NORTECASTILLA* : El Ayuntamiento no gana últimamente para sentencias en contra de su política urbanística después de que ayer recibiera un nuevo varapalo del Tribunal Superior de Justicia, que ha anulado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitió ejecutar bajo una base legal el aparcamiento subterráneo de Portugalete.
El origen del problema hay que buscarlo en el hecho de que el PGOU recoge expresamente la imposibilidad de construir aparcamientos rotatorios en el centro de la ciudad. Por lo tanto, y para cumplir con sus previsiones, el equipo de Gobierno tuvo que echar mano del ingenio para levantar esa prohibición. Primero lo intentó con la figura del estudio de detalle, tan útil en otros conflictos, pero el mismo tribunal ya dictó otra sentencia en abril del 2006 en la que indicaba claramente que no sirve para cambiar la regulación de un capítulo tan destacado. Más adelante se apostó por iniciar el proceso desde cero con una modificación del Plan General, que aprobó provisionalmente el pleno con los únicos votos favorables del PP, un nuevo proyecto de construcción y las licencias ambientales oportunas.
Sin embargo, la sentencia conocida ayer vuelve a sembrar de dudas la actuación del equipo de Gobierno puesto que con posterioridad a la aprobación por parte del pleno de la esa modificación del PGOU se hicieron cambios a mayores. Cambios que en todo caso debieron ser refrendados de nuevo en sesión plenaria pero que nunca lo hicieron. El TSJ resalta, incluso, que el documento al que el pleno dio el visto bueno constaba de 89 folios pero el que se remitió posterior a la Consejería de Fomento para su aprobación definitiva adelgazó misteriosamente hasta quedarse en 50 folios.
Misteriosa autoría
Destaca la sentencia que «no se sabe quién hizo los cambios, si el concejal de Urbanismo o los técnicos municipales», pero deja claro que nunca podían ejercer como autores de unas modificaciones que sólo competen legalmente al pleno. Con el texto judicial en la mano, a día de hoy el aparcamiento subterráneo de Portugalete es ilegal. Por este motivo, Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos, Izquierda Unida y la Asamblea Ciclista -los colectivos denunciantes- anunciaron ayer que van a solicitar a los jueces la suspensión del proyecto de construcción y las licencias del aparcamiento, de tal manera que «nuestro objetivo es ahora el cierre inmediato de las 260 plazas de rotación que tiene el aparcamiento hasta que el Ayuntamiento reconsidere su postura y las destine a residentes, como ha sido nuestra intención desde el primer momento», manifiesta Miguel Ángel Ceballos, representante de los ecologistas.
Estos colectivos lamentan que «una vez más el Ayuntamiento se aproveche de la lentitud de la Justicia para sacar adelante un aparcamiento rotatorio manifiestamente ilegal en el centro de la ciudad, haciendo difícil la ejecución de una sentencia anulatoria, como sucedió en su día con los casos de los aparcamientos de la plaza de España y de la plaza de Zorrilla, cuyas autorizaciones fueron anuladas con posterioridad a su apertura». Ceballos también lamentó ayer que el TSJ no accediera en octubre del 2007 a la suspensión cautelar de las obras mientras se resolvía este recurso, aunque consideran que «algo debe haber visto el tribunal para cambiar de opinión».
Por su parte, Alfonso Sánchez, concejal de Izquierda Unida, sospecha que «quizás haya influido el escándalo de la manipulación del Plan General de Valladolid», que a día de hoy está en la vía judicial tras presentar un recurso el PSOE. En este sentido, el portavoz municipal de los socialistas, Javier Izquierdo, señaló ayer que «la sentencia deja entrever las mismas ilegalidades que nosotros hemos venido denunciando».
«Tema menor»
El alcalde, sin embargo, no mostró ayer síntomas de preocupación este asunto porque la nueva sentencia del TSJ anula exclusivamente el procedimiento seguido para cambiar las reglas del PGOU en materia de aparcamientos pero en ningún momento entra en el fondo del asunto, es decir, que no determina si esas modificaciones son o no legales. Por eso, Francisco Javier León de la Riva calificó de «tema menor» el conflicto y anunció que el error se subsanará inmediatamente con el inicio otra vez del trámite administrativo en la Comisión de Urbanismo y su posterior votación en el pleno. Insistió el alcalde en que no tendrá que cerrarse al público.
* El Norte de Castilla - EDUARDO RODRÍGUEZ - 23.05.2008
Foto: Un turismo sale del aparcamiento de Portugalete/ HENAR SASTRE, nortecastilla.es
Valladolid: El TSJ anula el cambio del PGOU que permitió legalizar Portugalete
Una sentencia anula el PAI Belcaire Norte de Moncofa al carecer del estudio de la red vial
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LEVANTE/Castelló* : Moncofa va a tener que hacer frente a un nuevo fallo judicial que anula un Programa de Actuación Integrada (PAI), en esta ocasión del Belcaire Norte. Una sentencia ha suspendido el PAI al considerar que el proyecto no cuenta supuestamente con el Informe de Carreteras de Conexión a los Nuevos Sectores, tal y como ha podido saber este periódico de fuentes jurídicas.
Todo nuevo programa debe debe recoger un estudio de los viales de acceso a las viviendas acolplados a las necesidades de los futuros habitantes, algo que, al parecer, no se había incorporado en el Belcaire Norte.
Desde el grupo popular, partido en la oposición se explica que "la Comisión Territorial de Urbanismo exige la emisión del informe favorablemente para poder desarrollar un programa urbanístico". El PP asegura que "hace tiempo" que pidieron este estudio pero, "a día de hoy, no nos han contestado, con lo que entendemos que no existe pues lo único que nos han mostrado es una referencia del Plan General de Ordenación Urbana". "Lo que se pretende con el estudio es facilitar el acceso a las viviendas por otras calles diferentes a las actual para que el tráfico sea fluido", añaden.
No obstante, esta misma semana, concretamente el martes, se sometía a información pública el proyecto de reparcelación del sector Belcaire Norte, tal y como se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). La mercantil Moncofa Urbanización, en su condición de agente urbanizador, formuló una modificación de la reparcelación que se presentó en el ayuntamiento el 10 de diciembre de 2007. El 29 de abril de este año se presentaba la documentación complementaria y ahora ya se puede consultar en el consistorio.
El Belcaire Norte cuenta con una superficie de 700.000 metros cuadrados en donde se prevé construir alrededor de 4.000 viviendas, zonas verdes y un amplio lugar para el ocio en donde se podrán ubicar desde hoteles hasta comercios. Finalmente, destacas que este periódico intentó ayer, sin éxito, contactar con el alcalde, José Vicente Isach, para analizar esta sentencia.
* Levante-EMV - 23 de mayo de 2008
Foto: Moncofa (Castellón) - mma.es
La Justicia insta al Concello de A Guarda a ejecutar la demolición de ocho apartamentos
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LAVOZ/Vigo* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una providencia en la que insta al Concello de A Guarda a que en el plazo de un mes ejecute una sentencia de demolición dictada hace nueve años. Se refiere a los ocho últimos apartamentos construidos en la urbanización de A Armona, y que, según el fallo judicial, se edificaron sin licencia y cambiando el uso del bajo de uno de los bloques.
El TSXG avanza que las obras de derrumbe deberán además estar finalizadas en un plazo máximo de seis meses, «con apercibimiento de que, de lo contrario, se procederá a deducir testimonio por desobediencia». El regidor local, José Manuel Domínguez Freitas, vinculó su valoración a la del asesor jurídico del Concello, que está estudiando el caso.
Requerimiento
En octubre del año pasado ya había dictado otro requerimiento. Era el segundo en el mismo año, ya que en febrero había mandado un primer apercibimiento contra el que el Concello había presentado un recurso de súplica que no se admitió. También el anterior gobierno había intentado la revocación de la sentencia alegando una presunta imposibilidad de derribo por posibles problemas estructurales, al tratarse de una planta baja, pero no se admitió porque «no se trata de demoler sino de revertir el uso modificado».
La sentencia de demolición es de 1999 y en su exposición recoge, explicaron técnicos municipales, una modificación de uso en el salón ubicado en la planta baja de uno de los bloques de la urbanización, a pocos metros de la costa, que se habría ampliado, cerrado con una cubierta y habilitado para albergar los ocho apartamentos.
* La Voz de Galicia - M. Torres - 23.05.2008
Foto: Las viviendas se encuentran a pocos metros de la costa - lavozdegalicia.es
El Estado da por rescindida la compra de Las Teresitas y obliga a devolver los terrenos y el dinero percibido
LAPROVINCIA/Tenerife* : El Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, ha emitido un informe por medio del cual considera que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) fallada hace un año que anulaba la compraventa de las once parcelas de Las Teresitas debe cumplirse en sus justos términos.
O lo que es lo mismo, que la corporación local tiene que devolver los terrenos y la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) hacer lo propio con los 52 millones de euros abonados en 2001.
Con todo ello, el informe que debía valorar la viabilidad del convenio a suscribir entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento se limita a analizar los efectos de la sentencia del TS que luego el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) consideró que debía cumplirse simplemente a través de una nueva tasación.
La concejal de Urbanismo, Luz Reverón, por todo ello, no escondía ayer su decepción en cuanto este escrito del Abogado del Estado que se esperaba como agua de mayo con el fin de desatascar la difícil situación por la que atraviesa la playa, no daba ningún tipo de alternativa.
