Ante la actuación de la Fiscalía

VICENT ÁLVAREZ* : Las recientes actuaciones de la Fiscalía sobre posibles delitos urbanísticos, como las que se han practicada en la Vega Baja, abren nuevas posibilidades y, por lo menos, constituyen un factor de disuasión de cara al futuro inmediato. Nuestro Código Penal, en su reforma de hace diez años, dedicó un capítulo a los llamados delitos contra la ordenación del territorio y la protección del patrimonio y del medio ambiente.

En 21 artículos se tipificaban y penalizan conductas que podían ser lesivas -o sea, negativas- para los intereses sociales, en los ámbitos urbanístico, patrimonial y del medio ambiente. Estas conductas condenables pueden venir de la mano de promotores, técnicos y autoridades.

Tras la reforma penal, vinieron tiempos de resignación y falta de eficacia, ya que las altas instancias no estaban por la labor. Por eso, las primeras expectativas se vieron defraudadas tanto por la falta de medios como por la falta de interés por parte de la anterior Fiscalía del Estado. Los cambios que se han venido operando en los últimos dos o tres años nos permiten recuperar un poco de optimismo.
Se dirá que la vía penal es complicada y de inciertos resultados, o que vale para casos demasiado evidentes y extremos. Con todos los matrices que se quiera, la vía penal constituye un factor de disuasión muy importante, junto con el reparador o sancionador. Si nuestra sociedad tuviera el grado de sensibilidad deseable, en cuanto a lo que representa el territorio y los valores de todo tipo que tenemos, no necesitaríamos actuaciones ejemplares de la Fiscalía.

Nuestra autonomía municipal está recogida en la Constitución. Ahora bien, una cosa es la autonomía y otra disponer de los cargos públicos, o técnicos, para permitir actuaciones de urbanización insostenibles e ilegales. La generalización de construcciones urbanas en suelo rústico, las actuaciones en zonas protegidas, los derribos, la permisibilidad en muchos casos, entre otras circunstancias, hacen más necesarias actuaciones penales, y, por tanto, el fiscal, al actuar, no hace más que cortar situaciones ya consumadas. Además, de esta forma también se disuade a hipotéticos infractores. Que miembros de las corporaciones locales, técnicos o promotores se vean imputados, y, en su caso, al final condenados, es un buen síntoma, una señal de que las impunidades están tocando a su fin, y ello por encima y con independencia de los colores políticos. Queda, también, como objetivo educativo, alcanzar un grado superior de ciudadanía, ahora que el tema está en polémica entre nosotros, en lo que afecta al respeto al paisaje, al territorio, a los valores culturales, a la diversidad y sostenibilidad medioambiental.
Mientras tanto, expresemos nuestro apoyo a la justicia, cuando actúa, como lo está haciendo, contra la corrupción o el urbanismo salvaje.





* Levante-EMV - Opinión - 12.11.2008