ELPAÍS* : El futuro urbanístico de Arraijanal, un suelo de más de medio millón de metros cuadrados junto a la desembocadura del Guadalhorce que es la última parcela con linde a una playa que queda sin urbanizar en el término municipal de Málaga, bien puede servir de ejemplo de la obstinación del alcalde, Francisco de la Torre (PP). El Ayuntamiento de Málaga acaba de firmar un convenio urbanístico con Vallehermoso, sociedad propietaria de la mayoría del suelo, para levantar una urbanización con 664 viviendas, hoteles y equipamiento comercial.
El consistorio recibirá a cambio 28 millones de euros. El equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre no ha consultado a la Dirección General de Costas, que tiene en trámite la enajenación de 80.000 metros cuadrados de Arraijanal para ampliar la zona de servidumbre.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, ha llegado a afirmar que el Ministerio de Medio Ambiente tiene olvidada la enajenación, que sólo fue un anuncio en época electoral. Fuentes del ministerio confirmaron ayer que la expropiación sigue adelante y que en otoño se someterá a información pública la declaración de utilidad de la expropiación. Costas ha requerido al consistorio información sobre el convenio y el proyecto, y ha advertido que no lo autorizará si afecta a esos 80.000 metros cuadrados.
Otra circunstancia ignorada por De la Torre es que todo el suelo de Arraijanal está reservado en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) que promueve la Junta como parque marítimo-terrestre.
Arraijanal ha sido motivo de un largo enfrentamiento entre la administración autonómica y el Ayuntamiento. La Junta rechazó la modificación de elemento al vigente PGOU que el consistorio aprobó en 2000 para construir una marina deportiva y una urbanización con más de 1.300 viviendas. El proyecto fue rechazado por Costas y por Aviación Civil, pues afectaba a la zona de exclusión aérea del aeropuerto.
En la aprobación inicial del PGOU, de la que hoy se cumplen dos años, se mantuvo la marina deportiva, pero se eliminaron las viviendas. Ahora, según el convenio, es al revés, y en el PGOU que se llevará a pleno el próximo 14 de agosto para la aprobación provisional se incluye esta nueva urbanización y se elimina definitivamente la marina.
El PSOE inició ayer una campaña de recogida de firmas contra el proyecto de urbanizar en Arraijanal. Los socialistas se quejan de los numerosos convenios que el consistorio ha firmado con promotores desde la aprobación inicial del PGOU, y entienden que se han introducido modificaciones sustanciales, por lo que debería someterse a un nuevo proceso de información pública.
El alcalde, que considera que esa propuesta es bloquear y dilatar el plan, defendió ayer el convenio de Arraijanal porque "aportará ingresos" y defiende el interés general de la ciudad. De la Torre argumenta que impedir cualquier construcción obligaría a un desembolso excesivo en expropiaciones o compensaciones que perjudicarían a la ciudad.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 26/07/2008
Foto: Málaga, arraijanal - diariosur.es
Málaga permitirá construir en un suelo que Costas y la Junta quieren proteger
en
26.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
El juez condena al Ivvsa a reparar los daños de 396 viviendas protegidas en Alaquàs
LEVANTE/Valencia* : Trece años de reclamaciones administrativas e intensa batalla judicial han sido necesarios para que un juez dé la razón a los vecinos del Passatge 25 d'Abril de Alaquàs. El juzgado de primera instancia nº11 de Valencia ha condenado al Instituto Valenciano de la Vivienda, a la constructora, al arquitecto responsable del proyecto y a los aparejadores que supervisaron las obras a reparar los cientos de deficiencias que tienen estos inmuebles de pisos protegidos y los garajes.
La sentencia agrupa los daños en once tipologías diferentes y determina el procedimiento de reparación que se ha de seguir, dado que, a lo largo del juicio, se han producido algunas discrepancias por parte de la decena de peritos que han participado -de los demandantes, de las partes demandadas y del juzgado-. En cada caso, está determinado el porcentaje de responsabilidad que ha tenido cada parte y, en los problemas donde ha sido imposible dirimir la culpabilidad, se ha optado por la responsabilidad solidaria.
Costear los posibles realojos
Con todo, el fallo indica que la reparación se ha de realizar "previa elaboración del preceptivo proyecto técnico, bajo la preceptiva dirección facultativa". Además, los condenados han de costear "cuantas actuaciones accesorias sean necesarias, tales como el traslado de mobiliario y enseres en los casos en que la envergadura de las obras lo requiera", así como "el realojo en viviendas de condiciones análogas en los casos en que sea preciso tal desalojo".
Los edificios del Passatge 25 d'Abril se construyeron en los años 1995 y 1996. La promoción se compone de cuatro bloques con 396 viviendas protegidas y dos garajes. Desde los primeros meses comenzaron a aparecer deficiencias como inundaciones en los aparcamientos, desprendimientos y abombamientos en la fachada, grandes grietas interiores y exteriores, desprendimiento de azulejos y suelos, corrosión de la grifería y fuertes olores.
El juzgado ha admitido la propuesta de reparación que proponía el perito de los afectados casi en la totalidad. La excepción es la fachada; mientras el informe de los vecinos optaba por desmontarla integralmente y cambiarla, la sentencia determina que consiste en quitar los ladrillos de los puntos afectados y repararlos.
* Levante-EMV - Laura Sena, Alaquàs - 26 de julio de 2008
Foto: satisfacción. Un grupo de vecinas, ayer en el paseo peatonal central/ abelard comes, levante-emv.com
en
26.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La Fiscalía solicita dos años de cárcel para el ex alcalde de Alozaina por conceder presuntas licencias ilegales
SUR/Málaga* : La Fiscalía de Málaga pide un total de dos años de prisión para el ex alcalde de Alozaina Antonio Blanco (IU) por dos presuntos delitos urbanísticos al conceder sendas licencias de obras presuntamente ilegales para la construcción y reforma de dos viviendas en la localidad.
La petición fiscal para el ex regidor es de un año de prisión por cada uno de los delitos, la misma que se solicita para los que eran entonces concejales de Obras, Salvador Chaves, y de Hacienda, Salvador Arroyo, que formaban parte de la Junta de Gobierno Local, según ha confirmado el propio Blanco.
El Ministerio Fiscal considera que ambas licencias no son legales porque tanto la construcción como la reforma de estas viviendas se llevaron a cabo sobre suelo considerado como rústico.
Blanco ha explicado que las licencias se concedieron antes de que entrara en vigor la ley de ordenación urbana y ha defendido que en el pueblo "todo el suelo es rústico", porque no se trata de una localidad costera.
Estas construcciones se aprobaron con licencias condicionadas a pesar de que se emitieron en un principio informes técnicos desfavorables, y se paralizaron cuando se certificó que las parcelas no tenían los metros suficientes, según ha dicho el ex alcalde.
Ha manifestado que no se debe tratar como un tema muy importante porque son "casitas pequeñas de agricultores, no son una gran construcción como las de la costa", y por ello ha abogado por buscar una solución, ya que "parece que ha sido un tema más administrativo que penal".
* SUR - 25.07.08 - EFE
Foto: Alozaina (Málaga) - malagapueblos.com
en
26.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Madrid: Las obras de la M-30 incumplieron la ley, según el Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar sentencia sobre la legalidad de las obras de ampliación de la M-30. Los argumentos expresados en la sentencia son rotundos, y da la razón a Ecologistas en Acción* en todos y cada uno de ellos: el hecho de que una autovía se declare como urbana no la exime del cumplimiento de la legislación sobre evaluación ambiental; tampoco es admisible que se troceara en diferentes proyectos para eludir esta misma evaluación ambiental.
Ecologistas en Acción interpuso en julio de 2005 un recurso contencioso administrativo contra la aprobación de los proyectos de la M-30 que afectaban a las riberas del río Manzanares, tras haber presentado las correspondientes alegaciones y recursos administrativos ante el Ayuntamiento.
A lo largo del procedimiento, Ecologistas en Acción ha defendido la nulidad de los proyectos por la flagrante vulneración de la normativa medioambiental y de protección del patrimonio histórico y cultural que supuso su aprobación. El Ayuntamiento, como es sabido, se oponía arguyendo que no tenía obligación de someter a evaluación de impacto ambiental previa a este enorme obra en la M-30 por tratarse de una “vía urbana”.
Dado que la normativa de evaluación ambiental tanto española como autonómica derivan de la Directiva 85/377 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, el Juzgado núm. 22 de lo contencioso resolvió en enero de 2007 remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Como resultado de esta cuestión prejudicial, el más alto tribunal europeo acaba de dictar su sentencia, que resulta demoledora para las tesis del Ayuntamiento, mientras que da la razón a todos los argumentos expresados por Ecologistas en Acción.
