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HOY* : Ecologistas Extremadura ha señalado que el Seprona y la Fiscalía "han conseguido frenar" la construcción "ilegal" en la comarca de la Vera y la Serena, sobre las que presentaron denuncias. "Las edificaciones se levantaban en plena naturaleza, a la vista de todo el mundo, realizando talas y movimientos de tierras ilegales sin que los ayuntamientos ejerciesen sus competencias urbanísticas para impedirlo".
En nota de prensa, el colectivo explicó que en julio del pasado año comenzó a denunciar la presencia de múltiples construcciones ilegales en las comarcas de la Vera y La Serena, "la mayoría" realizadas en terrenos incluidos en la Red Natura 2000, pertenecientes al Lugar de Importancia Comunitaria de 'Sierra de Gredos y Valle del Jerte' y a la ZEPA 'Embalse de Orellana y Sierra de Pela'.
Estas construcciones "no constituían casos aislados", añadió la asociación, ya que la organización extremeña denunció que "el número de edificaciones ilegales en estas zonas estaba completamente descontrolado, y que los infractores campaban en la más absoluta impunidad".
"Las edificaciones se levantaban en plena naturaleza, a la vista de todo el mundo, realizando talas y movimientos de tierras ilegales sin que los ayuntamientos ejerciesen sus competencias urbanísticas para impedirlo", explicó la nota.
Asimismo, apuntó que "a las primeras denuncias del Guijo de Santa Bárbara siguieron las realizadas en Jarandilla de la Vera" y "a finales del mes de febrero se presentaron nuevas denuncias en Aldeanueva de la Vera, sumando un total de 43 en tan solo tres localidades". "Igualmente se han denunciado decenas de construcciones ilegales en municipios de Badajoz", entre las que destacó Orellana de la Sierra, Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer.
Pocos meses más tarde, el efecto de las denuncias ya es "visible", indicó el colectivo, e indicó que las investigaciones llevadas a cabo por el Seprona, así como la diligente acción de jueces y fiscalía han llevado a declarar a los juzgados a varios representantes municipales.
"Los servicios de urbanismo de Jarandilla de la Vera han dado orden de paralización incluso a obras que no habían sido denunciadas por el grupo ecologista". "Muchos de los promotores han sido llamados a declarar, y la fiscalía está instruyendo los casos para llevarlos a los tribunales, quienes pueden dictaminar el derribo de las edificaciones, sanciones e incluso cárcel para los promotores" agregó.
Con todo esto, Ecologistas Extremadura lamentó que se haya actuado tan tarde desde las corporaciones municipales, y se preguntan por qué los servicios de inspección que ahora parecen tan eficaces antes no lo eran.
Además, el colectivo puso de manifiesto que lo denunciado hasta ahora es sólo pequeño porcentaje de lo existente, y que ya se encuentra en proceso de preparar nuevas denuncias. Por eso "espera que otros ayuntamientos de la región se tomen en serio esta problemática tan extendida".
Por último, la organización recomendó a los ciudadanos que se informen bien antes de comprar cualquier finca rústica o lanzarse a construir, que valoren el impacto ambiental que puede generar su actuación y los perjuicios, muchas veces irreparables, para el medio ambiente extremeño.
* Hoy - Europa Press - 20.05.08
Foto: Jarandilla de la Vera (Cáceres), construcciones dispersas - ecologistasextremadura.blogspot.com
El Seprona y la fiscalía logran frenar las construcciones ilegales en zonas protegidas de La Vera y La Serena
Totana: El fiscal imputa a Morales 5 cohechos que sumarían quince millones de euros
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LAVERDAD/Murcia* : El ex alcalde habría usado a su ex mujer y sociedades de amigos e intermediarios para intentar cobrar comisiones. Hizo trizas un documento comprometedor y lo arrojó a un contenedor, aunque la Guardia Civil lo reconstruyó. Al menos cinco posibles delitos de cohecho.
Tales son los cargos, a las que se suman otros posibles delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales e infidelidad en la custodia de documentos, que el Ministerio Fiscal imputa al ex alcalde popular de Totana y actual parlamentario regional del Grupo Mixto, Juan Morales, y que se deducen de la investigación realizada con motivo de la denominada Operación Tótem.
Diversos documentos intervenidos en los registros realizados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el domicilio de Morales, en la casa y en la asesoría que figuran a nombre de su ex mujer y en el piso que le prestaba a su novia brasileña, e incluso papeles que portaba en un maletín uno de sus abogados, ofrecen indicios suficientes, en opinión del Ministerio Público, para sospechar que Morales se valió «de su condición de alcalde» para solicitar multimillonarias comisiones, a cambio de su supuesto apoyo y de sus gestiones para sacar adelante proyectos urbanísticos en Totana.
Para evitar figurar como futuro perceptor de esas comisiones, Morales habría utilizado a su ex mujer, María del Carmen Jordán, así como sociedades controladas por intermediarios urbanísticos y por amigos y personas de su absoluta confianza, con quienes varias empresas, interesadas en sacar adelante esos proyectos urbanísticos, habrían firmado contratos comprometiéndose al pago de elevadas cantidades de dinero.
Uno de los documentos más comprometedores es un reconocimiento de deuda que la firma gallega Inmonuar S.L., que quería construir más de 5.000 viviendas en Totana, habría expedido en favor de la sociedad Nubia Inversiones S.L., propiedad del intermediario Joaquín Carmona. En concreto, esa promotora gallega se habría comprometido a pagar 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) por la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, y supuestamente existía un acuerdo para que esa comisión se repartiese en tres partes iguales de 1,2 millones de euros entre Juan Morales, su amigo Gabriel Martínez (de Huevos Maryper) y el citado intermediario y su socio José Antonio Alcántara.
Ese documento de reconocimiento de deuda fue hallado en manos de todos los imputados mencionados. También lo tenía en su casa Juan Morales, quien presuntamente lo rompió en pedazos y lo arrojó a un contenedor, aunque la Guardia Civil logró recuperarlo y reconstruirlo. También estaba en el piso de la novia brasileña de Morales, Vaneide Freita.
A nombre de su ex esposa
La Guardia Civil también intervino otros tres documentos, en los que figuraba como beneficiaria la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán, en los que empresas como Agroproducciones Integradas S.L. y Visanfer S.L. se comprometían a abonarle cantidades que habrían ascendido, en el primer caso, a dos millones de euros, y a cinco millones en el segundo.
Por último, la investigación sacó también a la luz un documento privado de compraventa de acciones de la empresa Deitania S.L., firmado entre Morales y el dueño de esa firma, su amigo Juan Antonio Álvarez, y que el fiscal sospecha que buscaba camuflar el supuesto intento de cobro de otra comisión de nueve millones de euros.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 22 mayo 2008
Foto: Totana (Murcia), juzgados - laverdad.es
La Audiencia confirma el primer derribo en Medina Azahara
ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la orden de derribo de un chalé ilegal levantado en el entorno protegido de Medina Azahara. Se trata de la primera demolición que se impone en esa zona, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2003 y en la que actualmente hay unas 240 casas.
La Audiencia rechaza el recurso interpuesto por la defensa contra el auto dictado el 24 de marzo por el Juzgado de lo Penal 4, en el que se condenaba a los dos acusados a correr con los gastos del derribo y a tres años de prisión en total. Padre e hijo levantaron la casa en 2006. La construcción fue paralizada por la Junta a finales de ese año.
Eduardo Baena, presidente de la Audiencia Provincial, es el ponente de esta última sentencia. Baena ofrece en el escrito su visión sobre el "problema social" de las construcciones ilegales. La sentencia concluye que no es posible que los acusados no supieran que estaba prohibido construir en la zona. Argumentar ese desconocimiento es "legítimo como derecho de defensa pero no deja de ser un sarcasmo y una ofensa a la inteligencia de la sociedad y de los tribunales, que deben huir de ingenuidades".
La Audiencia hace hincapié en que los dos acusados no son personas "marginales" que estén desinformadas. Además, uno de ellos vive en la misma urbanización desde 1995 y ambos son miembros de la asociación de vecinos, "creada precisamente para solventar todos los problemas que les aquejan", entre los que destacan que la zona fuera declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
Además, Baena sostiene que el problema de las parcelaciones y en especial de las de Medina Azahara es "la comidilla de esta ciudad desde hace varios años". En la mayoría de los juicios celebrados por construcciones ilegales en esa zona, la defensa argumenta que en la urbanización no existen carteles que indiquen que está prohibido edificar. Ante este razonamiento, la Audiencia afirma: "Nuestras calles no se encuentran llenas de carteles de todo aquello que prohíbe la ley. Sería tanto como que un conductor, después del bombardeo mediático que existe, dijese que ignoraba que no se pudiese conducir después de ingerir bebidas alcohólicas".
La sentencia sostiene que a los acusados les movían "fines especulativos". Ya sea para evitar pagar como el resto de ciudadanos por construir una casa o para "que llegado el momento (...) la Administración expropie a precios superiores al coste de lo ejecutado".
Las casas ilegales se han consolidado "merced a una desidia de los poderes públicos que dio alas a la población por levantarse las viviendas", dice la sentencia. Según la Audiencia, el problema de los chalés ya existentes deben resolverlo los políticos. Aunque también se afirma que "los poderes públicos desde hace unos años han tomado conciencia del problema y la desidia se ha transmutado en diligencia, comenzando a intervenir la policía urbanística".
La Audiencia Provincial reconoce que, hasta hace poco, los magistrados eran reacios a admitir por la vía penal los casos de nuevas construcciones en núcleos consolidados. Sin embargo, admite un cambio de tendencia, ya que "comienzan a proliferar nuevas construcciones en la esperanza de que penalmente no serían perseguidos" y todo quedará en una "simple sanción pecuniaria", lo que conduce a "resultados perversos". Por ello, la Audiencia Provincial acordó el 10 de marzo endurecer sus criterios, que han llevado a que se dicte la primera orden de demolición en Medina Azahara.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 22/05/2008
Foto: Cordoba, zona viviendas ilegales - abc.es
Imputados del caso Andratx negocian conformidades con la fiscalía
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DIARIODEMALLORCA* : Imputados en algunas de las casi 70 piezas separadas del caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de dicha localidad en la pasada legislatura, han iniciado contactos con la fiscalía anticorrupción de cara a pactar una sentencia de conformidad.
