DIARIODELANZAROTE* : Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo nº1 y 3 de Las Palmas han dictado dos recientes resoluciones, de 22 de octubre y 4 de noviembre, mediante las que acuerdan suspender con carácter inmediato las obras de construcción de un total de 105 viviendas que se venían realizando en varias parcelas del Plan Parcial Playa Blanca.
La Justicia ha decidido dejar sin efecto las licencias que el Ayuntamiento de Yaiza concedió el 3 de noviembre de 2006 a la empresa “Prolar Inversión Tenerife” para la construcción de un complejo de 37 bungalós en la parcela R-9ª de dicho Plan Parcial, así como la licencia que el mismo Ayuntamiento también concedió el 29 de mayo de 2006 a la empresa “Playa Blanca 6” para la construcción de otros 68 chalets en la parcela R-14A y B del mismo Plan Parcial.
Los Tribunales también han ordenado que se comunique al Registro de la Propiedad la existencia del recurso contra las licencias que autorizaron las obras y la paralización de los trabajos de construcción que ha sido acordada por los Juzgados a la vista de los motivos expuestos en los recursos que han sido formulados por el Cabildo de Lanzarote contra el desarrollo de este Plan Parcial, que la primera corporación insular considera extinguido e ineficaz desde el año 2001.
Doce órdenes de suspensión
Con estas dos nuevas resoluciones judiciales, el número de suspensiones de obras que ha acordado la Justicia en esta urbanización del sur de Lanzarote asciende a un total de 12, todas ellas favorables al Cabildo de Lanzarote.
Asimismo, el número de viviendas cuyas licencias de obras han sido suspendidas por los Juzgados en el Plan Parcial Playa Blanca asciende a un total de 468, de las cuales algo más de 200 están terminadas, otras 150 se encuentran iniciadas y el resto no han iniciado obras al haberse decretado la suspensión de la licencia antes del comienzo de los trabajos.
En este último caso, las obras de los 37 bungalós que han sido paralizados en la parcela R-9 se encuentran en fase de estructura, mientras que de los 68 chales de la parcela R-14, una parte se encuentra en estructura y otra en un grado de ejecución más avanzada.
* Diario de Lanzarote - ACN - 14.11.2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa_blanca - diariodelanzarote.com
Los Juzgados suspenden las obras de otras 105 viviendas en el Plan Parcial Playa Blanca
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14.11.08
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Tema: NOTICIAS Canarias
Las ciudades Patrimonio de la Humanidad no cumplen la normativa, según ICOMOS
TERRA* : Antonio Campesino, vicepresidente de la sección española de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Patrimonio de la Humanidad), ha criticado hoy la gestión urbanística de las ciudades españolas así catalogadas por la Unesco, que 'salvo un par de ejemplos' no cumplen 'la normativa exigible'.
En Salamanca, donde participa en un simposio de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Campesino ha comentado a los periodistas que esas ciudades 'tienen graves problemas para mantener los criterios por los que entraron en el patrimonio mundial, de forma voluntaria y graciosa, pero que exige el cumplimiento con la convención, con las directrices', ha subrayado.
Ha denunciado 'verdaderas atrocidades que se han cometido y siguen cometiéndose' y ha puesto como ejemplo proyectos de Salamanca, Ávila, Cáceres o La Laguna (Tenerife), entre otros.
'Queremos entrar en el grupo de Ciudades Patrimonio por lo que esto representa, pero luego no admitimos las normas y exigencias', y 'hay que cumplir la letra grande, pero también la chica', ha advertido el vicepresidente de ICOMOS.
El principal problema de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, según Campesino, es que no cuentan con verdaderos planes urbanísticos especiales adaptados a las características de su entorno, por lo que ha considerado de 'vital importancia' el desarrollo de esta normativa en todas ellas.
Aprovechando su estancia en Salamanca, ha denunciado el proyecto municipal de construcción de un aparcamiento subterráneo en la Plaza de Los Bandos, en el centro histórico, así como la demolición del Gran Hotel 'que no comprendo como no tenía la declaración de Bien de Interés Cultural, a escasos diez metros de la Plaza Mayor, aunque antes no valía y ahora se paga a 6.000 euros el metro cuadrado'.
En cuanto a Ávila, ha calificado de 'aberración' la remodelación firmada por el arquitecto Rafael Moneo de la Plaza del Mercado Grande, 'pero ya está hecho, no hemos podido evitarlo, por lo que ahora tendremos que prevenir otras barbaridades', ha subrayado.
También se ha referido a los 'atropellos' que se pretenden cometer en Cáceres, algunos de los cuales 'hemos conseguido pararlos, aunque tenemos ahora una pelea con la ubicación del futuro centro comercial de El Corte Inglés', ha dicho.
En opinión del vicepresidente de ICOMOS, en vez de adaptar los nuevos proyectos de construcción a los planes especiales, 'se hace al revés y se modifican a capricho del poeta', algo que en su opinión es 'inadmisible'.
Como ejemplo de buena gestión patrimonial, ha expuesto el caso de Santiago de Compostela, donde en apenas diez años, 'desde el Jacobeo de 1994 y hasta la Capitalidad' se ha conseguido 'aunar desarrollo urbanístico, turístico y protección del casco histórico'.
Campesino ha culpado de parte de esta situación a la Secretaría técnica del Comité de Patrimonio Mundial, sobre la que ha dicho que 'acuden los alcaldes para llorar, les dan una palmada y se saltan así los informes de ICOMOS'.
Esta situación ha sido ya denunciada por esta entidad ante el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Patrimonio de la Humanidad.
* Terra Actualidad - EFE - 14.11.2008
Foto: Ávila, plaza Sta. Teresa (mercado grande) con edificio Moneo - flickr.com
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
La policía interviene otras 500 obras de arte en la 'operación Malaya
ELPAÍS* : La enmarañada madeja se torna más transparente. Dos años y medio después, los investigadores del caso Malaya prosiguen descubriendo bienes vinculados a la red de corrupción desarticulada en Marbella. Esta semana ha sido el turno del arte, y entre Córdoba y Marbella los agentes han intervenido al menos 917 piezas de orden del juez, Óscar Pérez, y que los expertos en arte consideran obras verdaderas.
Entre ellas, cuadros de gran valor atribuidos a pintores cotizados como Sorolla, Tapies, Dalí o Miró, y cuya propiedad la policía atribuye a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Los investigadores sospechan que tras estas obras se oculta el ex asesor de Urbanismo. "Roca se ha valido de estas personas para la adquisición de obras de arte a diferentes proveedores, utilizada para blanquear fondos", detallaba el auto de procesamiento del caso.
La primera colección se localizó en varias naves de Córdoba del empresario Rafael Gómez, Sandokán, donde se ocultaban 410 obras. El segundo registro se practicó en la sede marbellí de la empresa CCF21, sociedad administrada por Sánchez. La suma de las piezas incluía 200 cuadros, 300 litografías, siete grandes esculturas de bronce y una colección de figuras de arte africano. Finalmente, los agentes registraron y embargaron una lujosa finca en Alhama de Granada, valorada en más de 15 millones, con antigüedades y un picadero con 58 caballos.
Los nuevos registros están motivados por un posible delito de alzamiento de bienes por parte del empresario granadino Carlos Sánchez. En la voluminosa causa, el promotor está acusado de cohecho por abonar 5,3 millones de euros a Juan Antonio Roca en comisiones ilegales por cinco operaciones urbanísticas, según subrayó el primer juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres. Ahora, las investigaciones policiales "ofrecen claros indicios" de que el promotor trasladó 410 obras de arte desde Marbella hasta Córdoba, "estando preparándose su posible venta", según un auto del juez instructor, Óscar Pérez, difundido ayer por Efe.
El juez recuerda que ni Sánchez ni Liétor han abonado su fianza por responsabilidad civil, que asciende a 20 millones de euros cada uno. Además, el magistrado instructor justifica el registro de la finca granadina dadas "las relaciones" de Sánchez con el ex asesor urbanístico. El auto de procesamiento no alberga dudas al respecto, cuando detalla la composición de la sociedad Mediterránea de Inmuebles, una de las 44 sociedades en las que invirtió el ex asesor: "Roca era el socio oculto de esta sociedad junto a Carlos Sánchez y Andrés Liétor, habiéndose localizado varias escrituras originales relativas a esta sociedad".
De momento, al estar los implicados ya imputados, la policía no ha detenido esta semana a ningún protagonista. Durante los próximos días los implicados declararán previsiblemente ante el juez para revelar la procedencia de las obras intervenidas. Si finalmente la policía acredita que la compra de estas obras se produjo gracias a los fondos ilícitos obtenidos por Roca gracias a convenios urbanísticos ilegales, el destino del dinero invertido en colecciones artísticas superará las 1.300 obras intervenidas por la policía.
Sánchez reconoció ayer que "todas las obras intervenidas esta semana" son de su propiedad, y explicó que se las había cedido a su "amigo" Rafael Gómez, conocido como Sandokán. "Las necesitaba Rafael para hacer frente a un pago, por si a Hacienda les interesaba. Es una sencilla operación mercantil", explicó sorprendido. Fuentes de la empresa Arenal 2000, propiedad del empresario cordobés Rafael Gómez, confirmaron dicha versión. Sánchez rechazó las múltiples acusaciones vertidas en su contra y afirmó que la policía "ha engañado miserablemente al juez". "Sólo administro las obras para una sociedad. Roca no tiene nada que ver conmigo. Yo soy coleccionista antes de que Roca supiera lo que es un calendario", afirmó.
