La senda del Alhaurín

EUROPASUR* : El fiscal del caso Astapa sostiene que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba según el patrón de Marbella. El modelo de gestión del maestro Jesús Gil ha hecho escuela, porque ha situado los resultados aparentes e inmediatos de los municipios de la Costa del Sol en un horizonte inalcanzable con la legislación, las reglas de juego democráticas y los métodos tradicionales de la Administración.

En los últimos veinte años no sólo ha dado un cambio copernicano la economía local a lomos del caballo desbocado de la construcción, sino que también ha calado hondo la idea de Gil de que los ayuntamientos hay que gestionarlos con criterios de empresa privada. El beneficio, el dinero, se han convertido en la pieza angular de un patrón de gobierno. Los medios no importan tanto como los resultados. El modelo marbellero tiene su punto de partida en una exagerada voracidad financiera del ayuntamiento. Lo cuentan distintos interlocutores en la Costa.

–Ser honrado es muy fácil o muy difícil. Eso es así en Estepona y en todas las marbellas de España.
–En Estepona se ha llegado a pedir 3.000 millones de pesetas por una recalificación.
–Yo he visto pedir más.
–¿En Estepona?
–No. En Marbella.

Insuficiencia financiera

“En una situación de bonanza, el dinero no hay quien lo pare”. La frase es de un observador de los cambios sociales ocurridos en la Costa del Sol desde que Jesús Gil consiguió 19 de los 25 concejales de Marbella en 1991. “El dinero es incontenible, le puede al político, le rebasa”. La debilidad económica de los ayuntamientos, denunciada por alcaldes de todos los signos políticos, inequívocamente democráticos, es el envés de la moneda. Es urgente un pacto local de ámbito nacional y regional. Pero no acaba de llegar. Y, mientras, está tan arraigada la idea de extrema necesidad de los ayuntamientos en el inconsciente colectivo, que toda maniobra para hacer dinero, aunque no se ajuste a la ley, es considerada legítima y tiene el beneplácito de la opinión pública y hasta de la oposición en muchos casos. En Estepona, algún reconocimiento de deuda, de obras ejecutadas sin contrato y sin concurso en el mandato de coalición entre socialistas y gilistas de 2003 a 2007, ha contado con la comprensión de la oposición.

Los operadores de la Costa tienen acuñado el término corrupción institucional para definir las irregularidades blancas, aquéllas en las que no hay blanqueo, ni dinero para el bolsillo del munícipe, ni financiación de partidos. Sólo el bien común, o dicho con un eslogan simplista, “lo mejor para el pueblo”. Éste es el inicio de todos los problemas. Y eso es posible porque la mayor parte de las decisiones de planeamiento dependen de la discrecionalidad del responsable municipal, mientras que la disciplina urbanística, las licencias de obra son procesos reglados, que deben atenerse a unos determinados criterios.

–Se habían creído que el problema estaba sólo en Marbella, después se encontraron con lo de Manilva.
–Y ahora, Estepona también.
–Se veía venir.
–Pero hay más.
–Hay mucho más, hay un modelo de gestión que escapa al Estado de Derecho.
–Ahí los tienes. Malaya en Marbella, con alcaldes gilistas como Julián Muñoz y Marisol Yagüe implicados, y la socialista Isabel García Marcos; Hidalgo entre Marbella y Estepona; Astapa en Estepona, con el alcalde socialista Barrientos imputado; Ballena Blanca entre Marbella y Manilva, con el alcalde gilista Tirado procesado.
–Y, además, está el caso Troya en Alhaurín el Grande, con el alcalde popular Juan Martín Serón empapelado.
–Astapa se parece a Troya.
–Más bien, está entre Troya y Malaya.
–Pero aquí no hay un Roca.
–No. Hay varios.

Un prestigioso profesor de Derecho administrativo de la Universidad de Málaga lamenta este nuevo escándalo, porque va a terminar de echar de la política local a la gente de valía, que va a salir huyendo de todo lo público. Este mismo testigo privilegiado de lo que ocurre hace una advertencia: “Estamos en un Estado de Derecho, no en un Estado policial. Cuando la Policía o la Guardia Civil intervienen, ya el daño está hecho. Hay que establecer controles previos, con sutileza y cirugía. Si no, vamos a estar al nivel de los países del África subsahariana, ni siquiera como los del Magreb”.

–Los aprendices de Gil se han animado, porque han visto mucha impunidad.
–Gil ha hecho mucho daño a la autonomía local y la ha puesto en entredicho.

Isabel Conejo, la juez que instruye el caso Estepona, sostiene que Antonio Barrientos era el cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades tanto públicas como privadas y para enriquecerse personalmente. Entre las actividades privadas se incluía la financiación del propio Partido Socialista, no se especifica en qué grado. La existencia de unas cajas de seguridad en los bancos para guardar dinero B recaudado a las promotoras fue denunciada en 2004 en Estepona por el concejal del PP Ignacio Mena. Y negada entonces por el alcalde socialista Antonio Barrientos y por su lugarteniente gilista José Ignacio Crespo, ambos imputados. Aunque Mena y su informante se ratificaron ante la Fiscalía, la existencia de estas cajas también ha sido desmentida ahora ante la juez por Francisco Zamorano (PSOE), concejal de Hacienda también imputado. Crespo fue primer teniente de alcalde durante la Alcaldía de Jesús Gil Marín entre 1995 y 1999 e hizo el mismo papel con Barrientos entre 2003 y 2007.

La entrada en vigor en 2003 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía obligó a los operadores en la Costa a innovar los procedimientos. La LOUA estableció que los ingresos por convenios urbanísticos debían dedicarse a patrimonio municipal de suelo y no podían utilizarse hasta que se aprobase la modificación pactada. Sin ánimo de señalar a ningún ayuntamiento en concreto, el modelo de gestión estableció dos métodos de recaudación. El primero, satisfacer necesidades municipales en seguridad, limpieza, ambulancias o bomberos.

–Me compras una UVI móvil y te firmo este convenio.

Desde que Jesús Gil Marín llegó a la Alcaldía de Estepona en 1995 hasta que terminó la coalición roja/colchonera de Barrientos y Crespo en 2007 se firmaron en la ciudad convenios para realizar 120 modificaciones de elementos en el plan general, por una cantidad de metros cuadrados incuantificable. Millones de metros. Alguna de esas modificaciones, como la de la zona Este, equivale a uno o dos nuevos PGOU. Barrientos llevó a pleno 20 convenios el día antes de la entrada en vigor de la LOUA, para poder disponer del dinero sin las nuevas restricciones legales. Esta medida levantó la irritación de la secretaria provincial, Marisa Bustinduy. Todo el mundo dice en Estepona que “Barrientos presumía de tener valedores en Sevilla”. Motivo por el cual, hay dirigentes del PP que hasta exoneran de responsabilidad a la jefa socialista de la provincia de Málaga. Aunque también puede ser que lo hagan para cobrarse una pieza mayor, en la dirección regional del PSOE o en el Gobierno andaluz. En todo caso, la presencia de una hija del presidente del Senado, la abogada Patricia Rojo, como gerente de Urbanismo era frecuentemente invocada por el alcalde para despejar las críticas del partido.

–Hubo un momento, en 2004 en que Marisa le dijo a Barrientos que se habían acabado los convenios.
–Pero cuando el alcalde se lo dijo a Crespo, el líder del PES le invitó a comer y le explicó que ya tenía una moción de censura preparada.
–Y Barrientos recondujo la situación.

Desarticulación institucional

La presencia de Rojo en el Ayuntamiento también alienta una conexión vasca. La caja de ahorros de Guipúzcoa, Kutxa, es actualmente la propietaria del 100% de la empresa Valle Romano, una de las más dinámicas en la localidad, y cuyo ex consejero delegado está imputado. Pero aquí han operado otras empresas nacionales como la cordobesa Prasa, cuyo presidente también está imputado. En la lista de implicados por la juez figuran los patrones de las empresas locales Agrojardín y Codelsa.

El tren de vida de Estepona y los cuantiosos ingresos municipales vía urbanismo no han impedido que el Ayuntamiento tenga una deuda acumulada de unos 100 millones de euros. No es mucho, si se considera que un buen año el municipio podría ingresar esa cantidad por los convenios. Pero en pesetas suena muy fuerte: 16.638,6 millones. La deuda acumulada en Marbella durante los 16 años de reinado gilista multiplica esa cantidad por más de cinco. Estos déficits están ligados a plantillas claramente sobredimensionadas, de más de 3.000 personas en Marbella y de 1.300 a 1.600 en el caso de Estepona. La cifra precisa es difícil de saber. Hay concejales esteponeros que dicen que son 1.600, pero fuentes sindicales concretan que son 800 en las empresas municipales y 500 funcionarios. En ninguna de las dos localidades hay una relación de los puestos de trabajo, una plantilla orgánica articulada con sus jefaturas de servicio y negociado, como ocurre en la Administración general del Estado. El modelo reinante ha acabado con ese esquema. Roca adelgazó la administración oficial en Marbella y creó una paralela.

Éste esquema forma parte del modelo: los ayuntamientos son las principales empresas locales y si dan mucho empleo se convierten en un bien social por sí mismos, con independencia del resultado de su gestión. Gil demostró que esto genera un clientelismo muy rentable. Sus imitadores siguen su senda: los empleados municipales pueden convertirse en afiliados del partido del alcalde y éste controla el territorio. Desde 1995 el Ayuntamiento de Estepona ha multiplicado casi por cinco su plantilla, pero en los sistemas de contratación casi siempre ha estado ausente un procedimiento de verificación de mérito y capacidad. Esta es una de las vertientes de la investigación policial y judicial. La juez del caso en auto por el que envió a prisión incondicional al alcalde Barrientos decía que se ha contratado a numerosas personas “por razones de afinidad política, sin seguir los cauces legalmente establecidos”.

La mafia es uno de las leyendas de la Costa del Sol. Sin embargo, los investigadores, políticos, abogados, concejales y operadores consultados para este reportaje opinan que en esta operación de Estepona no se ha detectado blanqueo de dinero susceptible de ser identificado como procedente del crimen organizado.

–Aquí mafia, poca. Aunque hubo un famoso juicio en la Audiencia Nacional contra un turco afincado en Estepona, acusado de ser lugarteniente del más importante narcotraficante de heroína de Europa, que puso en evidencia cómo trabajan algunos bancos. Usted va al banco, da las órdenes verbales, ingresa, transfiere y se lleva el dinero que quiera. Y después la sucursal manda los papeles para su firma a un fiduciario gibraltareño, que administra unas sociedades pantalla.
–Y la Hacienda española no tiene la menor noticia de quién es el dueño.
–Pero vamos, este peculiar ‘modelo’ de financiación municipal en la Costa es doméstico.
–Hay una gran confusión de lo público con lo privado.
–Hay funcionarios que pueden informar una licencia de un señor para el que trabajan.
–Los empleados municipales no declaran su segunda actividad.
Se ha perdido el sentido del servicio público. “No se trata de mangantes, ni chorizos, salvo excepciones flagrantes. Sino de gente con otra ética, en la que existe el bien general, pero no está por encima de los intereses particulares”. Es la opinión de un operador en la Costa. A esto se añade la feroz competencia entre los partidos tradicionales y el afán por captar a los independientes, sean del origen que sean. Hay que sacar más concejales, traer artistas más famosos en la campaña, pegar más carteles… Y las direcciones de los partidos les dicen a los del pueblo: “Buscaros la vida”. Y se la buscan.

