Prisión incondicional para el principal acusado de la trama de corrupción en Baleares

PÚBLICO* : El juez Antonio Rotger ha dictado prisión provisional sin fianza para el principal implicado de la presunta trama de malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Jove, el ex jefe de Mantenimiento, Juan Francisco Gosálbez, y prisión con fianza para el ex gerente, Damià Amengual.

El ex director general de Juventud en la pasada legislatura, Juan Francisco Gálvez, ha quedado en libertad sin fianza pero con cargos de malversación de fondos y falsificación documental, tras haber prestado declaración durante unas tres horas y después de un registro de dos horas en su domicilio, ha confirmado su abogado, Bartomeu Vidal.

La cuarta persona detenida e imputada, la ex pareja sentimental de Gosálbez, María Auxiliadora Pérez, ha quedado en libertad con cargos y ha sido la primera en salir de los juzgados, en torno a la 1.00 horas de la madrugada.
Cohecho y prevaricación

Según fuentes de la Fiscalía, el imputado que se enfrenta a mayor número de cargos es Gosálbez, a quien se le acusa de malversación de fondos públicos, cohecho, falsificación documental y prevaricación, y que ha ingresado esta misma noche en prisión.

El abogado Bartomeu Vidal ha anunciado la decisión del juez de conceder libertad sin fianza para uno de sus defendidos, el ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, de quien ha dicho que "ha mantenido en todo momento su absoluta inocencia respecto de todas las acusaciones".

"El acuerdo por parte del juzgado y el hecho de que el Ministerio Público no haya solicitado ninguna medida concreta en la situación personal del señor Gálvez implica que en su actuación en relación a los hechos que se están estudiando y de los que tenemos un conocimiento escaso, es prácticamente ninguna", ha afirmado Vidal.
Libertad provisional

En el caso del ex gerente del organismo público, Damiàn Amengual, quien comparte abogado con Gálvez, el juez ha dictado libertad provisional con fianza de 12.000 euros, que ha sido depositada y ha quedado en libertad.

"Hemos de estudiar las actuaciones y situarnos en el procedimiento", ha indicado el abogado Vidal.

Esta tarde han prestado declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, Antoni Rotger, los cuatro detenidos e imputados en la supuesta trama de malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Joven durante la pasada legislatura.

El primero en comparecer ha sido el ex jefe de Mantenimiento y Servicios del ente autonómico, Juan Francisco Gosálbez, quien ha llegado alrededor de las 10.30 horas y ha sido interrogado por espacio de 40 minutos, pero se ha negado a declarar.

Posteriormente ha comparecido el ex gerente del Consorcio, Damià Amengual, quien sí ha declarado.

Por la tarde ha acudido a declarar el ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez y ha comparecido también María Auxiliadora Pérez, ex pareja sentimental Gosálbez.

La abogada de Pérez, Francisca Pol, ha señalado que su defendida ha ratificado hoy ante el juez la declaración efectuada ya ante la Fiscalía en la Jefatura Provincial de Policía.

"Mi defendida ha actuado siempre de buena fe y no se ha beneficiado de ningún dinero de las comisiones que obtuvo su pareja sentimental", ha dicho Pol sobre Pérez, quien ha reconocido haber firmado varios documentos "sin saber lo que firmaba".

El secretario general del PP balear, Guillem Estarellas, ha anunciado esta tarde la expulsión del partido para Juan Francisco Gosálbez por la petición del fiscal de prisión, y la suspensión cautelar de militancia para el ex gerente del Consorcio y ex concejal del PP de Algaida, Damià Amengual, de quien todavía se desconocía que la Fiscalía pediría también prisión, aunque con fianza.





* Público - EFE - Madrid / Palma - 15/08/2008
Foto: El ex gerente del Consorcio de Turismo Joven del Govern balear Damiá Amengual (detrás) y el ex jefe de Instalaciones y Mantenimiento Juan Francisco Gosálbez. - EFE

.................................... Leer más...

El alcalde de Chiclana es multado con 4.499 euros por hacer obras ilegales

DIARIODECÁDIZ* : La Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana ha resuelto sancionar con una multa de 4.499 euros a la empresa del alcalde, Ernesto Marín (PP), por la ejecución, sin la licencia correspondiente, de unas obras de adecuación en la nave a la que se trasladó a final de 2007 tras producirse la venta de la antigua fábrica.

Dicha sanción la dio a conocer ayer el delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón (IU), en el transcurso de una rueda de prensa en la que destacó que "este hecho deja claro que aquí nadie puede saltarse las cosas a la torera, ni la empresa del alcalde ni una concejala del equipo de gobierno", en alusión a su ya ex compañera de gobierno y grupo municipal, Nadine Fernández.

Asimismo, José Pedro Butrón aclaró que "el retraso que ha sufrido la resolución se debe a que ni yo como instructor del documento y vicepresidente de la Gerencia ni el alcalde por razones obvias podíamos firmarlo y, por tanto, hemos tenido que esperar a que hubiera un alcalde en funciones".

Dicha rúbrica, de la que el edil de IU no tenía constancia ayer, la ejecutó el miércoles el concejal popular y alcalde en funciones, Nicolás Aragón, que destacó que, "tal y como era nuestra intención y la del alcalde, hemos dado la oficialidad obligada a un expediente que ha sido tratado de la forma más escrupulosa", descartando, desde su condición de presidente del PP en Chiclana, "cualquier medida política contra Ernesto Marín".

Por su parte, Ernesto Marín encajó con "normalidad" la sanción dictaminada por Urbanismo, apuntando la posibilidad de plantear en las próximas semanas un recurso de reposición contra la misma. Marín, que también fue denunciado por el PSOE por la autoría de un presunto enganche ilegal de electricidad y por tener actividad en la nueva nave sin contra con licencia para ello, extremo este último que desestimó Urbanismo tras dos inspecciones, destacó que "hice lo que hice porque no teníamos otra opción, ya que la antigua fábrica se estaba agrietando por unas obras que se estaban ejecutando al lado y o nos íbamos o nos enfrentábamos a una situación con consecuencias más graves".





* Diario de Cádiz - A. Ruiz · J.M. Reina - 15.08.2008
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org

.................................... Leer más...

La economía española sufre una "resaca inmobiliaria", según 'The New York Times'

ELPAÍS* : España probablemente sufrirá "lo más duro del parón económico" internacional, según el diario The New York Times, que considera que la economía española está "de resaca inmobiliaria", tras haber abusado de ese sector.

En su artículo titulado 'Una resaca inmobiliaria para la economía española', el diario neoyorquino asegura que "en menos de un año el país ha pasado de un ágil crecimiento a un aguda penuria" debido al derrumbe del mercado inmobiliario, el aumento de los precios de la energía y la crisis financiera internacional.

"No sólo han apostado todo a lo inmobiliario, sino que además su dilema se ha visto exacerbado por la vorágine financiera internacional que sólo parece ganar velocidad", asegura el diario neoyorkino para completar un negro panorama que glosa con las cifras publicadas en los últimos días sobre inflación, el peor en los últimos 16 años o las predicciones de desempleo.

El diario se pregunta si la economía española podrá dejar el modelo de crecimiento basado en el sector inmobiliario y ser capaz de, en los próximos dieciocho meses, ponerse a producir bienes y servicios que se puedan vender al resto del mundo.

"Probablemente no, y por eso es por lo que España parece que va a sentir los más duro del parón económico actual", apunta el rotativo, que recuerda que los datos más recientes de inflación la sitúan en el 5,3% anual, la más alta en quince años. Los españoles están pagando, en su opinión, "no sólo sus propios excesos, sino el alcance mundial de los estragos producidos por la crisis del sector hipotecario estadounidense".




* ELPAIS.com - EFE - 14/08/2008
Foto: Casa, caida índices - cotizalia.com

.................................... Leer más...

¿Tendrá el medio ambiente que pagar el pato por la crisis?

SOITU* : Una de las medidas que el presidente Zapatero propone para frenar la crisis económica es la agilización en la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental de obras públicas, de la que muchos proyectos dependen para seguir adelante. Esta propuesta ha sido presentada por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado en Moncloa, tras el cual ha anunciado que el objetivo de esta medida es reducir a seis meses el trámite del estudio de impacto ambiental, cuando la duración media actual es de unos 25 meses.

Todo ello para acelerar las inversiones e infraestructuras y liberalizar la economía, aunque esto pueda suponer, en opinión de los ecologistas, un peligro para nuestro entorno natural.

El estudio de impacto ambiental mide si un proyecto es o no compatible con la conservación del medio ambiente, y en base a su resultado, se concluye si es o no viable su construcción. A pesar de que la ministra Espinosa ha manifestado que esta medida "no supondrá menos garantías medioambientales y se seguirá exigiendo las mismas condiciones que hasta el momento", las reacciones a esta propuesta del Gobierno no se han hecho esperar por parte de las organizaciones ecologistas y del Partido Popular.