Recursos judiciales. Es más, Reverón considera que, con este informe en la mano, el Estado se posiciona al lado de la empresa ILT que, en algunos de sus recursos judiciales, ha solicitado la devolución de los terrenos. De todas formas, es posible que aún quede un nuevo informe por salir a la luz. Concretamente, se trataría del que ha elaborado la Dirección General de Costas sobre el emitido por el Ministerio de Justicia. En cualquier caso, Reverón dejó claro ayer que el Gobierno central "se ha lavado del todo las manos" a la hora de intentar encontrar una salida a la situación de la playa, cuyas obras están paralizadas desde hace casi tres meses, lo que da lugar a una indemnización a la empresa adjudicataria, OHL de 30.000 euros al mes.
En cualquier caso, Reverón dijo no entender la interpretación que se ha venido filtrando desde Costas y por parte de la portavoz del grupo municipal socialista, Gloria Rivero, en el sentido de que el informe cuestiona la titularidad de los terrenos y apunta que no se podrá firmar el convenio hasta que se emita una sentencia firme. Pero lo cierto es que ya existe un fallo irrecurrible sobre la playa como es el emitido por el TSJC el pasado verano que también anulaba la compraventa en los mismos términos que el TS.
Reverón indicó que va a solicitar una reunión al nuevo director general de Costas para intentar dar una salida a este problema. Además, ha remitido un escrito exigiendo que se les dé cuenta de todo el expediente de esta playa, incluido un informe del Abogado del Estado de hace un año que era favorable a la firma del convenio.
* La Provincia - NOÉ RAMÓN - SANTA CRUZ DE TENERIFE - 23 de mayo de 2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, playa Las Teresitas - laprovincia.es
Totana: Implicados en la negociación de una comisión de 3,6 millones de euros confiesan que Morales estaba detrás
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LAVERDAD/Murcia* : Si el sumario judicial instruido con motivo de la Operación Tótem es una especie de cuerda en torno a la garganta del ex alcalde de Totana Juan Morales, bien podría decirse que cada declaración prestada ante la juez por los presuntos implicados ha contribuido a ir apretando el nudo. Ni en sus amigos más íntimos ha hallado respaldo.
Las diligencias sobre este asunto de corrupción urbanística, que están en poder de La Verdad, demuestran que la gran mayoría de los sospechosos de participar en la negociación de comisiones multimillonarias han acabado implicando al actual diputado regional del Grupo Mixto. Incluso Gabriel Martínez, director ejecutivo de Huevos Maryper, hombre de su absoluta confianza y uno de los más activos participantes, según las citadas diligencias, en la negociación de un cobro de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas). También él, su amigo del alma, su compañero de andanzas, ha confesado que fue Morales quien exigió llevarse su parte del pastel por facilitar una recalificación urbanística.
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Según se desprende de la investigación judicial, y así lo recoge la juez de Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, el entonces alcalde de Totana, Juan Morales, habría visto la oportunidad de hacer un buen negocio en el año 2006, cuando intermediarios de la firma gallega Inmonuar S.L. empezaron a buscar terrenos en el municipio para construir una urbanización.
La superficie que despertó el interés de la promotora se situaba en el paraje conocido como El Raiguero, tenía una superficie de unos 2,2 millones de metros cuadrados y, aunque estaba calificada como no urbanizable, el alcalde se habría ofrecido para impulsar el cambio de calificación, además de para favorecer la venta de los terrenos a la promotora gallega por parte de sus entonces propietarios. A cambio, siempre según la juez, Morales habría solicitado la tercera parte de una comisión de 3,6 millones de euros (las otras dos terceras partes habría ido destinadas a los intermediario y a su amigo Gabriel Martínez, también implicado en la operación).
No fue el único intento de cobrar una comisión por parte del alcalde totanero, quien supuestamente habría reclamado a los dueños de los terrenos un pago de dos millones de euros (unos 332 millones de pesetas), por gestionar la venta con el grupo gallego. Para asegurarse el pago les habría hecho firmar un contrato de gestión inmobiliaria, en el que figuraba como beneficiaria la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán. este documento está en poder de los investigadores.
En resumen, que Morales no habría tenido empaño en jugar incluso a dos bandas.
EL GERMEN DEL COHECHO
Por lo que se refiere a las negociaciones con Inmonuar S.L. y su propietario, Manuel Núñez Arias, la investigación ha determinado que a mediados del 2006 hubo una reunión en el Ayuntamiento de Totana en la que, además del alcalde, habrían participado los intermediarios José Antonio Alcántara y Joaquín Carmona, así como Gabriel Martínez. Éste último ha confesado ante la juez que fue allí cuando su amigo Morales «directamente solicitó la comisión», según se recoge en el sumario.
Con ser ya comprometido este testimonio, el problema de Morales es que el resto de los implicados tampoco le han salvado la cara. Así, Carmona ha dado detalles a la juez de que el alcalde había pedido participar en el reparto de la comisión y que había reclamado que se hiciesen tres partes. Y el propio promotor, Manuel Núñez, y su representante, Pablo Maceira, han confesado que Morales les pidió dinero a través del intermedio Emiliano Ovide.
Por si esto no era suficiente, otros dos vecinos de Totana, Manuel C. y Raquel V., han declarado que el mismo Emiliano Vigil les contó la exigencia de Morales de llevarse una comisión por la recalificación de terrenos.
MORALES NO SABE, NO CONTESTA
Ante tamañas imputaciones, el actual parlamentario regional se limitó en su declaración en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a encogerse de hombros. Dijo que no podía responder por las palabras de los demás y negó «rotundamente» en una decena de ocasiones haber reclamado comisión alguna.
Sin embargo, otro dato que le incrimina, y para el que no encontró argumento coherente que lo explicase, es el hecho de que tuviese en su poder dos copias del documento de reconocimiento de deuda, por importe de 3,6 millones de euros, que Inmonuar firmó en favor de la sociedad Nubia Inversiones S.L., controlada por Carmona. Éste era el método supuestamente ideado para que ni Morales ni el resto figurasen como perceptores de la citada comisión.
Aunque Morales respondió, a preguntas del fiscal, que ese documento estaba incluido en el expediente del plan parcial de El Raiguero, y que él se llevaba a casa copias de todos los planes parciales «por precaución», no supo explicar por qué un documento privado de reconocimiento de deuda estaba en un expediente municipal.
Hasta tal punto se fue enredando Morales en sus respuestas que el propio magistrado instructor del TSJ, Julián Pérez Templado, se permitió recordarle que tenía derecho a no declarar, pero que lo que estaba diciendo «no está claro». O lo que es lo mismo, que le era preferible callar antes que dar explicaciones poco coherentes.
NEGOCIACIÓN A CUATRO BANDAS
Uno de los hechos más curiosos recogidos en el sumario es la presunta conversación a cuatro bandas que Morales habría organizado, junto a varios intermediarios, para evitar ser quien negociase directamente la multimillonaria comisión con el promotor Nuñez Arias. De esta forma, Morales le transmitía las indicaciones a su amigo Gabriel Martínez, quien a su vez las pasaba por teléfono a los intermediarios Carmona y Alcántara, que estaban reunidos en un coche con Pablo Maceira, hombre de confianza de Núñez Arias. Éste era quien finalmente hacía llegar las exigencias al promotor gallego, también vía telefónica. Una precaución que parece haberle servido de poco.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 23.05.2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com
Mallorca: Una perversa lotería urbanística
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ELPAÍS* : "Una perversa lotería urbanística". Los ecologistas definían así el Plan Territorial Insular (PTI) de Mallorca en la denuncia que presentaron ante la fiscalía. Anticorrupción determinó que en la norma que aprobó el Consell de Mallorca anidaron presuntos delitos de tráfico de influencias, de información privilegiada y prevaricación en "la recalificación de grandes zonas rústicas que pasan a conformar suelo urbanizable de uso residencial".
Los pelotazos propiciados por el PTI han quedado frustrados, bloqueados, por la causa penal abierta por la querella de los fiscales. Éstos afirman que existe "antijuridicidad, arbitrariedad y beneficio de particulares sin apenas utilidad pública y social".
Políticos del PP y Unió Mallorquina (UM) y empresarios inmobiliarios están imputados. Hoy declara ante el juez un hombre del ex presidente Jaume Matas, el diputado y ex consejero de Medio Ambiente, Jaume Font, que supuestamente divulgó detalles del plan. El miércoles declaró el promotor Vicente Grande, presidente del Real Mallorca. Mateo Sastre, dueño de Ibercon, y Federico Serratosa están señalados como beneficiarios de las recalificaciones.
Todos niegan haber usado información privilegiada. Pero según Anticorrupción, empresarios, propietarios y políticos traficaron con "la información [previa] para adquirir los referidos terrenos y hacer suya la importante plusvalía que se iba a generar". Así, según las investigaciones, muchos empresarios movieron decenas de millones en compraventas de terrenos.
El plan creó expectativas urbanas mediante la fórmula de permutar terrenos protegidos y sin valor por otros altamente rentables. Así, por ejemplo, a cambio de unas parcelas sin interés de Alcúdia, se facilitan 330.000 metros cuadrados urbanizables en suelo rústico de Marratxí, cerca de Palma, para 1.200 viviendas; la plusvalía supuesta es de 93,4 millones. Mediante el derribo del hotel Don Pedro (de Cala Sant Vicent) y de otro hotel menor y sin explotación, el Rocamar, en Sóller, se permite el desarrollo inmobiliario en 42 hectáreas de Campos, en Sa Rápita. El beneficio calculado es de 76,5 millones.