Efectivamente, la sentencia concluye con rotundidad que “los proyectos de vías urbanas están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva modificada”, por lo que no cabe eximirlos de evaluación ambiental previa. Del mismo modo, la sentencia concluye que no es admisible el troceado en 15 proyectos que realizó el Ayuntamiento para evitar que alguno de ellos tuviese una longitud superior a 5 km (lo que infringiría la ley autonómica) o 10 km (que es el límite para realizar evaluación de impacto según la normativa estatal y europea). Efectivamente, el Tribunal Europeo concluye que “el objetivo de la Directiva modificada no puede eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto y que el hecho de que no se considere el efecto acumulativo de varios proyectos no debe tener como consecuencia práctica que se sustraigan en su totalidad a la obligación de evaluación cuando, considerados conjuntamente, puedan tener efectos significativos en el medio ambiente”.
Por otro lado, la sentencia echa por tierra otros argumentos defendidos (y nunca demostrados) por el Ayuntamiento, como el hecho de que las obras tendrían una influencia positiva en el medio ambiente. Así, para el Tribunal de Luxemburgo “la circunstancia alegada por el Ayuntamiento de Madrid de que los proyectos controvertidos en el litigio principal producirán efectos beneficiosos para el medio ambiente no es pertinente cuando se trata de apreciar la necesidad de someter tales proyectos a una evaluación de su impacto ambiental”.
De este modo, el máximo intérprete de la legislación comunitaria ha sido tremendamente contundente contra las argumentaciones del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, será el Magistrado-Juez del Juzgado contencioso administrativo nº 22 quien dictará su sentencia. Pero, en buena lógica, no podrá contradecir a la más alta instancia judicial europea. Se hará así evidente lo que ha venido defendiendo Ecologistas en Acción desde el primer momento: que pese a los intentos de distracción del Ayuntamiento, pocas dudas hay de la continua vulneración de la legislación ambiental que ha supuesto esta obra, que sólo ha estado sujeta a los intereses electoralistas de Ruiz-Gallardón. Convienen recordar que entre otros, la obra acumula un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, un duro informe del Parlamento Europeo y, ahora, un claro refrendo de su ilegalidad por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
* Ecologistas en Acción de Madrid - 25 de julio 2008
Foto: Madrid, túnel M30 - ayto. Madrid
en
25.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Madrid
Los municipios gallegos, los que menos suelo destinaron a vivienda protegida
FARODEVIGO* : Sólo el 3,9% de los terrenos de los concellos se usan para pisos oficiales. Ahora que la crisis inmobiliaria es evidente, desde las administraciones y las empresas relacionadas con el sector recetan como uno de los antídotos para superar el bache la apuesta por la vivienda protegida.
Fue uno de los acuerdos en la reunión que la Xunta mantuvo el pasado miércoles con constructores y promotores de la comunidad, el mismo día en el que el Gobierno central anunció una inversión de 300 millones el próximo otoño para adquirir suelo destinado a pisos de promoción pública. Lo cierto es que hasta el momento, los inmuebles de protección han sido los niños menos mimados de la familia del ladrillo, incluidos los ayuntamientos, que reservaban un porcentaje casi anecdótico de su patrimonio municipal en terrenos a este tipo de edificación. ¿Cuánto? Pues alrededor de un 4% en el caso de los gallegos, según un estudio que acaba de realizar el Tribunal de Cuentas, con datos de 2004. Muy lejos de la media nacional, un 16,3%, y del 30% y el 40% que, en función de su tamaño, tienen que reservar con la nueva normativa del suelo en Galicia en todos los desarrollos.
Por ley se garantizará una oferta a la que en el mercado libre dio la espalda. Los números hablan por sí solos. Frente a volúmenes de 38.000, de 40.000 viviendas levantadas cada ejercicio durante los años del boom del sector en Galicia, el número de pisos con alguno de los tres posibles tipos de protección nunca superó los 4.000. En 2007, por ejemplo, se terminaron 3.774 y empezaron las obras de 3.000.
¿A qué se dedican entonces los terrenos que los concellos tienen en propiedad, con la suma de los sucesivos 10% de los aprovechamientos urbanísticos que se desarrollan y que la legislación obliga a cederles? Pues la inmensa mayoría, el 79,2%, a fines, usos y actividades de interés social. Exactamente, el 69,3% a la urbanización y la ejecución de dotaciones y sistemas generales. Desde un ambulatorio a un parque. El resto, a otros fines sociales, como la conservación y mejora del patrimonio histórico, artístico o cultural u operaciones de promoción económica. Otro 16% va para usos que no están recogidos en la normativa la Xunta y que los ayuntamientos no tienen detallados, según recoge el Tribunal de Cuentas.
Desde el sector tienen varias explicaciones para dar una respuesta a esta distribución. El suelo, para muchos ayuntamientos, ha sido durante muchos años un alivio a sus ahogadas cuentas, a la falta de otros mecanismos de financiación. Una opción, en todo caso, legal, ya que la mitad del suelo que los promotores dejan a los ayuntamientos cada vez que actúan en una zona se puede utilizar para ponerla en el mercado de la construcción. "Se monetarizaba", explica Javier Garrido, presidente de la patronal promotora de Vigo y máximo representante también de federación que las agrupa en la comunidad.
Con sólo el 3,9% de su patrimonio municipal de suelo destinado a la construcción de viviendas oficiales, los municipios gallegos están a la cola de España en reserva de terrenos para este tipo de inmuebles. Una posición que comparten con los de Cantabria y Canarias, donde el porcentaje cae hasta el 0%, y Extremadura, con un 1,3%. Por encima de los datos de la comunidad, pero sin sobrepasar la media nacional, Andalucía, donde se alcanzó el 4,5%; País Vasco, hasta el 5,2%; los municipios madrileños, con un 8,1%; y los de las Islas Baleares, que rozaron el 11%.
A partir de ahí, las grandes diferencias. Porque en el resto de autonomías, la cesión de suelo de los ayuntamientos para pisos de protección supera el 20%. Como Murcia (20,5%) y Cataluña (29,1%). En Asturias, una región con características similares en población a Galicia, se llegó al 31%. Al 31,6% entre los ayuntamientos navarros; al 34,2% en la Comunidad Valenciana; al 36,2% en Castilla y León. Ya por encima del 40%, las administraciones locales de La Rioja y Castilla-La Mancha, con un 42,7% ambas. Y en lo más alto, las de Aragón, donde se alcanzó el 44%.
A los planes municipales de urbanismo de los concellos no les quedará otro remedio que dar la vuelta a estas reservas. En toda promoción habrá que dejar hasta un 30% de espacio para viviendas de protección en el caso de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y el 40% en el resto de localidades. Antes de la reforma de la Lei do Solo, la obligación se ceñía únicamente al 20%. Se llegará incluso al 50% en los suelos urbanizables no delimitados. Y todos, además, son porcentajes mínimos: si hay más demanda de pisos de protección, más suelo habrá que reservar. Con todas estas medidas, el Gobierno gallego pretende conseguir que el 40% de todos los pisos que se construyan a partir de ahora sean de protección y frenar en seco el acelerón del precio del metro cuadrado.
* Faro de Vigo - JULIO PÉREZ - 25.07.2008
Foto: Gráfico - AARÓN DÍEZ, farodevigo.es
en
25.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Galicia , NOTICIAS VIVIENDA
¿Una medida social o una ayuda encubierta a las promotoras?
SOITU* : ¿A quién va a beneficiar esta medida? ¿Por qué se hace ahora el anuncio? ¿Se trata de un intento 'encubierto' de ayudar a compañías ahogadas por las deudas, como Martinsa-Fadesa? Éstas y otras preguntas son las que ha despertado esta mañana el anuncio de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, de ofertar 300 millones de euros para comprar suelo a las empresas privadas, que destinará a la construcción de vivienda protegida (VPO). Unas han quedado resueltas, otras siguen en el aire.
¿Ayuda encubierta?
El Ministerio de Vivienda ha negado que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades. "La finalidad primordial de la acción del Gobierno no es tratar de impedir un ajuste que se ha manifestado necesario e imprescindible, sino garantizar el derecho constitucional reconocido a los ciudadanos de acceder a una vivienda", ha dicho Corredor, quien ha asegurado que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.
El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ratificaba estas afirmaciones tras su reunión con Mariano Rajoy, explicando que no se trata de una "ayuda encubierta" al sector.
Anuncio inesperado
La pregunta que surge entonces es: ¿por qué ahora?
Según el Ministerio, se lleva trabajando en este tema desde el pasado mes de mayo, pero al tratarse de "una operación compleja y de gran envergadura" había que ver cómo se articulaba y conocer el presupuesto que podía destinarse a una oferta "inédita en España". Y es que, aunque Sepes (la entidad pública, dependiente del Estado, que gestiona el suelo) lleva 40 años al pie del cañón, hasta ahora había trabajado en la creación de parques empresariales y su relación con el suelo residencial era "residual". Ahora, el Gobierno pretende dar mayor visibilidad a este organismo, que aumentará su presupuesto anual destinado a la compra y urbanización de terrenos industriales de 100 a 150 millones de euros, además de convertirle en el instrumento del que se va a servir para adquirir y urbanizar los solares residenciales que comparezcan a la oferta pública.