En la entrevista que mantuvo la ministra con la agencia EFE, explicaba que "la mejora de la eficiencia de la tramitación ambiental tendrá una repercusión económica 'tremenda', ya que afecta a prácticamente todas las infraestructuras del país e inversiones industriales importantes" y añade, "pensemos que podemos estar hablando de tener colgados en la red 2.000 ó 3.000 proyectos, pero a lo mejor uno de ellos es un tramo del AVE o de un gasoducto". Para Espinosa, "el objetivo principal es acelerar la tramitación lo máximo posible para no frenar las inversiones, ya que hoy en día conllevan mucho tiempo", y ha detallado que se "establecerán plazos a los promotores de las infraestructuras u obras para la presentación de la documentación y una tramitación vía electrónica de la mayor parte del procedimiento.

No obstante, no todos parecen estar contentos con esta medida del Gobierno:
"La evaluación de impacto ambiental va a perder sentido y credibilidad"

- Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción:

"El estudio de impacto ambiental es el único sistema que permite analizar y garantizar que los proyectos no vayan a tener unos impactos ambientales elevados. Agilizar este proceso equivale a convertirlo en un mero trámite que hay que hacer lo más rápido posible. No es una decisión política que se pueda hacer en un día. El estudio necesita un tiempo y una valoración basada en criterios técnicos, no políticos. La sensación que da la ministra es que quiere agilizar los trámites lo más rápido posible para dar salida a muchas obras que posiblemente están paradas por tener una evaluación de impacto negativa".

"Los proyectos se tienen que someter a un procedimiento para ver si son o no viables. Si el proceso se tramita con prisas pondrá en duda el sentido y la credibilidad de las declaraciones de impacto ambiental. Hacerlo más rápido quiere decir que se haga con menos control, con menos cuidado, lo que puede implicar que salgan declaraciones positivas en proyectos que tengan unos impactos ambientales importantes. Consideramos que es algo inadmisible y muy grave por parte del Gobierno. Estas medidas no tienen ningún sentido de cara a la crisis. Nuestro país está a la cabeza de Europa en número de autopistas y autovías por habitante y se están construyendo carreteras que son innecesarias. Con esta medida, se están saltando estos criterios de necesidad para poner en marcha proyectos que muchas veces no son necesarios y cuyos impactos ambientales pueden ser muy importantes".
"El medio ambiente se convierte en una víctima más de la crisis"

- Juan López de Uralde, director general de Greenpeace:

"Esta decisión está demostrando que la política medio ambiental se interpreta como un obstáculo al crecimiento económico. Los estudios de impacto ambiental son un trámite fundamental para salvaguardar los valores naturales presentes en nuestro territorio. Rechazamos la forma en que se está haciendo todo: estamos en agosto, cuando más gente está de vacaciones, así se evita que no haya muchas discusiones. Ni es el momento, ni es la forma para una propuesta de este calibre. Está claro que el objetivo de esta medida es reducir los criterios ambientales de los proyectos, con lo que desde Greenpeace somos muy críticos con esta acción. Esta propuesta convierte al medio ambiente en una víctima más de la crisis económica. De esta manera se va a forzar cualquier decisión por encima de cualquier espacio natural. Y encima la ministra no esconde ni el propósito. Es una auténtica traición del Gobierno a su programa electoral".
"Cuando paga el medio ambiente, también paga nuestra economía"

-Carlos Floriano, diputado del Partido Popular:

"Nos parece una medida que no va a ayudar a la situación económica de nuestro país, y va a poner en cuestión todo lo que es la normativa de protección de medio ambiente que debe ir acompañando a cualquier obra pública. No entiendo hasta qué punto la relajación de las medidas establecidas para las declaraciones de impacto ambiental pueden ayudar a solventar una crisis tan grave como la que tiene nuestro país. Ahora resulta que los responsables del parón económico son los requisitos que se exigen para las declaraciones de impacto ambiental de las obras públicas. Considero que esta medida es una manifestación más de un gobierno despistado, absolutamente desorientado, que está intentado sacar a nuestro país de una crisis muy profunda a base de ocurrencias y no de una política global que es la que se requiere en estos momentos".

"A Zapatero ya se le puede quitar la chapa de la lucha contra el cambio climático, uno de sus grandes objetivos de su programa electoral. El tema medioambiental sólo lo trata como marketing. Tenemos que tener claro que cuando paga el medio ambiente, también paga nuestra economía. Nuestro medio ambiente es una etiqueta para el resto del mundo, como país turístico que es España. El poner en cuestión el valor de nuestro patrimonio cultural repercute negativamente en nuestra economía. Con todo, nos parece muy desacertado lo que está haciendo este Gobierno".

Y a ti, ¿qué te parece esta medida anticrisis de Zapatero?





* SOITU.es - ALMUDENA MARTÍN - 14.08.2008

.................................... Leer más...

Cinco empresarios han confesado los pagos ilegales a la trama de Mallorca

ELPAÍS/Palma* : La investigación de la presunta trama de corrupción que operaba desde la cúpula del Consorcio de Turismo Joven del anterior Gobierno balear encabezado por Jaume Matas (PP) no ceja: ya hay nueve detenidos, y cuatro ex cargos del gobierno imputados.

La Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Pedro Horrach y Juan Carrau, analiza los posibles delitos de malversación continuada de caudales públicos, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsificación documental cometidos supuestamente desde la entidad pública.

Ayer fueron detenidos otros tres empresarios, que se suman a las seis personas arrestadas entre el lunes y el martes y que, según fuentes de la investigación, "habrían participado en el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obras y servicios". En total son cinco los empresarios detenidos, y todos han confesado el pago de comisiones ilegales al consorcio público.

Los considerados cabecillas del entramado -Damián Amengual, ex gerente del consorcio; Juan Francisco Gosálbez, ex jefe de Servicios; y María Auxiliadora Pérez, esposa de éste- pasarán hoy a disposición judicial, después de haber permanecido tres días en los calabozos de Palma. Ayer se confirmó, además, la imputación de otros dos ex altos cargos del PP: Juan Francisco Gálvez, miembro de Nuevas Generaciones y ex director general de Juventud, y María Reyes Carbonell, diputada del PP en el Consell de Mallorca entre 1995 y 1999.

Gálvez, que fuera superior directo de los presuntos líderes de la trama y hombre de confianza de la ex consejera de Presidencia Rosa Puig, compareció con el semblante serio y se negó a responder a las preguntas de los investigadores. Horas antes, María Reyes había negado toda relación con la trama. La dirigente acusó a Gosálbez y su esposa de implicarla, mediante la falsificación su firma, en una de las principales causas que se investigan: un lucrativo contrato por el cual Gosálbez se habría autoalquilado un local por valor de 54.000 euros anuales, manipulando posteriormente el documento para obtener un préstamo bancario por la misma cantidad.

Se da la circunstancia, no obstante, de que el inmueble había pertenecido previamente a un familiar directo de Carbonell. Asimismo, un segundo local propiedad de la misma familia acoge la sede de la Dirección General de Juventud, a través de un contrato de alquiler que, presuntamente, se realizó eludiendo los trámites administrativos obligatorios y se adjudicó a cambio de una comisión de 24.000 euros.

Ayer trascendió también parte de la declaración de María Auxiliadora Pérez, esposa de Gosálbez. La mujer figura, junto a su marido, como titular de la sociedad pantalla Grupo Fanodi Gestión, utilizada en los supuestos negocios sucios de Turismo Joven. Pero, ante las preguntas de los inspectores, se desmarcó por completo de la trama y acusó a su marido de haberla utilizado como testaferro. Pérez dijo haber firmado documentos "a ciegas" por orden de Gosálbez, del que aseguró encontrarse en trámites de separación.

Quién es quién en el entramado corrupto

- Juan Francisco Gosálbez (ex jefe de Servicios y Mantenimiento del Consorcio de Turismo Joven) es el supuesto cabecilla de la trama. Está imputado por el cobro de comisiones, por autoalquilarse un local por el importe exacto de su hipoteca y por pagarse viajes de lujo con dinero público. Se ha negado a declarar y pasará hoy a disposición judicial.

- Damián Amengual (ex gerente del Consorcio de Turismo Joven), considerado un "hombre de paja" a las órdenes de Gosálbez, está imputado por el alquiler irregular de dos locales a cambio de contraprestaciones económicas. Se ha negado a declarar y pasará hoy a disposición judicial.

- María Auxiliadora Pérez (esposa de Juan Francisco Gosálbez) figura, junto a su marido, como titular de la sociedad fantasma utilizada para desviar fondos públicos. Acusa a su marido de emplearla como testaferro. Pasará hoy a disposición judicial.

- Jaime Cerdá (ex contable del Consorcio de Turismo Joven) era el responsable de las arcas de la entidad pública durante el período en que se cometieron los presuntos delitos sin que quedara constancia alguna. Está en libertad con cargos.

- Marcos Pérez (empresario de la construcción) confesó haber pagado una comisión de 60.000 euros a Gosálbez por haberle encargado la reforma de un local. Está en libertad con cargos.

- Juan Francisco Gálvez (ex director general de Juventud del Gobierno del Jaume Matas) se negó ayer a declarar tras ser citado por Anticorrupción como imputado en la trama.

- María Reyes Carbonell (ex diputada del Partido Popular en el Consell de Mallorca) negó toda implicación en la trama y justificó la aparición de su firma en un alquiler fraudulento como una falsificación a cargo de Gosálbez y su esposa.