Las operaciones "no suponen medida alguna de protección ni de mejora del paisaje rural, ni de la calidad ambiental ni de la biodiversidad", contrariamente a la razón que se aduce para justificarlas, según denuncia la fiscalía.
* ELPAIS.com - A. M. - Palma de Mallorca - 23/05/2008
Foto: Alcudia (Mallorca) - T.Ramón (El País)
Ecologistas denuncian ante la Fiscalía la construcción de la subestación eléctrica
SUR/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía GENA-Ecologistas en Acción, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial porque considera que podría existir un delito de extorsión por parte de la compañía eléctrica Sevillana-Endesa al Ayuntamiento.
Los ecologistas consideran que la empresa ha presionado al Consistorio para conseguir la licencia de obras, al plantear que de no realizarse esta infraestructura podrían producirse cortes de luz. «Es una amenaza implícita y además existen medios técnicos para evitar esta posible situación», ha indicado el presidente del colectivo, Rafael Yus.
Recurso
Además, Gena ha presentado un recurso contra la decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo de dar licencia de obras a la empresa para la construcción de una nueva subestación en la zona del Camino de la Acequia.
Los ecologistas consideran que esta decisión vulnera la normativa del Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía (POTA) y la Ley de Aguas, ya que el edificio se encuentra en zona inundable sobre las que dicha normativa prohíbe cualquier tipo de actuación urbanística.
En este sentido, ha recalcado el peligro que supone la ubicación de una infraestructura de estas características, destinada a dar energía a los sectores de expansión del municipio, en una zona que «previsiblemente se inundará en algún momento en los próximos años».
Yus también ha denunciado el hecho de que el Ayuntamiento no haya iniciado un expediente de legalidad urbanística ya que la obra había comenzado sin la perceptiva licencia urbanística, y actualmente ya se encuentra finalizada toda la estructura del inmueble.
Expediente
El concejal del Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM), José Luis Sánchez Toré, criticó ayer al alcalde, Francisco Delgado Bonilla, por este mismo motivo. «Llevaban meses trabajando sin licencia. Yo lo denuncié pero hasta el 13 de mayo no se ha hecho nada», ha indicado Toré.
El edil considera un error que la Gerencia de Urbanismo concediera la licencia de obras a la compañía eléctrica sin haber solicitado nuevos informes a las delegaciones de Medio Ambiente y Obras Públicas. En este sentido, ha explicado que el expediente se inició en 2005 y no fue hasta octubre de 2006 cuando entró en vigor el Plan de Ordenación del Territorio (POTA).
Según Toré el objetivo de su petición era que ambas delegaciones ratificaran sus informes previos. «De esta forma hubiéramos conseguido desbloquear implícitamente la zona industrial que recoge el PGOU al norte de Vélez y que según el POTA también está en zona inundable», ha puntualizado el concejal, que ha recordado que la obra se está llevando a cabo cerca de una zona donde se han producido dos inundaciones importantes.
Asimismo, ha criticado a Izquierda Unida ya que apoyó al equipo de gobierno en la comisión de la Gerencia de Urbanismo que tuvo lugar el pasado martes. «En un principio apoyaron la petición de nuevos informes y en cambio ahora votan a favor de otorgar la licencia cuando nos trajeron el mismo informe», ha dicho.
* SUR - 23.05.08 -EVA GUZMÁN
Foto: La nueva subestación se está construyendo junto a la estación depuradora/ E. GUZMÁN, diariosur.es
Un experto defiende recuperar espacios para la convivencia en lugar de construir sólo viviendas
LEVANTE/Valencia* : El arquitecto Alberto Peñín reivindicó ayer la recuperación de los espacios públicos de convivencia en la ciudad y apostó por la movilidad como elemento vertebrador, "sobre todo para el ciudadano de a pie". Para ello, abogó por la creación de nuevos lugares de encuentro ciudadano, o bien por la reutilización urbana de los ya existentes, como, puso de ejemplo, la mayoría de los antiguos cuarteles de Defensa.
"Es un error fijar el crecimiento únicamente en la demanda" (de viviendas), denunció el experto en un simposio sobre la revisión del PGOU organizado por el grupo municipal socialista.
Peñín, que defendió que estos dos principios -movilidad y espacios públicos- queden recogidos en la versión definitiva del nuevo plan, anunció también que cualquier revisión urbanística que se realice en Valencia debería tener en cuenta unos aspectos básicos. En concreto, señaló: el Jardín del Turia, "que sigue a medio hacer", el Parque Central, la "Valencia Marítima" o Frente Litoral, "que es una asignatura pendiente", y la definición del barrio creado en torno al Palacio de Congresos y el nuevo estadio del Mestalla.
Falta de consenso con el entorno
Josep Sorribes, profesor de economía regional y urbana en la Universitat de València, por su parte, diagnosticó un "fracaso absoluto" del nuevo PGOU porque no se aborda la revisión desde un punto de vista metropolitano. "Es inadmisible -dijo- que el plan no esté consensuado con los municipios del entorno". Asimismo, aseguró que el documento le causó "una impresión lamentable" porque no existe ningún plan de conservación de la huerta, pese a que es posible, y porque no se analiza la necesidad de viviendas en su ámbito, ya que "no se cita la crisis inmobiliaria, sino que aún se habla de expansión". Por último, Sorribes criticó que no haya "ni una línea sobre la cuestión económica".
El economista Salvador Pons también denunció que en la revisión "falta un análisis riguroso del crecimiento de la población y de la base económica". Además, "no hay ni una referencia al parque de viviendas construidas", aunque apuesta claramente por la edificación de VPP. "Hay que preguntarse por qué no se ha construido antes VPP si ahora el plan considera que son tan importantes", dijo. Pons finalizó tildando el documento de "casi patético" porque "se toman decisiones sobre la vivienda que se necesita y no se piensa en la oferta de suelo existente, sobre todo en el área metropolitana".
Por su parte, Gregorio Martín, catedrático de Computación de la Universitat volvió a insistir en la incompatibilidad del túnel previsto bajo el Marítimo con la marina lúdica, una propuesta de "gran impacto" que patrocina una movilidad "basada en las cuatro ruedas".
* Levante-EMV - M. Vázquez - 23.05.2008
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net
El Seprona y la fiscalía logran frenar las construcciones ilegales en zonas protegidas de La Vera y La Serena
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HOY* : Ecologistas Extremadura ha señalado que el Seprona y la Fiscalía "han conseguido frenar" la construcción "ilegal" en la comarca de la Vera y la Serena, sobre las que presentaron denuncias. "Las edificaciones se levantaban en plena naturaleza, a la vista de todo el mundo, realizando talas y movimientos de tierras ilegales sin que los ayuntamientos ejerciesen sus competencias urbanísticas para impedirlo".
En nota de prensa, el colectivo explicó que en julio del pasado año comenzó a denunciar la presencia de múltiples construcciones ilegales en las comarcas de la Vera y La Serena, "la mayoría" realizadas en terrenos incluidos en la Red Natura 2000, pertenecientes al Lugar de Importancia Comunitaria de 'Sierra de Gredos y Valle del Jerte' y a la ZEPA 'Embalse de Orellana y Sierra de Pela'.
Estas construcciones "no constituían casos aislados", añadió la asociación, ya que la organización extremeña denunció que "el número de edificaciones ilegales en estas zonas estaba completamente descontrolado, y que los infractores campaban en la más absoluta impunidad".
"Las edificaciones se levantaban en plena naturaleza, a la vista de todo el mundo, realizando talas y movimientos de tierras ilegales sin que los ayuntamientos ejerciesen sus competencias urbanísticas para impedirlo", explicó la nota.
Asimismo, apuntó que "a las primeras denuncias del Guijo de Santa Bárbara siguieron las realizadas en Jarandilla de la Vera" y "a finales del mes de febrero se presentaron nuevas denuncias en Aldeanueva de la Vera, sumando un total de 43 en tan solo tres localidades". "Igualmente se han denunciado decenas de construcciones ilegales en municipios de Badajoz", entre las que destacó Orellana de la Sierra, Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer.
Pocos meses más tarde, el efecto de las denuncias ya es "visible", indicó el colectivo, e indicó que las investigaciones llevadas a cabo por el Seprona, así como la diligente acción de jueces y fiscalía han llevado a declarar a los juzgados a varios representantes municipales.
"Los servicios de urbanismo de Jarandilla de la Vera han dado orden de paralización incluso a obras que no habían sido denunciadas por el grupo ecologista". "Muchos de los promotores han sido llamados a declarar, y la fiscalía está instruyendo los casos para llevarlos a los tribunales, quienes pueden dictaminar el derribo de las edificaciones, sanciones e incluso cárcel para los promotores" agregó.
Con todo esto, Ecologistas Extremadura lamentó que se haya actuado tan tarde desde las corporaciones municipales, y se preguntan por qué los servicios de inspección que ahora parecen tan eficaces antes no lo eran.
Además, el colectivo puso de manifiesto que lo denunciado hasta ahora es sólo pequeño porcentaje de lo existente, y que ya se encuentra en proceso de preparar nuevas denuncias. Por eso "espera que otros ayuntamientos de la región se tomen en serio esta problemática tan extendida".