Falta de control social

Otra de las características de lo que el fiscal llama el patrón de Marbella es la relajación social que hay en la Costa en torno a la gestión municipal. Hay una pérdida casi absoluta de control social. Los ecologistas y las asociaciones de vecinos, muy organizadas en Marbella, no consiguieron parar a Gil. En Estepona hay grupos tan voluntariosos como minoritarios, con escasa base social.

La segunda cosa que ha propiciado la LOUA en la Costa es la financiación bajo cuerda, el dinero B, del que no hay constancia escrita alguna. El modelo ha adaptado varios métodos para capar dinero negro. Uno es vender los excesos de aprovechamiento a un precio inferior a la mitad de lo que valdría en el mercado, que luego es compensado con lo que la juez del caso Estepona llama “contrapartidas”. Otro camino es cobrar por dar la licencia de primera ocupación, aunque el trámite administrativo no exige ningún documento nuevo.

–Una tarifa de primera ocupación puede estar en 500.000 pesetas.
–Y en algunos sitios pueden llegar a los tres millones.

De hecho, tampoco hay un control transparente de las donaciones en especie, que no se atribuyen a un convenio determinado y de las que el pleno no siempre tiene noticia. Un concejal de la oposición en Estepona, recuerda algún caso en que se ha agradecido al donante su generosidad para con el pueblo, sin más.

La profesionalización de la política es otro de los elementos que ha envenenado el modelo. Una buena parte de la clase dirigente, que vive bien de la política en la Costa, no tiene medios de vida alternativos y ya no compite por sus ideas, sino por tener más medios, por no abandonar el poder. Buena parte de la estructura del modelo patentado por Jesús Gil se basa en la inoperatividad de la jurisdicción contencioso administrativa. El profesor consultado considera escandalosa la falta de implicación de la judicatura y su ineficacia. El retraso de los casos puede ser de cinco, seis o siete años, pero no se toman medidas cautelares. Este mismo experto propone medidas drásticas, como retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos y definir de manera precisa las competencias municipales en una nueva Ley de Régimen Local.

En el auto de prisión contra Barrientos le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. Ahora parece un sarcasmo, pero el alcalde le puso en 2003 una querella al concejal del PP Ignacio Mena, por decir que “había convertido el Ayuntamiento en un chiringuito financiero”.

–Le ganó la querella en 2005, en Estepona y en la Audiencia Provincial.
–Eso sí, el honor del alcalde y del Ayuntamiento fue tasado por el juez en 30 euros.
–Ahora Mena va a pedir una revisión de la sentencia.
Hay muchos hilos en la madeja de Astapa de los que tira aun la instructora del caso. Los investigadores siguen preguntando, examinando papeles, encontrando datos sorprendentes.
–Una empresa implicada en el caso Malaya cerró un acuerdo en Estepona en febrero de 2007 con una modificación del plan que suponía hacer 150 viviendas más. Y no aparece el convenio por ningún lado.

Los imitadores de Gil han seguido sus pasos por caminos peligrosos. Han transitado por la misma senda. Y a alguno de ellos esa senda le ha llevado a la prisión de Alhaurín de la Torre. En Estepona, también.





* EuropaSur - Ignacio Martínez - 27.06.2008
Foto: Estepona (Málaga), plaza de las Flores - estepona.es

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"No se puede crecer sin tener ordenado todo el territorio"

ELPAÍS/Entrevista* : Luis Sendra Mengual (46 años) asume la presidencia del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia en un momento de vacas flacas para el sector. Tras una etapa de frenesí urbanístico, cree que es momento de reflexionar sobre el desarrollo futuro y quiere que en el debate se escuche a los arquitectos.

Pregunta. ¿Cómo afrontan la crisis inmobiliaria?

Respuesta. Apretándonos el cinturón. La crisis no es de la construcción, es una crisis económica fuerte del país. El problema es que nuestro sector es un motor importantísimo. Lo primero que se ha perdido es la confianza y la gente ha dejado de comprar vivienda. Hay una psicosis de crisis que hay que evitar, pero los encargos a los arquitectos de viviendas se han reducido en estos primeros seis meses un 50% respecto a los del año pasado. Además, la vivienda protegida (VPO) en 2007 suponía un 8% frente al 92% de la libre. Ahora cae todo a la mitad y la VPO llega al 31%.

P. ¿Es una salida la VPO?

R. Se está haciendo más y seguirá subiendo, pero tiene un problema, y es que el precio de venta es fijo. Además, en el suelo de la VPO sólo se puede invertir el 15% del valor de la venta. La Administración ha subido ahora el módulo [de precio] de la VPO porque si no, no le entra ningún suelo por el coste.

P. ¿Qué opina del desarrollo urbanístico de la última década?

R. Nuestra comunidad en estos 10 años ha avanzado mucho. Hay cosas mal hechas y otras que se podrían haber hecho mejor, pero ha avanzado muchísimo. Lo que ocurre es que no se puede crecer sin tener ordenado todo el territorio. La LRAU permitía crecimientos fuera del planeamiento general. En origen fue una medida progresista que buscaba liberalizar el sector pensando en un abaratamiento del suelo y la vivienda. Pero eso no se produjo así. Hubo empresas que hicieron grandes proyectos que hacían falta, pero se quería quitar tanto peso al propietario que se dio alas a otro tipo de personaje.

P. ¿Al especulador?

R. Hablar de especulador en general... No es la palabra. Cuando abres el mercado entran especuladores, profesionales y gente que quiere ser empresario y dar soluciones. Ni es bueno el que amarra el suelo ni el que especula. En medio hay un río de gente que quiere hacer cosas y le sale bien, gana mucho. Pero lo de trabajar al margen de un planeamiento general se ha corregido con la nueva ley y lo va a corregir el propio mercado porque ahora no se vende. Mucho suelo del que se generó con expectativas, si se quiere, especulativas, no se va a desarrollar nunca.

P. O sea, que será la crisis la que frene la ocupación acelerada del territorio.

R. Va a ayudar a ordenar un poco más el territorio. Había una demanda continuada de vivienda en esta comunidad, un sitio cómodo, bonito. Ha venido mucha gente a la que le gustan nuestras ciudades, lo que tenemos. Y eso es lo que hay que proteger. La Comunidad Valenciana ha dado un salto cualitativo. Ahora son necesarios planes globales.

P. ¿Qué ordenación hace falta?

R. Hace falta un planeamiento territorial y hay que hablar con los municipios para ver cuál es su futuro. Lo que echábamos de menos es una estrategia territorial. La ha presentado el Consell y ahora por lo menos se va a hablar. No se puede estar en una comunidad y que cada uno vaya a la suya. Las infraestructuras, comunicaciones, espacios protegidos, los parques, son de todos. Ese plan territorial aún está en mantillas, pero empieza el debate. Ver la comunidad de una tacada es mucho más efectivo para el urbanismo y la calidad de vida que ver trozos localizados.

P. También se acaba de presentar el plan de la huerta. ¿Qué le parece?

R. Debemos ser capaces de mantener la huerta en el territorio metropolitano y darle un uso, porque las zonas que se protegen absolutamente al final se degradan. La huerta hay que usarla, tiene que haber un señor que la cuide, alguien que la pueda pasear. Es un bien para disfrutarlo. Igual que se decía que Valencia vivía de espaldas al mar y ahora ya vemos el mar, estamos de espaldas a la huerta, nos miramos el ombligo. Hace años que pedimos un plan para la huerta. Entre todos tenemos que darle una salida, pero de uso. No se puede preservar la huerta como en una urna. Si dejan hablar a todo el mundo seguro que sale algo positivo. Es un tema de acuerdo.

P. Valencia revisa su plan general. ¿Cómo debe crecer?

R. Es una revisión reducida y un reconocimiento de un plan de 1988 que se hizo con mucho futuro. Podemos estar contentos del desarrollo. Esta ciudad tiene que marcarse otra vez ese futuro y, con el cinturón de la huerta protegido, éste será el último momento. El final de la ciudad saldrá de este planeamiento. Valencia estará rodeada por L'Albufera, el parque del Turia y la huerta. El siguiente crecimiento será en municipios cercanos, pero la ciudad hay que acabarla.

P. ¿Y cómo hay que acabarla?

R. Se han propuesto una serie de enclaves. Están cogiendo espacios que eran de la huerta, pero por algún sitio hay que crecer. Lo que está claro es que cuando se aprueben el plan de la huerta y el plan general, la ciudad habrá acabado. El borde de la ciudad será la fachada a la huerta y habrá que tratarlo.

P. Ese borde se cerrará precisamente a costa de cuatro millones de metros cuadrados de huerta.

R. Normalmente, estamos a un 50% de ocupación en un plan urbanístico, porque habrá parques, etc. Imaginemos un final de baja densidad, un enlace entre la huerta y la ciudad escalonado. Eso me parecería bien. La sociedad demanda eso, una integración de la huerta en la ciudad. El plan ahora sólo habla de la acción territorial, luego se desarrollará y de eso aún no tenemos datos. Si esos bordes se tratan con cariño, creo que embellecerían la ciudad. Nosotros hemos hecho una alegación al plan y nos gustaría que se hablara de la ciudad con una visión metropolitana. A mí me gustaría que se mantuviera el máximo de huerta posible, pero no a cualquier precio. Debemos tener una huerta que se pueda mantener, darle carta de naturaleza al labrador, porque nos ayudará a ser la mejor ciudad de Europa.

P. ¿Qué actuación propondría para El Cabanyal?

R. Estoy aquí como representantes de los arquitectos valencianos y, en nuestro seno, pues hay de todo. Gente que estará a favor de una prolongación de Blasco Ibáñez a lo bruto, gente que dice que un barrio de pescadores con esa trama hay que mantenerlo al 100%, otra que piensa que hay que comunicar los sitios si queremos utilizarlos... Yo creo que la ciudad tiene que estar conectada con todas partes. ¿Qué le pasa a Blasco Ibáñez? Pues que es una avenida que va de un sitio a ninguna parte. Y luego tenemos una trama singular en un barrio que está en una zona a la que le cuesta arrancar, con bolsas depresivas. Yo prolongaría Blasco Ibáñez con el menor daño posible, cambiaría la escala. Pero desde luego hay que llegar de una forma cómoda con un estudio riguroso para mantener esa trama. Se puede compatibilizar la integración.

P. Otra intervención polémica, la de Tabacalera.

R. Tabacalera es un edificio de la Exposición Regional que en su origen no tenía las naves laterales. Estoy encantado con que tenga un uso. Lo que me molesta es que en esa manzana se vayan a hacer dos torres de viviendas. Tendrán que pensarlas mucho para integrarlas en una manzana singular. Quitar esas naves para un parque o un esponjamiento, no creo que sea lo más grave, sino que teniendo ciudad se tengan que hacer ahí dos edificios.

P. ¿Qué opina de la política de hitos arquitectónicos?

R. Los políticos tienen miedo a la crítica y, si cogen a alguien con nombre, piensan que no les ocurrirá. Tienen un poco de miedo a abrir la espita de los concursos, pero creo que tenemos muchos arquitectos capaces de hacer grandes proyectos. Algunos elementos singulares, bien colocados, siempre son buenos.

P. Quiere reforzar la presencia de los arquitectos en los debates públicos. ¿No les escuchan?

R. Yo creo que sí. Nuestro papel es el de asesorar y nos sentimos respaldados por la sociedad. Lo que no quiere nadie es ser utilizado. Hemos de estar siempre, no cuando le interese a alguien que estemos o nuestra opinión sea favorable a uno u otro. En el fondo, todos queremos lo mismo: ciudades bonitas, que se cuide el patrimonio, el entorno y que sean sostenibles.




