Benalúa Sur. Otro proyecto caro para la ciudad

JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO/Alicante* : Qué pensarían ustedes de alguien que cediera sus propiedades, renunciara a buena parte de los beneficios que pueden derivarse de ellas y posibilitara así que una empresa privada aumentara los suyos? ¿Qué pensarían ustedes si esa conducta la adoptara un Ayuntamiento y que, para realizarla, cesara a los dos técnicos que se oponían a suscribir unos acuerdos aparentemente al menos lesivos para la ciudad? ¿Qué pensarían ustedes si alguien cediera terrenos recibiendo a cambio un valor infinitamente inferior al real?

Cada cual puede pensar lo que estime oportuno dentro de sus preferencias y de su ingenuidad, pero yo, que de ingenuo ya tengo poco, creo que tras este tipo de negocios ruinosos ha de buscarse una razón, la que sea, pero nunca la superior que debe presidir las actuaciones de la Administración Pública.

Puedo entender que haya distintas sensibilidades a la hora de aprobar proyectos de actuación urbanística; puedo entender que existan diversas maneras de concebir el desarrollo de una ciudad; pero nunca, jamás, puedo asumir la pureza absoluta de unas decisiones que han venido acompañadas de actuaciones tan llamativas como el despido y traslado de los técnicos informantes a favor del Ayuntamiento, pero en contra de las decisiones del PP (que no es lo mismo, pues el Ayuntamiento somos todos y el PP unos pocos) y el cambio reiterado de proyectos que, al final, suponen un menoscabo en el patrimonio colectivo que, ese sí, es de todos, no de los que nos gobiernan en este municipio.

El plan parcial Benalúa sur, al que me estoy refiriendo, más allá de la casi anécdota de haber asumido últimamente el pago del levantamiento de un muro para edificar el ansiado colegio de este barrio, está plagado de documentos contradictorios que hacen sentir vergüenza ajena, al menos porque a uno le cabe la duda razonable acerca del cuidado con el que se abordan cuestiones tan elementales como el desarrollo urbanístico de una zona conocida como la milla de oro. O, por qué no -la duda es siempre inherente a la razón-, deducir que tales chapuzas no son ajenas a la forma misma en que se desarrolló un planteamiento urbanístico sujeto a vaivenes de muy difícil catalogación. Porque, fíjense ustedes, en términos sencillos, la propuesta presentada por el urbanizador en el año 1998 era tan simple como que consistía en que él asumiría los costes del desarrollo del plan y así fue aprobada por el Ayuntamiento, para acabar, en el año 2005, con una solución en la que los alicantinos hemos de pagar una buena parte del beneficio del urbanizador y todo ello sobre la base de un caos que movería a la risa si no fuera por la seriedad del asunto y a la inquietud por la gravedad de unos hechos que deben movernos a la reflexión y cuestionarnos muchas cosas, pues lo sucedido entra de lleno en el terreno de la anormalidad.

Y todo esto ha sucedido -e insisto porque me parece esencial-, en un contexto en el que se despide y luego readmite por orden judicial a un técnico municipal, con conocimientos comprobados y que ha ingresado por oposición y se traslada a otro, ambos por oponerse a unas actuaciones muy complejas de entender desde la razón. Y acompañados estos acontecimientos por unas declaraciones de doña Sonia Castedo en las que afirma que el Ayuntamiento necesita técnicos "que se adapten los más fielmente posible al contenido de los puestos de trabajo que integran la organización de la gerencia" (de Urbanismo). A nadie se le oculta que lo que doña Sonia Castedo está preconizando es la sustitución de técnicos independientes, por otros sometidos o dóciles ante las decisiones políticas y que no cumplan fielmente con su función fiscalizadora, es decir, con la crítica y denuncia de lo ilegal o ilícito. Cuando, desde un órgano político se buscan técnicos de este perfil y que sean capaces de obviar la legalidad o de buscar recovecos para incumplirla, debe dudarse de la licitud de las conductas o de la sospecha al menos de su adecuación al ordenamiento jurídico. Y no afirmo que se haya hecho, pues carezco de pruebas, pero sí que de las palabras de la concejala se deduce que es eso lo que se persigue.

Curioso es que, no obstante, el grupo municipal socialista, cuyo portavoz entonces era Blas Bernal, en enero de 2003, diera su aprobación a un plan que ya entonces había experimentado una modificación unilateral del urbanizador en perjuicio de los intereses municipales y curioso es que los seguidores del ex concejal, en esta tribuna y otras similares increpen al portavoz actual, Roque Moreno, pidiéndole actuaciones inmediatas por algo de lo que no es responsable. No me cabe duda, sin embargo, de que este último actuará, pues ningún interés se le conoce y ninguna relación mantiene más allá de aquéllas que le exige el cumplimiento de sus obligaciones. No todos pueden decir lo mismo.
Entiendo que este tipo de comportamientos, de proyectos contradictorios, de documentos que varían sin razón alguna que esté en el origen de la modificación, de pérdida de patrimonio municipal o de un adecuado beneficio, cuando no son controlados desde dentro por técnicos independientes, deben ser sometidos a la decisión de los tribunales. No se trata de judicializar la política como suelen afirmar los que creen que las elecciones legitiman para actuar con total y plena impunidad, sino de restablecer el equilibrio necesario en un Estado de Derecho entre política y respeto a la legalidad. Los mecanismos están previstos, pero cuando los cargos públicos eliminan de la esfera de su actuación todo control interno administrativo y buscan sólo personal de confianza, ha de acudirse al Poder Judicial, que mantiene su independencia y que viene a sustituir de este modo a los profesionales expulsados de la función pública o sancionados por el cumplimiento de su función fiscalizadora.
No emito en esta aportación opinión alguna al respecto de los hechos; no es mi competencia. No obstante, sí manifiesto públicamente mi extrañeza por la existencia de contradicciones en la documentación tan evidentes y de resultados tan opuestos, que es obligado ofrecer alguna explicación pública cuando de los intereses de la ciudadanía se trata. Pasar de un proyecto en el cual los costes se establecían a cargo del urbanizador a otro en el que dichos costes ha de soportarlos en un cincuenta por ciento la ciudad, merece alguna explicación, pues el patrimonio municipal es tan mío como de los concejales de la mayoría y tanta legitimidad tengo yo para oponerme y exigirles claridad, como ellos obligación de dármela. Ganar las elecciones no les hace dueños de la ciudad, sino meros administradores y no son buenos quienes administran y pierden. En cualquier otra empresa estarían cesados.
Nota: Jorge Alarte, para mí el único candidato a la Secretaría General del PSPV que puede encabezar un cambio real, está viendo florecer estrategias innumerables dirigidas a entorpecer lo que la realidad impone y a perpetuar a los inmarcesibles. No creo que a la larga sirvan para nada, pues cuando la esperanza cunde es irrefrenable. La desazón en la que han instalado los de siempre este partido es la prueba de que esta vez no conseguirán sus objetivos.



* José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.




* Información - Opinión - 22 de julio de 2008<