Por último, la organización recomendó a los ciudadanos que se informen bien antes de comprar cualquier finca rústica o lanzarse a construir, que valoren el impacto ambiental que puede generar su actuación y los perjuicios, muchas veces irreparables, para el medio ambiente extremeño.
* Hoy - Europa Press - 20.05.08
Foto: Jarandilla de la Vera (Cáceres), construcciones dispersas - ecologistasextremadura.blogspot.com
Totana: El fiscal imputa a Morales 5 cohechos que sumarían quince millones de euros
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LAVERDAD/Murcia* : El ex alcalde habría usado a su ex mujer y sociedades de amigos e intermediarios para intentar cobrar comisiones. Hizo trizas un documento comprometedor y lo arrojó a un contenedor, aunque la Guardia Civil lo reconstruyó. Al menos cinco posibles delitos de cohecho.
Tales son los cargos, a las que se suman otros posibles delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales e infidelidad en la custodia de documentos, que el Ministerio Fiscal imputa al ex alcalde popular de Totana y actual parlamentario regional del Grupo Mixto, Juan Morales, y que se deducen de la investigación realizada con motivo de la denominada Operación Tótem.
Diversos documentos intervenidos en los registros realizados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el domicilio de Morales, en la casa y en la asesoría que figuran a nombre de su ex mujer y en el piso que le prestaba a su novia brasileña, e incluso papeles que portaba en un maletín uno de sus abogados, ofrecen indicios suficientes, en opinión del Ministerio Público, para sospechar que Morales se valió «de su condición de alcalde» para solicitar multimillonarias comisiones, a cambio de su supuesto apoyo y de sus gestiones para sacar adelante proyectos urbanísticos en Totana.
Para evitar figurar como futuro perceptor de esas comisiones, Morales habría utilizado a su ex mujer, María del Carmen Jordán, así como sociedades controladas por intermediarios urbanísticos y por amigos y personas de su absoluta confianza, con quienes varias empresas, interesadas en sacar adelante esos proyectos urbanísticos, habrían firmado contratos comprometiéndose al pago de elevadas cantidades de dinero.
Uno de los documentos más comprometedores es un reconocimiento de deuda que la firma gallega Inmonuar S.L., que quería construir más de 5.000 viviendas en Totana, habría expedido en favor de la sociedad Nubia Inversiones S.L., propiedad del intermediario Joaquín Carmona. En concreto, esa promotora gallega se habría comprometido a pagar 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) por la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, y supuestamente existía un acuerdo para que esa comisión se repartiese en tres partes iguales de 1,2 millones de euros entre Juan Morales, su amigo Gabriel Martínez (de Huevos Maryper) y el citado intermediario y su socio José Antonio Alcántara.
Ese documento de reconocimiento de deuda fue hallado en manos de todos los imputados mencionados. También lo tenía en su casa Juan Morales, quien presuntamente lo rompió en pedazos y lo arrojó a un contenedor, aunque la Guardia Civil logró recuperarlo y reconstruirlo. También estaba en el piso de la novia brasileña de Morales, Vaneide Freita.
A nombre de su ex esposa
La Guardia Civil también intervino otros tres documentos, en los que figuraba como beneficiaria la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán, en los que empresas como Agroproducciones Integradas S.L. y Visanfer S.L. se comprometían a abonarle cantidades que habrían ascendido, en el primer caso, a dos millones de euros, y a cinco millones en el segundo.
Por último, la investigación sacó también a la luz un documento privado de compraventa de acciones de la empresa Deitania S.L., firmado entre Morales y el dueño de esa firma, su amigo Juan Antonio Álvarez, y que el fiscal sospecha que buscaba camuflar el supuesto intento de cobro de otra comisión de nueve millones de euros.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 22 mayo 2008
Foto: Totana (Murcia), juzgados - laverdad.es
La Audiencia confirma el primer derribo en Medina Azahara
ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la orden de derribo de un chalé ilegal levantado en el entorno protegido de Medina Azahara. Se trata de la primera demolición que se impone en esa zona, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2003 y en la que actualmente hay unas 240 casas.
La Audiencia rechaza el recurso interpuesto por la defensa contra el auto dictado el 24 de marzo por el Juzgado de lo Penal 4, en el que se condenaba a los dos acusados a correr con los gastos del derribo y a tres años de prisión en total. Padre e hijo levantaron la casa en 2006. La construcción fue paralizada por la Junta a finales de ese año.
Eduardo Baena, presidente de la Audiencia Provincial, es el ponente de esta última sentencia. Baena ofrece en el escrito su visión sobre el "problema social" de las construcciones ilegales. La sentencia concluye que no es posible que los acusados no supieran que estaba prohibido construir en la zona. Argumentar ese desconocimiento es "legítimo como derecho de defensa pero no deja de ser un sarcasmo y una ofensa a la inteligencia de la sociedad y de los tribunales, que deben huir de ingenuidades".
La Audiencia hace hincapié en que los dos acusados no son personas "marginales" que estén desinformadas. Además, uno de ellos vive en la misma urbanización desde 1995 y ambos son miembros de la asociación de vecinos, "creada precisamente para solventar todos los problemas que les aquejan", entre los que destacan que la zona fuera declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
Además, Baena sostiene que el problema de las parcelaciones y en especial de las de Medina Azahara es "la comidilla de esta ciudad desde hace varios años". En la mayoría de los juicios celebrados por construcciones ilegales en esa zona, la defensa argumenta que en la urbanización no existen carteles que indiquen que está prohibido edificar. Ante este razonamiento, la Audiencia afirma: "Nuestras calles no se encuentran llenas de carteles de todo aquello que prohíbe la ley. Sería tanto como que un conductor, después del bombardeo mediático que existe, dijese que ignoraba que no se pudiese conducir después de ingerir bebidas alcohólicas".
La sentencia sostiene que a los acusados les movían "fines especulativos". Ya sea para evitar pagar como el resto de ciudadanos por construir una casa o para "que llegado el momento (...) la Administración expropie a precios superiores al coste de lo ejecutado".
Las casas ilegales se han consolidado "merced a una desidia de los poderes públicos que dio alas a la población por levantarse las viviendas", dice la sentencia. Según la Audiencia, el problema de los chalés ya existentes deben resolverlo los políticos. Aunque también se afirma que "los poderes públicos desde hace unos años han tomado conciencia del problema y la desidia se ha transmutado en diligencia, comenzando a intervenir la policía urbanística".
La Audiencia Provincial reconoce que, hasta hace poco, los magistrados eran reacios a admitir por la vía penal los casos de nuevas construcciones en núcleos consolidados. Sin embargo, admite un cambio de tendencia, ya que "comienzan a proliferar nuevas construcciones en la esperanza de que penalmente no serían perseguidos" y todo quedará en una "simple sanción pecuniaria", lo que conduce a "resultados perversos". Por ello, la Audiencia Provincial acordó el 10 de marzo endurecer sus criterios, que han llevado a que se dicte la primera orden de demolición en Medina Azahara.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 22/05/2008
Foto: Cordoba, zona viviendas ilegales - abc.es
Imputados del caso Andratx negocian conformidades con la fiscalía
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DIARIODEMALLORCA* : Imputados en algunas de las casi 70 piezas separadas del caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de dicha localidad en la pasada legislatura, han iniciado contactos con la fiscalía anticorrupción de cara a pactar una sentencia de conformidad.
Fuentes jurídicas próximas al caso no descartan que si la Audiencia de Palma dicta sentencias condenatorias en las dos primeras piezas separadas que irán a juicio, la ya vista hace unos días por la casa en un terreno protegido del ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo y la que afecta también al restaurante de Carlos Hidalgo, hermano de Eugenio, pendiente de señalamiento, podría haber más acuerdos de conformidad.
El sumario del caso Andratx fue dividido en piezas separadas (pequeños subcasos) para facilitar su investigación y enjuiciamiento. De momento el suspendido celador municipal de obras, Jaime Gibert, defendido por Juan Luis Matas, ha rubricado un acuerdo con la fiscalía anticorrupción para, a cambio de admitir su participación en algunas irregularidades y facilitar información sobre una parte del entramado que estaba oculta, ver reducida considerablemente la petición de condena contra él.
En la primera vista oral del caso Andratx, las acusaciones particulares en nombre del Ayuntamiento, ejercidas por Josep de Luis e Isabel Fluxà, y en defensa de la edil Isabel Alemany, también se unieron al pacto de anticorrupción con Gibert.
Algunas personas, especialmente técnicos y otros arquitectos que están imputados en una pieza separada, están buscando una salida similar a la de Gibert.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ - 21.05.2008
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
Totana: El alcalde Martínez Andreo intentó quitarle a Morales la comisión de tres millones de euros
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LAVERDAD/Murcia* : La juez de Totana señala que el primer edil totanero, «al obtener la Alcaldía, y al considerarse máximo responsable del Consistorio, pensó que debía ser él quien cobrase» ese dinero. Tres millones de euros constituyen un fajo de billetes demasiado grueso como para no resultar una tentación. Dinero suficiente para justificar una zancadilla a un socio. A un amigo. A un colega. Incluso, a quien fue tu jefe y alcalde.