* ELPAIS.com - MANU MENÉNDEZ - Palma - 14/08/2008
Foto: Palma_de_Mallorca, vista - Lothar Velling (wikipedia.org)

.................................... Leer más...

San Juan: Levantan un bloque a escasos metros de viviendas en el PAU 5

LAVERDAD/Alicante* : Vecinos de la urbanización Mare Nostrum, en la Playa de San Juan, han colocado en sus balcones carteles y pancartas alusivas a las molestias que les genera la construcción de un bloque de apartamentos de nueve plantas que se levanta a escasos metros de sus viviendas en el nuevo PAU 5.

Los residentes han criticado ante la concejal socialista Loles Fernández la «falta de sensibilidad que tiene la Concejalía de Urbanismo a la hora de conceder licencias de obra». Los vecinos se quejan de que «las obras que se están acometiendo en el solar vecino a esta urbanización, provocan ya no sólo graves molestias a los residentes de los inmuebles contiguos, sino que en un futuro se encontrarán con que a escasos metros de sus terrazas les van a levantar un edificio de nueve plantas», explicó ayer Fernández.

«La desorganización en la estructura urbanística en la que vivimos está provocando situaciones como la que se expone, en la que vecinos de una urbanización de más de 40 años ven cómo prácticamente su edificio queda invadido por otro de nueva construcción», critica la concejal socialista.

Los residentes ya se pusieron en contacto con los responsables de Urbanismo, quienes les respondieron que era «su problema y que no se hubieran comprado las casas allí», indica la concejal socialista Loles Fernández.

Para la edil de la oposición, ésa no es la cuestión: «El problema que viven y vivirán los vecinos de la urbanización Mare Nostrum se pudiera haber remediado simplemente obligando a la nueva edificación a retranquearse», dijo Fernández.

En opinión de la concejal encargada de Urbanismo en el PSOE, el problema ha sido «la insensibilidad» de la Gerencia.





* La Verdad - J. V. P. P. - 14.08.2008
Foto: EN OBRAS. Las grúas, delante de la antigua urbanización. / L. V.

.................................... Leer más...

Benidorm cede en exclusiva una instalación pública a un colegio privado

ELPAÍS/Alicante* : El alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, del PP, propondrá al próximo pleno la cesión al colegio privado Lope de Vega una parcela de 10.159 metros cuadrados de titularidad municipal calificados como "espacio libre deportivo" por el Plan General de 1990.

La cesión se realiza mediante un convenio que garantiza a la mercantil que gestiona el colegio el "derecho a la utilización de las instalaciones deportivas con carácter indefinido, mientras el colegio exista". Esta empresa, Centro de estudios Lope de Vega, SA, podrá cobrar por el uso de las instalaciones tanto al Ayuntamiento como a las entidades deportivas y colectivos ajenos al colegio en concepto de "vigilancia, conservación y limpieza", según figura en la cláusula 5.2. El Consistorio además deberá invertir un millón de euros en la canalización de un barranco aledaño que provocaba continuas inundaciones y correrá con el pago del IBI.

Pérez Fenoll estudió en el colegio Lope de Vega, al igual que otros destacados dirigentes del PP, como Eduardo Zaplana. El colegio se compromete en su ideario a "fomentar los valores cristianos de acuerdo con la fe de la Iglesia Católica y educando siempre en y para la libertad".

El nuevo convenio sustituye al vigente desde 1990 y pone fin a un contencioso de la empresa contra el Ayuntamiento por supuestos incumplimientos, entre ellos una inversión de casi un millón de euros en obras de mejora. El Gobierno local ha negociado durante los últimos meses un acuerdo con la empresa para regularizar la situación. A diferencia del convenio de 1990, que destinaba las instalaciones a la "utilización exclusiva por la población escolar", con uso prioritario para este centro. El documento restringe el acceso a otros colegios a "los casos en los que lo permitan las actividades escolares o extraescolares" del Lope de Vega, y previa fijación de un calendario por la concejalía de Deportes.





* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 14/08/2008
Foto: Benidorm (Alicante) - losgenoveses

.................................... Leer más...

Málaga: De la Torre persiste en proyectos que Medio Ambiente estima inviables

ELPAÍS* : El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga que se considerará hoy a aprobación provisional del pleno municipal mantiene proyectos del documento inicial que el informe de impacto ambiental consideró inviables, como la construcción al norte de las rondas de circunvalación, la ocupación de Arraijanal o determinados desarrollos residenciales en Churriana y Campanillas que sólo han sido corregidos parcialmente.

Ahora corren el riesgo de ser vetados por la administración autonómica, que tiene la competencia de la aprobación definitiva del planeamiento.

Tampoco da satisfacción plenamente el nuevo documento a las correcciones que sugirió la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en el informe de incidencia territorial, especialmente en materia de infraestructuras y de transportes y de protección de suelo.

Sobre el diseño del desarrollo en Churriana y Campanillas persisten serias discrepancias entre la administración autonómica y el consistorio que gobierna Francisco de la Torre. Se trata de las zonas de crecimiento natural de la ciudad, donde se extiende la presión residencial, hay que localizar también nuevos suelos de oportunidad para actividades económicas, y compatibilizarlo con la protección de de las vegas del Campanillas y el Guadalhorce, o el impacto acústico del aeropuerto, en Churriana.

El arquitecto director del plan, Damián Quero, ha reconocido que se han introducido algunas modificaciones, pero son muy puntuales en cuanto a ubicación de determinados equipamientos o alguna parcela residencial por los informes sectoriales como los de Medio Ambiente o Aena, pero al mismo tiempo espera que la Junta también revise y por ejemplo reduzca la extensión del polígono logístico que el Plan de Ordenación del Territorio localiza en Santa Rosalía Maqueda.

Pero el grueso de los desarrollos de mantienen, que es lo que los informes cuestionaban. El impacto ambiental por ejemplo declaró inviable las propuestas de desarrollo en la Sierra de Churriana, donde ahora se ha aumentado la superficie a desarrollar y la edificabilidad para compensar la pérdida de uso residencial junto al aeropuerto que Aena desaconsejó. En Campanillas, la Junta aconsejó revisar los crecimientos residenciales.

En el PGOU de Málaga que hoy se somete a aprobación tampoco hay una reducción en la previsión de nuevas viviendas que el informe de incidencia territorial de la Junta consideró "sobredimensionada". El plan desarrolla suelo para la construcción de 70.116 viviendas, de las que 36.225 son realmente de nueva programación y el resto son residencias contempladas en el plan vigente desde 1998, que aún no se han ejecutado.

El documento que se aprobó inicialmente y sobre el que se pronunció Obras Públicas contemplaba algo más, 74.331, pero no es que haya habido una correción a la baja, sino que han transcurrido dos años -la aprobación inicial se produjo el 26 de julio de 2006- en los que se ha construido. Sólo en 2007 el Ayuntamiento concedió licencias de obras para 5.638 viviendas, el segundo año más productivo desde 1998, cuando se aprobó el vigente PGOU, pese a que ya estaba en revisión el plan. A ellas hay que unir otras 1.045 licencias concedidas en los primeros seis meses del presente año.

De hecho, en el planteamiento de desarrollos residenciales de nuevo cuño hay un aumento respecto a la aprobación inicial. Aquella contemplaba 33.182 casas, y la que se aprueba hoy incluye 36.225. El equipo de Gobierno calcula que en julio de 2009, cuando se estima que entre en vigor el nuevo plan, la previsión real será ya de 66.418 viviendas, cifra que considera muy alejada de las 86.000 que contempló el plan vigente y más ajustada a la realidad. Si se mantuviera el ritmo de construcción de los últimos años, la previsión da para otros 16.

El equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre resalta como una de las principales características del plan su apuesta por la vivienda protegida, un 36% de las de nueva programación, seis puntos más a lo que obliga la ley.

Otros asuntos que se mantienen en el PGOU pese al conocido rechazo de la Junta es el tan traído proyecto de Arraijanal. En la aprobación inicial se incluyó la marina deportiva sin uso residencial y Medio Ambiente lo consideró inviable en aras a preservar el único espacio libre junto a la playa que queda en la ciudad, motivo por el que es de prever que rechace también el nuevo proyecto de construir 664 viviendas sin puerto deportivo.

También mantiene el plan dar el salto a la ronda y construir unas 500 viviendas en Limonar Alto, considerado inviable por Medio Ambiente. Y además incluye ahora un proyecto que la administración autonómica que debe autorizarlo no considera, un puerto deportivo en El Morlaco.
Llega la feria

Es agosto y en Málaga víspera de feria, pero no debe extrañar que un día así haya sido el elegido por el alcalde, Francisco de la Torre, para un asunto tan crucial como someter a la consideración del pleno el Plan de Ordenación Urbana (PGOU) que dibuja el desarrollo de la ciudad para los próximos años. El primer PGOU de los tres elaborados en democracia que no es consensuado con la oposición.

No es la primera vez. Hace tres años, el mismo día del pregón de feria, hubo pleno para, curiosamente, aprobar un trámite sobre el suelo de Arraijanal, uno de los asuntos que más ha vuelto a dar que hablar en los últimos días por la urbanización con 664 viviendas en un suelo junto a la playa que Medio Ambiente quiere proteger. Aquel día también se aprobó un convenio para un aumento de a edificabilidad a cambio de 50 millones de euros.