Fuentes jurídicas próximas al caso no descartan que si la Audiencia de Palma dicta sentencias condenatorias en las dos primeras piezas separadas que irán a juicio, la ya vista hace unos días por la casa en un terreno protegido del ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo y la que afecta también al restaurante de Carlos Hidalgo, hermano de Eugenio, pendiente de señalamiento, podría haber más acuerdos de conformidad.
El sumario del caso Andratx fue dividido en piezas separadas (pequeños subcasos) para facilitar su investigación y enjuiciamiento. De momento el suspendido celador municipal de obras, Jaime Gibert, defendido por Juan Luis Matas, ha rubricado un acuerdo con la fiscalía anticorrupción para, a cambio de admitir su participación en algunas irregularidades y facilitar información sobre una parte del entramado que estaba oculta, ver reducida considerablemente la petición de condena contra él.
En la primera vista oral del caso Andratx, las acusaciones particulares en nombre del Ayuntamiento, ejercidas por Josep de Luis e Isabel Fluxà, y en defensa de la edil Isabel Alemany, también se unieron al pacto de anticorrupción con Gibert.
Algunas personas, especialmente técnicos y otros arquitectos que están imputados en una pieza separada, están buscando una salida similar a la de Gibert.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ - 21.05.2008
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
Totana: El alcalde Martínez Andreo intentó quitarle a Morales la comisión de tres millones de euros
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LAVERDAD/Murcia* : La juez de Totana señala que el primer edil totanero, «al obtener la Alcaldía, y al considerarse máximo responsable del Consistorio, pensó que debía ser él quien cobrase» ese dinero. Tres millones de euros constituyen un fajo de billetes demasiado grueso como para no resultar una tentación. Dinero suficiente para justificar una zancadilla a un socio. A un amigo. A un colega. Incluso, a quien fue tu jefe y alcalde.
Tal es la conclusión que se extrae, en una primera lectura, del sumario instruido por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, en el que se investiga una decena de delitos vinculados a la corrupción urbanística en Totana. Esto es, las diligencias judiciales de la denominada Operación Tótem, a las que ha tenido acceso La Verdad.
Una de las conclusiones más sorprendentes de la investigación, coordinada por la citada juez y desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es la que indica que el actual alcalde del PP en Totana, José Martínez Andreo, intentó quedarse con una comisión de tres millones de euros (500 millones de pesetas) que su antecesor en el cargo, Juan Morales Cánovas, había pactado supuestamente con una firma gallega por la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, en el paraje de El Raiguero, donde estaba prevista la construcción de 5.040 viviendas.
Según se recoge en la Exposición Razonada que la juez María Asunción Navarro remitió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia el pasado 11 de enero, y en la que realiza un exhaustivo resumen de todo lo investigado hasta ese momento, Martínez Andreo, que había sido concejal de Obras Públicas en la anterior legislatura, con Juan Morales como alcalde, «conocía las andanzas» de quien fue su jefe de corporación, y era consciente de la multimillonaria comisión presuntamente pactada por éste con el empresario gallego Manuel Núñez Arias, responsable de las sociedades Inmonuar S.L. y Grupo Nuaria S.L., entre otras.
En esta tesitura, recoge el citado documento, «Martínez Andreo, una vez que obtuvo la Alcaldía (en el 2007), y al considerarse como máximo responsable del Consistorio, [consideró] que debía ser él quien cobrase la citada comisión, tratando de dejar fuera a Morales».
«Esto aparece claramente -añade la juez- en la conversación telefónica que tuvo en el mes de agosto del 2007 con Juan Francisco Casanova, que actuaba como representante suyo en las reuniones que celebró con Pablo Maceiras -representante a su vez de Inmonuar S.L.-, al cual llegó a recibir en su propio despacho del Ayuntamiento». La instructora señala, sin embargo, que «no se ha acreditado» que el actual alcalde popular «llegase a recibir ninguna cantidad».
DOS GRUPOS ENFRENTADOS
De esta forma, y según las conclusiones obtenidas con la suma de indicios y pruebas por la juez Navarro, se habrían creado «dos bandos» con el mismo objetivo: hacerse con la suculenta comisión pactada por la recalificación de los terrenos de El Raiguero. De un lado, «el bando formado por Juan Morales -ya entonces diputado-, José Antonio Alcántara (intermediario) y Gabriel Martínez (director ejecutivo de Huevos Maryper y amigo íntimo y hombre de toda la confianza de Morales)». Y de otro lado, «otro bando formado por el citado Pablo Maceiras, Joaquín Carmona (intermediario y ex socio de José Antonio Alcántara) y posiblemente Juan Francisco Casanova (concejal de Agricultura de Totana y amigo y representante de Martínez Andreo) y [el propio] José Martínez Andreo».
Juan Morales, preocupado por la entrada en escena de Martínez Andreo, y sobre todo por el hecho de que se hubiesen acabado peleando Alcántara y Carmona, que habían comenzado siendo sus supuestos intermediarios y negociadores de la comisión ante el grupo gallego, el parlamentario regional habría decidido dar un golpe de mano y recuperar el control de la operación, aunque fuese a costa de perder algún dinero.
Así, señala la juez, Morales organizó un viaje relámpago a Vigo, junto con Gabriel Martínez y Alcántara, y allí se reunieron con el empresario Núñez Arias. En ese encuentro, que fue controlado por la Guardia Civil, quedaron en que la comisión originalmente pactada por la recalificación, que era de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) a repartir en tres partes, se quedaría en tres millones de euros.
La forma de pago, según las exigencias de Morales, serían 1,2 millones de euros en el acto, y 1,8 millones de euros cuando se aprobase el Plan General de Urbanismo, o bien cuando Inmonuar S.L. vendiese sus terrenos a un tercero.
El reparto de esa comisión se haría de la siguiente forma: 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) para Juan Morales, e iguales cantidades para Gabriel Martínez y Alcántara. (Parece que la juez quiere decir, en realidad, tres partes de un millón de euros).
REUNIÓN SECRETA EN ALBACETE
Mientras el ex alcalde y todavía diputado del PP Juan Morales -luego fue expulsado por su partido y pasó a integrar el Grupo Mixto de la Asamblea Regional- trataba de esa forma de hacerse con la comisión, Martínez Andreo intentaba también, presuntamente, jugar sus cartas. De esta forma, habría contactado con uno de los primeros intermediarios y representantes del grupo gallego, Emiliano Ovide, y habría concertado con él una reunión, que finalmente se celebró en el Parador Nacional de Albacete.
En este encuentro habrían participado, además de las dos personas mencionadas, Manuel C.M. y Raquel V.L. (cuñado e hija, respectivamente, de la vecina de Totana Juana L.G., que fue la primera que puso en contacto a Emiliano con Juan Morales).
En su declaración en el juzgado, Emiliano explicó que Martínez Andreo le había solicitado además toda la documentación que tuviese en su poder y que pudiese implicar a Morales en la negociación de comisiones. Sin embargo, añadió, «cuando observó que Andreo no lo llamaba para pedirle esa documentación, unido a los comentarios del pueblo y al nivel económico de vida que empezó a tener éste, le hizo pensar que se había aliado con Morales».
LA TRAICIÓN SE PAGA CARA
Otro dato realmente interesante que ofrecen las diligencias sumariales sobre la Operación Tótem es el que se refiere al origen de la investigación. Como en tantos otros grandes asuntos de corrupción urbanística, las primeras claves empezó facilitándolas un arrepentido; en realidad, un intermediario de la operación urbanística a quien el resto de implicados se había quitado de encima, dejándole sin su parte del pastel.
Este papel lo ha jugado aquí el intermediario Emiliano Ovide Castrillo, que fue quien empezó a buscar terrenos para urbanizar en Totana, por mandato de Núñez Arias, y quien por primera vez habría contactado con el entonces alcalde Juan Morales.
Cuando varios intermediarios urbanísticos locales se metieron por enmedio y lo dejaron fuera, Emiliano Ovide le fue con el cuento al secretario general del PSOE en Totana, Alfonso Martínez Baños, quien grabó subrepticiamente la conversación. Fruto de aquel encuentro fue la presentación de una denuncia, por parte del PSOE local, ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y la subsiguiente Operación Tótem, en la que ya figura una veintena de imputados.
UNA EMPRESA 'TAPADERA'
La juez de Totana tiene pocas dudas del papel protagonista jugado por el actual diputado regional en la trama. Así, en su escrito remitido al TSJ, señala que «ha quedado acreditado, al menos indiciariamente, que Juan Morales es el que propicia desde el principio la existencia de esa comisión ilegal, pues es él quien la solicita; es él quien concreta la cantidad a abonar; él ordena y coordina la operación; él exige la firma de varios documentos de deuda públicos y privados; es él quien impulsa de una forma insistente y firma el convenio sin cuya comisión seguramente no hubiese firmado; es él quien una vez que deja de dirigir el consistorio totanero sigue impulsando toda la operación, hasta el punto de que sale de una decisión suya la idea de acudir a Vigo a la reunión con Núñez».
«Reunión -prosigue la instructora-, a la que acudió acompañado de Gabriel Martínez y Alcántara (...), llegando a escucharse incluso en la sala VIP de Barajas comentar entre los tres que iban a rebajar la comisión en 600.000 euros, pero que iban a exigir a Núñez que les entregase ya todo o parte de la cantidad de tres millones de euros, que se la traerían a la vuelta en un coche, metida en una bolsa de plástico».
Para evitar figurar en documento alguno, Morales había acordado supuestamente con dos intermediarios y personas de su confianza, el citado Alcántara y Joaquín Carmona Abellán, que fuese una sociedad vinculada a ellos, Nubia Inversiones S.L., la que cobrase la comisión. La operación se haría mediante el reconocimiento, por parte de la promotora Inmonuar S.L. -propiedad de Núñez Arias- de un reconocimiento de deuda por importe de los 3,6 millones mencionados en primer lugar.
Copias de ese documento de reconocimiento de deuda fueron encontradas en posesión de la mayor parte de los imputados mencionados, cuando la juez de Totana ordenó los registros de domicilios y sedes empresariales.
Y POR ÚLTIMO, A VIVIR A BRASIL
El propio Emiliano señaló en sus manifestaciones ante el juzgado que los planes de Juan Morales pasaban por cobrar la comisión y marcharse a vivir en Brasil, aprovechando que había iniciado tiempo atrás una relación sentimental con una ciudadana brasileña, la también imputada ahora Vaneide Freita.
