DIARIODEMALLORCA* : Sobre los papeles, el complejo que alberga la nueva terminal de autobuses de Alcúdia, con una oficina de información turística y varias salas polivalentes, está en su recta final. Pero la realidad es bien distinta, y en el solar de lo que en su día fueron las antiguas casas de can Ramis, de propiedad municipal, sólo se han derribado éstas y colocado unos pocos cimientos.
Pese a ello, los arquitectos municipales Antoni Ramis y Juan Carlos Sopena han certificado que en el lugar se han ejecutado obras por valor de 1.173.117, 78 euros, dando así por acreditada la construcción de las paredes y cubiertas del nuevo inmueble, los trabajos de carpintería y vidriería, la instalación eléctrica e iluminación, fontanería, climatización, megafonía o los ascensores, entre otros acabados.
La obra fue adjudicada el 28 de agosto de 2006 a Crespí, Construccions d´Obres Públiques S.L.U. por un presupuesto de 1.559.658 euros y un plazo de ejecución de once meses y tres semanas. El proyecto consistía en demoler las viejas casas de can Ramis y en su lugar levantar un moderno edificio multiusos, además de adecuar su entorno. A día de hoy la obra arrastra un serio retraso por diversos motivos, y sólo se ha realizado la reforma de los alrededores, construyendo una plaza entre el solar de la futura estación y las murallas.
Falsear la realidad al Consell
Todo ello ha suscitado una dura denuncia del PP, en la oposición. Su portavoz, Coloma Terrasa, tilda de "incomprensible" esta demora, y carga contra el equipo de gobierno de UM y PSOE por su "mala planificación". Con todo, para Terrasa "lo más fuerte" es que el Ayuntamiento "haya acreditado por escrito y comunicado al Consell de Mallorca -que financia la mayor parte de la obra- que ya están puestos y pagados el techo y las paredes, la barra del bar y la de la oficina turística, el mostrador de la terminal de autobuses, las encimeras de los baños, los ventanales y sus cristales o el aire acondicionado, algo totalmente falso y que cualquiera ve a simple vista".
Hasta el momento, el Ayuntamiento lleva presentadas 7 certificaciones de obra ante el Consell para justificar las subvenciones -la última el 25 de enero de este año, por un montante de 34.652 euros-. Según las cuentas oficiales, quedan por ejecutar obras por valor de 351.893,22 euros, una cifra claramente corta ante la magnitud de lo que realmente falta por levantar.
Ante esta situación, la portavoz del PP exige "una explicación pública, clara y coherente de por qué motivo se han certificado y abonado unas obras no realizadas e inexistentes a día de hoy".
* Diario de Mallorca - MATEU FERRER. ALCÚDIA - 27 de abril de 2008
Foto: Aspecto ayer del solar donde se levantaban las casas de can Ramis, con la nueva terminal de autobuses teóricamente construida/ Guillem Bosch, diariodemallorca.es
El Ayuntamiento de Alcúdia certifica y paga 1,17 millones por obras sin ejecutar
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Tema: NOTICIAS Baleares
El Concello de Vigo no hace casi nada
LAVOZDEGALICIA* : El Ayuntamiento ha desaparecido de la vida de los ciudadanos. O casi. Treinta años de privatizaciones y externalizaciones de departamentos y actividades han desprovisto al Concello del control de los principales servicios a la ciudadanía. Lo denunciaban esta semana los sindicatos, al conocer el último proyecto de privatización puesto en marcha por el Concello, el del servicio de vías y obras.
Con la reparación de los baches se irá lo poco que le quedaba a un Concello con 1.300 trabajadores en plantilla. Son muchos, sí, pero la mayoría ejercen como policías y bomberos. El resto se centran casi exclusivamente en labores de administración y oficinas: son la burocracia. A ellos se une un grupo cada vez más reducido de trabajadores que han ido perdiendo funciones. «Si seguimos así, acabaremos llevando citaciones. Y las máquinas del Concello, mientras, paradas», ilustra uno de los herreros de vías y obras, departamento que llegó a tener cien operarios que hacían todo lo que hoy hacen empresas que le cuestan una millonada al Ayuntamiento.
Antes les pasó a otros muchos, que pueden corroborar que en Vigo las privatizaciones no dependen del partido que gobierne: son una constante desde que en 1969 se adjudicó a una empresa el transporte público en autobús, que nacía para sustituir a los vetustos tranvías. Era Vitrasa y la adjudicación se produjo en medio de los rumores de mordidas bajo cuerda que después han acompañado a la mayoría de las privatizaciones y externalizaciones realizadas desde el Concello.
Las Koplowitz, alcaldesas
Ya en democracia, abrió la caja de los truenos Manoel Soto, que entregó gran parte de su poder al imperio Koplowitz. FCC se hizo en primer lugar con la limpieza y la recogida de basuras, un servicio al que dotó de personal contratando a los más de 300 trabajadores que se encargaban de ello en el Concello. Volvieron los rumores de mordidas y movimientos turbios, nunca probados. Más tarde, las hermanas más ricas de España ganaban galones al hacerse con la gestión local del agua, uno de los servicios que más beneficios reporta. Después su saca engordó con las grúas (hoy en manos de otra empresa), la limpieza de las playas y la gestión de la zona de aparcamiento limitado (la ORA, hoy convertida en XER y gestionada por Dornier).
Aunque el honor de dar lustre al poder de las Koplowitz no fue exclusivo de Soto. Tras él todos los alcaldes contribuyeron con prórrogas que en muchos casos aún se mantienen. Y de paso se incorporaron nuevas empresas: hoy hay más de 30 que trabajan para el Concello, a las que se suman decenas en pequeños contratos y decenas de trabajadores fijos contratados dentro de asistencias técnicas o como autónomos.
Por eso el Concello ya no hace hoy casi nada. La torre municipal no es más que un edificio de oficinas en el que hasta la recaudación de impuestos está en manos de una veintena de trabajadores que no son de plantilla, sino que ejercen casi como autónomos. Tampoco es el Concello quien vigila los coches de ciudadanos en los párkings municipales. La situación llega al punto de que si una luz se funde en las calles, es una empresa privada la que las sustituye y si hay un accidente en un túnel, otra compañía es la que avisa. Lo mismo si falla un semáforo, se cae una señal o hay que pintar una calle. Y si se aparca mal, la multa de la zona azul la pone el operario de una empresa privada, y el coche se lo llevan las grúas de la compañía Setex Aparkisa, que se embolsa 1,7 millones al año por levantar turismos. Ya sin coche, la opción es ir a pie por las calles que limpia FCC y los jardines que adecenta Cespa, o subirse a un bus de Vitrasa. Y si hay dudas sobre los servicios municipales siempre se puede llamar al 010 para resolverlas. Otras 1.600 personas que mantienen viva la maquinaria municipal desde empresas privadas que facturan cada día en el Concello una media de 150.000 euros. Mientras, el Ayuntamiento se encarga de la burocracia y sestea, porque hasta la limpieza de sus dependencias depende de una de las empresas privadas que de facto gobiernan Vigo.
* La Voz de Galicia - Alberto Magro - 27/4/2008
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
NOTICIA RELACIONADA: «Antes lo realizábamos todo más barato que las empresas, pero ahora nos tienen aquí parados» - La Voz de Galicia - 27/4/2008
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Tema: NOTICIAS Galicia
Canarias: La Justicia pone en su sitio a la política
LAPROVINCIA/Las Palmas* : A golpe de sentencia. De esta manera tan contundente la Justicia responde últimamente a algunos desaguisados de los políticos. Sobre todo, los jueces están siendo especialmente 'claros' con la política del ladrillo y la especulación.