Su trabajo comenzará en octubre, con el estudio de las ofertas presentadas y su viabilidad económica, y contará con la ayuda de comunidades autónomas y ayuntamientos. Entre los criterios que más se valorarán en la elección de los candidatos se encuentran la susceptibilidad de transformación inmediata de los suelos, y su situación en poblaciones con una mayor demanda de vivienda.
En cuanto a ¿quién será el responsable de promover las viviendas? Desde el Ministerio aseguran que el proceso de promoción queda en manos de las administraciones regionales y municipales, que son las que tienen transferida la potestad en esta materia. Así, el promotor podrá ser una empresa privada elegida tras un concurso público o alguno de los organismos oficiales.
Javier García-Mateo, director de análisis de Aguirre Newman, apunta, además, que algunos fondos inmobiliarios, tanto nacionales como internacionales, también podrían estar interesados en entrar en la gestión de estas viviendas siempre que se comercializasen en régimen de alquiler. Y es que este tipo de sociedades necesitan tener un 30% del valor de su cartera en vivienda de alquiler para poder tributar el 1% del Impuesto de Sociedades y no el 35%, nos explica este experto.
Incógnitas
Queda sin definir aún qué peso tendrán en la elección final conceptos como la edificabilidad del terreno, o su ubicación; y se desconoce si se valorará más o menos que los suelos sean de renta libre o protegidos.
En opinión de Miguel Pinto, director de investigación de Grupo i, "el Gobierno buscará suelos en buenas ubicaciones, cerca de los centros urbanos". En cuanto a las promotoras les puede interesar más deshacerse del suelo libre, "ya que el destinado a VPO tiene un futuro más auspicioso, porque hay mayor necesidad de este tipo de viviendas y será más fácil venderlas y continuar con la actividad de la compañía", aunque sea perdiendo dinero. Porque el suelo libre, como la vivienda libre, es más caro que el protegido, que está fijado por las comunidades autónomas. De hecho, según Pinto, "es muy probable que los suelos comprados en los últimos dos años, cuando los precios estaban más altos, ahora se hayan devaluado". No obstante, este experto cree que todavía es posible "sacar rentabilidad" a los suelos adquiridos hace 5 ó 6 años; eso sí, si no están apalancados, es decir, si han sido pagados en su totalidad.
Transparencia
Los promotores opinan que la iniciativa del Gobierno es buena, pero que los 300 millones ofertados son una gota de agua en el inmenso mar de deudas en el que se mueven las inmobiliarias españolas, y en el que navegan cientos de compañías, muchas de ellas también con grandes patrimonios de suelo. Empezando por Martinsa-Fadesa, la principal terrateniente española, continuando con la mayoría de las cotizadas, como Colonial, Reyal Urbis o Metrovacesa, y finalizando por otras mucho más pequeñas. Es por ello que los promotores reclaman "una total transparencia" en el proceso de adjudicación, así como en las bases del concurso, "para descartar favoritismos", apuntan.
Con las cosas así, la decisión de acudir o no a este concurso será totalmente 'personal'. Manuel Martí, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), resume la elección en dos conceptos: "activos o tesorería".
* SOITU.es - GEMA FERNÁNDEZ - 23.07.2008
Foto: Vivienda, bloques - EFE
en
25.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS VIVIENDA
Roca, dos días, dos juicios: 1 año y 9 meses de cárcel
ELPLURAL/Málaga* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y tres ex concejales del GIL han aceptado voluntariamente, en el juicio del denominado "caso Belmonsa", la resolución de un año de cárcel y 18 años de inhabilitación. El ex asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca solo ha sido condenado a una pena de nueve meses de prisión, condena que ha aceptado también.
Roca deberá pagar una indemnización de 2,4 millones de euros por tráfico de influencias. En el supuesto de que no la abone podrá conmutarla por otro mes sin libertad en la cárcel. Los ex “gilistas” Román, Muñoz, González, Calle, Jiménez y Marisa Alcalá, todos ex ediles marbellíes, aceptaron de buen grado ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación genérico.
Zona verde
El delito cometido está relacionado con la concesión de una licencia urbanística por a la empresa Belmonsa SA en mayo de 1997 para la construcción de un edificio de doce plantas en suelo calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como zona verde. En el juicio finalizado ayer -primero derivado del caso Malaya., el presunto cerebro de la trama de corrupción de Marbella y ex asesor de Urbanismo, reconoció que pagó al juez Francisco Javier de Urquía 73.800 euros para la compra de la casa del magistrado.
Ayer: un año de cárcel
En una noticia anterior afirmábamos que la estrategia comenzada antesdeayer por Roca, en el juicio sobre el presunto cohecho protagonizado por el juez Urquía y el propio Roca, ha hecho feliz al cerebro “malayo”. Tras amenazar con contar todo lo que sabe a partir de ahora, en contra de todo pronóstico, cambió su declaración anterior e inculpó al juez de haberle solicitado ayuda económica para la compra de su vivienda. Por el momento los resultados le son favorables ya que consiguió una reducción a tan solo un año sobre la petición de condena del fiscal, que a “priori” era de tres años.
* El Plural - 24/07/2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
en
25.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Dénia dejará de cobrar el aprovechamiento a las promotoras pese a que el TSJ lo avala
LEVANTE/Alacant* : El tránsfuga del PSPV, Juan Collado, fue el encargado ayer de trasladar a los medios de comunicación los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local celebrada el miércoles. Entre los asuntos judiciales, el edil del grupo no adscrito sacó a la luz una sentencia del juzgado de primera instancia que estima el recurso interpuesto por Promociones e Inversiones Hiregón, SL, y obliga al ayuntamiento a devolver a la constructora 220.000 euros en concepto de aprovechamiento urbanístico.
La Junta de Gobierno Local celebrada el miércoles dio cuenta de esta sentencia, al igual que de otro fallo judicial a favor del consistorio dianense y de la gestión del anterior equipo de gobierno pero que ayer no fue revelado por Collado.
En este sentido, el ayuntamiento interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Alacant que la revoca y legitima el cobro del aprovechamiento urbanístico a la promotora Doramar, SL. Sin embargo, este fallo no fue comunicado ayer por Collado sino por el PSPV. El edil socialista, Vicent Grimalt, lamentó ayer que el pentapartito "presuma de transparencia pero luego, intencionadamente, en una rueda de prensa, hable de una sentencia y obvie otra, dependiendo de sus intereses".
Pacto antitransfuguismo
Por otra parte, la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo se reunirá el próximo lunes, 28 de julio, según fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas, para analizar entre otros los casos de los ayuntamientos de Dénia y Elx, propuestos por el PSOE y el PP, respectivamente.
La titular de Administraciones Públicas, Elena Salgado, presidirá la reunión de la citada comisión en la sede ministerial a la que asisten dirigentes de partidos políticos con representación parlamentaria. El pacto se reúne anualmente y son las distintas formaciones las que proponen los casos a estudiar.
* Levante-EMV - M. J. Mascarell/S. G., Dénia - 25 de julio de 2008
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)
en
25.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Las Palmas: La Justicia anula otra vez una actuación urbanística del PP en Guanarteme
LAPROVINCIA* : La Justicia acaba de dar un nuevo varapalo a la política urbanística que ha promovido el Partido Popular en el barrio de Guanarteme, cuando gobernaba en la capital grancanaria. Esta vez le ha tocado el turno a la unidad de actuación 09, denominada Barranco de Guanarteme, que ha sido anulada por la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al considerar que se ha utilizado un procedimiento urbanístico que es irregular.
Tal y como sucedió con la unidad de actuación para prolongar Mesa y López, anulada en el año 2004, los jueces consideran que esta fórmula urbanística no es la adecuada para actuar en suelo urbano consolidado, como el de Guanarteme.
En concreto, la unidad de actuación 09 contempla la renovación urbanística de varias manzanas del barrio de Guanarteme situadas en el rectángulo comprendido entre las calles Almansa, El Salvador, Numancia y Vergara. El objetivo es hacer una especie de rambla entre las calles Almansa y El Salvador para conectar la rotonda de Plaza de América con Las Canteras y construir varios edificios de cinco y siete plantas.
La actuación fue incluida en el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de 2000, cuando gobernaba José Manuel Soria, y en la adaptación del plan de 2005, bajo el mandato de Pepa Luzardo, se categorizó el suelo afectado por esta actuación como no consolidado.
El acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que aprobó dicha adaptación, fue recurrido por una vecina afectada por la unidad de actuación y los tribunales le han dado la razón.
URBANO. La sentencia es muy clara e insiste en varias ocasiones en que "es público y notorio que el barrio de Guanarteme es un suelo urbano, con todos los servicios, con encintado, pavimento de acera y alumbrado público".
La resolución no niega la necesidad de realizar una actuación urbanística en la zona, pero aclara que "no cabe confundir el grado de consolidación del suelo, con el deterioro de las construcciones o las dificultades de comunicación que apunta el Ayuntamiento. Esa zona de la ciudad es urbana".