Y un año antes, también el mismo día del pregón, el PP coló en el orden del día de un pleno para designar miembros de jurado tributario la recalificación de 253.000 metros cuadrados de suelo rústico para una fábrica de Coca-cola y la autorización a El Corte Inglés de unas obras de ampliación que ya había iniciado sin licencia.

La oposición se queja de que un día como hoy el PGOU no será una noticia con el alcance que merece y entiende que es una muestra del oscurantismo en la elaboración del plan, al que no ha tenido acceso hasta seis días antes de aprobarse, y un intento de hurtar el debate.





* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 14/08/2008
Foto: Málaga, arraijanal - diariosur.es

.................................... Leer más...

Familias contra las 'hipotecas impagables'

ELMUNDO* : No todas las víctimas del tirón del Euríbor, que cotiza al 5,31%, sufren en silencio las estrecheces a las que les aboca el pago de su hipoteca. Un total de 86 familias del Corredor del Henares, la tercera parte de ellas procedentes del continente africano, se integraron ayer en la 'Unión de Compradores de Viviendas Hipotecadas con Intereses Impagables' para hacer frente, con soluciones conjuntas, a la imposibilidad de seguir pagando sus hipotecas.

"Hasta hace tres meses, María pagaba por su hipoteca 900 euros, hoy paga 1.600. El salario de su marido sigue siendo el mismo. Pagar la cuota hipotecaria le supone el 90% de su sueldo", cuenta AESCO en su blog. En él, la asociación se queja de que mientras que el gobierno de EEUU se moviliza para atender a 400.000 hipotecados en serios apuros, en España nadie hace nada por esas miles de familias que corren riesgo de embargo.

Detrás del colectivo de hipotecados está América-España Solidaria de Cooperación (AESCO), una asociación que estima que, sólo en Madrid ya hay abiertos 8.000 proceso de embargos de propietarios de viviendas en fase prejudicial, es decir, en manos de los servicios jurídicos de las entidades bancarias. Según Adicae, la subida de los intereses podría estar afectando ya a unas 120.000 familias, el 40% de ellas inmigrantes.

En Alcalá, destacaba ayer la presencia de familias procedentes de África, Rumanía y Bulgaria, colectivos con gran presencia en Alcalá de Henares y toda la zona Este de la región madrileña. Sólo cuatro de las personadas eran españolas de origen.

Muchos de ellos son propietarios solidarios, es decir, avalistas de otras familias hipotecas que forman una cadena de responsabilidades compartidas, necesaria para adquirir sus viviendas. "Hay hipotecados que deben al banco hasta 800.000 euros a los que se les están embargando las nóminas, ya que deben pagar su propio crédito y las moras de los tres o cuatro propietarios a quienes han ayudado a comprar sus casas", explica Gustavo Fajardo, abogado y portavoz de AESCO, que pide al Estado más control sobre lo que denomina 'hipotecas en cadena'.

"Unos avalan a otros y entre tres o cuatro familias comparten la compra de un sus casas. Cuando uno de ellos no puede pagar, el banco recurre a los ingresos del resto de avalistas", añade Fajardo.

Un Fondo de Garantía Hipotecario

La solución no pasa en este caso por la vuelta de los inmigrantes a su país o que el banco se quede con la casa sino, según la asociación, por la creación de un fondo de garantía similar al que existe en los seguros de automóvil, donde el Consorcio General de Seguros recibe una cantidad de todas las aseguradoras.

"Pedimos al Estado que cree un registro de hipotecados que impida las hipotecas en cadena", dice Fajardo. La medida permitiría al Estado intervenir en el mercado hipotecario y que éste pudiera tratar cada caso de forma individualizada. Para la creación del fondo, el colectivo estima que el Estado podría aportar una cantidad inicial de 600.000 euros, "que recuperaría durante los primeros meses", concluye Fajardo.

El estudio individual de los casos de morosidad permitiría determinar si el deudor es realmente incapaz de pagar y establecería un sistema de aplazamiento y reducción temporal que garantice la superación de la crisis económica momentánea del deudor.

La propuesta de Aesco llegó hace diez días a la mesa de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, tras una reunión de la asociación con la directora general de Arquitectura y Políticas de Vivienda, Anunciación Romero, hace dos semanas.

Suspensiones de pagos personales

Otra de las proposiciones de esta plataforma ciudadana es que cada deudor en apuros, de forma individualizada, pueda presentar ante los tribunales un procedimiento de suspensión de pagos, con el fin de renegociar sus deudas con sus acreedores, y que un administrador (un trabajador social) colabore en la planificación de la devolución ordenada de las deudas.

Aesco ya ha iniciado conversaciones con algunas entidades bancarias para ya que el número de morosos sigue creciendo. "Los bancos, los principales acreedores de los hipotecados, muchas veces no presentan a los procedimientos judiciales de insolvencia", explica Fajardo, "por eso les pedimos que actúen de manera responsable y colaboren para que sus deudores puedan pagar sus hipotecas renegociando, condonando o aplazando el pago de los intereses".

Emigrantes, un doble drama

"Las familias inmigrantes tienen un doble drama, porque hace 10 ó 15 años se endeudaron en sus países para llegar a España y buscar un empleo y después de ese tiempo decidieron hacer su proyecto de vida en España, y ahora su situación es mucho peor de cuando llegaron porque sus deudas son mucho más grandes".

El número de morosos aumenta y Aesco asocia ya a 750 familias hipotecadas en la Comunidad de Madrid. El colectivo ha convocado nuevas reuniones en los barrios de Carabanchel y La Elipa, en Parla, en Getafe y en Guadalajara para seguir captando afectados.

El doble drama es aún más crudo para quienes compraron casas en sus lugares de origen: "Allí ya han surgido mercaderes de la necesidad, empresas que compran las carteras de deuda para perseguir a los que compraron viviendas a sus familiares", afirma Fajardo.





* El Mundo - JOSE F. LEAL - 11.08.2008
Foto: JAVI MARTINEZ, elmundo.es

.................................... Leer más...

"Pagué 60.000 euros de comisión por hacer una obra a Turismo Joven"

ELPAÍS/Palma* : El empresario de la construcción Marcos Pérez Martínez -detenido por el último caso de corrupción en Baleares y liberado horas después- todavía no ha aparecido esta semana por las oficinas de su negocio, MCO-Mallorquina de Construcciones y Obras, una empresa que en su página web se jacta de tener "un especial know-how del mercado" que le permite ofrecer a cada cliente "un servicio integral, a un precio asequible, distinto a lo que comúnmente se puede encontrar ahora". Y tan distinto.

Por orden de la Fiscalía Anticorrupción, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía irrumpieron el lunes por la mañana en el domicilio del constructor y se lo llevaron a comisaría. Pérez se pasó todo el día en las dependencias policiales, respondiendo a las preguntas de los investigadores sobre la nueva trama de corrupción que afecta a ex altos cargos del anterior Gobierno balear, presidido por Jaume Matas (PP).

Le preguntaron si, tal y como se detalla en la querella criminal, había participado de un delito de cohecho junto con el entonces jefe de servicios y mantenimiento del Consorcio de Turismo Joven, Juan Francisco Gosálbez. Le habían pillado. Y lo explicó todo: "Le pagué 60.000 euros como comisión por haberme contratado para reformar un local para la nueva sede de la entidad". La factura que presentó Pérez se elevaba a 180.000 euros, de los cuales un tercio habrían ido a parar, directamente, al bolsillo de Gosálbez, con quien mantenía una relación de cierta confianza. Según fuentes cercanas a la investigación, el constructor habría accedido a efectuar el soborno al percatarse de que ése era el modus operandi habitual de los entonces gestores de Turismo Joven, la mayoría de los cuales continuaban ayer detenidos.

Aconsejado por sus abogados desde que entró a declarar en la comisaría, Pérez mantuvo en todo momento una actitud cooperante. Respondió con detalle a todas las cuestiones que le fueron planteando los investigadores -entre los que se hallaban los fiscales anticorrupción Pedro Horrach, Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán- y fue puesto en libertad a última hora del día, tras concluir la primera y maratoniana jornada de interrogatorios.

Ayer, durante una breve conversación telefónica que mantuvo con este diario, admitió la veracidad de las imputaciones que pesan sobre él: "No puedo entrar en detalles, pero lo que ha salido a la luz es cierto. Me remito a los documentos de la acusación y a lo publicado en la prensa. Ahí esta todo. No voy a añadir nada más, porque existe un secreto de sumario".

"Por mi parte", concluyó, "no quiero líos y he considerado que lo más adecuado era colaborar dentro de lo posible con la Justicia para que todo se aclare cuanto antes". Una decisión que podría valerle la atenuación de la pena en el caso de que finalmente las investigaciones confirmen la comisión del presunto delito de cohecho.

Un alquiler oficial para sufragar una fraudulenta compra privada

Los presuntos negocios sucios de Juan Francisco Gosálbez en relación con el local alquilado y remodelado como nueva sede de Turismo Joven fueron más allá del cobro de comisiones millonarias. Meses antes de encargar la reforma fraudulenta del inmueble, Gosálbez y su esposa, María Auxiliadora Pérez, habrían maquinado un plan para hacerse con la propiedad, desviando todos los costes a las arcas públicas.