Tal es la conclusión que se extrae, en una primera lectura, del sumario instruido por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, en el que se investiga una decena de delitos vinculados a la corrupción urbanística en Totana. Esto es, las diligencias judiciales de la denominada Operación Tótem, a las que ha tenido acceso La Verdad.
Una de las conclusiones más sorprendentes de la investigación, coordinada por la citada juez y desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es la que indica que el actual alcalde del PP en Totana, José Martínez Andreo, intentó quedarse con una comisión de tres millones de euros (500 millones de pesetas) que su antecesor en el cargo, Juan Morales Cánovas, había pactado supuestamente con una firma gallega por la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, en el paraje de El Raiguero, donde estaba prevista la construcción de 5.040 viviendas.
Según se recoge en la Exposición Razonada que la juez María Asunción Navarro remitió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia el pasado 11 de enero, y en la que realiza un exhaustivo resumen de todo lo investigado hasta ese momento, Martínez Andreo, que había sido concejal de Obras Públicas en la anterior legislatura, con Juan Morales como alcalde, «conocía las andanzas» de quien fue su jefe de corporación, y era consciente de la multimillonaria comisión presuntamente pactada por éste con el empresario gallego Manuel Núñez Arias, responsable de las sociedades Inmonuar S.L. y Grupo Nuaria S.L., entre otras.
En esta tesitura, recoge el citado documento, «Martínez Andreo, una vez que obtuvo la Alcaldía (en el 2007), y al considerarse como máximo responsable del Consistorio, [consideró] que debía ser él quien cobrase la citada comisión, tratando de dejar fuera a Morales».
«Esto aparece claramente -añade la juez- en la conversación telefónica que tuvo en el mes de agosto del 2007 con Juan Francisco Casanova, que actuaba como representante suyo en las reuniones que celebró con Pablo Maceiras -representante a su vez de Inmonuar S.L.-, al cual llegó a recibir en su propio despacho del Ayuntamiento». La instructora señala, sin embargo, que «no se ha acreditado» que el actual alcalde popular «llegase a recibir ninguna cantidad».
DOS GRUPOS ENFRENTADOS
De esta forma, y según las conclusiones obtenidas con la suma de indicios y pruebas por la juez Navarro, se habrían creado «dos bandos» con el mismo objetivo: hacerse con la suculenta comisión pactada por la recalificación de los terrenos de El Raiguero. De un lado, «el bando formado por Juan Morales -ya entonces diputado-, José Antonio Alcántara (intermediario) y Gabriel Martínez (director ejecutivo de Huevos Maryper y amigo íntimo y hombre de toda la confianza de Morales)». Y de otro lado, «otro bando formado por el citado Pablo Maceiras, Joaquín Carmona (intermediario y ex socio de José Antonio Alcántara) y posiblemente Juan Francisco Casanova (concejal de Agricultura de Totana y amigo y representante de Martínez Andreo) y [el propio] José Martínez Andreo».
Juan Morales, preocupado por la entrada en escena de Martínez Andreo, y sobre todo por el hecho de que se hubiesen acabado peleando Alcántara y Carmona, que habían comenzado siendo sus supuestos intermediarios y negociadores de la comisión ante el grupo gallego, el parlamentario regional habría decidido dar un golpe de mano y recuperar el control de la operación, aunque fuese a costa de perder algún dinero.
Así, señala la juez, Morales organizó un viaje relámpago a Vigo, junto con Gabriel Martínez y Alcántara, y allí se reunieron con el empresario Núñez Arias. En ese encuentro, que fue controlado por la Guardia Civil, quedaron en que la comisión originalmente pactada por la recalificación, que era de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) a repartir en tres partes, se quedaría en tres millones de euros.
La forma de pago, según las exigencias de Morales, serían 1,2 millones de euros en el acto, y 1,8 millones de euros cuando se aprobase el Plan General de Urbanismo, o bien cuando Inmonuar S.L. vendiese sus terrenos a un tercero.
El reparto de esa comisión se haría de la siguiente forma: 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) para Juan Morales, e iguales cantidades para Gabriel Martínez y Alcántara. (Parece que la juez quiere decir, en realidad, tres partes de un millón de euros).
REUNIÓN SECRETA EN ALBACETE
Mientras el ex alcalde y todavía diputado del PP Juan Morales -luego fue expulsado por su partido y pasó a integrar el Grupo Mixto de la Asamblea Regional- trataba de esa forma de hacerse con la comisión, Martínez Andreo intentaba también, presuntamente, jugar sus cartas. De esta forma, habría contactado con uno de los primeros intermediarios y representantes del grupo gallego, Emiliano Ovide, y habría concertado con él una reunión, que finalmente se celebró en el Parador Nacional de Albacete.
En este encuentro habrían participado, además de las dos personas mencionadas, Manuel C.M. y Raquel V.L. (cuñado e hija, respectivamente, de la vecina de Totana Juana L.G., que fue la primera que puso en contacto a Emiliano con Juan Morales).
En su declaración en el juzgado, Emiliano explicó que Martínez Andreo le había solicitado además toda la documentación que tuviese en su poder y que pudiese implicar a Morales en la negociación de comisiones. Sin embargo, añadió, «cuando observó que Andreo no lo llamaba para pedirle esa documentación, unido a los comentarios del pueblo y al nivel económico de vida que empezó a tener éste, le hizo pensar que se había aliado con Morales».
LA TRAICIÓN SE PAGA CARA
Otro dato realmente interesante que ofrecen las diligencias sumariales sobre la Operación Tótem es el que se refiere al origen de la investigación. Como en tantos otros grandes asuntos de corrupción urbanística, las primeras claves empezó facilitándolas un arrepentido; en realidad, un intermediario de la operación urbanística a quien el resto de implicados se había quitado de encima, dejándole sin su parte del pastel.
Este papel lo ha jugado aquí el intermediario Emiliano Ovide Castrillo, que fue quien empezó a buscar terrenos para urbanizar en Totana, por mandato de Núñez Arias, y quien por primera vez habría contactado con el entonces alcalde Juan Morales.
Cuando varios intermediarios urbanísticos locales se metieron por enmedio y lo dejaron fuera, Emiliano Ovide le fue con el cuento al secretario general del PSOE en Totana, Alfonso Martínez Baños, quien grabó subrepticiamente la conversación. Fruto de aquel encuentro fue la presentación de una denuncia, por parte del PSOE local, ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y la subsiguiente Operación Tótem, en la que ya figura una veintena de imputados.
UNA EMPRESA 'TAPADERA'
La juez de Totana tiene pocas dudas del papel protagonista jugado por el actual diputado regional en la trama. Así, en su escrito remitido al TSJ, señala que «ha quedado acreditado, al menos indiciariamente, que Juan Morales es el que propicia desde el principio la existencia de esa comisión ilegal, pues es él quien la solicita; es él quien concreta la cantidad a abonar; él ordena y coordina la operación; él exige la firma de varios documentos de deuda públicos y privados; es él quien impulsa de una forma insistente y firma el convenio sin cuya comisión seguramente no hubiese firmado; es él quien una vez que deja de dirigir el consistorio totanero sigue impulsando toda la operación, hasta el punto de que sale de una decisión suya la idea de acudir a Vigo a la reunión con Núñez».
«Reunión -prosigue la instructora-, a la que acudió acompañado de Gabriel Martínez y Alcántara (...), llegando a escucharse incluso en la sala VIP de Barajas comentar entre los tres que iban a rebajar la comisión en 600.000 euros, pero que iban a exigir a Núñez que les entregase ya todo o parte de la cantidad de tres millones de euros, que se la traerían a la vuelta en un coche, metida en una bolsa de plástico».
Para evitar figurar en documento alguno, Morales había acordado supuestamente con dos intermediarios y personas de su confianza, el citado Alcántara y Joaquín Carmona Abellán, que fuese una sociedad vinculada a ellos, Nubia Inversiones S.L., la que cobrase la comisión. La operación se haría mediante el reconocimiento, por parte de la promotora Inmonuar S.L. -propiedad de Núñez Arias- de un reconocimiento de deuda por importe de los 3,6 millones mencionados en primer lugar.
Copias de ese documento de reconocimiento de deuda fueron encontradas en posesión de la mayor parte de los imputados mencionados, cuando la juez de Totana ordenó los registros de domicilios y sedes empresariales.
Y POR ÚLTIMO, A VIVIR A BRASIL
El propio Emiliano señaló en sus manifestaciones ante el juzgado que los planes de Juan Morales pasaban por cobrar la comisión y marcharse a vivir en Brasil, aprovechando que había iniciado tiempo atrás una relación sentimental con una ciudadana brasileña, la también imputada ahora Vaneide Freita.
La juez Navarro considera que esos planes del diputado han quedado acreditados en el curso de la investigación judicial y señala, asimismo, que hay indicios de que esta mujer «habría colaborado en el envío de dinero y documentos pertenecientes o relacionados con Juan Morales a su país de origen».
También se habría confirmado que Morales posee inversiones inmobiliarias en la localidad brasileña de Foz de Iguaçu.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 21.05.2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento noche - totana.es
Valladolid: El TSJ ratifica la nulidad de la licencia de obra del edificio de Juan de Austria
NORTECASTILLA* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la nulidad de la licencia de obras que el Ayuntamiento de Valladolid otorgó, el 18 de noviembre de 2005, para la construcción de un edificio comercial y de oficinas en la plaza Juan de Austria.