La investigación concede a Sánchez un papel protagonista en los beneficios procedentes del saqueo producido en Marbella, y junto a Roca también figura en el auto de procesamiento como socio del constructor José Ávila Rojas, con quien comparte negocios en Granada y la República Dominicana. La finca embargada ayer al empresario granadino Sánchez le fue vendida el pasado febrero por una empresa representada por Andrés Liétor por 10,7 millones de euros. Liétor y Sánchez son a su vez socios.
En el interior de la lujosa propiedad, valorada en 15 millones de euros, de sus paredes colgaban obras de arte religioso y en sus salones había antigüedades. La finca cuenta con un museo que posee colecciones de máquinas de coser antiguas, aperos de labor y diversos objetos catalogados como antigüedades. Además, en sus dependencias se encuentran numerosas obras de arte cuyo valor ayer la policía no detalló. Además, la finca dispone de una capilla que contiene obras de arte religioso, un gimnasio, salón de juegos y una biblioteca. Al igual que la finca donde Roca disfrutaba en Jimena de la Frontera (Cádiz), esta casa de campo también contaba con un picadero con 58 caballos, cuyo cuidado pasará a partir de ahora previsiblemente a un administrador judicial que vigile su mantenimiento.
Dos años y medio después, los investigadores continúan descubriendo nuevas conexiones que permitieron blanquear el ingente patrimonio fruto del urbanismo desmedido marbellí.
Bienes intervenidos
- 410 obras de arte de autores como Sorolla, Tàpies, Dalí y Miró, localizadas en Córdoba.
- 200 cuadros, 300 litografías, 7 esculturas de bronce de gran tamaño y una colección de arte africano intervenidos en Marbella.
- Embargada una finca de lujo en Granada con un picadero de 58 caballos, antigüedades, gimnasio y una capilla con obras de arte.
* ELPAIS.com - J. MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 14/11/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
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14.11.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Fiscalía pide 21 meses de prisión para el ex alcalde de Cambil por un delito de prevaricación
EUROPAPRESS/Jaén* : El ministerio fiscal solicita una pena de un año y nueve meses de prisión para el ex alcalde socialista de Cambil (Jaén) Agustín Cubillo al que considera responsable de un delito continuado de prevaricación por conceder una licencia para unas obras "ilegales" pese a que, además, había un informe desfavorable.
El fiscal también solicita que Cubillo sea penado con una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años. Además, en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, acusa a otras nueve personas en una trama de delitos contra la ordenación del territorio.
En concreto, el ministerio público relata que a comienzos del año 2006 el acusado Roberto D.L. promovió la construcción de una casa unifamiliar en una zona de Cambil cuyo suelo está clasificado como no urbanizable. Los constructores fueron los también acusados Manuel L.L.; Diego M.M. y Francisco M.M., todos profesionales de la construcción y "plenos conocedores de la situación urbanística". La dirección técnica de este proyecto recayó en el aparejador acusado José Francisco L.S. y el arquitecto Jesús S.F.
Además, recoge que, un año antes, el acusado Francisco A.R. promovió la construcción de otra casa unifamiliar en otro paraje también clasificado como suelo no urbanizable. El constructor fue el procesado Antonio O.L. y la dirección técnica correspondió a Sebastián R.J. Sobre esta construcción "ilegal" se da la circunstancia de que el promotor solicitó licencia al Ayuntamiento adjuntando un proyecto técnico del acusado Sebastián R.J.
"En este proyecto de vivienda unifamiliar, deliberadamente y en connivencia con el promotor, se ubicó la obra a realizar en suelo urbano cuando en realidad se estaba construyendo en suelo no urbanizable", especifica el fiscal, quien agrega que, "pese a este engaño, no lograron que el aparejador se confunda".
En este punto, entra en acción la intervención del entonces alcalde de Cambil quien, "con frío conocimiento del informe anterior, deliberadamente y prescindiendo del informe jurídico del secretario concedió licencia por decreto", según el fiscal. Meses después, Cubillo "prescindiendo de informes técnico y jurídico emitió acto administrativo favorable a la concesión de la licencia de primera ocupación" pese a ser "conocedor de la situación ilegal" de la finca en cuestión.
Para el ministerio fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del que considera responsable al ex alcalde de Cambil Agustín Cubillo y le pide esos 21 meses de prisión más diez años de inhabilitación para cargo y empleo público, y sendos delitos contra la ordenación del territorio que achaca a los otros nueve procesados, por lo que reclama que sean condenados cada uno de ellos a ocho meses de prisión, el pago de una multa de 10.800 euros e inhabilitación especial para profesión por un tiempo de ocho meses.
En concepto de responsabilidad civil, solicita que se proceda a la demolición de lo construido a cargo de los procesados, salvo Agustín Cubillo, "como único modo de restaurar la legalidad urbanística alterada".
Para concluir, el fiscal también especifica la petición de que se deduzca testimonio toda vez que del último certificado emitido por el arquitecto acusado Sebastián R.J. y usado por el también acusado Francisco A.R. puede deducirse la existencia de un delito de falsedad.
* Europa Press - 13.11.2008
Foto: Cambil (Jaén) - geocities.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Ante la actuación de la Fiscalía
VICENT ÁLVAREZ* : Las recientes actuaciones de la Fiscalía sobre posibles delitos urbanísticos, como las que se han practicada en la Vega Baja, abren nuevas posibilidades y, por lo menos, constituyen un factor de disuasión de cara al futuro inmediato. Nuestro Código Penal, en su reforma de hace diez años, dedicó un capítulo a los llamados delitos contra la ordenación del territorio y la protección del patrimonio y del medio ambiente.
En 21 artículos se tipificaban y penalizan conductas que podían ser lesivas -o sea, negativas- para los intereses sociales, en los ámbitos urbanístico, patrimonial y del medio ambiente. Estas conductas condenables pueden venir de la mano de promotores, técnicos y autoridades.
Tras la reforma penal, vinieron tiempos de resignación y falta de eficacia, ya que las altas instancias no estaban por la labor. Por eso, las primeras expectativas se vieron defraudadas tanto por la falta de medios como por la falta de interés por parte de la anterior Fiscalía del Estado. Los cambios que se han venido operando en los últimos dos o tres años nos permiten recuperar un poco de optimismo.
Se dirá que la vía penal es complicada y de inciertos resultados, o que vale para casos demasiado evidentes y extremos. Con todos los matrices que se quiera, la vía penal constituye un factor de disuasión muy importante, junto con el reparador o sancionador. Si nuestra sociedad tuviera el grado de sensibilidad deseable, en cuanto a lo que representa el territorio y los valores de todo tipo que tenemos, no necesitaríamos actuaciones ejemplares de la Fiscalía.
Nuestra autonomía municipal está recogida en la Constitución. Ahora bien, una cosa es la autonomía y otra disponer de los cargos públicos, o técnicos, para permitir actuaciones de urbanización insostenibles e ilegales. La generalización de construcciones urbanas en suelo rústico, las actuaciones en zonas protegidas, los derribos, la permisibilidad en muchos casos, entre otras circunstancias, hacen más necesarias actuaciones penales, y, por tanto, el fiscal, al actuar, no hace más que cortar situaciones ya consumadas. Además, de esta forma también se disuade a hipotéticos infractores. Que miembros de las corporaciones locales, técnicos o promotores se vean imputados, y, en su caso, al final condenados, es un buen síntoma, una señal de que las impunidades están tocando a su fin, y ello por encima y con independencia de los colores políticos. Queda, también, como objetivo educativo, alcanzar un grado superior de ciudadanía, ahora que el tema está en polémica entre nosotros, en lo que afecta al respeto al paisaje, al territorio, a los valores culturales, a la diversidad y sostenibilidad medioambiental.
Mientras tanto, expresemos nuestro apoyo a la justicia, cuando actúa, como lo está haciendo, contra la corrupción o el urbanismo salvaje.
* Levante-EMV - Opinión - 12.11.2008
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
El litoral barcelonés, bajo amenaza
LAVANGUARDIA* : La Fundación Mar dio a conocer ayer las conclusiones de un estudio sobre el litoral de la provincia de Barcelona en el que se alerta del impacto ambiental "brutal" que el crecimiento urbanístico y de infraestructuras está teniendo sobre el litoral marino.
Según los responsables de la fundación, la sociedad "debe reflexionar" sobre el actual modelo de crecimiento ya que "se está perdiendo una buena parte de la biodiversidad".
En el marco del Salón Náutico de la Feria de Barcelona, la Fundación Mar -que promueve el desarrollo sostenible de la sociedad en el entorno del medio marino- presentó el segundo libro correspondiente al Proyecto MARIAGE (Mar y Agentes) iniciado el año pasado con un estudio sobre el litoral de la Costa Brava.
En esta ocasión, la entidad ha estudiado el litoral de Barcelona y ha editado un libro, que saldrá a la venta el próximo mes de diciembre, con espectaculares imágenes fotográficas y los estudios de 15 expertos que han analizado ámbitos como la pesca, los espacios naturales, la energía o el urbanismo.