* ELPAIS.com - Comunidad Valenciana - SARA VELERT 29/06/2008

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Los escándalos urbanísticos disparan la alarma social

CINCODÍAS* : España no aprende. Un año más, Transparencia Internacional (TI) ha puesto el dedo en la llaga: la corrupción urbanística se ha disparado en nuestro país (no ha dejado de crecer desde 2005) y los españoles comienzan a pensar que detrás de cada político y de cada empresario hay un ciudadano corrupto.

Esta organización no gubernamental, con sede en Berlín, presentó ayer en Madrid el Informe Global 2008 sobre la Corrupción (178 países); y España no podía salir peor parada: el documento es una crítica demoledora y ácida sobre los últimos escándalos y abusos ligados al negocio del ladrillo y sobre sus consecuencias sociales.

El estudio recuerda el trabajo de Greenpeace Destrucción a toda costa (junio 2006) que contabiliza 102 escándalos o sentencias condenatorias de gobiernos locales por incumplimiento de la normativa; reseña 30 supuestos delitos urbanísticos (sólo el caso Estepona queda fuera de la lista, por el simple hecho de que estalló hace apenas una semana) y suma seis casos de corrupción vinculados a la adjudicación de contratos. 'La corrupción en el ámbito municipal es muy preocupante, en el 70% de los ayuntamientos imputados el alcalde fue reelegido, en algunos casos con más votos', recordó ayer Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del consejo de TI-España.

Pese a la existencia de cierta tolerancia, crece entre los españoles la percepción de que aumenta la corrupción y de que ésta afecta a amplias estructuras del Gobierno y los negocios. Una gran mayoría, casi el 60%, opina que el Ejecutivo hace poco o muy poco por frenar los abusos urbanísticos: el 36% asegura que las medidas gubernamentales están resultado ineficaces, el 13% afirma que este Gobierno no lucha contra la corrupción y el 10% va más allá en su juicio y advierte que no sólo no lucha, sino que los fomenta. Con todo, España es uno de los tres países de Europa, junto a Dinamarca y Reino Unido, que cuenta con amplio grupo de ciudadanos (el 18%) que considera muy eficaces las actuaciones administrativas.

En el mismo sentido se orienta la reflexión de Manuel Villoria, quien asegura que 'del análisis de las últimas leyes aprobadas, la principal conclusión que se puede sacar que es que el Gobierno está preocupado y está poniendo los medios para erradicarla'.

En cualquier caso, parece que hay demasiados supuestos delitos en la prensa y en los juzgados como para que la ciudadanía no se preocupe. 'El panorama es desalentador', dice el informe: la corrupción no sólo destruye el capital social sino que socava la confianza en los demás. Sólo un 30% de los españoles confía en sus conciudadanos. El fenómeno está provocando, además, una progresiva deslegitimación de las instituciones. Así, el 63% de los encuestados considera los partidos políticos bastante corruptos o extremadamente corruptos, el 41% considera a los legisladores bastante corruptos o extremadamente corruptos, el 54% a las empresas y el 44% a los medios de comunicación.
Deterioro medioambiental

En cuanto a los servicios públicos en general, el 40% considera bastante corrupto o muy corrupto al poder judicial, el 29% a la policía y el 37% a la recaudación de impuesto.

Por último, señala que la construcción 'detrae recursos de los sectores productivos a uno que no lo es' y recuerda, siguiendo al BBVA, que 'aunque la riqueza ligada al sector inmobiliario aporta el 32% de los ingresos municipales, genera en sus arcas un gasto del 36%'. A juicio de los expertos, este asunto está detrás del alarmante deterioro medioambiental y del sobreprecio de la vivienda 'y ambos efectos expresan una ruptura del pacto intergeneracional'.
Los negocios del agua amenazan el desarrollo mundial

Más de mil millones de personas en el mundo no tienen acceso garantizado al agua y más de 2.000 millones carecen de servicios de saneamiento adecuados. De ahí que la corrupción en el sector del agua es una amenaza para el desarrollo y la sostenibilidad.

'El agua es un recurso insustituible. Es primordial para nuestra salud, nuestra seguridad alimentaria, el futuro de nuestra energía y nuestro ecosistema. Pero la corrupción plaga la gestión y el uso del agua en todas estas áreas', señala Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional.

El informe explora el impacto y el alcance de la corrupción en los distintos segmentos del sector del agua e identifica una serie de problemas, desde el pequeño soborno en el suministro hasta el saqueo relacionado con la obtención de contratos de regadío y los fondos hidroeléctricos, sin olvidar el encubrimiento de la contaminación industrial así como la manipulación de la gestión del agua y de las políticas de distribución.

El informe incluye recomendaciones, entre ellas, que la transparencia y la participación sean los principios fundamentales en todos los aspectos de la gobernabilidad del agua, reforzar el control regulador y garantizar una competencia justa en los proyectos del agua.

En el caso español, el agua es una cuestión emocional y política. Ninguno de los casos de corrupción clásica se refiere al agua, sino que según el catedrático de Geodinámica de la Complutense M. Ramón Llamas, los conflictos del agua están relacionados con las subvenciones perjudiciales; la falta de transparencia en la información sobre el agua y el actual caos en la gestión del agua subterránea.




* Cinco Días - M. Matute / MADRID (26-06-2008)
Viñeta: Exposición 'especula en accion' - Jobi

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Estepona: Deudas, fontanas y confianza perdida

ELPAÍS/Málaga* : Los agentes que investigan la trama de corrupción urbanística en Estepona siguieron tomando declaración a empresarios y cargos públicos locales en la comisaría. Ayer le llegó el turno al empresario Ángel González, uno de los industriales más potentes de la localidad.

González es padre del apoderado de la empresa Nagore Inversiones SL. El pasado 23 de mayo, el Pleno municipal dejó en el aire un reconocimiento de deuda con esta promotora inmobiliaria de 915.000 euros por unos trabajos de remodelación de la avenida Puerta del Mar. Esta obra fue adjudicada en 2005 por el concejal posgilista Ignacio Crespo, en prisión provisional .

Según un informe del interventor accidental, Luis Díaz, los trabajos, terminados antes de las pasadas elecciones, se contrataron sin fiscalización previa y "prescindiendo totalmente del procedimiento establecido". El interventor terminaba por darle el visto bueno al pago, pero alertaba de que esta situación se estaba repitiendo demasiado.

Otro reconocimiento de deuda por el que han preguntado los investigadores es el que mantiene el Ayuntamiento con la empresa World Collection. El consistorio ha reconocido una deuda de 300.000 euros por una gran fuente construida a la entrada de la avenida Juan Carlos I, frente a la playa. Esta fontana, en un primer informe de tanteo elaborado por técnicos municipales, se tasó en sólo 36.000 euros, según fuentes municipales.

Uno de los elementos que han cimentado el silencio sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona es la gran cantidad de empleados municipales, algunos con grandes sueldos, que los responsables políticos han fichado en la localidad. El pasado 23 de junio, los agentes citaron como testigo al consejero delegado de la sociedad municipal Desarrollos Municipales Estepona S.L, Juan Carlos Gurrea. Ayer, tres días después de prestar testimonio, Gurrea fue despedido por el edil de Hacienda, Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros y que sigue al frente de todas las empresas municipales de Estepona. Zamorano, expulsado del PSOE, envió una carta a Gurrea informándole que ha "desaparecido la confianza" que se depositó en él cuando fue fichado en 2003.

[Por otro lado, el abogado Ignacio Pérez de Vargas, aseguró ayer que su relación con la promotora Valle Romano es "inexistente", como informó por error EL PAÍS el jueves.]



* ELPAIS.com - F. J. P / J. V. - Estepona - 27/06/2008
Foto: Estepona - J.R. (El País)

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Proyectar el área metropolitana

ORIOL BOHIGAS* : En las críticas más o menos solventes sobre el urbanismo de Barcelona aparece, desde hace años, el asunto del área metropolitana, como el más trascendental por su carácter estructural, por su envergadura dimensional y por su contenido social. Es un problema del que se deducen infinidad de temas secundarios que afectan a la forma de vivir y convivir de toda la comunidad. La inestabilidad del área en sus propias fases de planificación, la ineficacia funcional de sus redes de comunicación, la falta de continuidad y homogeneidad social, morfológica y simbólica, la degeneración suburbial, las periferias degradadas tienen una repercusión inmediata en la vida de cinco millones de catalanes.

El tema se arrastra desde la década de 1950. Ante la prohibición por parte del Gobierno central de agregar a Barcelona directamente los municipios colindantes -tal como se hizo aquellos mismos años en Madrid- la capital catalana tuvo que buscar soluciones de coordinación -forzadas, inconclusas y, al fin, inútiles- entre los diversos núcleos autónomos. Estas soluciones se han sucedido en una dramática línea de fracasos y, a veces, incluso, originando problemas complementarios.

El primer intento fue el Plan de Ordenación Urbana de Barcelona y su zona de influencia (1953), un documento conocido habitualmente como Plan Comarcal que comprendía 27 municipios. Sirvió sólo para algunas operaciones concretas y para suscitar en 1956 el Plan Director del Área Metropolitana de Barcelona, que incluía 162 municipios. Este plan presentaba un conjunto de trabajos muy interesantes, con escasa propuesta proyectual, pero con abundantes análisis científicos, publicados en 27 volúmenes, que son, todavía, referencia y muestrario de la nueva generación de equipos pluridisciplinares en el campo del urbanismo. La gran cantidad de municipios incluidos en el plan explica un nuevo concepto del Área Metropolitana, referida más a una red de interdependencias y a unas relaciones de residencia y trabajo que a la simple proximidad física. Pero los procesos de aprobación y los instrumentos de aplicación no funcionaron y los esfuerzos administrativos se dirigieron hacia una nueva etapa: el Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana de la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona. Se aprobó en 1976 y se creó la Corporación Metropolitana como ampliación de la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros Municipios. El plan y la estructura administrativa empezaron a funcionar en un área que sólo comprendía 27 municipios, muy pronto insuficiente para la expansión real.

En 1987 la Generalitat cometió el grave error de suprimir la Corporación sin ninguna razón más allá de los presuntos desequilibrios electorales. El plan se ha mantenido, sobre todo en la ciudad central, pero la totalidad del área ha seguido desatendida con escasas consecuencias proyectuales. Se inician los trabajos para un plan territorial que se desarrollan bajo la dirección del ingeniero Albert Serratosa y se prolongan hasta 1998. Sus autores se esfuerzan en divulgarlo e incluso lo publican muy concienzudamente, aunque sin alcanzar una aprobación definitiva.

En 2004, con el tripartito, la historia recomienza. El Departamento de Política Territorial inicia los estudios para un nuevo plan del área global: 164 municipios, 3.200 kilómetros cuadrados y 5 millones de habitantes. Hace pocas semanas el anteproyecto ha sido presentado a información pública, una publicidad todavía informal pero suficiente para recoger la opinión de la ciudadanía y de los técnicos pertinentes. Al cabo de tres meses, la propuesta ya adaptada pasará a la aprobación inicial, a la reglamentaria información pública y a la aprobación definitiva. ¿Cuántos meses va a durar, todavía, ese atribulado proceso?

