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ELBIERZODIGITAL* : Una treintena de asociaciones y entidades vinculadas al mundo de la agricultura, la ecología, la cultura, la ciencia, el asociacionismo vecinal, las asociaciones de mujeres, de lactancia materna, juntas vecinales, agrupaciones políticas... reunidas este jueves en Cacabelos, han acordado constituirse en plataforma y "unir esfuerzos para impedir que el proyecto para incinerar residuos en la cementera de Cosmos, en Toral de los Vados, se lleve adelante".
Entre los primeros acuerdos adoptados por la plataforma Bierzo Aire Limpio se encuentran la organización de actos informativos, con la proyección de un audiovisual "sobre los peligros que encierra la incineración de residuos"; la primera Imagen de la reunióncharla se realizará en Ponferrada, para continuar en los pueblos del entorno próximos a la instalación. También se aprobó solicitar una entrevista con el Presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, para pedir el apoyo de la institución berciana, así como redactar una moción para que los ayuntamientos del entorno se posicionen al respecto.
También se acordó colocar mesas informativas en los principales eventos que se realicen en la comarca, donde se recogerán firmas para que la ciudadanía "pueda mostrar su oposición al proyecto". Se ha decidido preparar una nueva convocatoria de movilización coincidiendo con el “Día Mundial del Medio Ambiente” (5 de junio) y se ha aprobado la creación de un blog y una cuenta de correo en internet para canalizar la información y adhesiones que se vayan produciendo. Por último se decidió la elección de cuatro personas par formar una comisión permanente que haga las labores de coordinación y portavocía de la plataforma.
MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA “BIERZO AIRE LIMPIO”
Las entidades y ciudadanos que integramos la Plataforma “Bierzo Aire Limpio”, mediante esta declaración, queremos dejar patente nuestra oposición al proyecto de valorización energética (incineración) de residuos (neumáticos, harinas y grasas animales, lodos de depuradora, pláticos y biomasa) de la empresa Cementos Cosmos, S.A en Toral de los Vados- Villadecanes (León) basada en los siguientes motivos:
- La incineración es la forma más insostenible y peligrosa de tratar los residuos puesto que no los elimina, sólo los traslada y dispersa.
- La incineración de estas sustancias creará emisiones contaminantes y tóxicas a la atmósfera, la generación de residuos peligrosos y la contaminación del agua, hecho que afectará negativamente a las explotaciones agrícolas y ganaderas de la comarca y a la salud de las personas.
- Es inadmisible e irracional que en nuestra comarca, ya de sobra castigada por la contaminación atmosférica y cuya calidad del aire está cienticamente demostrado que es desastrosa, se plantee siquiera la posibilidad de agravar esta situación con la presión alarmante que supondría este tipo de industria para el aire que respiramos.
- No es ético ni justo contribuir al empeoramiento de la ya deteriorada imagen medioambiental del Bierzo y de la salud de las persona que aquí vivimos, es inaudito e irresponsable que se pisotee con total impunidad el principio que sostiene que es mejor prevenir el daño antes que repararlo.
- Este tipo de proyectos conlleva invariablemente impactos socioeconómicos negativos generados por las repercusiones sobre la calidad ambiental, circunstancia a la que es especialmente sensible la actividad agroalimentaria y también el turismo, fuentes principales de ingresos en la comarca del Bierzo.
- La incineración de residuos incrementa la emisión de metales pesados (plomo, cadmio, mercurio), dioxinas y furanos, gases de efecto invernadero, gases ácidos y partículas ultra finas.
- Los metales pesados generan una serie de daños a la salud de los seres vivos, incluyendo disfunciones neurológicas, alteraciones del sistema inmunológico, malformaciones congénitas, problemas en los riñones y los pulmones.
- Las partículas ultrafinas han sido relacionadas con una variedad de problemas en salud, incluyendo asma, problemas en el funcionamiento de los pulmones y problemas cardiacos.
- Las dioxinas son compuestos orgánicos persistentes, bioacumulativos, altamente tóxicos aún en muy bajas concentraciones, persisten en el medio ambiente por periodos prolongados de tiempo sin degradarse, se concentran en los tejidos grasos de los organismos vivos, se van acumulando a media que asciende la cadena alimentaria (biomagnificación) y se transmite de la madre al bebé durante la gestación y la lactancia. Causan una gran variedad de problemas de salud, incluyendo malformaciones congénitas, desarrollo anormal del feto, alteraciones en el sistema inmunológico y el sistema hormonal, desórdenes del comportamiento, aumento de la incidencia de diabetes, infertilidad, retraso en el desarrollo y cáncer.
- El aumento de dioxinas y furanos incumple tanto el Convenio de Estocolmo, ratificado por España, como el Reglamento 850/2004 del parlamento Europeo, así como los planteamientos de La Organización Mundial de la Salud, y de otras mucha iniciativas de la ONU sobre este tema (El Llamamiento de París, etc.), considerando cada vez más preocupante, paralelamente a los avances científicos y estudios en este campo, la contaminación química ambiental, como precursora de las enfermedades y trastornos más acuciantes de hoy en día.
- La gran cantidad de micropartículas que se generarán no serán detenidas ni por los filtros más sofisticados y terminarán inexorablemente en lo más profundo del aparato respiratorio de las personas.
- Ante el indiscutible e implacable Cambio Climático y el desprestigio internacional que sufre la industria incineradora, la coincineración nos la quieren vender con eufemismos como valorización energética. Está más que demostrado (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU) que la utilización de residuos como combustible incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes tóxicos, no es ninguna alternativa al cock de petroleo que hoy utilizan. Que hablen de gas natural, en todo caso, no de incineración de residuos como combustibles alternativos.
- La incineración de residuos incumple, también, los planes de gestión de residuos establecidos a nivel europeo y estatal, en cuanto no respeta la jerarquía básica: Reducir-Reutilizar-Recuperar materiales-Recuperación energética. La valoración (incineración) de residuos está en el último lugar de esta jerarquía.
Por todo ello exigimos:
- La paralización definitiva de este proyecto y la búsqueda de proyectos que desarrollen alternativas más sostenibles con mayor generación de empleo (que en este caso sería cero) como las que se centran en la reutilización y reciclaje físico de estos residuos. Las cementeras no deben hacer competencia desleal a otras técnicas de gestión más eficientes.
- Entendemos que la única justificación es económica y beneficia exclusivamente a la empresa, que con la cínica excusa de cumplir con el protocolo de Kyoto, ahorrará en adquisición de combustibles convencionales, cobrará como gestor autorizado de residuos, al recogerlos y volverá a cobrar subvenciones por la generación de energía eléctrica que produzca la coincineración, hipotecando por los miserables intereses económicos de unos pocos el suelo, el agua y la atmósfera y poniendo en juego nuestra salud y la de nuestros hijos/as.
- Esperamos que las autoridades competentes reaccionen y sepan tener en cuenta el Principio Democrático según el cual todas las personas que puedan verse afectadas por una decisión tienen derecho a participar en el proyecto de la toma de decisión.
- Animamos a todos los ciudadanos y ciudadanas en general, asociaciones, colectivos, ayuntamientos y políticos a apoyar esta iniciativa para dejar claro que con la salud no se juega, y que nadie puede decidir por nosotros, suscribiendo este manifiesto, elaborado en Cacabelos el 8 de Mayo de 2008.
¡POR UN BIERZO SALUDABLE!
* El Bierzo Digital - 10/05/2008
Foto: Imagen de la cementera Cosmos/ EBD.Com
Constituida la plataforma 'Bierzo Aire Limpio' contra la incineración de residuos en la cementera Cosmos
La Fiscalía abre investigación penal contra Borriol por aprobar un PAI sobre un yacimiento
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LEVANTE* : La Fiscalía de Castellón ha abierto diligencias de investigación penal contra el Ayuntamiento de Borriol después de atender la denuncia presentada por la ex edil y ex militante del PSPV, Teresa Tena, y de la que se desprende, según el fiscal, la presunta comisión de un delito de prevaricación por la aprobación en pleno de un PAI pese a afectar, presuntamente, a un poblado romano.
Así lo ha comunicado a la denunciante el fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Castellón, Javier Carceller, a través de un decreto fechado el pasado 23 de abril.
La ex socialista y ex concejala de Borriol presentó la denuncia ante la Fiscalía hace 19 meses, en noviembre de 2006, siete meses después de que el pleno, gracias a los votos del equipo de gobierno del PP al completo, de dos ediles del PSPV y de otro edil no adscrito, diera el visto bueno al plan parcial SAU PAI ZU 7U bis y el plan de reforma interior en las unidades de ejecución 3, 4 y 5 de las normas subsidiarias de Borriol.
Según recogió en la denuncia ante la Fiscalía, la ahora ex concejala entendía que todos los ediles de la corporación (incluidos sus compañeros del PSPV) podrían haber incurrido en un delito de prevaricación por aprobar el proyecto pese a conocer que afectaba a parte del suelo protegido en las normas subsidiarias por coincidir con el yacimiento romano de El Palmar. Así, y según la denuncia el proyecto urbanístico reclasificaba "irregularmente 31.400 m2 de suelo no urbanizable protegido de carácter arqueológico (poblado romano del Palmar) a suelo urbano residencial". La presentación de esta denuncia ante la Fiscalía, tal y como publicó Levante de Castelló en su día, supuso la apertura de un expediente disciplinario contra la concejala por parte de la ejecutiva comarcal de la Plana Mitja del PSPV. De resultas de ese proceso tanto Tena como su abogado, también militante, fueron expulsados del partido.
"Muy tranquilos"
Manuel Luis, portavoz del grupo municipal del PSPV en el consistorio de Borriol, insistió ayer, como ya hiciera en 2006, que el grupo aprobó el PAI siguiendo "los informes municipales"ya que éste no se encontraba sobre terreno protegido. "Estamos muy tranquilos. Votamos arreglo a nuestra conciencia y avalados por informes técnicos", aseguró.
* Levante-EMV - Victoria Salinas - 10 de mayo de 2008
Foto: terrenos. Parte del suelo afectado por el plan urbanístico aprobado por el consistorio y que afecta, según la denunciante a suelo protegido/ levante-emv
Cádiz concede una licencia que incumple el plan urbanístico
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ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Cádiz (PP) ha concedido a una empresa privada la construcción y explotación de un restaurante en la plaza Santa María del Mar, en un mirador junto a la playa del mismo nombre, a pesar de que esta zona está catalogada como espacio libre en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Según este documento, en estos lugares sólo se pueden levantar recintos cerrados, pero no cubiertos, para "proteger el paseo de inclemencias atmosféricas, actividades musicales al aire libre (...) o construcciones provisionales destinadas a la venta de bebidas, periódicos, helados o similares", que sean desmontables y de no más de 20 metros cuadrados.
A pesar de estos límites, el Consistorio gaditano sacó a concurso este establecimiento y resultó ganadora la empresa Grupo Grosso. La compañía presentó un proyecto de dos plantas, para un bar de tapas, de copas y un espacio reservado para comidas, con un presupuesto de medio millón de euros. La mitad de esa inversión será sufragada por el Ayuntamiento. La concesión es por 15 años ampliable a 20. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, sostuvo ayer que la concesión se ajusta al PGOU, y una portavoz de la empresa argumentó que el diseño se ajustará a la normativa municipal. Ayuntamiento y compañía anunciaron el proyecto tras asegurar que contaban con la aprobación de la Demarcación de Costas. Este organismo, del Ministerio de Medio Ambiente, aclaró ayer que nunca se posicionó sobre este restaurante al ser un espacio de titularidad municipal. Un colectivo de vecinos ha convocado una manifestación el martes en contra del proyecto.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 10/05/2008
Foto: Cadiz, ayuntamiento - Falkue 03 (wikipedia.org)
Lerner: «Siempre digo que el automóvil es nuestra suegra mecanizada»
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LAVERDAD* : Jaime Lerner se toma su tiempo antes de hablar y, en sus pausas, aprovecha para darle un trago a su cortado. Este afamado arquitecto y político brasileño pasa desapercibido, sentado en una de las terrazas de la murciana Plaza de las Flores. Su franqueza y su humildad casi logran que una se olvide de que se encuentra ante una mente poblada de ideas brillantes. Pero entonces comienza a hablar.
- Su presencia, como gurú de las urbes sostenibles, en Murcia ha desatado cierto revuelo. Con su experiencia, ¿podría mostrarnos el camino para mejorar esta ciudad?
- Bueno, cada ciudad tiene su propia solución, lo que es común es la filosofía. La ciudad siempre debe ser una estructura de vida y de trabajo. El mejor ejemplo que yo doy como calidad de vida es la tortuga, porque es un ejemplo de vida, trabajo y movimiento, todo junto. La tortuga tiene el caparazón parecido al diseño de una ciudad, una estructura urbana. ¿Tu te puedes imaginar si cortásemos el casco, la tortuga, vida aquí, trabajo allí, ocio allá? Mataríamos la tortuga. Pues esto es exactamente lo que estamos haciendo en nuestras ciudades, separando las funciones urbanas. Cada vez más; es más perjudicial para la ciudad.
- Una explicación simple.
- El resto también separa por ingresos, edades... Yo aprendí en estos cuarenta años de trabajo en la ciudad que cuanto más mezclamos las cosas, cuanto más se mezclan ingresos, edades... más humana la ciudad será.
- ¿Cómo observa usted el futuro de las ciudades?
- Yo tengo una visión muy optimista en relación con el futuro de la ciudad, porque la gente siempre está muy pesimista y siempre están proyectando la tragedia. Si esta gente proyecta la tragedia, al final la encontrará. Yo creo que si invierten su energía en cambiar tendencias que no son deseables lograrán más. Es el momento del cambio. Es lo que siempre he intentado hacer como arquitecto, como alcalde o como gobernador. Para mí, la ciudad es como una estructura de trabajo y de vida juntos.
- La sostenibilidad es ahora la palabra más repetida por políticos, arquitectos, ecologistas, urbanistas... ¿Cómo se logra alcanzar?
- Una ciudad que tiene buena calidad de vida es también sostenible. Hoy en todo el mundo está ese discusión sobre la sostenibilidad y todo este pavor del cambio climático. Nos sentimos como pacientes terminales, pero no sabemos qué hacer. He frecuentado los grandes seminarios y discusiones y veo, con preocupación, que muchos piensan que la sostenibilidad son nuevos materiales. Es muy importante pero no es todo. O la sostenibilidad significa green building-edificios ecológicos-. Es muy importante pero no es todo. O que la sostenibilidad son nuevas formas de energía. También importante pero no es todo. No nos damos cuenta de que el 75% de las emisiones de carbono, están en las ciudades. Es en las ciudades donde tenemos que actuar, en el concepto de ciudad. Yo diría sencillamente que si se quiere cambiar a una ciudad más sostenible hay que cambiar algunas cosas, unos mandamientos.
- ¿Cómo cuáles?
- Lo primero de todo es utilizar menos el coche. Esto no significa que no lo utilicemos, pero sí que lo utilicemos menos. Tener en el itinerario de rutina, un buen transporte público. El segundo punto es separar la basura y el tercero, muy importante, vivir más cerca del trabajo o traer el trabajo más cerca de casa. El siguiente mandamiento a tener en cuenta es entender que la sostenibilidad es una ecuación entre lo que se ahorra y lo que se desperdicia.
- ¿Una ecuación?
- Sí, si el desperdicio es cero, la sostenibilidad tiende al infinito. Por último, hay que entender que la ciudad debe de ser multiusos. No se puede tener una parte de la ciudad vacía 16 horas al día.
- El transporte público de su ciudad ha sido copiado en otras grandes urbes, ¿cómo lo hizo?
- Yo creo que el automóvil es el gran responsable de la emisión de carbono. El coche es, yo siempre digo, como nuestra suegra mecanizada. Tenemos que tener muy buenas relaciones con nuestra suegra, pero no podemos dejar que ella comande nuestras vidas. O, en otras palabras, si la única mujer de tu vida es tu suegra, tú tienes un problema. Insistimos con la suegra, somos dependientes.
- Para ello, es necesario concienciar a la población...
- Yo estoy obcecado con la idea de enseñar sostenibilidad a los niños porque eso lo hicimos en Curitiba y fue enseñar a los niños, durante seis meses, cómo separar la basura. Después, los niños enseñaron a los padres y después empezamos la campaña. Desde entonces, veinte años atrás, Curitiba es la ciudad del mundo con la más alta tasa de separación de basura, el 70%. La gente sabe que hay una basura que no es basura, que es reciclaje.
- La ciudad es la solución. Ése es el lema que da nombre a las jornadas. ¿Está de acuerdo?
- Actuar en las ciudades es mucho más efectivo que fabricar productos sostenibles. Es muy importante, porque no podemos olvidar que en la ciudad, está la solución. No basta con que el alcalde proclame públicamente que está de acuerdo con el protocolo de Kioto, debe explicar también qué está haciendo para mejorar su propia ciudad.
¿QUIÉN ES LERNER?
Jaimer Lerner: arquitecto, urbanista y político brasileño.
Lerner fue alcalde de Curitiba a lo largo de tres mandatos y gobernador de Paraná, otros dos.
Curitiba está considerada como un ejemplo de ciudad actual y sostenible. En 2002, fue elegida como una de las cinco urbes más modernas del mundo.
Lerner fue condecorado en el año 1996 por Unicef y hasta 2005 ocupó el cargo de presidente en la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).
Sus mandamientos
Utilizar menos el coche: Esto no significa que no lo utilicemos, pero sí que lo utilicemos menos. Tener en el itinerario de rutina, un buen transporte público.
Separar la basura.
Vivir más cerca del trabajo: o traer el trabajo más cerca de casa.
Entender que la sostenibilidad es una ecuación entre lo que se ahorra y lo que se desperdicia: Si el desperdicio es cero, la sostenibilidad tiende al infinito.
Entender que la ciudad debe de ser multiusos: No se puede tener una parte de la ciudad vacía 16 horas al día. Una arena puede ser usada por la mañana, un mercado; por la tarde, una facultad y por la noche, para eventos culturales.
* La Verdad - Murcia - ALICIA NEGRE - 9 mayo 2008
Foto: Curitiba (Brasil), Rua XV de Novembro, cerrada al tráfico de vehículos en 1972 - wikipedia.org
El líder pro trasvase de Villena proyecta 1.200 casas con golf
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ELPAÍS/Alicante* : El presidente de los regantes de Villena y una de las figuras destacadas en la reclamación del trasvase del Ebro, Andrés Martínez, tramita desde el año 2004 la reclasificación de un millón de metros cuadrados para construir un campo de golf y 1.200 viviendas. Según fuentes municipales, el proyecto, que comparte con otros socios, fue aprobado por el Ayuntamiento en la anterior legislatura, tras varias modificaciones. Además, el municipio de Villena ha autorizado la venta de agua de sus acuíferos a la empresa Danone para embotellarla.
Ahora depende de que la Consejería de Territorio reclasifique el suelo agrícola a urbanizable. Los terrenos son mayoritariamente propiedad del tenista Juan Carlos Ferrero y una parte de la familia de Martínez. La promotora es Prosport Golf, una sociedad en la que un 50% pertenece a la empresa Horfres, de la que es gerente Martínez, y el otro 50% a Ferrero. El deportista, que ha participado en varios actos de reivindicación del trasvase, tiene en las inmediaciones una escuela de tenis de élite.
El dato se añade al conocido el miércoles: pese a la falta de agua, los regantes de esta seca zona del interior de Alicante, con Martínez a la cabeza, han acordado vender entre 0,2 y 0,7 hectómetros cúbicos de agua de sus pozos para embotellarla al precio de 1,2 euros el metro cúbico.
El acuerdo provocó ayer un alud de críticas y reacciones encontradas. El colectivo ecologista Xúquer Viu lo calificó de "ilegal", ya que las concesiones son para usos agrícolas y no industriales. En una nota de prensa, Xúquer Viu asegura que el presidente de los regantes de Villena, Andrés Martínez, es un "promotor urbanístico que ha servido más a los intereses personales y políticos que a defender la agricultura".
Los acuíferos de Villena tienen una "declaración provisional de sobreexplotación", aseguraron fuentes de la Confederación del Júcar. El colectivo Xúquer Viu cuestionó la vigencia del trasvase del Júcar al Vinalopó, que "teóricamente se autorizó para paliar un déficit hídrico en la agricultura de la comarca", y no para hacer negocio. La medida también ha creado fisuras entre los propios regantes de la zona. La Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó mostró su malestar por el proyecto de embotellar agua, ya que "echa por tierra" sus reivindicaciones.
El presidente de la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, Pedro Menor, dijo a Efe que la venta de agua es "totalmente inoportuna" y recordó que el cambio de usos del agua lo tiene que autorizar la Confederación y "no es tan sencillo".
El portavoz del Consell, Vicente Rambla, intentó salir ayer al paso del escándalo que supone que los regantes que han protagonizando tantas protestas en demanda de agua abandonen sus campos y la vendan para embotellar. Vicente Rambla achacó esta operación a "la política de estrangulamiento" en materia hídrica de sufre la Comunidad Valenciana. "Con agua suficiente no se hubiera planteado", dijo Rambla, que habló de la "desesperación del campo valenciano". Un argumento similar al esgrimido por Andrés Martínez, que tilda de "fórmula imaginativa" esta operación que permitirá a los regantes unos ingresos iniciales de 240.000 euros anuales.
Sobre las ocho hectáreas necesarias para instalar la planta embotelladora, Martínez reiteró ayer que "la operación no está cerrada". La empresa Horfres, de la que es gerente Martínez, tiene el 20% de la propiedad al menos de dos de las parcelas en las que se estudia instalar la planta, según datos oficiales del catastro. Entre los socios que comparten la titularidad de estos terrenos figuran también los hermanos Salvador y Pedro Ribes Martí, dos importantes empresarios de Cullera con numerosas empresas vinculadas al sector de la construcción y a promociones inmobiliarias. Según datos obtenidos del registro de la propiedad, la empresa Horfres SL, tiene una participación total en cinco parcelas rústicas y Andrés Martínez posee además otras 17 parcelas.
La clasificación de estas parcelas en las que se podría ubicar la planta, según el planeamiento urbano de la localidad, es suelo de especial protección. Ello obligaría a que la Generalitat autorice su desprotección.
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 10/05/2008
Foto: Villena (Alicante) - wikipedia.org
Pontevedra: La Fiscalía investiga anualmente sesenta denuncias urbanísticas
LAVOZDEGALICIA* : Los delitos urbanísticos están de moda en la provincia. Así lo vino a asegurar ayer el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, en el transcurso de las quintas Xornadas de Urbanismo que organiza la Diputación. Anualmente, por término medio, el ministerio público investiga unas sesenta denuncias en la provincia.
En cualquier caso, el ritmo de las investigaciones judiciales no parece haber contentado a todo el mundo. El concejal César Mosquera reveló en el mismo foro que el Concello de Pontevedra remitió 100 infracciones a la Fiscalía y todavía no se sentenció ninguna.
Los espacios con mayor riesgo de ser escenario de estos delitos es el litoral, donde, al igual que ocurrió en el Levante, está notando la presión del ladrillo. Subrayó que el motivo no es otro que el hecho de que «la gente quiere acercarse al mar», aunque eso, en ocasiones, implique la invasión del dominio público.
De este modo, los casos más habituales se circunscriben a construcciones en suelos con una determinada protección, urbanizaciones y la modificación de planes de ordenación. Se trata de cuestiones complejas y de difícil instrucción, en las que se puede a llegar a decretar demoliciones o derribos.
En cuanto a la figuras que se encuadran dentro de los delitos urbanísticos, una de las principales es la prevaricación. Aladro reseñó que tiene que ser un acto doloso, si bien matizó que, siendo posible el error, en urbanismo es «bastante inconcebible» que se produzca.
En sintonía con esta cuestión, Aladro también mantuvo la tesis de que es complicado que se pueda hablar de un delito en grado de tentativa. «El hecho de clavar una punta o de colocar una piedra ya es consumación», resaltó, aunque se hizo eco de una sentencia de la Audiencia de A Coruña en la que se condena por tentativa ya que existió un acopio de material.
Indignados
Las palabras del fiscal sobre el delito urbanístico y la escasa posibilidad de error no sentaron nada bien a algunos técnicos municipales que ocuparon la misma tribuna solo hora y media después. Javier Rivas, arquitecto que desempeñó cargos de relieve en al gerencia de urbanismo de Vigo, dijo sentirse indignado. El urbanista, que dijo haber pasado varias veces a declarar en los juzgados, explicó que la proliferación de leyes en los últimos años obliga a un período de aprendizaje en el que es inevitable cometer «errores». Señaló que los arquitectos incurren en los mismos al igual que los juzgados que ven casadas sus sentencias en instancias superiores.
* La Voz de Galicia - L. Penide / A. Castroverde - 09.05.2008
Foto: El derribo de este edificio en Raxó, en febrero del 2007, es uno de los últimos realizadas en la comarca - RAMÓN LEIRO, lavozdegalicia.es
Una docena de familias desalojadas de la Cañada demanda al Ayuntamiento de Madrid
ELPAÍS* : Una decena de familias bolivianas, que fueron desalojadas el 22 de abril de un edificio de la Cañada Real en el que vivían alquilados y que a continuación fue derribado, han demandado hoy al Ayuntamiento de Madrid porque, sostienen, actuó "sin una orden judicial de desalojo" y violó sus "derechos fundamentales".
Fuentes municipales han negado estas acusaciones y aseguran que su actuación fue "ajustada a lo que establecía la orden y la legalidad". Desde el departamento de Urbanismo, un portavoz ha recordado que en casos como éste "es el juzgado quien comunica el desalojo y quien ordena, el Ayuntamiento sólo cumple la orden". En concreto, fue el Juzgado 14 de Madrid y la fecha del auto es del 21 de febrero.
Fuentes de la parroquia de San Carlos Borromeo, donde todavía permanecen acogidas 10 de las 12 familias bolivianas desalojadas hace más de dos semanas, han informado de que la demanda ha sido presentada ante un juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Gran Vía por un grupo de 10 abogados que colabora con ellos desde hace tiempo. Entrevistada por la cadena SER, una de las abogadas ha señalado que, con independencia de que exista o no orden de desalojo, que lo dudan, se han violado "al menos tres" derechos fundamentales: "el de la intimidad, el de la inviolabilidad de domicilio y el de defensa, ya que no estaban en el momento de la ejecución de la sentencia". La abogada recuerda que estas familias, que llevaban una medida de tres años viviendo en las casas ahora destruidas, son personas "especialmente desprotegidas" al ser inmigrantes.
En la conocida como Iglesia roja de Entrevías, están acogidos más de 20 inmigrantes bolivianos, entre ellos una decena de niños, algunos de los cuales son trasladados a diario en coches de voluntarios hasta un colegio de Rivas-Vaciamadrid. "Desde el martes 22, tras el atropello sufrido por parte de las Administración derribando sus viviendas", dicen en la parroquia, duermen en el templo, con sus colchones extendidos en el suelo entre los bancos y al pie del Cristo colocado en una pared. Mientras, los responsables de San Carlos Borromeo están "a la espera de que algún responsable político se acerque a dialogar" y buscan "los recursos necesarios para que estas personas puedan volver a vivir con dignidad como lo hacían antes del derribo de sus viviendas".
El Ayuntamiento actuó "correctamente"
"Una vez más, la solidaridad de parte de la ciudadanía y el compromiso con aquellos que sufren vilmente el atropello de sus derechos fundamentales ha hecho que nuestra parroquia sea lugar de refugio y acogida para algunas de estas familias", afirman.
El 22 de abril, efectivos de la Policía Nacional desalojaron a varias decenas de personas de tres inmuebles del sector 5 de la Cañada Real y las excavadoras tiraron abajo los edificios, sin que se produjeran incidentes. En uno de esos edificios, uno de tres plantas y propiedad del presidente del Sector 5 de la Cañada Real, vivían de alquiler una veintena de familias, la mayoría de origen boliviano, la mitad de las cuales viven acogidas en la parroquia de Entrevías.
Entrevistado por esta web, el portavoz de Urbanismo ha expresado su "escrupuloso respeto" a la decisión de las familias de recurrir a la Justicia, al tiempo que ha negado la acusación. A su juicio, el Ayuntamiento ha actuado "correctamente", por lo que confía en que los jueces le de la razón. "Se ha hecho con orden judicial, amparados por esta orden y cumpliendo esta orden", ha dicho, para recordar que "es el juzgado quien ordena los desalojos". Preguntado por la posibilidad de que existiera dicha orden pero que no se le comunicara a las familias, Urbanismo recalca que el responsable de comunicar dichas órdenes es el propio juzgado.
* ELPAIS.com - EFE - Madrid - 09/05/2008
Foto: Casas demolidas en la Cañada Real- JOSÉ RAMÓN AGUIRRE, elpais.com
Apaño de mínimos
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Después de muchos años en Marbella donde a la Justicia pareció darle igual ocho que ochenta, la solución a las tropelías cometidas por los ex ediles del GIL parte de otra premisa numérica: da igual tres que setenta. La mayoría de los concejales que, como bien expresó Fernando J. Pérez en este periódico, convirtieron Marbella en un parque temático de la corrupción urbanística tienen ya prácticamente aceptado un acuerdo con la Fiscalía, por el que pasarán un mínimo de tiempo en prisión a cambio de que se le reduzcan al mínimo las penas.
Este apaño de mínimos está sustanciado en otro principio de mínimos, el de economía procesal y parte de considerar conexas las más de 70 causas por delitos urbanísticos que arrastran, como término medio y casi mínimo, cada uno de los ex ediles imputados. Como consecuencia de ello, los condenados sólo purgarán el triple de la condena más alta que se les imponga. O lo que es lo mismo y también lo mínimo, de las 70 imputaciones por aprobar licencias de obras irregulares, sólo serán condenados por tres y 67 de ellas les saldrán gratis a los ex ediles, que no a la ciudad porque las viviendas que avalaban esas licencias irregulares si se construyeron y no fueron precisamente una cifra mínima. Fueron 30.000.
Este pacto contempla muchos mínimos y poco máximos, ya que los máximos parecen también mínimos. Solo hay dos máximos. Uno, que los más de 15 ex ediles afectados, entre ellos los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, pasarán como máximo tres años en la cárcel. El otro, que el fiscal pedirá un máximo 12 meses de prisión por cada causa. Eso sí, se establecen unos requisitos mínimos: ingresarán en prisión aunque no tengan antecedentes; el tiempo pasado en la cárcel por otras condenas firmes no servirá para liquidar futuras penas y el acuerdo no abarca otros delitos supuestamente cometidos por los ex ediles, como malversación de caudales públicos o cohecho. Hasta ahí podríamos llegar, falta decir en el acuerdo. Con ello, los ediles evitarán sentarse 70 veces en el banquillo de los acusados pero irán a prisión y la Justicia se ahorrará la celebración de 70 juicios, lo que reducirá al mínimo el proceso judicial.
La fiscalía ha confirmado que la oposición a los términos del acuerdo es mínima, como mínimo es el número de ediles que podrían desmarcarse. Por ello, todo hace indicar que la solución al descontrol urbanístico durante los tres lustros de gilismo se va a poder sustanciar con el personal de servicios mínimos: los mínimos fiscales, los mínimos jueces, los mínimos juicios y el gasto mínimo. Todo ello reducirá los futuros recursos al mínimo, habrá un mínimo de apelaciones y serán mínimas las nuevas resoluciones. A resultas de ello, habrá un mínimo común denominador para los procesados: de cada setenta sólo se llevarán tres.
El acuerdo jurídico complementa el anterior apaño urbanístico, ya que el plan general diseñado por la Junta de Andalucía para Marbella permite legalizar casi un 90% de las viviendas que se construyeron irregularmente y establece una cifra de pisos a derribar que es mínima. Si 12 años antes de que la Junta dijera donde se podría construir, los ex gilistas ya estaban dando licencias de obras en esas zonas, parece lógico que la visión de futuro sea considerada un atenuante en este último pacto de mínimos.
En definitiva, el acuerdo pergeñado por la Fiscalía de Medio Ambiente cuenta con el visto bueno de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la Fiscalía General del Estado, avales más que suficientes para descartar una mínima crítica jurídica sobre su legalidad. Otra cosa bien distinta es la apreciación que se pueda tener de este pacto y sobre todo, si con él se consigue, de verdad, mejorar la imagen de la justicia. Habría sido lo mínimo.
* ELPAIS.com - Opinión - 06/05/2008
«El modelo urbanístico de 'resorts' es pan para hoy y hambre para mañana»
LAVERDAD/Murcia* : «Pan para hoy y hambre para mañana». Salvador Rueda, biólogo, psicólogo y director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, eligió ayer este dicho popular para mostrar su opinión acerca del modelo urbanístico de urbanizaciones y resorts que impera en ciertas zonas de la Región.
¿El motivo? El mayor consumo de energía que vivir en una urbanización implica. Rueda propone la idoneidad de la llamada ciudad compacta y, para ello, nada mejor que un ilustrativo ejemplo. El habitante de una urbanización consume cerca de 250 litros de agua por día, mientras que en la ciudad este gasto se reduce a los 100 litros. Un ahorro de 150 litros diarios a la mano de cualquiera.
«Lo que debemos hacer es crear grandes ciudades, no ciudades grandes». Rueda compartió ayer su punto de vista acerca de los elementos idóneos que debe tener la ciudad futura en la jornada inaugural de las IV Jornadas de Urbanismo que se celebrarán en Murcia hasta mañana. De este puesta en común de expertos de muy diversos ámbitos se pretende lograr un paso en el camino adecuado que debe emprender el urbanismo murciano a la hora de asegurar una ciudad saludable, cómoda y sostenible.
Rueda coincidió con el resto de ponentes, entre otras cosas, en las posibilidades que, a este respecto, presenta la capital murciana. «Murcia, como ciudad, tiene aspectos esperanzadores, como su periferia», explicó; «ahora faltan más peatonalizaciones y que lleguen las bicicletas, que llegarán, le pese a quien le pese».
La solución para el problema del cambio climático debe también, según este experto, buscarse en las propias ciudades. «En ellas está la solución porque son las responsables del 75% del consumo».
Anteponer un sistema basado en el consumo de información al actual, en el que prima el consumo excesivo de productos es, tal y como ayer manifestó Rueda, un cambio de conciencia que, antes o después, todos tendremos que interiorizar. «La sostenibilidad está hoy en manos de los ciudadanos y de cómo organicemos las ciudades», sentenció Rueda. Nos jugamos mucho.
* La Verdad - ALICIA NEGRE - 9 mayo 2008
Foto: Murcia, vista huerta - wikipedia.org
´Hidalgo quería demostrar su poder construyendo sin licencia´
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DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía Anticorrupción no deja títere con cabeza. Acusa al ex alcalde Hidalgo de querer demostrar "su fuerza ante el pueblo construyendo una casa sin licencia"; a Jaume Massot de "tutelar" esta trama urbanística en Andratx; a Ignacio Mir de firmar "informes jurídicos que beneficiaran a Hidalgo"; y a Jaume Gibert de "no haber denunciado la obra ilegal que realizaba el ex primer edil".
Joan Carrau fue la voz de la fiscalía anticorrupción que defendió las duras penas de prisión que se solicitan para los acusados del caso Andratx. La mayor parte de su informe lo dedicó a ensalzar la gravedad de los hechos cometidos por el ex primer edil. "Debía dar ejemplo, era el garante de la legalidad urbanística y es él quien comete el delito". Para Carrau, Hidalgo no actuó solo. Lo hizo con la ayuda de Massot, ex director general del Govern del PP, con el abogado Ignacio Mir y con el ex celador de obras Jaime Gibert. Entre todos, según el fiscal, se permitió que el alcalde construyera una casa ilegal frente al Ayuntamiento sin licencia. "Parecía que se estaba riendo de todos". El fiscal mantiene que Hidalgo conocía muy bien el nivel de protección que tenía el solar que compró y era consciente de su limitación urbanística. "Cuando lo compró ya planeó el delito y acudió en ayuda de Massot para cometerlo". Anticorrupción sitúa a Massot en un lugar estratégico desde donde puede dominar toda la cascada de irregularidades. "Se aprovecha de la jerarquía que le da su experiencia para controlar, supervisar y tutelar toda la obra ilegal". Para la acusación, no se trata de un problema de interpretación de la normativa urbanística, como han intentado sostener los acusados. "En ese terreno no se podía construir". Pero a pesar de ello "Hidalgo obtuvo una licencia que le otorgaba un cheque en blanco. Podía construir hasta el infinito si quisiera. Podía construir la madre de todas las naves agrícolas porque la licencia se lo permitía". Carrau culminó su informe pidiendo una sentencia ejemplar, que establezca los límites legales de los excesos de construcción que se han cometido en Andratx.
Por otra parte, Josep de Lluís, abogado del ayuntamiento de Andratx, calificó de "urbanismo de recreo" y apuntó directamente a Massot como "el gurú de todas estas irregularidades".
En cambio, Miquel Borrás, abogado de la acusación en nombre de la regidora Isabel Alemany, mantuvo que los acusados buscaron un "maquillaje" para dar legalidad a todos los excesos que se habían cometido con esta casa.
* Diario de Mallorca - J.F. MESTRE/T.A. PALMA - 09 de mayo de 2008
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
'Malaya' impulsa los juzgados especializados en corrupción
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LAOPINIÓN/Málaga* : ´Malaya´ ha sido pionero en muchos aspectos: en primer lugar, porque era el primer golpe que se daba contra una trama de corrupción institucionalizada; y, por otro lado, por la forma de investigar que aplicó la Udyco a las órdenes del juez Torres. Se investigaba patrimonialmente al imputado y si éste no podía explicar sus bienes con sus ingresos, había gato encerrado. El círculo se cerraba.
Pero para ello, el juez Torres hubo de echar mano de expertos en blanqueo de capitales cedidos por Hacienda. Este mismo juez buscó el apoyo de los técnicos en el ´caso Ballena Blanca´, donde cayó una red que presuntamente ´lavaba´ dinero a delincuentes de todo el mundo y cuya ramificación llegó a alcanzar a la petrolera Yukos.
En cualquier caso, ha sido la investigación de la trama de corrupción del Ayuntamiento de Marbella la que ha hecho que muchos se planteen la posibilidad de que se creen juzgados especializados en corrupción económica y urbanística, un fenómeno que algunos expertos criminólogos califican ya de patología social.
El propio Juan Carlos López Caballero, primer fiscal Anticorrupción de Málaga, ha propuesto en innumerables ocasiones un cambio en los modelos de investigación: que se premie con una rebaja penal la delación o la posibilidad de infiltrar agentes en estas organizaciones serían dos buenos métodos para luchar desde dentro contra el monstruo.
Y la especialización no es una locura. Juzgados de este tipo funcionan ya en Francia y Alemania, por lo que ahora que existe un único espacio judicial europeo sería un buen momento para implementar este tipo de iniciativas, al igual que ocurrió cuando la Fiscalía decidió especializar a sus mejores hombres en este tipo de lucha.
López Caballero propone implantar en España un modelo similar al que se aplica en Italia en la lucha contra las mafias, que allí controlan parte de la economía. "Los medios tradicionales de investigación pueden no ser lo suficientemente eficaces, y en este contexto se alude en los convenios internacionales a la posibilidad de acudir a expedientes o procedimientos especiales de investigación, como serían la introducción de agentes infiltrados en este tipo de criminalidad organizada, que yo creo que podría dar unos resultados muy importantes", explicaba el fiscal a este periódico en una reciente entrevista.
Especialización y mejorar la eficacia de la investigación son los dos ases que manejan los expertos en este tipo de lucha policial. Varios abogados consultados, expertos a su vez en la defensa de estos criminales, ven con buenos ojos que la instrucción de estos casos se especialice para ser más eficaz. Y que yerre menos.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 09.05.2008
Foto: Marbella, registro policial - J.Lanza (SUR)
Hartos de ser los malos del urbanismo
LAVOZDEGALICIA* : Durante dos días, expertos de distintas Administraciones, catedráticos y arquitectos debatieron en Pontevedra la situación del urbanismo en Galicia. La reflexión ha dejado al descubierto el enorme foso que separa los puntos de vista de los concellos y el que mantienen Xunta y Gobierno.
Hartos de ser los malos de la película de los desastres urbanísticos, técnicos y responsables locales no han dudado en pedir cuentas a las otras dos Administraciones, eso sí, sin dejar de reconocer sus propias responsabilidades, especialmente en los noventa.
Ocho leyes, normas y sentencias importantes en los últimos años -cuatro con origen en Santiago y otras cuatro generadas en Madrid- han convertido la adaptación de los planes municipales a las nuevas normativas poco menos que en una misión imposible. Algunos de los datos vertidos en el coloquio pueden ilustrar la situación: solo 23 concellos lograron la adaptación en Galicia, ninguno de ellos de la provincia de Pontevedra. Al sur del Ulla, se cree que este año puede recibir luz verde un ayuntamiento, pero habrá que esperar al 2012 para que la situación comience a enderezarse.
Javier Rivas, arquitecto con amplia experiencia en el Concello de Vigo, calificó de «hipócrita» la actitud de otras Administraciones. Señaló que cada reforma supone «una tutela más» y un elemento de sospecha sobre los municipios a los que se presenta, con frecuencia, como responsables únicos de todos los males. «Trabajamos sobre arenas movedizas», señaló en referencia a la proliferación normativa y su incidencia en los planes. Esto genera inseguridad y obliga a adoptar todo tipo de cautelas y rigores.
Una ruina
Manuel Freijeiro, arquitecto con amplia experiencia en consultoras redactoras de planes, asegura que es difícil bajar de ocho años en la actualidad y que esto supone poco menos que la ruina para este tipo de empresas. Algunas consultoras de arquitectos han dejado de presentarse a los concursos de planeamiento -el de Mos, próximo a Vigo, encendió la alarma- y algunos técnicos han decidido reciclarse para «dedicarse a otra cosa».
Redactar un plan es poco menos que una «carrera de obstáculos», aseguró José Romero, arquitecto municipal con amplia experiencia en Redondela y Baiona. Pero el planeamiento no lo es todo. En materia de gestión, los concellos se enfrentan a cientos de expedientes (al igual que en disciplina urbanística) sin medios humanos ni materiales. Además, los servicios de disciplina se sienten solos muchas veces ante «el sentimiento de impunidad» que existe en cuestiones de urbanismo. Romero lo tiene claro: mientras no haya derribos de importancia y con publicidad habrá poco que hacer, máxime si prosigue la comprensión de los políticos ante los problemas «personales» de los infractores.
Los concellos se quejan además de que, con frecuencia, se les dice que hay exceso de edificación para las previsiones de evolución de la población, pero no se les explica por qué se han pasado en el plan de ordenación. Freijeiro echa de menos un diálogo con los técnicos de la Xunta, antes de que emitan su veredicto sobre un plan, para tratar de adaptarlo a sus exigencias. Javier García, del bufete Garrigues, llamó la atención sobre el hecho de que la Xunta no elabore partes de los planes que finalmente están en sus manos. César Mosquera, tras ocho años al frente de Urbanismo en Pontevedra, es más directo: si los planes son aprobados por la Xunta y las competencias las tiene Santiago, pues que los planes se hagan desde Compostela. Según sus cálculos, las competencias en urbanismo de los concellos no llegan al 10%.
Los arquitectos han terciado en la polémica justificando medidas como la protección de los 500 metros, pero también apuntando que hay que hacer los planes de otra forma. Por una parte, no dar bajo y cuatro plantas en núcleos bien conservados de bajo y uno. Por otra, haciendo planes más preparados para una movilidad sostenible y menos detallistas y encorsetados. El arquitecto García Braña puso un ejemplo: el plan de Barcelona tiene 30 años, pero experimentó 3.000 modificaciones.
* La Voz de Galicia - A. Castroverde - 09.05.2008
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
11-mayo: ¡Especulatour, viaje por el Madrid que no deseamos!
VIVIENDADIGNA* : El pasado mes de febrero, decenas de “turistas” llenaron dos autobuses que recorrieron cuatro de los puntos más emblemáticos del depredador modelo de desarrollo urbano imperante en Madrid: las cuatro Torres del Real Madrid, el PAU de Las Tablas (Fuencarral), Torrelodones, donde el Gobierno regional proyecta cerrar la M-50 en pleno Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y El Álamo, localidad en la que el equipo de Esperanza Aguirre prevé construir un aeropuerto de uso privado.
Pero, desafortunadamente, quedan muchos más. El próximo domingo 11 de mayo llevaremos a cabo otra aleccionadora excursión por otros exponentes del “sostenible” modelo urbano que promueven las administraciones madrileñas: el PAU de Vallecas, el parque Santander -una zona verde ubicada en pleno centro urbano donde el Gobierno regional ha construido un campo de golf “de interés general”- y Villalba, un municipio de la sierra norte de Madrid afectado por el proyecto de cierre de la M-50.
La excursión partirá a las 9:30 de la mañana desde Atocha el dominog 11 de mayo, frente a la sede del Ministerio de Agricultura y finalizará al mediodía.
En cada una de las paradas, las plataformas y asociaciones ciudadanas en defensa del territorio llevarán a cabo acciones de denuncia del modelo de ordenación urbana imperante.
Para apuntarte, no tienes más que escribir a especulatour@viviendadigna.org o llamar al 607 75 85 86.
¡Te esperamos!
* Plataforma Vivienda Digna - 7 Mayo 2008
Muñoz y cinco ex ediles del GIL evitan 70 juicios a cambio de cárcel
ELPAÍS* : Los concejales que pusieron los cimientos del caos urbanístico de Marbella (Málaga) a la sombra del fallecido alcalde Jesús Gil ven cómo se aclara su futuro judicial. Seis ex ediles del equipo de gobierno municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) de 1995 a 1999, entre ellos el célebre Julián Muñoz, han aceptado el pacto con la Fiscalía de Málaga por el que cumplirán tres años de prisión a cambio de evitar cerca de 70 juicios por conceder licencias de obra ilegales.
Los concejales Muñoz, Marisa Alcalá, Dolores Zurdo, Rafael González, Manuel Calle y Mario Jiménez formaban parte de la corporación que el 6 de agosto de 1998 aprobó, en un pleno nocturno, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que daba luz verde a enormes aumentos de edificabilidad o la construcción de apartamentos en suelos reservados a colegios o centros sanitarios. Aunque el PGOU de 1998 nunca tuvo validez jurídica, el urbanismo gilista se rigió por él hasta la disolución del Ayuntamiento en marzo de 2006 tras la Operación Malaya. Incluso, numerosas licencias anteriores a 1998 se otorgaron sobre ese PGOU ilegal.
En virtud del pacto cerrado ayer entre la Fiscalía y las defensas de los concejales, el ministerio público pedirá una pena máxima de un año de prisión y diez de inhabilitación para cargo público en las 70 causas abiertas por prevaricación urbanística, un delito castigado hasta con dos años de prisión. Al tratarse de delitos conexos, la ley establece que se cumplirá como máximo el triple de la mayor de las penas impuestas, esto es tres años de cárcel. Además, las condenas no se podrán suspender ni sustituir por multa, lo que supone el ingreso efectivo en prisión de los concejales.
Este pacto se limita a los casos de prevaricación urbanística y no afecta a otros delitos que hayan podido cometer los concejales, como prevaricación y cohecho. De no llegar a un acuerdo, estas 70 causas urbanísticas se tratarían en un juicio con vista oral y la Fiscalía podría solicitar hasta dos años de prisión, con lo que aplicando la regla del triple de la pena máxima para los delitos conexos que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los ex concejales se arriesgarían a pasar seis años en prisión, al margen de la incertidumbre de acudir durante años a decenas de juicios.
Según el letrado Ernesto Osuna, que calificó el acuerdo de "muy positivo" para todas las partes, en el cómputo de las penas se deberá descontar el tiempo que los ediles ya han pasado en prisión por sentencias de prevaricación urbanística. En el caso de Julián Muñoz, el ex regidor marbellí lleva cumpliendo pena desde el 30 de septiembre de 2006, cuando el juez ordenó la ejecución de la sentencia de una año de cárcel por el caso Proinsa -la concesión de una licencia para construir 150 viviendas en zona verde-. Por lo tanto, los 19 meses que Muñoz ha pasado en prisión como recluso penado -entró en la cárcel como preventivo por el caso Malaya en julio de 2006- se considerarían ya liquidados. De este modo, dentro de cinco meses Muñoz podría salir en tercer grado al haber cumplido dos tercios de la condena. Osuna calcula que en septiembre se podrá "poner en práctica" el acuerdo.
En junio, el fiscal y los letrados negociarán la situación de los ediles de la corporación 1999-2003, que se niegan a aceptar el paso por la prisión, aunque en muchos casos, las penas serían inferiores a doce meses. El fiscal, de momento, se mantiene firme en su posición de exigir que vayan a la cárcel. Entre estos ex concejales disidentes se encuentran Tomás Reñones, Francisco Javier Lendínez o Alberto García Muñoz.
* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 09/05/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
El 'caso Andratx' es la economía, estúpido
MATÍAS VALLÉS* : Resulta sugerente la tesis de menospreciar la primera piedra del caso Andratx como "la caseta ilegal que nos hemos construido todos los mallorquines", hasta que examinamos los precios inmobiliarios. Las cuadras con antena parabólica que Eugenio Hidalgo le erigió a su pony no definen a la jungla urbanística, ni a las bagatelas ecologistas en la isla más destruida del Mediterráneo, sino al negocio del siglo. Es la economía, estúpido, según gritaba Bill Clinton en su marcha hacia la Casa Blanca.
Los expertos coinciden al tasar la mansión agrícola de Hidalgo. ¿Una casa de 150 metros sobre una parcela de tres mil metros de la cotizada Andratx, con porches, altillos y un entorno protegido a perpetuidad por los mismos ciudadanos de quienes se mofa el alcalde al construir donde no debiera? "Puedes ponerla en el mercado por 250 millones de pesetas". Esa cifra equivale al sueldo en toda su carrera profesional de cada uno de los altos funcionarios -jueces y fiscales- que devanan estos días la madeja penal. A un trabajador medio le cuesta sesenta años reunir esa suma, si no come. Ni urbanismo, ni ecología, ni espeleología. Pasta gansa al arrimo de un cargo público.
Por tratarse de ustedes, y dado que los inmobiliarios siempre exageran, les dejaremos el gallinero parabólico e hiperbólico en 150 millones. La tesis no varía, porque esa cifra triplica los 50 millones en juego en el proceso del Túnel de Sóller, de magnitud indudable. Y así sucesivamente, hasta llegar a las 68 causas acumuladas en Andratx. Legal o no, la trama era muy rentable. ¿Ecología o economía?
El opíparo negocio no es una consecuencia sobrevenida, sino el origen de la residencia para ponies. El alcalde adquirió la parcela por 30 mil euros, a diez euros el metro cuadrado, ¡en Andratx! Casi da vergüenza reproducirlo sin risas en off. Intente encontrar un solar urbanizable -así ocurrió por voluntad de Hidalgo- en ese municipio por cien veces ese precio, con todos los ajustes por la inflación y la crisis que desee, sin suscitar carcajadas. Por 30 mil euros, en Andratx te venden la superficie suficiente para construir un cuarto de baño, no muy ancho. El fichaje del PP se garantizó una plusvalía estratosférica, en una inversión de riesgo nulo. A condición de que seas el alcalde.
La prisión debe quedar al margen del discurso periodístico pero, ya que existe, analicemos las cantidades que han llevado a ella a sus inquilinos. ¿Qué porcentaje de la población reclusa cumple penas por un aprovechamiento ilícito por encima de los 250 millones de pesetas? Coincidiremos en que más del 99 por ciento de los presos acumularon ganancias por debajo de la suma a debate, en el juicio de "la caseta ilegal que nos hemos construido todos los mallorquines".
La relación entre los delitos juzgados ahora y los condenados previamente certifica dos aprensiones. En primer lugar, demuestra que el caso Andratx es sustancioso económicamente, al margen de que sea sustanciado penalmente. Dado que el precio es el factor que mejor aprecia un mallorquín, se acredita la relevancia de Cas Pony. En segundo lugar, queda claro que la cárcel no se hizo pensando en los ricos, por lo que requiere esfuerzos ímprobos ingresar en ella cuando se computan ingresos medibles en cientos de millones de pesetas. Aceptemos la segunda cláusula -prisión sólo para pobres-, a cambio de que se nos respete la primera. En la Audiencia se ha radiografiado un pelotazo de aúpa.
* Diario de Mallorca - Opinión - 08 de mayo de 2008
El TS ratifica la primera indemnización por daño moral en Argoños
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ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El alto tribunal obliga al Gobierno regional y al Consistorio a pagar 9.000 euros a una pareja de Bilbao cuya vivienda será demolida en Argoños. Otras 300 familias esperan a que se resuelvan varios recursos para cobrar.
Una pareja de Zorroza, Jesús María y Araceli, será la primera familia en cobrar una compensación económica por el daño moral que las administraciones cántabras han causado a quienes llevan batallando más de una década para que sus viviendas no sean derribadas. El Tribunal Supremo acaba de hacer firme una sentencia que culpaba al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Argoños de que la casa del matrimonio de Bilbao vaya a ser pasto de las excavadoras. En su resolución, los magistrados obligan a las instituciones a indemnizarles con 9.000 euros.
El auto sienta un precedente muy importante, ya que, como Jesús María y Araceli, hay otras 300 familias a las que se les ha reconocido, en primera instancia, el derecho a ser resarcidas por el sufrimiento padecido, pero aún están a la espera de que se resuelvan diversos recursos. Dos casos -dos demandas colectivas que engloban a decenas de afectados- se encuentran ya en el Supremo. «Esperemos que el tribunal siga el mismo criterio que ha aplicado en este caso concreto», afirma esperanzado Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). Este colectivo se creó hace cinco años con el objetivo de unir fuerzas entre los propietarios -en su mayoría vizcaínos- de un millar de inmuebles que están condenados a la piqueta, después de que las licencias de construcción que habían recibido el visto bueno de las administraciones cántabras fueran declaradas ilegales por la Justicia. Toda esta «pesadilla» comenzó por una cascada de denuncias del grupo ecologista ARCA y ha atrapado a más de 2.000 personas.
Aunque no entra al fondo del asunto, el Supremo es contundente en su decisión y hace firme la sentencia anterior, que era favorable a la pareja de Zorroza. Los magistrados no han admitido si quiera a trámite los recursos presentados por el Ejecutivo regional y el Consistorio de Argoños por una cuestión de forma. Entiende que no debe pronunciarse sobre pleitos en los que hay en juego una cantidad de dinero inferior a 150.000 euros. Además, el órgano de Justicia condena en costas a los recurrentes y obliga al pago de mil euros más para que Jesús María y Araceli puedan costearse su abogado. Este dinero que ahora percibirán es independiente a las cantidades que cobrarán por el daño patrimonial una vez se derruyan sus casas.
Satisfacción
El auto judicial ha sido bien recibido por AMA, por cuanto supone «reconocer la culpa» de las administraciones y la «inocencia» de unos vecinos que compraron sus casas con todos «los parabienes» institucionales. «Eso sí, las indemnizaciones dictadas hasta ahora por daño moral-oscilan entre los 9.000 y los 12.000 euros, en función de si la vivienda afectada es primera o segunda residencia- no enjugan ni un ápice el sufrimiento que llevamos padeciendo durante más de una década por culpa de la negligencia de los organismos oficiales», censuró Videla. «Es más -añadió el presidente de AMA-, uno de se da cuenta de que las cantidades a cobrar son mínimas por más de diez años de incertidumbre y sufrimiento psicológico, cuando uno ve que, recientemente, una revista del corazón ha tenido que pagar a la hija de la duquesa de Alba 90.000 euros por haberle atribuido un supuesto romance». Desde la asociación de afectados lanzaron también un ruego: «Pedimos a todos los ayuntamientos que continúan recurriendo este tipo de sentencias, que renuncien porque se ha demostrado que lo único que hacen es malgastar el dinero público y ejercer el 'sumum' del maltrato contra los ciudadanos que hemos sufrido las desastrosas consecuencias de su nefasta gestión».
Además, Vilela llamó la atención sobre cómo ningún político ha asumido hasta ahora «responsabilidad alguna por todo este fiasco».
El presidente de AMA también exigió a las instituciones que busquen una salida, «lo antes posible», para que las 1.000 viviendas condenadas en la comunidad vecina no sean, finalmente, objetivo de las excavadoras.
* El Diario Montañés - JOSU GARCÍA - 08.05.2008
Foto: magen de la urbanización de Argoños afectada por sentencia de derribo. / DM
NOTICIA RELACIONADA: Un millar de viviendas siguen condenadas en Cantabria - El Diario Montañés - 08.05.2008
Los arquitectos dicen que los planes nacen viejos por exceso de corsés
LAVOZDEGALICIA* : Los planes urbanísticos son ahora un parto excesivamente complicado por el gran número de corsés y detalles con que se elaboran. Además, son objeto de confrontación política, muchas veces durante dos mandatos municipales. El resultado es que tardan entre ocho y diez años en aprobarse y que son ya viejos antes de nacer.
Es, a grandes rasgos, la reflexión que hizo ayer el decano del Colexio de Arquitectos de Galicia, Celestino García Braña, al abrir las jornadas sobre urbanismo que celebra la Diputación.
Los planes generales se están haciendo con esquemas de la ciudad industrial de hace 30 años -delimitada por las autopistas de circunvalación y no tan abierta como la actual- y son herederos de los procedimientos de los años 70. Además, «en vez de ser un elemento de cohesión, se convierten en un elemento de confrontación» entre gobierno local y oposición, advirtió García Braña, quien calificó de «extremadamente lento» el proceso de aprobación.
García Braña demandó una «nueva visión urbanística» en la que el planeamiento tenga una capacidad de respuesta «más rápida». Se trata de encarar los cambios sociales de un mundo globalizado en el que el capital se mueve con una enorme rapidez y hay necesidad de suelo industrial, residencial y de entretenimiento. «Todo esto exige una gran dinámica: si esa dinámica no se da, el plan que resulta es atrasado y manido», dijo.
El hecho de que ningún municipio pontevedrés tenga adaptadas sus normas a la ley del 2002 obedece a estas circunstancias y a que se quiere descender mucho al detalle. «Para descender al detalle -explicó- tiene que precisar enormemente y, cuando precisa, se carga de una cantidad tremenda de argumentos jurídicos. Desarrollar todo eso se convierte en un corsé para todo el mundo».
Cuellos de botella
Esta circunstancia hace que persistan los cuellos de botella en la tramitación, aunque la Xunta haya aumentado el personal que la revisa. Hay una «avalancha» de planeamiento sobre la mesa y, además, deben revisarse normas de gran complejidad que es preciso analizar «con mucha precisión y detalle», señaló García Braña. El arquitecto advirtió que no deben buscarse distingos políticos en esta situación. Cambiar la forma de hacer planes es una «responsabilidad del conjunto de la sociedad» y «no solo de una Administración o un ayuntamiento».
En su opinión, los planes no deberían descender tanto al detalle ni ser una foto fija. Tendría que ser posible modificarlos casi cotidianamente. En este sentido, apuntó que Barcelona tiene un plan con 30 años de existencia y 3.000 modificaciones, pero «segue a ser o mesmo plan».
* La Voz de Galicia - A. Castroverde - Pontevedra - 08.05.2008
Foto: Pontevedra, costa - lavozdegalicia.es
NOTICIA RELACIONADA: Frenar el bajo y cuatro en núcleos bien conservados ante los efectos «irreversibles» del bum edificatorio - La Voz de Galicia - 08.05.2008
Denia: Los vecinos exigen que el Ayuntamiento persiga el urbanismo ilegal
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INFORMACIÓN/Alicante* : Los vecinos de Dénia, o al menos los representados en la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad, no quieren más desmanes urbanísticos y ayer pidieron al Ayuntamiento tolerancia cero con las ilegalidades en el campo de la construcción.
Es hora, dijo su presidente, Fermín Ribes, de que se haga cumplir el planeamiento con todas las consecuencias, y que no se repitan casos como el reciente del chalé de la Cova de l'Aigua en Sant Joan, donde la oposición municipal ha impedido el derribo de la casa construida sobre un barranco que pretende demoler el equipo de gobierno.
Los representantes de la federación vecinal se reunieron en la tarde del martes en las dependencias del antiguo instituto de formación profesional para abordar varias cuestiones de su preocupación, entre ellas también la situación sanitaria de la ciudad o la inminente revisión del catastro en el término municipal.
Pero el urbanismo centró buena parte de la discusión. Los últimos casos polémicos, como el de la Cova de l'Aigua o el de las obras de construcción de un chalé por el concejal socialdemócrata Juan Sancho, no están dando un ejemplo adecuado a la ciudadanía.
Fermín Ribes se refirió al caso de la Cova de l'Aigua. Los vecinos no entienden cómo una obra declarada ilegal incluso mediante sentencia judicial no sólo siga en pie, sino que no haya manera de derribarla. Hace unas semanas, la intención del equipo de gobierno (PSPV-Bloc) de decretar la demolición tropezó otra vez con la alianza de los partidos de la oposición y el edil díscolo Juan Collado, que unieron sus votos para dejar el punto sobre la mesa.
"Las sentencias están para cumplirse", dijo ayer el presidente de la Federación de Vecinos.
De hecho, para Ribes, si el Consistorio se aplica en hacer cumplir el planeamiento urbanístico saldrán ganando todos los ciudadanos. "Nuestra filosofía es que cuanta más disciplina urbanística haya, será mejor para los vecinos". Por ello, cualquier obra debe "ajustarse al planeamiento, incluso cuando éste no nos guste".
Además, para los vecinos el Consistorio debe ser también rígido a la hora de prohibir cualquier edificación sin la necesaria urbanización previa, uno de los males que padece la ciudad desde hace décadas. Los vecinos, por otra parte, criticaron la falta de compromiso del gobierno de Dénia con el Consell de Participació Ciutadana.
* Información - SERGI GARCÍA - 08.05.2008
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)
Dimite un concejal de Lubrín tras imputarle un delito de prevaricación
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IDEAL/Almería* : Dio la licencia de primera ocupación a una vivienda construida en suelo rústico. Juan López Camacho ya no es concejal de Lubrín. Presentó su dimisión en el pleno del pasado lunes 28 de abril y sus compañeros se la aceptaron. Al abandonar su acta de concejal, también ha dejado de ser diputado provincial, porque para formar parte de la institución supramunicipal hay que ser concejal.
No son «motivos personales» como alegaron ayer sus allegados y compañeros los que han motivado que este ex alcalde del PSOE deje su cargo público, sino la imputación por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente de un delito de prevaricación urbanística.
Según el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera, al que ha tenido acceso IDEAL, los hechos se remontan a noviembre de 2006, cuando la Policía Autonómica denunció una construcción que aparentemente podía ser ilegal, en el término municipal de Lubrín. La Fiscalía de Medio Ambiente ordenó la apertura de diligencias para esclarecer los hechos comunicados por los agentes, su naturaleza y las circunstancias en las que se produjeron los mismos, así como las personas intervinientes.
Tras recopilar esta información, se dedujo la presunta comisión de delitos de tres de las personas implicadas. Por un lado está Isabel María Rumí Ramos, promotora de la vivienda y María Benita Campos Molina, como técnica directora de la obra. A las dos se las acusa por parte del fiscal de Medio Ambiente de haber llevado a cabo, «cada una dentro de sus competencias», una construcción con tipología de vivienda en una parcela, ubicada en el término municipal de Lubrín, situada en suelo no urbanizable de especial protección. Para hacerse este chalé en medio del campo, la promotora había solicitado al Ayuntamiento de Lubrín licencia de obra mayor para la construcción de una nave almacén de uso agrícola.
Primera ocupación
Por aquellos entonces, el alcalde era precisamente Juan López Camacho, el concejal que dimitió ayer. Su relación con este asunto está en que expidió la licencia de primera ocupación para que pudieran dar de alta el agua en este chalé encubierto.
El juez Alberto Blanco Barberá, en su auto de 11 de abril de este año, reconoce que estos hechos «pueden encuadrarse en la tipificación punible que el Código Penal hace del delito contra la Ordenación del Territorio», delito que imputa a Campos y a Rumí. Asimismo, imputa al ex alcalde un delito de prevaricación urbanística.
A pesar de que en un primer momento se hablasen de motivos personales para justificar el abandono, fuentes socialistas consultadas por este diario aseguraron que «el PSOE tiene establecido que cuando se imputa a algún cargo público por delitos urbanísticos o medioambientales, se tiene que presentar la dimisión, a diferencia de lo que sucede en el PP, que esperan para abandonar el cargo público a estar condenados». Realmente en este caso ha habido una máxima diligencia por parte de los dirigentes socialistas que han adoptado esta decisión, ya sean los del PSOE de Lubrín o los propios dirigentes provinciales de esta formación. Y es que no ha pasado un mes desde que el juez tramitara este expediente hasta que se ha producido la dimisión.
Fuentes jurídicas consultadas también por IDEAL aseguraron que además del delito de prevaricación urbanística, el ex concejal del PSOE de Lubrín podría haber incurrido en otro de falsedad en documento público, ya que un alcalde no puede certificar, sino informar y el ex edil expidió una licencia de primera ocupación para el chalé construido en suelo protegido cuando era regidor de la localidad de Lubrín.
Silencio
Este periódico contactó asimismo con responsables del PP de Lubrín, que declinaron pronunciarse sobre este tema y aseguraron que todo este asunto responde a «rumores» que hay en la localidad, obviando el auto del juez de Vera y la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Almería. Y es que el ex concejal y ex regidor Juan López Camacho parece contar con el respaldo del pueblo, ya que hay un máximo silencio y máxima discreción en el municipio en torno al posible delito cometido.
Zurgena
El caso más reciente en el que también se han visto imputados representantes públicos en delitos urbanísticos es el de la localidad de Zurgena. Aunque se trata de casos muy distintos, ya que en la localidad zurgenera se dirime la legalidad de un millar de viviendas construidas sobre suelo rústico y al ex edil de Lubrín sólo se le acusa de haber concedido una licencia en suelo no urbanizable y de especial protección, hay similitudes en estos dos casos. La principal cercanía es que la imputación a Juan López Camacho le viene de su época como alcalde. Sobrevuelan su cabeza los delitos de prevaricación urbanística y podría llegar el de falsedad en documento público. Son dos de los delitos que ya se le imputan a Cándido Trabalón, alcalde de Zurgena, en la supuesta trama urbanística que destapó el mes pasado la Guardia Civil en la denominada 'Operación Costurero' llevada a cabo en la localidad.
* Ideal - ÁFRICA MATEO - 08.05.2008
Foto: Lubrín (Almería) - andaluciarustica.com
Vía libre para juzgar al ex alcalde de Oropesa
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ELPAÍS* : La Audiencia de Castellón ha desestimado el recurso de un imputado en el caso del edificio Mar de Oropesa, con lo que da luz verde a que acusación particular y fiscalía soliciten la apertura de juicio oral. En el procedimiento están imputados el ex alcalde de Oropesa Francisco Garrido, otros dos ediles del grupo independiente -en el gobierno municipal en 2003, cuando se originó el caso- y Juan Manuel Ribes, después expulsado del PSPV.
El arquitecto municipal también figura como imputado. El caso se abrió después de que un particular presentara una denuncia basada en la autorización que el Ayuntamiento de Oropesa otorgó para construir dos bloques de apartamentos sobre un suelo terciario destinado a cámping. Las acusaciones se centran en un posible delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. Las penas estipuladas para estos casos ascienden a cerca de nueve años.
El arquitecto municipal fue quien presentó recurso contra la decisión de la titular del juzgado de instrucción número 4 de Castellón. Alegaba que el cuestionamiento de la actuación municipal se ceñía al ámbito de lo contencioso. Sin embargo, la audiencia considera que el arquitecto emitió un informe favorable a la concesión de una licencia "que contravenía el plan general, del que era conocedor". Así, la Audiencia sigue la línea que marcó la juez en su auto, en el que señalaba que los cuatro concejales autorizaron la construcción de apartamentos en un suelo "incompatible con la edificación de viviendas residenciales" y añade que, pese a ello, el arquitecto "emitió informe favorable" pese a que existían otros tres informes desfavorables (de la secretaria, del colegio de arquitectos y del servicio territorial de Urbanismo), en los que, además, se advertía de la ilegalidad del proyecto.
La aprobación se remonta a 2003, con lo que el edificio ya está construido y habitado pese a que ni siquiera está legalizado. De hecho, el PP, en la anterior legislatura y cuando ya gobernaba el actual alcalde, Rafael Albert, trató de legalizar los edificios con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada en un pleno que, posteriormente, fue anulado por vía judicial debido a un defecto de forma.
La participación del equipo de gobierno del PP en el intento de legalizar el proyecto llevó a la fiscalía a que la imputación se ampliara a los ediles que formaron parte de ese intento.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 08/05/2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), edificio Mar - R.Muñoz (Levante)