La juez Navarro considera que esos planes del diputado han quedado acreditados en el curso de la investigación judicial y señala, asimismo, que hay indicios de que esta mujer «habría colaborado en el envío de dinero y documentos pertenecientes o relacionados con Juan Morales a su país de origen».
También se habría confirmado que Morales posee inversiones inmobiliarias en la localidad brasileña de Foz de Iguaçu.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 21.05.2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento noche - totana.es
Valladolid: El TSJ ratifica la nulidad de la licencia de obra del edificio de Juan de Austria
NORTECASTILLA* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la nulidad de la licencia de obras que el Ayuntamiento de Valladolid otorgó, el 18 de noviembre de 2005, para la construcción de un edificio comercial y de oficinas en la plaza Juan de Austria.
Según hizo público ayer el PSOE, se trata de una sentencia de apelación que confirma la dictada en su momento por el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 2 de Valladolid y que anulaba dicha licencia de obras por autorizar la construcción de una rampa de aparcamiento sobre un espacio público, permitir un exceso de edificabilidad y no respetar la anchura de un pasaje previsto por el planeamiento urbanístico. Este espacio urbano cuenta con varias sentencias contrarias. Así, existe otro fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 17 de septiembre de 2007, que anuló la modificación del Estudio de Detalle aprobada por el Consistorio de Valladolid. Además, mediante sentencia de 8 de octubre de 2002, la misma Sala anuló una licencia concedida en este mismo ámbito en 1998.
En la apelación figura únicamente como parte apelante la empresa promotora, Parzara S. L. Para el PSOE el Ayuntamiento «da la espalda a aquel al que concedió la licencia de forma irregular, a quien se imponen, además, las costas». «Esto demuestra lo poco convencidos que estaban en el Consistorio de la legalidad de la licencia otorgada, que ni siquiera se presentaron en apelación, aunque ello no nos asegura que finalmente no tengamos que pagar las costas entre todos por responsabilidad patrimonial».
Tensando la cuerda
En el mismo comunicado de prensa los socialistas destacan que «el constante goteo de sentencias en este ámbito en particular y en otros lugares de la ciudad - la más reciente la que afecta a la vivienda del alcalde situada en la Plaza de Zorrilla- ponen de manifiesto el nulo respeto por la legalidad que tiene este Ayuntamiento que juega siempre tensando la cuerda de la ley al máximo».
A juicio del PSOE, el incumplimiento de las normas, además de ser grave en sí mismo, es «una clara muestra de gestión ineficaz que el alcalde pretende amparar en la tardanza de las resoluciones judiciales para, una vez consumados los hechos, pensar que no va a haber nadie que decida reponer lo edificado, tal y como se señala en la sentencia que anula las licencias de obra en la Plaza Juan de Austria.
Según el PSOE, en Valladolid quien actúa como promotor inmobiliario tiene que asumir «un riesgo y una incertidumbre de difícil valoración cual es si los pasos que da el Ayuntamiento para amparar jurídicamente cualquier actuación urbanística se ajusta o no a derecho». Así, añade el PSOE, «difícilmente se puede generar confianza entre los empresarios y eso es un serio problema de un alcalde que ha hecho gala de ser un buen gestor».
* El Norte de Castilla - 21.05.08
Foto: Edificio de la plaza Juan de Austria afectado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León/ RODRIGO DE ROJAS, nortecastilla.es
Una sentencia declara ilegales los 76 adosados a construir en Vilaflor (Tenerife)
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EUROPAPRESS* : El Juzgado nº3 de lo Contencioso Administrativo ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) sobre la licencia municipal concedida por el Ayuntamiento de Vilaflor para la construcción de 76 chales pareados en el Camino Real de la Escalona argumentando que el proyecto está fuera de ordenación, que no se atendió a los informes municipales y que el proyecto está en suelo rústico potencialmente productivo.
El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la licencia otorgada no ha contemplado las objeciones hechas en las informes técnicos que han declarado "desfavorable" el permiso urbanístico, incluso, en los emitidos con posterioridad a la concesión de dicha licencia.
Precisa que incluso la promotora, Tenarona, reconoció en un documento que "la licencia contravenía la regulación" y que la parcela en cuestión está clasificada como suelo rústico protencialmente productivo por lo que "resultaba preceptiva la previa obtención de la calificación territorial conforme dispone el artículo 27 del RDL 1/2000 de 8 de mayo, señalando que son nulas de pleno derecho las licencias urbanísticas otorgadas sin que previamente se haya autorizado el Proyecto de Actuación Territorial o la Calificación Territorial conforme a la Ley".
La sentencia insiste en que, aunque se habla de que en la modificación del Plan General será suelo urbano, en la actualidad no lo es y por tanto, sigue siendo suelo rústico potencialmente productivo".
En cuanto a la urbanización se dice en el dictamen que este proyecto "vulnera la altura máxima permitida por la ocupación de la cubierta de viviendas proyectadas, la cual es del 43%, siendo el máximo permitido de un 25%". Además, "el retranqueo a linderos no respeta las determinaciones de las Normas Subsidiarias" dejando a una futura modificación del plan general dicho retranqueo. El juzgado sentencia que "la normativa urbanística a tener en cuenta es la vigente".
El fallo revela que "la licencia concedida se apartó del ordenamiento jurídico vigente en los aspectos señalados (...) sin que sean oponibles al respecto, ni los supuestos pactos verbales a los que se hace referencia por el perito de la promotora, ni los eventuales escritos de renuncia del promotor".
En este sentido se recomienda que "los supuestos pactos verbales" mencionados por el perito de la empresa promotora "deberían ventilarse ante otra jurisdicción" tras un "análisis adecuado". EL ALCALDE DE VILAFLOR.
El dictamen del juzgado de Santa Cruz de Tenerife recoge, además, que pudiera haber "responsabilidad del citado Alcalde --Manuel Fumero-- conforme a las previsiones contenidas en el artículo 189.1 b)2 del Texto Refundido".
Según este decreto se señala que que son responsables "el titular del órgano administrativo unipersonal que haya otorgado las aprobaciones, autorizaciones o licencias sin los preceptivos informes o, dolosamente, en contra de los emitidos motivadamente en sentido desfavorable por razón de la infracción".
Son responsables también, según este decreto, "los miembros de los órganos colegiados que hayan votado a favor de dichas aprobaciones, autorizaciones o licencias en idénticas condiciones; y el Secretario del Ayuntamiento que no haya advertido de la omisión de alguno de los preceptivos informes técnico y jurídico, así como el funcionario que, dolosamente, haya informado favorablemente con conocimiento de la vulneración del orden jurídico".
* Europa Press - SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 May 2008
Foto: Vilaflor (Tenerife) - costa-adeje.es
Un ex alcalde de Aranjuez será juzgado por prevaricación
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ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Madrid juzgará al ex alcalde de Aranjuez José María Cepeda, del PP, por tres delitos continuados de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. Así lo ha decretado la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad, Sara Carrión.
Junto a Cepeda se sentarán en el banquillo su hermano y antiguo concejal de Urbanismo de la localidad, Jesús Ramón Cepeda, y otro compañero de gobierno, responsable del área de Hacienda, Miguel Ángel Gálvez. También lo harán el arquitecto José Ángel Lazareno, el aparejador Jesús Antonio Segado y el abogado Jesús Iglesias Ortega. A todos se les imputa la comisión de delitos urbanísticos, así como prevaricación o abuso de poder.
El grupo fue acusado en 2002 por la Fiscalía de Madrid de conformar "una trama económica" que favoreció a diferentes empresas constructoras entre 1998 y 2001. El fiscal les atribuía la obtención de "enormes beneficios económicos" a través de procedimientos "ilícitos", que iban desde la concesión de licencias urbanísticas que vulneraban la legalidad a la detracción de fondos públicos a favor de empresas, pasando por el uso de sus cargos públicos para realizar negocios.
Juicio oral
Tras una investigación de casi seis años, la juez ha decidido ahora dar traslado del caso a la Audiencia Provincial, con el objetivo de que se desarrolle el juicio oral. En el mismo, el que fuera alcalde de la localidad entre 1995 y 2003 se enfrentará a una petición por parte del fiscal de 37 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, así como a una multa de 36.000 euros. Cepeda fue hasta junio de 2006 director gerente del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), dependiente de la Consejería de Economía. En la actualidad es director del Museo Ampelográfico de El Encín, incluido en el IMIDRA.
La fiscalía pide asimismo 34 y siete años de inhabilitación especial y otros 36.000 euros para los otros dos miembros del gobierno de Cepeda, 27 años de inhabilitación y 54.000 euros para el aparejador municipal, 10 años de inhabilitación para el arquitecto José Ángel Lazareno y dos años y 24.000 euros para el abogado Jesús Iglesias.
* ELPAIS.com - JAVIER S. DEL MORAL - Madrid - 21/05/2008
Foto: Aranjuez (Madrid), vista - A.Serrano (wikipedia.org)
Alrededor de 2.000 vecinos habitan en los diseminados de Málaga capital
MÁLAGAHOY* : El Ayuntamiento reconoce la existencia de una treintena de núcleos levantados sobre suelo no urbanizable y, por tanto, ilegales. Sin agua potable, obligados a tener que recoger el líquido elemento de un río o de un embalse próximo, sin una infraestructura de saneamiento adecuada y con el reto diario que supone tener que desplazarse por carriles sin asfaltar.
Grosso modo estas son las condiciones de vida en las que se encuentran alrededor de 2.000 vecinos de Málaga capital y cuyas existencias pasan casi desapercibidas a pocos kilómetros de calle Larios, la Alameda Principal o la Avenida de Andalucía. Son los habitantes de los denominados diseminados, núcleos urbanos levantados décadas atrás en la periferia de la ciudad y que, en estos momentos, están situados al margen de la legalidad urbanística.
El Ayuntamiento de Málaga admite la existencia de al menos una treintena de estos conjuntos residenciales, construidos en suelo no urbanizable, y que albergan ya alrededor de un millar de viviendas. Cifra que ha ido creciendo en los últimos años con la ejecución de nuevas edificaciones en una clara infracción de las normas urbanísticas, que sólo autorizan este tipo de actuaciones siempre que estén directamente vinculadas a la actividad agrícola.