El lector se extrañará de que me haya detenido en esta historia de trámites casi inútiles. Pero es esta historia la que permite derivar observaciones críticas, quizá más que el contenido del anteproyecto, sin duda lleno de propuestas plausibles. Esos largos años de incertidumbre han sido decisivos en el creciente descrédito de nuestros políticos del Gobierno y de la oposición: o no se han interesado realmente por el problema urbano más grave del país -por razones partidistas- o no han sido capaces ni siquiera de iniciar su gestión -por razones de ineficacia. La supresión de la Corporación barrió posibilidades y destruyó la unidad política de gestión y proyecto. Con tanta frustración acumulada es lógico que algunos ciudadanos desconfíen y exijan una recomposición de las instituciones y los instrumentos. Que pidan programas más precisos, que los políticos concreten calendarios y expliciten su interés por la metrópoli y lo sepan comunicar a la ciudadanía como un tema prioritario, urgente, indiscutible. De momento, es muy buen síntoma ese anteproyecto. Pero hay que insistir en él, aunque no acabe de ser asimilado con entusiasmo ni siquiera con entusiasmo crítico. Ésa es la transformación básica para la total reordenación territorial de Cataluña, la transformación a la que el Gobierno debe reclamar una profunda participación popular. Es más fácil entretenerse en la polémica de los túneles, en la denuncia de los fallos ferroviarios, en las insuficiencias aeroportuarias, en el detalle de ciertas infraestructuras, pero hay que tener presente que todo ello depende directamente de las grandes decisiones territoriales, la primera de las cuales es, precisamente, el Área Metropolitana de Barcelona. De momento no oigo el ruido de la polémica ni el rumor del diálogo en la política y la ciudadanía. ¿Y los medios de comunicación seguirán en sus silencios no comprometidos?

Espero que el Departamento de Política Territorial maneje adecuadamente ese anteproyecto y lo catapulte acompañado de un programa de gestión en la perspectiva de una nueva Corporación o un megaayuntamiento con altas responsabilidades políticas, elegido democráticamente, para gobernar una gran ciudad regida y reglamentada unitariamente.



* Oriol Bohigas es arquitecto.



* ELPAIS.com - Cataluña - Opinión - 25/06/2008

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Lanzarote: Golpe de la Justicia al Plan Parcial Playa Blanca

DIARIODELANZAROTE* : A golpe de auto judicial, el Juzgado de lo contencioso administrativo está cuestionando la política urbanística llevada a cabo por el Ayuntamiento de Yaiza en la etapa de José Francisco Reyes (PNL). Por tercera vez, el Juzgado ha dictado medidas cautelares que paralizan la construcción de un complejo de villas, en este caso de 42 unidades.

Durante años, la ausencia de medidas cautelares que frenasen la construcción de complejos turísticos o residenciales de dudosa legalidad posibilitaron que en los municipios de Yaiza y Teguise florecieran edificaciones que luego los tribunales de justicia declaraban ilegales. En la mayor parte de las ocasiones, cuando llegaba la sentencia el hotel ya estaba abierto o la villa residencial vendida.

En el último año, sin embargo, en el Plan Parcial Playa Blanca ya se han paralizado de manera cautelar por los tribunales tres promociones cuya legalidad ha sido puesta en duda por el Cabildo, que en realidad considera que el propio plan parcial no tiene validez y que quedó extinguido hace siete años, con la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno de Canarias (6/2001).

El último caso en sumarse a la lista de las obras paralizadas ha sido una promoción de 42 villas unifamiliares autorizadas por el Ayuntamiento de Yaiza mediante licencia concedida el 16 de septiembre de 2005. Las villas se construirían en la parcela R-22 del Plan Parcial Playa Blanca.

El Juzgado de lo contencioso administrativo de Las Palmas dictó el pasado 13 de junio un auto en el que se acuerda "acceder a la medida cautelar interesada por la representación del Cabildo de Lanzarote" y, por tanto, dispone la suspensión de la licencia urbanística concedida por el Consistorio que entonces presidía José Francisco Reyes.

Pero además de suspender la licencia y evitar que se levanten los bloques de la promoción recurrida por la Corporación insular, el Juzgado también ha ordenado la anotación preventiva del recurso contencioso administrativo en el Registro de la Propiedad de Tías hasta que recaiga sobre el procedimiento judicial sentencia definitiva.

Tal y como se razona en los fundamentos de la decisión judicial, la petición de suspensión por parte del Cabildo se basó en que la licencia impugnada vulneró de "forma notoria y ostensible" la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas establecida por las Directrices del Gobierno de Canarias del año 2003 (en concreto la disposición transitoria trimera de la Ley 19/2003).

Además, la licencia urbanística fue otorgada -según el Cabildo- en virtud de una modificación del Plan Parcial para su adaptación al Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) que es "inexistente", es decir, que nunca se ha aprobado.

De hecho, el criterio de los servicios jurídicos del Cabildo sostienen que el Plan Parcial Playa Blanca quedó extinguido por efecto de la disposición adicional segunda de la Ley 6/2001, de Medidas Urgente. Por ello, el Cabildo ha recurrido todas las licencias de las que ha tenido conocimiento dentro del citado plan parcial.

Sin informe jurídico

Otro de los aspectos que más llaman la atención de este caso es que ni siquiera fue emitido "el preceptivo informe jurídico previo a la resolución sobre la solicitud de licencia". De ahí que el Juzgado confiera a la reclamación del Cabildo la "apariencia de buen derecho" y opte por paralizar la licencia para evitar, de paso, que la finalidad del recurso -que no se construya la promoción- no se cumpla.

La tercera

Esta última promoción paralizada en el Plan Parcial Playa Blanca es la tercera que frenan los tribunales a instancias del Cabildo. Así, también se ha resuelto medida cautelar contra un complejo de 38 chalets en la parcela R-21 autorizado por Reyes el 7 de septiembre de 2005 y contra un proyecto de 34 bungalows al que le dio vía libre el Ayuntamiento el 30 de agosto de 2005 en la parcela R9B.

Más detalles

RECURSOS. Después de que el Ayuntamiento facilitase las licencias al Cabildo de Lanzarote, la Corporación ha iniciado procedimientos judiciales para anular una quincena de licencias urbanísticas dadas por el Consistorio.

CAUTELAR. Según el Juzgado, "la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad al recurso".




* Diario de Lanzarote - 27 de junio de 2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - diariodelanzarote.com

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El convenio para demoler el hotel de Prasa en Estepona carece de tasación

ELPAÍS/Málaga* : Uno de los convenios urbanísticos sobre los que más se han interesado los policías que investigan la trama de corrupción en Estepona es, al mismo tiempo, uno de los más recientes y polémicos. Se trata del acuerdo que permitió la demolición del hotel Estepona Playa, una mole de siete plantas que la promotora cordobesa Prasa levantó algo más que en primera línea de playa: el inmueble invadía directamente el dominio público marítimo terrestre.

El convenio con Prasa, firmado en noviembre de 2007, y el derribo inmediato de la estructura ilegal fue publicitado por el equipo de gobierno de Antonio Barrientos -actualmente en prisión- como un ejemplo de rigor urbanístico. Sin embargo, el convenio hacía aguas, a pesar de la gruesa capa de tecnicismos jurídico-arquitectónicos que sus redactores emplearon para dar al expediente un aspecto impecable. El arquitecto jefe del Servicio Técnico de Urbanismo, Ignacio de la Hoz, ahora en libertad bajo fianza de 50.000 euros, no incluyó en el convenio una tasación para valorar los terrenos que iban a ser objeto del acuerdo entre Prasa y el Ayuntamiento. Este detalle, que puede parecer menor, se traduce en que en realidad se ignora el beneficio económico concreto que ha obtenido la empresa con el acuerdo.

El hotel Estepona Playa recibió la licencia de obras en junio de 1999. A los pocos meses se iniciaron los trabajos frente a la barriada de pescadores de la playa de La Rada. El 11 de julio de 2003, cuando el edificio era ya un esqueleto de hormigón de siete alturas sobre un solar de 3.569 metros cuadrados, la Demarcación de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente paralizó las obras porque parte de la estructura invadía el dominio marítimo terrestre, entre otros incumplimientos. Prasa obtuvo en los tribunales que el coste del derribo, 1,2 millones de euros, no saliera de su bolsillo. El convenio de noviembre estipulaba que sería la propia Dirección General de Costas la que correrá con el coste de la demolición.

Además, para compensar el lucro perdido por Prasa por no poder explotar el hotel ilegal, el Ayuntamiento acordó aumentar en 10.859 metros cuadrados de techo edificable el aprovechamiento de una parcela que Prasa posee en la playa de El Valerín. Esta modificación se incorporará al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona, actualmente en redacción. En el informe que elaboró para dar validez al convenio, Ignacio De la Hoz escribe lo siguiente: "Las inversiones realizadas por Prasa en la construcción existente en el solar [el hotel] resultar equivalentes respecto del incremento de aprovechamiento a realizar en el futuro PGOU de Estepona". Para emitir este dictamen, el arquitecto jefe municipal no se apoya en ninguna tasación, peritaje o valoración, según el expediente del convenio.

El acuerdo urbanístico también recibió el visto bueno del redactor del PGOU esteponero, Enrique Bardají, y del jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo, Andrés Flores. A este último la juez instructora de la Operación Astapa contra la corrupción en Estepona dejó en libertad provisional sin fianza.

Por otro lado, la concejala de Cultura y Fiestas Mayores, Asunción López, expulsada del PSOE, reconoció ayer que los 90.000 euros intervenidos por la Policía en la sede de su concejalía no habían sido controlados por la Tesorería municipal. López aseguró que el dinero estaba custodiado en una caja fuerte de la concejalía y no en un cajón de su despacho, y afirmó que la cantidad correspondía al canon que los feriantes pagan al Ayuntamiento por el uso del suelo municipal para la feria que comienza el 1 de julio.




* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ / F. J. PÉREZ - Estepona - 27/06/2008
Foto: Estepona (Málaga), derribo hotel Prasa - diariosur.es

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El ladrillo gana siempre

ELPAÍS* : La huerta de Murcia es pasto de los pisos. Casas como la de Pedro y Violante, con limoneros, gallinas y conejos, están "llamadas a desaparecer", como afirma el Ayuntamiento de Murcia. Pedro y Violante, de 89 y 84 años, acaban de perder, tras meses de batalla judicial, el derecho a seguir en la vivienda que habitan desde 1946.

La Sección Primera de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha corregido al juez que les dio permiso a seguir allí porque en un piso -donde los realojaba el consistorio- peligraba su salud.

En noviembre pasado, Pedro Camacho explicaba en su casa cómo en 1973 fue operado en Barcelona. En un paseo por el hospital subió a un ascensor. "Estuve subiendo y bajando hasta que alguien me dijo cómo salir. No he vuelto a montar en uno". Siembre ha vivido en una casa baja en la huerta. Pero el ayuntamiento planeó a través de ésta una avenida de seis carriles vital para las miles de viviendas previstas en la zona.

El 26 de abril de 2006, el ayuntamiento acordó expropiar los 232,05 metros cuadrados de la casa de Pedro y Violante. Fue tasada en 163.034 euros, con lo que debían pagar un alquiler durante 18 meses y con el resto podrían optar a un piso protegido.

El 10 de mayo de 2007, los técnicos les dieron cinco días para desalojar la casa. Comenzaban las obras. El 14 de septiembre, con el trámite de expropiación avanzado, su abogado, Eduardo Salazar, probó una maniobra a la desesperada: pidió parar la expropiación por motivos de salud. Aportó un informe médico sobre los octogenarios. Padecían una "sintomatología ansioso-depresiva: pensamientos recurrentes e intrusos sobre la expropiación, falta de apetito y alteraciones del sueño, oscilaciones anímicas, se muestran asustadizos, con sensación de irrealidad". Pedía que en vez de un piso, el ayuntamiento les diese "una casa parecida, humilde pero en la huerta". El juez, en una decisión sorprendente -por lo humana- les dio la razón el 2 de noviembre y paralizó el realojo. Desde entonces, su casa es una isla en un mar de grúas. El ayuntamiento recurrió al Tribunal Superior: "Se está condenando al ayuntamiento a buscar casa en la zona, cosa difícil puesto que es una zona de crecimiento de la ciudad, donde las viviendas de similares características están llamadas a desaparecer".

El tribunal, en una sentencia notificada el miércoles, ha dado la razón al consistorio. Aunque admite que "el abandono de su vivienda puede ocasionar perjuicios" a la pareja, señala que la "vivienda ha sido expropiada y necesariamente han de abandonarla". La sala pide que sean los familiares los que le busquen "una vivienda similar". "No parece que mantenerlos en una vivienda en una zona en obras contribuya a esa forma de vida que es conveniente a su edad y circunstancias". Además, destaca el "perjuicio al interés general" que están ocasionando Pedro y Violante.

Contra el fallo no cabe recurso y Pedro y Violante deben pagar las costas del procedimiento. Su familia explicó ayer que conseguir una casa similar costaría más dinero del que han recibido porque hay que comprar una taúlla de terreno. "Ellos están abatidos. Se sienten humillados. Pedro dice que parece que estamos en los tiempos de antes", explicó un familiar. El ladrillo ha vuelto a ganar.




* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 27/06/2008
Foto: Murcia, Pedro y Violante ante su casa - CZ (elfarodemurcia.info)

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Andalucía: Especulación inmobiliaria, construcciones y delitos urbanísticos, el pan nuestro de cada día

GAS/Reportaje* : Tras ver los casos de delitos urbanísticos de Sevilla y Cádiz, esta vez, se destacan casos del resto de provincias andaluzas. Veremos los casos más destacados y recientes, provincia por provincia. Como han sido en Córdoba, el “Caso Torreblanca”, donde se ha abierto un procedimiento penal contra varios policías locales. Y en Málaga la Operación Astapa, en la cual se ha detenido al alcalde de la localidad.

Huelva:

En Huelva, el mayor plan urbano de los últimos años ha sido aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). De este modo se llevará a cabo la construcción de 3.600 viviendas, un centro comercial y un palacio de congresos, integrados en el “Plan Parcial del Ensanche Sur de Huelva”.

El TSJA ha rechazado, de este modo, los recursos de la Consejería de Obras Públicas y la Junta de Andalucía, quienes pretendían rechazar el Plan Parcial para aplicar otro instrumento urbanístico: un Plan de Sectorización, que sólo podría ser aprobado por la Junta. Este Plan Parcial avalado por la justicia determina lo que se va a construir tras el estadio Nuevo Colombino, junto a la Ría de Huelva.

Córdoba:

En Córdoba, enmarcado en el “Caso Torreblanca”, se ha abierto un procedimiento penal contra varios policías locales a los que se imputan delitos relacionados con la supuesta falsificación de firma, alteración de denuncias de infracción urbanística y desaparición de actas y de datos del registro oficial de la Policía Local. Se ha informado que se borraron más de 1.000 expedientes de la Unidad de Disciplina Urbanística relacionados, en su mayoría, con la parcelación de Torreblanca.

Por lo tanto lo que empezó como una simple construcción de chalés ilegales en esa urbanización de la Sierra Cordobesa, ha continuado por una serie de delitos que superan los primeros denunciados por medio de una investigación periodística. Los implicados son un escolta de la alcaldesa y una pareja de municipales encargados de multar a quienes edifican ilegalmente.

Tras su denuncia en enero, el Ayuntamiento abrió una investigación, que demostraba la modificación de la fecha de las denuncias de la policía local y las actas de infracción.

El caso a pasado a los juzgados, con los supuestos delitos de la falsificación de la firma de un particular en un acta de infracción urbanística, la alteración de un registro oficial y la eliminación informática de datos.

Málaga:

En la serranía malagueña, en Ronda, el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, la Consejería de Obras Públicas y Ecologistas en Acción han recurrido ante los tribunales la construcción de la macrourbanización “Merinos Norte”.

Es un proyecto que se comenzó a construir en septiembre del 2006 y que prevée convertirse en un complejo turístico con dos campos de golf, 800 viviendas y demás infraestructuras turísticas y hoteles, promovidas por Promociones Club de Campo y Golf de Ronda SL y con el apoyo del Ayuntamiento de Ronda.

La denuncia de los colectivos vecinales, sociales, ecologistas y agrarios se centra en la amenaza de esta “obra faraónica” a la cantidad y calidad del agua del acuífero del que se abastecen diversas poblaciones de la sierra. De hecho, ya ha supuesto la muerte de miles de encinas en este paraje, la Sierra de las Nieves, declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. El complejo, que no cuenta con las autorizaciones oportunas para extracción de aguas, pone en riesgo el abastecimiento de 10.000 vecinos por la sobreexplotación, y por la contaminación por filtraciones, como ya demuestran informes de organismos oficiales.

El 31 de mayo 300 vecinos, ecologistas y ciudadanos preocupados por el medio ambiente y la salud de la comarca marcharon desde Cuevas del Becerro hasta la finca donde se pretende construir dicha obra. La manifestación, convocada por la Plataforma Cueveña en Defensa del Agua reclama la Junta la paralización definitiva de las obras, al incumplir la Declaración de Impacto Ambiental. A la misma han acudido colectivos sociales de la provincia de Málaga agrupados en la plataforma ciudadana por una Nueva Cultura del Territorio, así como asociaciones senderistas que exigen la recuperación de varios caminos públicos que la promotora ha cortado.

Por su parte, el 17 de junio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de la Policía Judicial hizo saltar a la luz otro caso de corrupción urbanística en la Costa del Sol, en Estepona. Este caso, destapado por la Operación Astaza, ha detenido al alcalde de la localidad, del PSOE, cuatro concejales, así como políticos, abogados y el arquitecto municipal; además han llamado a declarar numerosas personas sin saber cual es su implicación en los hechos, como el presidente de la inmobiliaria Prasa, una de las más potentes de Andalucía.

El fraude consta de irregularidades a través de licencias, convenios, recalificaciones o aprovechamientos urbanísticos. Según informó la Policía, se dedicaban a recalificar terrenos del Ayuntamiento para venderlos a empresas y clientes, con lo que se suman los cargos de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.

Ante este caso, que se asemeja al Caso Malaya en el modus operandi excepto por el menor calado e importancia, el PSOE ya ha expulsado al alcalde y ha declarado su rechazo a la corrupción, aunque su implicación en el Caso Malaya también fue importante. Además de los arrestos, los agentes de la UDEF realizaron treinta y ocho registros, tanto en Estepona como en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián.

Jaén:

En la provincia de Jaén, en Porcuna, el anterior gobierno local, encabezado por la ex alcaldesa, Ana María Moreno y otros cuatro ediles del mismo grupo de gobierno han sido investigados por presuntos delitos urbanísticos, ya que concedieron unas licencias urbanísticas para construir naves en la zona rústica de Carrajaén y otros parajes del municipio. Estos delitos se produjeron entre los años 2005 y 2006, en los cuales infringieron la ley de ordenación del territorio.

Las construcciones se hicieron con autorizaciones en las que los servicios municipales estaban en contra y sin éstos haber dado el visto bueno. Por ello, unido a diversas quejas de los ciudadanos, fueron llamados a declarar el pasado 19 de Junio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Martos (como ya se hizo en abril de 2006, sin llegar a ser archivado). Tras pedir la colaboración con la Junta de Andalucía, salieron a la luz nuevos casos de construcciones ilegales. El actual gobierno local del PP junto con la oposición (PSOE) quiere una actuación mediante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento por el cual pretenden marcar limitaciones en las edificaciones. Este debate llevado a cabo en el pleno de la Corporación, no obtuvo el apoyo del resto de las fuerzas políticas.

Granada:

En la vega de Granada, en Dúdar, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al proyecto de construcción de una megaurbanización en una zona de Sierra nevada que exige estudios de impacto ambiental serios. Sin embargo, ninguna de las tres urbanizaciones que componen este proyecto, lo han hecho. El proyecto, que incumple la legalidad vigente, supone 600 viviendas, proyectadas sobre un pueblo de 300 habitantes, lo que hace que rompa con el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). Además, se situaría en una ladera de bosque mediterráneo de gran valor y calidad paisajística que alberga una interesante fauna protegida y destrozaría completamente el paisaje. También destaca el problema del agua, ya que no hay suficiente, y se planea extraerla del agua que abastece a Granada y el Área Metropolitana, por otro lado, las aguas residuales no cuentan con una salida clara. Por lo tanto, el Ayuntamiento no tiene excusas para implantar dicha urbanización, que no tendría equipamientos suficientes, ya que ni tan siquiera existe paro en dicha población.




* Grupo de Acción Social - GAS - 21/06/2008
Foto: Córdoba, urb. Torreblanca - abc.es

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Urbanismo empantanado en Catral

ELPAÍS/Alicante* : Catral (9.400 habitantes), en el prelitoral de La Vega Baja, está preso desde hace un lustro de su doble cara urbanística: la legal, el casco urbano; y la ilegal, 1.300 chalés diseminados en tres millones de metros cuadrados de huerta. Esta segunda cara urbanística (el 25% del parque de viviendas) llevó al Consell a intervenir el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio el 3 de octubre de 2006.

La iniciativa la impulsó el entonces consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, en vísperas de la moción de censura del PSPV al jefe del Consell, Francisco Camps. Un año y ocho meses después de la suspensión del PGOU, la fisonomía urbana de Catral no ha variado un ápice: las casas ilegales siguen en pie en espera de un plan definitivo para legalizarlas. El Consell se ha limitado a abrir 217 expedientes por infracción urbanística, mientras el Ayuntamiento, gobernado por el PP desde mayo de 2007, se afana en elaborar una propuesta de concierto previo para legalizar las casas. El equipo de gobierno ha elaborado ya cuatro borradores. "Confiamos en que el Consell dé el visto bueno al último en la reunión de la Comisión Territorial de Urbanismo del próximo día 19", aseguró ayer el alcalde, Aurelio David Albero. "Nuestro objetivo es legalizar toda la trama a base de pequeñas bolsas, con viales, zonas verdes e infraestructuras", subrayó. El primer edil no supo cuantificar el coste que acarreará incluir dentro de ordenación las edificaciones. "Nuestro objetivo es que cueste lo que cueste lo paguen los constructores y promotores, y los propietarios, pero nunca los vecinos del casco urbano ni los agricultores que se han mantenido al margen del proceso urbanizador en la huerta". Albero, con todo, admite el lastre que suponen las casas ilegales para la economía del municipio. "Son residentes que no pagan impuestos y sí reciben servicios, como basura, correos, sanidad y educación, que han elevado la deuda del Consistorio hasta 1,8 millones de euros", aseveró.

La inactividad del Consell tras la intervención del PGOU es la primera baza de la crítica del grupo municipal del PSPV. "El Consell se limitó a dar un pelotazo mediático, y después se olvidó", afirma Francisco Illán, único edil socialista en la actual corporación. Las casas ilegales, levantadas entre 2000 y 2007, bajo el mandato del ex socialista José Manuel Rodríguez Leal, fueron una tumba electoral para el PSPV de Catral. El partido expulsó al ex regidor y cuatro ediles más y a otra decena de militantes que avalaron la lista alternativa de Rodríguez Legal (Socialistas por Catral, que obtuvo cinco ediles). Este grupo de ex socialistas represaliados concluye que el único efecto tangible de la "ejemplarizante" iniciativa de la Generalitat ha sido la fractura y pérdida del poder de los socialistas en Catral. Illán comulga con esta tesis y admite: "Las relaciones con nuestros ex compañeros son inexistentes".

En plena huerta del término, propietarios de casas ilegales y agricultores apuntan a la misma cabeza como responsable del caos, el ex alcalde Rodríguez Leal. "El tema es grave y estamos preocupados", asegura Marco, un galés propietario de una casa en el límite con el parque del Hondo. "Han destrozado la huerta, y ahora quieren que también paguemos la legalización de las casas", señaló José Vicente García, propietario de una graja ovina. "Por ahí, no pasaremos", añade.

La parálisis administrativa que atenaza las casas ilegales de Catral es extrapolable a la investigación judicial. Cuatro años después del inicio de la instrucción, el juzgado no tiene claro a quién imputar: Sólo tienen esa condición el ex alcalde y cuatro ediles de su junta de gobierno.

Crónica de una intervención urgente

- Medida "ejemplarizante". El 3 de octubre de 2006 el Consell suspende el PGOU de Catral para atajar las casas ilegales.

- Investigación judicial. En paralelo a la intervención del Consell, el juzgado retoma la denuncia por las casas ilegales e imputa al alcalde, el socialista José Manuel Rodríguez Leal.

- Fractura socialista. La imputación de Rodríguez Leal provoca la fractura del PSPV y el acceso a la alcaldía del PP.

- Concierto previo. El gobierno municipal del PP lleva cuatro intentos frustrados para legalizar las casas. El Consell se ha limitado a abrir 217 expedientes.





* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 27/06/2008
Foto: Catral - 20minutos.es

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El caso Estepona, uno más

LUIS DE VELASCO* : ¿Cuántas Marbella, Estepona, Mogán, Andratx, Totana o Ciempozuelos más hay? ¿Son éstos los únicos casos de corrupción urbanística en nuestro país? Esta pregunta, sin duda, haría sonreir a cualquier español porque la respuesta es fácilmente previsible. Estos son los casos más sonados, hasta ahora. Hay muchos más.

Esta columna ha afirmado más de una vez que el “modelo” de crecimiento de esta última docena de años, basado sobre todo en el ladrillo, ha tenido serios costes no sólo económicos, sociales y ambientales sino también éticos. La corrupción inmobiliaria, que vino a sustituir a la famosa “cultura del pelotazo” de los años previos ( aquellos en los que se dijo por un ministro del gobierno socialista que España era el país donde más rápido se podía uno enriquecer) es prueba de ese deterioro de valores individuales y colectivos.

Algo va mal en un sistema en el que una firma de una autoridad en un convenio o en un contrato urbanístico puede hacer millonario al favorecido y a quien lo firma. A ambos porque, hay que insistir, en que en el extendido cáncer de la corrupción urbanística no hay sólo una parte como muchas veces se nos pretende hacer creer presentando como sólo culpable al político de turno o al funcionario. Lo que , muchas veces, se nos presenta como víctima ,el negociante, el empresario es, como mínimo, tan culpable. Ambas partes participan de este saqueo al erario público porque de ahí es de donde sale el dinero en último término.

Este fin de semana, la vicepresidenta del gobierno, refiriéndose al ,por ahora, último escándalo conocido, el de Estepona, ha anunciado una “persecución implacable” y un “castigo sin paliativos” para los responsables de la corrupción urbanística. Bellas palabras que, seguramente, la mayoría de la ciudadanía acoge con escepticismo. (Este caso ha sido “levantado” por las fuerzas de seguridad. Las denuncias anteriores de dos concejales del PSOE fueron desestimadas por sus superiores en el partido.) Hasta ahora, los poderes públicos, salvo algunas excepciones en períodos preelectorales, han sido escasamente diligentes tanto en prevenir estos comportamientos corruptos como en investigaciones y sanciones políticas en sus propias filas. Por su parte, la administración de justicia ha hecho lo de otras veces: poco y tarde. No basta con inculpar y juzgar si luego las sentencias son ridículas o no se ejecutan. ¿ Algún condenado devuelve lo robado alguna vez ?

La corrupción urbanística acompaña además a miles de obras, sobre todo aunque no únicamente en las absolutamente degradadas costas del país, realizadas con absoluto desprecio no sólo a la legalidad sino a consideraciones ambientales, sociales o colectivas. Se inician esas obras sabiendo que, aunque se declaren ilegales, nunca se derribarán. Un altísimo porcentaje de edificaciones de la costa están en esa situación, como han documentado informes de organizaciones ecologistas.

La ciudadanía , salvo una minoría concienciada con lo que esto supone, contempla estos casos con alejamiento y escepticismo. Peor todavía: vuelve a votar a políticos procesados por estos delitos, síntoma de ese deterioro moral que produce esta plaga.




* Estrella Digital - Opinión - 25.06.2008

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Urbanismo manda derribar cuatro chalés todavía en construcción en Viveiro

LAVOZ/Lugo* : La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ha ordenado el derribo de cuatro chalés en obras en la zona de Area, en Viveiro. Este organismo ha desestimado las alegaciones del Concello al expediente incoado en julio del 2007 contra las licencias otorgadas por el gobierno local, con informes técnicos y jurídicos favorables, en suelo rústico.
La agencia estima que deberían haber pedido autorización autonómica.

El alcalde de Viveiro, el socialista Melchor Roel, anunció ayer que recurrirá la resolución, al igual que los propietarios de las viviendas unifamiliares. En diciembre del 2003, la Dirección Xeral de Urbanismo reconoció ocho núcleos rurales de Viveiro -entre ellos, los de Augadoce y Brieiro, donde se ubican estos cuatro chalés-, a propuesta del bipartito, integrado por PSOE y BNG, que gobernaba entonces el municipio. En el 2006, la Xunta dejó sin efecto las normas subsidiarias que regían en el concello -a petición del ejecutivo de Roel- y dictó una normativa provisional, vigente en la actualidad, que no recogió esos ocho núcleos rurales, pese a las alegaciones del Ayuntamiento.

Las denuncias del ex alcalde del Partido Popular César Aja contra los permisos dados por el bipartito por silencio administrativo derivaron en el expediente. Roel se mostró indignado e instó a la Fiscalía a intervenir «contra quien [Aja] dio veinte licencias, de 1997 a mayo del 2003, en esos ocho núcleos, dos de ellas a su cónyuge; y ahora denuncia a vecinos después de que el bipartito hiciera todos los trámites que él no hizo para legalizar esos núcleos». Arremetió contra «algunos responsables» de la Xunta y reiteró su apuesta por «el urbanismo sostenible que defiende Touriño».




* La Voz de Galicia - 26/6/2008
Foto: Viveiro (Lugo) - elcorreogallego.es

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Novelda: El TSJ suspende la ejecución del polígono El Pla a petición de la CHJ por la falta de agua

INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha suspendido el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) de Alicante en mayo de 2007 por el que este organismo, que depende de la Conselleria de Ordenación del Territorio, autorizó la construcción de un polígono industrial privado de 1,6 millones de metros en Novelda, en la partida del Pla.

El acuerdo fue recurrido por la Abogacía del Estado a instancias de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Los responsables del organismo de cuenca ya anunciaron entonces que acudirían a los tribunales basándose en su informe negativo "al no resultar acreditada la suficiencia de disponibilidad de recursos hídricos para satisfacer las nuevas demandas de agua vinculadas a esta actuación urbanística" y, también, por afectar al dominio público al verse alterado por las obras el barranco de los Colegiales.
Como se recuerda, este plan parcial, que está estrechamente vinculado a la construcción de una zona residencial de dos millones de metros con campo de golf de 18 hoyos y 2.554 viviendas en la partida de la Serreta, salió adelante en la anterior legislatura con la mayoría absoluta del PP frente a los votos contrarios del PSOE y Bloc. Además, a tan sólo dos semanas de las elecciones del 27-M, y por un solo voto, recibió el visto bueno de la CTU, supeditando su definitiva aprobación a una serie de correcciones técnicas y administrativas, entre ellas la invasión de dominio público hidráulico por la ocupación de una rambla con viales y la falta de derechos sobre los 200.000 metros cúbicos anuales de agua que garantizarían el abastecimiento del polígono. Tras el vuelco electoral que llevó al PP noveldense a la oposición, el nuevo equipo de gobierno, el cuatripartito integrado por PSOE, Bloc, Los Verdes e IU, presentó un recurso de alzada ante la CTU para exigir la subsanación de las deficiencias detectadas. A los pocos días las adjudicatarias de ambos proyectos, Leteo Inversiones y Serreta Golf, con socios capitalistas comunes, presentaron en el Ayuntamiento la documentación modificada y corregida. El recurso fue rechazado por silencio administrativo por lo que el equipo de gobierno terminó asumiendo ambos planes. Sin embargo la CHJ ha seguido adelante con la impugnación y ahora el TSJ le ha dado la razón. No obstante no es una resolución firme. Cabe recurso. Pero en el auto también se alude a la falta de justificación sobre los 738.205 metros cúbicos anuales de agua para abastecer a la macrourbanización de La Serreta.




* Información - PÉREZ GIL - 25 de junio de 2008
Foto: Novelda (Alicante) - wikipedia.org

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Cantabria: La solución a las sentencias de derribo, pendiente de los planes urbanísticos

ELDIARIOMONTAÑÉS* : El plan que presentará el Gobierno de Cantabria para tratar de dar solución a las 23 sentencias de derribo que pesan sobre distintas urbanizaciones situadas en municipios del litoral cántabro no podrá ser un bálsamo que cure todas las heridas.

No contemplará -por ilegal e inconstitucional- la amnistía para las edificaciones declaradas ilegales y tampoco dictará una norma general para poder convertir en legales algunos de lo inmuebles sobre los que en la actualidad pesa una orden de derribo. Además, la capacidad competencial del Gobierno es muy reducida, ya que los planeamientos urbanísticos, la subsanación de errores de procedimiento y la concesión de licencias son competencia directa de los municipios.

Eso es lo que se desprende del informe que la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo de Cantabria ha enviado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. En ese texto -elaborado por la Dirección General de Urbanismo y los servicios jurídicos- se vislumbra que en algunos casos no habrá otra solución que el derribo (con toda probabilidad las edificaciones de La Arena en Arnuero), mientras que en otros supuestos las edificaciones ilegales pudieran quedar legalizadas si tienen la cobertura del nuevo planeamiento urbanístico del municipio en el que se enclave. Todo ello cumpliendo un precepto sobre el que existe jurisprudencia: el cambio en el plan general en una zona de un municipio debe basarse en la necesidad de atender al interés público urbanístico y no ser un mero apaño que sólo persiga legalizar lo ilegal.

Las sentencias de derribo que afectan a Cantabria tienen casuísticas dispares en cuanto a sus fundamentos jurídicos. Existen supuestos -y así lo especifica el informe- «en que se acuerda el derribo por ser las edificaciones contrarias a la protección del medio ambiente, y, en concreto, por su impacto visual. Otras veces lo es por asentarse la edificación en un suelo rústico, indebidamente calificado como urbano. Otras veces, por defectuosa tramitación de los procedimientos». Esa variedad impide -así lo indica el Gobierno- «que la solución pueda venir a través de una alteración normativa que de cobertura a las mismas».

En cualquier caso, el Ejecutivo mantiene que deben ser los planeamientos urbanísticos de los municipios los que den respuesta a cada uno de los casos. Los municipios afectados son los de Arnuero, Piélagos, Argoños, Miengo y Escalante. Se trata de ayuntamientos ubicados en el litoral de Cantabria y, por tanto, con un régimen jurídico sometido no sólo a la Ley de Suelo Cantabria 2/2001 sino a la Ley 2/2004 de Plan de Ordenación del Litoral.

Diferentes circunstancias

Aunque la situación urbanística de cada uno de esos municipios difiere, cuatro de ellos (Arnuero, Piélagos, Miengo y Escalante) presenta un nexo de unión: todos se encuentran revisando sus planeamientos urbanísticos, en fases de tramitación diversas para adaptarlos a las citadas disposiciones y leyes, «pero en ninguno de los casos se ha llegado a la fase de aprobación inicial, por lo que los planes y sus directrices se encuentran aún en el ámbito de competencias municipales».

Argoños: nuevo Plan

Es diferente el caso de Argoños, que dispone desde marzo de 2007 de un nuevo planeamiento adaptado a la legalidad. Además, durante la tramitación del plan ya se debatió sobre el tema de las sentencias de derribo existentes. Precisamente en el planeamiento ya en vigor se incluyen ordenanzas, determinaciones y ordenaciones concretas para los ámbitos afectados por sentencias. Con todo, según el informe remitido por el Gobierno al TSJ, la Consejería de Obras Públicas «no tiene constancia si por parte del Ayuntamiento de Argoños se ha otorgado alguna licencia que haya tenido como consecuencia la legalización de actuaciones ilegales en alguno de los ámbitos afectados por las sentencias» A juicio de los servicios jurídicos del Gobierno y de la Dirección General de Urbanismo, en la actualidad la modificación puntual de los planeamientos únicamente es posible en los términos que fija la Disposición Transitoria Primera de la Lotrusca (Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria). «Así, tratándose de planes no adaptados a la Ley sólo será posible modificarlos para regular la implantación de instalaciones industriales, infraestructuras, equipamientos, servicios de especial importancia, así como viviendas protegidas». Además, «sin perjuicio de lo establecido en el planeamiento territorial, podrán realizarse modificaciones consistentes en la calificación de suelo no urbanizable en cualquiera de las categorías de suelo rústico a que esta ley se refiere o en la transformación del suelo no urbanizable ordinario, no sometido a especial protección, en suelo urbanizable residual, siempre que la finalidad de la modificación sea la implantación de alguna de las actuaciones antes enunciadas (viviendas protegidas, equipamientos, etc.)».

Por todo ello, el informe remitido al TSJC concluye categórico que «sólo en las municipios con planeamiento adaptado a la Ley sería posible que las circunstancias de alguna modificación puntual tuvieran como consecuencia indirecta dar cobertura a situaciones que hayan devenido ilegales por actuaciones anteriores. En los demás casos, será precisa la revisión del planeamiento general».

SENTENCIAS: Qué, Por qué...

Municipio de Arnuero.

Urbanización en La Arena. Sentencia de mayo de 1994. Orden de derribo de lo edificado por considerar que los terrenos no reunían los requisitos para ser clasificados como urbanos. El Plan de Ordenación del Litoral (POL) incluye los terrenos en la categoría de Protección Ecológica. El futuro planeamiento urbanístico del municipio deberá respetar la Ley de suelo y el POL.

Municipio de Piélagos.

Entre Lindes. Sentencia del TSJC de 9 de marzo de 2000. Estima el recurso interpuesto por la asociación ecologista Arca contra la aprobación definitiva del Estudio de Detalle en el paraje «Entre Lindes», en Liencres, por el carácter no urbano de los terrenos, la inclusión de fincas clasificadas como suelo no urbanizable y modificación de un vial. En el POL dichos terrenos se encuentran excluidos de su ámbito de aplicación. No obstante, la Ley de Cantabria 2/2004 establece en su artículo 2.3 que en caso de sentencia judicial firme que acredite que determinados suelos no contaban con los requisitos legales para ser clasificados como urbanos quedarán comprendidos dentro del ámbito de aplicación del POL.

Cerrías I. Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2002. Revoca la Sentencia del TSJ de Cantabria en cuanto es disconforme con la presunta infracción del artículo 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1990 (sobre adaptación ambiental). Sin embargo, estima el recurso en cuanto a la legalidad de la sentencia por los otros dos motivos: falta de publicación del Estudio de Detalle y clasificación improcedente de los suelos urbanos. Los terrenos se encuentran excluidos del ámbito POL colindantes con la categoría de Área de Interés Paisajística (AIP), si bien, al igual que en la sentencia anterior se encontrarían afectados por lo establecido en los artículos 2 y 3 de la ley de Cantabria 2/2004.

Cerrías II. Sentencia del TSJC de 2 de noviembre de 2000. Estima el recurso interpuesto por Arca contra licencias de obras otorgadas a Calas del Norte, S.L. y a Nuevo Liencres, S.L. por la no publicación del estudio de detalle, clasificación improcedente de los suelos urbanos e incumplimiento del articulo 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1990. Los terrenos están excluidos del ámbito POL y tienen la misma afectación que los de Cerrías I.

Viviendas Grupo Zabalo. Sentencia de septiembre de 2001. Estima el recurso contra la resolución de la Alcaldía por la que se concedía licencia de obras a 'Grupo Zabalo Gutiérrez» por calificar como urbanos terrenos que no reúnen los requisitos para ello y porque el Estudio de Detalle extralimita su ámbito territorial. Los terrenos se encontraban excluidos del ámbito de aplicación del POL y colindantes con otros suelos clasificados como urbanos por el Plan General de Piélagos, si bien, al igual que en los supuestos anteriores estarían afectados por lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley de Cantabria 2/2004.




* El Diario Montañés - S. L. - 26 junio 2008
Foto: Urbanización La Arena en el municipio de Argoños. / DM, eldiariomontanes.es

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Cataluña: 400 urbanizaciones se hallan en terrenos no urbanizables

ELPAÍS* : Cataluña ha sido, en materia de urbanismo, un país con leyes más que laxas. Tiene 900 pueblos, pero 2.300 urbanizaciones, algunas de ellas claramente alejadas de los núcleos urbanos históricos. Y lo que es peor, en al menos 400 casos, construidas sobre terrenos no urbanizables, es decir, en clara infracción de la legalidad vigente.

Las ilegales son el reino del caos, pero algunas de las legalizadas no son el paraíso. Al contrario, carecen en muchos casos de elementos tan necesarios hoy como abastecimientos de agua, conducciones de saneamiento, alumbrado público o asfalto en las calles.

El 70% de las 400 urbanizaciones ilegales son anteriores a 1975, año en el que falleció el último dictador de España, Francisco Franco. Hasta esa fecha, propietarios sin escrúpulos parcelaban, vendían, cobraban y desaparecían dejando un reguero de perjudicados, muchos ellos de economías humildes, que acababan por edificar ellos mismos sus viviendas, solos o con la ayuda de un amigo más o menos apañado.

El Gobierno catalán ha decidido elaborar un anteproyecto de ley, aprobado ayer por el Consell Executiu y que será remitido ahora al Parlament. Se trata, explicó ayer el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, de intervenir en las más necesitadas de estas urbanizaciones con inversiones directas o líneas de crédito tanto a los municipios como a los parcelistas, sobre todo en aquellos casos en que se trata de propietarios de edad avanzada que han convertido la casita en primera residencia.

Quedan excluidas de estas ayudas las urbanizaciones manifiestamente ilegales, salvo que los municipios decidan legalizarlas.

El objetivo del plan, equivalente a la ley de barrios que está renovando los núcleos históricos degradados, es conseguir una inversión de unos 10 millones de euros anuales, que se destinarán a unas 20 urbanizaciones por año.

La primera medida tiene carácter experimental. El Ejecutivo catalán ha firmado convenios en pruebas con Alpicat, Castellvell del Camp, Corbera de Llobregat, Juncosa del Monmell, Masquefa, Lliçà d'Amunt, Maçanet de la Selva, Mediona, Vacarisses y Vidreres. Estos convenios suman 2,9 millones de euros, repartidos a partes iguales entre las 10 localidades.

Barcelona, con 1.142 urbanizaciones, es la provincia con más núcleos de este tipo. En Girona hay 560 y en Tarragona 550. En ellas viven más de 625.000 personas. El 60% de estas urbanizaciones carece de infraestructuras de saneamiento, el 61% tiene calles sin asfaltar y el 62% carece de alumbrado público.

Estas urbanizaciones produden, en opinión de Joaquim Nadal, un consumo desaforado e irracional de suelo y un incremento de la movilidad obligada, ya que estos núcleos carecen, en su inmensa mayoría de transporte público.

En los casos en los que sea posible, el Ejecutivo promoverá que las urbanizaciones dejen de crecer, de forma que no sean ocupados los terrenos aún libres de cemento. En total, hay unas 330.000 parcelas, la mitad edificadas, en las 2.300 urbanizaciones catalanas.




* ELPAIS.com - F. ARROYO - Barcelona - 26/06/2008
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com

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El 'Pocero bueno' construirá 300 chalés por 150.000 euros en el límite de Toledo y Madrid

ELMUNDO* : Dice José Moreno que nunca ha sido constructor y mucho menos promotor inmobiliario. Toda su actividad ligada al ladrillo la ha consumado desde la Asociación de Vecinos de La Avanzada y cree que, como la soberanía, la iniciativa en la construcción de viviendas debería residir en los ciudadanos y no en las empresas.

El año pasado saltó a la fama gracias a la última de las tres promociones que ha gestionado en Fuenlabrada: 402 viviendas en régimen de cooperativa que vendió -en sólo cinco horas y con 200 personas en lista de espera- a razón de 17 millones de pesetas (106.000 euros) la más cara.

Desde entonces se le conoce como 'el Pocero de Fuenlabrada', 'el Pocero Bueno', o el 'Robin Hood de la construcción', como le bautizaron en El Periódico de Catalunya. Mediático, nunca dice no a una televisión, a una radio local o a un colectivo de 'okupas' que reclamen su participación, de forma que su peculiar rostro ha salido en decenas de medios de comunicación, incluso de Holanda, Alemania, Venezuela, Francia y México, que recuerde. La primera vez fue en El Mundo.

Su próxima aventura será construir 300 viviendas unifamiliares en El Viso de San Juan (Toledo, 2.340 habitantes), un municipio pegado a la linde provincial con Madrid, a no más de 40 kilómetros de la capital. "Los chalés no llegarán a 26 millones -unos 156.000 euros-", asegura Moreno.

¿Por qué chalés? y ¿por qué fuera de Fuenlabrada? Se preguntarán quienes saben que el lucro no aviva las iniciativas de Moreno. "Era una buena oportunidad para construir sobre suelo barato ya urbanizado", afirma.

"Serán chalés, explica, porque en el pueblo -que ha duplicado su población en cuatro años, hasta los 2.400 habitantes- apenas hay viviendas en altura". Las parcelas tendrán cerca de 200 metros cuadrados y las casas unos 120 metros útiles. Actualmente, las casas de esas características en la zona se cotizan entre 240.000 y 300.000 euros "cuando hace diez años no valían ni 100.000", apunta.

Los principales beneficiarios de las tres promociones que planea levantar en El Viso toledano serán "jóvenes de la localidad", precisa. Y es que a Moreno le gusta pensar que los jóvenes necesitan de verdad una vivienda y que no piensan en comprarla para especular con ella. "Son las verdaderas víctimas de la burbuja"

Las casas deberían bajar un 30%
[foto de la noticia]

A sus 58 años, cuatro hijos y camino del segundo nieto, es un icono local de Fuenlabrada, como lo es ‘el niño’ Fernando Torres.

Entre 1978 y 1983 fue concejal de Deportes de Fuenlabrada con el Partido de los Trabajadores y más tarde ingresó en la cárcel de Carabanchel por liderar acciones vecinales. En la terraza junto a la esquina de la calle Ernesto Ché Guevara, donde se ubican las cuatro manzanas de su última promoción, nadie pasa sin dedicarle un saludo.

En 1998 Moreno vendió su primer bloque de 72 viviendas, a razón de seis millones de pesetas -36.000 euros- la unidad. Al cabo de dos años dirigió una nueva promoción de 170 viviendas. Ahora, cree que las viviendas deberían bajar por lo menos un 30% si los promotores quieren seguir vendiendo casas. "Los trabajadores ya no pueden asumir las hipotecas, es imposible".

"Se pueden construir casas de buena calidad a razón de 600 euros por metro cuadrado construido", aclara. A esto hay que sumarle la repercusión del coste del suelo, que es donde está el verdadero negocio.

Y se ofrece para ello. Aunque, en opinión de Moreno, no interesa que se extienda el rumor de que los pisos valen menos. Hace un par de meses propuso por carta a una decena de ayuntamientos del cinturón sur de Madrid -Humanes, Perales del Río, Moraleja de Enmedio, Griñón, Parla, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Getafe- la construcción de viviendas de protección oficial a precio de coste, es decir, con una repercusión del precio del suelo inferior a 18.000 euros por vivienda. En casi todos los municipios, la respuesta ha sido o vaga o silenciosa.

Moreno repercutió un 3,6 % del precio de las viviendas por la gestión de la cooperativa propietaria de su última promoción. En total, unos 480.000 euros. Pero cree que, en esta profesión, enriquecerse es muy sencillo: "Si hubiera querido podría haber subido las casas un millón de pesetas y en un momento habría ganado 400 millones más de golpe". Por las anteriores promociones no cobró nada.




* El Mundo - JOSE F. LEAL - 25.06.2008
Foto: Fuenlabrada (Madrid), el Pocero - elmundo.es

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El Tribunal Europeo planea sobre la M-501

ELPAÍS/Madrid* : Una Comisión Europea que se siente burlada por la Comunidad de Madrid en el caso de la carretera de los pantanos tiene previsto elevar hoy al Tribunal de Justicia de la UE las presuntas violaciones medioambientales del desdoblamiento de la M-501.

Bruselas hace firme esta medida extrema al año de una primera decisión en el mismo sentido, de la que se desdijo más tarde para dar al Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) la opción de remediar las graves irregularidades detectadas. "Ha tenido la oportunidad de reconducir la situación y no lo ha hecho", apunta una fuente comunitaria.

Hoy llega a su final el proceso en la Comisión, con la prevista decisión de someter el desafío de la Comunidad de Madrid al Tribunal de Luxemburgo, última instancia judicial de la UE. La frustración del Ejecutivo comunitario quedó de manifiesto en su última comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que estudió el caso.

"El que las obras del tramo 2 [entre Brunete y Navas del Rey] no hayan sido interrumpidas es de una extrema gravedad, contradictorio y no coherente con la letra y el espíritu" del acuerdo entre la Comunidad y la Comisión Europea que permitió congelar el procedimiento de infracción ante el Tribunal en julio de 2007, según José Manuel Servert, adscrito a la dirección general del Medio Ambiente de la Comisión Europea, que habló así el pasado mes de abril ante la Comisión parlamentaria.

La Comisión tenía desde 2006 la certeza de que el desdoblamiento de la M-501 incumple obligaciones como la de realizar una evaluación de impacto ambiental solvente y las directivas sobre aves silvestres y hábitats. Pero ante una oferta del Gobierno de Esperanza Aguirre de respetar la legislación comunitaria, aunque fuera con retraso, Bruselas paralizó el procedimiento. Apenas unos días más tarde, el Tribunal de Justicia de Madrid declaró nulo el acuerdo del Consejo de Gobierno para desdoblar la M-501, de lo que Bruselas tardó en tener conocimiento oficial. Entretanto, Aguirre, y también el consejero de Transportes, Manuel Lamela, no se han cansado de repetir que respetarían y cumplirían todo lo que pidiera la Comisión Europea.

Para la dignidad del Ejecutivo comunitario fue un mazazo ver que la presidenta presentaba un recurso ante el fallo del tribunal madrileño. "Cuando se continúan las obras es porque no hay voluntad de mitigar los daños y al recurrir se pretende que la sentencia no sea firme", reconoció Servert, que aseguró: "Es contradictorio y no coherente con la letra y el espíritu del acuerdo que permitió congelar el procedimiento judicial". El funcionario ya adelantó en la Eurocámara que la Comisión tomaría una decisión sobre el caso en fecha por determinar.

Ecologistas en Acción consideró ayer en un comunicado que el giro dado por la Comisión, "pese a las presiones sin precedentes que han ejercido el PP y los alcaldes en Estrasburgo" es positivo. "El siguiente paso es que Luxemburgo paralice las obras que siguen avanzando a marchas forzadas", agregó. De este modo, Bruselas, con la paciencia agotada, decide volver sobre sus pasos y se propone iniciar un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Lo que ocurre es que este tribunal emplea un promedio de dos años en dictar sentencia.




+ ELPAIS.com - R. M. DE RITUERTO - Bruselas - 26/06/2008
Foto: Madrid, obras carretera de los pantanos - G.Lejarcegi (ELPAIS.com)

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Dénia libra del ladrillo 11 kilómetros en primera línea del litoral de Les Marines

ELPAÍS/Alicante* : Freno a la expansión urbanística en la costa de Dénia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acordó ayer la suspensión de parte del Plan Transitorio impulsado por la Generalitat en este municipio y que permitía la construcción de urbanizaciones en primera línea de playa a lo largo de 11 kilómetros de Les Marines, entre el casco urbano y el río Molinell.

La sentencia da así la razón al Ayuntamiento de Dénia, que había recurrido el plan del Consell amparándose en la Ley de Costas, que especifica la "prohibición de crear pantallas arquitectónicas en el litoral". De hecho, el Plan Transitorio, el documento que rige los destinos urbanísticos del municipio hasta la redacción de un nuevo PGOU, permitía que los propietarios de parcelas urbanas parcialmente ubicadas en terreno público de la costa pudieran acumular la edificabilidad de futuros proyectos urbanísticos en la parte privada de esos terrenos. Con esta medida, "decenas de propietarios", según el concejal de Urbanismo, el socialista Vicent Grimalt, podrían haber edificado nuevas viviendas unifamiliares y complejos residenciales.

Por el contrario, la sentencia admite el derecho del municipio a diseñar su propio planeamiento urbanístico, que, en Les Marines, desde que PSPV y BNV accedieron al poder, ha tenido un sello claramente proteccionista: socialistas y nacionalistas también acordaron la desclasificación de otros tres millones de metros cuadrados en la costa norte, lo que, unido ahora a la prohibición de poder construir en los terrenos de primera línea, libra del ladrillo a esta parte del litoral. El fallo del TSJ supone un balón de oxígeno para la alcaldesa socialista Francisca Viciano, que ha visto cómo la Generalitat bloqueaba una y otra vez sus decisiones urbanísticas.




* ELPAIS.com - A. RUIZ - Dénia - 26/06/2008
Foto: Denia (Alicante), dunas - levante-emv.com

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El monstruo de la corrupción urbanística sigue en la Costa del Sol

JOSÉ BEJARANO* : Marbella es la cuna del monstruo que se ha aposentado en buena parte de la Costa del Sol y se reproduce incluso después de la desaparición del gilismo.El descabezamiento hace dos años de la trama instaurada en Marbella no sirvió de aviso a sus vecinos de Estepona, Manilva, Mijas... Quizá porque, al contrario de lo que se suele creer, no fue Jesús Gil quien creó el monstruo. Lo que hizo al llegar a la alcaldía fue dar carta de naturaleza e institucionalizar la mordida que él mismo tuvo que pagar en los años ochenta en su faceta de constructor.

Lo que hay es un antes y un después de Jesús Gil porque si hasta 1991 había maletines y algunos pagos se hacían de forma tan burda como firmar talones bancarios - entregados a veces en las propias sedes del partido- después se hizo con dinero en efectivo, bajo el manto de los alegales convenios urbanísticos y a través de empresas municipales que escapaban a todo control. Tanto éxito tuvo el sistema que se extendió como una mancha de aceite y hoy son multitud los alcaldes sobre los que pesan denuncias de corrupción urbanística. El fenómeno no entiende de colores políticos y afecta a todos los partidos que tocan poder municipal. En Málaga, el año pasado la fiscalía enumeró más de mil delitos de ese cariz. Uno de cada cinco alcaldes de la provincia está imputado y términos como prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias son habituales en el lenguaje municipal.

En muchos casos, como ha ocurrido en Estepona, alguien había dado la voz de alarma asustado por la fuerza del monstruo. El primer alcalde democrático de Marbella, el socialista Alfonso Cañas, ya alertó de los maletines y aseguró haber tratado de poner al tanto a Felipe González, que no lo recibió. En Estepona fueron dos concejales, también socialistas, David Valadez y Cristina Rodríguez, enfrentados al alcalde, los que lo intentaron sin éxito. Barrientos les respondió: "No estoy dispuesto a recibir de nadie lecciones de moralidad política, ética, honestidad, integridad, socialismo y lucha contra la corrupción urbanística".

Uno de los que dijeron haber sido extorsionados en los albores de la corrupción en Marbella fue Jesús Gil, que al ganar las elecciones municipales de 1991 dijo que se hacía cargo del Ayuntamiento para ganar dinero, pero a cambio de hacer que todos ganaran con él. Elevó la corrupción a su época dorada. El gran invento fue el convenio urbanístico, sistema que mostró a muchos alcaldes el camino para aliviar las escuálidas arcas municipales y, de paso, las suyas propias y las de sus partidos. Una década más tarde, centenares de alcaldes y concejales están procesados aunque eso, a tenor de los resultados de las pasadas elecciones, no parece influir mucho en el sentido del voto de sus vecinos.

Un repaso a la relación de alcaldes condenados o pendientes de juicio no deja libre a ninguna provincia costera. Desde Roquetas de Mar, Garrucha y Níjar, en Almería, hasta El Granado y Matalascañas, en Huelva. La que más causas tiene es Málaga por razones obvias: Marbella, Estepona, Alhaurín de la Torre, Tolox, Benalmádena, Rincón de la Victoria, Mijas, Casares, Ronda y Manilva, entre otros municipios. En Cádiz ha habido denuncias en Grazalema, Prado del Rey, La Línea y El Puerto de Santa María. En Granada, Armilla y Alhendín. En Sevilla, Camas, Burguillos y Guillena. La conclusión a la que llegó la fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz el año pasado ofrece una explicación: "Todo esto sucede (los delitos urbanísticos) sin que las administraciones ejerciten de la forma que sería de desear las funciones que les atribuye el ordenamiento". En el 2007, el Ayuntamiento de Estepona dejó de ingresar diez millones de euros por sanciones urbanísticas no ejecutadas, según el tesorero, ahora llamado a declarar como testigo en la operación Astapa. La pregunta que se hacen en Estepona es ¿a cambio de qué se hacía esa dejación de responsabilidad municipal?




* La Vanguardia - Opinión - Sevilla | 22/06/2008

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