y localización de los propietarios de las construcciones presuntamente autorizadas por Juan José Rubio, perteneciente a una agrupación independiente. Una vez se les localice, previsiblemente se les citará a prestar declaración en esta causa.
* Levante-EMV - EUROPA PRESS - 12-11.2008
Foto: Zarra (Valencia), zona chalés ilegales - levante-emv.com
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12.11.08
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El Gobierno de Murcia premia el urbanismo salvaje
PÚBLICO* : El Gobierno de Murcia entrega hoy cuatro premios y una mención especial para reconocer el buen hacer urbanístico de varios municipios de la región. Entre los galardonados está Villanueva del Río Segura, un pueblo de 1.600 habitantes donde en la actualidad se construye una urbanización de más de mil viviendas.
Otro de los premiados es el Ayuntamiento de Cieza, cuyo alcalde, Antonio Tamayo, fue imputado en 2007 por los delitos de falsificación de documentos y de tráfico de influencias o prevaricación, presuntamente cometidos en la elaboración de un convenio urbanístico.
El complejo que se construye en Villanueva, conocido como La Morra, está enclavado en el Valle de Ricote, un paraje natural de enorme valor paisajístico. Las edificaciones acabaron con la huerta tradicional y para levantarlas fue necesario allanar un monte, por lo que se han convertido en uno de los símbolos de la especulación urbanística en Murcia.
Atentado paisajístico
Ecologistas en Acción afirma que el Ayuntamiento autorizó las construcciones a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Segura informó de que la zona no dispone de los recursos hídricos suficientes. Por esta circunstancia, el caso fue denunciado y admitido a trámite en los tribunales, según la ONG ecologista.
El Ayuntamiento de Villanueva ha sido premiado en la categoría de Dirección del Proceso de Planeamiento, que valora la participación ciudadana. En concreto, la Consejería de Obras Públicas destaca el convenio firmado entre el consistorio y una entidad llamada Fundación Valle de Ricote, por el que la superficie declarada urbanizable se redujo de 1.087 hectáreas a 647.
El director general de Urbanismo de Murcia, Antonio Navarro, destacó ayer que los premios se otorgan por un jurado independiente, en el que participan organismos como el Colegio de Arquitectos o las universidades. El objetivo de los galardones es "incentivar buenas prácticas". Afirmó que en Villanueva se quiere premiar "lo contrario" a La Morra. Una opinión que no compartió el primer edil, José Luis López Ayala: "Para nada fue un error. Es una vía de progreso".
De Cieza, donde según Ecologistas en Acción hay programadas 8.000 nuevas viviendas, Navarro destaca que "técnicamente tiene el mejor plan, con información impecable y muy detallada". Hizo hincapié en que establece "el 92% del territorio como protegido". En cuanto a la imputación que pesa sobre el primer edil, explicó que no entraba en las cuestiones valoradas por el jurado.
Público intentó ayer sin éxito recabar la versión del alcalde de Cieza.
* Público - BELÉN TOLEDO - VILLANUEVA (MURCIA) - 07/11/2008
Foto: La urbanización de La Morra, en el municipio de Villanueva del Río Segura. - iñaki, publico.es
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12.11.08
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Tema: NOTICIAS Murcia
La Justicia anula otra licencia para un hotel en Yaiza por ser incompatible con el Plan Insular de Ordenación
DIARIODELANZAROTE* : La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado en sentencia firme la licencia concedida por el Ayuntamiento de Yaiza para la construcción de un hotel de 470 plazas en las parcelas 45 y 46 del Plan Parcial Montaña Roja, en Playa Blanca (Yaiza).
Se trata de un nuevo varapalo judicial a hoteles ilegales en la Isla por estar al margen del planeamiento, informa la Fundación César Manrique (FCM) en un comunicado. Éste es el decimoséptimo pleito de esta naturaleza con resolución firme que gana la FCM, anulando ya 13.500 camas turísticas y residenciales.
El TSJC apunta en esta nueva sentencia que el Ayuntamiento de Yaiza debió solicitar al Cabildo de Lanzarote el informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).
Según el Alto Tribunal canario, “es un trámite unido a la necesidad de garantizar los intereses insulares unidos al cumplimiento del PIOT e impedir que puedan desarrollarse actuaciones incompatibles con las limitaciones establecidas por el planeamiento insular, como dijimos, jerárquicamente superior a los instrumentos de planeamiento municipales”.
La sentencia señala que es "claro y patente que se omitió el informe preceptivo , exigido por una determinación vinculante del PIOT", por lo que se declara la nulidad del acuerdo de otorgamiento de licencia, "pues entender lo contrario sería dar carta de naturaleza a una actuación al margen de la legalidad urbanística aplicable a la isla de Lanzarote, que debe entenderse como un todo, en la que el Plan Insular constituye una pieza esencial del esquema”, precisa la resolución.
Por otra parte, la sentencia señala la falta de publicación de las normas urbanísticas del Plan Parcial, destacando que, en este caso, ni “el perito judicial, el recurrente o esta Sala han sido capaces de encontrar los datos de publicación del Estudio de Detalle, pero es más, si revisamos nuevamente el expediente administrativo observamos que el informe técnico se refiere a cumplimiento del plan de etapas y no de un proyecto de urbanización".
* Diario de Lanzarote - ACN - 12.11.2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), montaña roja - diariodelanzarote.com
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12.11.08
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Tema: NOTICIAS Canarias