* La Provincia - TERESA GARCÍA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - 24 de julio de 2008
Foto: A la izquierda, algunas de las viviendas afectadas por la unidad de actuación anulada. QUESADA, laprovincia.es
en
24.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Canarias
Silleda: El TSXG estima ilegal una obra prevista con 113 pisos
ELCORREO/Pontevedra* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechazó el recurso de la empresa Nova Carballeira 2002 contra la suspensión del estudio de detalle para una urbanización en Silleda. Este nuevo fallo, tras la denuncia de una vecina de la zona, llega tras un auto que estimaba la suspensión, como medida cautelar el pasado mes de junio, en vista de indicios de ilegalidad.
Esta decisión impedirá a la empresa abrir una calle en Travesa do Campo, y construir dos edificios, con un total de 113 viviendas, (tendría que cambiar el proyecto) para los que el anterior gobierno municipal de Silleda concedió licencia cuando estaba ya en funciones. El fallo del TSXG dice que hay pruebas más que suficientes de la ilegalidad del estudio de detalle, y que los perjuicios que causarían las obras serían de "difícil reparación". También estima que es falso que el consello consultivo estimara desfavorablemente la revisión del estudio iniciada por el Ayuntamiento. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, espera que este nuevo auto convenza al portavoz del PP, José Fernández Viéitez, de que el Ayuntamiento actuó "moi ben" al revisar el proceso. Para Pena, el TSXG vuelve a darle la razón y advierte que hay que preocuparse por los perjuicios a los vecinos que compraron allí un piso. Considera que Viéitez actuó de forma "irresponsable" y que "só atendeu ós intereses da constructora".
Cuatro pleitos
Nova Carballeira, que puede recurrir al Supremo, denunció a Pena por otras obras (algunas ya resueltas). Hay otras dos familias que denunciaron a la constructora .
* El Correo Gallego - C.G. • SILLEDA - 24.07.2008
Foto: Vista de los terrenos donde se proyectaron los edificios de Silleda/ Sangiao, elcorreogallego.es
en
24.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Galicia
Juzgan a Muñoz, Roca, Román y otros ex ediles de Marbella por la operación urbanística con Belmonsa
EUROPAPRESS* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga tiene previsto celebrar desde hoy jueves el juicio contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, el abogado José Luis Sierra y otros seis ex ediles marbellíes, entre los que se encuentra Pedro Román, por la operación urbanística con la empresa 'Belmonsa'.
La vista oral está también fijada para mañana viernes, el lunes 28 y el martes 29.
Este juicio fue fijado para celebrarse en febrero de este año, aunque fue suspendido después de que la defensa de Roca la solicitara por no haber tenido tiempo a instruirse la causa. El fiscal acusa, según el escrito de conclusiones iniciales al que tuvo acceso Europa Press, por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.
Los acusados son Muñoz, Roca, Román, los entonces ediles Rafael González, Mario Jiménez, José Marino Pomares, Manuel Calle, Marisa Alcalá y el abogado José Luis Sierra y la causa está en relación a la operación urbanística con Belmonsa sobre unos terrenos municipales y a las licencias otorgadas por la comisión de gobierno en 1997 a esa empresa para construir un edificio de 12 plantas con 112 viviendas en los Llanos de San Ramón.
Así, según el escrito provisional de acusación del fiscal, en una comisión de gobierno de mayo de 1997 se acordó otorgar licencia de obra al proyecto básico sobre un suelo calificado en una parte que quedaba afectado por el complejo como viario público según el plan general de 1968. Asimismo, en diciembre del mismo año, se concedió licencia al proyecto de ejecución de dicha promoción.
El ministerio público estima que con el otorgamiento de estas licencias "se culmina todo un proceso tendente a favorecer económicamente a la entidad promotora Belmonsa iniciado meses atrás, incluso antes de que se constituyese como persona jurídica tal entidad", en lo que tuvo una intervención decidida Roca, gerente de Planeamientos 2000 "desde la que se diseñó toda la operación de favorecimiento".
En este sentido, la acusación pública precisa que éste se prevalió de las relaciones personales con el entonces alcalde, Jesús Gil, que también fue acusado en su momento; y con el fin de "favorecer económicamente a los promotores" que luego crearon Belmonsa, consiguió que le diese el visto bueno a la operación urbanística. Por tanto, se firmó un convenio en 1997, que fue aprobado también por comisión de gobierno.
En el escrito se añade que el valor de la parcela municipal fue tasado en la cantidad de 83.800 euros y que, según la tasación pericial efectuada sobre la parcela de terreno cedida por el Ayuntamiento, el valor debía ascender en la fecha de la transmisión a más de dos millones de euros "propiciándose con ello un indudable negocio a la entidad Belmonsa, pues se permitió edificar en primera línea de playa".
Para Muñoz y la mayoría de los ex ediles, el fiscal pide dos años de prisión y 18 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, mientras que para Roca pide 10 meses de prisión por un delito de tráfico de influencia y 2,4 millones de multa. A Román le acusa sólo de un delito de prevaricación, por el que solicita una pena de inhabilitación durante ocho años.
* Europa Press - MÁLAGA, 24 Jul 2008
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
en
24.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Oficina de Urbanismo / El Roto

El Roto, delincuencia urbanismo, 24jul08 - elpais.com
en
24.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: GRÁFICOS/ VIÑETAS
"Nos das 60.000 euros y subsanamos el error"
ELPAÍS/Alicante* : "Para subsanar este error, debes realizar una aportación económica al partido. Ya te diremos de cuánto es". Estas palabras, pronunciadas por el abogado alemán Kai Oliver Wagner el pasado 28 de junio fueron las que convencieron al constructor Pedro Sánchez de que el alcalde de Benitatxell (Alicante), en cuyo nombre hablaba Wagner, quería exigirle dinero a cambio de mantener como urbanizables unos terrenos que habían sido desclasificados en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Ese mismo día, Sánchez denunció los hechos ante la Guardia Civil.
Esta trama, por la que el alcalde de Benitatxell, el independiente Juan Cardona; su primera teniente de alcalde, la austriaca Hannelore Rheindorf; el abogado alemán y el arquitecto municipal están imputados por un presunto delito de cohecho, comenzó a mediados de junio. Sánchez se dio cuenta de que en el nuevo PGOU de Benitatxell sus ocho parcelas ubicadas en la partida Alcassar, urbanas desde 1989, se habían convertido en suelo protegido. Convencido de que se trataba de un error, acudió al Ayuntamiento, donde el arquitecto le dijo que debía hablar con el alcalde, "porque es el que tiene toda la documentación". Cardona le dijo al constructor que no era un error, sino una decisión técnica, si bien le matizó que todo podría arreglarse. "Yo puedo hacer lo que quiera con el PGOU, eso es lo que me han dicho desde arriba, y no tienes por qué preocuparte", le aseveró el alcalde a Sánchez.
Una semana más tarde, el 26 de junio, una funcionaria se puso en contacto con el constructor y, de parte del alcalde, le informó de que pronto le llamaría un abogado "para solucionarlo todo". Efectivamente, Wagner le telefoneó diez minutos después. "Yo le pregunté", afirma Sánchez, "si quería que nos viéramos en su despacho o en el mío, y él me dijo que en ninguno de los dos, que mejor en el bar del campo de golf. Aquello ya me pareció sospechoso".
La reunión entre los dos tuvo lugar en ese bar el sábado 28 por la mañana. Según Sánchez, en el encuentro el abogado alemán le insistió en que el Ayuntamiento estaba "por la labor" de solucionar el problema, mientras el promotor recalcaba que "no era un problema, sino un error". A este encuentro, le siguió otro, el lunes 30 de junio. De esta segunda reunión ya estaban al tanto los agentes del instituto armado, y en ella se pactó el precio que debía pagar el empresario por mantener la clasificación de su suelo. "Todo solucionado. Para subsanar el error, nos das 60.000 euros", relata Sánchez que le dijo el abogado. Y respondió: "Es una exageración. Me pedís dinero a cambio de nada. Yo sólo pido que me den lo que me corresponde. Lo tengo que pensar". Finalmente, el constructor ofreció 40.000 euros y el abogado pidió 50.000, cifra en la que se cerró el trato en una tercera reunión, el 7 de julio. Ambas partes quedaron para realizar la entrega del dinero al día siguiente, martes 8 de julio, a las doce del mediodía. Wagner se presentó con un documento firmado por el arquitecto municipal que garantizaba que los terrenos seguirían siendo urbanizables y no se desclasificarían, pero el constructor alegó que la simple rúbrica del funcionario no era suficiente. Tres cuartos de hora después llegó la primera teniente de alcalde y le dio el papel firmado por el alcalde. El dinero nunca llegó a entregarse porque en ese momento la Guardia Civil detuvo al abogado y después a la concejal. El alcalde fue arrestado por la tarde.
En su declaración ante el juez, el regidor y la edil se autoinculparon. No obstante, en su primera comparecencia pública, tras quedar en libertad con cargos, el primer edil alegó que se trataba de una "trama" y que no pensaba dejar el cargo. Ayer Cardona se reafirmó en esa tesis: "No tengo nada que esconder, ni pienso dimitir. Ahora necesito trabajar por el pueblo".