El director de la Fundación Mar, Miquel Ventura, explicó que el libro muestra cómo el crecimiento social y urbanístico en el litoral está provocando "un impacto medioambiental brutal en forma de emisiones de CO2, ruidos, residuos, aguas residuales, y todo esto tiene consecuencias en el medio marino". Ventura puso como ejemplo el Delta del Llobregat, "una zona con una biodiversidad importante gracias a las marismas que han quedado hipotecadas con la ampliación del aeropuerto de El Prat".
Por otro lado, la Fundación Mar también presentó el inicio de SILMAR, un proyecto que ha sido seleccionado por la Fundación Biodiversidad y que pretende crear una red de seguimiento del litoral español a través de estaciones de control ubicadas en diferentes puntos. El seguimiento se realizará mediante voluntarios que "periódicamente realizarán inmersiones y tareas de control con aparatos que les facilitaremos", afirmó Ventura.
El proyecto se iniciará durante la primavera de 2009 con una prueba piloto en el litoral de Girona donde se crearán cuatro estaciones de control. "Cuando tengamos resultados los iremos publicando en nuestra página web", afirmó Ventura, que anunció que "en el futuro lo queremos ampliar a Barcelona y Tarragona y posteriormente a toda España para contar con 80 estaciones en tres años".
La iniciativa permitirá generar una base de datos sobre el fondo marino "para analizar la evolución de la fauna, la flora y la calidad del agua a lo largo de los años", según apuntó el director de la Fundación Mar.
* La Vanguardia - L'Hospitalet de Llobregat. (EUROPA PRESS) - 12.11.2008
Foto: Barcelona, delta del Llobregat - flickr.com
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Tema: NOTICIAS Cataluña
La Fiscalía ya ha llevado al Juzgado 150 casos de obra nueva de El Puerto
DIARIODECÁDIZ* : Empezó en abril, con apenas media docena de casos, y ya va por el centenar largo. Tan largo que la cifra se sitúa en 140 o 150 casos. Éste es el abultado número de denuncias por otros tantos casos de obra nueva fraudulentos registrados en El Puerto que lleva ya cursados en los distintos Juzgados de la localidad el fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Ángel Núñez.
Se trata de los casos de emisión de certificados falsos de antigüedad de viviendas ilegales detectados por el actual equipo de gobierno del Partido Popular de El Puerto durante el anterior mandato municipal de Independientes Portuenses (que gobernaba en coalición con el PSOE), que el alcalde, Enrique Moresco, y la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, comenzaron a remitir a Fiscalía en octubre de 2007.
Las denuncias que ha interpuesto, según ha explicado a este diario el propio fiscal, se dirigen contra autores y beneficiarios de estos papeles fraudulentos, que persiguen lograr la prescripción de la irregularidad urbanística cometida al construir una casa sin licencia (que vence a los cuatro años) y que permiten a los titulares pedir un préstamo hipotecario tras la inscripción en el Registro de la Propiedad.
En unos casos, los procedimientos son por la comisión de un presunto delito de falsedad en documento público. Y en otros coexistiría también un presunto delito contra la ordenación del territorio. Por tratarse en este último apartado de viviendas levantadas en suelo clasificado como no urbanizable en el actual Plan General de El Puerto.
Las posibles condenas en todos los casos no están garantizadas ni mucho menos. El propio fiscal reconoce que en la práctica se ha topado con un escollo: la ausencia de sentencias de la Audiencia de Cádiz sobre esta práctica ilegal que ha comenzado a detectarse hace escasas fechas en la Bahía de Cádiz. A este respecto, Núñez se congratula de que parece que se ha impuesto el criterio de considerar la emisión de un certificado falso de antigüedad de un inmueble como delito, y no como falta, sancionada sólo con multa, como ocurría antes. Pero hay otro problema: el delito de falsedad documental prescribe a los cinco años. Un plazo que los fiscales andaluces, asevera desde Cádiz su coordinador, creen insuficiente, al defender que los profesionales autores de estos certificados deben ser considerados como funcionarios públicos, en la medida en que éstos participan del ejercicio de funciones públicos. En su caso, aclara Ángel Núñez, amparándose en el Código Penal, no por nombramiento, como los funcionarios de oposición, sino por disposición legal, dado que "el reglamento hipotecario así lo recoge". En este caso, la vigencia del delito se extiende a los diez años.
Toda esta argumentación sale a colación por la curiosa tesitura con que se está topando la Fiscalía en los Juzgados de El Puerto: mientras un juez ha aceptado todos los casos, aunque daten de hace seis o siete años, otros, tras haber admitido a trámite la denuncia, han acabado dictando el archivo por prescripción al haber transcurrido más de cinco años.
Ángel Núñez, que ha interpuesto recurso contra las denuncias archivadas, que habrá de ser dilucidado en la Audiencia, ha anunciado a este diario su firme intención de ir hasta el Supremo para lograr que en estos casos los autores de los certificado falsos sean juzgados como funcionarios públicos, prescribiendo el posible delito a los diez años.
Aunque los casos denunciados son muy numerosos, los firmantes de los certificados pueden contarse con los dedos de las dos manos y sobran. No hay que olvidar que, como ya informó este diario, es autor de un buen número Joaquín P.S., el mismo arquitecto imputado en la trama destapada por la Guardia Civil en Chiclana en el verano de 2007, en la bautizada como Operación Obra Nueva.
Con los certificados falsos detectados en El Puerto, según las estimaciones del Gobierno del PP, habrían sido edificadas más de 300 viviendas.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 13.11.2008
Foto: Uno de los casos de obra nueva de El Puerto: en el Registro, figuran inscritas 19 viviendas en este solar baldío gracias a un certificado de una edificación inexistente. - diariodecadiz.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La investigación judicial del 'caso Guateque' cumple mañana un año sin visos de que llegue a su fin
EUROPAPRESS/Madrid* : La investigación judicial abierta contra la mayor trama de corrupción destapada en el Ayuntamiento de Madrid por el tráfico ilegal de licencias cumplirá mañana un año sin visos de que llegue a su fin por los obstáculos existentes para la realización de los peritajes económicos.
Pese a los 365 días transcurridos, las pesquisas judiciales ponen ahora su punto de mira sobre los empresarios que entregaron suculentas 'mordidas' a los funcionarios imputados a cambio de que les agilizasen los trámite de las licencias de sus locales.
El juez Santiago Torres concluirá el próximo diciembre estas comparecencias, que se sustentan en los pagos que aparecieron anotados en las agentes intervenidas a los imputados que actuaban como intermediarios entre los empresarios y los empleados públicos encargados de la tramitación de los expedientes. Una vez que concluya esta fase, sólo quedarán los dictámenes periciales del patrimonio de los acusados, la auditoria de los expedientes y su posterior análisis.
Cuando el magistrado tenga sobre la mesa estos tres informes, lo que se podría prolongar durante varios meses, transformará la causa en procedimiento abreviado, es decir, pondrá punto y final a la investigación. No obstante, la parte económica está paralizado desde el inicio de la causa por la negativa del Gobierno regional de adelantar fondos para practicar el peritaje.
Mañana se cumple el primer aniversario desde que estalló la operación 'Guateque', cuyos tentáculos han tocado a funcionarios del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, sin alcanzar a altos cargos del Consistorio madrileño. No ocurre lo mismo en el caso del Gobierno de Esperanza Aguirre. El viceconsejero de Transportes, Luis Armada, es el único imputado de la esfera política a cuenta de las anomalías detectadas en su gestión como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de 1997 a 2003.
No obstante, el juez Torres desgajó en julio de esta investigación el 'caso Becara', que salpicó de lleno al presidente de la Junta de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna. Esta nueva causa surgió a instancias de una denuncia de unos vecinos del número 18 de la calle Juan Bravo que relataron una serie de irregularidades cometidas en la afamada tienda de decoración Becara por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
DIECISÉIS DETENIDOS EN LA PRIMERA FASE
Volviendo a los orígenes de 'Guateque', la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente focalizaron la atención de la Guardia Civil desde el inicio de las indagaciones, que se extendieron a ocho Juntas Municipales de los veintiún distritos que conforman la capital. Los investigadores descubrieron entonces una red de cobro de comisiones ilegales que hasta entonces gozaba de una impunidad que casi se hizo crónica.
Un informe del Instituto Armado activó el primer capítulo de la operación. El documento puso al juez en sobreaviso de que un grupo de funcionarios aprovechaba la falta de controles internos en los expedientes de licencias para organizar una red corrupta, a fin de obtener dinero a cambio de acelerar o paralizar los trámites de estos permisos, cuya obtención podía retrasarse hasta dos años.
La primera fase arrancó a primera hora del 14 de noviembre de 2008 y se saldó con dieciséis detenidos. Agentes de la Guardia Civil, acompañados de la Policía Municipal, irrumpieron en Urbanismo, en Medio Ambiente y en las Juntas de Centro, San Blas y Chamberí. El juez levantó así el velo de una tupida organización ilegal, cuya investigación policial se inició el 9 de marzo de 2006 a raíz de la denuncia de un particular, al que solicitaron 20.000 euros.