Algunos de estos ejemplos son los de los núcleos de Los Arias y El Mallorquín, localizados en las cercanías de Campanillas. Miguel Martín tiene una vivienda en el primero de estos diseminados, aunque vive habitualmente en la capital. "Me he criado aquí toda la vida y yo y mis hermanos hemos nacido en esta zona", comenta, recordando cómo sus padres también residieron aquí. Su experiencia es la de varias decenas de afectados que se topan con el rechazo municipal a regularizar sus viviendas. "Son casas que están levantadas desde hace doscientos años, aunque reformadas y reparadas, y por las que se paga una contribución", insiste Miguel, quien apostilla que desde el Consistorio se les dice que "agarrados a la ley" no tienen derecho "a nada".
Manuel Suárez es miembro de la Asociación de Vecinos La Presa, que aglutina a muchos de los residentes de estos dos diseminados. Sus cálculos elevan a unas 70 las personas que viven de forma permanente en estos entornos y afirma que puede haber unas doscientas viviendas construidas, la inmensa mayoría antiguas. "Estamos abandonados", sentencia, un mensaje en el que se muestra de acuerdo un anciano de 85 años de edad cuya existencia está vinculada a este territorio desde que nació: "Pienso que tenemos el mismo derecho que el resto, como malagueños que somos". Sin embargo, la realidad constata que no es así.
La práctica de las construcciones de diseminados parece tener los días contados, o así al menos lo afirma el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado. "Tenemos el objetivo, por expreso deseo del alcalde, de aumentar de manera notable la inspección y la vigilancia para evitar las construcciones ilegales en la capital", comenta el edil del PP, que apunta el compromiso por aumentar el número de efectivos que se encarguen de la inspección. A ello se sumará, como herramienta novedosa, la contratación de un servicio de toma de imágenes vía satélite, lo que permitirá detectar de forma casi inmediata cualquier construcción ilegal. "La idea es poder anticiparnos al problema y actuar conforme empiecen los trabajos de edificación", agrega.
Sin embargo, el paso que pretende dar el equipo de gobierno del PP no elude la pregunta clave: ¿Qué ocurrirá con las cientos de edificaciones levantadas de forma irregular? Por la cabeza de los responsables municipales no pasa en absoluto el empleo de la piqueta, una acción que, incluso de aprobarse, necesitaría de una compleja tramitación judicial. Justo la misma que mantiene en suspenso desde hace años los numerosos expedientes sancionadores contra, por ejemplo, el promotor del centro hispano ruso, quien construyó por encima de lo permitido en Monte San Antón.
La medida propuesta por los técnicos de Urbanismo pasa más bien por tratar de normalizar parte de los diseminados contabilizados. Aunque se trata de una iniciativa hasta la fecha poco efectiva. Ya en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1997 se incluyó un listado de 28 diseminados para tratar de regularizar su situación mediante la redacción de planes espaciales, algo que aún no se ha ejecutado.
Ahora, aprovechando la revisión del planeamiento local, el Ayuntamiento ha reducido sensiblemente este apartado y alude únicamente a once núcleos: Salinas (61 habitantes), Cortijo los Ruices (114), El Cortijillo (48), Costilla (58), Los Pintados (31), Los Gámez (273), Venta del Boticario (45), Las Breñas (23), Venta del Detalle (74), Piedra Horadada (21) y Haza Carpintero (60). En cualquier caso, la instalación de las infraestructuras básicas deberá ser costeada por los propios afectados.
* Málaga Hoy - Sebastián Sánchez - 19.05.2008
Foto: Juan Herrera mantiene en brazos a un pequeño, justo a la entrada de su parcela, en el diseminado El Mallorquín/ malagahoy.es
El edil de Urbanismo tolera un local sin licencia a su cuñado en Benidorm
ELPAÍS* : La promotora y constructora del cuñado del concejal de Urbanismo, José Ramón González de Zárate, funciona sin licencia en unas oficinas que están fuera de ordenación. El Ayuntamiento de Benidorm revocó la licencia que tenía concedida y ordenó el cierre, mediante dos decretos firmados el 8 de agosto y el 15 de septiembre de 2006, cuando el concejal tenía delegadas las competencias de Seguridad Ciudadana y Policía.
El concejal de Urbanismo justifica la permisividad del Consistorio porque se trata de una ilegalidad habitual en el municipio.
Las oficinas del Grupo Decotec Mediterráneo, SL, situadas en la calle de Severo Ochoa, permanecían ayer abiertas a pesar de no tener licencia. El cuñado de González, Jorge Juan García Carpio, era entonces el administrador único del Grupo Decotec Mediterráneo, SL, una sociedad dedicada a la "explotación y venta de materiales para la decoración; compraventa, explotación, construcción y promoción de inmuebles rústicos, urbanos o urbanizables; y la parcelación, urbanización o permuta de estos por obra terminada" según los datos que figuran en el registro mercantil. Jorge Juan García es pareja de la hermana del edil popular, con quien convive y ha tenido descendencia, si bien no han formalizado matrimonio. En la actualidad Jorge Juan García figura como trabajador de la sociedad y ha cedido la titularidad a su hermano Ángel.
El Consistorio concedió permiso para abrir un local en un espacio de 11 metros cuadrados el 8 de febrero de 2006, tres semanas después de constituirse la sociedad, pero una inspección municipal detectó el 3 de abril que el familiar del concejal había realizado el cerramiento de una zona libre de parcela en retranqueos y ocupaba 180 metros cuadrados, es decir, 16 veces el espacio permitido. El Consistorio incoó un expediente de infracción y otorgó un plazo de 15 días para corregir la infracción con la amenaza de cerrarle el local. El familiar del concejal no lo hizo, y la entonces edil de Aperturas, M.ª Carmen González, firmó por delegación de alcaldía el decreto 4.109 de 21 de agosto de 2006 por el que revocaba la licencia y procedía al cierre del establecimiento. Tres días más tarde, Ángel García, en representación de la sociedad, presentó un recurso de reposición contra la revocación, que fue desestimado el 15 de septiembre de 2006 con los informes técnicos aportados por el arquitecto técnico. El decreto 4.841 firmado por M.ª Carmen González desestima la petición y ratifica la revocación y el cierre dictados el 8 de agosto.
José Ramón González de Zárate reconoce que el establecimiento "funciona sin licencia", y añade: "Como todos en Benidorm. Hay 1.500 locales en esta misma situación". "Se han seguido los tres procedimientos del expediente de infracción urbanística, e incluso han pagado sanción. No como otros", añade. Aunque la normativa obliga a demoler la estructura que está fuera de ordenación y en Benidorm se ha llegado a decretar en varios casos, "nunca se lleva a término", apunta. Tampoco en este caso. El concejal destacó como atenuante que el local que sirve de oficinas de Decotec es "de un familiar de su pareja", no de su cuñado, y que los metros que ocupa de forma ilegal son "de uso y disfrute del local, no de la comunidad de vecinos". También subrayó que a diferencia de muchos de los retranqueos de los que existen en el municipio "es un cerramiento bonito" que sigue las directrices estéticas marcadas por el departamento de Urbanismo. González de Zárate incidió en que este es "un caso más", y apuntó que "todos en Benidorm tienen familiares", y que no por eso "estamos invalidados para trabajar en política".
El concejal de Urbanismo de Benidorm deberá declarar en los próximos días ante el juzgado de instrucción número 5 de Benidorm por un presunto delito de prevaricación, por ordenar el cierre de un cámping que según el Consistorio no se adapta a la normativa.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 21/05/2008
Foto: benidorm - EFE
Los lloriqueos de los promotores
JORDI PALAFOX* : El último medio de prensa extranjero destacado que se ha hecho eco de la inseguridad jurídica existente en el urbanismo valenciano ha sido el Herald Tribune. En su edición del pasado lunes 5, casi a página completa, relataba la situación en Catral. No es el primero y si no hay cambios inmediatos, legales y no legales, que vayan más allá de lo epidérmico no será el último.
En esas condiciones por mucho evento que se organice, por mucho que se invierta en promoción exterior, es imposible que esta comunidad se convierta en el polo de atracción de la inversión extranjera que necesita para mejorar su productividad y en nivel de vida de las generaciones futuras. La obviedad la reitera en el artículo el director general en España de la consultora Pricewaterhouse Coopers.
Lo publicado en la sección europea del New York Times no se aparta de lo ya relatado por otros medios de similar impacto: miles de viviendas adquiridas de buena fe, son ilegales y están amenazadas de derribo. Pero el texto añade algunos detalles todavía más inquietantes. Por un lado, los afectados a los que se menciona como ejemplo consiguieron un crédito hipotecario, con su información registral, y pagaron un informe independiente para evitar errores sin que se advirtiera que la licencia era ilegal. Por otro, recoge afirmaciones, que como poco resultan sorprendentes.
Así, además del consultor mencionado, al que fuera Síndic de Greuges Bernardo del Rosal se le cita entre comillas la aseveración de que aquí cuando promotores, ayuntamientos y administración están haciendo dinero la ley no vale para nada (is worthless). No es lo único llamativo. El nuevo asesor urbanístico de Catral presume de tener la solución para hacer de éste, el primer lugar que resuelva tan extendido problema: que los afectados y principales perjudicados paguen (entre todos unos 15 millones de euros) al ayuntamiento, el mismo que ha incumplido gravemente sus funciones de vigilancia de la legalidad, para evitar el derribo de sus viviendas. Todo, creo que no es exagerar, se parece demasiado al más puro estilo de aquel oeste americano del juez Lynch u otros de su misma condición: la ley no sólo tiene precio sino que sin sonrojo se propone a quien tiene la obligación de hacerla cumplir, que lo fije.
Lo más irritante es que no sorprende. Desde hace años y al amparo de una nefasta legislación y de una deplorable pasividad muchos promotores han campado a sus anchas. Han ninguneado a los compradores cuanto y como han querido. Y han conseguido que municipios y administración autonómica se desentendieran de actuaciones reprobables, cuando no claramente injustas, argumentado que lo que no se les permitía en un lugar, era posible en el de al lado. Y asegurándoles vía impuestos, u otras compensaciones, servicios o prebendas personales, con los que nunca soñaron.