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 24/07/2008
Foto: Benitachell (Alicante), urbanización Cumbre del Sol - elpais.com
en
24.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
"Ni compro, ni ganas de ello. Prefiero el alquiler"
ELPAÍS/Reportaje* : Rubén Dorado y su pareja viven en Cáceres, ambos son ingenieros jóvenes y nos cuentan que "se han quedado fuera del mercado de la vivienda por haber esperado demasiado tiempo para comprar". El problema que les hizo desisitir, explican, fue "la desproporción entre salarios y precio de la vivienda por un lado, y entre hipoteca y alquiler por otro". Ahora prefieren el alquiler.
"El principal argumento que se suele esgrimir contra el alquiler es que se trata de dinero 'perdido', mientras que con la compra, ese dinero lo puedes recuperar. Esto ha sido cierto hasta cierto punto hasta que reventó la burbuja, pero hoy ya no lo es. Para empezar, teniendo en cuenta los intereses, por una hipoteca de 180.000 euros a 30 años, se acaban pagando 360.000 euros (¡exactamente el doble!). Es decir: después de 30 años has pagado tu casa y le has comprado otra igual al banco. Además, después de esos 30 años esa vivienda no vale los 360.000 euros que te permitirían recuperar la inversión. Es de esperar una cierta revalorización, pero también se tratará de un piso viejo, con 30 años, que necesitará reformas importantes (si no han sido ya asumidas por el propietario), lo que reduce su valor. Además, aunque quieras salir de esa casa antes, sigues necesitando una vivienda, luego no es un gasto del que te puedas librar."
"Pero eso no es todo: durante los primeros años, de los 1000 euros que pagas cada mes, 700 son limpios para el banco en concepto de intereses y solo 300 son para la amortización del capital. Sinceramente, prefiero 'regalar' 500 euros al casero y disfrutar yo los otros 500. Aunque claro, para poder tomar esa decisión, primero tendría que tener ahorrados 45.000. O buscar un préstamo semejante que acumular a la hipoteca.... En definitiva: que ni compro, ni ganas de ello."
"Estamos temblando con la siguiente revisión que la tenemos en octubre"
Marta López nos cuenta los problemas de una pareja media española, un ejemplo que seguro ilustra la situación de muchos: "Somos una pareja de jóvenes, que nos compramos nuestra vivienda hace tres años y medio en Madrid, en concreto en Parla. De aquella, era una de las zonas "más asequibles" (tampoco era una ganga, pero sí de lo más bajo de todos los sitios que miramos). No nos hipotecamos por encima de nuestras posibilidades, pero sí hemos visto aumentado nuestro pago mensual. De 850 euros que pagabamos hace 2 años y medio, ahora estamos en casi 1100, que si se suma mes a mes, es mucho dinero, y ahora estamos temblando con la siguiente revisión que la tenemos en octubre, con la subida de agosto, así que como en 2 semanas esto no cambie (sería un milagrito) nos va a subir casi 1 punto!!! No sé cuanto más mes a mes...Sumando a esto, está que me despidieron del trabajo el año pasado y en el actual cobro bastante menos (tengo que agradecer que por lo menos tengo, viendo como está la situación laboral )..Menos mal, que de momento, siendo dos, vamos pagándolo,privándonos de salir los findes, consumiendo menos.... y sin visión de futuro familiar.
Otro lector, Alejandro Baca, por su parte, pone el acento en la subida de tipos y en cómo ha afectado a quienes tienen una hipoteca. "Yo creo que, en contra de lo que se dice, los pisos no subían hace unos años: a todo el mundo le costaban unos 800-1000 al mes; lo que en realidad aumentaba era el plazo de las hipotecas, y claro, eso hace que sean más vulnerables a los tipos de interés, por eso es ahora cuando de verdad está subiendo el precio de los pisos.La gente no se daba cuenta que, además de comprar el piso, tenía que comprar el dinero (al banco) para comprar ese piso. Y comprar el dinero es muy caro".
"¿Por qué todos dejaron que la burbuja fuera tan grande?"
Entre estos casos destaca el de una lectora que asegura que no tiene problemas para pagar su casa porque, pese a Trichet, [el presidente del Banco Central Europeo], en pleno boom inmobiliario no se le "fue la cabeza", sino que compró "un piso según" sus posibilidades económicas "presentes y futuras". "Me negué, pese a ir contracorriente, a pagar en dinero negro las cantidades indecentes que se pedían con toda la naturalidad del mundo y resulté antipática a fuerza de afear a los vendedores el precio que pedían por inmuebles que no valían ni la mitad". "Hoy contemplo lo que pasa y no me sorprende, lo que me ha extrañado es que todos dejaran que se hiciera la bola, burbuja o pelotazo tan grande".
También subrayamos la situación de un divorciado hace "siete años". "Me quedé con todas las deudas del matrimonio y con la guarda y custodia de mis dos hijas de nueve y doce años. Mi salario es de 1.100 euros al mes. Mi hija pequeña es celiaca, enfermedad muy costosa por no subvencionar nada la Seguridad Social. Hemos podido vivir decentemente hasta ahora, incluso una de mis hijas convalida sus estudios de bachillerato con el conservatorio".
Pero con la actual crisis "los días" de su familia "están contados". "No puedo reunificar mis deudas a pesar de que mi vivienda en propiedad permite hacerlo, sin embargo la Junta de Andalucía no me permite descalificar mi vivienda para poder reunificar dichas deudas. La ayuda del gobierno andaluz es pura propaganda y con nula sensibilidad social. Es mi casa en propiedad y son mis hijas, para sobrevivir ahora necesito 1.500 euros al mes y solo gano 1.100".
Este lector se pregunta qué hace ahora. ¿Esperar embargos, perder el trabajo? "Desde aquí quiero dar las gracias a la Delegación de la Vivienda de la Junta de Andalucía por disponer de lo que no es suyo y sentenciarnos a la miseria".
Julián del Castillo habla de la publicidad engañosa. "Un préstamo hipotecario es aquel en el que la finca hipotecada sirve como garantía de pago, según la RAE" y "si esto no es así, los bancos incurren en publicidad engañosa".
Si los bancos no hacen un buen estudio del riesgo, es su problema. Deberán hacerse cargo de la deuda usando sólo el aval hipotecario que es lo que está firmado en el contrato y no embargando los sueldos de las personas que son su única forma de supervivencia. Si las notarías permiten el dinero bajo cuerda están viciando el sistema y generando una burbuja de dinero negro que se escapa al fisco y dinamita todos los sectores. Si el gobierno y las distintas administraciones no velan por el cumplimiento de las leyes y rectifica las que sean necesarias, anticipándose a los problemas, está agravando el problema y creando una sensación de todo vale, que han aprovechado inmobiliarias, constructoras, notarios, tasadores, ayuntamientos, etc
Hay otro punto en el que no se suele entrar a valorar y es la poca utilización de la cancelación parcial de los préstamos. Culpables, los propios hipotecados y la administración de Hacienda, al desgravar en el IRPF las cantidades depositadas en préstamos hipotecarios, dando el dinero al hipotecado, cuando en realidad tendría que ir directamente a una cancelación parcial del préstamo.
Este lector, ante la "situación de caos", aporta algunas soluciones:
1.- Utilizar fondos sociales de las cajas de ahorro a ayudar en las hipotecas a los clientes de dichas cajas que tengan dificultades y que con su dinero han aportado a dichos fondos sociales.
2.- Cancelación parcial obligada y automática de las reducciones del IRPF en los préstamos hipotecarios.
3.- El mercado hipotecario se recuperará, por lo que se debería obligar a bancos y cajas a una moratoria antes de sacar el bien embargado al mercado y compra preferente para el antiguo dueño.
"Yo le he dedicado a este escrito una hora, pero seguro que todos los departamentos de las distintas administraciones: estatales, autonómicas y locales, así como los juzgados y notarías que se sustentan con los impuestos de todos los españoles pueden encontrar muchas más propuestas y soluciones y no entrar en una espiral de desánimo y de tararear la canción: "Si te ha pillado la vaca j..".
Miquel se pregunta si no será "que el BCE sube los tipos de interés para atraer a los capitales internacionales además de por contener la inflación". En su opinión, "un poco de inflación no debe ser tan mala: los precios y los salarios siempre aumentan, más despacio o más deprisa. Pero claro, si yo soy un fondo de capital que tengo que invertir mis millones, me sale más a cuenta invertir donde los intereses son más altos". "Es decir, una forma de atraer inversiones extranjeras y de impedir que los capitales propios se vayan a otras economías, es subir los tipos de interés. Es ofrecer ganar más dinero al dinero".
Este lector añade que "el que un montón de ciudadanos vean cómo una cada vez más grande parte de sus ingresos se tiene que dar al banco debe ser sólo un efecto colateral más". "Yo no acabo de entender qué tiene de malo que dispongamos de más dinero para consumir. Al fin y al cabo, el consumo es la base de la actividad económica. Y, claro, según esta teoría, a base de restringir el consumo al subir las cuotas de los préstamos, la economía frena su crecimiento".