De este modo, como responsable de instalaciones de Turismo Joven, Gosálbez habría firmado un contrato de alquiler entre el consorcio y una sociedad pantalla a su nombre (Grupo Fanodi), por el que la entidad pública le arrendaba el local por 4.500 euros mensuales durante un período de 12 años. En total, 648.000 euros. Posteriormente, habría falsificado la fecha del contrato para presentarlo como aval ante una entidad bancaria y obtener así un préstamo bancario por, exactamente, la misma cantidad de dinero.

Gosálbez habría obtenido así en propiedad un edificio recién reformado en una de las zonas más exclusivas de Palma, el barrio de la Bonanova, y se habría asegurado no tener que desembolsar ni un euro por la hipoteca, que quedaba cubierta por el alquiler ilegal a cargo del erario público.

El local pasó a disposición de Turismo Joven en mayo de 2007, pocos días antes de las elecciones autonómicas que desalojaron al PP de la mayoría de las instituciones baleares. Previendo esta posibilidad, Gosálbez y su esposa se habrían cubierto las espaldas blindando a su favor el contrato de alquiler. En el caso de que el consorcio, dependiente de la Consejería de Presidencia, pretendiera poner fin al alquiler unilateralmente, quedaría obligado a abonar todas las mensualidades pendientes durante seis años, con los incrementos anuales correspondientes. Unas condiciones que los investigadores consideran claramente abusivas y perjudiciales para la entidad pública.

Además, hasta poco después del nombramiento de Gosálbez y Amengual, el Consorcio de Turismo Joven tenía su sede en un local del centro de Palma por el que no se pagaba ningún alquiler, ya que era propiedad del Gobierno autonómico. Ya por aquel entonces, la situación económica de la entidad era muy precaria y amenazaba la quiebra técnica.





* ELPAIS.com - MANU MENÉNDEZ - Palma - 13/08/2008
Foto: Palma de Mallorca - wikimedia.org

.................................... Leer más...

La plataforma «Salva o Tren» impide un intento de manipulación de vías en Portas

LAVOZ/Pontevedra* : El coordinador general de la plataforma «Salva ao tren», Fernando Gómez Camarero, informó de que el colectivo, con el apoyo de vecinos del municipio pontevedrés de Portas, ha impedido hoy un nuevo intento de realizar obras en las vías por parte del ADIF, después de haber permanecido «de guardia» toda la noche.

Gómez Camarero explicó que a las nueve de la mañana, y en el mismo punto donde se produjo un intento anterior del administrador ferroviario, el pasado 20 de julio, impidieron que los obreros levantasen las vías «para eliminar el servicio de proximidad».

El portavoz señaló que el Ministerio pretende la eliminación de este servicio por la ausencia de demanda, «que ellos mismos provocaron -denunció el representante de la asociación- al no invertir en la disposición de horarios y en la mejora de las conexiones», cuando «es un servicio necesario».

Los operarios pretendían instalar un tope de hormigón donde suprimieron las vías «para que los trenes no descarrilen», dijo Gómez Camarero, quien opina que el problema «se arreglaría volviendo a reponer los raíles que retiraron».

Asimismo, el portavoz de la plataforma criticó «la contradicción entre las declaraciones de la empresa y sus intenciones reales, que son eliminar el resto de carriles, aunque afirmen todo lo contrario», así como «quitar el sistema eléctrico de la estación».

Fernando Gómez Camarero explicó que la plataforma dispuso guardias nocturnas para «impedir que se hagan actuaciones en este punto que no vayan encaminadas a la reposición de los dos raíles que se levantaron».

Finalmente, el responsable de «Salva o tren» comentó que celebrarán «movilizaciones durante el mes de septiembre» y que intentarán contar con el apoyo de las zonas de Padrón y Pontecesures.





* La Voz de Galicia - EFE - 13/8/2008
Foto: Pontevedra, costa - lavozdegalicia.es

.................................... Leer más...

El urbanismo salvaje obliga a los extranjeros a organizarse

ELPAÍS/Alicante* : Los extranjeros de La Marina Baixa siguen los pasos de los de La Marina Alta y se organizan para defenderse de lo que consideran abusos urbanísticos de la Administración local. El presidente de la asociación Veïns de L'Alfàs, Marco Perotti, anunció ayer que denunciarán al alcalde ante la justicia española y europea por su "afán depredador" del territorio...
... con la aprobación del PAI Pla de la Serra, que va a suponer la construcción de 2.000 viviendas en 800.000 metros cuadrados, en gran parte, parcelas de pequeños propietarios.

Hay unos 40 propietarios extranjeros a los que se les "ha invadido" su propiedad, según Perotti. "Es una indefensión total ante el afán urbanístico. Lo único que cambia de la LUV a la LRAU es el nombre, porque al final todo acaba en una reparcelación forzosa en la que quien no aporte dinero se queda sin su vivienda", criticó Perotti. El dirigente vecinal acusa al primer edil de negarles la información que afecta al planeamiento.

Veïns de L'Alfàs, con más de 100 socios, anunció la celebración el 18 de agosto de una conferencia europea sobre abusos urbanísticos.




* ELPAIS.com - S. CASTILLO - Benidorm - 13/08/2008
Foto: Alfaz del Pi (Alicante) - mma.es

.................................... Leer más...

Salvemos Mojácar recurrirá la indemnización de 100 millones por el hotel del Algarrobico

TELEPRENSA/Almería* : Cada uno de los 40 millones de españoles tendrá que poner tres euros de su bolsillo y cada familia una media de 10-12 euros por una ilegalidad cometida por la Administración andaluza y el Ayuntamiento de Carboneras. La asociación considera inaceptable que se negocie así con la promotora, que no tiene derecho a indemnización, según la Audiencia Nacional.

Salvemos Mojácar considera una aberración que se ofrezcan 100 millones de euros del bolsillo de todos los españoles a una promotora inmobiliaria que conocía perfectamente la ilegalidad de la construcción, por la ilegalidad más monumental cometida en el litoral por la administración andaluza y el Ayto. de Carboneras, cuando se deja en la calle sin indemnización a familias desamparadas y víctimas de estafas derribando sus casas.

Cada uno de los 40 millones de españoles tendrá que poner tres euros de su bolsillo, y cada familia una media de 10-12 euros, por una ilegalidad cometida por la administración andaluza y el Ayto. de Carboneras.

Según las recientes sentencias de la AN reafirmando el deslinde de 100 m de Costas la promotora no tiene derecho a indemnización y en todo caso cualquier indemnización debería ser pagada por los funcionarios corruptos del Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía que dieron luz verde al hotel.

El precio de 100 millones de euros es en cualquier caso desorbitado y una muestra más del trato de favor exclusivo y aberrante que se da a las promotoras en España, frente al ninguneo y pisoteo sistemático de los ciudadanos indefensos.

La asociación exige que el hotel se eche abajo sin indemnización y que los costes de la demolición y la restauración del entorno sean pagados por los funcionarios responsables de su aprobación ilegal.

La asociación sospecha que se ha acelerado este acuerdo ante la sentencia de demolición sin indemnización que se esperaba en los próximos meses en el recurso interpuesto por la asociación en Almería, el mismo que dio lugar a la paralización. Se intenta con ello dar trato de favor y compensar, a costa de las arcas públicas, a una promotora que es el buque insignia de la barbarie urbanística y la destrucción de litoral en España.

La asociación anuncia que próximamente, de confirmarse la noticia delacuerdo alcanzado, interpondrá un recurso contra el mismo exigiendo sus suspensión cautelar.




* Teleprensa - 12 de Agosto del 2008
Foto: Algarrobico ILEGAL - A.Rodríguez (EFE)

.................................... Leer más...

Condenan al Ayuntamiento de Marbella a revisar una licencia de obras ilegal por no ajustarse al PGOU

EUROPAPRESS* : El Ayuntamiento del municipio malagueño de Marbella ha sido condenado por el Juzgado de lo Contencioso- administrativo nº5 de Málaga a iniciar el expediente de revisión de una licencia de obras ilegal, según informó hoy el grupo municipal socialista. En concreto, se trata de un permiso para construir 35 viviendas, garajes y trasteros en la zona de Río Real concedido por el ex alcalde Julián Muñoz a la mercantil Grupo Ray Inmobiliario S.L.

Esta sentencia, derivada de un recurso presentado por la Junta de Andalucía, obliga al Consistorio de Marbella a iniciar una revisión después de que el equipo de gobierno del PP "aprobara una propuesta para conceder licencias de obras en precario", señaló el concejal del PSOE Javier de Luis Ferreras.

La obra objeto de la revisión del permiso "no se ajusta al Plan General Ordenación Urbana (PGOU) vigente por un exceso de edificabilidad", explicó el edil en un comunicado.

Asimismo, indicó que, como en la mayoría de las licencias de obras ilegales, se ha elaborado un informe jurídico por parte de los abogados del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella en el que se propone al equipo de gobierno del PP la revisión del acto "por no ajustarse a la legalidad urbanística vigente".

