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ELCORREO/Lugo* : ¿Puede una ciudad vivir sin ley? Conocemos más de un territorio que se ha movido durante años en la anarquía urbanística: Vigo. Ahora la polémica llega desde Viveiro, tras la orden de demolición ratificada por el Tribunal Supremo para dos edificios de Lodeiro. Nos encontramos ante la punta del iceberg: la falta de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que ordene las construcciones.
Cuando el socialista Melchor Roel se convirtió en alcalde de Viveiro, le comunicó a la Consellería de Política Territorial "la caótica situación urbanística". ¿Medida de la Xunta? Tumbó la aprobación inicial del PXOM. ¿Y reacción empresarial? Las promotoras ya no invierten en la villa. Antes, las constructoras dejaban al año casi dos millones de euros en licencias urbanísticas. Tras el KO al plan, la inversión anual no pasa de 200.000. Según el portavoz del PP, Guillermo Leal, "desde hace cinco años los empresarios reconocen que no quieren invertir sin ley".
Según el Gobierno local, el PXOM podría aprobarse en 2011. ¿Qué ocurre con las 118 familias de Lodeiro? Según las sentencias, sus pisos se construyeron sin estudio de detalle cuando gobernaba el PP. Los populares afirman que "el proyecto tuvo el beneplácito de técnicos del Ayuntamiento". Los grupos municipales acordaron regularizar la obra en 2004. Pero con la intervención de la Xunta, este y otros proyectos quedaron outlaw. Como en una peli del Oeste.
CUESTIÓN DE ALTURAS
¡Que se nos cae la vivienda!
Una de nuestras pesadillas: nuestra casa se viene abajo, como en un terremoto índico. Y en Viveiro puede ocurrir por dos motivos. Por sentencia judicial de demolición, en el caso de los dos edificios de Lodeiro que no respetaron las alturas, o por peligro de derrumbe, como en el barrio de O Celeiriño, donde el mal estado de los inmuebles obligó al realojo de varias familias.
Anoche, la Junta de Portavoces debatía sobre la situación de Lodeiro. El PP apuesta por "un acuerdo rápido con la Xunta para defender a los vecinos, regulando la situación como ya se hizo en Vigo". Desde el BNG, José Antonio Goas reconoce que "todo foi culpa da política á carta do PP cos promotores, pero hai que apoiar ós veciños". Este periódico intentó sin éxito hablar con Roel .
* El Correo Gallego - PATRICIA HERMIDA - 20.05.2008
Foto: Desde aquí vemos Viveiro, territorio sin ley en materia urbanística/ a.a. - elcorreogallego.es
Crac en Viveiro: las promotoras ya no invierten
La Audiencia Provincial de Málaga revoca la fianza de Roca en el 'caso Malaya'
ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Málaga ha decidido hoy dejar sin efecto la fianza de un millón de euros impuesta por el juez del caso Malaya, Oscar Pérez, al presunto cerebro de la trama de Corrupción, Juan Antonio Roca. Esta decisión judicial no altera la situación en la que se encontraba Roca.
Aunque fue puesto en libertad el pasado 14 de abril, tras pagar la fianza, apenas una semana después, el 23 de abril, volvió a ser encarcelado por otro caso por el que está imputado, el caso Saqueo I.
Desde ese nuevo ingreso, se encuentra en prisión al no haber abonado la fianza que se impuso en ese caso. El juez mantiene de este modo la situación de prisión preventiva provisional ya prorrogada por otros dos años más. En un auto, la Sección Primera de la Audiencia estima los recursos de apelación interpuestos por el fiscal, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y revoca parcialmente la resolución del instructor del caso, que el 27 de marzo permitió eludir la prisión provisional mediante el pago de una fianza carcelaria.
En el auto, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial
argumenta su decisión en el "evidente riesgo de fuga" existente, que se refleja en el "nivel de vida económico exhibido por el procesado, susceptible, al parecer, de ser mantenido en el extranjeo". La Sala destaca también "la entidad, naturaleza y gravedad de los hechos y de las penas que pueden imponerse al presunto culpable", la supuesta "participación esencial" de Roca en ellos y la trascendencia social" de los mismos. El tribunal asegura que, ante dichas circunstancias, "pocos casos habrá" como éste en el que se justifique la excepcionalidad de la medida de privación de libertad hasta el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva permitido.
"Elevado" riesgo de fuga
Recuerda el auto que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Oscar Pérez, reconoce en el auto impugnado el "elevado" riesgo de fuga del procesado, pese a lo cual "considera conveniente suavizar la medida de prisión provisional mediante la fijación de una fianza que prudencialmente fija en un millón de euros". "Pero la Sala no comparte tal criterio", señala el auto.
Los hechos, junto con la "acumulación de frentes procesales
abiertos" "hace razonable y de sentido común que se incrementen de manera lógica y humana las expectativas de fuga" del ex asesor urbanístico, según el auto. Subraya también que el patrimonio del ex asesor está sometido a intervención judicial y "existe la sospecha de que pueda disponer de dinero en el extranjero suficiente para alentar la idea de fuga".
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Málaga - 20/05/2008
Foto: Marbella, zona hotel Guadalpín - elpais.com
Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ve ilegales unas construcciones de Alcarràs
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LAMAÑANA/Lleida* : La Fiscalía de Lleida denunciará la construcción de nueve viviendas adosadas edificadas sobre un vial de un polígono industrial del municipio de Alcarràs. Esta denuncia se ha producido después de que la Acusación Pública leridana enviase el caso a la Fiscalía especial de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid para poder certificar si existían suficientes motivos para la imputación como un delito urbanístico.
Tras revisar la documentación desde Madrid se ha dado luz verde para querellarse contra el promotor por vulnerar, presuntamente, las normativas urbanísticas.
La duda generada en la Fiscalía de Lleida la provocaba que si bien en un primer momento la construcción se efectuó en un vial y por lo tanto no respetaba la normativa urbanística, ahora el Ayuntamiento de la localidad pretende modificar el Plan de Ordenación Urbanística haciendo desaparecer el susodicho vial y convirtiendo el lugar donde están los nueve adosados en suelo urbanizable. Desde la Fiscalía especial de medio ambiente y urbanismo se ha considerado que la construcción debe perseguirse penalmente.
Con éste ya son tres los casos de edificaciones irregulares que la Fiscalía decide enviar a los juzgados. De las cuatro edificaciones que investigó la acusación pública en un primer momento sólo un caso quedó archivado. Se trataba de una nave que tiene una parte de 40 metros cuadrados que podría estar destinada a vivienda. Pese a ello Fiscalía ha considerado que la construcción no vulnera las normativas urbanísticas.
Junto al caso relacionado con la ocupación del vial también se ha enviado a los tribunales otros dos casos. Por un lado se ha construido en suelo agrícola una especie de vivienda donde debería haberse instalado un almacén agrícola. El otro caso es el de una nave, posiblemente destinada para una granja, construida en suelo rústico.
Fiscalía comenzó a investigar las presuntas irregularidades tras recibir varias denuncias de particulares que ponían sobre la pista de los hechos. Al parecer, en las inmediaciones de la localidad están proliferando las casas y los chalets unifamiliares en zonas rústicas donde la licencia municipal sólo se ha concedido para levantar un almacén agrícola.
Como consecuencia de esta larga investigación, llevada a cabo conjuntamente con la Unidad Especial de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Lleida, que entró en funcionamiento hace un año, las pesquisas están dando sus primeros frutos y a finales de febrero se tomó declaración a un vecino de Alcarràs por uno de estos presuntos delitos urbanísticos.
La vulneración de la normativa está reflejada en el artículo 319 del Código Penal, que hace referencia a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. Atendiendo al Código Penal se podrán imponer penas de prisión de entre seis meses y tres años, multas de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para la profesión entre seis meses y tres años a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable, pudiéndose llegar a la ordenación por parte del juez de la demolición de la obra.
Según ha podido saber este diario, las investigaciones están muy avanzadas y no sería estraño que en los próximos días se destapara algún otro caso irregular.
* La Mañana - Lleida - Alfonso L. Congostrina 2008-05-20
Foto: Alcarràs (Lleida) - wikipedia.org
El Gobierno se opone a un plan en Villena que invade un cauce
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ELPAÍS/Alicante* : La delegación del Gobierno impugnará la aprobación por parte de la Generalitat del proyecto urbanístico previsto en la partida del Cascante de Villena por no acreditar la existencia de agua suficiente para abastecer este nuevo desarrollo y por invadir el dominio público hidráulico en la Rambla del Cementerio.
Los terrenos en la cabecera de la rambla no han sido clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, según el Ministerio de Medio Ambiente. Es más, de acuerdo con la información gráfica del proyecto, "los terrenos correspondientes a los cauces pretenden ser ocupados por actuaciones urbanísticas", añade Medio Ambiente. Por ello, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha emitido un informe desfavorable.
El proyecto, denominado modificación puntual n.º 19 Cascante del PGOU de Villena, recibió el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante el pasado 15 de febrero. De llevarse a cabo, el proyecto inmobiliario, proyectado sobre más de 900.000 metros cuadrados de suelo, elevaría la población de Villena en más de 5.000 personas. El organismo de cuenca estima en 398.000 metros cúbicos anuales la demanda adicional que implicaría el desarrollo y ocupación de este proyecto, donde están previstas unas 1.700 casas. La CHJ encuentra además "contradicciones" en cuanto a la procedencia del agua. Por todo ello, los abogados del Estado piden primero la suspensión provisional del acuerdo de Urbanismo y si eso no se produce, lo impugnarán, según fuentes de la delegación.
El terreno afectado por la modificación está calificado en el PGOU de Villena como "urbanizable no programado", pero los propietarios de los terrenos solicitaron al Ayuntamiento que se programara la parcela y aumentara la edificabilidad que tenía, que era de 10 viviendas por hectárea.
El Ayuntamiento planteó en su día una serie de contraprestaciones para la recalificación, como que se aumentara el número de VPO y que los dueños cedieran a la Corporación el pozo Sierra Príncipe (que mana 25 litros por segundo de agua mineromedicinal) para embotellar, así como una masía antigua que estaba prevista como sede universitaria. La reprogramación de la parcela se aprobó en un pleno municipal en 2006 y estaba pendiente del visto bueno de la Generalitat.
* ELPAIS.com - C. V. / E. M. - Valencia / Alicante - 20/05/2008
Foto: Villena (Alicante) - wikipedia.org
Los okupas del Patio Maravillas presentan hoy 150 firmas para evitar su desalojo
20MINUTOS/Madrid* : Los okupas que, desde hace casi un año, gestionan el centro social del Patio Maravillas, ubicado en el antiguo colegio de Malasaña, presentan hoy 150 firmas de autoinculpación ante el juzgado de instrucción nº48 de Plaza de Castilla, en el que el propietario de la parcela, Arnáiz Consultores, los ha denunciado, y aseguran que no dejarán el "espacio de encuentro" que han creado.
"Después de años de abandono por parte de la empresa propietaria Arnáiz Consultores, la decisión de una multitud de personas y colectivos sociales ha hecho posible que, entre sus paredes, se gestionara de manera participativa un centro social en el barrio y abierto a toda la ciudadanía", alegan los okupas.
Conciertos, exposiciones, talleres
Yes que ellos aducen que durante los últimos once meses han conseguido gestionar de manera colectiva un centro social en el barrio de Malasaña donde se han tratado los principales temas de la actualidad global y local: la precariedad, la cultura libre, las fronteras y el barrio.
Por ello, aseguran que "el Patio es y seguirá siendo un espacio de encuentro, reflexión, creación y producción social no mercantilizada, para cientos de personas del barrio y de toda la ciudad, un espacio donde respirar en medio del infierno de la realidad cotidiana, donde reapropiarse de la vida, donde experimentar colectivamente, desde el apoyo mutuo y la autogestión, que hay otras formas de hacer las cosas".
"A lo largo de todo este tiempo se ha convertido en un autentico equipamiento social donde infinidad de actividades han tenido lugar: conciertos, exposiciones, talleres, proyecciones, conferencias... y también ha sido un rincón de juego para pequeños, una oficina de derechos sociales, un jardín, un laboratorio fotográfico, un taller de bicis, un espacio para la reflexión política compartida en torno a los diferentes conflictos que atraviesan nuestras vidas", continúan los okupas.
Apoyados por la FRAVM
En su manifiesto, concluyen mostrándose seguros de que "proyectos como el del Patio son necesarios, imprescindibles en Madrid, una ciudad dominada por la generación de dependencia y sumisión al interés privado, por la lógica mercantil y por unos poderes públicos cómplices de la especulación inmobiliaria y de la construcción de las múltiples fronteras internas que nos impiden acceder a las vidas que deseamos".
Como colofón, los gestores del Patio Maravillas piden "que no se produzca ningún desalojo más, ni del Patio ni de ningún otro espacio okupado, y que la okupación deje de ser considerada un delito para ser entendida como una expresión del conflicto político producido por la negación sistemática de derechos fundamentales y vías para la participación activa de la ciudadanía".
En la entrega de firmas, prevista para el mediodía, los representantes del Patio Maravillas estarán acompañados por miembros de la Asociación de Vecinos de Malasaña-ACIBU y por el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y vecinas de Madrid (FRAVM), Ignacio Murgui.
* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 19.05.2008
Foto: Una imagen del centro cultural okupado - 20minutos.es
Málaga sí que se vende, el alcalde se ocupa de ello
ELOBSERVADOR* : Quienes creían que Málaga no se vendía se equivocaban. Málaga se ha vendido, se está vendiendo y así seguirá por lo menos hasta 2011, fecha en la que, según ha comprobado El Observador en el Plan de Estabilidad presupuestaria presentado por el alcalde, Francisco de la Torre, el Ayuntamiento confía en haber ingresado en sus arcas más de 176 millones de euros a base de firmar convenios urbanísticos.
Un dinero que la corporación espera arrancar a promotores y grandes empresas a cambio, básicamente, de dejarles construir más o construir lo que quieran. Las cuatro torres de Comarex en Carretera de Cádiz, la central térmica de ciclo combinado de Gas Natural en Campanillas y las tres torres de Telefónica en Martiricos son algunos de los acuerdos en los que el PP confía para que la deuda del municipio no sea asfixiante. Un capítulo de ingresos en el que también figura una previsión de 54 millones de euros por parte de Endesa, un pago por el que la compañía eléctrica obtendría el permiso legal para construir una central térmica, que sería la segunda de Málaga, en la desembocadura del río Guadalhorce.
UNA vez que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, el Ayuntamiento ha previsto que los convenios urbanísticos aporten a las arcas municipales 12 millones de euros en 2009, 81.5 millones de euros en 2010 y 82.74 millones de euros en 2011. La cifra total, 176 millones de euros, se incluye en el Plan de Estabilidad Presupuestaria presentado recientemente por la corporación del Partido Popular en el Consistorio malagueño.
ESTE plan responde a la llamada Ley de Estabilidad que sacó adelante el último gobierno de José María Aznar para equilibrar las cuentas de las administraciones locales. Su aplicación en Málaga llega tarde, descubre cómo el presupuesto municipal se ha venido maquillando descaradamente los últimos años y lo más importante, reduce a la mitad las inversiones municipales entre 2009 y 2011. Ante este duro ajuste, el gobierno municipal se aferra a los fondos europeos, los convenios urbanísticos y la venta de suelo.
LA responsable de Economía del grupo municipal socialista, Inmaculada Pérez de Guzmán, afirma a EL OBSERVADOR que sobre los convenios urbanísticos “ya han saltado todas las alarmas. Se sabe como empiezan pero no como acaban. Hay que explicarlos, justificarlos, dotarlos de contenido, decir para qué se va utilizar el dinero y cómo va a llegar al Ayuntamiento. Además, deben ser aprobados en pleno. Sin embargo, el alcalde nos tiene acostumbrados a la falta de transparencia, previsión y control en esta clase de acuerdos, que de ser excepcionales se han convertido en habituales”.
LOS convenios urbanísticos son acuerdos de la administración local mediante los que se recalifica un terreno, se le da un nuevo uso o nuevas posibilidades, por ejemplo, un aumento de edificabilidad. Se han convertido en una de las formas habituales de financiación de las corporaciones municipales. “Los convenios generan desigualdad facilitando el enriquecimiento de los propietarios de suelo con capacidad para pagar las reclasificaciones, en detrimento no sólo del interés público sino también del de aquellos propietarios, que en igualdad de circunstancias urbanísticas, no tienen la capacidad económica”, sostiene Inmaculada Gómez, asesora jurídica de Ecologistas en Acción: “Este urbanismo de compraventa genera desigualdades, es tremendamente injusto y provoca una absoluta desconfianza en el ciudadano, que comprende que su modelo de ciudad, la racionalidad que debe presidir el crecimiento urbano y las auténticas necesidades de la población, son decididas en los despachos de los concejales de Urbanismo y convierte el planeamiento en una potestad en manos de unos cuantos euromillonarios”.
BASTA recordar lo sucedido en la parcela donde antaño se ubicaban los depósitos de Repsol, y en la que durante décadas se prometió un gran parque para disfrute de los malagueños, para entender cómo un convenio entre unos promotores, en este caso la constructora granadina Comarex, y la administración local que dirige Francisco de la Torre acaba de un plumazo con el sueño verde y lo sustituye por cuatro edificios. A cambio, eso sí, de 80 millones de euros. La democracia y el planeamiento de la ciudad se pervierten y desaparecen. ¿Si 80 millones son cuatro torres, para cuánto dan los 176 millones?
ATENDIENDO al plan de ajuste aprobado en solitario por el grupo municipal del PP, en estos 176 millones caben, entre otras cosas, las torres de Telefónica en Martiricos (donde estaba Citesa), la central térmica de ciclo combinado de Gas Natural en Campanillas o el acuerdo por el que a cambio de 2.6 millones de euros, los propietarios de Málaga Wagen levantarán en el lugar donde se ubica actualmente el concesionario de automóviles un bloque de 16 plantas con zócalo comercial cuando los edificios de al lado tienen ‘sólo’ ocho alturas (en este convenio, por cierto, se ha computado suelo de titularidad privada, calles y zonas públicas adyacentes para permitir este aumento de edificabilidad).
PERO sin duda, el punto más inquietante del plan de ajuste del PP es el que prevé que Endesa pague dos partidas, una de 48 y otra de 6 millones de euros, por un convenio urbanístico. La compañía eléctrica ya ha hecho pública su intención de construir una central térmica a orillas del río Guadalhorce, que sería la segunda instalación de este tipo que tendría que soportar la ciudad. El grupo municipal del PSOE va a pedir explicaciones concretas sobre este punto.
LA alarma social que crean centrales térmicas contaminantes como la que se construye actualmente en el río Campanillas, de Gas Natural o ésta de Endesa, han provocado la constitución de plataformas ciudadanas para frenar estos proyectos. (Puede visitar http://malaganotermicas.blogspot.com)
POR otra parte, hay que tener en cuenta que la Ley Andaluza del Suelo ha establecido que el 75% del dinero que se obtiene por convenios urbanísticos o venta de suelo se tiene que dedicar a la construcción de Viviendas de Protección Oficial y sólo el 25% de los ingresos restantes se pueden desviar a inversiones de mejoras de infraestructuras. Además, desde enero de 2006, los ayuntamientos andaluces tienen prohibido disponer del dinero que cobran por anticipado por convenios urbanísticos hasta que no esté aprobado definitivamente el planeamiento correspondiente y existan por tanto garantías de que se puede ejecutar lo firmado.
* Revista El Observador - 15/05/08
2ª Parte
Decía el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), que quizás se estaba metiendo “en un charco” cuando en el último Salón Inmobiliario de Madrid (Sima) pidió una bajada de los precios de vivienda “rápida e inmediata” para afrontar la “dura crisis” inmobiliaria y paliar el frenazo de las ventas. Y sí, efectivamente, De la Torre se metió en un charco y volvió a demostrar que una cosa es lo que dice -que bajen los precios de la vivienda- y otra lo que hace -hacer que suban-. Ejemplo: el Ayuntamiento de Málaga ha sacado a subasta una parcela con un precio de salida de 10.080 euros el metro cuadrado; si se hacen 25 viviendas de renta libre en este mismo suelo, tal y como está previsto, cada casa costará 570.000 euros. Esto es un botón, el paquete completo viene recogido en el plan de ajuste presupuestario que ha presentado el Consistorio para adaptarse a Ley de Estabilidad. Según este documento consultado por EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, el alcalde prevé 125 millones de euros de ingresos por venta de suelo municipal. Seguro que se queda corto: en los últimos años el Ayuntamiento ha vendido el patrimonio público al doble del precio en que inicialmente lo tasó.
LA venta de patrimonio público en la que tanto empeño ha puesto durante su mandato el alcalde de Málaga Francisco de la Torre se va a mantener mientras el popular ocupe el sillón de primer regidor. Las cifras que maneja el Partido Popular en concepto de ingresos por venta de suelo son estas: 25 millones de euros en 2008, 25 millones de euros en 2009, 25 millones de euros en 2010 y 50 millones de euros en 2011. Bote total: 125 millones de euros, que son junto a los 176 millones de euros previstos de ingresos en convenios urbanísticos y el mantenimiento de las ayudas de la Unión Europea, la gran esperanza del PP para que el plan de ajuste presentado ‘sólo’ rebaje a la mitad las inversiones municipales en la ciudad.
¿SON de fiar estas previsiones? Si atendemos a lo que nos tiene acostumbrados De la Torre, definitivamente no. En 2007 presupuestó 38 millones de euros de ingresos en concepto de venta de suelos y acabó vendiendo terrenos por 80 millones de euros, un 209% más de lo anunciado. Una partida, la de 2007, a la que hay que sumar los 48.5 millones de euros de 2006 y los 21 millones de euros que en 2005 se ingresaron en el Ayuntamiento de Málaga por este mismo concepto. Da un poco de vértigo pensar cuál será la pobre herencia y el estrecho margen de actuación que dejará a futuros gobernantes este proceso de privatización acelerada que echa por la borda la herencia de bienes municipales.
¿SABEMOS qué parcelas son susceptibles de enajenar? ¿Se han cuantificado estos suelos debidamente? No y no, pese a ser una de las peticiones expresas realizadas por el consejo de intervención municipal, el gobierno local del PP no ha informado de nada, actitud que también han denunciado los grupos de oposición. Esta información -privilegiada, preciada, útil y potencialmente muy rentable al ser la que marca el desarrollo del negocio inmobiliario- se mantiene en secreto
“LA venta de suelo tal y como la plantea el alcalde es inadmisible y denunciable como fuente de financiación -explica la responsable de economía del PSOE, Inmaculada Pérez de Guzmán-. Vende mucho suelo pero compra muy poco, al no contrarrestar, está esquilmando los recursos del Ayuntamiento: Y además, hay que especificar a qué se dedican esos ingresos. Sin embargo, Francisco de la Torre redistribuye ese dinero como le da la gana, no hay ninguna transparencia en este sentido”.
POR su parte, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, ha denunciado en esta misma línea basándose en los informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía que el Ayuntamiento no gestiona adecuadamente “el 83% de los ingresos que recibe por venta de suelo”. Un hecho que a juicio de Brenes supone “un fraude de ley”.
NO hay que perder de vista que el 25% de los ingresos obtenidos por un ente local como el Ayuntamiento a través de convenios urbanísticos y venta de suelo se pueden traducir en inversiones; el 75% restante debe ir destinado por ley a la construcción de Viviendas de Protección Oficial.
DURANTE los últimos años, las ventas de parcelas de titularidad municipal han supuesto pingües ingresos a la corporación malagueña. En no pocas ocasiones los precios de tasación con los que se pusieron a la venta se han duplicado. El diario El País informó de cómo dos pastillas que salieron a subasta en 18.8 millones de euros acabaron adquiriéndose por 34.9 millones de euros. El aumento del precio del suelo y su habitual conversión en viviendas de renta libre conllevan automáticamente una subida del precio de las casas. Estos casos son los que convierten al alcalde Francisco de la Torre en el mayor especulador de Málaga y la capital andaluza con la política de vivienda pública más desastrosa de toda la comunidad. Del Instituto Municipal de la Vivienda, ya hablaremos más extensamente la semana que viene.
* Revista El Observador - 16/05/08
Abusos urbanísticos/ Casos con nombres y apellidos
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ELPAÍS/Alicante* : Las denuncias de supuestos abusos urbanísticos se cuentan por cientos. Este es el relato que hacen de su situación algunos afectados... Viel i Lieve de Clippel. Pagar 700.000 euros/ William y Sonia Gale. Jubilación de pesadilla/ José María Díaz. Progreso con garantías/ José Crespo. Sentirse en el limbo.
VIEL Y LIEVE DE CLIPPEL. Pagar 700.000 euros
Desde hace 22 años viven en un caserón de unos 900 metros cuadrados sobre la colina, en el Alto de las Palmeras en la zona conocida como la Coma del Pou de Benissa. Adquieron 30.000 metros cuadrados, y desde hace dos años una promotora presentó un proyecto para urbanizar la zona y construir 104 chalés. "Nos cogen más de la mitad del terreno para poner casas y nos obligan a participar en los gastos", afirma la pareja de origen belga, Van Viel i Lieve de Clippel. En su terreno está previsto que se levanten 17 casas, "sólo me dejan la terraza, y encima nos piden 700.000 euros por los gastos de urbanización de la zona". Hace dos años que no hay ningún avance en el proyecto pero temen que de nuevo vuelva a resurgir, "esperemos que nos dejen tranquilos y podamos continuar disfrutando de esta vista", ya que desde su casa se contempla el Penyal d'Ifach. "No está nada claro, esperamos que se modifique la ley y proteja los derechos de los propietarios", concluye.
SONIA Y WILLIAM GALE. Jubilación de pesadilla
Otra pareja de afectados son los británicos Gale, que hace ocho años decidieron jubilarse y retirarse a la cálida costa mediterránea. Vendieron todas sus pertenencias -tenían un bar- y con las ganancias se compraron en 2001 una parcela de unos 2.300 metros cuadrados, que incluía un adosado de 90 metros, jardín y piscina, en Benissa (Alicante). William y Sonia Gale encontraron su rincón ideal en el Racó de Galeno. Pero en 2002 una promotora presentó en el Ayuntamiento un PAI (Programa de Actuación Integrada) sobre una superficie de 250.000 metros cuadrados para edificar adosados. Ahora han empezado las obras, viven roedados de ruidos y excavadoras. Ante este panorama, según sus abogados, se han ido antes al Reino Unido de vacaciones. Les notificaron que su parcela estaba afectada por el PAI y que debían pagar 42.500 euros en concepto de gastos de urbanización y perder unos 800 metros cuadrados de terreno porque se hará un vial. El caso está ahora en el Tribunal Supremo a la espera de una resolución. "La Administración les ha dado la espalda, están despesperados por la lentitud de la justicia", admite uno de sus abogados, "a este paso la sentencia la verán sus nietos".
JOSÉ MARÍA DÍAZ. Progreso con garantías
En la urbanización El Aljibe, en la ladera este del Maigmó, más de un centenar de propietarios no duermen. Compraron hace décadas unas parcelas de entre 5.000 y 7.000 metros cuadrados, allí tienen sus casas con piscina y jardín, pero les amenaza un PAI que proyecta 1.290 viviendas con la correspondiente urbanización del suelo. A cada propietario el agente urbanizador le exigirá "mucho dinero", admite José María Díaz, uno de los vecinos afectados, que empezará a pagar por metros. Una delegación vecinal expuso en Bruselas su caso ante el Comité de Peticiones el pasado abril. Se sienten indefensos por este plan parcial, rebajado pero no paralizado por el nuevo equipo de gobierno. Los afectados valoran la LUV vigente. "La nueva ley es prima hermana de la anterior. Lo malo es que deja muchas puertas abiertas y flecos que promotores, alcaldes y agentes urbanizadores pueden aprovechar en cualquier momento", sostiene Díaz. Los afectados aplauden si se vuelve a modificar la legislación urbanística valenciana para defender sus intereses, "no estamos en contra del progreso y de la urbanización, pero hay que ver cómo y a qué precio" concluye este vecino.
JOSÉ CRESPO. Sentirse en el limbo
El caso de José Crespo es conocido. Su periplo comenzó con la LRAU todavía en vigor. Jurista desde hace 20 años, compró una casa en la localidad de San Juan (Alicante), en 1999. "Vi una casa con jardín que me gustó y antes de comprarla comprobé que su situación era legal, y la compré". Dos años después, Crespo comenzó a oír rumores sobre expropiaciones en la zona, pero nadie le notificó nada. "Investigué y supe que una empresa había presentado un proyecto para urbanizar dos millones de metros cuadrados donde está mi casa". Como contaba a finales de 2005, Crespo contabilizó nueve proyectos diferentes. Algunos de estos PAI parecían respetar la vivienda, otros la destruían bajo una rotonda y otros se quedaban con medio jardín. Según Crespo, el proyecto no tenía pliego de condiciones, ni se había publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea "ni respetaba las obligaciones de transparencia y competencia".
En 2003, con un cambio de gobierno municipal, la situación cambió y los PAI se pararon. Cuatro años después, con la LUV en vigor, ha sido el propio ayuntamiento de San Juan el que tramita un nuevo Plan General, donde se propone la reclasificación de dos millones de metros cuadrados de suelo en la zona conocida como Fabraquer. Los cauces son legales, pero Crespo replica: "Yo, por lo menos, me siento de nuevo en el limbo", asegura.
* ELPAIS.com - E. M. / C. V. - Alicante / Valencia - 19/05/2008
Foto: Benissa (Alicante), baladrar - guiaplayas.es
Los juzgados tramitan más de veinte denuncias de casas ilegales en Motril
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IDEAL/Granada* : Los cortijos en zonas no permitidas costarán mucho más caros de lo previsto a un buen número de motrileños. El ejemplo ya existe. Por haber construido una casa en un terreno no urbanizable de Torrenueva, un vecino ha sido condenado a un año y tres meses de prisión, a pagar 3.360 euros de multa y a derribar la edificación.
Esta es la primera sentencia firme con estas consecuencias por un delito contra la ordenación del territorio en el término municipal de Motril, pero no será la única. Sin ir más lejos, en los próximos días tendrá lugar un juicio contra otra construcción en el anejo torreño. Esta vez por una casa situada en una zona arqueológica.
Los juzgados tramitan ya más casos de gente que ha levantado su hogar -en Motril-, sin tener en cuenta que lo hacían en suelo prohibido. El Ayuntamiento tiene conocimiento de estos procesos judiciales porque él debe aportar al juez los expedientes de las casas que pasan por los tribunales.
Ahora tiene que entregar información acerca, al menos, de veinte viviendas que el Consistorio expedientó y paralizó. Las denuncias, según fuentes municipales, las pone, en gran medida, el Seprona aunque también hay particulares que demandan a otros por la situación de sus viviendas.
Cuando el Seprona denuncia alguna edificación, lo pone en conocimiento del Ayuntamiento. Entonces, desde allí, abren el expediente de paralización e inicia un proceso sancionador.
Conociendo la historia del primer motrileño condenado a prisión por construir una casa ilegal seguro que a muchos se les quitan las ganas de sumar ladrillos en territorio no permitido.
Según la sentencia, el juzgado de lo Penal número 1 de Motril considera probado que el acusado, como promotor y propietario de una edificación situada en un paraje denominado La Chumba, inició antes de septiembre de 2005 la construcción de un inmueble de unos 150 metros cuadrados por planta, contando con semisótano, dos alturas, además de porche de unos 75 metros cuadrados y una piscina.
Según el PGOU
Dicha parcela se encuentra, según el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad granadina, clasificada como suelo no urbanizable y la edificación realizada por el acusado no es susceptible de ser autorizada.
Por eso, una vez iniciada la construcción se ordenó su paralización por parte del Ayuntamiento de la Entidad local de Torrenueva, la cual fue notificada personalmente al acusado, que tiene antecedentes penales no relacionados con esta causa.
Pese a ello continuó con la ejecución de las obras hasta su finalización y, además, no se inició expediente o procedimiento administrativo alguno tendente a la autorización de la edificación. El juez, además de la cárcel, de la multa y del derribo de la edificación impone una inhabilitación al acusado para la profesión de promotor inmobiliario o constructor por tiempo de dos años.
La cosa no pinta bien para algunos ya que la justicia está dispuesta a castigar a todos los constructores y promotores que no cumplen con la legalidad vigente en cuanto a la ordenación urbanística de las poblaciones en las que actúan.
Además, el Ayuntamiento de Motril lleva a cabo su propia ofensiva contra las casas ilegales y ya tiene abiertos diez expedientes de derribo. En el término municipal motrileño existen más de 1.000 construcciones ilegales detectadas y denunciadas que podrán ser demolidas.
* Ideal - LAURA UBAGO - 19.05.2008
Foto: TORRENUEVA. La primera sentencia firme obliga a derribar una casa de esta localidad. A. AGUILAR, ideal.es
Otro edificio de Viveiro tiene orden de derribo parcial del TS desde 2001
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LAVOZ/Lugo* : Con la resolución del Tribunal Supremo (TS) sobre los 118 pisos de Lodeiro todavía sin digerir, el Concello de Viveiro afronta otra orden de derribo dictada por el TS, ésta parcial, de un edificio de la calle Nicolás Cora Montenegro.
El problema parte, en ambos casos, de licencias otorgadas por los gobiernos del popular César Aja. El alto tribunal, en sentencia del 4 de junio del 2001, ordenó la demolición de las dos últimas plantas de un inmueble de la calle Nicolás Cora.
El litigio se remonta al 31 de diciembre de 1976, cuando el alcalde, Ramón Salgueiro Abad, y los propietarios de una casa anexa al consistorio, en la plaza Mayor, firmaron un convenio que permitiría elevar la citada vivienda hasta las cinco plantas, cuando se redactase una normativa urbanística. A cambio, estos vecinos consentían trasladar la servidumbre de luces y vistas (en la pared medianera) a la cuarta planta y sucesivas del edificio, para poder así construir la nueva casa consistorial.
El pacto se frustró ya que, en la tramitación del Plan Especial de Protección e Reforma Interior (Pepri) del casco histórico (aprobado el 7 de agosto de 1997), la Consellería de Cultura impuso la consolidación de las alturas de las edificaciones del lado norte de la plaza Mayor, donde se ubica la casa en cuestión. Ante esto, el Concello y los propietarios acordaron, el 25 de noviembre de 1997, que el primero pagaría una indemnización de 120.000 euros, a abonar en tres años (2002, 2003 y 2004).
Entretanto surgió otro conflicto entre el Concello y el propietario de la vivienda de la plaza Mayor, Francisco Méndez Goas. Este último interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la comisión de gobierno del 17 de enero de 1994 (con Aja de alcalde), de conceder una licencia para construir un edificio en la calle Nicolás Cora Montenegro. La obra se ejecutó y, tras varios recursos, el TS dictó el derribo de las dos últimas plantas. El tema parecía resuelto tras el pleno del 5 de abril del 2002, con el compromiso municipal (PP votó a favor; BNG y EU-IU, en contra; y PSOE se abstuvo) de abrir una calle paralela a Nicolás Cora, por detrás del citado inmueble, para dar acceso a fincas de Méndez Goas y colindantes.
Las obras tenían que estar acabadas el 31 de diciembre del 2003. La nueva corporación, regida por el bipartito PSOE-BNG, modificó el acuerdo y aplazó un año la apertura del vial, aún pendiente. El demandante ha pedido la ejecución de la sentencia.
Inquietud vecinal
Con este precedente, los dueños de los pisos de los edificios de Lodeiro afectados por la orden de derribo del TS, que declaró nulas las licencias otorgadas en su día por la junta de gobierno del PP, afrontan una semana difícil. La inquietud es evidente, aunque la mayoría confía en que la demolición no llegue a ejecutarse, pues son muchas las familias damnificadas. El alcalde, el socialista Melchor Roel, ha convocado para hoy a las 20.00 horas una reunión de la junta municipal de portavoces.
Los representantes de los cuatro grupos políticos que componen la corporación analizarán la reciente sentencia del TS y tratarán de consensuar la postura del Concello. El mandatario local ha reiterado estos días su compromiso de defensa de los vecinos, más de 320 personas residentes en estos inmuebles.
* La Voz de Galicia - 19.05.2008
Foto: El Supremo dictó la demolición de dos plantas del inmueble situado en la calle Nicolás Cora - PEPA LOSADA, lavozdegalicia.es
Una empresa exige 5 millones a Firgas por el edificio del ex alcalde Arencibia
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : La sociedad Merotez reclama al Ayuntamiento de Firgas una indemnización de 5,20 millones de euros por el largo litigio que mantiene por la clausura del edificio promovido en el centro del municipio por el ex alcalde, Sebastián Arencibia.
Los distintos grupos políticos aprobaron en mayo de 2006 el inicio de una investigación para depurar posibles irregularidades urbanísticas por el exceso de ocupación pero, desde entonces, las viviendas y los locales comerciales sigue sin estrenarse.
Los grandes letreros de una entidad bancaria permanecen en la fachada del enorme inmueble de la calle José Santos, 10 de Firgas. Sin embargo, la sucursal permanece cerrada porque le faltan los pertinentes permisos. Lo mismo sucede con las viviendas construidas en la zona baja y el local de la planta baja. El largo litigio entre los dueños y el Ayuntamiento sigue sin resolverse, dos años después de que se destapara un conflicto en el que se entremezclan los motivos políticos y urbanísticos.
Algunos ediles consideraron en su momento que Sebastián Arencibia "se aprovechó de su condición de alcalde" para hacerse con esta propiedad como para recibir una serie de supuestas ventajas. Sin embargo, el complicado proceso para depurar responsabilidades por parte del Ayuntamiento y avalados por un informe privado se ha estancado dos años, en los que la empresa ha visto cómo el edificio no puede inaugurarse por la falta de los últimos papeles municipales.
Por esta razón la sociedad dueña del inmueble, Merotez, ha decidido exigir en concepto de "daños y perjuicios" la cantidad de 5,20 millones de euros al Ayuntamiento por sus derechos de propiedad sobre el inmueble, así como por la explotación, ya sea por venta o por alquiler.
La sociedad limitada recuerda que el edificio se ejecutó "conforme a proyecto, redactado y aprobado al efecto, y contando con la oportuna licencia municipal de obras y posterior reformado". Además, añade, los locales dispone de la licencia de primera ocupación otorgada por el Ayuntamiento en el mes de febrero de 2006.
* La Provincia - JAVIER BOLAÑOS - 19.05.2008
Foto: Vista del polémico edificio construido en el centro de Firgas. LP/DLP
Europa fuerza la revisión de la ley urbanística
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ELPAÍS/Valencia* : La legislación urbanística valenciana será reformada por segunda vez después de años de estar en entredicho en las instituciones de la Unión Europea. Los palos que la Eurocámara ha dado a la Generalitat a cuenta de esta normativa -incluso los populares europeos la han censurado- y la denuncia al tribunal de justicia europeo exige una adaptación a las directivas europeas.
El primer aviso contra la legislación urbanística valenciana se produjo a raíz de las denuncias de un grupo de afectados contra la entonces vigente Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sustituida en 2006 por la ley Urbanística Valenciana (LUV), que heredó todavía vicios de la primera. Después de una larga instrucción, la Comisión acabó denunciando en 2007 a España ante el tribunal de justicia comunitario al entender que la ley valenciana vulnera las directivas europeas sobre contratos públicos. A este frente se unió el del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que tras una avalancha de denuncias ciudadanas sobre abusos urbanísticos, tomó cartas en el asunto. Desde 2003 la Eurocámara ha reprobado hasta tres veces los casos de abusos. En palabras de la Comisión Europea, la nueva norma valenciana -impulsada por el consejero Rafael Blasco en la legislatura de 2003-2007-, aunque mejoró algunos aspectos no acaba de garantizar la transparencia ni la competencia en la adjudicación de los conocidos Programas de Actuación Integrada (PAI). El sistema de fijación del precio del proyecto es uno de los aspectos más polémicos.
La presión no cesa. El Parlamento sigue recibiendo hoy denuncias de afectados de la Comunidad Valenciana -el pasado 2 de abril debatió otras 47 denuncias-. El Comité de Peticiones sopesa en estos momentos, según fuentes de la Eurocámara, la redacción de otro informe duro contra España por no haber corregido el problema. En el pleno del 2 de abril, un eurodiputado austriaco planteó incluso que el PE emplease su potestad para congelar los fondos europeos destinados a España como medida de presión. El 26 o 27 de mayo, los coordinadores de los diferentes grupos políticos con representación en el Comité de Peticiones decidirán qué hacer con esta nueva oleada de quejas ciudadanas.
El Consell, tras años de defensa a machamartillo de sus leyes urbanísticas dentro y fuera de su territorio, se dispone ahora a reformarla, si bien bajo un amplio paraguas de cambios que el Consell quiere ahora consensuar con el principal partido de la oposición. El departamento de Urbanismo se propone una reestructuración de las leyes de Ordenación del Territorio, la Urbanística y la adaptación a la ley estatal del Suelo. A este paquete se añade una decreto con el que se pretende animar a los ayuntamientos a disponer de suelo para vivienda protegida.
Lo admita o no, la Consejería de Urbanismo se ha visto obligada a revisar toda su legislación por las exigencias de Europa. El propio García Antón lo reconoció la pasada semana en Alicante durante la clausura de unas jornadas sobre la construcción. "Coordinar todas las leyes [del ámbito urbanístico] y cumplir bien con Europa", manifestó el consejero. Acerca de un posible pacto urbanístico con la oposición, García Antón manifestó su deseo de que las partes consensuen un texto "antes de vacaciones". "Tratamos de evitar la disfuncionalidad", explicó en referencia a las críticas que despierta el urbanismo valenciano en Bruselas y también en colectivos profesionales autóctonos como el de arquitectos, ingenieros o abogados.
Al otro lado, los socialistas admiten los contactos, pero insisten en que la negociación es de carácter técnico y no son partidarios de "magnificar el nivel de los contactos". "Los socialistas queremos que mientras dure la negociación la consejería no aproveche para colar proyectos urbanísticos controvertidos", explica Francesc Signes, coordinador de Territorio en el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas. En resumidas, el PSPV ha pedido al Consell que de los 130 millones de metros cuadrados de suelo pendientes de reclasificación, sólo salgan adelante las revisiones de Planes Generales de Ordenación Urbana y de normas subsidiarias, así como los proyecto que estén claros. "No pedimos una moratoria, sino que este periodo no se convierta en un coladero", concluye Signes.
Así pues, la resolución que dicte el Comité de Peticiones durante la reunión de los coodinadores de cada grupo será crucial. "Se planteará un texto de resolución y luego se votará. Posteriormente se elevaría al presidente del Parlamento Europeo", resume el presidente de Abusos Urbanísticos No (AUN), Enrique Climent. Los europarlamentarios españoles temen que la resolución sea más dura que las anteriores, ya que los avisos previos han servido de poco. Y no sólo eso, desde que se abrió el primer expediente por denuncias de abusos urbanísticos en Bruselas, el catálogo de casos se ha ampliado y, a estas alturas las instituciones europeas miran con lupa los posibles incumplimientos de directivas relacionadas con el medioambiente.
Para el ex eurodiputado socialista Joan Calabuig, que ha seguido el proceso en los últimos años, las Cortes Valencianas deberían de crear una comisión que escuche e investigue a los afectados. "Las peticiones no cesan de llegar a Bruselas porque aquí nadie les escucha ni les atiende", opina. Los últimos informes de la Sindicatura de Greuges coinciden en denunciar la situación, pero la Generalitat no ha dado ningún paso para deshacer un entuerto que dura años.
Calabuig rescata una idea que propuso el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana,y que nunca se cumplió, y que consiste en abrir oficinas de atención a los residentes extranjeros -muchos de los afectados son ciudadanos de otros países de la Unión-. "Deben [el Consell] de reconsiderar su actitud", añade Calabuig, que todavía recuerda cómo desde el Gobierno valenciano se ha acusado a los eurodiputados socialistas de orquestar estas denuncias con el único objetivo de desgastar al Consell. "Este largo proceso está deteriorando la imagen de los valencianos, es cierto. Pero resulta ridículo a estas alturas en que la CE nos ha llevado ante el tribunal de justicia que todo esto se deba a una conspiración orquestada por ingleses, socialistas, verdes e incluso por eurodiputados conservadores de otros países de la UE", concluye.
"Los ciudadanos se han encontrado con que no pueden luchar contra estos casos ni siquiera con su voto", explica uno de los afectados. Un ejemplo es lo sucedido en Parcent, donde los vecinos votaron contra el anterior equipo de gobierno para impedir que los PAI previstos salieran adelante. Ahora Vecinos de Parcent, grupo político que gobierna, viven una situación imposible. El nuevo ayuntamiento se enfrenta a una querella si se paraliza uno proyecto comprometido el anterior mandato.
* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ / E. MOLTÓ - Valencia / Alicante - 19/05/2008
Foto: La urbanización Cumbres del Sol- CARLES FRANCES, elpais.com
Cuatro activistas se encadenan a bidones de cemento para parar una obra en Esplugues
ELMUNDO/Barcelona* : Cuatro activistas se han encadenado a dos bidones de cemento en la zona donde se están llevando a cabo las obras del plan Porta Barcelona de Esplugues de Llobregat para tratar de paralizar su desarrollo. Tienen previsto permanecer encadenados hasta el sábado, cuando está convocada una manifestación en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad.
Según ha informado un portavoz de la plataforma popular contra el plan Caufec, su objetivo es parar las máquinas y protestar contra un plan que consideran fruto de la "especulación". "Pondremos nuestros cuerpos ante las máquinas para frenar lo que creemos es un error", ha señalado la citada fuente.
En este sentido, ha denunciado que no se haya llevado a cabo un proceso participativo sobre el proyecto con los vecinos del barrio de Finestrelles, donde se están llevando a cabo las obras desde el 2 de agosto. Además, los activistas reclaman la libertad de 'Franki', el joven condenado a más de dos años de prisión por descolgar una bandera española del balcón del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona).
La plataforma popular contra el plan Caufec ha alertado de las "nefastas repercusiones de la cantidad de cemento con la que llenarán la montaña" de Esplugues para el medio ambiente, la flora y fauna y la accesibilidad. A su vez, criticó que el plan no contempla la vivienda social y los equipamientos públicos.
El plan Porta Barcelona, promovido por la inmobiliaria Sacresa, prevé la construcción de más de 700 viviendas, dos torres de oficinas y un centro comercial en dos ámbitos: Finestrelles Norte (situado en la montaña de Sant Pere Màrtir y junto al Hospital de Sant Joan de Déu) y Finestrelles Sur (situado junto a la carretera de Laureà Miró y en la zona limítrofe con L'Hospitalet de Llobregat). Para hacerlo posible, la inmobiliaria Sacresa soterrará 31 torres eléctricas de alta tensión que hay en la zona.
* El Mundo - Europa Press - 19/05/2008
Un plan urbanístico destruirá valiosos murales en Castellón
ELPAÍS* : Alicia duerme en la misma habitación donde nació, tal como cuenta su madre, de 87 años. Vive en una casa de más de 400 metros cuadrados, de principios del XX, y creció rodeada de unos murales cerámicos que han sido calificados de "conjunto excepcional" por su "innegable valor histórico-artístico".
Pero Alicia se tiene que mudar a un adosado, o un piso, a unos dos kilómetros porque un programa de actuación urbanística la obliga a ello. Y quiere llevarse el arte que la ha rodeado.
La Pradera es una casa que fue diseñada por el arquitecto Godofredo Ros de Ursinos y construida a principios de los años 20. Los abuelos de Alicia la adquirieron poco después y mantuvieron el legado de su primer propietario, Manuel Porcar, un industrial cerámico que encargó las piezas para su casa a uno de los pintores de su fábrica, José Soriano. Aquellos murales cerámicos, que fueron incrustados en las paredes en forma de trece paneles, se mantienen en "inmejorable estado de conservación", según redactó el director técnico del Instituto de Promoción Cerámica, José Luis Porcar.
Alicia tendrá que abandonar su casa en breve y, dado que son suyas, quiere arrancar las piezas de su espacio original para buscarles otro destino. La casa fue levantada en una zona no urbanizable conocida como Els Mestrets. Desde hace años, dispone de todos los servicios y paga impuestos como si fuera suelo urbano, igual que ha ocurrido en otras zonas como la Marjaleria, donde las viviendas han sido legalizadas.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 19/05/2008
Foto: Castellón, vista - google.es
La perversión del ladrillazo
IÑAKI SILVEIRA* : Aniquilación de paisajes, perdida de biodiversidad, urbanismo especulativo, empleos en precario, siniestralidad laboral, precios de vivienda a precios imposibles para las familias, etc, etc, etc. A eso nos a conducido el ladrillazo. Escándalos, inmoralidad, vergüenza urbanística. Faltan calificativos para describir la verdadera dimensión e implicaciones que la denominada burbuja inmobiliaria conlleva y que a punto de explotar amenaza con arrastrarnos como si de un tsunami se tratase.
Consecuencias ecológicas,sociales y económicas que son una carga de profundidad contra la sostenibilidad de una sociedad en la que el progreso económico y la usura de unos pocos ha pivotado sobre el esfuerzo colectivo dentro de unos niveles superiores a lo aconsejable y que ahora amenaza con salpicar nos a todos. Derivado de este fenómeno se a producido el abuso y la corrupción urbanística en una especie de cóctel que une política, poder y ladrillo y del que han bebido sin mesura patriotas del ladrillo y políticos corruptos sospechosamente permisivos con los especuladores del cemento y el ladrillo.
Nadie niega que la construcción sea un sector económico vital, pero no mas que el industrial, el turístico,el pesquero, el agrario o el de los pequeños industriales, comerciantes y artesanos. Pero tienen que reconocer que esta crisis la han generado ellos, construyendo sin control, estableciendo los precios que han querido pervirtiendo los mercados e inventando el trafico de influencias y billetes en bolsas de supermercado. Se han hecho demasiado poderosos aislados en la burbuja inmobiliaria, sin ningún control. Ahora piden ayuda para resolver su crisis confundiendo lo privado con lo publico. Otra cosa sera que el Gobierno se mantenga firme frente al llanto del ladrillo y no intente arreglar este desaguisado económico cargando los costos sobre los salarios de los trabajadores y recortes de las partidas destinadas al gasto social. No podemos permitirlo, no debemos resignarnos, debemos blindarnos como sociedad para que el ladrillazo, su crisis y los costos de su reconversion recaigan única y exclusivamente sobre quienes la han generado y permitido, sobre quienes se han enriquecido ilícitamente y han desviado sus capitales inmobiliarios y ganancias especulativas a paraísos fiscales.
* Iñaki Silveira Lorenzo, Ciutadella, 10 Mayo 2008
* Es Diari - Opinión - 11.05.2008
Huelva: Urbanismo a golpe de sentencia
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HUELVAINFORMACIÓN* : Sentencias, autos y providencias. Estas palabras del lenguaje jurídico son ya habituales más allá de la información de sucesos y tribunales, han pasado del ámbito meramente judicial a convertirse en piezas del puzzle urbanístico de la capital y de la provincia.
Dos autos judiciales han marcado la actualidad urbanística de la semana, dos resoluciones en tribunales referidas a cuestiones urbanísticas. Algo que hace unos años era excepcional se ha convertido en algo común; que sean los tribunales los que diluciden si una actuación o decisión urbanística es correcta o no.
Los órganos judiciales han tomado nota y la Fiscalía ha creado un área de urbanismo y medio ambiente, no es para menos. Las denuncias relacionadas con el urbanismo han ido en crecimiento y en el caso de la capital en los últimos años no ha habido un proyecto de envergadura que no haya llegado a los tribunales, casi siempre por una diatriba entre equipo de Gobierno municipal y oposición, o Ayuntamiento y Junta de Andalucía, digna de estudio.
El inicio podría marcarse en el caso Isla Chica, cuando el alcalde fue denunciado por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, un delito contra la ordenación del territorio y fraude en la contratación por la venta de los terrenos del estadio Colombino, una causa que fue archivada por el juez. Pero no fue ésta la única demanda que resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre Isla Chica: el Alto Tribunal también desestimó dos recursos de la Junta de Andalucía, contra un convenio urbanístico y contra el acuerdo plenario en el que se reconoció la deuda del Recreativo.
El caso Isla Chica ha sido hasta ahora el paradigma de proyecto urbanístico bloqueado en lo administrativo y judicial (y pese al desbloqueo, aún no se ha comenzado la urbanización). El Ensanche Sur ha recogido el testigo de Isla Chica, con un último auto denegando las medidas cautelares solicitadas por la Consejería de Obras Públicas al TSJA, y una auténtica ristra de asuntos en los tribunales: una demanda de Gobernación resuelta a favor del Ayuntamiento y otra de Obras Públicas pendiente de resolver, además de un fallo que determina que el número de viviendas debe bajar.
Endesa ha sido otro de los casos sonados que se acaba de cerrar en el ámbito judicial, pero la lista es larga. El PSOE y la Junta denunciaron la licencia de obras del edificio de la plaza del Cine (con fallos en contra y en el segundo caso a favor del Ayuntamiento, prevaleciendo este último) e interpuso dos recursos referentes al nuevo mercado: la modificación del planeamiento de Pescadería (también con resolución a favor del Consistorio) y los cambios en el proyecto de ejecución del mercado.
También ha habido demandas en el ámbito provincial, la última en salir, la referente al Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental, denunciado por el Ayuntamiento de Punta Umbría. Otra muestra de que el urbanismo, cada vez más, se decide en los tribunales.
* Huelva Información - 18 de mayo de 2008
Foto: Huelva, Ensanche Sur - Efren (guiadehuelva)
Más de 200 personas protestan en Candeleda contra la urbanización
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ÁVILADIGITAL* : La Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda ha reunido a más de 200 personas para protestar por el comienzo de las obras que captan agua, dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, con destino a la urbanización Candelas de Gredos.
Con el lema “Duelo por Castañarejo. No dejes que las máquinas te quiten el agua”, en la protesta celebrada en la plaza del Castillo este sábado se oyeron frases como “Sierra verde” y “Ni un metro más de hormigón”, a la vez que exigieron que el Ayuntamiento candeledano paralice los trabajos, según el manifiesto leído por Jesús Morcuende, quien dijo que “si se destruye el patrimonio natural se pierde el turismo”.
Jesús Dútil, portavoz de la plataforma, que anunció una nueva manifestación para dentro de dos semanas, ha dicho que “los candeledanos no pueden permitir que se lleven el agua”, para referirse al “permiso caducado” con el que cuenta la empresa promotora, Dávila Monteblanco SL, que es de 12 litros por segundo para 431 chalés y 200 plazas hoteleras, frente a los ocho litros por segundo con que cuenta la localidad, de más de 5.000 vecinos.
La plataforma alega que la autorización de la promotora para, en un paraje situado junto al arroto Castañaejo, ocupar el monte público caducó hace cuatro años y la de captación de agua hace tres, y se pregunta si cuentan con licencia municipal y han pagado fianza para ocupar la vía pública antes de iniciar las obras para instalar tuberías y construir un depósito.
El portavoz de la plataforma ha desmentido que las obras hubieran sido paralizadas por el Seprona. Lo sucedido es que agentes de este cuerpo acudieron al lugar -a instancias de integrantes de la plataforma- el jueves, al día siguiente de iniciarse los trabajos, e impusieron una sanción sin parar las obras, si bien los trabajadores de la empresa no siguieron con ellas, pero reanudaron sus labores el viernes.
* Ávila Digital - Carlos de Miguel - 17.05.2008
Foto: Concentración en Candeleda contra la construcción de una urbanización - aviladigital.com
Las nuevas investigaciones sobre el ´caso Paraíso´ aumentará la lista de imputados
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LAPROVINCIA* : A final de junio se cumplirá un año del comienzo de una de las investigaciones contra la corrupción municipal más espectaculares de Gran Canaria: la Operación Paraíso, caso que sigue bajo secreto de sumario y que hasta hoy se ha cobrado siete imputados por cohecho, aunque la gran cantidad de documentación intervenida y los vínculos de los implicados con políticos en activo amenaza con aumentar la lista de procesados.
Y es que, según se desprende del tipo delictivo atribuido a esas personas, por los despachos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana campaba a sus anchas una red de sobornos y comisiones a cambio de la adjudicación de obras, contratos y favores de distinta naturaleza. Una cadena de funcionarios, empresarios y cargos públicos que tiene como presunto cabecilla al concejal Pacuco Guedes, imputado por malversación y tráfico de influencias, además del cohecho que pesa sobre el resto de inculpados. El edil fue detenido el penúltimo día de junio y pasó siete meses en prisión preventiva, incorporándose luego a la oposición.
La jueza, Almudena de la Rosa Marqueño, envió igualmente a prisión a Alejandro Navarro, propietario de la empresa Mazotti, que también está imputado en la Operación Faycán. Las pesquisas le señalan como receptor de las supuestas comisiones, aunque tanto él como Guedes trataron de justificar la legalidad de los tratos investigados.
Una de esas cantidades asciende a 240.000 euros y fue abonada por Navarro para pagar la reparación del barco Atlantiss, cuyo dueño es Jonás Guedes, hijo del concejal y otro de los acusados por cohecho y blanqueo de capitales. El resto de actuaciones sospechosas de ambos afecta al club de lucha de Castillo del Romeral, entidad presidida por el propio Pacuco y patrocinada por la constructora Mazotti. Los responsables de las pesquisas consideran que esta relación está vinculada a la adjudicación de obras públicas.
De hecho, buena parte de los expedientes requeridos por el Juzgado se refieren a la compañía de Navarro, que consiguió los primeros trabajos bajo el mandato de Marco Aurelio Pérez. Su edil en Vías y Obras era Guedes, que luego repitió cargo con Concepción Narváez de alcaldesa y con José Juan Santana en Urbanismo. De ahí que esas dos etapas sean analizadas con rigor, pues Mazotti consiguió tres promociones de viviendas por unos diez millones de euros, además de un centro de mayores, una escuela de danza y la urbanización Poblado Cesa. Otro proyecto para edificar casas en Aldea Blanca por valor de cuatro millones fue suspendido por la detención de Navarro y la quiebra de su empresa. De ahí que se espere la citación de los tres ex alcaldes para que aclaren su participación.
La relación de Guedes se extiende a dos funcionarios acusados de cohecho: Antonio Reyes y Antonio Muñiz. Del primero se cree que pudo participar en el reparto de las comisiones, dado que su nombre aparece en las escuchas grabadas por la policía en nueves meses de investigación. Y el segundo se pudo beneficiar de obras ejecutadas en su casa por Hernández Perera SL, empresa familiar que, al parecer, también realizó trabajos en la vivienda de Guedes. Los dueños de esa sociedad están acusados de cohecho y son Antonio Hernández Rodríguez y Antonio Hernández Perera. Además, padre e hijo intentaron sin éxito que el Ayuntamiento autorizara un cambio de uso del campo de fútbol de Aldea Blanca para usarlo como almacén. La operación no prosperó, pero en ella participó Guedes y el propio Muñiz, que en el momento de ser arrestado era secretario accidental de la Corporación.
* La Provincia - M. REYES - SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - 18 de mayo de 2008
Foto: laprovincia.es
Andalucía: Los municipios 'pasan' de la ley del suelo
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ELPAÍS* : El proceso de adaptación de los planes urbanísticos de los municipios a la ley del suelo mantiene un ritmo exasperante. Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y pese a que ya hace 16 meses que expiró el plazo que tenían los ayuntamientos para revisar sus planes, la realidad es que sólo 68 de los 770 municipios andaluces han culminado el proceso, entre los que sólo hay una gran ciudad, Sevilla.
Es llamativo que aún haya 167 consistorios, el 21% del total, que no han dado ni un solo paso para dotarse de un nuevo plan.
El retraso es especialmente evidente en el litoral, donde se producen las mayores tensiones urbanísticas y donde residen más de las dos terceras partes de la población andaluza. Hasta el momento, sólo cinco municipios costeros, entre los que no figura ninguno de los grandes polos turísticos, cuentan con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) adaptado a la ley: Motril, Almonte, Lepe, Los Barrios y Cuevas de Almanzora. Resulta significativo que Málaga, la provincia donde en los últimos años se ha concentrado la mitad de la actividad de la construcción, sea la única donde ningún ayuntamiento se ha dotado de un nuevo plan, aunque al mismo tiempo es también la única en la que todos sus municipios han iniciado trámites para hacerlo. La revisión de los planes facilitará, entre otros aspectos, la disposición de suelo pata Vivienda de Protección Oficial (VPO), una vez que la LOUA obliga a destinar a ella el 30% de los suelos de nuevo desarrollo.
Además de los 68 ya aprobados definitivamente, hasta el momento hay otros 535 planes urbanísticos en tramitación. De ellos, 29 ya cuentan con la aprobación provisional, es decir, que ya han sido ultimados por los municipios y están pendientes de la aprobación definitiva de la Junta.
Otros 156 ayuntamientos han dado la aprobación inicial, y es en este trámite donde suelen producirse los mayores atascos; pues entre él y la aprobación provisional se produce la fase de alegaciones ciudadanas y de informes de las distintas administraciones en el ámbito de sus competencias. La ciudad de Málaga, por ejemplo, aprobó inicialmente su nuevo plan en julio de 2006 y aún no ha hecho la provisional.
Un grueso de municipios, 227, cuentan con un documento de avance, que es simplemente un trabajo previo optativo en el que se marcan las líneas generales y carece de valor jurídico. Otros 123 ayuntamientos se han limitado a aprobar en pleno el inicio de expediente de revisión, lo que en realidad no deja de ser una mera declaración de intenciones.
El titular de la recién creada Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, tiene entre sus objetivos prioritarios dar un acelerón a la revisión del planeamiento municipal. El proceso está muy rezagado porque la planificación es de por sí muy laboriosa y la tramitación administrativa se caracteriza por una gran lentitud, aunque los datos parecen indicar que también ha habido una cierta dejadez y falta de voluntad política de los munícipes.
Espadas anunció tras el Consejo de Gobierno del pasado martes que se va a realizar un "plan de choque". Antes de finalizar el año la consejería planea ampliar de 17 a 44 el número de oficinas territoriales de asesoramiento para dar apoyo técnico a los ayuntamientos. Además, se va a crear un "equipo de choque" por cada provincia formado por técnicos que estarán a disposición de los municipios en cualquier momento para dar orientaciones o emitir informes sobre la marcha.
El consejero quiere al menos agilizar los trámites que dependen de su departamento, por lo que se prepara una orden para unificar la emisión de informes de los diversos departamentos de la consejería. También está en estudio ampliar las subvenciones a los pequeños municipios para la redacción de planes urbanísticos y de los convenios que en su día firmó la Junta con las diputaciones provinciales.
Cuando la LOUA entró en vigor, en enero de 2003, se fijó un plazo de cuatro años para que los municipios adaptaran sus planes, de forma que al cabo de ese tiempo ya no serán posibles modificaciones a los planes sin reformar, que quedan así constreñidos.
El lento proceso de revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana
- Una orden de la Consejería de Obras Públicas de enero de 2003 fijó un plazo de cuatro años a los municipios para que adaptaran su planeamiento a la LOUA, transcurrido el cual no se autorizan modificaciones de elementos a los planes sin revisar.
- 68 ayuntamientos tienen aprobado definitivamente un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), entre ellos sólo dos ciudades de más de 50.000 habitantes, Sevilla y Motril.
- Además de Motril, sólo otras cuatro ciudades de la costa han revisado su PGOU (Lepe, Almonte, Los Barrios y Cuevas de Almanzora).
- Las provincias costeras son las más atrasadas. Ningún municipio de Málaga ha revisado su plan, en Cádiz lo han hecho cinco, y en Almería, tres.
- Granada es la provincia donde más municipios han revisado sus planes (19), seguida de Córdoba (14), Jaén (12), Huelva (11) y Sevilla (10).
- De los 68 ayuntamientos que se han dotado de nuevo PGOU, 53 están gobernados por el PSOE, 12 por el PP y tres por IU.
- 29 planes tienen la aprobación provisional y esperan la definitiva de la Junta.
- 156 ayuntamientos tienen aprobado inicialmente su nuevo planeamiento.
- 227 municipios han elaborado un documento de avance y otros 123 han comunicado el inicio de los trámites para la revisión del planeamiento.
- 167 ayuntamientos, el 21% del total, no han iniciado los trámites para elaborar un nuevo PGOU.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 18/05/2008
Foto: Edificaciones en la costa de Estepona- JULIÁN ROJAS, elpais.com
La crisis de la vivienda, o el día de la marmota
PÚBLICO* : Las similitudes entre el ajuste de los 90 y el actual revelan la impotencia para resolver el primer problema de los españoles. Año 1993: la mayoría de las familias españolas son incapaces de estirar más el dinero para pagar la hipoteca. Año 2008: la mayoría de las familias españolas son incapaces de estirar más el dinero para pagar la hipoteca. ¿Es acaso un déjà vu?
No. Tres lustros después, la repetición de la crisis es real y parece haber atrapado a sus protagonistas como a Bill Murray en El día de la marmota, cuando entra en un bucle de tiempo y se repite siempre el mismo día.
"Los precios iniciarán un descenso en los próximos meses que romperá la burbuja especulativa de los últimos años (...) Si yo quisiera vender un piso lo haría rápidamente, mejor hoy que mañana". Esta frase, una de las más escuchadas en los últimos meses, fue pronunciada en 1992 por el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell. Se avecinaba una crisis inmobiliaria como la actual. La secuencia de entonces comienza y termina de la misma manera que la de ahora.
Los paralelismos
Primero: el precio de las casas comienza a subir como la espuma. En diez años, entre 1981 y 1991, aumenta un 400%. Segundo: la construcción de viviendas protegidas cae en picado. De las casi 300.000 iniciadas en 1988 pasaron a 40.000 en 1991. Tercero: los tipos de interés están en torno al 10%.Cuarto: a las familias se les va casi todo el sueldo en pagar la hipoteca. Quinto: los síntomas de recesión económica, en 1990, empeoran la situación. Sexto: el precio de la vivienda se estanca. Séptimo: el crecimiento de las ventas se desacelera. Octavo: los precios de las casas comienzan a bajar. Noveno: el paro llega al sector de la construcción. Y décimo: el Gobierno interviene. "Hay 100.000 viviendas sin vender que se han hecho en los últimos tres años. Hay que evitar el desplome", dijo Borrell.
Sin embargo, las medidas que adoptó entonces el Gobierno socialista, no han impedido que la crisis vuelva a repetirse más de 15 años después. Y eran parecidas. Un ejemplo: el PSOE diseñó un plan de vivienda para cuatro años en el que se daba prioridad a la construcción de viviendas protegidas y al alquiler. Otro más: en 1991 el Gobierno barajó la posibilidad de penalizar fiscalmente a los propietarios de pisos vacíos; Catalunya ya lo ha aprobado por ley. La nueva crisis manifiesta la impotencia del Estado para erradicar el problema.
¿Podrán las familias liberarse esta vez del día de la marmota? ¿O volverán a vivirlo en 2023, cuando el ciclo de la crisis vuelva a completarse?
El pinchazo de la burbuja
- Descenso de los precios
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) prevé que el precio de la vivienda nueva caiga durante este año un 8%, según los resultados del Estudio Planner-Asprima 2008.
- Paro en la construcción
El presidente de Analistas Financieros Internacionales, Ángel Berges, augura una pérdida de entre 85.000 y 300.000 empleos en el sector de la construcción. Los extranjeros sufrirán las mayores consecuencias.
- Desplome de inmobiliarias
La venta de casas en las inmobiliarias han descendido en el primer trimestre de este año más de un 69% con respecto al mismo periodo de 2007. Los despidos planean como amenaza.
* Público - O.CARBALLAR / R. BOCANEGRA - Sevilla - 17/05/2008
Foto: casa-euro - eleconomista.es
Priego: Manipulación y presiones para urbanizar en el Parque Natural
ECOLOGISTASENACCIÓN/Córdoba* : El análisis de un proyecto urbanístico dentro de los limites del Parque natural de las Sierras Subbéticas y lo acontecido en la ultima reunión de la Junta Rectora donde dos puntos críticos del orden del día fueron pospuestos por falta de información, deja en evidencia una estrategia por parte de la Delegación Provincial de Medio Ambiente para eludir las funciones de control y vigilancia sobre la gestión del parque de este importante órgano rector.
Las anomalías cometidas desde la Delegación Provincial contra la Junta Rectora son:
- Presentación de Memorias presupuestarias ficticias.
- Ocultación de información relativa a temas urbanísticos.
- Gestión paralela del Parque Natural a espaldas de la Junta Rectora.
- Usurpación de funciones propias y exclusivas de la Junta Rectora.
- Escatimar información en el informe final del año para impedir que sus miembros puedan evaluar correctamente la gestión del Parque.
Las dudas sobre la memoria presupuestaria saltaron cuando desde la Delegación Provincial se presento un gasto realizado en el 2007 de 226.000€ en el edificio en desuso de Santa Rita. El análisis de las memorias presentadas desde el 2004 determina que ha habido un gasto superior a los 600.000€ en los últimos años en un edificio que lleva bastante tiempo en completo abandono y que al día de hoy se encuentra totalmente vacío, agrietado, con problemas de cimentación, bajo peligro de derrumbe y lo mas importante, sin modificación ni actuación alguna en los últimos años. Esta contradicción entre la realidad comprobable y los documentos presentados evidencia que las memorias presupuestarias presentadas por la Delegación provincial de Medio Ambiente ante la Junta Rectora para su aprobación son falsas.
Otra importante irregularidad es una continua obstrucción para evitar que el órgano rector del Parque realice el Informe del Programa Anual de Actuaciones. Documento de competencia exclusiva de la Junta Rectora y que esta debería realizar cada año al inicio del periodo de gestión, obligación que la Junta Rectora no cumple porque molesta al Delegado Provincial y evitaría que este pudiera decidir a su antojo sobre las actividades e inversiones en el Parque.
Un ejemplo mas de manipulación y esta vez muy polémico surgió cuando se presento el tema de un proyecto Urbanístico en la localidad de Zuheros dentro de los limites del Parque Natural. Actuación que Delegación Provincial y Ayuntamiento implicado conocen desde hace años y han estado tramitando a espaldas de la junta rectora para al final presentar ante esta para su aprobación un proceso prácticamente consumado y sin ninguna información complementaria. El colmo de la manipulación llego cuando el Delegado Provincial afirmó que la junta rectora no tenia nada que decidir y que este proyecto debía salir de allí aprobado.
Ningún político honrado y preocupado por defender el interés colectivo saca adelante un proyecto Urbanístico dentro de un Parque natural. Detrás de este tipo de iniciativas solo hay avaricia y egoísmo de quienes especulan con suelo barato y en un entorno idílico cuya plusvalía sirve para llenar los bolsillos de unos pocos a costa de un perjuicio para todos. Todos los municipios , por próximos que se encuentren al Parque natural tienen opciones de crecimiento en dirección opuesta a este. Así mismo la reciente revisión de la zonificación del parque ha contemplado un margen de crecimiento urbanístico suficiente para cada municipio fuera de los limites del Parque, que en su momento fue aprobado sin objeción alguna por la junta Rectora incluyendo a todos los alcaldes del Parque Natural.
Desde Ecologistas en acción estamos muy preocupados por lo que esta ocurriendo en la Subbética Cordobesa respecto a la especulación urbanística que de ser un fenómeno restringido al ámbito individual o municipal esta afectando a órganos del gobierno andaluz a través de las delegaciones provinciales. Desde Ecologistas en Acción defendemos que la gestión Medioambiental debe hacerse con criterios medioambientales independientes de intereses económicos o políticos. Que estos presupuestos son para la mejora en la protección de nuestro entorno natural y no deben usarse como financiación paralela e injusta de algunos municipios. Que las Juntas Rectoras de los Parques Naturales deben ser órganos funcionales, participativos y equilibrados que permitan una gestión transparente y clara. No como ocurre en la Subbética donde es solo un foro de debate manipulado, desinformado e inútil, una tapadera para encubrir desde la Delegación Provincial un uso interesado y publicitario de los recursos medioambientales.
Con esto pretendemos no solo dejar en evidencia las deficiencias en el funcionamiento de las Juntas Rectoras sino incitar a la reflexión tanto a la ciudadanía como a la clase política sobre la necesidad y utilidad de los órganos de participación social y como algunos políticos se resisten a esto por la perdida de poder que implica la cesión de parte de las iniciativas a un colectivo social aunque sea de la categoría, entidad y obligatoriedad de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales. Los políticos empiezan desde abajo en entornos locales llenos de zancadillas, picaresca, chanchullos y amiguismo. Pero su progreso debe ir acompañado de un crecimiento personal, deben ser tutores sociales responsables, conscientes del compromiso que al ostentar un cargo adquieren con el conjunto de la ciudadanía y capaces de anteponer el interés colectivo y las responsabilidades de su cargo sobre intereses partidistas. Es un peligro que políticos de poca altura ocupen cargos de responsabilidad trasladando lo peor del politiqueo de pueblo a órganos de gobierno regional.
* Ecologistas en Acción de Priego de Córdoba - 13.05.2008