"A nuestra familia no nos ha afectado la crisis inmobiliaria porque tenemos casa desde antes de la caída de las inmobiliarias, pero nos afecta, y mucho, la subida de los tipos de interés, que es una de las causas de la crisis inmobiliaria. En concreto las cuotas de la hipoteca ya suponen más del 33% de los ingresos familiares". Finaliza Miquel añadiendo que "un infantil punto de vista nos muestra que en lugar de poder ir de vacaciones, le damos más dinero al banco a cambio de nada".
* ELPAIS.com - Madrid - 23/07/2008
Foto: Se Alquila, se vende, carteles Madrid - C.Alvarez, elpais.com
en
24.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS VIVIENDA
¿De confianza?
ELVIRA LINDO* : Que una de las lacras que minan la democracia española casi desde su nacimiento y que es urgente atajar es la corrupción urbanística, está a la vista de cualquiera; que en las autonomías, la cantidad de enchufados que deriva de los cargos políticos es abusiva, lo sabemos; que ese abuso se calca en los ayuntamientos, está a la vista. No en todos, por supuesto, pero, dada la frecuencia de los casos de corrupción que se han destapado en los últimos años, tenemos derecho a concluir que hay una evidente desinformación de lo que es el servicio público.
Ya no basta con que la justicia castigue los excesos de quien se lo lleva crudo. Este espectáculo de concejales entrando en los juzgados no es más que una tirita para una herida profunda. Los partidos expulsan a los políticos inculpados y la propia expulsión se muestra como prueba de que los mecanismos correctores de la democracia funcionan. Aquí paz y después gloria. Pero eso no debiera bastar, menos aún, en tiempos de la Innombrable (¿crisis?), en que el ciudadano raso ha de vivir austeramente.
Titulares como el que ofrecía el otro día este periódico, El nuevo alcalde de Estepona destituye a veinticinco cargos de confianza, hielan la sangre. ¿Veinticinco? ¿De verdad son necesarios veinticinco cargos de confianza en un Ayuntamiento como el de Estepona? ¿Cuántos debe tener entonces el Ayuntamiento de Barcelona, el de Madrid? ¿Trescientos? ¿Son todos ellos absolutamente necesarios? Leyendo la noticia al completo, podías informarte de que había otros veintitantos cargos que podrían seguir en sus puestos dado que, felizmente, habían sido contratados por empresas asociadas. Las sociedades clientelares, tan dependientes de la política, acaban generando poderes crustáceos, inamovibles. Salvo que la ciudadanía despierte y se rebele. En España ni siquiera se está desperezando.
* ELPAIS.com - Opinión - 23/07/2008
en
24.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
La UNESCO rechaza el proyecto de Caja Duero para las Adoratrices
LAVOZ/Salamanca* : El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO rechaza el proyecto de Caja Duero para el Huerto de las ADoratrices. Una nueva misión de expertos elaborará un borrador de Declaración de Valor Universal Excepcional en el que se especifiquen las condiciones de integridad y autenticidad que debe mantener la Ciudad Vieja de Salamanca.
La UNESCO recuerda que, según la Convención de París, debe ser informado de todos los proyectos urbanísticos significativos que se puedan llevar a cabo en la zona declarada y en las colindantes.
Comunicado de prensa de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio
El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en su 32ª Sesión, celebrada en Québec (Canadá) del 2 al 10 de julio de 2008, ha rechazado el proyecto de construcción de un edificio en el Huerto de las Adoratrices de Salamanca, promovido por Caja Duero.
A pesar de valorar que el proyecto de Álvaro Siza y Juan Miguel Hernández reduce alturas y volúmenes con respecto al anterior proyecto, el Comité considera que no se han atendido las recomendaciones de la misión enviada en el año 2002. Así, califica el proyecto de contradictorio y ambiguo y pide que se suspenda su desarrollo hasta que una nueva misión de expertos evalúe el estado de conservación de la zona protegida, el proyecto en sí, las medidas de gestión y la protección de las zonas colindantes. Además, el Comité lamenta que no se haya producido ningún avance en el desarrollo de un Plan Integral de Gestión de la zona declarada, como viene solicitando desde hace años, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.
Solicita que se elabore un borrador de Declaración de Valor Universal Excepcional en el que se especifiquen las condiciones de integridad y autenticidad que debe mantener la Ciudad Vieja de Salamanca en cuanto Bien declarado Patrimonio de la Humanidad.
También solicita ser informado de todos los proyectos urbanísticos significativos que se puedan llevar a cabo en la zona declarada y en las colindantes, algo que no ocurre en la actualidad. En el último año, desde nuestra Asociación, se ha informado puntualmente al Comité de la evolución de tres proyectos: construcción de un edificio de nueva planta en el huerto de las MM. Adoratrices, construcción de un aparcamiento subterráneo de vehículos en la plaza de los Bandos y construcción de un edificio de nueva planta en la parcela de la Casa de los Niños de Coro, todos estos proyectos estarían inscritos en la zona declarada en 1988 Patrimonio de la Humanidad.
Por último, el Comité pide explicaciones acerca del desarrollo del Convenio entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca, firmado en 2007, para establecer objetivos de conservación del patrimonio declarado.
Desde la Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” lamentamos que, una vez más (y precisamente en el año 2008, cuando la ciudad se prepara para celebrar los 20 años como miembro integrante de la lista de Ciudades declaradas Patrimonio Mundial), Salamanca vuelva a aparecer en la lista de Bienes objeto de debate en las reuniones del Comité del Patrimonio Mundial. Desde el año 2002, el Comité, año tras año, ha dicho no a la destrucción del huerto de las MM. Adoratrices y no a la construcción de edificio alguno en un espacio libre en cuyo entorno se ubican hasta siete Bienes de Interés Cultural. Aparecer en esta lista es señal de que las cosas no se hacen bien. Aparecer siete años seguidos es una vergüenza. En este año, tan sólo dos bienes españoles son analizados por el Comité: Obras de Antonio Gaudí (por el paso del AVE bajo la Sagrada Familia) y la Ciudad Vieja de Salamanca. El empeño de Caja Duero, inconsciente, y la actitud, irresponsable, de las administraciones públicas derivan en un riesgo que Salamanca no debe correr. De momento, recalcamos, el Comité auditará el estado de conservación de Salamanca a fin de saber si por su “integridad y autenticidad” debe seguir mereciendo el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y solicita, formalmente (algo que nunca antes había ocurrido), la suspensión de toda tramitación administrativa relativa al polémico proyecto de Caja Duero.
Es hora de que nuestras autoridades, que desde hace días conocen las decisiones adoptadas por el Comité, se tomen en serio la labor de gestionar un Bien declarado Patrimonio Mundial con el fin de que el nombre de la ciudad desaparezca del listado de asuntos analizados en las reuniones del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Porque, en este caso, no estar en la lista es señal de que la gestión es correcta.
* La Voz de Salamanca - AGENCIAS / José A. Andrés - 12 de julio de 2008
Foto: Salamanca, Las Adoratrices - lavozdesalamanca.com
en
23.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS CastillaLeón
ARCA augura "en breve" acciones penales contra los alcaldes que no ejecuten las sentencias de derribo
EUROPAPRESS* : La asociación ecologista ARCA cree que "en breve" se empezarán a mover en Cantabria "acciones" penales contra los alcaldes que no ejecuten las sentencias firmes de derribo, porque podrían estar incurriendo en delito de desobediencia. Está por ver, según dice, si esas acciones partirán de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria o de la propia asociación, pero lo que tienen "más que claro" es que los hechos pueden tener "relevancia penal".
Así lo explicaron hoy en rueda de prensa el presidente y el vicepresidente de la asociación, Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, justo un día después de hacerse públicas cuatro nuevas sentencias que suponen la anulación de las licencias concedidas a Fadesa para la construcción de 122 viviendas en el Alto del Cuco, cuyo derribo pedirá Arca tan pronto como las sentencias sean firmes.
Según señaló Herrera, Arca está estudiando la posibilidad de emprender acciones penales contra aquellos alcaldes que están "simulando" ejecutar las sentencias de derribo pero "no tienen intención" de llevarlas a efecto. Y es que, destacó, los propios fiscales "se dan cuenta de que la no ejecución de las sentencias de derribo es uno de los principales escollos para aplicar la normativa urbanística".
"Las sentencias firmes de derribo deben ser ejecutadas porque esto es el sustento del estado de derecho. Lo que no puede ser es que lo que esté hoy prohibido, mañana, a través de soluciones parlamentarias o de presiones, esté permitido", recalcó el vicepresidente de Arca, quien opinó que puede tratarse de un delito de desobediencia por no ejecución de sentencia, sancionable al igual que el caso Atutxa.
Para Herrera, en Cantabria se está "larvando" un debate sobre la ejecución o no de sentencias que demuestra que su sociedad "no ha alcanzado un nivel democrático saludable" porque en sociedades con buenos niveles democráticos "las sentencias se cumplen, no se buscan artimañas".
Con la anulación de licencias de estas 122 viviendas en el Alto del Cuco, el vicepresidente de ARCA explicó que se suman nuevas viviendas con sentencia de derribo a la "bolsa" de 500 que ya había en la región, lo que eleva prácticamente a 630 esa bolsa.