Entre los detenidos estaban los supuestos cabecilla de la red: Victoriano Ceballos, hasta entonces jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, y Joaquín Fernández de Castro, que era el jefe del Departamento de Evaluación Ambiental. El juez de guardia les envió, junto a otros tres arrestados, a prisión por presuntos delitos de corrupción, prevaricación y tráfico de influencias.
En la cúspide de la red se sitúa Ceballos, quien llegó en 1980 a la Junta de Moratalaz gracias a su cuñado Saturnino Zapata, entonces concejal socialista de Personal. Años después accedió a la Concejalía de Medio Ambiente, donde se le abrió un expediente en 1987 por falsedad documental en la tramitación de licencias para el citado distrito. Al final, se le apartó de la investigación por falta de pruebas.
Ademas de los 'cerebros de la trama', se decretó el ingreso en la cárcel de los empresarios Santiago Castillo Morales, apoderado de la empresa AC93 (dedicada a la gestión de licencias), y Antonio Sanz Escribano, administrador único de la empresa AB Escribano Ingenieros Consultores. La sociedad AC93 es una de las piezas clave de la instrucción, puesto que se encargaba de falsificar documentos para solicitar las licencias que formaron parte del entramado corrupto.
El 20 de noviembre, el juez Torres mandó a prisión a Carmelo García Sánchez, un funcionario jubilado, adscrito en su momento a la Gerencia de Urbanismo. Carmelo García Sánchez fue juzgado ya por un asunto similar. Estuvo implicado en el caso 'Sauna Paraíso' del que finalmente se le exoneró.
PUESTOS EN LIBERTAD
La revelación de la trama abrió la veda de la bronca política por la supuesta responsabilidad del Ayuntamiento en permitir que sus funcionarios se lucraran gracias a la obtención de sobornos, que oscilaban entre los 8.000 y 20.000 euros. Para frenar las acusaciones, Alberto Ruiz-Gallardón se mostró partidario de colaborar con la Justicia. El propio juez le solicitó ayuda directa para canalizar el gran número de denuncias aportadas al procedimiento por particulares.
La segunda fase saltó el 27 de diciembre de 2007, con el registro de seis sedes municipales y diez nuevas detenciones de personas vinculadas a la trama. Esta fase se produjo tras analizar minuciosamente la documentación incautada en los primeros registros y los 187 expedientes requisados.
En este bloque, el instructor mandó a prisión a Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta de Chamartín); Miguel Ángel García Jodar (técnico de Medio Ambiente); Alfonso Clemente García (que trabajó en la Junta de Carabanchel); y Fernando Ruiz Torrejón (de Urbanismo). Además, decretó el 9 de enero prisión provisional para los empresarios Julián Rubén López y Eduardo Agustinos, quienes se encontraban huidos de la Justicia desde el 27 de diciembre.
Casi dos meses y medio después, el magistrado puso en libertad a Ceballos y a los otros funcionarios --también los detenidos en la segunda fase-- bajo fianza de 60.000 euros, mientras que los empresarios pudieron eludir la cárcel tras abonar un pago de 100.000 euros. Una vez excarcelado, Ceballos acudió el 2 de enero a declarar de nuevo, asegurando a los medios que "sólo" se adelantaban "los expedientes que decían los políticos que se adelantaran".
En otra de sus comparecencias, celebrada el pasado julio, el supuesto líder de la trama admitió que recibió gratificaciones por parte de una arquitecta por colaborar en proyectos de expedientes que posteriormente se remitían al Área de Medio Ambiente. Esta revelación le sirvió para que le imputaran un delito de actividades prohibidas para los funcionarios.
* Europa Press - 13.11.2008
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - abc.es
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Tema: NOTICIAS Madrid
Las detenciones de alcaldes ponen bajo sospecha el urbanismo de la Comunitat
LASPROVINCIAS/Valencia* : La justicia investiga las supuestas actuaciones delictivas en Bigastro, Zarra, San Fulgencio, Dénia, Catral, Benitatxell, Orihuela y Torrevieja. En una misma semana se han producido las detenciones de los alcaldes de Zarra, Juan José Rubio, San Fulgencio, Trinidad Jiménez, y Bigastro, José Joaquín Moya. Los dos primeros fueron puestos en libertad, pero el tercero ingresó en prisión sin fianza.
Además, la ex primera autoridad de Dénia, Paqui Viciano, ha sido citada a declarar por el juez por la presunta venta de un camino catastral. En la práctica totalidad de los casos se trata de presuntos delitos urbanísticos, una actividad en tela de juicio.
¿Son hechos aislados? ¿La justicia aprieta más? En ambos casos la respuesta es no, ni se trata de casos puntuales ni los estamentos judiciales son más duros, están igual que antes.
Además, en los últimos años han salido varios casos de corrupción, algunos de los cuales han acabado con los huesos de los alcaldes en prisión tras sentencias firmes de los tribunales. Bigastro, Zarra y San Fulgencio son solamente la punta de un iceberg con una base sólida.
Xeresa, Dénia, Poble Nou de Benitatxell, Pego, Orihuela, Catral y Torrevieja, entre otros, conforman los cimientos del gigantesco bloque de hielo que se derrite después de varias condenas.
Este es el caso del que fuera alcalde de Xeresa, Ciprià Fluixà. Un tribunal le condenó a un año de prisión, ocho de inhabilitación especial para ejercer cargo público, otros dos para profesión y oficio, y multas que sumaban los 460.000 euros por un delito medioambiental al permitir poner tierra en el marjal.
La Audiencia Provincial de Valencia, en julio de 2002, exculpó al alcalde de los cargos, pero el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el grupo ecologista IDEA, recurrieron el fallo. El Tribunal Supremo dio la razón a la acusación, anuló la sentencia de la Audiencia Provincial, y condenó al alcalde por un delito contra el medio ambiente y prevaricación medio-ambiental.
Fluixà recurrió en 2003 ante el Constitucional y pidió el indulto a Interior argumentando que no tenia intención de perjudicar el medio ambiente y que los daños tuvieron lugar antes de que él fuera alcalde, pero no había remedio.
Fluixà dimitió en 2005 en cumplimiento de la sentencia del Supremo que le condena a tres años y medio de inhabilitación para el ejercicio de puesto público por un delito de "prevaricación", que se sumaba al malestar creado por el anterior delito medioambiental.
Otro caso ya juzgado es el del ex alcalde de Pego, Carlos Pascual, que hoy sigue en la prisión de Fontcalent cumpliendo una condena de seis años de cárcel por un delito ecológico en el marjal de Pego-Oliva, donde causó daños y ordenó trabajos sin los permisos pertinentes. Fue denunciado por la Conselleria de Medio Ambiente, aunque su mujer, Mayte Ferrándiz, fue avalada por el popular José Joaquín Ripoll para encabezar la lista del PP en las elecciones municipales de 2007. Ahora es líder de la oposición al tripartito del municipio.
El alcalde de Benitatxell, el independiente Juan Cardona, fue detenido el pasado mes de julio junto a la primera teniente de alcalde, Hannelore Reindorf, por la recalificación de unos terrenos. Se le acusó de un presunto delito de prevaricación y cohecho, aunque ambos están libres con la obligación de personarse cada 15 días en los juzgados de Dénia.
El caso empezó cuando un constructor que quería vender sus parcelas supo que estas ya no eran urbanizables. En una supuesta negociación con un intermediario, se le prometió que en sus terrenos podría volver a construirse a cambio de 50.000 euros. Las detenciones fueron inmediatas, aunque ambos ediles fueron puestos en libertad y siguen en activo.
Orihuela, donde el ex alcalde Luis Fernando Cartagena fue condenado a cuatro años de prisión por un delito de malversación de fondos; y Torrevieja, cuya primera autoridad Pablo Hernández Mateo está siendo investigado por la presunta venta de un solar que le reportó 5,2 millones de euros.
Y en medio de todas estas investigaciones, condenas y multas, en octubre de 2006 se produjo un hecho histórico debido a otro escándalo urbanístico, esta vez en Catral. Por primera vez el Consell retiró las competencias en este ámbito a un Ayuntamiento, siendo el segundo caso en toda España después de Marbella.
Territorio acusó al alcalde, José Manuel Rodríguez (PSPV), de autorizar la construcción de 1.270 viviendas ilegales sobre suelo no urbanizable y terrenos del parque natural del Hondo. Posteriormente la actuación quedó paralizada.
Poco después, en febrero de 2007, la Conselleria pidió información urbanística a Moncofa también para decidir si le retiraba las competencias en la materia. El listado es amplio y la justicia está decidida a atajarlos todos, el final de la cuerda aún no ha llegado.
* Las Provincias - J. A. Z./DELEGACIONES | VALENCIA - 12.11.2008
Foto: Bigastro (Alicante) - ebigastro.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La policía interviene 400 obras de arte de Roca en poder de Sandokán
ELPAÍS/Marbella* : La pasión por el arte del supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, sigue dando frutos. El último de ellos fue el hallazgo de 400 obras de arte que la policía localizó ayer en unas naves industriales a las afueras de Córdoba. El famoso constructor Rafael Gómez, conocido como Sandokán, conservaba los cuadros y litografías presuntamente adquiridos por el ex asesor de Urbanismo de Marbella, según la investigación.
Hasta ahora, la policía ha intervenido 888 piezas de Miró, Picasso y Tàpies, adquiridas por Roca.