En los últimos tres meses, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha notificado seis sentencias que censuran duramente la política realizada en las Islas por el Partido Popular y por Coalición Canaria, fundamentalmente. Las consecuencias de estos fallos judiciales se resumen en cientos de millones de euros de perjuicio para la Administración, o lo que es lo mismo, para el contribuyente canario, por haber hecho las cosas mal las autoridades competentes. El Gobierno autónomo, con CC al frente, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el PP en el poder, se llevan la mayor parte de los últimos 'rastrillazos' recibidos en forma de sentencias, que es como 'hablan' los jueces.
La última, dura y contundente, el pasado viernes, cuando la Sala obligaba por segunda vez al Gobierno canario a pagar indemnizaciones por la polémica moratoria, una Ley que, visto lo visto, parece haberse redactado en una especie de 'colegueo' entre el Ejecutivo regional y el Parlamento de Canarias. Y si no, obsérvese lo que recoge el magistrado ponente del fallo y presidente de la Sala de lo Contencioso, Francisco José Gómez Cáceres, al respecto: "La Sala deja constancia de lo difícil que es aceptar, en casos tan explícitos como este, la efectiva separación de poderes que respectivamente ejercen el Gobierno de Canarias y el Parlamento, órgano este que cabalmente tiene entre sus funciones la de controlar precisamente al Gobierno canario. La impresión que produce este modo de actuar es como si hubiese existido una delegación legislativa en el poder ejecutivo". En habituales se han convertido ya este tipo de expresiones en las sentencias judiciales.
Anteriormente, la misma Sala pero distinto ponente, Javier Varona, volvió a condenar al Gobierno de Coalición Canaria a pagar indemnizaciones millonarias por la moratoria. Varona, tras analizar la citada Ley de Directrices, la resumió de la siguiente manera: "No existen antecedentes normativos que hayan suspendido de forma indefinida el otorgamiento de licencias en suelos en los que el propietario había cumplido con los deberes urbanísticos concretos". O dicho de otra manera, se paraliza la concesión de licencias turísticas a pesar de que los empresarios que las solicitan cuentan con toda la documentación en regla. La consecuencia, de momento, es que por estos dos fallos judiciales el Gobierno tendría que pagar a los empresarios en torno a los veinte millones de euros, o lo que es lo mismo, unos tres mil trescientos millones de pesetas.
SORIA Y LUZARDO. La política urbanística realizada por José Manuel Soria y Pepa Luzardo, ambos del Partido Popular, en los últimos ocho años de gobierno antes de la llegada del PSOE, ha recibido varapalos judiciales igual de duros que el Gobierno de Canarias, o más aún. A finales del mes de enero del presente año, en una sentencia que contó con la magistrada Cristina Páez como ponente, la Sala tumbaba uno de los proyectos urbanísticos estrella del mandato del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: El solar de la calle Pavía en el que se proyecta un edificio singular de treinta y tantas plantas en primera línea de la Playa de Las Canteras tendrá que ser paralizado debido a la especulación municipal con un suelo que expropió a sus titulares para construir una zona libre y deportiva.
Lejos de cumplir con lo pactado a través de un convenio urbanístico firmado con la familia propietaria, el Partido Popular al mando en el Ayuntamiento entonces decide recalificar el suelo e incluirlo en una permuta con los tan ansiados terrenos de El Confital. Dicha permuta permitió, a su vez, a los dueños de El Confital vender el solar de Pavía a la constructora Evemarina, por 33 millones de euros. Todo está en el aire ahora tras la sentencia que obliga a iniciar el expediente de reversión, es decir, que cada uno devuelva lo que se quedó o que pague por ello. Algunas estimaciones cifran en 30 millones de euros lo que tendrá que abonar el consistorio capitalino para dar cumplimiento a la sentencia.
No ha sido el único varapalo judicial a la política urbanística realizada por el Partido Popular. Pocos días después de la sentencia de Pavía, a mediados de febrero del presente año, la Sala de lo Contencioso tumbó otro gran proyecto de Soria: El Canódromo. Los vecinos recurrieron ante la Justicia el Plan Especial elaborado en 2003 que cambió un parque por 120 viviendas. Y todo con las torres de pisos iniciadas por la constructora Realia. Esta actuación se investiga en la vía penal, en la que Pepa Luzardo y Felipe Afonso El Jaber han sido citados a declarar como imputados.
La Sala también ha tumbado la demolición del Estadio Insular, zona con la que, en la época popular, se especuló con una zona residencial de lujo.
Las continuas anulaciones del proyecto de la autovía del norte o la calificación de "demencial" a un contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Telde a la empresa Santana Cazorla, son otros ejemplos. La Sala no entiende de colores políticos. Lo ha demostrado en tres meses.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 27 de abril de 2008
Foto: Las Palmas, sede gobierno Canarias - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Canarias
"En Alicante el transporte público es casi decorativo"
ELPAÍS/Entrevista* : La plataforma por la Movilidad Sostenible se creó en 2005 para contribuir a mejorar la calidad de vida y que la movilidad deje de ser un factor de estrés gracias a un transporte público eficiente. Una ambiciosa pretensión que reúne ya a más de 30 colectivos cívicos.
Javier Cobela (Alicante, 1968), que preside la plataforma, sabe que el reto es complejo en una sociedad donde el rey es el coche.
Pregunta. ¿Por qué dice que el transporte público en la ciudad de Alicante es un desastre?
Respuesta. En líneas generales, hay un problema de organización de la red, ya que no todos los autobuses van donde tienen que ir. Hay un problema de fiabilidad: horarios que no se cumplen, falta frecuencia en algunas líneas y franjas horarias. Algunos de estos problemas son subsanables con poca inversión.
P. ¿Cree que es peor que en otras ciudades?
R. Sin duda. Algunos aspectos son mejorables y en otras zonas están resueltos. Por ejemplo la información al usuario. Los mapas están en revisión desde hace casi dos años. Pero hay otros. Proponemos otra tarificación: los jubilados tienen gratis el acceso al autobús. Creemos que eso es ampliable a otros segmentos de la sociedad que tienen problemas económicos. Son cosas que en otras ciudades existen. Proponemos un abono mensual e incluso anual.
P. ¿Influye en la calidad que algo tan esencial como el transporte público de autobús esté en manos privadas?
R. Hoy por hoy la pelota está más en el tejado del Ayuntamiento de Alicante y de la Generalitat, que son los titulares de los dos servicios del transporte por autobús del área metropolitana de Alicante. Pensamos que la gestión directa de los servicios públicos tiene un plus de calidad. En Valencia, la EMT es municipal y el funcionamiento es mejor. ¿Es achacable al tipo de explotación? Creemos que no, que hay mucha responsabilidad de la administración.
P. Deme tres propuestas para mejorar el autobús público
R. Una entidad metropolitana que represente a todos los municipios, una planificación seria y recursos bien gestionados.
P. ¿Qué ha aportado el tranvía a la movilidad?
R. Para zonas muy concretas como la costa de El Campello es una oferta extraordinaria, pero su implantación, en general, es precaria. La línea 1, que es la única que funciona, está dando grandes problemas de frecuencia, y la línea 2 es un proyecto.
P. ¿Puede servir para descongestionar el tráfico?
R. Sí, apostamos por el tranvía como concepto. Lo que cuestionamos es cómo se está implantando. Pero el tranvía nos parece una herramienta muy potente para animar a los ciudadanos a que dejen el coche en casa.
P. ¿Por qué se sigue prefiriendo el coche?
R. La sociedad presiona para que consumas coche. Pero en Alicante, el problema es que la oferta alternativa no es mejor que el coche en muchas ocasiones, y el usuario usa la menos mala de las alternativas
P. Se ve poco a la gente en bicicleta por Alicante.
R. La ciudad no es ideal para usar la bicicleta, más que nada por la presencia abusiva del automóvil a gran velocidad. Pero cuando decides probar te das cuenta de que tiene más ventajas que inconvenientes.
P. ¿Cómo califica la gestión del PP en materia de transporte público y movilidad?
R. En Alicante, el transporte público es casi decorativo.
* ELPAIS.com - ROSA BIOT - Alicante - 27/04/2008
Foto: Alicante - Alicante Confidencial
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Madrid: Sigue el traspaso de bienes municipales a la iglesia
DIAGONAL* : El ya muy favorable acuerdo suscrito entre el arzobispado y el Ayuntamiento en tiempos de Álvarez del Manzano está siendo mejorado por la actual administración municipal en detrimento de los equipamientos básicos en los barrios peor dotados. La cuestión viene de lejos y la acumulación escandaliza. A las 22 cesiones de Álvarez del Manzano, con sus casi 43.000 m2, se suman 16 más bajo la administración de Gallardón con otros 21.000 m2 más.
El movimiento vecinal no ha cesado en sus protestas en los más de diez años que lleva viendo cómo los espacios municipales que debían destinarse a fines sociales pasan a manos del arzobispado para usos no determinados ni controlados. Y también, en este contexto, el grupo municipal de Izquierda Unida- Madrid ha pedido que destine estas parcelas, valoradas en 120 millones de euros, según el grupo municipal a “fines sociales y no a negocios como colegios privados”.
Vecinos de Butarque en lucha
“D.E.A. APR 17.10, Butarque, Villaverde”. Éste es el nombre oficial de la parcela de la discordia para los vecinos del barrio de Butarque en el distrito de Villaverde. La Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (AVIB) está intentando convencer al Ayuntamiento para que archive el expediente de cesión de este espacio con el irrefutable argumento que dice que el lugar que ocupa un cuerpo no lo puede ocupar otro. Y es que el barrio realmente tiene un déficit importante de cuerpos sociales y culturales, mientras, a tan sólo 500 metros de la parcela de la discordia ya existe una parroquia en funcionamiento.
Las normas del propio plan de ordenación urbana de Madrid definen en un mismo grupo de usos del suelo los solares que se deben destinar a equipamientos culturales sanitarios y de bienestar social y los que son para uso religioso. De esta forma, las cesiones de terrenos clasificados en este grupo van mermando el saldo de espacios municipales para los otros usos del mismo grupo, en la actualidad y en el futuro. Cada día se nos trasmite que el suelo público es un bien escaso. AVIB alega para ilustrar el problema los equipamientos del barrio: dos colegios de primaria, un centro de educación para adultos, un centro de mayores y un centro de día. Y resalta el contraste que se produce con las 13 parroquias con las que cuenta el distrito municipal de Villaverde, en la zona sur de Madrid, donde se encuentra el barrio de Butarque.
Para dimensionar el problema hay que considerar que según los últimos datos disponibles la población del barrio ronda las 15.000 personas, pero esperan la próxima incorporación de 10.000 nuevos vecinos que llegarán con los nuevos desarrollos de la zona, que además harán disminuir por comparación el suelo destinado a equipamientos básicos, agravando la actual situación. Señalan, además, que se está presuponiendo una determinada confesión, tanto en los términos actuales como del futuro incremento de población de alrededor del 70%.
El ofrecimiento de esta parcela por parte del Ayuntamiento deriva del rechazo arzobispal a una oferta anterior que consideraron poco adecuada. La actual, más céntrica dentro del distrito, supera los términos pactados en el acuerdo de 1997, en el que la iglesia cifraba las necesidades para construir sus parroquias en 1.500 m2 de suelo edificable. La parcela objeto de la discordia cuenta con 2.650 m2 edificables, lo que generará una plusvalía de más de 700.000 euros a favor del patrimonio del arzobispado, según las alegaciones de los vecinos.
* Periódico Diagonal - Aída Álvarez Blanco, Madrid - 17 abr - 30 abr 2008
Foto: Las manifestaciones que reclaman más equipamientos sociales, sobre todo centros de salud, han sido constantes en los últimos años / Juan Carlos Rojas, diagonalperiodico.net
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Tema: NOTICIAS Madrid
"Lo humillante para Murcia es la corrupción generalizada"
CHEMA GIL* : Nunca los Murcianos hemos sido vistos por el resto de ciudadanos tan mal como en los últimos años. Cuando hablas con periodistas de otros puntos de España sobre la corrupción en la Región de Murcia tienes que escuchar frases duras, contra las que no tienes respuestas contundentes. Recientemente estuvo por la Región un periodista de Le Monde, Francoise Benoît, estuvimos hablando sobre las investigaciones realizadas entorno a varios asuntos, unos que ya han salido a la luz y otros que están pendientes de aparecer. Cuando comprobó documentalmente algunos asuntos, quedó estupefacto.
Días atrás vino una periodista del Internacional Herald Tribune/ New York Times…yo alucinaba bastante con el hecho de que la historia de un periodista de Murcia pudiera interesar a un medio de comunicación como éste. Venía la 'enviada especial' desde Italia y, cuando comprobó determinadas reacciones de nuestra Región, frente a supuestos casos de corrupción, dijo que nuestra tierra tenía componentes propios de Sicilia. Periodistas amenazados, políticos criminalizando la acción de la Justicia, misas y rezos pidiendo por personas detenidas. La periodista no podía entender que eso pasara en una España que en el mundo suena como un país moderno.
Eso sí es humillante. Valcárcel sigue paseando con el Audi 8 de la Comunidad por España, detrás y delante de Mariano Rajoy…ya veremos qué pasa dentro de un cierto tiempo, ya veremos.
Es humillante que un partido que gobierna mantenga en sus cargos públicos a personas que están siendo investigadas por la Justicia y contra las que se han adoptado medidas extraordinarias como el ingreso en prisión.
Alcaldes detenidos, diputados en libertad bajo fianza, decenas de cargos públicos imputados y el PP de Ramón Luis Valcárcel como si oyera llover; y el PSOE de Saura, a verlas venir. La excusa que la mediocre ejecutiva socialista utiliza para callar, cuando debiera hablar, es que si hablan pierden votos. Te lo dicen así y se quedan tan frescos.
Juan Carlos Ruiz, que a juicio de Valcárcel podría ser un perfecto candidato a la Presidencia de la Comunidad (¡que Dios nos pille confesados!), ha dicho que 'lo del minitrasvase de Barcelona es humillante para los murcianos', de la corrupción no habla…bueno sólo lo hace cuando el tema, supuestamente afecta a otros, los suyos no, los suyos mean colonia.
Vamos a ver, lo que es humillante para los murcianos son los casos de corrupción y determinados silencios vergonzosos; lo humillante para esta Región es comprobar -tal como va a pasar- que el modelo de desarrollo implantado en esta Región por el PP, con un desarrollo salvaje, con una falta absoluta de planificación de servicios, nos ha llevado a que los próximos meses veamos como va todo a la ruina, pero es igual, ya sabemos lo que dirá Valcárcel, la culpa es de Zapatero. Todo lo que se hace mal es por culpa de otros; eso denota una falta de honestidad política que en otros sitios hubiera llevado a la gente a la calle.
Lo humillante para esta Región es comprobar lo que dicen determinados consejeros, con la boca chica, del propio presidente y del propio gobierno regional. Lo humillante de esta Región es tener una oposición, la del PSOE, tan pobre, tan falta de ideas, tan falta de discurso. Lo humillante para esta Región es tener ayuntamientos como Totana, sometidos a investigación por casos de corrupción, y en los que la deuda municipal es asfixiante, con decenas de convenios bajo sospecha judicial y, pese a todo, se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana, presidiendo el Pleno un alcalde que acaba de salir de prisión bajo fianza, y encima haya ciudadanos aplaudiendo a los responsables de la gestión municipal.
La imagen que esta Región da al mundo es una verdadera mierda, por culpa de unos cuantos políticos, empresarios conniventes y funcionarios despreciables. Nos miran escandalizados y con razón.
Encima, donde pueden, van y sueltan que la culpa es de los periodistas que informamos…es decir, no es malo que haya un cáncer, para ellos, lo malo es que se sepa que hay un cáncer…en definitiva, matar al mensajero. Pero no se vayan a creer, de esa misma manera piensan algunos directores de medios de comunicación, pasteleando con los cuartos, antes que pelear por los intereses reales de esta Región.
Que se ganen muchos votos no es excusa, la Historia está llena de vomitivas victorias electorales que han destrozado la historia de los pueblos. De ahí que la actitud del líder de IU en Murcia, José Antonio Pujante, "seguiremos denunciando la corrupción aunque nos cueste votos", me parece un soplo de aire fresco y un compromiso moral y ético imprescindible.
¿Murcia humillada por el minitrasvase del Ebro?, venga Valcárcel, no me joda usted, humillada por el minitrasvase del Ebro, manda huevos.
Coda: En fin, uno, que pensaba retirarse pronto a los cuarteles de invierno, al final, tiene que decidirse por seguir en la brecha. ¡Más madera!, hace falta que los murcianos sepan más cosicas de las que se mueven entre las bambalinas del poder, nombres, intereses, empresas...hace falta una catarsis y ésta vendrá de la información, de nuevos asuntos, hasta que los ciudadanos sientan vergüenza ajena y cuando vean a los responsables de ciertos asuntos por la calle les escupan a la cara. ¿Es eso lo que hace falta?, pues hay que hacerlo, hasta el final, con todas las consecuencias, caiga quien caiga, desde la Política hasta la Justicia, caiga quien caiga.
* Vegamedia Press - Chema Gil - 22/04/2008
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Murcia
Ourense: Un detalle aparentemente marginal fue suficiente para anular el PXOM
LAVOZDEGALICIA* : El recurso que ha dado lugar a la sentencia que anula el Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM), que ha provocado una muy considerable tormenta en los ámbitos político, administrativo y empresarial, invocaba y presentaba un gran número de irregularidades sobre las que el tribunal no llegó siquiera a entrar, al considerar suficiente el vicio no subsanable detectado en el procedimiento de exposición al público.
La iniciativa del particular que ha conseguir echar abajo el PXOM, al margen de que la resolución no sea firme en tanto el Tribunal Supremo no diga la última palabra, incluía decenas de planos y detallados análisis de distintas intervenciones urbanísticas, en las que se reflejaban las diferencias entre el anterior plan general del año 1986, la propuesta sometida a aprobación inicial en el año 2002 y el resultado final aprobado en última instancia por la Consellería de Política Territorial en abril del 2003.
Este recurso y su contenido, fruto de un detallado, meticuloso y concienzudo trabajo, era, como la realidad se ha empeñado en demostrar, el que más preocupación causaba en medios empresariales vinculados al sector de la construcción y también en la órbita del PP, la formación que aprobó el plan en solitario. Era, según la coincidente interpretación de distintas fuentes consultadas por este periódico, el recurso que más inquietaba. De hecho, en distintos momentos y por diferentes vías, hubo desde medios empresariales y populares maniobras de aproximación al recurrente, con el fin de intentar un acuerdo con él para que retirase su contencioso. Evidentemente, no prosperaron los contactos.
El recurso de este particular contra la totalidad del PXOM hacía referencia solo de pasada a la situación de la ficha urbanística número 22.12, que, como dice la sentencia, corresponde al inmueble de la rúa Curros Enríquez, 1, la Torre de Ourense, donde el recurrente tiene intereses personales. Siendo un apunte menor, de acuerdo con el sentir de quienes conocían el recurso, ha sido el único al que hace referencia la sala de lo contencioso en su sentencia, sin entrar en el resto de actuaciones donde se apuntaban las diferencias más llamativas entre planos, que son, según fuentes conocedoras del caso, las que registran los cambios en los uso del suelo más aparatosos y espectaculares.
Al haberse quedado la sala en la constatación de las diferencias en los planes, ya no ha entrado en el fondo del asunto, que es lo que también pretendía el recurrente. «La discrepancia entre los planes expuestos y los que figuran en el expediente como aprobados inicialmente lo que significa es que lo que se aprobó inicialmente no fue sometido a información pública, y este es un vicio que no puede subsanar la falta de reclamaciones o que determinados propietarios resultasen beneficiados por mayores posibilidades de edificación, pues la información atiende a intereses generales, no a los particulares de unos propietarios», como recoge la sentencia del Tribunal Superior de Galicia.
La actuación del particular que ha ganado este recurso y ha conseguido la anulación del PXOM no se había quedado en la documentación notarial de la ausencia de testimonios, sellos o firmas, en los documentos y planos que se exhibieron en la fase de exposición al público del plan. También solicitó formalmente (y obtuvo) copia de esos planos y más tarde, dos días antes de que en marzo del 2003 se celebrase el pleno municipal en el que se aprobó el PXOM, alertó por escrito sobre las supuestas irregularidades y sobre la posibilidad de consecuencias penales si se daba luz verde al plan. Su advertencia cayó en saco roto.
* La Voz de Galicia - Pepe Seoane - 26/4/2008
Foto: Ourense - PILI PROL, lavozdegalicia.es
NOTICIA RELACIONADA: El desenlace del conflicto se enrarece con la posibilidad de que lleguen a reclamarse responsabilidades penales - La Voz de Galicia - 26/4/2008
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Tema: NOTICIAS Galicia
La Comisión Europea halla indicios de ilegalidad en una ZAL de Los Barrios
DIARIODECÁDIZ* : El eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein ha informado hoy en Algeciras de que la Comisión Europea ha encontrado indicios de que los trabajos de construcción de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en El Fresno podrían vulnerar la legislación europea.
Hammerstein ha señalado que la cuestión se abordó el pasado 2 de abril, «en las reuniones periódicas que se celebran entre la Comisión Europea y el Gobierno Español para hablar sobre posibles infracciones».
Según el parlamentario europeo, «el primer problema es que las obras se construyen en una zona del río Palmones que ha sido propuesta para su integración en la Red Natural 2000».
El segundo argumento planteado por Los Verdes en contra de la legalidad de la iniciativa es que «los terrenos son inundables».
Por ello, Hammerstein exigirá a la Comisión Europea que «dé un serio aviso e incluso ponga una multa a las autoridades competentes por no tener en cuenta las figuras de protección europea cuando plantearon la obra»
"Lo que ocurre es que las cosas del palacio europeo van despacio y, por desgracia, cuando entramos una infracción sólo llegamos a tiempo para actuar 'in articulo mortis', sólo a tiempo para la autopsia», ha dicho Hammerestein.
El eurodiputado también ha propuesto alternativas a los proyectos del Gobierno central y de la Junta de Andalucía para poner remedio al desempleo causado por la construcción mediante el fomento de las obras públicas.
"Creo que sería una gran equivocación reaccionar ante la crisis abriendo la veda a cualquier tipo de obra pública por destructiva o innecesaria que sea», ha afirmado el parlamentario europeo.
Hammerstein ha recomendado ceñirse a la «estrategia de Lisboa, basada en la sociedad del conocimiento, en crear una Europa competitiva y al mismo tiempo de una Europa líder en cuestiones ambientales».
La potenciación de las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo del turismo ecológico y el impulso de las energías renovables serían, según Hammerstein, «opciones viables en esta línea».
* Diario de Cádiz - EFE - 26.04.2008
Foto: Los Barrios (Cádiz), polígono industrial - uca.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Caso Zurgena: especulación urbanística
La Federación Almeriense de Ecologistas en Acción* manifiesta a la opinión pública su posición con respecto a las detenciones preventivas y la libertad bajo fianza del Alcalde de Zurgena y de otros presuntos implicados en irregularidades urbanísticas. Estas detenciones y posteriores puestas en libertad con cargos significa que los jueces son conscientes del problema estratégico que tiene planteada la provincia almeriense con el estado actual de desorden y caos urbanístico.
Cuando en el futuro se recuerde esta época quedará claro que no todos se plegaron a la inmediatez del lucro a corto plazo.
Almería ha visto en pocos años el crecimiento de grandes superficies de edificios que son habitados durante pocos días al año, sobre todo en el litoral almeriense y a las miles de viviendas construidas ilegalmente, sin ordenación, en el medio rural como vivienda residencial. Esto es insostenible dada la carencia de recursos hídricos naturales. Asociar a este crecimiento insostenible campos de golf no hace más que desequilibrar profundamente la sociedad almeriense. Es pan para hoy y hambre para mañana. Hambre que veremos reflejada en paro, conflictos sociales y ambientales cada vez más agudos.
El caso de Zurgena nos muestra claramente que las formas utilizadas para crecer en el valle del Almanzora han rozado y presuntamente incursionan directamente en la ilegalidad. Ni Zurgena ni Almería deben ser tierra alejada de la justicia, porque cuando eso ocurre prevalece el más fuerte económicamente, y esa es causa y origen de desorden social.
Las formas y contenidos de esta última fase de gran crecimiento inmobiliario, se ha hecho a expensas del patrimonio de todos los almerienses. El tiempo mostrará claramente quienes a han beneficiado y a quienes no.
Por lo tanto desde Ecologistas en Acción-Almería pedimos a la justicia que siga atentamente la información proporcionada permanentemente por la Guardia Civil, y por ende que no se desestime o se deje sin curso, como está ocurriendo en la mayoría de casos, las denuncias del SEPRONA.
Aprovechamos esta oportunidad para dar públicamente nuestro respaldo a la acción de protección del patrimonio natural de todos los almerienses que viene desempeñando la Guardia Civil, y particularmente ahora en el caso del valle del Almanzora.
* Ecologistas en Acción de Almería - 23.04.2008
Foto: Zurgena (Almería) - teleprensa.net
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Andalucía
3.000 manifestantes piden en Pontevedra el traslado de Ence
ELPAÍS* : Alrededor de 3.000 personas se manifestaron ayer en Pontevedra, convocados por la Asociación pola Defensa da Ría, para exigir el traslado del complejo industrial antes de 2018, fecha en que vence la concesión de la planta de celulosa que contamina la ciudad.
La movilización de ayer se produce en "un momento de especial trascendencia" en este largo proceso de lucha, tal y como destacó Celso Bugallo en la lectura del manifiesto que puso punto final al recorrido.
Las consellerías de Economía e Industria negocian con la empresa un compromiso de traslado, "fuera de la provincia de Pontevedra", aunque aún no se han cerrado ni plazos, ni condiciones ni la ubicación de la futura nueva planta.
Tras las pancartas reivindicativas y al grito de "¡ENCE, fuera de nuestra ría!", el gobierno local prácticamente en pleno se dejó ver en la Ferreiría, encabezado por el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y la socialista Teresa Casal. El regidor advirtió de que si la Xunta de Galicia concede a la planta la autorización ambiental integrada, que le permitiría permanecer en su ubicación actual de Lourizán hasta 2018, "sería una traición". En este sentido, Bugallo recordó que ninguna de las fábricas, ni ENCE ni Elnosa, "cumplen los requisitos fijados por la ley" para la obtención de ese permiso, y apuntó la "evidente falta de voluntad política para dar solución" a este conflicto.
Por su parte, Casal aclaró que su presencia allí nada tenía que ver con una crítica al conselleiro de Medio Ambiente, de cuyo departamento depende esa autorización. Palabras que se producen después de que el coordinador provincial, Modesto Pose, apuntase que el partido no respalda manifestaciones contra conselleiros. La portavoz municipal señaló que su grupo es favorable a la promoción de usos "deportivos y marisqueros" que es "lo que quieren la gente de Pontevedra". Y lanzó un dardo a sus socios de gobierno al acusarles de "meter cizaña" ante el posicionamiento del PSOE gallego en este asunto.
La marcha, en la que se vieron muchas banderas nacionalistas y que contó con el apoyo manifiesto de más de 40 colectivos procedentes de toda Galicia, entre los que se encontraban cofradías, asociaciones vecinales, colectivos ecologistas, comunidades de montes e intelectuales como Dionisio Pereira, además de sindicatos y partidos políticos como PSOE y BNG. Precisamente de esta agrupación destacó la presencia de los diputados Bieito Lobería o Carmela Silva y el alcalde Luciano Sobral.
* ELPAIS.com - LARA VARELA - Pontevedra - 26/04/2008
Foto: Pontevedra, protesta Defensa Ría contra Ence - farodevigo.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Mallorca: El propio Matas ordenó trasvasar a Campos el hotel de Sóller sin plazas
DIARIODEMALLORCA* : El ex president quiso librar de la demolición al ´Don Pedro´ por amistad con el propietario. El ex president Jaume Matas impuso el nombre del obsoleto hotel Rocamar, en la carretera de Sóller al puerto, para ser demolido y a cambio trasvasar su edificabilidad hasta el municipio de Campos, mediante una área de reconversión territorial (ART).
Esta operación urbanística aparece recogida en el Plan Territorial de Mallorca como la número 10.3, que prevé la demolición con carácter alternativo del hotel Don Pedro (en la Cala de Sant Vicenç, municipio de Pollença) y el mencionado Rocamar. A cambio, se permitiría el trasvase de su edificabilidad hasta sa Vinyola, en Campos, lo que equivale a la reclasificación a urbano de 42 hectáreas para unas 1.600 plazas entre turísticas y residenciales.
El propietario del hotel Don Pedro, José Luis Carrillo -dueño además de Air Madrid y la cadena Hoteles Globables- ha manifestado desde el principio su total rechazo a derribar el establecimiento, con capacidad para 284 plazas, que fue construido en la década de los años 30 en primera línea de mar y constituye un fuerte impacto visual que degrada la zona.
Según ha podido saber DIARIO de MALLORCA de algunas de las personas que intervinieron en las reuniones donde se discutieron las ART, uno de los representantes del PP se opuso en nombre del propio Jaume Matas al cierre y demolición del Don Pedro. Este cargo ´popular´ hizo valer su reivindicación con un "es una cosa directa del president", en alusión a Matas, quien al parecer tiene una relación de amistad con el empresario Carrillo.
Como alternativa, el PP señaló al hotel Rocamar. Sin embargo, y durante los trámites para la aprobación del PTM, salió a la luz que el establecimiento solleric carece de plazas turísticas, al encontrarse de baja definitiva por lo menos desde el año 2002. Pese a carecer pues de derecho de edificabilidad alguno para trasladar, el nombre del Rocamar se mantuvo en la aprobación definitiva del Plan Territorial junto al del Don Pedro, con una frase cuanto menos llamativa: "El trasvase de plazas desde el hotel Don Pedro y el hotel Rocamar tiene carácter alternativo".
76,5 millones de plusvalías
Precisamente esta ambivalencia ha llamado la atención de la Fiscalía, que considera que detrás de esta ART se esconde únicamente el interés de beneficiar a los promotores de las fincas en Campos, y así lo ha denunciado. Los fiscales no dan crédito a que una norma del rango del PTM incluya la posibilidad ambigua de derribar uno u otro hotel, a cambio de desarrollar una enorme urbanización en Campos "sin justificación legal alguna", y calculan que estas operaciones generarían unas plusvalías por valor de 75,6 millones de euros.
Este diario contactó ayer con el ex conseller de Turismo del Govern Matas, Joan Flaquer, quien dijo "desconocer absolutamente" nada de este asunto, ni haber "oído nunca que Matas influyera" para salvar el Don Pedro. Flaquer asegura además que él sólo participó en su día "en una reunión con el Consell para explicarles el Master Plan para la Platja de Palma, y lo tuvieran en cuenta" a la hora de diseñar la ART para esta zona.
* Diario de Mallorca - MATEU FERRER. PALMA - 25 de abril de 2008
Foto: Sóller (Mallorca), hotel Rocamar - diariodemallorca.es
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Tema: NOTICIAS Baleares
Parque de concentración
JOSEP MARIA MONTANER/Barcelona* : Por fin se ha podido descubrir qué hay detrás de los muros de hormigón, vagamente recubiertos de vegetación, que se han levantado para defender el Parc Central del Poblenou. Y lo que se descubre es un parque decepcionante, vacío de algo que tenga sentido y pueda ser una aportación para las personas.
Tras atravesar las estrechas aberturas, se transita por unos suelos sin interés y no se ve ninguna aportación respecto a lugares de juego para niños, a cómo sentarse y hacer corrillos para hablar, echarse al sol o ponerse a la sombra bajo alguna pérgola ingeniosa, hacer pic-nic, tomar algún refresco o ir al lavabo. Sólo artilugios superfluos: unas pérgolas mal copiadas de las obras de Enric Miralles y Carme Pinós; unos paneles horadados a la manera de Rem Koolhaas; unas luminarias esféricas sacadas de Luis Barragán; una espiral con el rimbombante nombre de cráter, de tratamiento vegetal cursi, que recuerda en malo la bellísima obra de Beverly Pepper en el parque de la estación del Norte; un Giacometti de cuarta categoría; unos lamentables iglús a lo Mario Merz; un paisaje lunar penoso, y unas sillas aisladas antihomeless y antigrupos. En definitiva, un parque cuyos muros y rincones lo hacen tremendamente inseguro, y unos jardines que siguen la concepción francesa de los setos y las pérgolas que ellos mismos hace más de veinte años han rechazado y superado con "los jardines en movimiento" y la libertad de las plantas creciendo.
Entonces uno se da cuenta de que más relevante que los muros absurdos es el desprecio de Jean Nouvel hacia la cultura del espacio público, en la que en Cataluña habíamos avanzado tanto, con buenas plazas y magníficos parques metropolitanos, reclamados por los vecinos, promovidos por los municipios y proyectados por nuestros mejores paisajistas, muchas veces mujeres. Nos habíamos convertido en modelo de diseño de mobiliario urbano, producido en Barcelona, para que ahora se nos imponga el despilfarro de un parque en el que no hay ninguna aportación de lo necesario y muchos kits de lo superfluo. Entonces uno añora obras maestras como el Parc dels Colors en Mollet del Vallès, el Parc de Vallparadís en Terrassa, el Jardín Botánico, el Parc Central de Nou Barris y El Fossar de la Pedrera en Barcelona, el Parc de la Solidaritat en Esplugues de Llobregat, el Parc de les Dunes en Gavà y muchos otros.
Y entonces uno se siente en el funeral del espacio público, en un lugar que ya no tiene el carácter del dominio público, sino que es un lugar común, donde nunca la polis -la manifestación, la reunión, el debate, etcétera- va a poder darse. Un parque puede estar cerrado con rejas, como en el siglo XIX, pero encogido entre muros de hormigón no es un parque. Se supone que va a salir publicado en las revistas y que, incluso, algún jurado le va a otorgar algún premio. Pero está claro que no es un parque para las personas: entre muros que abren ventanas como escaparates, rodeado del tráfico de las calles y al que se accede por aceras estrechas. Solo tiene justificaciones para estúpidos: muros para proteger del tráfico, un parque vanguardista, etcétera.
Las cifras también dan que pensar. Este despilfarro para un pésimo parque ha costado más de 20 millones de euros, sin hablar de los honorarios por triplicado que se han pagado a Jean Nouvel. La nueva biblioteca de La Mina ha costado un poco menos de cuatro millones de euros. Es decir, con el presupuesto de un parque en el que casi todos los costes son para el lujo de elementos prescindibles, se hubieran hecho cinco o seis magníficas bibliotecas de barrio.
Una vez dentro, uno se pregunta qué le recuerda remotamente este parque entre murallas, con un suelo tan pobre, tan vacío de ideas originales y tan lleno de malas copias. Entonces se le hace la luz al recordar la opinión de un vecino que ha declarado que parece una prisión. ¿Ah!, es una prisión al aire libre. Y entonces todo se entiende: casi setenta años más tarde, un arquitecto francés nos ha instalado un campo de concentración como Dios manda, no como aquellos miserables e improvisados campos en las playas de Argelés y Saint Cyprien, donde nuestros antepasados republicanos malvivieron e intentaron sobrevivir. Y es entonces cuando uno desea salir de este parque de concentración, buscando lo más rápido posible una de las angostas y escondidas puertas. Y ya fuera, respira y piensa: ojalá nunca nadie tenga que volver a estar injustamente prisionero en cárceles, estadios deportivos y campos de concentración.
* Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de las Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).
* ELPAIS.com - Cataluña - 26.04.2008
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Cataluña
Protesta en Nou Barris contra unos pisos en zona verde
ELPERIÓDICO/Barcelona* : Parte del barrio de Prosperitat, en el distrito de Nou Barris, está en pie de guerra contra el ayuntamiento. Los vecinos se oponen a la construcción de unos pisos dotacionales en unos antiguos terrenos de Renfe-Meridiana, que fueron comprados hace años por el consistorio y están calificados como zona verde en el Plan General Metropolitano (PGM).
El plan municipal, que se encuentra en fase de aprobación inicial, pasa por llevar a cabo una modificación del PGM que permita utilizar el solar, situado entre el paseo de Valldaura, la avenida de Río de Janeiro y la calle de Argullós, para equipamientos. Según el gerente de Nou Barris, Josep García Puga, para ello el distrito plantea una permuta con otros terrenos situados en la vecina plaza de Harry Walker, que estaban destinados a edificios públicos y que ya se usan como zona verde.
GRAN DENSIDAD
Grupos de residentes, que han llenado la zona de pancartas de protesta, son contrarios al proyecto. El presidente de la asociación de vecinos, Ricardo Domingo, opina que este solar es el último que queda en el barrio por recuperar. "Prosperitat es una zona con gran densidad de población que carece de espacios verdes", asegura. En las alegaciones al plan, la asociación de vecinos asegura que el ayuntamiento no construyó "por desidia" una guardería en Harry Walker cuando el solar era para equipamientos.
La intención del distrito es levantar 125 pisos protegidos. También se construirán algunos equipamientos, cuyo uso se decidirá entre el ayuntamiento y los vecinos, en los bajos del edificio de pisos y en una pastilla de terreno próxima. La asociación critica también que las viviendas, aunque sean protegidas, no pueden ser consideradas un equipamiento porque tienen un régimen particular.
CARTELES DE CiU Los residentes no son los únicos que han levantado la voz de alarma. CiU ha llenado el barrio de carteles de protesta. El concejal nacionalista Antoni Vives critica la intención de levantar pisos en zona verde y carga contra la política municipal de la recalificación del suelo en materia dotacional, que tilda de "urbanismo trilero" en alusión a las permutas de terreno. Vives añade que el distrito de Nou Barris actúa con "prepotencia" y que no ofrece una compensación clara a los vecinos en equipamientos.
Distrito y vecinos se reunieron el pasado miércoles pero no llegaron a ningún acuerdo. Los segundos plantean mantener la calificación de zona verde, aunque se muestran dispuestos a aceptar un cambio si se elabora un plan de equipamientos. De seguir adelante, la aprobación definitiva será dentro de un año. Las obras empezarían entre el 2010 y el 2011, y el edificio estaría listo a principios del próximo mandato.
* El Periódico - JORDI SUBIRANA - BARCELONA - 25.04.2008
Foto: Una pancarta contra el plan municipal, ayer en Prosperitat/ ÁLVARO MONGE, elperiodico.com
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Mallorca: El juez citará como imputados a Grande y Sastre por el Plan Territorial
DIARIODEMALLORCA* : El magistrado Miquel Florit ha elaborado un primer listado de imputados en el llamado caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), un presunto caso de corrupción político-empresarial en torno a dicha norma de ordenación urbanística, que denunció el pasado diciembre la fiscalía anticorrupción y que se investiga en el juzgado de instrucción 1 de Palma.
Entre las primeras citaciones que se están preparando destacan las de Vicenç Grande, presidente del Real Mallorca, y Mateo Sastre, ambos entre los mayores promotores inmobiliarios de Balears.
Los investigadores quieren agilizar la instrucción de este sumario, que ha permanecido bajo secreto desde diciembre hasta hace pocos días y que se abrió a instancias de la fiscalía y tras una primitiva denuncia de la organización ecologista GOB.
En las diligencias aparecen como encausados un grupo de promotores y constructores, entre los que se encuentran Grande, Sastre, Ferrá Tur y Serratosa y otros de menor nivel de negocios. También existe un listado de políticos, dirigentes y altos cargos de Unió Mallorquina y Partido Popular que podrían ser convocados a declarar en calidad de encausados.
Básicamente, Florit y la fiscalía anticorrupción quieren esclarecer si un selecto grupo de industriales recibió información privilegiada por parte de políticos y altos funcionarios para adquirir fincas rústicas en varios puntos de Mallorca, que fueron recalificadas como urbanizables gracias a un mecanismo del plan llamado áreas de reconversión territorial.
En la causa están ya personados con sendos abogados Mateo Sastre, defendido por Juan Luis Matas, y Bartomeu Vicens, ex conseller de Territorio del Consell de Mallorca por UM en la pasada legislatura y representado por Eduardo Valdivia.
De momento, en las diligencias previas ya han declarado ocho testigos, entre empresarios, técnicos, asesores y particulares.
Líderes políticos
La fiscalía anticorrupción ha preparado una relación de personas que aparecerían imputadas en la supuesta trama. Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau han pedido al juez Florit que cite también, en calidad de imputados, al portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Jaume Font, y al diputado y portavoz de Unió Mallorquina en el Parlament, Bartomeu Vicens. Previsiblemente, estos dos dirigentes inaugurarán también la primera ronda de declaraciones por el caso PTM.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/M.MANSO. PALMA - 25 de abril de 2008
Foto: Imagen de la finca de Son Crever, en Marratxí, que se encuentra situada cerca de Alcampo/ Guillem Bosch, diariodemallorca.es
NOTICIA RELACIONADA: El fiscal investiga otras cuatro fincas beneficiadas con el Plan Territorial - Diario de Mallorca - 24 de abril de 2008
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Los ecologistas denuncian el PGOU de Prado del Rey
ELPAÍS/Cádiz* : Ecologistas en Acción denunció ayer ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Jerez el recién aprobado plan general de Prado del Rey (Cádiz, 6.002 habitantes), que contempla un campo de golf, 400 viviendas nuevas, un hotel y un geriátrico en el límite y dentro del Parque Natural de los Alcornocales.
La denuncia se basa en dos aspectos: que el documento incumple el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) por alcanzar un 200% el crecimiento de superficie urbanizable, cuando el límite es del 40%, y que el campo de golf necesitará el doble de agua de lo que se consume en la actualidad en un municipio afectado por restricciones debido a la falta de lluvia.
El PGOU de Prado del Rey fue aprobado el martes por la comisión provincial de ordenación del territorio después de que fuera condicionada su validación a la presentación de algunos cambios a los que la Junta de Andalucía sí da su visto bueno.
Los ecologistas, en cambio, creen que estas modificaciones no son suficientes. Recuerdan que contempla la construcción en el interior del parque natural de unas 200 casas además de un campo geriátrico. El campo de golf, que incluye la construcción de 400 viviendas y un hotel de 100 habitaciones, linda con los límites de Los Alcornocales y supondrá, según los denunciantes, el consumo de 500.000 metros cúbicos de agua.
Bruselas
"Lo denunciaremos también ante Bruselas porque es un parque protegido por la Unión Europea", anunció el portavoz ecologista, Juan Clavero. En la denuncia ya presentada ante el contencioso administrativo de Jerez se pide la paralización inmediata del plan.
El Ayuntamiento defiende el documento y recuerda que está lejos de las previsiones iniciales que contemplaban hasta 800 nuevas viviendas. Niega que vaya a incrementar los problemas de abastecimiento en el municipio porque una depuradora utilizará agua reciclada.
El alcalde, Fernando Pérez, del PSOE, siempre ha negado que su plan incumpla el POTA por entender que su documento es anterior al andaluz. No opinan los mismo los ecologistas que tildan de "escándalo" y "despróposito" este proyecto. "Se ha cedido a la presión de los especuladores", señaló Clavero.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 24/04/2008
Foto: Prado del Rey (Cádiz) - pueblos-espana.org
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El fiscal denuncia al alcalde de Atarfe por prevaricación urbanística
TERRA/Granada* : La Fiscalía ha interpuesto una denuncia contra el alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), por la posible comisión de uno o varios delitos de prevaricación administrativa y prevaricación urbanística en la construcción de la urbanización Medina Elvira Residencial y el campo de golf anexo a la misma, así como en otras obras que afectaban a la infraestructura de la zona.
Según el decreto del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, de las diligencias de investigación penal incoadas a raíz de la denuncia que presentó IU, Ecologistas en Acción y Necesitamos la Vega, a los que se añadieron después más, se deduce que 'existen indicios suficientes' para considerar que los hechos podrían constituir dichos delitos, con independencia que se amplía en el transcurso de la instrucción su consideración según los nuevos elementos.
Aunque la denuncia se formula contra el regidor atarfeño, que está inmerso en otros procesos judiciales por actuaciones urbanísticas, el fiscal aclara que la imputación que se formule 'deberá extenderse a quienes hayan votado favorablemente los acuerdos presuntamente ilegales y hayan informado de igual modo en la tramitación de los expedientes'.
Igualmente, debe afectar también a 'los responsables de la empresa Nadasol y Vladigolf S.A. y/o a las personas concretas que hayan procedido a las construcciones ilegales o falseado la planimetría', según consta en el decreto del fiscal Luis Salcedo, que tiene fecha 10 de abril de 2008.