PRINCIPAL FOCO DE CORRUPCIÓN
Las cuatro sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander demuestran además, a juicio de Canales, que Arca ha hecho una vez más "de forma acertada" su trabajo en defensa del medio ambiente y que la justicia "ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y ha hecho bien su trabajo".
Pero esto, pone a la vez de manifiesto que "el resto de administraciones no lo están haciendo bien" y que la administración "está implicada en estos procedimientos de urbanismo salvaje" y está manteniendo una gestión "nefasta", que va "contra la legalidad" y se "salta" las normas que ella misma hace, agregó.
En palabras de Canales, con estas sentencias también se hace patente que los ayuntamientos "siguen siendo el principal foco de desórdenes urbanísticos e incumplimientos contra le ley del Suelo y Ordenación del Territorio" y "el principal foco de corrupción urbanística".
Para hacer frente a esa situación, la asociación apuesta por abordar modificaciones legislativas, la primera de ellas en relación a la Ley del Suelo para "quitar" competencias a los ayuntamientos, fundamentalmente para que no puedan aprobar planes parciales ni modificaciones de su planeamiento y un organismo regional se ocupe de ello.
La otra modificación que propone Arca, según explicó Canales, es que los políticos y los promotores "respondan con su patrimonio personal de los daños causados" porque "no puede ser que se vayan de rositas" y se intente "reparar" el daño con "el dinero de todos". Puso el ejemplo de los directivos de Fadesa --promotora de las viviendas del Alto del Cuco-- que, según dijo, viajan "en avión privado" y tienen contratos "blindados", mientras "van dejando marrones" como éste.
MÁS LICENCIAS RECURRIDAS
José Ángel Herrera explicó que las sentencias sobre las licencias de las 122 viviendas del Alto del Cuco conocidas ayer eran "más que esperables" y estaban "absolutamente cantadas", puesto que el Plan Parcial del Sector 2 del Alto del Cuco ya había sido anulado.
Ahora habrá que esperar a ver qué sucede con las demás licencias (eran unas once en total), porque la asociación recurrió todas las concedidas para la construcción de las cerca de 400 viviendas proyectadas en el Alto del Cuco. Herrera se mostró convencido de que se aplicará la misma doctrina que en las cuatro primeras sentencias y quedarán con ello anuladas las licencias.
Las cuatro sentencias ya conocidas no son firmes, porque cabe recurso y la asociación no sabe si el Ayuntamiento, Fadesa o alguno de los particulares afectados habrá recurrido la decisión. En cualquier caso, Arca esperará a que sean firmes para pedir entonces la aclaración de sentencia y el derribo de las viviendas, aunque, según Canales, "se sobreentiende" que la anulación firme de licencias conlleva la demolición.
La asociación también pedirá entonces la restauración del monte que, a su juicio, puede resultar más costosa económicamente que las indemnizaciones a los afectados.
* Europa Press - SANTANDER, 23 Jul. 2008
Foto: Piélagos (Cantabria), urb. Alto del Cuco - S.Cirilo, elpais.com
en
23.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Cantabria
Uno de los cerebros del 'Guateque' admite que recibió gratificaciones
ELPAÍS/Madrid* : "En vez de invitarme a una comida, me pagaba". Victoriano Ceballos, ex jefe de la división de Impacto Medioambiental del Ayuntamiento de Madrid y supuesto cabecilla del caso Guateque (la trama de corrupción en la concesión de licencias municipales), reconoció ayer ante el juez Santiago Torres que recibió dinero de la arquitecta técnica Pilar García Uceda, con la que había colaborado en varios trabajos.
Entre los dos realizaban proyectos de expedientes que más tarde se mandaban a la Concejalía de Medio Ambiente, según fuentes jurídicas. Además de Ceballos, también declararon otros tres funcionarios municipales y 10 empresarios en una maratoniana jornada en el Juzgado de Instrucción número 32 de Plaza de Castilla.
Al supuesto cerebro del caso Guateque se le imputa un delito de actividades prohibidas a los funcionarios, el cobro de gratificaciones. A las preguntas sobre la incompatibilidad de las colaboraciones con su condición de funcionario, Ceballos aseguró ante el juez que pensaba que ya estaría "jubilado" cuando "los proyectos llegasen a su departamento debido a la larga tramitación que soportan los expedientes".
Al entrar en la sala, Ceballos explicó al magistrado durante más de una hora cuál fue la tramitación de "tres o cuatro" expedientes de licencias de locales de 2005. "Todos siguieron el curso habitual. No se han producido irregularidades", afirmó después en los pasillos de los juzgados. "No cobré un duro ni por los informes ni por acelerar expedientes". El antiguo funcionario, sin embargo, admitió que sólo se aceleraban las licencias que "políticamente se mandaban adelantar". Antes de declarar, Ceballos insistió en que "no hay ninguna trama", y achacó su imputación a que era el único funcionario que evaluaba los informes que pasaban por Medio Ambiente. "Por eso todos tienen mi firma", puntualizó.
El otro principal imputado que compareció ayer fue Joaquín Fernández de Castro, antiguo jefe del departamento de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente. Coincidió, y charló en varias ocasiones, cerca de tres horas en los pasillos del juzgado con Ceballos. Entre paseo y paseo, Fernández de Castro declaró que "se está cometiendo un atropello disparatado". Ya ante el juez, el funcionario afirmó que habría destituido a Ceballos en el caso de haber tenido constancia de las irregularidades. Ambos funcionarios, que salieron de prisión el pasado 24 de enero, previo pago de 60.000 euros, están imputados por delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y actividades prohibidas a los funcionarios.
La anécdota del día corrió a cargo de Antonio López González, socio en la cafetería Nuevo Riaño de Manuel Pérez Gallego. Éste debía declarar ayer como imputado. "Pero si murió hace tres años", dijo López González cuando su socio fue llamado por el tribunal.
Miguel Ángel García Jodar, ex técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, fue el encargado de abrir la sesión matinal. Él preguntó acerca de unos expedientes en la calle de Lagasca y el funcionario respondió que él sólo hizo las mediciones y nunca falseó datos.
El único empresario imputado que realizó declaraciones fue José Fernando Hurtado Roma, dueño del pub Deyavu, en Ciudad Lineal, y acusado de pagar una comisión por una licencia municipal. Se mostró muy sorprendido por la citación porque pidió una licencia en mayo de 2006 y aún no la tiene. "Lo que he pagado han sido 1.102 euros por un proyecto", aclaró.
* ELPAIS.com - ROBERTO TAMAYO - Madrid - 23/07/2008
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - abc.es
en
23.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Madrid
Roca: "Di el dinero a Urquía en dos sobres"
ELPAÍS* : La sorpresa saltó a las 9.45. Por primera vez desde su detención por la trama de corrupción de Marbella, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca se autoinculpó ayer ante un juez. "Yo pagué 73.800 euros a Urquía para la compra de su casa. Preparé los pagos personalmente y se lo entregué en dos sobres distintos. Quedamos en vernos a mediodía, sobre las tres de la tarde, cuando no había nadie en mi oficina".
Estaba en pleno juicio acusado de pagar al magistrado para conseguir favores judiciales. En concreto, la suspensión judicial de un programa que se emitió en marzo de 2006 en una televisión local en el que se hacía público su patrimonio.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) juzga a Roca junto al magistrado Francisco Javier de Urquía, ex titular del juzgado número 2 de Marbella, y el empresario Arnaud Fabrice Albouhair en una causa derivada del caso Malaya. Todos se enfrentan a tres años de prisión por delitos de cohecho y negociación prohibida a funcionario público. El magistrado, apartado de la carrera judicial desde hace un año, está acusado además de prevaricación judicial.
Era el turno de Roca para decir si estaba de acuerdo o no con los cargos. "Estoy parcialmente de acuerdo respecto del cohecho", dijo. La presidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, pidió que se acercara al micrófono para oír mejor lo que decía. "He decidido decir la verdad en contra del consejo de mi abogado. Para mí no es fácil declarar hoy lo que estoy declarando", añadió después.
El giro de Roca, que en dos declaraciones anteriores negó todos los cargos, cayó como un rayo en la defensa de Urquía. El abogado Antonio González Cuéllar trató sin éxito de volver a suspender el juicio, aunque sí logró un receso para asimilarlo y preparar su interrogatorio.
El ex asesor de Urbanismo no relacionó el pago al juez con la suspensión del programa de televisión que tanto le incordiaba. "Le entregué el dinero para que me ayudara con temas judiciales", dijo. Roca negó haber hablado con el juez sobre el programa, pero reconoció a preguntas del fiscal que era "el único asunto" que tenía pendiente en el juzgado de Urquía.
Cuando le llegó el turno al juez, lo negó todo. "Roca miente (...) el dinero me lo dieron mi padre y mi esposa", dijo. El juez insinuó que el giro de Roca se debe a que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Aseguró que le habían llegado "rumores" de "compañeros de Madrid y de Granada" sobre un "acuerdo para que Roca consiga trato de favor en otras instancias". El ex asesor de Urbanismo lo negó.