Los investigadores hallaron estas últimas 400 obras de arte, que sirvieron supuestamente para el blanqueo de capitales, en las cajas fuertes de cuatro naves industriales. Agentes de la unidad contra la droga y el crimen organizado (Udyco) inmovilizaron los cuadros y litografías junto a dos expertos de la Brigada de Patrimonio de la Comisaría General de la Policía. "No cabe duda de que Roca le habrá pagado en especies a Sandokán, pero la hipótesis es que Roca adquirió las obras", indicó un agente.
Sandokán, imputado de cohecho en el caso Malaya por el supuesto pago de 600.000 euros en comisiones ilegales, era además socio de Roca en la empresa Marbella Airways, según el auto de procesamiento del caso.Los métodos del constructor Rafael Gómez fueron heterodoxos también en su ciudad natal, no sólo en Marbella. Sandokán construyó en 2005 sin licencia las cuatro naves a las afueras de Córdoba, con una superficie total de 40.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento cordobés (IU y PSOE) se las legalizó, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló el plan especial del Consistorio para dar cobertura legal a esas naves y que permitía su uso comercial.
La operación de la Udyco confirmó ayer la estrecha relación entre el empresario cordobés y Roca, y demostró que los investigadores prosiguen las pesquisas para localizar el ingente patrimonio del ex asesor de Urbanismo. Las 400 obras de ayer se suman a otras halladas entre el apartamento y la oficina marbellí, y las fincas de San Pedro Alcántara (Málaga) y Jimena de la Frontera (Cádiz). Entre los cuadros requisados hasta ahora, hay obras de autores consagrados como el valenciano Joaquín Sorolla o Manolo Millares. De momento no ha trascendido la autoría de los cuadros y litografías intervenidos ayer, y los peritos de la Brigada de Patrimonio desplazados desde Madrid tasarán su valor durante los próximos días.
"Su patrimonio está desparramado por sitios diversos, y si no están bajo un nombre están bajo otro, pero irán saliendo todos", matizó ayer un agente.
La intervención policial cogió por sorpresa al dueño de la promotora Arenal 2000, y ayer fuentes de la empresa rechazaron ser propietarios de las obras de arte. "Los cuadros están aquí por una deuda de otras personas y desconocíamos dicha deuda. Los cuadros están expuestos para que los examinen peritos del Estado para determinar cuáles pueden servir como pago de nuestra deuda con Hacienda, y adquirirlos a continuación", alegaron dichas fuentes.
Sandokán fue presidente del Córdoba C. F., empresario joyero, y uno de los principales constructores andaluces, pero desde su detención en 2006, su imperio se ha desmoronado. El empresario se ha deshecho de activos por valor de 571,5 millones de euros en el último año para hacer frente a su endeudamiento. Mientras, la caja propiedad de la Iglesia, Cajasur, se ha querellado contra él y le acusa de haber pagado una comisión de 1,6 millones en Manilva (Málaga) por unos servicios que nunca se llegaron a realizar para la promotora Arenal Sur 21, cuya propiedad compartían ambas sociedades en 2004. Ahora los vínculos de Sandokán con Roca recobran fuerza en el caso Malaya, en el que Sandokán se encuentra en libertad bajo fianza, y que en total ya supera el centenar de imputados.
* ELPAIS.com - JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 13/11/2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
“El macrourbanismo perjudica la calidad de vida de las personas”
REBELIÓN/Entrevista* : Muchas veces, para tener certeza de los hechos tenemos que fijarnos en nuestro alrededor. Si volvemos a los lugares dónde jugábamos cuando éramos niños constataremos que han cambiado". Roger Cremades (València, 1977) ha dedicado cinco años a escribir 'Macrourbanismo y agresiones al paisaje mediterráneo', libro dónde analiza el "proceso irreversible de transformación territorial y paisajística que afecta el País Valenciano".
Ingeniero forestal de formación, Roger milita en Ecologistas en Acción y ha realizado los indicadores ambientales y la diagnosis de la ciudad en la que vive, Gandia. Define el macrourbanismo como un modelo "de construcción a gran escala, que piensa en los beneficios privados sin tener en cuenta las necesidades de servicios que tiene cualquier asentamiento urbano, y hace que los territorios pierdan su identidad".
Tu libro tiene un estilo directo y pedagógico. ¿Cuál ha sido tu objetivo al escribirlo?
Quería que cualquier persona, fuera cuál fuera su formación de partida, pudiera entender todo lo que ocurre alrededor del urbanismo y las problemáticas territoriales en el País Valenciano. La vocación divulgativa ha sido presente en todo el proceso de escritura del libro.
¿Cuáles son las consecuencias del "macrourbanismo" sobre nuestro territorio?
En un futuro cercano estaremos sufriendo las consecuencias. A priori disminuye la calidad de vida de las personas que viven en el lugar dónde se implanta este modelo. No sólo de los que viven en dentro, el colapso también lo sufren las personas que viven en las ciudades y pueblos próximos.
Copa América, Circuito de Fórmula 1, Mundo Ilusión, Terra Mítica o Tren de Alta Velocidad… ¿Cuál es alcance real de estos proyectos urbanísticos y de infraestructuras, y a qué intereses responden?
Todos estos ítems acaban siendo polos de atracción urbanística, que generan expectativas urbanísticas e impactos mal calculados a su alrededor. Se externalizan los beneficios a empresas próximas al poder y la sociedad asume los costes. ¿Quienes sale ganando? El tendero de mi barrio y yo mismo no, desde luego.
¿Encuentras diferencias entre los comportamientos de los partidos políticos de derecha y de izquierda en cuanto a modelo urbanístico y ordenación del territorio en el País Valenciano?
Durante la última década podemos encontrar proyectos de campos de golf con macrourbanizaciones relacionados con cada una de las siglas políticas con representación parlamentaria en las Cortes.
¿Acusarías de "catastrofista" alguien que denunciara la situación del litoral, marjales y la huerta en el País Valenciano?
El litoral creo que es una hecatombe para todo el mundo que lo haya conocido quince o más años atrás. Respeto a los marjales, la catástrofe es que des de Ecologistas en Acción continuamos luchando en los tribunales contra quienes los entierran, mientras las fuerzas públicas -que los deberían defender por ley- no hacen nada. También es alarmante lo que sucede con la huerta, que no tiene protección específica en el conjunto del territorio valenciano; sólo existe una declaración de intenciones en València rodeada de PAI, como el de Nuevo Milenio en Catarroja.
¿La depredación urbanística en el País Valenciano ha dado paso a una degradación irreversible del territorio o todavía estamos a tiempo de volver atrás?
No se puede generalizar. Para echar atrás la costa de la Marina Baixa lo tenemos mal. Quizás en determinados lugares de algunas comarcas podemos parar el proceso de degradación galopante del territorio. Pienso que hay que fortalecerse y crear redes sociales con capacidad humana y técnica para defender los argumentos medioambientales, históricos y culturales del País Valenciano.
La experiencia del conflicto por la Marjal de Pego-Oliva despertó tu conciencia ecologista, has contado alguna vez. ¿Qué relevancia tuvieron aquellos hechos?
El caso de Pego - Oliva acabó de la peor manera: en los tribunales y con el territorio propiedad de los terratenientes fuera de la zona protegida. Aquellos hechos tuvieron relevancia en todo el Estado español. Piensa que el ex-alcalde de Pego es el primer cargo público que ha entrado en la cárcel por delito ecológico. Es cierto que la indefensión que sufrió la marjal de Pego despertó en mí una fuerte conciencia de lo que estaba sucediendo con el medio ambiente.
¿Nos encontramos frente el fin de la ciudad mediterránea, compacta y habitable, característica del País Valenciano?
Sí, este modelo de ciudad era el de los años 80 en nuestro país. Un modelo de ciudades pequeñas, equidistantes, un buen punto de partida para una sostenibilidad que no ha llegado. Actualmente, entre los centros comerciales y las macrourbanizaciones se ha echado de la ciudad gran parte de las funciones urbanas. Esto es el final de la ciudad mediterránea.
En tu opinión, ¿cuál sería el modelo donde se ha pervertido más claramente este modelo de ciudad mediterránea?
Un buen ejemplo serían las autovías urbanas -eufemismo: ronda- que rodean Castelló por el sur. Después, una famosa urbanización que hay en el norte de Orpesa, o la autovía de Valencia a Llíria. También podemos encontrar buenos ejemplos en la Marina Baixa y la Vega Baja. Hay más ejemplos graves. Pero esto no quiere decir que debamos desfallecer. Se tiene que ser positivo e impulsar iniciativas atractivas en medio de todo este drama.
En este sentido, voces cualificadas del ecologismo han afirmado recientemente que el "modelo Benidorm" no es tan agresivo, pues concentra el consumo de recursos. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
Quienes dicen esto ignoran que el Benidorm de los años 90 ahora está rodeado de un enorme cinturón de macrourbanizaciones que tumban este argumento. Muchas veces "grandes expertos" -que yo no calificaría nunca de ecologistas- no tienen en cuenta que Benidorm es un fenómeno que ha acabado funcionando como polo de atracción urbanística y ha deshecho el paisaje de numerosos pueblos de los alrededores. Id a ver las vertientes del Ponoig, en Polop de la Marina.