Sin embargo, según afirmó, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, "ha hecho caso omiso a estos informes, rechazando, incluso, la moción que el PSOE presentó en septiembre de 2007 para que, en cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se procediera a la revisión de todas las licencias ilegales concedidas en los gobiernos gilistas, favoreciendo con esta medida los intereses tanto de los compradores de buena fe como de los afectados por las viviendas ilegales".

Para los socialistas, con esta sentencia, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 "viene a dar la razón a lo propuesto en su día por el PSOE" y también a lo exigido por la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, que en el último acuerdo con la Alcaldía incluyó la revisión previa de las licencias ilegales como un paso obligatorio.

Además, el acuerdo de adelantar en precario parte de lo previsto en la revisión del PGOU, en lo relativo a licencias de primera ocupación y apertura, "no puede olvidar que también forma parte de la aprobación inicial del Plan General la revisión de licencias de obras ilegales, algo que la alcaldesa pretende ignorar", criticó el PSOE.




* Europa Press - 12 Ago 2008
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es

.................................... Leer más...

Denuncian "el deterioro" de la costa vasca por la "la construcción urbanística e industrial"

EUROPAPRESS/Bilbao* : Ecologistas en Acción denunció hoy "el deterioro" de la costa vasca debido a la "la construcción urbanística e industrial" y recordó que "se avecinan nuevos proyectos y riesgos para la conservación de nuestra costa", según declaró hoy su portavoz Carlos Alonso.

Los miembros del colectivo ecologista llegaron ayer a Bilbao a bordo del velero 'Diosa Maat', que está navegando por el Cantábrico con el objetivo de "realizar un análisis de la situación de los ecosistemas costeros y marinos de la zona".

En una rueda de prensa celebrada hoy en Bilbao, los ecologistas indicaron que "las zonas más afectadas por el desarrollo urbanístico" son el entorno del estuario del Barbadún y la playa de La Arena, el tramo costero de Getxo a Plentzia, Bakio, la reserva de la Biosfera de Urdaibai, el Estuario del Oka, Orio y el entorno de la ciudad de San Sebastián.

Por otro lado, 'Ecologistas en Acción' también denunció "las afecciones y contaminación" por la industria y otras instalaciones, entre las que destacaron la Refinería de Petronor, en Muskiz, que "sigue adelante con el proyecto de construcción de una planta altamente contaminante de transformación de subproductos petroleros en coque de petróleo".

Asimismo, uno de los miembros de la tripulación del 'Diosa Maat' y de 'Ecologistas en Acción', Jorge Sáez, recordó que la "costa Atlántica y Cantábrica es la más amenazada de España" debido al "urbanismo desmesurado y los vertidos que cada vez son mayores".

Sáez insistió en la "escasez" de depuradoras en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, a lo que calificó como "impresentable e ilegal". "En la ría de Bilbao sigue habiendo vertidos de aguas fecales, lo que es una irresponsabilidad por parte de las administraciones pesqueras", declaró.

Además, indicó que "no se debe consumir pescado a diario porque la concentración de metales es grande debido al desarrollo industrial", y afirmó que "los peces que más metales pesados acumulan son los grandes depredadores y peces más pequeños, como la anchoa y el boquerón". De este modo, 'Ecologistas en Acción' pidió "una ordenación de los recursos costeros y naturales" y recalcó que "el desarrollo económico una vez más se enfrenta a un sector primario".

"PEQUEÑOS PRESTIGES"

Alonso, por otra parte, declaró que existen "fenómenos de contaminación como pequeños Prestiges cotidianos por el descontrol en el vaciado de los residuos de las embarcaciones" y señaló que hay una "sobreexplotación de las especies pesqueras", entre las cuales "la anchoa es la más amenazada, pero no la única".

Tras la rueda de prensa, los miembros de la confederación realizaron una salida de navegación en dirección a la Playa de La Arena (Muskiz), para colocar una Bandera Negra y denunciar, de este modo, "los impactos ambientales de la refinería de Petronor y el proyecto de ampliarla con la construcción de una Planta de Coque de petróleo".




* Europa Press - BILBAO, 11 Ago 2008
Foto: Bakio (Vizcaya) - El Correo

.................................... Leer más...

La Ley del Paisaje de Cantabria

ALFONSO GARCÍA GIRÓN* : La primera comunidad autónoma en elevar a rango de ley la protección del paisaje fue la Comunidad Valenciana y posteriormente la Ley de Protección del Paisaje de Cataluña nos ofreció un texto exquisito, profesional y respetuoso hasta el nivel de facsímil del Convenio Europeo del Paisaje.

En Cantabria ya se hablaba por entonces de la protección del paisaje, aunque ese concepto que todos entendemos y nadie sabe a ciencia cierta cuál es el alcance de su significado, en materia de regulación política claro está, comenzó a estrenarse en los foros oficiales, justo antes de las elecciones autonómicas en un congreso celebrado en el Palacio de Exposiciones de Santander.

Posteriormente, el Estado Español ratificó recientemente el Convenio Europeo del Paisaje en un alarde de compromiso que esperamos ver cumplido en un plazo menos informal que la propia ratificación del convenio, que cuanto menos ha resultado un 'pelín' relajada.

Para no aburrir mucho con datos, la cuestión es que Galicia ya ha iniciado los debates en su parlamento, aceptando la tramitación de su Ley del Paisaje, y otras comunidades están ya afilando el lápiz al respecto, tomando como pilar del conocimiento el citado Convenio Europeo del Paisaje, entre ellas Cantabria, según noticias ofrecidas por este diario.

Todas estas iniciativas son reacciones tardías al Convenio Europeo del Paisaje y a su reciente ratificación, y tomando como modelo a la adelantada ley catalana, es lógico pensar que ahora todas las comunidades van a apoyarse en este texto comunitario de la Comisión en la redacción de su normativa.

Lo paradójico viene después, cuando algunos llegamos a la conclusión de que nuestro país no puede comenzar con la simple aplicación del convenio, sobre el que se están asentando todas las normativas regionales, debido a que el estado de degradación paisajístico es tal, que es necesaria una fase previa de restauración para posteriormente abordar la creación de más puestos de funcionarios, en observatorios regionales y autocomplacientes, doctos, versados y con un discurso propio de cualquier Estado europeo, de los que llevan ejecutando normas claras en materia de paisaje durante mas de un lustro y forman parte de la idiosincrasia social.

Seamos realistas: en nuestro país y en Cantabria con más motivo por lo que argumentaré después, no podemos aplicar una normativa de intenciones, de observación, de catalogación y de cartografía. El desastre urbanístico es tan importante y generalizado, que lo primero que tenemos que hacer antes de aplicar una norma paisajística tan amplia y de profundo calado como es el Convenio Europeo, es intentar remediar el pésimo estado de las cuencas visuales, en las que no se ha hecho nada específico en materia de paisaje nunca. Es decir, elaborar una norma ejecutiva y clara que borre visualmente de nuestras autopistas y accesos a los núcleos urbanos, en un plazo de cinco años, los desastres de una práctica urbanística, que ha sido competencia exclusiva de nuestros arquitectos, que han tenido el absoluto privilegio de regularse a sí mismos como colectivo, ante el 'no sabe no contesta' de las administraciones competentes y su permisividad. Naturalmente hay excepciones notables, pero pocas en esta materia. Prevalece por desgracia la obra de autor, frente al respeto a lo preexistente, que es lo que crea paisaje urbano, identidad y cultura colectiva.

En Europa hay países como Suiza, Alemania o Francia que han hecho gala discretamente de sus leyes del paisaje, ejecutivas y claras por supuesto, y que han condicionado hasta las particiones de los cristales de las ventanas en determinados entornos urbanos. Francia dispone de una ley dedicada al paisaje desde 1993, donde el paisaje aparece integrado en todas las normativas del patrimonio histórico y natural. En el caso alemán, se trata de una norma federal que une la gestión del paisaje con la conservación de la naturaleza, lo cual es un concepto que a mí me parece muy acertado e inteligente y un ejemplo a seguir en Cantabria, dadas sus condiciones naturales y el bajo nivel de intervención humana en el medio

Desde la declaración del Parque Nacional de Yellowstone, hasta la construcción de Central Park en Nueva York, derribando previamente manzanas de edificios, hay una filosofía perfectamente cohesionada que vincula la sensibilidad y el respeto a la naturaleza como ecosistema, a la intervención más atrevida del paisajismo urbano. La cuestión es aceptar el verdadero concepto global del paisajismo como comprensión del medio, o aceptar las tesis del paisajismo como especialidad de la arquitectura y del urbanismo, que en mi opinión es algo parecido a querer ser ornitólogo estudiando en una pajarería.

En cuanto a la famosa Ley del Paisaje de Cantabria, como norma legal no debería, en mi no se si modesta opinión por lo clara, detenerse en formular intenciones que supusieran un quebradero de cabeza al jurídico ante el recurso del promotor agraviado, por poner solo un ejemplo.

Esta ley debería ser clara y previa a la adopción normativa del Convenio Europeo del Paisaje: se puede hacer o no se puede hacer tal cosa y estos son los límites. De esta manera podrán evitarse de partida los 'cantos del cuco,' motivados por un claro vació legal en materia de paisaje, o con normas de imposible aplicación por lo subjetivas que resultan, para posteriormente pasar al desarrollo de la norma europea, que tendrá una afección tan importante que ahora es imposible abordar en este país, aunque nos pese.

En cualquier caso regular bien es fácil. Tenemos otros ejemplos como los que nos dan los países mencionados. Poner coto al desmán urbanístico es fácil también en estos momentos, porque ningún constructor se va a preocupar de las limitaciones estéticas. Muy por el contrario puede ver una salida a la crisis en el urbanismo paisajista de calidad en Cantabria.

Cantabria está agotando por evolución el modelo cultural de la vaca, que dentro de poco tendrá que ser subvencionada por Turismo y tiene que pasar al modelo cultural de la calidad total como objetivo. Calidad en su entorno, en su paisaje como síntesis de su cultura y en la manera de planificar sus oportunidades de futuro. El paisaje puede dar nuevas oportunidades a esta región, como al resto de España, la cuestión no es sólo no perderlas, sino también valorarlas como un activo que a futuro supondrá el mayor atractivo de esta región. Pueden estar seguros.

Cuando leemos que aún no se sabe si hacer una ley específica para Cantabria o incluir determinadas normas sectoriales en la planificación urbanística, la pregunta que se nos ocurre es ¿que más da?, si al fin y al cabo cualquier regulación deberá estar plenamente coordinada a nivel autonómico al menos, para que no parezca una chapuza territorial que vuelva loco al ciudadano. Lo importante no es el aspecto formal de la norma, sino la cohesión, la oportunidad y el alcance de la misma. Crear una ley como la catalana para observar o catalogar, es iniciar una andadura larga, cara y poco concreta, que en nuestro país no es realista ni efectiva. Primero hay que crear conciencia colectiva de paisaje como patrimonio a través de la regulación básica y después intentar aplicar el Convenio Europeo que, no olvidemos nunca, no se ha hecho aquí, donde el paisajismo ni tan siquiera es una carrera universitaria oficialmente reconocida todavía.

Por tanto, Ley del Paisaje sí, pero ejecutiva y concreta.



* Alfonso García Girón es licenciado superior en paisajismo por la Universidad Camilo José Cela.




* El Diario Montañés - Opinión - 09.08.2008

.................................... Leer más...

Protestan en Ribadeo contra la ubicación de una nave en el puerto y otras obras que "dañan la ría"

EUROPAPRESS/Lugo* : Alrededor de medio millar de personas -según la organización- se concentraron hoy en la localidad lucense de Ribadeo para rechazar la construcción de una terminal de carga en el puerto, así como el desarrollo de otras actuaciones que "van a dañar el sistema de corrientes y provocar muchos problemas ambientales en la ría".

En declaraciones a Europa Press, el coordinador de organización de Adega, Martiño Fiz, calificó como "muy buena" la asistencia a la concentración, que recorrió el centro de Ribadeo. Además, avanzó que intentarán constituir una coordinadora de asociaciones para evitar estas obras "que perjudican a la ría".

A respecto de estas actuaciones, Fiz se refirió a la ampliación del astillero de As Figueiras, la construcción de una nave en Castropol (Asturias) y el polígono de Barres; todas ellas "a punto" de ser aprobadas o iniciadas. Por lo tanto, reclamó a la Administración que diseñe un plan de ordenación de los recursos naturales de Ribadeo y su ría que "establezca lo que se puede hacer y lo que no".

"La Consellería de Medio Ambiente se desentiende, se pliega a los intereses económicos", criticó, y explicó que está "en contra" de las actuaciones en Castropol y Vegadeo, "pero no de las de Ribadeo"; al contrario que la administración asturiana. "Ven la paja en el ojo ajeno, pero no asumen sus propias decisiones mal tomadas", lamentó.

ACTUACIONES EN LA RÍA

La nave que centró hoy las protestas de los ecologistas y vecinos es una planta que se anclará con pivotes a la ría y producirá un "fuerte impacto paisajístico y ambiental". El paisajístico se debe a que tendrá una altura "impresionante, como un edificio de seis o siete pisos" en el puerto de una localidad "que vive del turismo".

Por su parte, la ambiental se centra en que los pivotes que la sustentarán se anclarán en el fondo de la ría. Según indicó el ecologista, esta ubicación puede producir modificaciones en las corrientes, al igual que "varias obras" que ya se produjeron y que fueron "comiendo terreno" a la ría y "favoreciendo" la aparición de bancos de arena "que limitan la entrada de agua del mar".

Otras de las "amenazas" que indicó Fiz son el astillero de pequeñas embarcaciones de plástico reforzado de Castropol que, según aseguró, "no tiene por qué estar en la costa". "Que lo pongan en un polígono", insistió, al tiempo que justificó este cambio de ubicación en que desde la actual "no podrán meter los barcos porque no hay suficiente calado".

Además, apuntó que hay una junquera a escasos 100 metros de donde se pretende ubicar esta planta que cuenta con una "importante" colonia de pájaros, de la que se pierde "una pérdida de especies" si aumenta el tráfico de embarcaciones en la zona. Asimismo, Fiz lamentó que este proyecto "no cuente con un estudio de impacto ambiental" puesto que "no se considera que afecte a la ría".

"Nosotros alegamos que sí afecta ante el Gobierno asturiano y recibimos de parte del alcalde la negativa de envío de información", subrayó, pero el homólogo del Valedor do Pobo en Asturias "sí admitió nuestra queja a trámite", incidió. "Estamos pendientes de eso", advirtió Fiz.





* Europa Press - SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ago 2008
Foto: La pancarta que encabezó ayer la manifestación por Ribadeo/ X. F. RAMALLAL, lavozdegalicia.es

.................................... Leer más...

Detenidos cinco ex altos cargos del Gobierno balear implicados en una supuesta trama de corrupción

ELPAÍS* : Cinco ex altos cargos del Gobierno balear y la esposa de uno de ellos han sido arrestados esta mañana por su presunta implicación en delitos en la gestión de fondos durante el Gobierno de Jaume Matas (PP). Anticorrupción investiga a los detenidos por su presunta implicación en delitos de malversación continuada de caudales públicos, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsificación documental, informa Manu Menéndez.

Las identidades de cinco de los arrestados son las siguientes: Damián Amengual, ex gerente del Consorcio de Turismo Joven; Juan Francisco Gosálbez, ex jefe de Servicios y Mantenimiento del Consorcio; María Auxiliadora Pérez, esposa de este último; Jaime Cerdá, Contable del Consorcio Turismo Joven; y el empresario de la construcción Marcos Pérez Martínez. Anticorrupción los investiga por su presunta implicación en delitos de malversación continuada de caudales públicos, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsificación documental. Según fuentes cercanas a la investigación, los detenidos se han mostrado dispuestos a colaborar durante la primera rueda de declaraciones de esta mañana, en las que se podría haber confirmado al menos un delito de cohecho y el pago de comisiones que en algunos casos superarían el 30%.

Tanto Amengual como Gosálbez son investigados por la adjudicación irregular de contratos de alquiler, en beneficio propio y de los titulares de los locales arrendados. A través de Grupo Fanodi, una sociedad pantalla en la que Gosálbez figura como titular junto a su esposa, el matrimonio se habría autoalquilado una oficina por valor de 54.000 euros anuales. La pareja, además, habría falsificado la fecha del contrato de alquiler para obtener un préstamo bancario de 638.000 euros. Una de las cláusulas del arrendamiento especificaba que si éste se resolvía antes de seis años, Turismo Joven quedaba obligado a pagar todas las mensualidades pendientes hasta completar ese período de tiempo. Presuntamente, la trama encabezada por los dirigentes del consorcio también habría adjudicado a un constructor -también arrestado- la reforma integral del mismo local, por valor de más de 180.000 euros, informa Manu Menéndez.

Por otro lado, se analiza también la presunta malversación de 18.957 euros por parte de Gosálbez y su esposa, María Auxiliadora Pérez. El matrimonio habría desviado el dinero, procedente de la Red española de Albergues Juveniles (REAJ), a través de una sociedad pantalla, que facturó la prestación -nunca realizada- de un servicio de intercambio de jóvenes en el albergue juvenil de Alcudia (Mallorca), en mayo y junio de 2007.

Al rosario de presuntos delitos hay que añadir un registro desproporcionado de gastos personales en viajes, hoteles, gasolina y tintorerías.




* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 11/08/2008
Foto: Palma_de_Mallorca, vista - Lothar Velling (wikipedia.org)

.................................... Leer más...

El 71% de los alcaldes acusados de corrupción mantuvo el poder

PÚBLICO* : Los españoles son permisivos con la corrupción. No les gusta, pero la toleran. La afirmación vale como constatación aproximada. Como primer punto de debate. Sin embargo, tiene su sustento empírico. Sus cifras. Éstas: de los 133 ayuntamientos en los que antes de las elecciones municipales de 2007 saltaron sospechas de corrupción contra el alcalde o ediles significados, en 94 de ellos (el 70,7%) los regidores mantuvieron el bastón de mando, y sólo en 39 (el 29,3%) lo perdieron.

Los datos quedan avalados por la firma del profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez, incluidos en el Informe sobre la democracia en España en 2008, de la Fundación Alternativas. Los indicadores fueron presentados el martes pasado en los cursos de verano de la Complutense por Manuel Villoria, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional España.