Es esta trayectoria de impunidad en la que se han movido, favorecida además por una lentitud injustificable de la justicia, la que explica la bravuconería de su respuesta a la declaración del vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes de que el sector ha de purgar los excesos acumulados. La misma altanería que han venido utilizando para negarse a que se establecieran instituciones, en el sentido al que se refería el Nobel Douglass C. North de reglas de juego, que gobernaran su actuación para impedir el descrédito de todos ellos ante la actuación de algunos. O para presumir de sus pelotazos y acusar a la banca, y en especial a las cajas de ahorro, de ser las causantes de sus problemas como si la crisis crediticia fuera un invento. Es esa falta de instituciones que incentiven no ya la reputación, la seriedad y diligencia del buen padre de familia en el sector inmobiliario sino la igualdad en el trato por parte de la administración o la proporcionalidad entre el delito y la sanción lo que ha fallado, falla y, todo indica que va a seguir fallando. Y mientras las sanciones sean tan inferiores a los beneficios que se obtienen incumpliendo las normas, las pomposas declaraciones acerca de que el peso de la ley caiga sobre los culpables son cínicos meros brindis al sol de los políticos sean del partido que sean.
Ahora cuando el ciclo ha cambiado parece que los promotores pretenden seguir comportándose bajo los mismos parámetros. A algunos, lo que de nuevo nos han traído a la memoria los recientes exabruptos contra el ministro Solbes es lo que le indicaba su madre a Boabdil cuando perdió el reino nazarí: que no fuera con lloriqueos ante una situación para la cual no había sabido -ni querido, podría añadirse en este caso- prepararse.
* Jordi Palafox es catedrático de Historia e Instituciones en la Universidad de Valencia.
* ELPAIS.com - Opinión - 19/05/2008
La Plataforma por un PGOU Alternativo alerta de la “privatización” creciente de los espacios públicos en Cádiz
BAHÍADECÁDIZ* : Al hilo del presunto incumplimiento de la normativa urbanística municipal en el caso del restaurante-mirador previsto en la plaza de Santa María del Mar, como claro ejemplo de la “nefasta” actuación del Ayuntamiento, la Plataforma por un PGOU Alternativo asegura que la conversión de Valcárcel en un hotel privado “ya nos alarmaba de esta rampante enajenación de bienes públicos a manos privadas que padece la ciudad”.
La polémica en torno a este proyecto continúa, avivada por las declaraciones del adjudicatario, Pablo Grosso, y tras la amenaza de IU de, si se otorga finalmente la licencia, denunciar dicho acto administrativo “porque sería ilegal”.
La Plataforma por un PGOU Alternativo también se ha mostrado contraria a la instalación de un kiosco-restaurante-mirador en la glorieta de Santa María del Mar y apoya a todos los vecinos que se manifestaron cívicamente en la plaza el pasado martes 13 de mayo, y que tienen intención de hacerlo sucesivos martes.
Para este colectivo es especialmente grave que se quiera permitir la instalación de este establecimiento hostelero despreciando lo contemplado en el Plan General en cuanto a los metros cuadrados y características de estas instalaciones en espacios públicos: 260 m2 frente a los 20 que marca el PGOU vigente y una instalación que tiene de todo menos “provisional”.
“Conceder a un empresario privado por 15 años, ampliable a 20, un espacio emblemático público como es la plaza Santa María del Mar, con la mitad de la financiación a cargo del Ayuntamiento (o sea, con nuestros dineros), es intolerable”, apuntan desde esta Plataforma en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, como días atrás hicieron partidos como PSOE, IU o PA.
“La conversión de la residencia Valcárcel en un hotel privado de 5 estrellas ya nos alarmaba de esta rampante enajenación de bienes públicos a manos privadas que padece la ciudad de Cádiz con este Ayuntamiento”.
Para la Plataforma por un PGOU Alternativo, “es saludable desde el punto de vista democrático y participativo que los ciudadanos muestren su disconformidad con las actuaciones públicas que subordinan el bien común a intereses privados. La Plataforma exhorta a todos los gaditanos a que exterioricen su rechazo manifestándose todos los martes a las 20.30 horas en la misma plaza, hasta conseguir la anulación de la concesión”.
POLÉMICAS DECLARACIONES DE GROSSO
Al respecto de las protestas ciudadanas, han tenido eco estos días unas declaraciones del restaurador gaditano Pablo Grosso, adjudicatario de este proyecto municipal, donde apuntaba frases como “me da igual que se manifiesten; esto no cambia el proyecto”, o “allí sólo se han juntado hippies y gente mayor, no creo que hubiera muchos del barrio”.
A raíz de ello, y entre distintas reacciones, las secciones sindicales Autonomía Obrera-SAT y CGT en el Hospital ‘Puerta del Mar’, consideran que estas manifestaciones demuestran que: “No que es un buen restaurador, que en nuestra opinión y en la de muchos profesionales del sector con años de experiencia, es pésimo”; “No que quiera crear puestos de trabajo, ya que tenemos conocimiento de la explotación a la que se ven sometidos la mayoría de trabajadores/as eventuales que trabajan para él”; “No que quiera dinamizar la calle, puesto que lo único que pretende es llenarse los bolsillos hasta que revienten”; “No que esté preocupado por el turismo de Cádiz, sino más bien por el estado de su cuenta corriente”.
Para estos sindicatos, lo único que demuestra Pablo Grosso es “el desprecio más absoluto hacía los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los que se encuentra el derecho a manifestación. Este individuo, con una actitud más propia de un cargo de la falange en pleno franquismo que de un empresario del siglo XXI, se permite el lujo de despreciar a los manifestantes llamándolos hippies y gente mayor”.
CGT y Autonomía Obrera apuntan al empresario que “debe saber que porque la Ilustrísima Alcaldesa le haya tocado con la varita mágica del enriquecimiento fácil y rápido, vamos a permitir que construyan el maldito restaurante sin que le cueste sudor, lágrimas y muchos, muchos dolores de cabeza”.
IU DENUNCIARÁ LA LICENCIA SI FINALMENTE SE OTORGA
En otro sentido, Izquierda Unida ha vuelto a criticar el silencio del Ayuntamiento en el caso de la concesión del restaurante. Para el portavoz del Grupo Municipal de IU, Sebastián Terrada, ha señalado que “el Sr. Romaní no puede limitarse a decir que el proyecto cumple con el PGOU, sino que tiene el deber de demostrar como y no callarse como viene haciendo hasta ahora”.
Por su parte, la alcaldesa, Teófila Martínez, defendía el pasado viernes que se tratará de una instalación municipal avalada por los técnicos, que ocupará el 7 por ciento de la plaza, y que ya en 1994 el PSOE en el Gobierno local entonces pretendió llevar a cabo un proyecto parecido en la zona.
No obstante, Terrada repite que “el proyecto de esta instalación, que tendrá un gran exceso de superficie construida con respecto a lo que determina el PGOU, se tuvo que ceñir a lo exigido en el pliego de condiciones, incluido el documento técnico, realizado por el Ayuntamiento, por lo que imaginamos que el empresario se ajustaría a lo exigido en dicho pliego”, añadiendo que “es el propio Ayuntamiento el que ha cometido un error grave a sabiendas de que se estaba conculcando lo recogido en el plan vigente”.
La formación de izquierdas apunta a que si se otorgara finalmente la licencia al proyecto de instalación, ello sería contrario a la legislación actual sobre ordenamiento urbanístico. Sebastián Terrada considera “especialmente grave que otorgara la licencia porque incurriría en una infracción grave contra el ordenamiento urbanístico, recogida en la Ley Andaluza de referencia; en este sentido cabe recordar que la administración municipal debe ser la que vele por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística”. El portavoz de IU, se pregunta además “¿qué confianza se puede tener en un gobierno municipal cuando exige al resto de ciudadanos que cumpla con los previsto en el PGOU u Ordenanzas Municipales que tengan que ver con el urbanismo, si es el primero que no lo cumple?”.
Terrada asegura que si se otorgara la licencia, denunciará este acto administrativo porque sería ilegal. “No vamos a consentir que el Ayuntamiento haga lo que le quiera y se salte la legalidad vigente por lo que tomaremos las medidas necesarias para que no ocurra esta circunstancia”.
* Diario Bahía de Cádiz - 19.05.2008
Foto: Una de las vistas desde la plaza /Eulogio García, diariobahiadecadiz.com
Crac en Viveiro: las promotoras ya no invierten
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ELCORREO/Lugo* : ¿Puede una ciudad vivir sin ley? Conocemos más de un territorio que se ha movido durante años en la anarquía urbanística: Vigo. Ahora la polémica llega desde Viveiro, tras la orden de demolición ratificada por el Tribunal Supremo para dos edificios de Lodeiro. Nos encontramos ante la punta del iceberg: la falta de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que ordene las construcciones.
Cuando el socialista Melchor Roel se convirtió en alcalde de Viveiro, le comunicó a la Consellería de Política Territorial "la caótica situación urbanística". ¿Medida de la Xunta? Tumbó la aprobación inicial del PXOM. ¿Y reacción empresarial? Las promotoras ya no invierten en la villa. Antes, las constructoras dejaban al año casi dos millones de euros en licencias urbanísticas. Tras el KO al plan, la inversión anual no pasa de 200.000. Según el portavoz del PP, Guillermo Leal, "desde hace cinco años los empresarios reconocen que no quieren invertir sin ley".
Según el Gobierno local, el PXOM podría aprobarse en 2011. ¿Qué ocurre con las 118 familias de Lodeiro? Según las sentencias, sus pisos se construyeron sin estudio de detalle cuando gobernaba el PP. Los populares afirman que "el proyecto tuvo el beneplácito de técnicos del Ayuntamiento". Los grupos municipales acordaron regularizar la obra en 2004. Pero con la intervención de la Xunta, este y otros proyectos quedaron outlaw. Como en una peli del Oeste.
CUESTIÓN DE ALTURAS
¡Que se nos cae la vivienda!
Una de nuestras pesadillas: nuestra casa se viene abajo, como en un terremoto índico. Y en Viveiro puede ocurrir por dos motivos. Por sentencia judicial de demolición, en el caso de los dos edificios de Lodeiro que no respetaron las alturas, o por peligro de derrumbe, como en el barrio de O Celeiriño, donde el mal estado de los inmuebles obligó al realojo de varias familias.
Anoche, la Junta de Portavoces debatía sobre la situación de Lodeiro. El PP apuesta por "un acuerdo rápido con la Xunta para defender a los vecinos, regulando la situación como ya se hizo en Vigo". Desde el BNG, José Antonio Goas reconoce que "todo foi culpa da política á carta do PP cos promotores, pero hai que apoiar ós veciños". Este periódico intentó sin éxito hablar con Roel .
* El Correo Gallego - PATRICIA HERMIDA - 20.05.2008
Foto: Desde aquí vemos Viveiro, territorio sin ley en materia urbanística/ a.a. - elcorreogallego.es
La Audiencia Provincial de Málaga revoca la fianza de Roca en el 'caso Malaya'
ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Málaga ha decidido hoy dejar sin efecto la fianza de un millón de euros impuesta por el juez del caso Malaya, Oscar Pérez, al presunto cerebro de la trama de Corrupción, Juan Antonio Roca. Esta decisión judicial no altera la situación en la que se encontraba Roca.
Aunque fue puesto en libertad el pasado 14 de abril, tras pagar la fianza, apenas una semana después, el 23 de abril, volvió a ser encarcelado por otro caso por el que está imputado, el caso Saqueo I.
Desde ese nuevo ingreso, se encuentra en prisión al no haber abonado la fianza que se impuso en ese caso. El juez mantiene de este modo la situación de prisión preventiva provisional ya prorrogada por otros dos años más. En un auto, la Sección Primera de la Audiencia estima los recursos de apelación interpuestos por el fiscal, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y revoca parcialmente la resolución del instructor del caso, que el 27 de marzo permitió eludir la prisión provisional mediante el pago de una fianza carcelaria.
En el auto, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial
argumenta su decisión en el "evidente riesgo de fuga" existente, que se refleja en el "nivel de vida económico exhibido por el procesado, susceptible, al parecer, de ser mantenido en el extranjeo". La Sala destaca también "la entidad, naturaleza y gravedad de los hechos y de las penas que pueden imponerse al presunto culpable", la supuesta "participación esencial" de Roca en ellos y la trascendencia social" de los mismos. El tribunal asegura que, ante dichas circunstancias, "pocos casos habrá" como éste en el que se justifique la excepcionalidad de la medida de privación de libertad hasta el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva permitido.
"Elevado" riesgo de fuga
Recuerda el auto que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Oscar Pérez, reconoce en el auto impugnado el "elevado" riesgo de fuga del procesado, pese a lo cual "considera conveniente suavizar la medida de prisión provisional mediante la fijación de una fianza que prudencialmente fija en un millón de euros". "Pero la Sala no comparte tal criterio", señala el auto.
Los hechos, junto con la "acumulación de frentes procesales
abiertos" "hace razonable y de sentido común que se incrementen de manera lógica y humana las expectativas de fuga" del ex asesor urbanístico, según el auto. Subraya también que el patrimonio del ex asesor está sometido a intervención judicial y "existe la sospecha de que pueda disponer de dinero en el extranjero suficiente para alentar la idea de fuga".
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Málaga - 20/05/2008
Foto: Marbella, zona hotel Guadalpín - elpais.com
Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ve ilegales unas construcciones de Alcarràs
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LAMAÑANA/Lleida* : La Fiscalía de Lleida denunciará la construcción de nueve viviendas adosadas edificadas sobre un vial de un polígono industrial del municipio de Alcarràs. Esta denuncia se ha producido después de que la Acusación Pública leridana enviase el caso a la Fiscalía especial de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid para poder certificar si existían suficientes motivos para la imputación como un delito urbanístico.
Tras revisar la documentación desde Madrid se ha dado luz verde para querellarse contra el promotor por vulnerar, presuntamente, las normativas urbanísticas.
La duda generada en la Fiscalía de Lleida la provocaba que si bien en un primer momento la construcción se efectuó en un vial y por lo tanto no respetaba la normativa urbanística, ahora el Ayuntamiento de la localidad pretende modificar el Plan de Ordenación Urbanística haciendo desaparecer el susodicho vial y convirtiendo el lugar donde están los nueve adosados en suelo urbanizable. Desde la Fiscalía especial de medio ambiente y urbanismo se ha considerado que la construcción debe perseguirse penalmente.
Con éste ya son tres los casos de edificaciones irregulares que la Fiscalía decide enviar a los juzgados. De las cuatro edificaciones que investigó la acusación pública en un primer momento sólo un caso quedó archivado. Se trataba de una nave que tiene una parte de 40 metros cuadrados que podría estar destinada a vivienda. Pese a ello Fiscalía ha considerado que la construcción no vulnera las normativas urbanísticas.
Junto al caso relacionado con la ocupación del vial también se ha enviado a los tribunales otros dos casos. Por un lado se ha construido en suelo agrícola una especie de vivienda donde debería haberse instalado un almacén agrícola. El otro caso es el de una nave, posiblemente destinada para una granja, construida en suelo rústico.
Fiscalía comenzó a investigar las presuntas irregularidades tras recibir varias denuncias de particulares que ponían sobre la pista de los hechos. Al parecer, en las inmediaciones de la localidad están proliferando las casas y los chalets unifamiliares en zonas rústicas donde la licencia municipal sólo se ha concedido para levantar un almacén agrícola.
Como consecuencia de esta larga investigación, llevada a cabo conjuntamente con la Unidad Especial de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Lleida, que entró en funcionamiento hace un año, las pesquisas están dando sus primeros frutos y a finales de febrero se tomó declaración a un vecino de Alcarràs por uno de estos presuntos delitos urbanísticos.
La vulneración de la normativa está reflejada en el artículo 319 del Código Penal, que hace referencia a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. Atendiendo al Código Penal se podrán imponer penas de prisión de entre seis meses y tres años, multas de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para la profesión entre seis meses y tres años a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable, pudiéndose llegar a la ordenación por parte del juez de la demolición de la obra.
Según ha podido saber este diario, las investigaciones están muy avanzadas y no sería estraño que en los próximos días se destapara algún otro caso irregular.
* La Mañana - Lleida - Alfonso L. Congostrina 2008-05-20
Foto: Alcarràs (Lleida) - wikipedia.org
El Gobierno se opone a un plan en Villena que invade un cauce
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ELPAÍS/Alicante* : La delegación del Gobierno impugnará la aprobación por parte de la Generalitat del proyecto urbanístico previsto en la partida del Cascante de Villena por no acreditar la existencia de agua suficiente para abastecer este nuevo desarrollo y por invadir el dominio público hidráulico en la Rambla del Cementerio.
Los terrenos en la cabecera de la rambla no han sido clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, según el Ministerio de Medio Ambiente. Es más, de acuerdo con la información gráfica del proyecto, "los terrenos correspondientes a los cauces pretenden ser ocupados por actuaciones urbanísticas", añade Medio Ambiente. Por ello, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha emitido un informe desfavorable.
El proyecto, denominado modificación puntual n.º 19 Cascante del PGOU de Villena, recibió el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante el pasado 15 de febrero. De llevarse a cabo, el proyecto inmobiliario, proyectado sobre más de 900.000 metros cuadrados de suelo, elevaría la población de Villena en más de 5.000 personas. El organismo de cuenca estima en 398.000 metros cúbicos anuales la demanda adicional que implicaría el desarrollo y ocupación de este proyecto, donde están previstas unas 1.700 casas. La CHJ encuentra además "contradicciones" en cuanto a la procedencia del agua. Por todo ello, los abogados del Estado piden primero la suspensión provisional del acuerdo de Urbanismo y si eso no se produce, lo impugnarán, según fuentes de la delegación.
El terreno afectado por la modificación está calificado en el PGOU de Villena como "urbanizable no programado", pero los propietarios de los terrenos solicitaron al Ayuntamiento que se programara la parcela y aumentara la edificabilidad que tenía, que era de 10 viviendas por hectárea.
El Ayuntamiento planteó en su día una serie de contraprestaciones para la recalificación, como que se aumentara el número de VPO y que los dueños cedieran a la Corporación el pozo Sierra Príncipe (que mana 25 litros por segundo de agua mineromedicinal) para embotellar, así como una masía antigua que estaba prevista como sede universitaria. La reprogramación de la parcela se aprobó en un pleno municipal en 2006 y estaba pendiente del visto bueno de la Generalitat.
* ELPAIS.com - C. V. / E. M. - Valencia / Alicante - 20/05/2008
Foto: Villena (Alicante) - wikipedia.org
Los okupas del Patio Maravillas presentan hoy 150 firmas para evitar su desalojo
20MINUTOS/Madrid* : Los okupas que, desde hace casi un año, gestionan el centro social del Patio Maravillas, ubicado en el antiguo colegio de Malasaña, presentan hoy 150 firmas de autoinculpación ante el juzgado de instrucción nº48 de Plaza de Castilla, en el que el propietario de la parcela, Arnáiz Consultores, los ha denunciado, y aseguran que no dejarán el "espacio de encuentro" que han creado.
"Después de años de abandono por parte de la empresa propietaria Arnáiz Consultores, la decisión de una multitud de personas y colectivos sociales ha hecho posible que, entre sus paredes, se gestionara de manera participativa un centro social en el barrio y abierto a toda la ciudadanía", alegan los okupas.
Conciertos, exposiciones, talleres
Yes que ellos aducen que durante los últimos once meses han conseguido gestionar de manera colectiva un centro social en el barrio de Malasaña donde se han tratado los principales temas de la actualidad global y local: la precariedad, la cultura libre, las fronteras y el barrio.
Por ello, aseguran que "el Patio es y seguirá siendo un espacio de encuentro, reflexión, creación y producción social no mercantilizada, para cientos de personas del barrio y de toda la ciudad, un espacio donde respirar en medio del infierno de la realidad cotidiana, donde reapropiarse de la vida, donde experimentar colectivamente, desde el apoyo mutuo y la autogestión, que hay otras formas de hacer las cosas".
"A lo largo de todo este tiempo se ha convertido en un autentico equipamiento social donde infinidad de actividades han tenido lugar: conciertos, exposiciones, talleres, proyecciones, conferencias... y también ha sido un rincón de juego para pequeños, una oficina de derechos sociales, un jardín, un laboratorio fotográfico, un taller de bicis, un espacio para la reflexión política compartida en torno a los diferentes conflictos que atraviesan nuestras vidas", continúan los okupas.
Apoyados por la FRAVM
En su manifiesto, concluyen mostrándose seguros de que "proyectos como el del Patio son necesarios, imprescindibles en Madrid, una ciudad dominada por la generación de dependencia y sumisión al interés privado, por la lógica mercantil y por unos poderes públicos cómplices de la especulación inmobiliaria y de la construcción de las múltiples fronteras internas que nos impiden acceder a las vidas que deseamos".
Como colofón, los gestores del Patio Maravillas piden "que no se produzca ningún desalojo más, ni del Patio ni de ningún otro espacio okupado, y que la okupación deje de ser considerada un delito para ser entendida como una expresión del conflicto político producido por la negación sistemática de derechos fundamentales y vías para la participación activa de la ciudadanía".
En la entrega de firmas, prevista para el mediodía, los representantes del Patio Maravillas estarán acompañados por miembros de la Asociación de Vecinos de Malasaña-ACIBU y por el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y vecinas de Madrid (FRAVM), Ignacio Murgui.
* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 19.05.2008
Foto: Una imagen del centro cultural okupado - 20minutos.es
Málaga sí que se vende, el alcalde se ocupa de ello
ELOBSERVADOR* : Quienes creían que Málaga no se vendía se equivocaban. Málaga se ha vendido, se está vendiendo y así seguirá por lo menos hasta 2011, fecha en la que, según ha comprobado El Observador en el Plan de Estabilidad presupuestaria presentado por el alcalde, Francisco de la Torre, el Ayuntamiento confía en haber ingresado en sus arcas más de 176 millones de euros a base de firmar convenios urbanísticos.
Un dinero que la corporación espera arrancar a promotores y grandes empresas a cambio, básicamente, de dejarles construir más o construir lo que quieran. Las cuatro torres de Comarex en Carretera de Cádiz, la central térmica de ciclo combinado de Gas Natural en Campanillas y las tres torres de Telefónica en Martiricos son algunos de los acuerdos en los que el PP confía para que la deuda del municipio no sea asfixiante. Un capítulo de ingresos en el que también figura una previsión de 54 millones de euros por parte de Endesa, un pago por el que la compañía eléctrica obtendría el permiso legal para construir una central térmica, que sería la segunda de Málaga, en la desembocadura del río Guadalhorce.
UNA vez que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, el Ayuntamiento ha previsto que los convenios urbanísticos aporten a las arcas municipales 12 millones de euros en 2009, 81.5 millones de euros en 2010 y 82.74 millones de euros en 2011. La cifra total, 176 millones de euros, se incluye en el Plan de Estabilidad Presupuestaria presentado recientemente por la corporación del Partido Popular en el Consistorio malagueño.
ESTE plan responde a la llamada Ley de Estabilidad que sacó adelante el último gobierno de José María Aznar para equilibrar las cuentas de las administraciones locales. Su aplicación en Málaga llega tarde, descubre cómo el presupuesto municipal se ha venido maquillando descaradamente los últimos años y lo más importante, reduce a la mitad las inversiones municipales entre 2009 y 2011. Ante este duro ajuste, el gobierno municipal se aferra a los fondos europeos, los convenios urbanísticos y la venta de suelo.
LA responsable de Economía del grupo municipal socialista, Inmaculada Pérez de Guzmán, afirma a EL OBSERVADOR que sobre los convenios urbanísticos “ya han saltado todas las alarmas. Se sabe como empiezan pero no como acaban. Hay que explicarlos, justificarlos, dotarlos de contenido, decir para qué se va utilizar el dinero y cómo va a llegar al Ayuntamiento. Además, deben ser aprobados en pleno. Sin embargo, el alcalde nos tiene acostumbrados a la falta de transparencia, previsión y control en esta clase de acuerdos, que de ser excepcionales se han convertido en habituales”.
LOS convenios urbanísticos son acuerdos de la administración local mediante los que se recalifica un terreno, se le da un nuevo uso o nuevas posibilidades, por ejemplo, un aumento de edificabilidad. Se han convertido en una de las formas habituales de financiación de las corporaciones municipales. “Los convenios generan desigualdad facilitando el enriquecimiento de los propietarios de suelo con capacidad para pagar las reclasificaciones, en detrimento no sólo del interés público sino también del de aquellos propietarios, que en igualdad de circunstancias urbanísticas, no tienen la capacidad económica”, sostiene Inmaculada Gómez, asesora jurídica de Ecologistas en Acción: “Este urbanismo de compraventa genera desigualdades, es tremendamente injusto y provoca una absoluta desconfianza en el ciudadano, que comprende que su modelo de ciudad, la racionalidad que debe presidir el crecimiento urbano y las auténticas necesidades de la población, son decididas en los despachos de los concejales de Urbanismo y convierte el planeamiento en una potestad en manos de unos cuantos euromillonarios”.
BASTA recordar lo sucedido en la parcela donde antaño se ubicaban los depósitos de Repsol, y en la que durante décadas se prometió un gran parque para disfrute de los malagueños, para entender cómo un convenio entre unos promotores, en este caso la constructora granadina Comarex, y la administración local que dirige Francisco de la Torre acaba de un plumazo con el sueño verde y lo sustituye por cuatro edificios. A cambio, eso sí, de 80 millones de euros. La democracia y el planeamiento de la ciudad se pervierten y desaparecen. ¿Si 80 millones son cuatro torres, para cuánto dan los 176 millones?
ATENDIENDO al plan de ajuste aprobado en solitario por el grupo municipal del PP, en estos 176 millones caben, entre otras cosas, las torres de Telefónica en Martiricos (donde estaba Citesa), la central térmica de ciclo combinado de Gas Natural en Campanillas o el acuerdo por el que a cambio de 2.6 millones de euros, los propietarios de Málaga Wagen levantarán en el lugar donde se ubica actualmente el concesionario de automóviles un bloque de 16 plantas con zócalo comercial cuando los edificios de al lado tienen ‘sólo’ ocho alturas (en este convenio, por cierto, se ha computado suelo de titularidad privada, calles y zonas públicas adyacentes para permitir este aumento de edificabilidad).
PERO sin duda, el punto más inquietante del plan de ajuste del PP es el que prevé que Endesa pague dos partidas, una de 48 y otra de 6 millones de euros, por un convenio urbanístico. La compañía eléctrica ya ha hecho pública su intención de construir una central térmica a orillas del río Guadalhorce, que sería la segunda instalación de este tipo que tendría que soportar la ciudad. El grupo municipal del PSOE va a pedir explicaciones concretas sobre este punto.
LA alarma social que crean centrales térmicas contaminantes como la que se construye actualmente en el río Campanillas, de Gas Natural o ésta de Endesa, han provocado la constitución de plataformas ciudadanas para frenar estos proyectos. (Puede visitar http://malaganotermicas.blogspot.com)
POR otra parte, hay que tener en cuenta que la Ley Andaluza del Suelo ha establecido que el 75% del dinero que se obtiene por convenios urbanísticos o venta de suelo se tiene que dedicar a la construcción de Viviendas de Protección Oficial y sólo el 25% de los ingresos restantes se pueden desviar a inversiones de mejoras de infraestructuras. Además, desde enero de 2006, los ayuntamientos andaluces tienen prohibido disponer del dinero que cobran por anticipado por convenios urbanísticos hasta que no esté aprobado definitivamente el planeamiento correspondiente y existan por tanto garantías de que se puede ejecutar lo firmado.
* Revista El Observador - 15/05/08
2ª Parte
Decía el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), que quizás se estaba metiendo “en un charco” cuando en el último Salón Inmobiliario de Madrid (Sima) pidió una bajada de los precios de vivienda “rápida e inmediata” para afrontar la “dura crisis” inmobiliaria y paliar el frenazo de las ventas. Y sí, efectivamente, De la Torre se metió en un charco y volvió a demostrar que una cosa es lo que dice -que bajen los precios de la vivienda- y otra lo que hace -hacer que suban-. Ejemplo: el Ayuntamiento de Málaga ha sacado a subasta una parcela con un precio de salida de 10.080 euros el metro cuadrado; si se hacen 25 viviendas de renta libre en este mismo suelo, tal y como está previsto, cada casa costará 570.000 euros. Esto es un botón, el paquete completo viene recogido en el plan de ajuste presupuestario que ha presentado el Consistorio para adaptarse a Ley de Estabilidad. Según este documento consultado por EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, el alcalde prevé 125 millones de euros de ingresos por venta de suelo municipal. Seguro que se queda corto: en los últimos años el Ayuntamiento ha vendido el patrimonio público al doble del precio en que inicialmente lo tasó.
LA venta de patrimonio público en la que tanto empeño ha puesto durante su mandato el alcalde de Málaga Francisco de la Torre se va a mantener mientras el popular ocupe el sillón de primer regidor. Las cifras que maneja el Partido Popular en concepto de ingresos por venta de suelo son estas: 25 millones de euros en 2008, 25 millones de euros en 2009, 25 millones de euros en 2010 y 50 millones de euros en 2011. Bote total: 125 millones de euros, que son junto a los 176 millones de euros previstos de ingresos en convenios urbanísticos y el mantenimiento de las ayudas de la Unión Europea, la gran esperanza del PP para que el plan de ajuste presentado ‘sólo’ rebaje a la mitad las inversiones municipales en la ciudad.
¿SON de fiar estas previsiones? Si atendemos a lo que nos tiene acostumbrados De la Torre, definitivamente no. En 2007 presupuestó 38 millones de euros de ingresos en concepto de venta de suelos y acabó vendiendo terrenos por 80 millones de euros, un 209% más de lo anunciado. Una partida, la de 2007, a la que hay que sumar los 48.5 millones de euros de 2006 y los 21 millones de euros que en 2005 se ingresaron en el Ayuntamiento de Málaga por este mismo concepto. Da un poco de vértigo pensar cuál será la pobre herencia y el estrecho margen de actuación que dejará a futuros gobernantes este proceso de privatización acelerada que echa por la borda la herencia de bienes municipales.
¿SABEMOS qué parcelas son susceptibles de enajenar? ¿Se han cuantificado estos suelos debidamente? No y no, pese a ser una de las peticiones expresas realizadas por el consejo de intervención municipal, el gobierno local del PP no ha informado de nada, actitud que también han denunciado los grupos de oposición. Esta información -privilegiada, preciada, útil y potencialmente muy rentable al ser la que marca el desarrollo del negocio inmobiliario- se mantiene en secreto
“LA venta de suelo tal y como la plantea el alcalde es inadmisible y denunciable como fuente de financiación -explica la responsable de economía del PSOE, Inmaculada Pérez de Guzmán-. Vende mucho suelo pero compra muy poco, al no contrarrestar, está esquilmando los recursos del Ayuntamiento: Y además, hay que especificar a qué se dedican esos ingresos. Sin embargo, Francisco de la Torre redistribuye ese dinero como le da la gana, no hay ninguna transparencia en este sentido”.
POR su parte, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, ha denunciado en esta misma línea basándose en los informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía que el Ayuntamiento no gestiona adecuadamente “el 83% de los ingresos que recibe por venta de suelo”. Un hecho que a juicio de Brenes supone “un fraude de ley”.
NO hay que perder de vista que el 25% de los ingresos obtenidos por un ente local como el Ayuntamiento a través de convenios urbanísticos y venta de suelo se pueden traducir en inversiones; el 75% restante debe ir destinado por ley a la construcción de Viviendas de Protección Oficial.
DURANTE los últimos años, las ventas de parcelas de titularidad municipal han supuesto pingües ingresos a la corporación malagueña. En no pocas ocasiones los precios de tasación con los que se pusieron a la venta se han duplicado. El diario El País informó de cómo dos pastillas que salieron a subasta en 18.8 millones de euros acabaron adquiriéndose por 34.9 millones de euros. El aumento del precio del suelo y su habitual conversión en viviendas de renta libre conllevan automáticamente una subida del precio de las casas. Estos casos son los que convierten al alcalde Francisco de la Torre en el mayor especulador de Málaga y la capital andaluza con la política de vivienda pública más desastrosa de toda la comunidad. Del Instituto Municipal de la Vivienda, ya hablaremos más extensamente la semana que viene.
* Revista El Observador - 16/05/08
Abusos urbanísticos/ Casos con nombres y apellidos
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ELPAÍS/Alicante* : Las denuncias de supuestos abusos urbanísticos se cuentan por cientos. Este es el relato que hacen de su situación algunos afectados... Viel i Lieve de Clippel. Pagar 700.000 euros/ William y Sonia Gale. Jubilación de pesadilla/ José María Díaz. Progreso con garantías/ José Crespo. Sentirse en el limbo.
VIEL Y LIEVE DE CLIPPEL. Pagar 700.000 euros
Desde hace 22 años viven en un caserón de unos 900 metros cuadrados sobre la colina, en el Alto de las Palmeras en la zona conocida como la Coma del Pou de Benissa. Adquieron 30.000 metros cuadrados, y desde hace dos años una promotora presentó un proyecto para urbanizar la zona y construir 104 chalés. "Nos cogen más de la mitad del terreno para poner casas y nos obligan a participar en los gastos", afirma la pareja de origen belga, Van Viel i Lieve de Clippel. En su terreno está previsto que se levanten 17 casas, "sólo me dejan la terraza, y encima nos piden 700.000 euros por los gastos de urbanización de la zona". Hace dos años que no hay ningún avance en el proyecto pero temen que de nuevo vuelva a resurgir, "esperemos que nos dejen tranquilos y podamos continuar disfrutando de esta vista", ya que desde su casa se contempla el Penyal d'Ifach. "No está nada claro, esperamos que se modifique la ley y proteja los derechos de los propietarios", concluye.
SONIA Y WILLIAM GALE. Jubilación de pesadilla
Otra pareja de afectados son los británicos Gale, que hace ocho años decidieron jubilarse y retirarse a la cálida costa mediterránea. Vendieron todas sus pertenencias -tenían un bar- y con las ganancias se compraron en 2001 una parcela de unos 2.300 metros cuadrados, que incluía un adosado de 90 metros, jardín y piscina, en Benissa (Alicante). William y Sonia Gale encontraron su rincón ideal en el Racó de Galeno. Pero en 2002 una promotora presentó en el Ayuntamiento un PAI (Programa de Actuación Integrada) sobre una superficie de 250.000 metros cuadrados para edificar adosados. Ahora han empezado las obras, viven roedados de ruidos y excavadoras. Ante este panorama, según sus abogados, se han ido antes al Reino Unido de vacaciones. Les notificaron que su parcela estaba afectada por el PAI y que debían pagar 42.500 euros en concepto de gastos de urbanización y perder unos 800 metros cuadrados de terreno porque se hará un vial. El caso está ahora en el Tribunal Supremo a la espera de una resolución. "La Administración les ha dado la espalda, están despesperados por la lentitud de la justicia", admite uno de sus abogados, "a este paso la sentencia la verán sus nietos".
JOSÉ MARÍA DÍAZ. Progreso con garantías
En la urbanización El Aljibe, en la ladera este del Maigmó, más de un centenar de propietarios no duermen. Compraron hace décadas unas parcelas de entre 5.000 y 7.000 metros cuadrados, allí tienen sus casas con piscina y jardín, pero les amenaza un PAI que proyecta 1.290 viviendas con la correspondiente urbanización del suelo. A cada propietario el agente urbanizador le exigirá "mucho dinero", admite José María Díaz, uno de los vecinos afectados, que empezará a pagar por metros. Una delegación vecinal expuso en Bruselas su caso ante el Comité de Peticiones el pasado abril. Se sienten indefensos por este plan parcial, rebajado pero no paralizado por el nuevo equipo de gobierno. Los afectados valoran la LUV vigente. "La nueva ley es prima hermana de la anterior. Lo malo es que deja muchas puertas abiertas y flecos que promotores, alcaldes y agentes urbanizadores pueden aprovechar en cualquier momento", sostiene Díaz. Los afectados aplauden si se vuelve a modificar la legislación urbanística valenciana para defender sus intereses, "no estamos en contra del progreso y de la urbanización, pero hay que ver cómo y a qué precio" concluye este vecino.
JOSÉ CRESPO. Sentirse en el limbo
El caso de José Crespo es conocido. Su periplo comenzó con la LRAU todavía en vigor. Jurista desde hace 20 años, compró una casa en la localidad de San Juan (Alicante), en 1999. "Vi una casa con jardín que me gustó y antes de comprarla comprobé que su situación era legal, y la compré". Dos años después, Crespo comenzó a oír rumores sobre expropiaciones en la zona, pero nadie le notificó nada. "Investigué y supe que una empresa había presentado un proyecto para urbanizar dos millones de metros cuadrados donde está mi casa". Como contaba a finales de 2005, Crespo contabilizó nueve proyectos diferentes. Algunos de estos PAI parecían respetar la vivienda, otros la destruían bajo una rotonda y otros se quedaban con medio jardín. Según Crespo, el proyecto no tenía pliego de condiciones, ni se había publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea "ni respetaba las obligaciones de transparencia y competencia".
En 2003, con un cambio de gobierno municipal, la situación cambió y los PAI se pararon. Cuatro años después, con la LUV en vigor, ha sido el propio ayuntamiento de San Juan el que tramita un nuevo Plan General, donde se propone la reclasificación de dos millones de metros cuadrados de suelo en la zona conocida como Fabraquer. Los cauces son legales, pero Crespo replica: "Yo, por lo menos, me siento de nuevo en el limbo", asegura.
* ELPAIS.com - E. M. / C. V. - Alicante / Valencia - 19/05/2008
Foto: Benissa (Alicante), baladrar - guiaplayas.es
Los juzgados tramitan más de veinte denuncias de casas ilegales en Motril
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IDEAL/Granada* : Los cortijos en zonas no permitidas costarán mucho más caros de lo previsto a un buen número de motrileños. El ejemplo ya existe. Por haber construido una casa en un terreno no urbanizable de Torrenueva, un vecino ha sido condenado a un año y tres meses de prisión, a pagar 3.360 euros de multa y a derribar la edificación.
Esta es la primera sentencia firme con estas consecuencias por un delito contra la ordenación del territorio en el término municipal de Motril, pero no será la única. Sin ir más lejos, en los próximos días tendrá lugar un juicio contra otra construcción en el anejo torreño. Esta vez por una casa situada en una zona arqueológica.
Los juzgados tramitan ya más casos de gente que ha levantado su hogar -en Motril-, sin tener en cuenta que lo hacían en suelo prohibido. El Ayuntamiento tiene conocimiento de estos procesos judiciales porque él debe aportar al juez los expedientes de las casas que pasan por los tribunales.
Ahora tiene que entregar información acerca, al menos, de veinte viviendas que el Consistorio expedientó y paralizó. Las denuncias, según fuentes municipales, las pone, en gran medida, el Seprona aunque también hay particulares que demandan a otros por la situación de sus viviendas.
Cuando el Seprona denuncia alguna edificación, lo pone en conocimiento del Ayuntamiento. Entonces, desde allí, abren el expediente de paralización e inicia un proceso sancionador.
Conociendo la historia del primer motrileño condenado a prisión por construir una casa ilegal seguro que a muchos se les quitan las ganas de sumar ladrillos en territorio no permitido.
Según la sentencia, el juzgado de lo Penal número 1 de Motril considera probado que el acusado, como promotor y propietario de una edificación situada en un paraje denominado La Chumba, inició antes de septiembre de 2005 la construcción de un inmueble de unos 150 metros cuadrados por planta, contando con semisótano, dos alturas, además de porche de unos 75 metros cuadrados y una piscina.
Según el PGOU
Dicha parcela se encuentra, según el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad granadina, clasificada como suelo no urbanizable y la edificación realizada por el acusado no es susceptible de ser autorizada.
Por eso, una vez iniciada la construcción se ordenó su paralización por parte del Ayuntamiento de la Entidad local de Torrenueva, la cual fue notificada personalmente al acusado, que tiene antecedentes penales no relacionados con esta causa.
Pese a ello continuó con la ejecución de las obras hasta su finalización y, además, no se inició expediente o procedimiento administrativo alguno tendente a la autorización de la edificación. El juez, además de la cárcel, de la multa y del derribo de la edificación impone una inhabilitación al acusado para la profesión de promotor inmobiliario o constructor por tiempo de dos años.
La cosa no pinta bien para algunos ya que la justicia está dispuesta a castigar a todos los constructores y promotores que no cumplen con la legalidad vigente en cuanto a la ordenación urbanística de las poblaciones en las que actúan.
Además, el Ayuntamiento de Motril lleva a cabo su propia ofensiva contra las casas ilegales y ya tiene abiertos diez expedientes de derribo. En el término municipal motrileño existen más de 1.000 construcciones ilegales detectadas y denunciadas que podrán ser demolidas.
* Ideal - LAURA UBAGO - 19.05.2008
Foto: TORRENUEVA. La primera sentencia firme obliga a derribar una casa de esta localidad. A. AGUILAR, ideal.es