¿Cómo observas a nivel ambiental, territorial y paisajístico la realidad de tu comarca, la Safor?
La Safor se la están cargando a base de invitar personas de relevancia, que después de cobrar lo suyo, todavía se atreven a afirmar que la solución en el turismo pasa por el urbanismo. Estas y otras barbaridades todavía suceden en la Safor. Pero aquí siempre estamos en pie de guerra contra el macrourbanismo. De más de diez proyectos de campos de golf que han presentado los últimos diez años, no les hemos dejado hacer ninguno, a través de alegaciones y retrasos les hemos desmontado el chiringuito.
Alguna vez has explicado que Gandia podría ser una ciudad sostenible de referencia. ¿Podrías contarnoslo?
Gandia es mi pueblo, así que pienso que hay que asumir la realidad y pensar como un pueblo dónde viven personas, y dejar de querer ser ciudad en el mundo de las megalopolis. Algunos gobernantes con nombres y apellidos no piensan así y ahora dicen que quieren urbanizar toda la huerta que separa el centro de la playa. Creen que así conseguirán desestacionalizar el turismo, una excusa como otra para urbanizar y embolsar dinero.
Para acabar. ¿Cuáles son las consecuencias, sociológicas y ambientales, de la combinación de urbanizaciones, centro comercial y vehículo privado?
Si sumas todas las horas que pasas en el coche viviendo en una macrourbanización y yendo al centro comercial, a lo largo de un año equivalen a unos 15 días de vacaciones. La alternativa es vivir en la ciudad compacta, comprar en las tiendas del barrio e ir a pie o en bici. Esto es más saludable y socialmente más favorable para relacionarse con el entorno. El problema es que todos respiramos el mismo aire, los que contaminan y los que no lo hacemos tanto.
* Rebelión - laccent.cat - 11.11.2008
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El juez cita como imputados a 4 ediles de Zarra por la trama urbanística
LEVANTE/Valencia* : El titular del juzgado de primera instancia e instrucción nº2 de la localidad valenciana de Requena ha citado a declarar como imputados a cuatro concejales de Zarra (Valencia) por la presunta trama urbanística investigada en el territorio, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
El juez tomará declaración a estos cuatro concejales, de la agrupación local independiente, el jueves, día 13, después de que abriera una causa contra el alcalde de esta localidad, Juan José Rubio, por cargos de prevaricación urbanística, un delito contra la ordenación del territorio, otro de actividad prohibida a funcionario público, fraude y estafa.
Tanto el primer edil como su hijo fueron detenidos hace menos de 15 días después de que el juzgado de instrucción 2 de Requena admitiera a trámite una denuncia de la Fiscalía, a raíz de la investigación realizada por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil. Tras las primeras diligencias, el juez acordó una serie de entradas y registros, así como los dos arrestos.
Tanto el alcalde como su hijo salieron en libertad tras pagar la fianza de 18.000 euros impuesta por el juez, que había decretado su ingreso en prisión provisional, comunidad y eludible con una fianza de 18.000 euros para ambos, detenidos por su presunta implicación en delitos urbanísticos.
El juez abrió una causa contra Rubio por cargos de prevaricación urbanística, un delito contra la ordenación del territorio, otro de actividad prohibida a funcionario público, fraude y estafa. Respecto a su hijo, el instructor le imputa un delito contra la ordenación del territorio, estafa y un delito eventual de usurpación de la propiedad.
Paralelamente, la Guardia Civil sigue con su tarea de identificación y localización de los propietarios de las construcciones presuntamente autorizadas por Juan José Rubio, perteneciente a una agrupación independiente. Una vez se les localice, previsiblemente se les citará a prestar declaración en esta causa.
* Levante-EMV - EUROPA PRESS - 12-11.2008
Foto: Zarra (Valencia), zona chalés ilegales - levante-emv.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El Gobierno de Murcia premia el urbanismo salvaje
PÚBLICO* : El Gobierno de Murcia entrega hoy cuatro premios y una mención especial para reconocer el buen hacer urbanístico de varios municipios de la región. Entre los galardonados está Villanueva del Río Segura, un pueblo de 1.600 habitantes donde en la actualidad se construye una urbanización de más de mil viviendas.
Otro de los premiados es el Ayuntamiento de Cieza, cuyo alcalde, Antonio Tamayo, fue imputado en 2007 por los delitos de falsificación de documentos y de tráfico de influencias o prevaricación, presuntamente cometidos en la elaboración de un convenio urbanístico.
El complejo que se construye en Villanueva, conocido como La Morra, está enclavado en el Valle de Ricote, un paraje natural de enorme valor paisajístico. Las edificaciones acabaron con la huerta tradicional y para levantarlas fue necesario allanar un monte, por lo que se han convertido en uno de los símbolos de la especulación urbanística en Murcia.
Atentado paisajístico
Ecologistas en Acción afirma que el Ayuntamiento autorizó las construcciones a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Segura informó de que la zona no dispone de los recursos hídricos suficientes. Por esta circunstancia, el caso fue denunciado y admitido a trámite en los tribunales, según la ONG ecologista.
El Ayuntamiento de Villanueva ha sido premiado en la categoría de Dirección del Proceso de Planeamiento, que valora la participación ciudadana. En concreto, la Consejería de Obras Públicas destaca el convenio firmado entre el consistorio y una entidad llamada Fundación Valle de Ricote, por el que la superficie declarada urbanizable se redujo de 1.087 hectáreas a 647.
El director general de Urbanismo de Murcia, Antonio Navarro, destacó ayer que los premios se otorgan por un jurado independiente, en el que participan organismos como el Colegio de Arquitectos o las universidades. El objetivo de los galardones es "incentivar buenas prácticas". Afirmó que en Villanueva se quiere premiar "lo contrario" a La Morra. Una opinión que no compartió el primer edil, José Luis López Ayala: "Para nada fue un error. Es una vía de progreso".
De Cieza, donde según Ecologistas en Acción hay programadas 8.000 nuevas viviendas, Navarro destaca que "técnicamente tiene el mejor plan, con información impecable y muy detallada". Hizo hincapié en que establece "el 92% del territorio como protegido". En cuanto a la imputación que pesa sobre el primer edil, explicó que no entraba en las cuestiones valoradas por el jurado.
Público intentó ayer sin éxito recabar la versión del alcalde de Cieza.
* Público - BELÉN TOLEDO - VILLANUEVA (MURCIA) - 07/11/2008
Foto: La urbanización de La Morra, en el municipio de Villanueva del Río Segura. - iñaki, publico.es
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12.11.08
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Tema: NOTICIAS Murcia
La Justicia anula otra licencia para un hotel en Yaiza por ser incompatible con el Plan Insular de Ordenación
DIARIODELANZAROTE* : La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado en sentencia firme la licencia concedida por el Ayuntamiento de Yaiza para la construcción de un hotel de 470 plazas en las parcelas 45 y 46 del Plan Parcial Montaña Roja, en Playa Blanca (Yaiza).
Se trata de un nuevo varapalo judicial a hoteles ilegales en la Isla por estar al margen del planeamiento, informa la Fundación César Manrique (FCM) en un comunicado. Éste es el decimoséptimo pleito de esta naturaleza con resolución firme que gana la FCM, anulando ya 13.500 camas turísticas y residenciales.
El TSJC apunta en esta nueva sentencia que el Ayuntamiento de Yaiza debió solicitar al Cabildo de Lanzarote el informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).
Según el Alto Tribunal canario, “es un trámite unido a la necesidad de garantizar los intereses insulares unidos al cumplimiento del PIOT e impedir que puedan desarrollarse actuaciones incompatibles con las limitaciones establecidas por el planeamiento insular, como dijimos, jerárquicamente superior a los instrumentos de planeamiento municipales”.
La sentencia señala que es "claro y patente que se omitió el informe preceptivo , exigido por una determinación vinculante del PIOT", por lo que se declara la nulidad del acuerdo de otorgamiento de licencia, "pues entender lo contrario sería dar carta de naturaleza a una actuación al margen de la legalidad urbanística aplicable a la isla de Lanzarote, que debe entenderse como un todo, en la que el Plan Insular constituye una pieza esencial del esquema”, precisa la resolución.
Por otra parte, la sentencia señala la falta de publicación de las normas urbanísticas del Plan Parcial, destacando que, en este caso, ni “el perito judicial, el recurrente o esta Sala han sido capaces de encontrar los datos de publicación del Estudio de Detalle, pero es más, si revisamos nuevamente el expediente administrativo observamos que el informe técnico se refiere a cumplimiento del plan de etapas y no de un proyecto de urbanización".
* Diario de Lanzarote - ACN - 12.11.2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), montaña roja - diariodelanzarote.com
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Tema: NOTICIAS Canarias
2.000 personas duermen al raso por un piso que no existe
ELPAÍS/Madrid* : La confianza es fundamental en tiempos de crisis. Las casi 2.000 personas que acampan en Fuenlabrada (194.000 habitantes) a lo largo de la avenida de la Hispanidad y en un parque aledaño -algunos desde la mañana del lunes- confían en José Moreno, al que ya se conoce como el pocero bueno o Robin Hood de Fuenlabrada.