Todavía hay números para el aliento: sólo 40 de los 133 alcaldes negros (30%) mantuvieron o ganaron en 2007 más apoyo sobre el censo que en 2003, unos 5,2 puntos de media. En los 93 casos restantes, el respaldo ciudadano se contrajo en torno a un 7,4%.

¿Por qué? La gran pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Qué factores influyen? Jiménez aventuró en su estudio cuatro hipótesis de trabajo y ninguna arrojó resultados concluyentes. Primero, relacionó el tamaño del municipio con los resultados de los comicios, previendo que en los pueblos pequeños la red clientelar está mejor engrasada y la penalización a los sospechosos pudiera ser menor. Falso. “Nada prueba esa ligazón”, sostiene el profesor.

La imputación no influye

Aún sorprende más que no influya la naturaleza de la acusación. En el 70,7% de los casos en los que se sustanció una imputación judicial, los regidores retuvieron el poder. Eso es tan sólo una décima más que en los procedimientos en los que el juez de instrucción no cerró una acusación formal.

Si se compara la suerte electoral de los 82 imputados por corrupción, se observa premio de los ciudadanos: el 70,6% de los inculpados y el 60% de los condenados revalidaron la alcaldía. Llama más la atención que el 100% de los regidores detenidos –los de Alhaurín el Grande y Mogán, ambos del PP– conservó el poder y además aumentó su apoyo.

Jiménez únicamente apreció pequeñas diferencias en el último supuesto. Hay más castigo popular si está en marcha una investigación judicial o policial (un 36% perdió la alcaldía). Se rebaja si la denuncia fue archivada o si la acusación procedió de la oposición o de grupos ecologistas (el 24% se despidió del poder).

A los partidos tampoco les sale rentable actuar contra los corruptos. Una vez purgados, pierden respaldo. “El caso paradigmático es Catral [Alicante]”, recuerda Jiménez a Público. “El PSOE echó a su regidor, José Manuel Rodríguez Leal, y en 2007 cayó un 34,7%. Se quedó con un concejal, y Leal, que montó una lista aparte, logró cinco escaños. El PP conquistó la mayoría absoluta”.

En cambio, desafección

La escasa penalización pública de los españoles contrasta abruptamente con su percepción de la corrupción. La encuesta del CIS Los ciudadanos y el Estado, de enero de 2007, ofrecía datos demoledores contra los políticos: un 51,9% creía que bastantes o casi todos ellos estaban implicados en negocios turbios. Pero hay algo que no casa, pues el 89,3% reconoció entonces que nunca había recibido insinuaciones de soborno. Un 3,1% declaraba que había sentido tal presión “a veces”.

Los españoles tampoco citan la corrupción desde hace años como uno de los principales problemas del país. Del 35,5% que la mencionaban en febrero de 1995 se ha pasado al 0,8% de julio de 2008.

Los expertos, ejecutivos y empresarios nacionales e internacionales no son tan duros en la evaluación de España. El último panel de Transparencia Internacional, de 2007, sobre una muestra de 179 países, la ubica en el puesto 25º, detrás de Nueva Zelanda (1º), Reino Unido (12º), Alemania (16º), Japón (17º), Francia (19º) o Barbados (23º), y delante de Portugal (28º) e Italia (41º).

El peso de los estereotipos

Hay un salto de percepciones. “Es lógico. Los expertos tienen más datos, y los ciudadanos funcionan con estereotipos”, sostiene Villoria. “En todos los países desarrollados se palpa una desafección hacia el poder. En los españoles influye la socialización recibida desde pequeños: tras décadas de dictadura, se nos inculcó que la política es sucia, opaca”.

El ligero retroceso de España (del puesto 22-23º de 2004 a 2006 al 25º del año pasado) se explica, para Villoria, por la explosión de casos recogidos por los medios. “Paradójicamente, este Gobierno, el que más ha hecho para limpiar la corrupción, es el que se lleva las culpas, y es que al Estado le cae todo”. La peor réplica, añade, es “politizar los datos”. “No podemos cargar el sambenito de corrupto a PP o PSOE, como venden algunos medios de modo sectario. Existe una mejor respuesta: denunciar”.


"Si se percibe riqueza, no hay castigo"

Fernando Jiménez, politólogo. Universidad de Murcia

¿Por qué los ciudadanos perdonan a sus corruptos?
No todos los casos son iguales, pero es verdad que somos más indulgentes con nuestros representantes si creemos que a cambio traen beneficio a la ciudad: empleo, riqueza... Pasa en todos los países. ¿Por qué los marbellíes votaban a [Jesús] Gil?

¿Y no es peligroso? ¿No es carta blanca al corrupto?
Sí. Es el poder de la mayoría, al que hay que poner límites. Obviamente, el control judicial, y también la disciplina en los partidos, que conservan códigos éticos de risa.

¿PP y PSOE están a la par?
El Gobierno ha impulsado más ahora la limpieza, como en los 90 hizo el PP. Pero los partidos se benefician de la corrupción, porque su combate les trae problemas. La gente no premia que echen a los sospechosos, sólo les castiga si no producen resultados. O si ven en la oposición una alternativa, que no siempre ocurre. Además, cuando purgas al líder municipal, tardas en rehacerte. Los partidos son débiles a nivel local.

¿El sistema incentiva en España a los corruptos?
Sí, mucho. Los controles a los ayuntamientos no funcionan como en otros países. Es cierto que sufren estrangulamiento financiero, pero hay que tasar sus competencias.

¿Cómo atajar el problema?
Falta voluntad política, no sólo las normas efectistas del Gobierno. Hay que quitar las trampas de la Ley de Financiación de Partidos e inculcar la cultura de protección de lo público en los ciudadanos.





* Público - JUANMA ROMERO - San Lorenzo de El Escorial - 10/08/2008
Foto: Corrupción política, datos 2007 (F.A.- T.I.) - publico.es

.................................... Leer más...

La Sierra de Churriana, nuevo frente de confrontación urbanística en la ciudad

MÁLAGAHOY* : El PGOU que se aprueba el jueves calificará una zona como hotelera y regularizará unas cien casas ilegales, mientras que el Plan de Ordenación del Territorio traza ese suelo como verde de protección. El proyecto previsto por el Ayuntamiento de Málaga para la Sierra de Churriana se presenta como el nuevo foco de conflicto urbanístico entre el equipo de gobierno y la oposición.

Como ha ocurrido con el llamado salto de las rondas, el proyecto de Arraijanal o la construcción en Campanillas, la invasión de zona protegida planteada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la sierra de este distrito ha sido duramente cuestionada tanto por el PSOE como por IU y salta a la palestra en la semana de aprobación provisional del nuevo ordenamiento de la ciudad.

El Plan de Ordenación del Territorio (POT), en fase de redacción, contempla toda la zona de la Sierra de Churriana como no urbanizable y con especial protección, mientras que el Ayuntamiento prevé la construcción de partes del monte.

Aunque el objetivo del PGOU que se aprueba el jueves de forma provisional en el Pleno es el de regularizar el centenar de viviendas ilegales levantadas en la zona desde hace más de 50 años.

El concejal socialista Sergio Brenes explica que el documento municipal prevé construir 345 nuevas casas en una parte de la sierra que estaba calificada como no urbanizable y que contaba con una elevada protección en aspectos como el paisajístico, el medioambiental o el hidrológico.

En otro sector de la sierra, el PGOU plantea un hotel en suelo no urbanizable, a cambio de 3.000 metros cuadrados de monte. "No tiene sentido porque ese monte ya estaba con un suelo protegido", explica Brenes. La propia Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía mostró reservas cuando se planteó el proyecto, en la declaración de impacto ambiental.

El PSOE acepta la legalización de las viviendas existentes, pero no entiende que se cargue una zona donde estaba prohibido construir con 345 casas más y un hotel. "Se van a crear expectativas a un proyecto que va a tener difícil desarrollo", aseguraba Brenes.

También mostró su disconformidad ante el avance del desarrollo en una sierra protegida el concejal de IU, Sergio Moreno Brenes. "Se introduce mucho suelo urbanizable en una zona muy protegida; son cambios de demasiado calado", decía. Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Rafael Fuentes, insistió en que se trata de "un suelo que el POT deja como protegido y que no tiene ningún sentido edificarlo a cambio de monte protegido".

El documento municipal defiende que se trata de dar para recibir: "La calificación de alguna zona como edificable hotelera para su conversión en monte público redundará en su mejor conservación (...), con ello se obtienen 700.000 metros cuadrados de monte público, con una mínima edificabilidad en la zona baja para uso hotelero".

El concejal del distrito, José Hazañas, defiende los planes del equipo de gobierno: "Se va a conseguir un gran cordón verde".

El plan también introduce un parque entre La Cónsula y el Retiro. Este jardín podría ampliarse, según reza el documento, con los espacios libres que cederán los sectores contiguos y con la iniciativa hotelera, que crearía un establecimiento adscrito al jardín.




* Málaga Hoy - Rebeca Tobelem - 11.08.2008
Foto: Un vecino se acerca a una de las casas ilegales de una realenga de Churriana, en foto de archivo - malagahoy.es

.................................... Leer más...