Según hizo público ayer el PSOE, se trata de una sentencia de apelación que confirma la dictada en su momento por el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 2 de Valladolid y que anulaba dicha licencia de obras por autorizar la construcción de una rampa de aparcamiento sobre un espacio público, permitir un exceso de edificabilidad y no respetar la anchura de un pasaje previsto por el planeamiento urbanístico. Este espacio urbano cuenta con varias sentencias contrarias. Así, existe otro fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 17 de septiembre de 2007, que anuló la modificación del Estudio de Detalle aprobada por el Consistorio de Valladolid. Además, mediante sentencia de 8 de octubre de 2002, la misma Sala anuló una licencia concedida en este mismo ámbito en 1998.
En la apelación figura únicamente como parte apelante la empresa promotora, Parzara S. L. Para el PSOE el Ayuntamiento «da la espalda a aquel al que concedió la licencia de forma irregular, a quien se imponen, además, las costas». «Esto demuestra lo poco convencidos que estaban en el Consistorio de la legalidad de la licencia otorgada, que ni siquiera se presentaron en apelación, aunque ello no nos asegura que finalmente no tengamos que pagar las costas entre todos por responsabilidad patrimonial».
Tensando la cuerda
En el mismo comunicado de prensa los socialistas destacan que «el constante goteo de sentencias en este ámbito en particular y en otros lugares de la ciudad - la más reciente la que afecta a la vivienda del alcalde situada en la Plaza de Zorrilla- ponen de manifiesto el nulo respeto por la legalidad que tiene este Ayuntamiento que juega siempre tensando la cuerda de la ley al máximo».
A juicio del PSOE, el incumplimiento de las normas, además de ser grave en sí mismo, es «una clara muestra de gestión ineficaz que el alcalde pretende amparar en la tardanza de las resoluciones judiciales para, una vez consumados los hechos, pensar que no va a haber nadie que decida reponer lo edificado, tal y como se señala en la sentencia que anula las licencias de obra en la Plaza Juan de Austria.
Según el PSOE, en Valladolid quien actúa como promotor inmobiliario tiene que asumir «un riesgo y una incertidumbre de difícil valoración cual es si los pasos que da el Ayuntamiento para amparar jurídicamente cualquier actuación urbanística se ajusta o no a derecho». Así, añade el PSOE, «difícilmente se puede generar confianza entre los empresarios y eso es un serio problema de un alcalde que ha hecho gala de ser un buen gestor».
* El Norte de Castilla - 21.05.08
Foto: Edificio de la plaza Juan de Austria afectado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León/ RODRIGO DE ROJAS, nortecastilla.es
Una sentencia declara ilegales los 76 adosados a construir en Vilaflor (Tenerife)
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EUROPAPRESS* : El Juzgado nº3 de lo Contencioso Administrativo ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) sobre la licencia municipal concedida por el Ayuntamiento de Vilaflor para la construcción de 76 chales pareados en el Camino Real de la Escalona argumentando que el proyecto está fuera de ordenación, que no se atendió a los informes municipales y que el proyecto está en suelo rústico potencialmente productivo.
El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la licencia otorgada no ha contemplado las objeciones hechas en las informes técnicos que han declarado "desfavorable" el permiso urbanístico, incluso, en los emitidos con posterioridad a la concesión de dicha licencia.
Precisa que incluso la promotora, Tenarona, reconoció en un documento que "la licencia contravenía la regulación" y que la parcela en cuestión está clasificada como suelo rústico protencialmente productivo por lo que "resultaba preceptiva la previa obtención de la calificación territorial conforme dispone el artículo 27 del RDL 1/2000 de 8 de mayo, señalando que son nulas de pleno derecho las licencias urbanísticas otorgadas sin que previamente se haya autorizado el Proyecto de Actuación Territorial o la Calificación Territorial conforme a la Ley".
La sentencia insiste en que, aunque se habla de que en la modificación del Plan General será suelo urbano, en la actualidad no lo es y por tanto, sigue siendo suelo rústico potencialmente productivo".
En cuanto a la urbanización se dice en el dictamen que este proyecto "vulnera la altura máxima permitida por la ocupación de la cubierta de viviendas proyectadas, la cual es del 43%, siendo el máximo permitido de un 25%". Además, "el retranqueo a linderos no respeta las determinaciones de las Normas Subsidiarias" dejando a una futura modificación del plan general dicho retranqueo. El juzgado sentencia que "la normativa urbanística a tener en cuenta es la vigente".
El fallo revela que "la licencia concedida se apartó del ordenamiento jurídico vigente en los aspectos señalados (...) sin que sean oponibles al respecto, ni los supuestos pactos verbales a los que se hace referencia por el perito de la promotora, ni los eventuales escritos de renuncia del promotor".
En este sentido se recomienda que "los supuestos pactos verbales" mencionados por el perito de la empresa promotora "deberían ventilarse ante otra jurisdicción" tras un "análisis adecuado". EL ALCALDE DE VILAFLOR.
El dictamen del juzgado de Santa Cruz de Tenerife recoge, además, que pudiera haber "responsabilidad del citado Alcalde --Manuel Fumero-- conforme a las previsiones contenidas en el artículo 189.1 b)2 del Texto Refundido".
Según este decreto se señala que que son responsables "el titular del órgano administrativo unipersonal que haya otorgado las aprobaciones, autorizaciones o licencias sin los preceptivos informes o, dolosamente, en contra de los emitidos motivadamente en sentido desfavorable por razón de la infracción".
Son responsables también, según este decreto, "los miembros de los órganos colegiados que hayan votado a favor de dichas aprobaciones, autorizaciones o licencias en idénticas condiciones; y el Secretario del Ayuntamiento que no haya advertido de la omisión de alguno de los preceptivos informes técnico y jurídico, así como el funcionario que, dolosamente, haya informado favorablemente con conocimiento de la vulneración del orden jurídico".
* Europa Press - SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 May 2008
Foto: Vilaflor (Tenerife) - costa-adeje.es
Un ex alcalde de Aranjuez será juzgado por prevaricación
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ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Madrid juzgará al ex alcalde de Aranjuez José María Cepeda, del PP, por tres delitos continuados de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. Así lo ha decretado la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad, Sara Carrión.
Junto a Cepeda se sentarán en el banquillo su hermano y antiguo concejal de Urbanismo de la localidad, Jesús Ramón Cepeda, y otro compañero de gobierno, responsable del área de Hacienda, Miguel Ángel Gálvez. También lo harán el arquitecto José Ángel Lazareno, el aparejador Jesús Antonio Segado y el abogado Jesús Iglesias Ortega. A todos se les imputa la comisión de delitos urbanísticos, así como prevaricación o abuso de poder.
El grupo fue acusado en 2002 por la Fiscalía de Madrid de conformar "una trama económica" que favoreció a diferentes empresas constructoras entre 1998 y 2001. El fiscal les atribuía la obtención de "enormes beneficios económicos" a través de procedimientos "ilícitos", que iban desde la concesión de licencias urbanísticas que vulneraban la legalidad a la detracción de fondos públicos a favor de empresas, pasando por el uso de sus cargos públicos para realizar negocios.
Juicio oral
Tras una investigación de casi seis años, la juez ha decidido ahora dar traslado del caso a la Audiencia Provincial, con el objetivo de que se desarrolle el juicio oral. En el mismo, el que fuera alcalde de la localidad entre 1995 y 2003 se enfrentará a una petición por parte del fiscal de 37 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, así como a una multa de 36.000 euros. Cepeda fue hasta junio de 2006 director gerente del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), dependiente de la Consejería de Economía. En la actualidad es director del Museo Ampelográfico de El Encín, incluido en el IMIDRA.
La fiscalía pide asimismo 34 y siete años de inhabilitación especial y otros 36.000 euros para los otros dos miembros del gobierno de Cepeda, 27 años de inhabilitación y 54.000 euros para el aparejador municipal, 10 años de inhabilitación para el arquitecto José Ángel Lazareno y dos años y 24.000 euros para el abogado Jesús Iglesias.
* ELPAIS.com - JAVIER S. DEL MORAL - Madrid - 21/05/2008
Foto: Aranjuez (Madrid), vista - A.Serrano (wikipedia.org)
Alrededor de 2.000 vecinos habitan en los diseminados de Málaga capital
MÁLAGAHOY* : El Ayuntamiento reconoce la existencia de una treintena de núcleos levantados sobre suelo no urbanizable y, por tanto, ilegales. Sin agua potable, obligados a tener que recoger el líquido elemento de un río o de un embalse próximo, sin una infraestructura de saneamiento adecuada y con el reto diario que supone tener que desplazarse por carriles sin asfaltar.
Grosso modo estas son las condiciones de vida en las que se encuentran alrededor de 2.000 vecinos de Málaga capital y cuyas existencias pasan casi desapercibidas a pocos kilómetros de calle Larios, la Alameda Principal o la Avenida de Andalucía. Son los habitantes de los denominados diseminados, núcleos urbanos levantados décadas atrás en la periferia de la ciudad y que, en estos momentos, están situados al margen de la legalidad urbanística.
El Ayuntamiento de Málaga admite la existencia de al menos una treintena de estos conjuntos residenciales, construidos en suelo no urbanizable, y que albergan ya alrededor de un millar de viviendas. Cifra que ha ido creciendo en los últimos años con la ejecución de nuevas edificaciones en una clara infracción de las normas urbanísticas, que sólo autorizan este tipo de actuaciones siempre que estén directamente vinculadas a la actividad agrícola.
Algunos de estos ejemplos son los de los núcleos de Los Arias y El Mallorquín, localizados en las cercanías de Campanillas. Miguel Martín tiene una vivienda en el primero de estos diseminados, aunque vive habitualmente en la capital. "Me he criado aquí toda la vida y yo y mis hermanos hemos nacido en esta zona", comenta, recordando cómo sus padres también residieron aquí. Su experiencia es la de varias decenas de afectados que se topan con el rechazo municipal a regularizar sus viviendas. "Son casas que están levantadas desde hace doscientos años, aunque reformadas y reparadas, y por las que se paga una contribución", insiste Miguel, quien apostilla que desde el Consistorio se les dice que "agarrados a la ley" no tienen derecho "a nada".
Manuel Suárez es miembro de la Asociación de Vecinos La Presa, que aglutina a muchos de los residentes de estos dos diseminados. Sus cálculos elevan a unas 70 las personas que viven de forma permanente en estos entornos y afirma que puede haber unas doscientas viviendas construidas, la inmensa mayoría antiguas. "Estamos abandonados", sentencia, un mensaje en el que se muestra de acuerdo un anciano de 85 años de edad cuya existencia está vinculada a este territorio desde que nació: "Pienso que tenemos el mismo derecho que el resto, como malagueños que somos". Sin embargo, la realidad constata que no es así.
La práctica de las construcciones de diseminados parece tener los días contados, o así al menos lo afirma el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado. "Tenemos el objetivo, por expreso deseo del alcalde, de aumentar de manera notable la inspección y la vigilancia para evitar las construcciones ilegales en la capital", comenta el edil del PP, que apunta el compromiso por aumentar el número de efectivos que se encarguen de la inspección. A ello se sumará, como herramienta novedosa, la contratación de un servicio de toma de imágenes vía satélite, lo que permitirá detectar de forma casi inmediata cualquier construcción ilegal. "La idea es poder anticiparnos al problema y actuar conforme empiecen los trabajos de edificación", agrega.
Sin embargo, el paso que pretende dar el equipo de gobierno del PP no elude la pregunta clave: ¿Qué ocurrirá con las cientos de edificaciones levantadas de forma irregular? Por la cabeza de los responsables municipales no pasa en absoluto el empleo de la piqueta, una acción que, incluso de aprobarse, necesitaría de una compleja tramitación judicial. Justo la misma que mantiene en suspenso desde hace años los numerosos expedientes sancionadores contra, por ejemplo, el promotor del centro hispano ruso, quien construyó por encima de lo permitido en Monte San Antón.
La medida propuesta por los técnicos de Urbanismo pasa más bien por tratar de normalizar parte de los diseminados contabilizados. Aunque se trata de una iniciativa hasta la fecha poco efectiva. Ya en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1997 se incluyó un listado de 28 diseminados para tratar de regularizar su situación mediante la redacción de planes espaciales, algo que aún no se ha ejecutado.
Ahora, aprovechando la revisión del planeamiento local, el Ayuntamiento ha reducido sensiblemente este apartado y alude únicamente a once núcleos: Salinas (61 habitantes), Cortijo los Ruices (114), El Cortijillo (48), Costilla (58), Los Pintados (31), Los Gámez (273), Venta del Boticario (45), Las Breñas (23), Venta del Detalle (74), Piedra Horadada (21) y Haza Carpintero (60). En cualquier caso, la instalación de las infraestructuras básicas deberá ser costeada por los propios afectados.
* Málaga Hoy - Sebastián Sánchez - 19.05.2008
Foto: Juan Herrera mantiene en brazos a un pequeño, justo a la entrada de su parcela, en el diseminado El Mallorquín/ malagahoy.es
El edil de Urbanismo tolera un local sin licencia a su cuñado en Benidorm
ELPAÍS* : La promotora y constructora del cuñado del concejal de Urbanismo, José Ramón González de Zárate, funciona sin licencia en unas oficinas que están fuera de ordenación. El Ayuntamiento de Benidorm revocó la licencia que tenía concedida y ordenó el cierre, mediante dos decretos firmados el 8 de agosto y el 15 de septiembre de 2006, cuando el concejal tenía delegadas las competencias de Seguridad Ciudadana y Policía.
El concejal de Urbanismo justifica la permisividad del Consistorio porque se trata de una ilegalidad habitual en el municipio.
Las oficinas del Grupo Decotec Mediterráneo, SL, situadas en la calle de Severo Ochoa, permanecían ayer abiertas a pesar de no tener licencia. El cuñado de González, Jorge Juan García Carpio, era entonces el administrador único del Grupo Decotec Mediterráneo, SL, una sociedad dedicada a la "explotación y venta de materiales para la decoración; compraventa, explotación, construcción y promoción de inmuebles rústicos, urbanos o urbanizables; y la parcelación, urbanización o permuta de estos por obra terminada" según los datos que figuran en el registro mercantil. Jorge Juan García es pareja de la hermana del edil popular, con quien convive y ha tenido descendencia, si bien no han formalizado matrimonio. En la actualidad Jorge Juan García figura como trabajador de la sociedad y ha cedido la titularidad a su hermano Ángel.
El Consistorio concedió permiso para abrir un local en un espacio de 11 metros cuadrados el 8 de febrero de 2006, tres semanas después de constituirse la sociedad, pero una inspección municipal detectó el 3 de abril que el familiar del concejal había realizado el cerramiento de una zona libre de parcela en retranqueos y ocupaba 180 metros cuadrados, es decir, 16 veces el espacio permitido. El Consistorio incoó un expediente de infracción y otorgó un plazo de 15 días para corregir la infracción con la amenaza de cerrarle el local. El familiar del concejal no lo hizo, y la entonces edil de Aperturas, M.ª Carmen González, firmó por delegación de alcaldía el decreto 4.109 de 21 de agosto de 2006 por el que revocaba la licencia y procedía al cierre del establecimiento. Tres días más tarde, Ángel García, en representación de la sociedad, presentó un recurso de reposición contra la revocación, que fue desestimado el 15 de septiembre de 2006 con los informes técnicos aportados por el arquitecto técnico. El decreto 4.841 firmado por M.ª Carmen González desestima la petición y ratifica la revocación y el cierre dictados el 8 de agosto.
José Ramón González de Zárate reconoce que el establecimiento "funciona sin licencia", y añade: "Como todos en Benidorm. Hay 1.500 locales en esta misma situación". "Se han seguido los tres procedimientos del expediente de infracción urbanística, e incluso han pagado sanción. No como otros", añade. Aunque la normativa obliga a demoler la estructura que está fuera de ordenación y en Benidorm se ha llegado a decretar en varios casos, "nunca se lleva a término", apunta. Tampoco en este caso. El concejal destacó como atenuante que el local que sirve de oficinas de Decotec es "de un familiar de su pareja", no de su cuñado, y que los metros que ocupa de forma ilegal son "de uso y disfrute del local, no de la comunidad de vecinos". También subrayó que a diferencia de muchos de los retranqueos de los que existen en el municipio "es un cerramiento bonito" que sigue las directrices estéticas marcadas por el departamento de Urbanismo. González de Zárate incidió en que este es "un caso más", y apuntó que "todos en Benidorm tienen familiares", y que no por eso "estamos invalidados para trabajar en política".
El concejal de Urbanismo de Benidorm deberá declarar en los próximos días ante el juzgado de instrucción número 5 de Benidorm por un presunto delito de prevaricación, por ordenar el cierre de un cámping que según el Consistorio no se adapta a la normativa.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 21/05/2008
Foto: benidorm - EFE
Los lloriqueos de los promotores
JORDI PALAFOX* : El último medio de prensa extranjero destacado que se ha hecho eco de la inseguridad jurídica existente en el urbanismo valenciano ha sido el Herald Tribune. En su edición del pasado lunes 5, casi a página completa, relataba la situación en Catral. No es el primero y si no hay cambios inmediatos, legales y no legales, que vayan más allá de lo epidérmico no será el último.
En esas condiciones por mucho evento que se organice, por mucho que se invierta en promoción exterior, es imposible que esta comunidad se convierta en el polo de atracción de la inversión extranjera que necesita para mejorar su productividad y en nivel de vida de las generaciones futuras. La obviedad la reitera en el artículo el director general en España de la consultora Pricewaterhouse Coopers.
Lo publicado en la sección europea del New York Times no se aparta de lo ya relatado por otros medios de similar impacto: miles de viviendas adquiridas de buena fe, son ilegales y están amenazadas de derribo. Pero el texto añade algunos detalles todavía más inquietantes. Por un lado, los afectados a los que se menciona como ejemplo consiguieron un crédito hipotecario, con su información registral, y pagaron un informe independiente para evitar errores sin que se advirtiera que la licencia era ilegal. Por otro, recoge afirmaciones, que como poco resultan sorprendentes.
Así, además del consultor mencionado, al que fuera Síndic de Greuges Bernardo del Rosal se le cita entre comillas la aseveración de que aquí cuando promotores, ayuntamientos y administración están haciendo dinero la ley no vale para nada (is worthless). No es lo único llamativo. El nuevo asesor urbanístico de Catral presume de tener la solución para hacer de éste, el primer lugar que resuelva tan extendido problema: que los afectados y principales perjudicados paguen (entre todos unos 15 millones de euros) al ayuntamiento, el mismo que ha incumplido gravemente sus funciones de vigilancia de la legalidad, para evitar el derribo de sus viviendas. Todo, creo que no es exagerar, se parece demasiado al más puro estilo de aquel oeste americano del juez Lynch u otros de su misma condición: la ley no sólo tiene precio sino que sin sonrojo se propone a quien tiene la obligación de hacerla cumplir, que lo fije.
Lo más irritante es que no sorprende. Desde hace años y al amparo de una nefasta legislación y de una deplorable pasividad muchos promotores han campado a sus anchas. Han ninguneado a los compradores cuanto y como han querido. Y han conseguido que municipios y administración autonómica se desentendieran de actuaciones reprobables, cuando no claramente injustas, argumentado que lo que no se les permitía en un lugar, era posible en el de al lado. Y asegurándoles vía impuestos, u otras compensaciones, servicios o prebendas personales, con los que nunca soñaron.
Es esta trayectoria de impunidad en la que se han movido, favorecida además por una lentitud injustificable de la justicia, la que explica la bravuconería de su respuesta a la declaración del vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes de que el sector ha de purgar los excesos acumulados. La misma altanería que han venido utilizando para negarse a que se establecieran instituciones, en el sentido al que se refería el Nobel Douglass C. North de reglas de juego, que gobernaran su actuación para impedir el descrédito de todos ellos ante la actuación de algunos. O para presumir de sus pelotazos y acusar a la banca, y en especial a las cajas de ahorro, de ser las causantes de sus problemas como si la crisis crediticia fuera un invento. Es esa falta de instituciones que incentiven no ya la reputación, la seriedad y diligencia del buen padre de familia en el sector inmobiliario sino la igualdad en el trato por parte de la administración o la proporcionalidad entre el delito y la sanción lo que ha fallado, falla y, todo indica que va a seguir fallando. Y mientras las sanciones sean tan inferiores a los beneficios que se obtienen incumpliendo las normas, las pomposas declaraciones acerca de que el peso de la ley caiga sobre los culpables son cínicos meros brindis al sol de los políticos sean del partido que sean.
Ahora cuando el ciclo ha cambiado parece que los promotores pretenden seguir comportándose bajo los mismos parámetros. A algunos, lo que de nuevo nos han traído a la memoria los recientes exabruptos contra el ministro Solbes es lo que le indicaba su madre a Boabdil cuando perdió el reino nazarí: que no fuera con lloriqueos ante una situación para la cual no había sabido -ni querido, podría añadirse en este caso- prepararse.
* Jordi Palafox es catedrático de Historia e Instituciones en la Universidad de Valencia.
* ELPAIS.com - Opinión - 19/05/2008
La Plataforma por un PGOU Alternativo alerta de la “privatización” creciente de los espacios públicos en Cádiz
BAHÍADECÁDIZ* : Al hilo del presunto incumplimiento de la normativa urbanística municipal en el caso del restaurante-mirador previsto en la plaza de Santa María del Mar, como claro ejemplo de la “nefasta” actuación del Ayuntamiento, la Plataforma por un PGOU Alternativo asegura que la conversión de Valcárcel en un hotel privado “ya nos alarmaba de esta rampante enajenación de bienes públicos a manos privadas que padece la ciudad”.
La polémica en torno a este proyecto continúa, avivada por las declaraciones del adjudicatario, Pablo Grosso, y tras la amenaza de IU de, si se otorga finalmente la licencia, denunciar dicho acto administrativo “porque sería ilegal”.
La Plataforma por un PGOU Alternativo también se ha mostrado contraria a la instalación de un kiosco-restaurante-mirador en la glorieta de Santa María del Mar y apoya a todos los vecinos que se manifestaron cívicamente en la plaza el pasado martes 13 de mayo, y que tienen intención de hacerlo sucesivos martes.
Para este colectivo es especialmente grave que se quiera permitir la instalación de este establecimiento hostelero despreciando lo contemplado en el Plan General en cuanto a los metros cuadrados y características de estas instalaciones en espacios públicos: 260 m2 frente a los 20 que marca el PGOU vigente y una instalación que tiene de todo menos “provisional”.
“Conceder a un empresario privado por 15 años, ampliable a 20, un espacio emblemático público como es la plaza Santa María del Mar, con la mitad de la financiación a cargo del Ayuntamiento (o sea, con nuestros dineros), es intolerable”, apuntan desde esta Plataforma en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, como días atrás hicieron partidos como PSOE, IU o PA.
“La conversión de la residencia Valcárcel en un hotel privado de 5 estrellas ya nos alarmaba de esta rampante enajenación de bienes públicos a manos privadas que padece la ciudad de Cádiz con este Ayuntamiento”.
Para la Plataforma por un PGOU Alternativo, “es saludable desde el punto de vista democrático y participativo que los ciudadanos muestren su disconformidad con las actuaciones públicas que subordinan el bien común a intereses privados. La Plataforma exhorta a todos los gaditanos a que exterioricen su rechazo manifestándose todos los martes a las 20.30 horas en la misma plaza, hasta conseguir la anulación de la concesión”.
POLÉMICAS DECLARACIONES DE GROSSO
Al respecto de las protestas ciudadanas, han tenido eco estos días unas declaraciones del restaurador gaditano Pablo Grosso, adjudicatario de este proyecto municipal, donde apuntaba frases como “me da igual que se manifiesten; esto no cambia el proyecto”, o “allí sólo se han juntado hippies y gente mayor, no creo que hubiera muchos del barrio”.
A raíz de ello, y entre distintas reacciones, las secciones sindicales Autonomía Obrera-SAT y CGT en el Hospital ‘Puerta del Mar’, consideran que estas manifestaciones demuestran que: “No que es un buen restaurador, que en nuestra opinión y en la de muchos profesionales del sector con años de experiencia, es pésimo”; “No que quiera crear puestos de trabajo, ya que tenemos conocimiento de la explotación a la que se ven sometidos la mayoría de trabajadores/as eventuales que trabajan para él”; “No que quiera dinamizar la calle, puesto que lo único que pretende es llenarse los bolsillos hasta que revienten”; “No que esté preocupado por el turismo de Cádiz, sino más bien por el estado de su cuenta corriente”.
Para estos sindicatos, lo único que demuestra Pablo Grosso es “el desprecio más absoluto hacía los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los que se encuentra el derecho a manifestación. Este individuo, con una actitud más propia de un cargo de la falange en pleno franquismo que de un empresario del siglo XXI, se permite el lujo de despreciar a los manifestantes llamándolos hippies y gente mayor”.
CGT y Autonomía Obrera apuntan al empresario que “debe saber que porque la Ilustrísima Alcaldesa le haya tocado con la varita mágica del enriquecimiento fácil y rápido, vamos a permitir que construyan el maldito restaurante sin que le cueste sudor, lágrimas y muchos, muchos dolores de cabeza”.
IU DENUNCIARÁ LA LICENCIA SI FINALMENTE SE OTORGA
En otro sentido, Izquierda Unida ha vuelto a criticar el silencio del Ayuntamiento en el caso de la concesión del restaurante. Para el portavoz del Grupo Municipal de IU, Sebastián Terrada, ha señalado que “el Sr. Romaní no puede limitarse a decir que el proyecto cumple con el PGOU, sino que tiene el deber de demostrar como y no callarse como viene haciendo hasta ahora”.
Por su parte, la alcaldesa, Teófila Martínez, defendía el pasado viernes que se tratará de una instalación municipal avalada por los técnicos, que ocupará el 7 por ciento de la plaza, y que ya en 1994 el PSOE en el Gobierno local entonces pretendió llevar a cabo un proyecto parecido en la zona.
No obstante, Terrada repite que “el proyecto de esta instalación, que tendrá un gran exceso de superficie construida con respecto a lo que determina el PGOU, se tuvo que ceñir a lo exigido en el pliego de condiciones, incluido el documento técnico, realizado por el Ayuntamiento, por lo que imaginamos que el empresario se ajustaría a lo exigido en dicho pliego”, añadiendo que “es el propio Ayuntamiento el que ha cometido un error grave a sabiendas de que se estaba conculcando lo recogido en el plan vigente”.
La formación de izquierdas apunta a que si se otorgara finalmente la licencia al proyecto de instalación, ello sería contrario a la legislación actual sobre ordenamiento urbanístico. Sebastián Terrada considera “especialmente grave que otorgara la licencia porque incurriría en una infracción grave contra el ordenamiento urbanístico, recogida en la Ley Andaluza de referencia; en este sentido cabe recordar que la administración municipal debe ser la que vele por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística”. El portavoz de IU, se pregunta además “¿qué confianza se puede tener en un gobierno municipal cuando exige al resto de ciudadanos que cumpla con los previsto en el PGOU u Ordenanzas Municipales que tengan que ver con el urbanismo, si es el primero que no lo cumple?”.
Terrada asegura que si se otorgara la licencia, denunciará este acto administrativo porque sería ilegal. “No vamos a consentir que el Ayuntamiento haga lo que le quiera y se salte la legalidad vigente por lo que tomaremos las medidas necesarias para que no ocurra esta circunstancia”.
* Diario Bahía de Cádiz - 19.05.2008
Foto: Una de las vistas desde la plaza /Eulogio García, diariobahiadecadiz.com