Están dispuestos a vivir en una tienda de campaña hasta el sábado por una vivienda que hoy no existe siquiera en un plano. Entregarán 120 euros "a fondo perdido" para sufragar los gastos de una cooperativa que, según reconoce Moreno, aún no existe.
"Por el momento no hay suelo. Existen varias opciones con propietarios para comprar en el norte de Toledo y en algún que otro municipio del sur de Madrid". En la cafetería de la asociación de vecinos La Avanzada, que preside desde hace años, el pocero bueno explica frente a un chupito los pormenores de su plan de vivienda: serán 2.100 pisos de entre 70 y 90 metros útiles que costarán entre 120.000 y 168.000 euros. Y eso que estos precios no son tan bajos. El portal idealista.com ofrece 52 pisos en Fuenlabrada con más de 80 metros cuadrados, y que cuestan menos de 180.000 euros.
Una ciudad de plásticos
Pese a la indefinición, a pocos metros de allí en torno a 1.700 personas acampaban ya en la tarde de ayer en una pequeña ciudad de plásticos y tiendas de campaña. Guardan sitio hasta que el sábado a las diez de la mañana, Moreno comience a apuntar a los socios de su futura cooperativa. Eso, previo abono de 120 euros "a fondo perdido para la gestión y el pago del personal administrativo". En total serán 252.000 euros.
En la ciudad de las tiendas de campaña, sin embargo, no hay dudas. No respecto a la palabra de Moreno. Su fama le precede. "Este hombre es de Fuenlabrada de toda la vida y ya ha cumplido. Ha construido a precios muy bajos", explica Francisco José Romero, que acompaña desde primera hora a su hijo José a los pies de una de las tiendas. Raquel, que guarda pese al frío el sitio de sus hijas Arancha y Magdalena, de 31 y 24 años, da aún más datos: "En su última promoción sobró dinero y lo destinó a poner a todos los pisos aire acondicionado".
Pero, ¿a qué se debe esa fama? Hasta en tres ocasiones Moreno ha liderado la construcción de viviendas protegidas en la ciudad. Cerca de 600 pisos. La diferencia frente a su plan actual es que antes actuó como cooperativa en suelo de Fuenlabrada a precio muy por debajo de mercado. "Ha hecho como otras cooperativas", dicen fuentes municipales. "Construir a ese precio en suelo libre es otra cosa".
Deyanira, dominicana de 24 años, es la primera de la lista que comenzará a escribirse el sábado. "Si quieres conseguir algo en la vida tienes que esforzarte", dice.
* ELPAIS.com - J. S. DEL MORAL - Fuenlabrada - 12/11/2008
Foto: Fuenlabrada (Madrid), el Pocero - elmundo.es
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Tema: NOTICIAS Madrid , NOTICIAS VIVIENDA
"Que la crisis la paguen los bancos", movilizaciones el 15 de noviembre en todo el Estado
Vdevivienda* se suma a la convocatoria que, con el lema "que la crisis la paguen los bancos", se han convocado para el 15 de noviembre en las principales plazas de todas las ciudades del Estado. ¡No más ayudas públicas a los de siempre!
Ya hace unos meses que se están anunciando multitud de medidas para, según los políticos, "solucionar" la crisis:
-Políticas públicas orientadas básicamente a la construcción de VPO, de compra en su mayoría, que suponen financiación pública para construir más, cuando existen millones de viviendas desocupadas, entre usadas y de nueva construcción.
-Ayudas a la rehabilitación y al alquiler, que a menudo contribuyen a mantener los elevados precios actuales.
-Moratorias en el pago de hipotecas, que sólo aplazan el problema y a quien ayudan realmente es a la banca.
Todo esto en un contexto de ayudas millonarias al sector financiero para, dicen, reactivar la economía.
Desde VdeVivienda denunciamos que todas estas medidas sólo contribuyen a que los que han propiciado la situación actual, banca e inmobiliarias, con la ayuda de la clase política, sigan obteniendo beneficios a costa de la necesidad de vivienda.
Exigimos medidas contundentes para que no se pueda especular nunca más con un derecho básico como es la vivienda y que no se vuelva a repetir la situación actual, cuando pase "el ciclo económico":
- Prioridad para la movilización de todas las viviendas vacías, tal como se hace en otros países europeos, y que estos pisos se destinen a crear un parque de alquiler social.
- Reforma de la Ley hipotecaria para regular las hipotecas y reforma de la LAU para regular los precios de los alquileres, así como medidas fiscales (eliminación de deducciones a la compra) para que la vivienda no sea nunca más rentable como inversión.
- Que la vivienda protegida sea únicamente a base de modelos no especulativos: parque de vivienda pública de alquiler y que la protección sea indefinida para que no se pueda vender y volver al mercado libre.
- Medidas reales para ayudar a las familias sobreendeudadas i a las víctimas de la crisis económica: ley de sobreendeudamiento y procesos de renegociación de la deuda para hipotecas.
VdeVivienda considera inaceptable que se sigan proponiendo medidas y ayudas que solo benefician al sector inmobiliario y a la banca. Y sobre todo exigimos cambiar, de una vez por todas, este modelo basado en hacer de las necesidades y derechos fundamentales un negocio.
POR TODO ELLO VDEVIVIENDA SE SUMA A LA CONVOCATORIA QUE, BAJO EL LEMA "QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS BANCOS", SE HA CONVOCADO PARA EL PRÓXIMO 15 DE NOVIEMBRE A LAS 17H EN LAS PRINCIPALES PLAZAS DE TODAS LAS CIUDADES DEL ESTADO ESPAÑOL.
EN BARCELONA, EN PLAZA CATALUÑA.
bcn.vdevivienda.net
Lugares de concentración en otras ciudades.
- A Coruña: Plaza de Maria Pita
- Alacant: Explanada de España, frente a la Rambla de Méndez Núñez
- Albacete: Plaza del Altozano, donde esta la gorda con la rosa que parece un polo!
- Almeria: Plaza Circular
- Ávila: Plaza del Chico
- Aviles: Plaza de España
- Badajoz: Plaza de San Francisco
- Barcelona: Plaça Catalunya
- Bilbo: Centro Civico de La Bolsa (C/ Pelota - Casco Viejo - Bilbao)
- Burgos: Plaza Mayor
- Cáceres: Plaza Mayor
- Cádiz: Plaza de San Juan de Dios
- Castello: Plaça de la Independència
- Ciudad Real: Parque del Torreon
- Córdoba: Plaza de las Tendillas
- Elx: Plaça Baix
- Gijón: Plaza del Parchís
- Granada: Fuente de las Batallas
- Graus: Plaza España
- Huesca: Plaza Navarra
- Jaén: Plaza de la Constitución
- Las Palmas de Gran Canaria: Parque Santa Catalina
- León: Plaza de San Marcelo
- Madrid: Puerta del Sol
- Málaga: Plaza de la Constitución
- Mérida: Plaza de España
- Murcia: Glorieta de España
- Palencia: Plaza Mayor
- Pamplona- Iruñea: Plaza del Castillo
- Salamanca: Plaza Mayor
- San Sebastián- Donostia: Jardines de Alderdi Eder
- Santa Cruz de Tenerife: Plaza de la Candelaria
- Santander: Plaza del Ayuntamiento
- Santiago de Compostela: Praza do Obradoiro
- Segovia: Plaza del Azoguejo
- Sevilla: Plaza Nueva
- Soria: Plaza de Herradores
- Teruel: Plaza del Torico
- Toledo: Plaza de Zocodover
- Valencia: Plaça Ajuntament
- Valladolid: Plaza Mayor
- Vigo: Puerta del Sol
- Vitoria-Gasteiz: Plaza de la Virgen Blanca
- Zaragoza: Plaza del Pilar
(Si no está, añade tu ciudad...)
* Kaos en la Red - VdeVivienda - 5.11.2008
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS VIVIENDA
La declaración del ex alcalde basta al juez para archivar el 'caso Orihuela'
ELPAÍS/Alicante* : El juez ha decretado el archivo provisional de la causa principal de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra José Manuel Medina, ex alcalde de Orihuela, del PP, por el uso de bienes (un Rolls Royce, un Audi A-8 y un chalé) propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones urbanísticas.
El magistrado Fernando Madrid Rodríguez, titular del juzgado número 4 de Orihuela, no ve delito en los hechos denunciados y no cree que recibiera esos bienes como "dádivas" por las adjudicaciones.
El juez decidió sobreseer provisionalmente la causa sólo con la declaración del ex alcalde y sin admitir la práctica de pruebas solicitadas por la acusación pública y la popular. Ambas partes, a la espera de conocer en detalle el auto de archivo han anunciado su intención de apelar ante la Audiencia de Alicante. Por su parte, el ex alcalde Medina señaló: "[El auto] deja claro que a mí nadie me ha regalado nada, ni he cometido ninguna ilegalidad urbanística, como he mantenido en los últimos tres años". "Por tanto, denme de baja en la lista de supuestos corruptos", añadió.
El Rolls Royce y el chalé (una lujosa vivienda en la playa de Orihuela) son propiedad de Joaquín Grau Pomares. Este promotor logró la recalificación de unos 2 millones de metros cuadrados en la partida de las Asomadas, para construir 2.000 viviendas. Mientras, Medina adquirió el Audi A-8 a un concesionario, propiedad del promotor Francisco Marcos Ferrer. El Ayuntamiento también recalificó a este empresario un terreno de 250.000 metros cuadrados para levantar un centro comercial. En su denuncia, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, mantiene que Medina recibió el Rolls y usó el chalé como consecuencia de las adjudicaciones. Respecto al Audi A-8, Briones sostiene que el ex regidor acabó de pagarlo después de que la Fiscalía abriera la investigación.
El juez rechaza, en cambio, la acusación. Respecto al Audi A-8, valorado en 38.000 euros, asegura que "ha justificado documentalmente su adquisición y pago conforme a mercado". El magistrado tampoco ve elemento incriminatorio respecto al Rolls. "Medina ha reconocido haberlo utilizado, pero de forma puntual, para llevar a las novias en bodas, o tenerlo a su cuidado por su condición de aficionado a los vehículos antiguos y a la mecánica. No existe elemento probatorio de que lo tuviera a su disposición como si fuera propio", recoge el auto.
En cuanto al chalé, el juez considera que Medina ha aportado documentos acreditativos del pago de la renta por su arrendamiento a razón de 604 euros mensuales. "Por lo que también quedan desvirtuadas las imputaciones de que el imputado estuviera disfrutando el bien sin pagar renta", puntualiza el auto.
El juez tampoco aprecia indicios penales en el supuesto delito relativo a la ordenación del territorio derivado de la recalificación de suelo protegido para edificar. El magistrado señala que el Ayuntamiento se limitó a modificar las normas urbanísticas, "sin que conste que actuara a sabiendas de su ilegalidad, ni siquiera consta la ilegalidad del procedimiento", subraya el juez. "Tampoco se autorizó la edificación sobre suelo de especial protección", añade.
Este archivo eleva a cuatro los sobreseimientos del total de 16 causas en los que la Fiscalía n desglosó su denuncia contra el consistorio oriolano. Los tres primeros hacen referencia a mandamientos de pagos sin facturas, el sobrecoste de las obras de la Glorieta y las subvenciones, también sin facturas justificativas, a una asociación festera local.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 12/11/2008
Foto: Orihuela (Alicante) - comunitatvalenciana.com
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12.11.08
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El alcalde y el ex regidor de Lora del Río declararán por permitir una construcción ilegal
DIARIODESEVILLA* : El alcalde de Lora del Río, Francisco Javier Reinoso (PSOE), y su antecesor en el cargo, Manuel Jesús Ledro, declararán en el Juzgado de Instrucción nº1 de la localidad tras ser denunciados por Ecologistas en Acción al permitir la construcción de una urbanización "ilegal".
Según ha anunciado en una nota la organización ecologista, la jueza ha citado a declarar al actual alcalde y al ex regidor de Lora del Río por la urbanización y construcción de unas 150 viviendas en terrenos "destinados a vía pecuaria" y calificados como zona verde en el planeamiento urbanístico vigente en el momento de la edificación.
Aunque las diligencias previas se abrieron hace cinco años, la jueza ha llamado ahora a declarar, junto con los máximos responsables municipales, a la que fue delegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla en el momento de iniciarse la urbanización, Rosario Pintos, y a la actual delegada, Pilar Pérez.
También están citados a declarar los técnicos del Ayuntamiento de Lora del Río que emitieron los informes necesarios en los respectivos expedientes administrativos de concesión de Licencias de Obras y que dieron por bueno la ejecución de las construcciones que son objeto de las referidas diligencias previas, según ha informado hoy Ecologistas en Acción, que ha precisado que las declaraciones de la fase de instrucción judicial empiezan el día 14 de este mes.
Entre los citados a declarar por la presunta construcción de 150 casas en suelo no urbanizable se encuentran también la secretaria y los arquitectos municipales que "dieron por buenas las citadas actuaciones urbanísticas".
* Diario de Sevilla - EFE - 10.11.2008
Foto: Lora del Río (Sevilla), vista - sevillaweb.info
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Urbanismo Ciudadano aboga por elaborar un nuevo POM para Cuenca
LATRIBUNA* : Urbanismo Ciudadano insta al equipo de Gobierno municipal a que elabore un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) y no siga adelante con el realizado en la legislatura anterior, un documento que a su entender no debe aprobarse «por irreal, inviable, insostenible y especulativo» y que según recuerda el equipo de Francisco Javier Pulido se comprometió a revisarlo en la campaña electoral.
«Su insistencia en aprobarlo es una estafa a los electores», apunta este colectivo en un comunicado.
Esta organización considera que el POM que se sometió a trámite de información pública en el verano de 2006 «provocaría un enorme coste medioambiental y económico a la ciudad al que deberíamos hacer frente el conjunto de la ciudadanía a través de nuestros impuestos y del deterioro de la calidad de vida».
Se trata además de un texto que a su entender se elaboró «desde la filosofía desvanecida del ‘boom’ urbanístico», ya que en él se planteaba construir «tal número de viviendas que hacían posible multiplicar por cuatro el número de habitantes actuales, reclasificaba una enorme cantidad de suelo y provocaba una enorme dispersión en el desarrollo urbano, todo ello sin base de crecimiento razonable».
En opinión de este colectivo, «sería una auténtica irresponsabilidad la sola idea de intentar proceder a su aprobación dada la realidad socioeconómica y urbanística actual, manifestada por la profunda crisis del sector inmobiliario».
Del mismo modo, recuerda que se trata un plan que durante su trámite de información público tuvo «una amplia contestación social que debería ser tenida en cuenta».
Urbanismo Ciudadano exige paralelamente tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Comunidades «que sean escrupulosas con los procedimientos y normas que deben seguirse para la aprobación del planeamiento urbanístico, respetando en todo momento, antes de dar por aprobados los proyectos, los trámites de información pública a los que obligatoriamente deben someterse para que la ciudadanía en general pueda mostrar su opinión».
Asimismo, les recuerda que un Plan de Ordenación Municipal debe atender «los deseos y aspiraciones del conjunto de la ciudadanía y no a las reclamaciones exclusivas de determinados intereses empresariales».
«Lo más sensato sería proceder a la elaboración de un nuevo proyecto en los que existe suelo urbanizable más que suficiente para atender las necesidades de construcción de viviendas en los próximos años», remata el comunicado de este colectivo ciudadano.
* La Tribuna de Cuenca - 11.11.2008
Foto: Cuenca, panorámica - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS CastillaMancha
Orihuela: Un juez ordena derribar ocho chalés de una urbanización construidos en un barranco
INFORMACIÓN/Alicante* : Un grupo de ocho chalés de la calle Niagara, en la urbanización IRIA IV de Orihuela Costa, está siendo demolido por orden judicial desde el miércoles debido a que el firme donde se construyeron hace seis años ha cedido, provocando grandes grietas y desplazamientos al punto de que las puertas de varias viviendas se desencajaron y no podían abrirse sólo dos meses después de que los vecinos entraran a ocuparlas.
El motivo de los desperfectos está estrechamente relacionado con el lugar escogido por el promotor para construir la última fila de casas de la urbanización, compuesta por 150 chalés; concretamente junto a barranco donde se rellenaron aproximadamente siete metros. Según explicó Antonio Cerdán, del partido independiente CLARO, a cien metros de distancia de la urbanización y en el mismo barranco, se sitúa un muro de contención que impide el paso de las aguas pluviales. Consecuentemente, las avenidas de aguas torrenciales afectaron al terreno sobre el que se asentaban las casas y hace un año y medio se tuvieron que desalojar por su peligrosidad.
Acciones legales
Sin embargo, tal y como recordaban desde esta formación política, los vecinos emprendieron acciones legales hace seis años contra el promotor y el arquitecto y han conseguido que el juez haya ordenado que se derriben los chalés y que se vuelvan a construir de nuevo en el mismo lugar, pero con garantías.
Antonio Cerdán aseguró que su formación política tiene contabilizadas al menos siete urbanizaciones que tienen el mismo problema que ha obligado a derribar parte de la zona residencial. Entre ellas cita "Amapolas", "Duque de Ahumada", "Las Olas" y el IES de Playa Flamenca donde hace unos años se vinieron abajo las pistas deportivas. El partido independiente de la costa denunció, poniendo este caso como ejemplo, la "permisividad y desidia al construir sobre barrancos". Según Antonio Cerdán, la política en materia urbanística que ha seguido el Partido Popular ha generado situaciones como las que en estos momentos están sufriendo los vecinos afectados de las urbanizaciones de Orihuela Costa.
La promotora tiene que volver a levantarlos
Los ocho chalés se construirán de nuevo y en el mismo lugar, pero "con un pilotaje de entre 5 y 7 metros, perforando el suelo hasta llegar al firme, que es de roca". Así lo explicó el encargado de Excavaciones Jovimar, Vicente Martínez, quien aseguró que las casas se han agrietado "por la mala compactación del terreno". Según el técnico, la nueva medida es la que se empleó en la construcción de otras urbanizaciones de la zona más resistentes a los efectos de la lluvia por el barranco, aunque "si hay un diluvio se verían afectadas por igual".
* Información - ELISA G. BROTONS - 11.11.2008
Foto: Los chalés están situado junto a un barranco lo que provocó desperfectos meses después de entregarse - LOINO, diarioinformacion.com
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