Urquía no declaró en el banquillo. Al ser abogado y defenderse a sí mismo, lo hizo desde el estrado y con la toga puesta. Durante la hora que duró su interrogatorio negó haber asesorado a Roca. Para Urquía, el ex asesor de Urbanismo marbellí era prácticamente un desconocido. "No he hablado en mi vida con él por teléfono, he coincidido dos veces en actos sociales" en el local de su amigo Albouhair.
Dos de los inspectores del caso Malaya explicaron al tribunal cómo surgió el caso, que el magistrado Miguel Ángel Torres, primer instructor del caso Malaya, derivó al TSJA porque estaba implicado un juez. "Todo comenzó cuando el juez Torres nos pidió que averiguáramos dónde habían ido a parar 150.000 euros que el promotor Ávila Rojas reconoció haber pagado a Roca", contó un policía. En los apuntes de contabilidad intervenidos vieron que ese dinero se desglosaba en dos pagos, uno de 63.000 euros y otro de 10.800 y tras hacer un rastreo descubrieron que las cantidades coincidían con el contrato de compra venta de una vivienda en la urbanización marbellí Azalea Beach y dos recibos a nombre de Francisco de Urquía Peña.
Con estos datos, y la fecha en la que se firmó el contrato, los investigadores repasaron las conversaciones telefónicas grabadas a Roca y descubrieron una conversación con Arnaud Fabrice Albouhair, en la que una voz en segundo plano asesoraba al ex asesor de urbanismo sobre la mejor forma de conseguir la retirada del programa de televisión. "Fue el propio Miguel Ángel Torres quien reconoció la voz del juez Urquía en la conversación telefónica", coincidieron. "Esto es una trayectoria de pagos, no un pago único", aseguró uno de los inspectores.
Dos inspectores de Hacienda, que declararon como testigos, explicaron que en el caso Malaya se intervinieron 10 gigas de información y 40.000 documentos que todavía están analizando. "Todavía hay aportes no identificados", dijo uno de ellos.
* ELPAIS.com - JUANA VIUDEZ - Granada - 23/07/2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
en
23.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Benalúa Sur. Otro proyecto caro para la ciudad
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO/Alicante* : Qué pensarían ustedes de alguien que cediera sus propiedades, renunciara a buena parte de los beneficios que pueden derivarse de ellas y posibilitara así que una empresa privada aumentara los suyos? ¿Qué pensarían ustedes si esa conducta la adoptara un Ayuntamiento y que, para realizarla, cesara a los dos técnicos que se oponían a suscribir unos acuerdos aparentemente al menos lesivos para la ciudad? ¿Qué pensarían ustedes si alguien cediera terrenos recibiendo a cambio un valor infinitamente inferior al real?
Cada cual puede pensar lo que estime oportuno dentro de sus preferencias y de su ingenuidad, pero yo, que de ingenuo ya tengo poco, creo que tras este tipo de negocios ruinosos ha de buscarse una razón, la que sea, pero nunca la superior que debe presidir las actuaciones de la Administración Pública.
Puedo entender que haya distintas sensibilidades a la hora de aprobar proyectos de actuación urbanística; puedo entender que existan diversas maneras de concebir el desarrollo de una ciudad; pero nunca, jamás, puedo asumir la pureza absoluta de unas decisiones que han venido acompañadas de actuaciones tan llamativas como el despido y traslado de los técnicos informantes a favor del Ayuntamiento, pero en contra de las decisiones del PP (que no es lo mismo, pues el Ayuntamiento somos todos y el PP unos pocos) y el cambio reiterado de proyectos que, al final, suponen un menoscabo en el patrimonio colectivo que, ese sí, es de todos, no de los que nos gobiernan en este municipio.
El plan parcial Benalúa sur, al que me estoy refiriendo, más allá de la casi anécdota de haber asumido últimamente el pago del levantamiento de un muro para edificar el ansiado colegio de este barrio, está plagado de documentos contradictorios que hacen sentir vergüenza ajena, al menos porque a uno le cabe la duda razonable acerca del cuidado con el que se abordan cuestiones tan elementales como el desarrollo urbanístico de una zona conocida como la milla de oro. O, por qué no -la duda es siempre inherente a la razón-, deducir que tales chapuzas no son ajenas a la forma misma en que se desarrolló un planteamiento urbanístico sujeto a vaivenes de muy difícil catalogación. Porque, fíjense ustedes, en términos sencillos, la propuesta presentada por el urbanizador en el año 1998 era tan simple como que consistía en que él asumiría los costes del desarrollo del plan y así fue aprobada por el Ayuntamiento, para acabar, en el año 2005, con una solución en la que los alicantinos hemos de pagar una buena parte del beneficio del urbanizador y todo ello sobre la base de un caos que movería a la risa si no fuera por la seriedad del asunto y a la inquietud por la gravedad de unos hechos que deben movernos a la reflexión y cuestionarnos muchas cosas, pues lo sucedido entra de lleno en el terreno de la anormalidad.
Y todo esto ha sucedido -e insisto porque me parece esencial-, en un contexto en el que se despide y luego readmite por orden judicial a un técnico municipal, con conocimientos comprobados y que ha ingresado por oposición y se traslada a otro, ambos por oponerse a unas actuaciones muy complejas de entender desde la razón. Y acompañados estos acontecimientos por unas declaraciones de doña Sonia Castedo en las que afirma que el Ayuntamiento necesita técnicos "que se adapten los más fielmente posible al contenido de los puestos de trabajo que integran la organización de la gerencia" (de Urbanismo). A nadie se le oculta que lo que doña Sonia Castedo está preconizando es la sustitución de técnicos independientes, por otros sometidos o dóciles ante las decisiones políticas y que no cumplan fielmente con su función fiscalizadora, es decir, con la crítica y denuncia de lo ilegal o ilícito. Cuando, desde un órgano político se buscan técnicos de este perfil y que sean capaces de obviar la legalidad o de buscar recovecos para incumplirla, debe dudarse de la licitud de las conductas o de la sospecha al menos de su adecuación al ordenamiento jurídico. Y no afirmo que se haya hecho, pues carezco de pruebas, pero sí que de las palabras de la concejala se deduce que es eso lo que se persigue.
Curioso es que, no obstante, el grupo municipal socialista, cuyo portavoz entonces era Blas Bernal, en enero de 2003, diera su aprobación a un plan que ya entonces había experimentado una modificación unilateral del urbanizador en perjuicio de los intereses municipales y curioso es que los seguidores del ex concejal, en esta tribuna y otras similares increpen al portavoz actual, Roque Moreno, pidiéndole actuaciones inmediatas por algo de lo que no es responsable. No me cabe duda, sin embargo, de que este último actuará, pues ningún interés se le conoce y ninguna relación mantiene más allá de aquéllas que le exige el cumplimiento de sus obligaciones. No todos pueden decir lo mismo.
Entiendo que este tipo de comportamientos, de proyectos contradictorios, de documentos que varían sin razón alguna que esté en el origen de la modificación, de pérdida de patrimonio municipal o de un adecuado beneficio, cuando no son controlados desde dentro por técnicos independientes, deben ser sometidos a la decisión de los tribunales. No se trata de judicializar la política como suelen afirmar los que creen que las elecciones legitiman para actuar con total y plena impunidad, sino de restablecer el equilibrio necesario en un Estado de Derecho entre política y respeto a la legalidad. Los mecanismos están previstos, pero cuando los cargos públicos eliminan de la esfera de su actuación todo control interno administrativo y buscan sólo personal de confianza, ha de acudirse al Poder Judicial, que mantiene su independencia y que viene a sustituir de este modo a los profesionales expulsados de la función pública o sancionados por el cumplimiento de su función fiscalizadora.
No emito en esta aportación opinión alguna al respecto de los hechos; no es mi competencia. No obstante, sí manifiesto públicamente mi extrañeza por la existencia de contradicciones en la documentación tan evidentes y de resultados tan opuestos, que es obligado ofrecer alguna explicación pública cuando de los intereses de la ciudadanía se trata. Pasar de un proyecto en el cual los costes se establecían a cargo del urbanizador a otro en el que dichos costes ha de soportarlos en un cincuenta por ciento la ciudad, merece alguna explicación, pues el patrimonio municipal es tan mío como de los concejales de la mayoría y tanta legitimidad tengo yo para oponerme y exigirles claridad, como ellos obligación de dármela. Ganar las elecciones no les hace dueños de la ciudad, sino meros administradores y no son buenos quienes administran y pierden. En cualquier otra empresa estarían cesados.
Nota: Jorge Alarte, para mí el único candidato a la Secretaría General del PSPV que puede encabezar un cambio real, está viendo florecer estrategias innumerables dirigidas a entorpecer lo que la realidad impone y a perpetuar a los inmarcesibles. No creo que a la larga sirvan para nada, pues cuando la esperanza cunde es irrefrenable. La desazón en la que han instalado los de siempre este partido es la prueba de que esta vez no conseguirán sus objetivos.
* José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.
* Información - Opinión - 22 de julio de 2008<
en
23.7.08
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios