¿Una medida social o una ayuda encubierta a las promotoras?

SOITU* : ¿A quién va a beneficiar esta medida? ¿Por qué se hace ahora el anuncio? ¿Se trata de un intento 'encubierto' de ayudar a compañías ahogadas por las deudas, como Martinsa-Fadesa? Éstas y otras preguntas son las que ha despertado esta mañana el anuncio de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, de ofertar 300 millones de euros para comprar suelo a las empresas privadas, que destinará a la construcción de vivienda protegida (VPO). Unas han quedado resueltas, otras siguen en el aire.

¿Ayuda encubierta?

El Ministerio de Vivienda ha negado que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades. "La finalidad primordial de la acción del Gobierno no es tratar de impedir un ajuste que se ha manifestado necesario e imprescindible, sino garantizar el derecho constitucional reconocido a los ciudadanos de acceder a una vivienda", ha dicho Corredor, quien ha asegurado que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.

El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ratificaba estas afirmaciones tras su reunión con Mariano Rajoy, explicando que no se trata de una "ayuda encubierta" al sector.
Anuncio inesperado

La pregunta que surge entonces es: ¿por qué ahora?

Según el Ministerio, se lleva trabajando en este tema desde el pasado mes de mayo, pero al tratarse de "una operación compleja y de gran envergadura" había que ver cómo se articulaba y conocer el presupuesto que podía destinarse a una oferta "inédita en España". Y es que, aunque Sepes (la entidad pública, dependiente del Estado, que gestiona el suelo) lleva 40 años al pie del cañón, hasta ahora había trabajado en la creación de parques empresariales y su relación con el suelo residencial era "residual". Ahora, el Gobierno pretende dar mayor visibilidad a este organismo, que aumentará su presupuesto anual destinado a la compra y urbanización de terrenos industriales de 100 a 150 millones de euros, además de convertirle en el instrumento del que se va a servir para adquirir y urbanizar los solares residenciales que comparezcan a la oferta pública.

Su trabajo comenzará en octubre, con el estudio de las ofertas presentadas y su viabilidad económica, y contará con la ayuda de comunidades autónomas y ayuntamientos. Entre los criterios que más se valorarán en la elección de los candidatos se encuentran la susceptibilidad de transformación inmediata de los suelos, y su situación en poblaciones con una mayor demanda de vivienda.

En cuanto a ¿quién será el responsable de promover las viviendas? Desde el Ministerio aseguran que el proceso de promoción queda en manos de las administraciones regionales y municipales, que son las que tienen transferida la potestad en esta materia. Así, el promotor podrá ser una empresa privada elegida tras un concurso público o alguno de los organismos oficiales.

Javier García-Mateo, director de análisis de Aguirre Newman, apunta, además, que algunos fondos inmobiliarios, tanto nacionales como internacionales, también podrían estar interesados en entrar en la gestión de estas viviendas siempre que se comercializasen en régimen de alquiler. Y es que este tipo de sociedades necesitan tener un 30% del valor de su cartera en vivienda de alquiler para poder tributar el 1% del Impuesto de Sociedades y no el 35%, nos explica este experto.
Incógnitas

Queda sin definir aún qué peso tendrán en la elección final conceptos como la edificabilidad del terreno, o su ubicación; y se desconoce si se valorará más o menos que los suelos sean de renta libre o protegidos.

En opinión de Miguel Pinto, director de investigación de Grupo i, "el Gobierno buscará suelos en buenas ubicaciones, cerca de los centros urbanos". En cuanto a las promotoras les puede interesar más deshacerse del suelo libre, "ya que el destinado a VPO tiene un futuro más auspicioso, porque hay mayor necesidad de este tipo de viviendas y será más fácil venderlas y continuar con la actividad de la compañía", aunque sea perdiendo dinero. Porque el suelo libre, como la vivienda libre, es más caro que el protegido, que está fijado por las comunidades autónomas. De hecho, según Pinto, "es muy probable que los suelos comprados en los últimos dos años, cuando los precios estaban más altos, ahora se hayan devaluado". No obstante, este experto cree que todavía es posible "sacar rentabilidad" a los suelos adquiridos hace 5 ó 6 años; eso sí, si no están apalancados, es decir, si han sido pagados en su totalidad.
Transparencia

Los promotores opinan que la iniciativa del Gobierno es buena, pero que los 300 millones ofertados son una gota de agua en el inmenso mar de deudas en el que se mueven las inmobiliarias españolas, y en el que navegan cientos de compañías, muchas de ellas también con grandes patrimonios de suelo. Empezando por Martinsa-Fadesa, la principal terrateniente española, continuando con la mayoría de las cotizadas, como Colonial, Reyal Urbis o Metrovacesa, y finalizando por otras mucho más pequeñas. Es por ello que los promotores reclaman "una total transparencia" en el proceso de adjudicación, así como en las bases del concurso, "para descartar favoritismos", apuntan.

Con las cosas así, la decisión de acudir o no a este concurso será totalmente 'personal'. Manuel Martí, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), resume la elección en dos conceptos: "activos o tesorería".





* SOITU.es - GEMA FERNÁNDEZ - 23.07.2008
Foto: Vivienda, bloques - EFE

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Roca, dos días, dos juicios: 1 año y 9 meses de cárcel

ELPLURAL/Málaga* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y tres ex concejales del GIL han aceptado voluntariamente, en el juicio del denominado "caso Belmonsa", la resolución de un año de cárcel y 18 años de inhabilitación. El ex asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca solo ha sido condenado a una pena de nueve meses de prisión, condena que ha aceptado también.

Roca deberá pagar una indemnización de 2,4 millones de euros por tráfico de influencias. En el supuesto de que no la abone podrá conmutarla por otro mes sin libertad en la cárcel. Los ex “gilistas” Román, Muñoz, González, Calle, Jiménez y Marisa Alcalá, todos ex ediles marbellíes, aceptaron de buen grado ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación genérico.

Zona verde
El delito cometido está relacionado con la concesión de una licencia urbanística por a la empresa Belmonsa SA en mayo de 1997 para la construcción de un edificio de doce plantas en suelo calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como zona verde. En el juicio finalizado ayer -primero derivado del caso Malaya., el presunto cerebro de la trama de corrupción de Marbella y ex asesor de Urbanismo, reconoció que pagó al juez Francisco Javier de Urquía 73.800 euros para la compra de la casa del magistrado.


Ayer: un año de cárcel
En una noticia anterior afirmábamos que la estrategia comenzada antesdeayer por Roca, en el juicio sobre el presunto cohecho protagonizado por el juez Urquía y el propio Roca, ha hecho feliz al cerebro “malayo”. Tras amenazar con contar todo lo que sabe a partir de ahora, en contra de todo pronóstico, cambió su declaración anterior e inculpó al juez de haberle solicitado ayuda económica para la compra de su vivienda. Por el momento los resultados le son favorables ya que consiguió una reducción a tan solo un año sobre la petición de condena del fiscal, que a “priori” era de tres años.





* El Plural - 24/07/2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es

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Dénia dejará de cobrar el aprovechamiento a las promotoras pese a que el TSJ lo avala

LEVANTE/Alacant* : El tránsfuga del PSPV, Juan Collado, fue el encargado ayer de trasladar a los medios de comunicación los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local celebrada el miércoles. Entre los asuntos judiciales, el edil del grupo no adscrito sacó a la luz una sentencia del juzgado de primera instancia que estima el recurso interpuesto por Promociones e Inversiones Hiregón, SL, y obliga al ayuntamiento a devolver a la constructora 220.000 euros en concepto de aprovechamiento urbanístico.

La Junta de Gobierno Local celebrada el miércoles dio cuenta de esta sentencia, al igual que de otro fallo judicial a favor del consistorio dianense y de la gestión del anterior equipo de gobierno pero que ayer no fue revelado por Collado.
En este sentido, el ayuntamiento interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Alacant que la revoca y legitima el cobro del aprovechamiento urbanístico a la promotora Doramar, SL. Sin embargo, este fallo no fue comunicado ayer por Collado sino por el PSPV. El edil socialista, Vicent Grimalt, lamentó ayer que el pentapartito "presuma de transparencia pero luego, intencionadamente, en una rueda de prensa, hable de una sentencia y obvie otra, dependiendo de sus intereses".
Pacto antitransfuguismo
Por otra parte, la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo se reunirá el próximo lunes, 28 de julio, según fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas, para analizar entre otros los casos de los ayuntamientos de Dénia y Elx, propuestos por el PSOE y el PP, respectivamente.
La titular de Administraciones Públicas, Elena Salgado, presidirá la reunión de la citada comisión en la sede ministerial a la que asisten dirigentes de partidos políticos con representación parlamentaria. El pacto se reúne anualmente y son las distintas formaciones las que proponen los casos a estudiar.




* Levante-EMV - M. J. Mascarell/S. G., Dénia - 25 de julio de 2008
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)

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Las Palmas: La Justicia anula otra vez una actuación urbanística del PP en Guanarteme

LAPROVINCIA* : La Justicia acaba de dar un nuevo varapalo a la política urbanística que ha promovido el Partido Popular en el barrio de Guanarteme, cuando gobernaba en la capital grancanaria. Esta vez le ha tocado el turno a la unidad de actuación 09, denominada Barranco de Guanarteme, que ha sido anulada por la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al considerar que se ha utilizado un procedimiento urbanístico que es irregular.

Tal y como sucedió con la unidad de actuación para prolongar Mesa y López, anulada en el año 2004, los jueces consideran que esta fórmula urbanística no es la adecuada para actuar en suelo urbano consolidado, como el de Guanarteme.

En concreto, la unidad de actuación 09 contempla la renovación urbanística de varias manzanas del barrio de Guanarteme situadas en el rectángulo comprendido entre las calles Almansa, El Salvador, Numancia y Vergara. El objetivo es hacer una especie de rambla entre las calles Almansa y El Salvador para conectar la rotonda de Plaza de América con Las Canteras y construir varios edificios de cinco y siete plantas.
La actuación fue incluida en el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de 2000, cuando gobernaba José Manuel Soria, y en la adaptación del plan de 2005, bajo el mandato de Pepa Luzardo, se categorizó el suelo afectado por esta actuación como no consolidado.

El acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que aprobó dicha adaptación, fue recurrido por una vecina afectada por la unidad de actuación y los tribunales le han dado la razón.

URBANO. La sentencia es muy clara e insiste en varias ocasiones en que "es público y notorio que el barrio de Guanarteme es un suelo urbano, con todos los servicios, con encintado, pavimento de acera y alumbrado público".

La resolución no niega la necesidad de realizar una actuación urbanística en la zona, pero aclara que "no cabe confundir el grado de consolidación del suelo, con el deterioro de las construcciones o las dificultades de comunicación que apunta el Ayuntamiento. Esa zona de la ciudad es urbana".



* La Provincia - TERESA GARCÍA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - 24 de julio de 2008
Foto: A la izquierda, algunas de las viviendas afectadas por la unidad de actuación anulada. QUESADA, laprovincia.es

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Silleda: El TSXG estima ilegal una obra prevista con 113 pisos

ELCORREO/Pontevedra* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechazó el recurso de la empresa Nova Carballeira 2002 contra la suspensión del estudio de detalle para una urbanización en Silleda. Este nuevo fallo, tras la denuncia de una vecina de la zona, llega tras un auto que estimaba la suspensión, como medida cautelar el pasado mes de junio, en vista de indicios de ilegalidad.

Esta decisión impedirá a la empresa abrir una calle en Travesa do Campo, y construir dos edificios, con un total de 113 viviendas, (tendría que cambiar el proyecto) para los que el anterior gobierno municipal de Silleda concedió licencia cuando estaba ya en funciones. El fallo del TSXG dice que hay pruebas más que suficientes de la ilegalidad del estudio de detalle, y que los perjuicios que causarían las obras serían de "difícil reparación". También estima que es falso que el consello consultivo estimara desfavorablemente la revisión del estudio iniciada por el Ayuntamiento. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, espera que este nuevo auto convenza al portavoz del PP, José Fernández Viéitez, de que el Ayuntamiento actuó "moi ben" al revisar el proceso. Para Pena, el TSXG vuelve a darle la razón y advierte que hay que preocuparse por los perjuicios a los vecinos que compraron allí un piso. Considera que Viéitez actuó de forma "irresponsable" y que "só atendeu ós intereses da constructora".

Cuatro pleitos

Nova Carballeira, que puede recurrir al Supremo, denunció a Pena por otras obras (algunas ya resueltas). Hay otras dos familias que denunciaron a la constructora .




* El Correo Gallego - C.G. • SILLEDA - 24.07.2008
Foto: Vista de los terrenos donde se proyectaron los edificios de Silleda/ Sangiao, elcorreogallego.es

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Juzgan a Muñoz, Roca, Román y otros ex ediles de Marbella por la operación urbanística con Belmonsa

EUROPAPRESS* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga tiene previsto celebrar desde hoy jueves el juicio contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, el abogado José Luis Sierra y otros seis ex ediles marbellíes, entre los que se encuentra Pedro Román, por la operación urbanística con la empresa 'Belmonsa'.

La vista oral está también fijada para mañana viernes, el lunes 28 y el martes 29.

Este juicio fue fijado para celebrarse en febrero de este año, aunque fue suspendido después de que la defensa de Roca la solicitara por no haber tenido tiempo a instruirse la causa. El fiscal acusa, según el escrito de conclusiones iniciales al que tuvo acceso Europa Press, por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.

Los acusados son Muñoz, Roca, Román, los entonces ediles Rafael González, Mario Jiménez, José Marino Pomares, Manuel Calle, Marisa Alcalá y el abogado José Luis Sierra y la causa está en relación a la operación urbanística con Belmonsa sobre unos terrenos municipales y a las licencias otorgadas por la comisión de gobierno en 1997 a esa empresa para construir un edificio de 12 plantas con 112 viviendas en los Llanos de San Ramón.

Así, según el escrito provisional de acusación del fiscal, en una comisión de gobierno de mayo de 1997 se acordó otorgar licencia de obra al proyecto básico sobre un suelo calificado en una parte que quedaba afectado por el complejo como viario público según el plan general de 1968. Asimismo, en diciembre del mismo año, se concedió licencia al proyecto de ejecución de dicha promoción.

El ministerio público estima que con el otorgamiento de estas licencias "se culmina todo un proceso tendente a favorecer económicamente a la entidad promotora Belmonsa iniciado meses atrás, incluso antes de que se constituyese como persona jurídica tal entidad", en lo que tuvo una intervención decidida Roca, gerente de Planeamientos 2000 "desde la que se diseñó toda la operación de favorecimiento".

En este sentido, la acusación pública precisa que éste se prevalió de las relaciones personales con el entonces alcalde, Jesús Gil, que también fue acusado en su momento; y con el fin de "favorecer económicamente a los promotores" que luego crearon Belmonsa, consiguió que le diese el visto bueno a la operación urbanística. Por tanto, se firmó un convenio en 1997, que fue aprobado también por comisión de gobierno.

En el escrito se añade que el valor de la parcela municipal fue tasado en la cantidad de 83.800 euros y que, según la tasación pericial efectuada sobre la parcela de terreno cedida por el Ayuntamiento, el valor debía ascender en la fecha de la transmisión a más de dos millones de euros "propiciándose con ello un indudable negocio a la entidad Belmonsa, pues se permitió edificar en primera línea de playa".

Para Muñoz y la mayoría de los ex ediles, el fiscal pide dos años de prisión y 18 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, mientras que para Roca pide 10 meses de prisión por un delito de tráfico de influencia y 2,4 millones de multa. A Román le acusa sólo de un delito de prevaricación, por el que solicita una pena de inhabilitación durante ocho años.





* Europa Press - MÁLAGA, 24 Jul 2008
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es

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Oficina de Urbanismo / El Roto



El Roto, delincuencia urbanismo, 24jul08 - elpais.com

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"Nos das 60.000 euros y subsanamos el error"

ELPAÍS/Alicante* : "Para subsanar este error, debes realizar una aportación económica al partido. Ya te diremos de cuánto es". Estas palabras, pronunciadas por el abogado alemán Kai Oliver Wagner el pasado 28 de junio fueron las que convencieron al constructor Pedro Sánchez de que el alcalde de Benitatxell (Alicante), en cuyo nombre hablaba Wagner, quería exigirle dinero a cambio de mantener como urbanizables unos terrenos que habían sido desclasificados en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Ese mismo día, Sánchez denunció los hechos ante la Guardia Civil.

Esta trama, por la que el alcalde de Benitatxell, el independiente Juan Cardona; su primera teniente de alcalde, la austriaca Hannelore Rheindorf; el abogado alemán y el arquitecto municipal están imputados por un presunto delito de cohecho, comenzó a mediados de junio. Sánchez se dio cuenta de que en el nuevo PGOU de Benitatxell sus ocho parcelas ubicadas en la partida Alcassar, urbanas desde 1989, se habían convertido en suelo protegido. Convencido de que se trataba de un error, acudió al Ayuntamiento, donde el arquitecto le dijo que debía hablar con el alcalde, "porque es el que tiene toda la documentación". Cardona le dijo al constructor que no era un error, sino una decisión técnica, si bien le matizó que todo podría arreglarse. "Yo puedo hacer lo que quiera con el PGOU, eso es lo que me han dicho desde arriba, y no tienes por qué preocuparte", le aseveró el alcalde a Sánchez.

Una semana más tarde, el 26 de junio, una funcionaria se puso en contacto con el constructor y, de parte del alcalde, le informó de que pronto le llamaría un abogado "para solucionarlo todo". Efectivamente, Wagner le telefoneó diez minutos después. "Yo le pregunté", afirma Sánchez, "si quería que nos viéramos en su despacho o en el mío, y él me dijo que en ninguno de los dos, que mejor en el bar del campo de golf. Aquello ya me pareció sospechoso".

La reunión entre los dos tuvo lugar en ese bar el sábado 28 por la mañana. Según Sánchez, en el encuentro el abogado alemán le insistió en que el Ayuntamiento estaba "por la labor" de solucionar el problema, mientras el promotor recalcaba que "no era un problema, sino un error". A este encuentro, le siguió otro, el lunes 30 de junio. De esta segunda reunión ya estaban al tanto los agentes del instituto armado, y en ella se pactó el precio que debía pagar el empresario por mantener la clasificación de su suelo. "Todo solucionado. Para subsanar el error, nos das 60.000 euros", relata Sánchez que le dijo el abogado. Y respondió: "Es una exageración. Me pedís dinero a cambio de nada. Yo sólo pido que me den lo que me corresponde. Lo tengo que pensar". Finalmente, el constructor ofreció 40.000 euros y el abogado pidió 50.000, cifra en la que se cerró el trato en una tercera reunión, el 7 de julio. Ambas partes quedaron para realizar la entrega del dinero al día siguiente, martes 8 de julio, a las doce del mediodía. Wagner se presentó con un documento firmado por el arquitecto municipal que garantizaba que los terrenos seguirían siendo urbanizables y no se desclasificarían, pero el constructor alegó que la simple rúbrica del funcionario no era suficiente. Tres cuartos de hora después llegó la primera teniente de alcalde y le dio el papel firmado por el alcalde. El dinero nunca llegó a entregarse porque en ese momento la Guardia Civil detuvo al abogado y después a la concejal. El alcalde fue arrestado por la tarde.

En su declaración ante el juez, el regidor y la edil se autoinculparon. No obstante, en su primera comparecencia pública, tras quedar en libertad con cargos, el primer edil alegó que se trataba de una "trama" y que no pensaba dejar el cargo. Ayer Cardona se reafirmó en esa tesis: "No tengo nada que esconder, ni pienso dimitir. Ahora necesito trabajar por el pueblo".




* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 24/07/2008
Foto: Benitachell (Alicante), urbanización Cumbre del Sol - elpais.com

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"Ni compro, ni ganas de ello. Prefiero el alquiler"

ELPAÍS/Reportaje* : Rubén Dorado y su pareja viven en Cáceres, ambos son ingenieros jóvenes y nos cuentan que "se han quedado fuera del mercado de la vivienda por haber esperado demasiado tiempo para comprar". El problema que les hizo desisitir, explican, fue "la desproporción entre salarios y precio de la vivienda por un lado, y entre hipoteca y alquiler por otro". Ahora prefieren el alquiler.

"El principal argumento que se suele esgrimir contra el alquiler es que se trata de dinero 'perdido', mientras que con la compra, ese dinero lo puedes recuperar. Esto ha sido cierto hasta cierto punto hasta que reventó la burbuja, pero hoy ya no lo es. Para empezar, teniendo en cuenta los intereses, por una hipoteca de 180.000 euros a 30 años, se acaban pagando 360.000 euros (¡exactamente el doble!). Es decir: después de 30 años has pagado tu casa y le has comprado otra igual al banco. Además, después de esos 30 años esa vivienda no vale los 360.000 euros que te permitirían recuperar la inversión. Es de esperar una cierta revalorización, pero también se tratará de un piso viejo, con 30 años, que necesitará reformas importantes (si no han sido ya asumidas por el propietario), lo que reduce su valor. Además, aunque quieras salir de esa casa antes, sigues necesitando una vivienda, luego no es un gasto del que te puedas librar."

"Pero eso no es todo: durante los primeros años, de los 1000 euros que pagas cada mes, 700 son limpios para el banco en concepto de intereses y solo 300 son para la amortización del capital. Sinceramente, prefiero 'regalar' 500 euros al casero y disfrutar yo los otros 500. Aunque claro, para poder tomar esa decisión, primero tendría que tener ahorrados 45.000. O buscar un préstamo semejante que acumular a la hipoteca.... En definitiva: que ni compro, ni ganas de ello."

"Estamos temblando con la siguiente revisión que la tenemos en octubre"

Marta López nos cuenta los problemas de una pareja media española, un ejemplo que seguro ilustra la situación de muchos: "Somos una pareja de jóvenes, que nos compramos nuestra vivienda hace tres años y medio en Madrid, en concreto en Parla. De aquella, era una de las zonas "más asequibles" (tampoco era una ganga, pero sí de lo más bajo de todos los sitios que miramos). No nos hipotecamos por encima de nuestras posibilidades, pero sí hemos visto aumentado nuestro pago mensual. De 850 euros que pagabamos hace 2 años y medio, ahora estamos en casi 1100, que si se suma mes a mes, es mucho dinero, y ahora estamos temblando con la siguiente revisión que la tenemos en octubre, con la subida de agosto, así que como en 2 semanas esto no cambie (sería un milagrito) nos va a subir casi 1 punto!!! No sé cuanto más mes a mes...Sumando a esto, está que me despidieron del trabajo el año pasado y en el actual cobro bastante menos (tengo que agradecer que por lo menos tengo, viendo como está la situación laboral )..Menos mal, que de momento, siendo dos, vamos pagándolo,privándonos de salir los findes, consumiendo menos.... y sin visión de futuro familiar.

Otro lector, Alejandro Baca, por su parte, pone el acento en la subida de tipos y en cómo ha afectado a quienes tienen una hipoteca. "Yo creo que, en contra de lo que se dice, los pisos no subían hace unos años: a todo el mundo le costaban unos 800-1000 al mes; lo que en realidad aumentaba era el plazo de las hipotecas, y claro, eso hace que sean más vulnerables a los tipos de interés, por eso es ahora cuando de verdad está subiendo el precio de los pisos.La gente no se daba cuenta que, además de comprar el piso, tenía que comprar el dinero (al banco) para comprar ese piso. Y comprar el dinero es muy caro".

"¿Por qué todos dejaron que la burbuja fuera tan grande?"

Entre estos casos destaca el de una lectora que asegura que no tiene problemas para pagar su casa porque, pese a Trichet, [el presidente del Banco Central Europeo], en pleno boom inmobiliario no se le "fue la cabeza", sino que compró "un piso según" sus posibilidades económicas "presentes y futuras". "Me negué, pese a ir contracorriente, a pagar en dinero negro las cantidades indecentes que se pedían con toda la naturalidad del mundo y resulté antipática a fuerza de afear a los vendedores el precio que pedían por inmuebles que no valían ni la mitad". "Hoy contemplo lo que pasa y no me sorprende, lo que me ha extrañado es que todos dejaran que se hiciera la bola, burbuja o pelotazo tan grande".

También subrayamos la situación de un divorciado hace "siete años". "Me quedé con todas las deudas del matrimonio y con la guarda y custodia de mis dos hijas de nueve y doce años. Mi salario es de 1.100 euros al mes. Mi hija pequeña es celiaca, enfermedad muy costosa por no subvencionar nada la Seguridad Social. Hemos podido vivir decentemente hasta ahora, incluso una de mis hijas convalida sus estudios de bachillerato con el conservatorio".

Pero con la actual crisis "los días" de su familia "están contados". "No puedo reunificar mis deudas a pesar de que mi vivienda en propiedad permite hacerlo, sin embargo la Junta de Andalucía no me permite descalificar mi vivienda para poder reunificar dichas deudas. La ayuda del gobierno andaluz es pura propaganda y con nula sensibilidad social. Es mi casa en propiedad y son mis hijas, para sobrevivir ahora necesito 1.500 euros al mes y solo gano 1.100".

Este lector se pregunta qué hace ahora. ¿Esperar embargos, perder el trabajo? "Desde aquí quiero dar las gracias a la Delegación de la Vivienda de la Junta de Andalucía por disponer de lo que no es suyo y sentenciarnos a la miseria".

Julián del Castillo habla de la publicidad engañosa. "Un préstamo hipotecario es aquel en el que la finca hipotecada sirve como garantía de pago, según la RAE" y "si esto no es así, los bancos incurren en publicidad engañosa".

Si los bancos no hacen un buen estudio del riesgo, es su problema. Deberán hacerse cargo de la deuda usando sólo el aval hipotecario que es lo que está firmado en el contrato y no embargando los sueldos de las personas que son su única forma de supervivencia. Si las notarías permiten el dinero bajo cuerda están viciando el sistema y generando una burbuja de dinero negro que se escapa al fisco y dinamita todos los sectores. Si el gobierno y las distintas administraciones no velan por el cumplimiento de las leyes y rectifica las que sean necesarias, anticipándose a los problemas, está agravando el problema y creando una sensación de todo vale, que han aprovechado inmobiliarias, constructoras, notarios, tasadores, ayuntamientos, etc

Hay otro punto en el que no se suele entrar a valorar y es la poca utilización de la cancelación parcial de los préstamos. Culpables, los propios hipotecados y la administración de Hacienda, al desgravar en el IRPF las cantidades depositadas en préstamos hipotecarios, dando el dinero al hipotecado, cuando en realidad tendría que ir directamente a una cancelación parcial del préstamo.

Este lector, ante la "situación de caos", aporta algunas soluciones:

1.- Utilizar fondos sociales de las cajas de ahorro a ayudar en las hipotecas a los clientes de dichas cajas que tengan dificultades y que con su dinero han aportado a dichos fondos sociales.

2.- Cancelación parcial obligada y automática de las reducciones del IRPF en los préstamos hipotecarios.

3.- El mercado hipotecario se recuperará, por lo que se debería obligar a bancos y cajas a una moratoria antes de sacar el bien embargado al mercado y compra preferente para el antiguo dueño.

"Yo le he dedicado a este escrito una hora, pero seguro que todos los departamentos de las distintas administraciones: estatales, autonómicas y locales, así como los juzgados y notarías que se sustentan con los impuestos de todos los españoles pueden encontrar muchas más propuestas y soluciones y no entrar en una espiral de desánimo y de tararear la canción: "Si te ha pillado la vaca j..".

Miquel se pregunta si no será "que el BCE sube los tipos de interés para atraer a los capitales internacionales además de por contener la inflación". En su opinión, "un poco de inflación no debe ser tan mala: los precios y los salarios siempre aumentan, más despacio o más deprisa. Pero claro, si yo soy un fondo de capital que tengo que invertir mis millones, me sale más a cuenta invertir donde los intereses son más altos". "Es decir, una forma de atraer inversiones extranjeras y de impedir que los capitales propios se vayan a otras economías, es subir los tipos de interés. Es ofrecer ganar más dinero al dinero".

Este lector añade que "el que un montón de ciudadanos vean cómo una cada vez más grande parte de sus ingresos se tiene que dar al banco debe ser sólo un efecto colateral más". "Yo no acabo de entender qué tiene de malo que dispongamos de más dinero para consumir. Al fin y al cabo, el consumo es la base de la actividad económica. Y, claro, según esta teoría, a base de restringir el consumo al subir las cuotas de los préstamos, la economía frena su crecimiento".

"A nuestra familia no nos ha afectado la crisis inmobiliaria porque tenemos casa desde antes de la caída de las inmobiliarias, pero nos afecta, y mucho, la subida de los tipos de interés, que es una de las causas de la crisis inmobiliaria. En concreto las cuotas de la hipoteca ya suponen más del 33% de los ingresos familiares". Finaliza Miquel añadiendo que "un infantil punto de vista nos muestra que en lugar de poder ir de vacaciones, le damos más dinero al banco a cambio de nada".





* ELPAIS.com - Madrid - 23/07/2008
Foto: Se Alquila, se vende, carteles Madrid - C.Alvarez, elpais.com

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¿De confianza?

ELVIRA LINDO* : Que una de las lacras que minan la democracia española casi desde su nacimiento y que es urgente atajar es la corrupción urbanística, está a la vista de cualquiera; que en las autonomías, la cantidad de enchufados que deriva de los cargos políticos es abusiva, lo sabemos; que ese abuso se calca en los ayuntamientos, está a la vista. No en todos, por supuesto, pero, dada la frecuencia de los casos de corrupción que se han destapado en los últimos años, tenemos derecho a concluir que hay una evidente desinformación de lo que es el servicio público.

Ya no basta con que la justicia castigue los excesos de quien se lo lleva crudo. Este espectáculo de concejales entrando en los juzgados no es más que una tirita para una herida profunda. Los partidos expulsan a los políticos inculpados y la propia expulsión se muestra como prueba de que los mecanismos correctores de la democracia funcionan. Aquí paz y después gloria. Pero eso no debiera bastar, menos aún, en tiempos de la Innombrable (¿crisis?), en que el ciudadano raso ha de vivir austeramente.

Titulares como el que ofrecía el otro día este periódico, El nuevo alcalde de Estepona destituye a veinticinco cargos de confianza, hielan la sangre. ¿Veinticinco? ¿De verdad son necesarios veinticinco cargos de confianza en un Ayuntamiento como el de Estepona? ¿Cuántos debe tener entonces el Ayuntamiento de Barcelona, el de Madrid? ¿Trescientos? ¿Son todos ellos absolutamente necesarios? Leyendo la noticia al completo, podías informarte de que había otros veintitantos cargos que podrían seguir en sus puestos dado que, felizmente, habían sido contratados por empresas asociadas. Las sociedades clientelares, tan dependientes de la política, acaban generando poderes crustáceos, inamovibles. Salvo que la ciudadanía despierte y se rebele. En España ni siquiera se está desperezando.




* ELPAIS.com - Opinión - 23/07/2008

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La UNESCO rechaza el proyecto de Caja Duero para las Adoratrices

LAVOZ/Salamanca* : El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO rechaza el proyecto de Caja Duero para el Huerto de las ADoratrices. Una nueva misión de expertos elaborará un borrador de Declaración de Valor Universal Excepcional en el que se especifiquen las condiciones de integridad y autenticidad que debe mantener la Ciudad Vieja de Salamanca.

La UNESCO recuerda que, según la Convención de París, debe ser informado de todos los proyectos urbanísticos significativos que se puedan llevar a cabo en la zona declarada y en las colindantes.

Comunicado de prensa de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en su 32ª Sesión, celebrada en Québec (Canadá) del 2 al 10 de julio de 2008, ha rechazado el proyecto de construcción de un edificio en el Huerto de las Adoratrices de Salamanca, promovido por Caja Duero.

A pesar de valorar que el proyecto de Álvaro Siza y Juan Miguel Hernández reduce alturas y volúmenes con respecto al anterior proyecto, el Comité considera que no se han atendido las recomendaciones de la misión enviada en el año 2002. Así, califica el proyecto de contradictorio y ambiguo y pide que se suspenda su desarrollo hasta que una nueva misión de expertos evalúe el estado de conservación de la zona protegida, el proyecto en sí, las medidas de gestión y la protección de las zonas colindantes. Además, el Comité lamenta que no se haya producido ningún avance en el desarrollo de un Plan Integral de Gestión de la zona declarada, como viene solicitando desde hace años, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.

Solicita que se elabore un borrador de Declaración de Valor Universal Excepcional en el que se especifiquen las condiciones de integridad y autenticidad que debe mantener la Ciudad Vieja de Salamanca en cuanto Bien declarado Patrimonio de la Humanidad.

También solicita ser informado de todos los proyectos urbanísticos significativos que se puedan llevar a cabo en la zona declarada y en las colindantes, algo que no ocurre en la actualidad. En el último año, desde nuestra Asociación, se ha informado puntualmente al Comité de la evolución de tres proyectos: construcción de un edificio de nueva planta en el huerto de las MM. Adoratrices, construcción de un aparcamiento subterráneo de vehículos en la plaza de los Bandos y construcción de un edificio de nueva planta en la parcela de la Casa de los Niños de Coro, todos estos proyectos estarían inscritos en la zona declarada en 1988 Patrimonio de la Humanidad.

Por último, el Comité pide explicaciones acerca del desarrollo del Convenio entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca, firmado en 2007, para establecer objetivos de conservación del patrimonio declarado.

Desde la Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” lamentamos que, una vez más (y precisamente en el año 2008, cuando la ciudad se prepara para celebrar los 20 años como miembro integrante de la lista de Ciudades declaradas Patrimonio Mundial), Salamanca vuelva a aparecer en la lista de Bienes objeto de debate en las reuniones del Comité del Patrimonio Mundial. Desde el año 2002, el Comité, año tras año, ha dicho no a la destrucción del huerto de las MM. Adoratrices y no a la construcción de edificio alguno en un espacio libre en cuyo entorno se ubican hasta siete Bienes de Interés Cultural. Aparecer en esta lista es señal de que las cosas no se hacen bien. Aparecer siete años seguidos es una vergüenza. En este año, tan sólo dos bienes españoles son analizados por el Comité: Obras de Antonio Gaudí (por el paso del AVE bajo la Sagrada Familia) y la Ciudad Vieja de Salamanca. El empeño de Caja Duero, inconsciente, y la actitud, irresponsable, de las administraciones públicas derivan en un riesgo que Salamanca no debe correr. De momento, recalcamos, el Comité auditará el estado de conservación de Salamanca a fin de saber si por su “integridad y autenticidad” debe seguir mereciendo el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y solicita, formalmente (algo que nunca antes había ocurrido), la suspensión de toda tramitación administrativa relativa al polémico proyecto de Caja Duero.

Es hora de que nuestras autoridades, que desde hace días conocen las decisiones adoptadas por el Comité, se tomen en serio la labor de gestionar un Bien declarado Patrimonio Mundial con el fin de que el nombre de la ciudad desaparezca del listado de asuntos analizados en las reuniones del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Porque, en este caso, no estar en la lista es señal de que la gestión es correcta.





* La Voz de Salamanca - AGENCIAS / José A. Andrés - 12 de julio de 2008
Foto: Salamanca, Las Adoratrices - lavozdesalamanca.com

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ARCA augura "en breve" acciones penales contra los alcaldes que no ejecuten las sentencias de derribo

EUROPAPRESS* : La asociación ecologista ARCA cree que "en breve" se empezarán a mover en Cantabria "acciones" penales contra los alcaldes que no ejecuten las sentencias firmes de derribo, porque podrían estar incurriendo en delito de desobediencia. Está por ver, según dice, si esas acciones partirán de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria o de la propia asociación, pero lo que tienen "más que claro" es que los hechos pueden tener "relevancia penal".

Así lo explicaron hoy en rueda de prensa el presidente y el vicepresidente de la asociación, Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, justo un día después de hacerse públicas cuatro nuevas sentencias que suponen la anulación de las licencias concedidas a Fadesa para la construcción de 122 viviendas en el Alto del Cuco, cuyo derribo pedirá Arca tan pronto como las sentencias sean firmes.

Según señaló Herrera, Arca está estudiando la posibilidad de emprender acciones penales contra aquellos alcaldes que están "simulando" ejecutar las sentencias de derribo pero "no tienen intención" de llevarlas a efecto. Y es que, destacó, los propios fiscales "se dan cuenta de que la no ejecución de las sentencias de derribo es uno de los principales escollos para aplicar la normativa urbanística".

"Las sentencias firmes de derribo deben ser ejecutadas porque esto es el sustento del estado de derecho. Lo que no puede ser es que lo que esté hoy prohibido, mañana, a través de soluciones parlamentarias o de presiones, esté permitido", recalcó el vicepresidente de Arca, quien opinó que puede tratarse de un delito de desobediencia por no ejecución de sentencia, sancionable al igual que el caso Atutxa.

Para Herrera, en Cantabria se está "larvando" un debate sobre la ejecución o no de sentencias que demuestra que su sociedad "no ha alcanzado un nivel democrático saludable" porque en sociedades con buenos niveles democráticos "las sentencias se cumplen, no se buscan artimañas".

Con la anulación de licencias de estas 122 viviendas en el Alto del Cuco, el vicepresidente de ARCA explicó que se suman nuevas viviendas con sentencia de derribo a la "bolsa" de 500 que ya había en la región, lo que eleva prácticamente a 630 esa bolsa.

PRINCIPAL FOCO DE CORRUPCIÓN

Las cuatro sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander demuestran además, a juicio de Canales, que Arca ha hecho una vez más "de forma acertada" su trabajo en defensa del medio ambiente y que la justicia "ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y ha hecho bien su trabajo".

Pero esto, pone a la vez de manifiesto que "el resto de administraciones no lo están haciendo bien" y que la administración "está implicada en estos procedimientos de urbanismo salvaje" y está manteniendo una gestión "nefasta", que va "contra la legalidad" y se "salta" las normas que ella misma hace, agregó.

En palabras de Canales, con estas sentencias también se hace patente que los ayuntamientos "siguen siendo el principal foco de desórdenes urbanísticos e incumplimientos contra le ley del Suelo y Ordenación del Territorio" y "el principal foco de corrupción urbanística".

Para hacer frente a esa situación, la asociación apuesta por abordar modificaciones legislativas, la primera de ellas en relación a la Ley del Suelo para "quitar" competencias a los ayuntamientos, fundamentalmente para que no puedan aprobar planes parciales ni modificaciones de su planeamiento y un organismo regional se ocupe de ello.

La otra modificación que propone Arca, según explicó Canales, es que los políticos y los promotores "respondan con su patrimonio personal de los daños causados" porque "no puede ser que se vayan de rositas" y se intente "reparar" el daño con "el dinero de todos". Puso el ejemplo de los directivos de Fadesa --promotora de las viviendas del Alto del Cuco-- que, según dijo, viajan "en avión privado" y tienen contratos "blindados", mientras "van dejando marrones" como éste.

MÁS LICENCIAS RECURRIDAS

José Ángel Herrera explicó que las sentencias sobre las licencias de las 122 viviendas del Alto del Cuco conocidas ayer eran "más que esperables" y estaban "absolutamente cantadas", puesto que el Plan Parcial del Sector 2 del Alto del Cuco ya había sido anulado.

Ahora habrá que esperar a ver qué sucede con las demás licencias (eran unas once en total), porque la asociación recurrió todas las concedidas para la construcción de las cerca de 400 viviendas proyectadas en el Alto del Cuco. Herrera se mostró convencido de que se aplicará la misma doctrina que en las cuatro primeras sentencias y quedarán con ello anuladas las licencias.

Las cuatro sentencias ya conocidas no son firmes, porque cabe recurso y la asociación no sabe si el Ayuntamiento, Fadesa o alguno de los particulares afectados habrá recurrido la decisión. En cualquier caso, Arca esperará a que sean firmes para pedir entonces la aclaración de sentencia y el derribo de las viviendas, aunque, según Canales, "se sobreentiende" que la anulación firme de licencias conlleva la demolición.

La asociación también pedirá entonces la restauración del monte que, a su juicio, puede resultar más costosa económicamente que las indemnizaciones a los afectados.





* Europa Press - SANTANDER, 23 Jul. 2008
Foto: Piélagos (Cantabria), urb. Alto del Cuco - S.Cirilo, elpais.com

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Uno de los cerebros del 'Guateque' admite que recibió gratificaciones

ELPAÍS/Madrid* : "En vez de invitarme a una comida, me pagaba". Victoriano Ceballos, ex jefe de la división de Impacto Medioambiental del Ayuntamiento de Madrid y supuesto cabecilla del caso Guateque (la trama de corrupción en la concesión de licencias municipales), reconoció ayer ante el juez Santiago Torres que recibió dinero de la arquitecta técnica Pilar García Uceda, con la que había colaborado en varios trabajos.

Entre los dos realizaban proyectos de expedientes que más tarde se mandaban a la Concejalía de Medio Ambiente, según fuentes jurídicas. Además de Ceballos, también declararon otros tres funcionarios municipales y 10 empresarios en una maratoniana jornada en el Juzgado de Instrucción número 32 de Plaza de Castilla.

Al supuesto cerebro del caso Guateque se le imputa un delito de actividades prohibidas a los funcionarios, el cobro de gratificaciones. A las preguntas sobre la incompatibilidad de las colaboraciones con su condición de funcionario, Ceballos aseguró ante el juez que pensaba que ya estaría "jubilado" cuando "los proyectos llegasen a su departamento debido a la larga tramitación que soportan los expedientes".

Al entrar en la sala, Ceballos explicó al magistrado durante más de una hora cuál fue la tramitación de "tres o cuatro" expedientes de licencias de locales de 2005. "Todos siguieron el curso habitual. No se han producido irregularidades", afirmó después en los pasillos de los juzgados. "No cobré un duro ni por los informes ni por acelerar expedientes". El antiguo funcionario, sin embargo, admitió que sólo se aceleraban las licencias que "políticamente se mandaban adelantar". Antes de declarar, Ceballos insistió en que "no hay ninguna trama", y achacó su imputación a que era el único funcionario que evaluaba los informes que pasaban por Medio Ambiente. "Por eso todos tienen mi firma", puntualizó.

El otro principal imputado que compareció ayer fue Joaquín Fernández de Castro, antiguo jefe del departamento de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente. Coincidió, y charló en varias ocasiones, cerca de tres horas en los pasillos del juzgado con Ceballos. Entre paseo y paseo, Fernández de Castro declaró que "se está cometiendo un atropello disparatado". Ya ante el juez, el funcionario afirmó que habría destituido a Ceballos en el caso de haber tenido constancia de las irregularidades. Ambos funcionarios, que salieron de prisión el pasado 24 de enero, previo pago de 60.000 euros, están imputados por delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y actividades prohibidas a los funcionarios.

La anécdota del día corrió a cargo de Antonio López González, socio en la cafetería Nuevo Riaño de Manuel Pérez Gallego. Éste debía declarar ayer como imputado. "Pero si murió hace tres años", dijo López González cuando su socio fue llamado por el tribunal.

Miguel Ángel García Jodar, ex técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, fue el encargado de abrir la sesión matinal. Él preguntó acerca de unos expedientes en la calle de Lagasca y el funcionario respondió que él sólo hizo las mediciones y nunca falseó datos.

El único empresario imputado que realizó declaraciones fue José Fernando Hurtado Roma, dueño del pub Deyavu, en Ciudad Lineal, y acusado de pagar una comisión por una licencia municipal. Se mostró muy sorprendido por la citación porque pidió una licencia en mayo de 2006 y aún no la tiene. "Lo que he pagado han sido 1.102 euros por un proyecto", aclaró.





* ELPAIS.com - ROBERTO TAMAYO - Madrid - 23/07/2008
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - abc.es

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Roca: "Di el dinero a Urquía en dos sobres"

ELPAÍS* : La sorpresa saltó a las 9.45. Por primera vez desde su detención por la trama de corrupción de Marbella, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca se autoinculpó ayer ante un juez. "Yo pagué 73.800 euros a Urquía para la compra de su casa. Preparé los pagos personalmente y se lo entregué en dos sobres distintos. Quedamos en vernos a mediodía, sobre las tres de la tarde, cuando no había nadie en mi oficina".

Estaba en pleno juicio acusado de pagar al magistrado para conseguir favores judiciales. En concreto, la suspensión judicial de un programa que se emitió en marzo de 2006 en una televisión local en el que se hacía público su patrimonio.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) juzga a Roca junto al magistrado Francisco Javier de Urquía, ex titular del juzgado número 2 de Marbella, y el empresario Arnaud Fabrice Albouhair en una causa derivada del caso Malaya. Todos se enfrentan a tres años de prisión por delitos de cohecho y negociación prohibida a funcionario público. El magistrado, apartado de la carrera judicial desde hace un año, está acusado además de prevaricación judicial.

Era el turno de Roca para decir si estaba de acuerdo o no con los cargos. "Estoy parcialmente de acuerdo respecto del cohecho", dijo. La presidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, pidió que se acercara al micrófono para oír mejor lo que decía. "He decidido decir la verdad en contra del consejo de mi abogado. Para mí no es fácil declarar hoy lo que estoy declarando", añadió después.

El giro de Roca, que en dos declaraciones anteriores negó todos los cargos, cayó como un rayo en la defensa de Urquía. El abogado Antonio González Cuéllar trató sin éxito de volver a suspender el juicio, aunque sí logró un receso para asimilarlo y preparar su interrogatorio.

El ex asesor de Urbanismo no relacionó el pago al juez con la suspensión del programa de televisión que tanto le incordiaba. "Le entregué el dinero para que me ayudara con temas judiciales", dijo. Roca negó haber hablado con el juez sobre el programa, pero reconoció a preguntas del fiscal que era "el único asunto" que tenía pendiente en el juzgado de Urquía.

Cuando le llegó el turno al juez, lo negó todo. "Roca miente (...) el dinero me lo dieron mi padre y mi esposa", dijo. El juez insinuó que el giro de Roca se debe a que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Aseguró que le habían llegado "rumores" de "compañeros de Madrid y de Granada" sobre un "acuerdo para que Roca consiga trato de favor en otras instancias". El ex asesor de Urbanismo lo negó.

Urquía no declaró en el banquillo. Al ser abogado y defenderse a sí mismo, lo hizo desde el estrado y con la toga puesta. Durante la hora que duró su interrogatorio negó haber asesorado a Roca. Para Urquía, el ex asesor de Urbanismo marbellí era prácticamente un desconocido. "No he hablado en mi vida con él por teléfono, he coincidido dos veces en actos sociales" en el local de su amigo Albouhair.

Dos de los inspectores del caso Malaya explicaron al tribunal cómo surgió el caso, que el magistrado Miguel Ángel Torres, primer instructor del caso Malaya, derivó al TSJA porque estaba implicado un juez. "Todo comenzó cuando el juez Torres nos pidió que averiguáramos dónde habían ido a parar 150.000 euros que el promotor Ávila Rojas reconoció haber pagado a Roca", contó un policía. En los apuntes de contabilidad intervenidos vieron que ese dinero se desglosaba en dos pagos, uno de 63.000 euros y otro de 10.800 y tras hacer un rastreo descubrieron que las cantidades coincidían con el contrato de compra venta de una vivienda en la urbanización marbellí Azalea Beach y dos recibos a nombre de Francisco de Urquía Peña.

Con estos datos, y la fecha en la que se firmó el contrato, los investigadores repasaron las conversaciones telefónicas grabadas a Roca y descubrieron una conversación con Arnaud Fabrice Albouhair, en la que una voz en segundo plano asesoraba al ex asesor de urbanismo sobre la mejor forma de conseguir la retirada del programa de televisión. "Fue el propio Miguel Ángel Torres quien reconoció la voz del juez Urquía en la conversación telefónica", coincidieron. "Esto es una trayectoria de pagos, no un pago único", aseguró uno de los inspectores.

Dos inspectores de Hacienda, que declararon como testigos, explicaron que en el caso Malaya se intervinieron 10 gigas de información y 40.000 documentos que todavía están analizando. "Todavía hay aportes no identificados", dijo uno de ellos.





* ELPAIS.com - JUANA VIUDEZ - Granada - 23/07/2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba

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Benalúa Sur. Otro proyecto caro para la ciudad

JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO/Alicante* : Qué pensarían ustedes de alguien que cediera sus propiedades, renunciara a buena parte de los beneficios que pueden derivarse de ellas y posibilitara así que una empresa privada aumentara los suyos? ¿Qué pensarían ustedes si esa conducta la adoptara un Ayuntamiento y que, para realizarla, cesara a los dos técnicos que se oponían a suscribir unos acuerdos aparentemente al menos lesivos para la ciudad? ¿Qué pensarían ustedes si alguien cediera terrenos recibiendo a cambio un valor infinitamente inferior al real?

Cada cual puede pensar lo que estime oportuno dentro de sus preferencias y de su ingenuidad, pero yo, que de ingenuo ya tengo poco, creo que tras este tipo de negocios ruinosos ha de buscarse una razón, la que sea, pero nunca la superior que debe presidir las actuaciones de la Administración Pública.

Puedo entender que haya distintas sensibilidades a la hora de aprobar proyectos de actuación urbanística; puedo entender que existan diversas maneras de concebir el desarrollo de una ciudad; pero nunca, jamás, puedo asumir la pureza absoluta de unas decisiones que han venido acompañadas de actuaciones tan llamativas como el despido y traslado de los técnicos informantes a favor del Ayuntamiento, pero en contra de las decisiones del PP (que no es lo mismo, pues el Ayuntamiento somos todos y el PP unos pocos) y el cambio reiterado de proyectos que, al final, suponen un menoscabo en el patrimonio colectivo que, ese sí, es de todos, no de los que nos gobiernan en este municipio.

El plan parcial Benalúa sur, al que me estoy refiriendo, más allá de la casi anécdota de haber asumido últimamente el pago del levantamiento de un muro para edificar el ansiado colegio de este barrio, está plagado de documentos contradictorios que hacen sentir vergüenza ajena, al menos porque a uno le cabe la duda razonable acerca del cuidado con el que se abordan cuestiones tan elementales como el desarrollo urbanístico de una zona conocida como la milla de oro. O, por qué no -la duda es siempre inherente a la razón-, deducir que tales chapuzas no son ajenas a la forma misma en que se desarrolló un planteamiento urbanístico sujeto a vaivenes de muy difícil catalogación. Porque, fíjense ustedes, en términos sencillos, la propuesta presentada por el urbanizador en el año 1998 era tan simple como que consistía en que él asumiría los costes del desarrollo del plan y así fue aprobada por el Ayuntamiento, para acabar, en el año 2005, con una solución en la que los alicantinos hemos de pagar una buena parte del beneficio del urbanizador y todo ello sobre la base de un caos que movería a la risa si no fuera por la seriedad del asunto y a la inquietud por la gravedad de unos hechos que deben movernos a la reflexión y cuestionarnos muchas cosas, pues lo sucedido entra de lleno en el terreno de la anormalidad.

Y todo esto ha sucedido -e insisto porque me parece esencial-, en un contexto en el que se despide y luego readmite por orden judicial a un técnico municipal, con conocimientos comprobados y que ha ingresado por oposición y se traslada a otro, ambos por oponerse a unas actuaciones muy complejas de entender desde la razón. Y acompañados estos acontecimientos por unas declaraciones de doña Sonia Castedo en las que afirma que el Ayuntamiento necesita técnicos "que se adapten los más fielmente posible al contenido de los puestos de trabajo que integran la organización de la gerencia" (de Urbanismo). A nadie se le oculta que lo que doña Sonia Castedo está preconizando es la sustitución de técnicos independientes, por otros sometidos o dóciles ante las decisiones políticas y que no cumplan fielmente con su función fiscalizadora, es decir, con la crítica y denuncia de lo ilegal o ilícito. Cuando, desde un órgano político se buscan técnicos de este perfil y que sean capaces de obviar la legalidad o de buscar recovecos para incumplirla, debe dudarse de la licitud de las conductas o de la sospecha al menos de su adecuación al ordenamiento jurídico. Y no afirmo que se haya hecho, pues carezco de pruebas, pero sí que de las palabras de la concejala se deduce que es eso lo que se persigue.

Curioso es que, no obstante, el grupo municipal socialista, cuyo portavoz entonces era Blas Bernal, en enero de 2003, diera su aprobación a un plan que ya entonces había experimentado una modificación unilateral del urbanizador en perjuicio de los intereses municipales y curioso es que los seguidores del ex concejal, en esta tribuna y otras similares increpen al portavoz actual, Roque Moreno, pidiéndole actuaciones inmediatas por algo de lo que no es responsable. No me cabe duda, sin embargo, de que este último actuará, pues ningún interés se le conoce y ninguna relación mantiene más allá de aquéllas que le exige el cumplimiento de sus obligaciones. No todos pueden decir lo mismo.
Entiendo que este tipo de comportamientos, de proyectos contradictorios, de documentos que varían sin razón alguna que esté en el origen de la modificación, de pérdida de patrimonio municipal o de un adecuado beneficio, cuando no son controlados desde dentro por técnicos independientes, deben ser sometidos a la decisión de los tribunales. No se trata de judicializar la política como suelen afirmar los que creen que las elecciones legitiman para actuar con total y plena impunidad, sino de restablecer el equilibrio necesario en un Estado de Derecho entre política y respeto a la legalidad. Los mecanismos están previstos, pero cuando los cargos públicos eliminan de la esfera de su actuación todo control interno administrativo y buscan sólo personal de confianza, ha de acudirse al Poder Judicial, que mantiene su independencia y que viene a sustituir de este modo a los profesionales expulsados de la función pública o sancionados por el cumplimiento de su función fiscalizadora.
No emito en esta aportación opinión alguna al respecto de los hechos; no es mi competencia. No obstante, sí manifiesto públicamente mi extrañeza por la existencia de contradicciones en la documentación tan evidentes y de resultados tan opuestos, que es obligado ofrecer alguna explicación pública cuando de los intereses de la ciudadanía se trata. Pasar de un proyecto en el cual los costes se establecían a cargo del urbanizador a otro en el que dichos costes ha de soportarlos en un cincuenta por ciento la ciudad, merece alguna explicación, pues el patrimonio municipal es tan mío como de los concejales de la mayoría y tanta legitimidad tengo yo para oponerme y exigirles claridad, como ellos obligación de dármela. Ganar las elecciones no les hace dueños de la ciudad, sino meros administradores y no son buenos quienes administran y pierden. En cualquier otra empresa estarían cesados.
Nota: Jorge Alarte, para mí el único candidato a la Secretaría General del PSPV que puede encabezar un cambio real, está viendo florecer estrategias innumerables dirigidas a entorpecer lo que la realidad impone y a perpetuar a los inmarcesibles. No creo que a la larga sirvan para nada, pues cuando la esperanza cunde es irrefrenable. La desazón en la que han instalado los de siempre este partido es la prueba de que esta vez no conseguirán sus objetivos.



* José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.




* Información - Opinión - 22 de julio de 2008<

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El juez para las casas que promovió el ex alcalde de Íllora junto a una cañada real

IDEAL/Granada* : Las empezó a construir cuando era regidor en unos terrenos que se habían declarado urbanizables con el PGOU que terminó de aprobar su gobierno. El Juzgado de Instrucción nº2 de Loja ha paralizado las obras de la urbanización que promueve el ex alcalde de Íllora, Antonio Toral, y que -según los informes que constan en las actuaciones- invaden el trazado de una vía pecuaria, la Cañada Real de Loja.

Las obras comenzaron cuando Toral todavía estaba al frente del Ayuntamiento. Es más, la operación urbanística se cerró definitivamente mientras él era alcalde. Por este asunto -desvelado pro IDEAL en diciembre de 2006- la Fiscalía del TSJA presentó denuncia contra el ex alcalde y el ex concejal de Urbanismo por los supuestos delitos de ordenación del territorio y tráfico de influencias.

Cuando sucedieron los hechos Antonio Toral era administrador único de la sociedad Construcciones y Promociones Parapanda Residencial S. L., una empresa dedicada a la «promoción, adquisición y venta de toda clase de terrenos rústicos y urbanos, así como a la construcción, por cuenta propia o ajena», según figuraba en el Registro Mercantil.

Antonio Toral ostentaba el cargo desde el 30 de enero de 2006, el mismo día que inició las operaciones la sociedad. Meses antes, el 11 de noviembre de 2005, el Boletín de la Provincia (BOP) publicaba que el Ayuntamiento había admitido a trámite un proyecto de reparcelación en la pedanía de Alomartes. La operación había sido promovida por la mujer del alcalde y una socia.

Los terrenos habían sido declarados urbanizables -denuncia el PSOE- con la revisión del planeamiento urbanístico (PGOU) que se tramitó en esos años. Un plan que se aprobó definitivamente en noviembre de 2005, aunque el alcalde no participó en aquella votación.

El PSOE -que gobierna en la actualidad- había sido descabalgado a la oposición tras una moción de censura en diciembre de 2003, impulsada por el tripartito PP-PA-PSA. Según los socialistas, la urbanización contemplaba más de un centenar de casas y cuando saltó la investigación ya se habían empezado a construir y estaban casi acabadas las seis primeras, que se habían puesto a la venta al precio de 162.274 euros cada una.

La Delegación de Medio Ambiente emitió un informe en noviembre de 2006 en el que alertó sobre la posibilidad de que las casas que construía el alcalde estuvieran dentro de una cañada real. La Junta aseguraba que el deslinde de la vía pecuaria -de 75 metros de ancho- no se había efectuado.

El Juzgado accede en un auto -recurrible- fechado el 25 de junio a la petición del Ayuntamiento de Íllora, que está personado como acusación, y paraliza las obras de urbanización y de construcción, así como cualquier expediente para licencias de obra o de primera ocupación.




* Ideal - 22.07.08 - Q. CH.
Foto: Íllora (Granada) - wikimedia.org

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La UE pedirá 30 millones por hoteles ilegales de Lanzarote

ELPAÍS* : Sobre los 22 hoteles de Lanzarote declarados ilegales penden varias amenazas. No sólo la sentencia de ilegalidad y la posible demolición, sino que la Comisión Europea acaba de pedir al Ministerio de Economía todos los expedientes de los fondos europeos invertidos en la isla entre 1994 y 2006 para ver cuántos fueron a estos establecimientos y afirma que pedirá la devolución del dinero si, como aquí ocurrió, "fue a proyectos ilegales".

La cantidad supera los 30 millones de euros para zonas deprimidas que el Gobierno del PP concedió a estos establecimientos. Entre ellos está el hotel Playa, que José María Rosell, marido de la senadora del PP María del Mar Agüero, nunca concluyó pese a hacer recibido en 2000 1.660.000 euros para promocionar el empleo en la zona.

La semana pasada, la Subdirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Economía envió a la Comisión Europea el segundo gran paquete de información sobre las ayudas en Lanzarote. La Comisión le ha pedido todos los fondos europeos invertidos en la isla entre 1994 y 2006, en busca de un fraude masivo en las subvenciones hoteleras para zonas deprimidas. "Si los fondos europeos han ido a parar a proyectos ilegales en Lanzarote, le pediremos a España una corrección, cancelando toda o parte de la contribución de la UE", explica una portavoz de la dirección de Política Regional de Bruselas.

Al menos 10 hoteles recibieron más de 30 millones de euros entre 1998 y 2002, según la denuncia que el eurodiputado español de Los Verdes David Hammerstein llevó al Parlamento Europeo. Se trata de ayudas destinadas a zonas deprimidas. Estos hoteles han sido declarados ilegales en un rosario de sentencias que comenzó el verano pasado. El Timanfaya Palace recibió 885.979 euros; el Princesa Yaiza 4,092 millones; el Natura Palace 3,055 millones; el Millenium, que nunca se construyó, 4,67 millones; el Meliá Volcán, 3,173 millones; el Rubicón Palace, 6,82 millones; el Riverostar Papagayo, 1,548 millones, y el Iberostar Costa Calera 1,199 millones.

Este diario intentó, sin éxito, contactar con Rossell, presidente de la cadena Hoteles Playa, con sede en Andalucía, y que además fue presidente de la patronal turística Exceltur. Su esposa, la senadora del PP por Almería, no quiso hacer declaraciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera que los ayuntamientos de Yaiza y Teguise, en Lanzarote, vulneraron sistemáticamente la moratoria turística que limitaba el número de camas que se podían construir en la isla, entre otras irregularidades. Las sentencias dan la razón al Cabildo de Lanzarote y a la Fundación César Manrique, que querían limitar el urbanismo salvaje en la isla.

Francisco Martínez, de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, afirma que si alguien tiene que devolver el dinero será la Administración, "ya que los hoteles tienen alguna irregularidad administrativa, pero los empresarios los construyeron con permiso municipal". El caso es jurídicamente complejo, ya que los hoteleros recurrieron la moratoria y consiguieron su anulación, aunque no por ello dejó de estar vigente, a la espera de lo que diga el Supremo.

Los hoteleros pedirán que sea el Gobierno quien devuelva el dinero y dirán que cuando fueron subvencionados no sabían que los edificios fueran a ser declarados ilegales. Más difícil será el caso de Rossell, que dejó de construir su hotel por orden judicial y del que aún queda el esqueleto de hormigón junto a la playa en Yaiza.

Los hoteleros minimizan el impacto de las sentencias y niegan que pueda llevarles a la demolición, opción que sí contemplan las sentencias que los declaran ilegales. Las resoluciones judiciales han dejado en el aire hasta una gran urbanización de 1.800 viviendas y 4.500 plazas y han creado una situación de urbanismo ilegal comparable al que existe en Marbella, con miles de camas declaradas ilegales.

El Cabildo de Lanzarote, presidido por el PSOE, comenzará la semana que viene a negociar para legalizar algunos de los hoteles: "Carecen de licencia y tendrán que hacer los trámites correctamente. Hay hoteles incompatibles con la moratoria, que tienen más camas y alturas, y menos zonas verdes, y tendrán que adecuarse al plan de ordenación insular", explican fuentes del Cabildo.





* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 22/07/2008
Foto: Esqueleto del hotel Playa, que fue subvencionado con 1,6 millones y no se concluyó - elpais.com

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Las 303 'banderas negras' del litoral

SOITU* : Hace apenas dos meses se presentó el informe de banderas azules de nuestra costa. Ahora, Ecologistas en Acción, muestra la otra cara de la moneda a través del documento 'Banderas Negras 2008. Hipoteca costera'. Este informe muestra en su décima edición un total de 303 banderas negras y 310 puntos negros, lo que supone un incremento de 28 nuevas banderas y un nuevo punto negro en relación a 2007.

Pero ¿qué diferencia hay entre estos dos conceptos? Jorge Sáez, portavoz del área marina de Ecologistas en Acción, nos explica que "una bandera negra se refiere a un caso irreversible, de gran destrucción permanente o de proyectos que ya han comenzado; en cambio, un punto negro hace alusión a un caso puntual o a un proyecto ya aprobado que puede representar una amenaza".

Con todo, el estudio anual de 'Banderas Negras' constituye una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquiera otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral. Para Theo Oberhuber de esta organización ecologista, la principal causa del deterioro de las costas españolas es la intensificación del sector urbanístico, del turístico, del pesquero y en menor medida del agrario. "Esa intensificación ha supuesto una agresión del entorno costero que pone en riesgo para los próximos años la propia actividad de estos sectores, pronto vamos a sufrir las consecuencias económicas, sociales y ambientales de este modelo económico, hemos hipotecado la costa para los próximos años", explica esta ecologista.

Balance de las banderas negras por Comunidad Autónoma:

Andalucía (46)

En esta comunidad destacan la urbanización de Málaga, la construcción y ampliación de puertos deportivos y aquellos proyectos que conllevan la privatización de importantes tramos del litoral con los consiguientes impactos ambientales. El informe señala que aún hoy hay que lamentar casos como el de la playa de Fuentebravía, en el Puerto de Santa María, donde la urbanización salvaje del litoral ha arrasado el hábitat de especies protegidas como el camaleón.

En cuanto a la calidad de las aguas, el documento apunta a que el riesgo de que se produzcan mareas negras es cada vez mayor en las provincias de Huelva y Cádiz, debido al trasiego de sustancias peligrosas y contaminantes en las costas de estas provincias. En concreto Huelva, tiene el "peor caso de contaminación industrial" de toda Europa, según Sáez.

Asturias (28)

La costa asturiana ha sufrido en los últimos años la construcción masificada de nuevas viviendas. Sólo en la zona oriental se han levantado más de 30.000 nuevas viviendas con el deterioro medioambiental que esto conlleva.

Baleares (36)

El 'boom' turístico llegó hace años al archipiélago balear. En especial, Mallorca ha sufrido durante los últimos 40 años una gran presión urbanística en su litoral y diversas zonas con un gran interés natural y ecológico han sido urbanizadas. Actualmente el plan territorial de Mallorca incrementa el suelo edificable con unas previsiones urbanísticas de 5.000 hectáreas en 10 años, todo ello, según los ecologistas, en un territorio ya de por si bastante saturado.

En cuanto a la problemática de los campos de golf, actualmente en la isla de Mallorca funcionan 18 campos y se está tramitando la construcción de 16 más, muchos de los cuales van asociados a complejos residenciales y hoteles.

Canarias (31)

La compensación que se está dando en forma de permutas a hoteles en parques naturales es uno de los problemas más graves de este archipiélago. Esta situación permite ampliar las concesiones administrativas como es el caso del Oliva Beach y el de Tres Islas, a cambio de la propiedad de Lobos. Otro tema importante es la depuración de aguas: el informe indica que las islas canarias suspenden en esta materia. Canarias ha asumido una importante sobrecarga territorial en las zonas litorales de sus cuatro islas más turísticas: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

Cantabria (23)

Una de las mayores amenazas que sufre el litoral de Cantabria es su excesiva, continuada y acelerada urbanización. Prueba de ello es que actualmente existen 23 sentencias de derribo de diferentes urbanizaciones que afectan a 532 viviendas de cinco municipios costeros: Argoños, Arnuero, Escalante, Piélagos y Miengo.

Además, los ambientalistas explican que se ha aprobado un Plan de Puerto e Instalaciones Portuarias que contempla grandes actuaciones en Castro Urdiales, Laredo, Colindres, Comillas y San Vicente de la Barquera y cuyo objetivo es generar 2.750 atraques nuevos para embarcaciones de recreo, actuaciones que generarán graves impactos ambientales sobre las zonas que se sitúen.

Cataluña (36)

La costa catalana es quizás la costa de la Península Ibérica más desconfigurada y desnaturalizada. Los ecologistas señalan que más del 50% de su superficie está urbanizada y hay un grado de contaminación importante frente a las costas de Barcelona y Tarragona ciudad consecuencia de su importante actividad industrial.

El documento también resalta los graves problemas de erosión costera provocados por los espigones de protección de los puertos, que interrumpen y modifican la dinámica de sedimentos y de corrientes en la costa, y además denuncia que el nuevo plan de puertos, que habilitará 6.000 nuevos amarres, no ayuda en nada a solucionar este problema.

Ceuta (1)

La Playa de la Ribera ostenta la bandera negra al estar gravemente afectada por una actuación de "regeneración" que llevó a cabo la Dirección General de Costas hace cuatro años.

Euskadi (12)

Algunas de las zonas más afectadas por la construcción residencial de baja densidad cerca de las zonas de playa son, según la publicación de los ecologistas: el entorno del estuario del Barbadún y la playa de la Arena (Muskiz y Zierbena), el tramo costero de Getxo a Plentzia, los proyectos urbanísticos en Bakio, la Reserva de la Biosfera de Urbaibai y el Estuario del Oka.

De la misma forma, el documento hace hincapié en la presión industrial que recibe la costa vasca, con casos como: la refinería de Petronor, en el estuario del Barbadún, el superpuerto de Bilbao, el astillero de Murueta, la presión industrial en el interior de los valles gipuzkoanos sobre las cuencas fluviales (Deba, Oria, Urola, etc.), las emisiones y vertidos procedentes de la central térmica de Pasaia y otras industrias, el Puerto de Pasajes (en proyecto), y la construcción de nuevos puertos deportivos o de amarres deportivos en puertos tradicionales (Santurtzi, Getxo, Armintza, Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Mutriku, Zumaia, Orio, Hondarribia,...).

Galicia (26)

Para los activistas de Ecologistas en Acción, el desarrollo urbanístico e industrial descontrolado, las inexistentes políticas de ordenación del territorio y un equivocado concepto utilitarista del progreso se ha traducido en la destrucción de grandes partes del litoral gallego. En la actualidad se prevé la construcción de 300.000 nuevas viviendas en la próxima década, un 75% más de las que ya existen hoy, la mayor parte de ellas concentradas en la costa. Además, están previstos 17 campos de golf y 24 nuevos puertos deportivos. De esta forma, Galicia pasaría de tener 816.000 viviendas en la costa a 1,4 millones en diez años, siendo el 60% segunda vivienda.

Los asentamientos humanos e industriales actuales carecen en su mayor parte de las medidas mínimas de gestión de vertidos y depuración de aguas. El informe detalla que esta situación significa que más de 650.000 habitantes vierten sin tratar sus aguas residuales a las rías gallegas, vertidos no sólo domésticos, sino también industriales (más de la mitad).

Melilla (2)

La primera bandera negra está en la playa de Horcas Coloradas linda con un vertedero al mar y está gravemente contaminada todo tipo de residuos; y la segunda, en la playa de ensenada de Galápagos, inutilizada por la gran cantidad de residuos sólidos flotantes que hay en sus aguas.

Comunidad Valenciana (33)

El análisis de los ecologistas concluye que cerca de la mitad del litoral valenciano se encuentra actualmente urbanizado y está previsto que se urbanice otra quinta parte del mismo. El desarrollo urbanístico del litoral supera en ocasiones la capacidad de acogida del medio y la saturación de lugares de ocio como las playas. Ligado a estos desarrollos urbanísticos se realizan una serie de actuaciones que faciliten su uso turístico, en muchos casos con un grave impacto ambiental. Un claro ejemplo son los paseos marítimos: estas obras costeras logran romper la dinámica litoral, impiden la autoregeneración de la playa y suponen una barrera ecológica para el ecosistema costero.

Además, el informe añade que más de un tercio de las playas de esta comunidad presentan diversos problemas de erosión por diferentes causas: la modificación de la geomorfología con espigones, los aportes artificiales de arena, la construcción de infraestructuras como aparcamientos que provocan colapsos de tráfico y vertidos de aguas residuales o de otros tipos. Asimismo, la construcción de puertos deportivos y comerciales o su ampliación es otro de los factores que más está afectando de forma negativa al medio marino y litoral en los últimos años.

Región de Murcia (32)

El litoral murciano presenta graves agresiones provocadas por la minería (la destrucción y contaminación de la bahía de Portmán es el caso más emblemático), el desarrollo industrial (por ejemplo, la bahía de Escombreras) y urbanístico (del que La Manga del Mar Menor constituye un triste ejemplo). Pese a ello, los ecologistas recuerdan que la Región de Murcia sigue albergando algunos de los tramos de costa de mayor valor natural y mejor estado de conservación del Mediterráneo.


Informe completo (en pdf)



* Soitu.es - ALMUDENA MARTÍN - 22.07.2008
Foto: Banderas y Puntos negros en el litoral español 2008 - Ecologistas en Acción

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El TSJA impide la expropiación de la mayor bolsa de suelo de Sevilla

ELPAÍS* : Nuevo varapalo a la expropiación de Tablada, la mayor bolsa de suelo virgen de Sevilla (367,4 hectáreas) y donde el Ayuntamiento prevé crear un parque periurbano. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por el gobierno municipal contra una sentencia de un juzgado de Sevilla que dio la razón al propietario de Arenal 2000, que había recurrido la decisión municipal de expropiar la dehesa.

La sentencia dictada ayer por la sala de lo Contencioso Administrativo tumba el segundo intento del Ayuntamiento de acometer la expropiación. Los argumentos de los jueces son parecidos a los de la primera resolución: el gobierno municipal no ha justificado suficientemente las razones de la expropiación. No obstante, los magistrados del TSJA son más intransigentes de lo que lo fue el juez de primera instancia. Consideran que las finalidades del gobierno municipal son "lícitas y plausibles", pero "exceden" de los "específicos que pueden avalar las reservas de terreno".

El expediente municipal de expropiación al que se refieren los jueces está redactado antes de la aprobación definitiva del nuevo PGOU, por lo que el fallo judicial se basa en el plan urbanístico anterior, de 1987. No obstante, para salvar las reticencias del TSJA a la expropiación, el Ayuntamiento va a tener que trabajar el nuevo expediente más allá de la mera adaptación al nuevo plan y a la ley estatal del Suelo aprobada el año pasado. Los jueces cuestionan incluso la idoneidad de reservar para un parque una bolsa del tamaño de la de Tablada: "Consideramos que es absolutamente desproporcionado llevar a cabo una reserva de terrenos de casi 350 hectáreas sin delimitar cuántas de ellas irán destinadas a esa finalidad", advierten.

Según los magistrados, el gobierno municipal tampoco ha demostrado que la dehesa esté en peligro como para que se justifique su expropiación. "Ni siquiera se nos dice, ni se justifica ni prueba, hasta qué extremo los terrenos de Tablada sufren una degradación tal que imponga una actuación pública".

Tampoco les vale el carácter inundable de los suelos, argüido por el gobierno para justificar su expropiación. Según los jueces, no sólo no sirve para avalar la intención municipal, sino que es un motivo de más para rechazarla. "Si los terrenos son inundable [...] lo serán para todo uso [...] incluida la de ocio y disfrute de los ciudadanos", sostienen.

La jurisprudencia en la que se centran los magistrados es una sentencia del Tribunal Supremo de 2005 que concluye que los ayuntamientos sólo pueden reservar para incorporar a su patrimonio suelos urbanizables, no los clasificados como no urbanizables, como es el caso de Tablada. Esta premisa legal podría poner en duda todo el proceso de expropiación. Fuentes municipales apuntan a que si esto fuera así, se podría abrir la puerta a la construcción del parque en suelo privado ya que el futuro de la dehesa como zona verde periurbana "no tiene marcha atrás" porque está en el PGOU.

Urbanismo confía en salvar el plan, aunque con demora

La sentencia del TSJA sobre Tablada no ha cogido por sorpresa al Ayuntamiento. El gobierno municipal contaba con que los jueces tumbarían el segundo expediente de expropiación, como ya hicieron con el primero, por lo que la Gerencia de Urbanismo tiene preparado desde hace más de un año un nuevo expediente cuyo inicio fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal. El expediente ha estado guardado desde hace meses a la espera de que el alto tribunal diera por muerto el anterior.

Fuentes municipales adelantaron ayer que el Ayuntamiento probablemente no recurrirá la sentencia y se lanzará directamente a la presentación de ese tercer expediente de expropiación, que cuenta con dos bazas: el nuevo PGOU, aprobado en 2006 y que contempla Tablada como zona no urbanizable; y el exhaustivo estudio de parque periurbano elaborado por la Universidad de Sevilla, que definió y situó en el mapa desde un inmenso parque botánico a pistas deportivas.

La consecuencia más negativa de la sentencia del TSJA, según las fuentes consultadas, es que retrasará al menos otros 18 meses, la ocupación de los terrenos por parte del Ayuntamiento. En el mejor de los casos, el pleno municipal podría aprobar el nuevo expediente en otoño, pero el gobierno da por seguro que los propietarios de los suelos volverán a recurrir, por lo que habrá que esperar otra vez a que los jueces se pronuncien.





* ELPAIS.com - REYES RINCÓN - Sevilla - 22/07/2008
Foto: Sevilla2005 - wikipedia

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Roca admite que sobornó al juez De Urquía a cambio de posibles favores judiciales

SUR* : El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama urbanística desarticulada a través de la 'operación Malaya', Juan Antonio Roca, admitió hoy ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haber cometido cohecho en la causa desglosada en la que también se juzga al que fuera titular del Juzgado de Instrucción nº2 marbellí Francisco Javier de Urquía...
... extremo que ha motivado que las defensas del magistrado y del galo Arnaud F. A. hayan reclamado un receso para evaluar el nuevo escenario.

Después de que las declaraciones de los tres acusados, Roca, De Urquía y F. A., quedaran aplazadas a hoy al abstenerse de participar en la vista el fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, Roca ha sorprendido a la sala al admitir "parcialmente" la acusación formulada por el Ministerio Fiscal en cuanto a los delitos en los que se le implica como cooperador necesario de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y de cohecho.
En concreto, y después de que el fiscal detallara su acusación, Roca ha admitido haber cometido cohecho, pero ha expresado su disconformidad con "cómo ha narrado los hechos" el Ministerio Fiscal, alegando su insatisfacción con el artículo del Código Penal esgrimido por el Ministerio Público. De cualquier manera, Roca ha reconocido haber entregado al juez De Urquía 70.000 euros para recibir ayuda en materia judicial y, cuestionado acerca de los asuntos judiciales que entonces tenía en mente, ha admitido que sólo esperaba acudir a la Justicia para emprender acciones legales contra Cristóbal del Toro a cuenta del programa de televisión 'Operación JAR', dedicado especialmente a su persona.
La declaración de Roca ha despertado la sorpresa en la sala hasta el punto de que ha sido necesario decretar un receso para que las defensas de De Urquía y el francés evalúen la nueva situación.




* Sur - Málaga - MARÍA JOSÉ CRUZADO - E.P. - 22.07.08
Foto: Marbella, aérea - J.Lanza (diariosur.es)

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