Los hechos se refieren a la zona denominada Regadíos del Cubillas donde desde el año 2005 se vienen realizando por la empresa Vladigolf S.A. y otras empresas diversas obras de edificación de la Urbanización Medina Elvira Residencial, prevista para 3.500 viviendas, la construcción de un campo de golf de 18 hoyos anexo a la urbanización y la construcción de una depuradora en el anejo de Caparacena.
Además, hay otras obras que afectan a las infraestructuras de la zona --la inclusión del Camino de Malacarilla, que conectaba el anejo de Caparacena con el pueblo de Atarfe, en la zona del campo de golf, supresión de una vía pecuaria, vertido de tierras a un barranco, tala de árboles, etc.-- o que tienen que ver con la infraestructura del campo de golf. También está prevista la construcción de un hotel en la zona Cortijo Hotel Escuela Armengol.
'TASA A LA BAJA' DE LA FINCA.
Todas estas actuaciones se realizan o proyectan en una finca vendida por Proyecto Atarfe --sociedad municipal en forma de sociedad anónima-- a Vladigolf S.A el 24 de febrero de 2005 por 3,6 millones de euros, si bien el 4 de marzo del mismo año se inscribió la hipoteca que valoró el terreno en 8,4 millones de euros, algo que es 'sorprendente', según el fiscal, ya que es el Ayuntamiento, aunque a través de Proyecto Atarfe, el que 'vende una finca por un importe inferior a su valor de tasación en caso de ejecución'.
El Ministerio Público entiende que se 'tasa a la baja' de acuerdo con unas condiciones urbanísticas que el Ayuntamiento se había comprometido a modificar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que a día de hoy no ha sido todavía aprobado de forma definitiva, puesto que la zona es objeto de especial protección por el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana (Potaug).
Así, las obras ejecutadas en aplicación a previsiones futuras de cambio de planeamiento 'pudieran ser ilegales' por carecer de cobertura legal o por contravenir la actual pero no por su vinculación con una norma que carece de efectos. El futuro PGOU 'parece que actuaría más como un instrumento que diera cobertura a las ya realizadas'.
SUPUESTAS ILEGALIDADES.
En primer término se refiere el fiscal a una supuesta ilegalidad en la venta realizada, en base a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), ya que dada la declaración de interés público del campo de golf, el procedimiento debía haber sido el concurso u otros procedimientos establecidos en la Ley de Contratos pero no su enajenación directa como finalmente se procedió.
Asimismo tanto en los convenios como en los proyectos aprobados y licencias condedidas se recogen disposiciones 'constrarias a las Normas Subsidiarias vigentes en Atarfe y a la LOUA' porque se fija el techo máximo edificable en 417.697 metros cuadrados que no coincide con el planeamiento vigente y se modifica la densidad del suelo mediante la aplicación de concepto de ensanche sobre un sector alejado cinco kilómetros del núcleo urbano.
El Potaug concede al paraje Regadíos del Cubillas la consideración de 'terreno no urbanizable especialmente protegido' y en ella, fuera del perímetro autorizado para urbanizar, se han realizado obras de urbanización en zonas de espacio especialmente protegido. Las obras se amparan en proyectos de urbanización y reparcelación en los que se define el terreno como urbanizable. 'Esta extralimitación ha sido posible porque se ha falsificado la planimetría presentada por Vladigolf realizando una superposición con los planos del POTAUG'.
Se ha construido una placha de hormigón y sobre ella una caseta en la parcela 28 que 'en la actualidad no puede ser edificada', sin que conste licencia o autorización para su construcción. En cuanto al campo de golf, 'mención especial' merece la construcción de éste y la modificación de las infraestructuras que conlleva.
Según el decreto, la construcción del campo es un uso 'compatible' con el sistema de espacios libres del Potaug, aunque 'sería conveniente' que el órgano informante aclarara si precismante la modificación de la vía respeta la conectiviada del sistema de espacios libres. Es una 'cuestión controvertida' que sea compatible con la protección del POTAUG y 'no exenta de ambigüedad', según los informes analizados por lo que puede integrar el delito de prevaricación urbanística.
HOTEL Y DEPURADORA.
Sobre la aprobación en pleno del proyecto Cortijo Hotel Escuela Armengol, el fiscal detalla que es una resolución municipal 'contraria a la normativa' del Potug, que se adoptó en pleno en el que además se advirtió, según uno de los denunciantes, de la posible prevaricación en que se podría incurrir caso de apropiación.
La ejecución de obras de la depuradora comenzaron sin estar aprobado el proyecto ni concedida la licencia, según las algaciones, aunque con posterioridad a la denuncia ha sido aportada la licencia de Vladigolf para la construcción, según el fiscal, que indica también que no se ha acreditado que cumpla las condiciones medioambientales.
* Terra Actualidad - Europa Press - 24.04.2008
Foto: Atarfe (Granada) - ideal.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Castigos verdes, pero inútiles
PÚBLICO* : Es imposible saber cuántas sentencias por daños al medioambiente quedan sin cumplir en España. No lo busque, porque éste no es un dato para las estadísticas ni las memorias oficiales. Pero un repaso por los casos que han hecho historia en las dos últimas décadas sirve como sondeo: minas devoradoras de espacios protegidos, construcciones impúdicas amparadas por los ayuntamientos, hidroeléctricas que devastan ríos. Son muchas las sentencias firmes que nunca llegan a ejecutarse.
Todos los expertos consultados coinciden en que, cuanto más se alarga el proceso, más difícil será hacer posible la ejecución de la sentencia. "Para empezar, por la política de los hechos consumados", apunta Cristina Álvarez Baquerizo, abogada ambientalista. "Cuando el mal está hecho y no es reversible materialmente, lo único que te queda es una victoria moral. Por eso es tan importante denunciar apenas se conozca el primer paso de la irregularidad, como la concesión de una licencia".
También es fundamental la figura de las medidas cautelares. Por ejemplo, en el caso del Alto del Cuco, en Cantabria, donde el tribunal ha paralizado la urbanización de la ladera antes de que el destrozo vaya a más. Sin embargo las paralizaciones cautelares no son habituales, porque exigen a la parte denunciante avales económicos, a menudo de muy alta cuantía.
Si no hay paralización cautelar, la actividad denunciada continúa, y cuando llega la sentencia firme, a veces ya está concluida. Pero incluso con sentencia firme, la actividad tampoco se para. ¿Por qué?
La guinda de la tarta: el proceso de ejecución de la sentencia
Muchos ciudadanos que se meten en este via crucis judicial no saben que después de una sentencia firme aún queda otro tormento más: la ejecución de sentencia. Si ésta no se pide, todos los desvelos anteriores habrán sido inútiles: una victoria pírrica. "Además, el proceso que comienza, repite el esquema de lo ya vivido: de nuevo las partes presentan alegaciones, y la parte condenada ya se encarga de que vuelva a durar años", añade Álvarez Baquerizo. La organización cántabra ARCA consiguió su primera sentencia firme en el año 2000 y aún no se ha ejecutado.
Una de las razones de que las sentencias no se ejecuten es el remoloneo de las administraciones. "Si el juez anula una licencia y hay que derribar una casa, el que tiene que poner las máquinas es el ayuntamiento. Y éstos no suelen estar por la labor. Es más bien todo lo contrario". En otras sentencias la responsabilidad de ejecutar recae en la autoridad autonómica, por ejemplo el cierre de una mina.
Hay casos, como el de la mina a cielo abierto Feixolín, en León, en donde la resistencia de la administración es tan recalcitrante que se ha abierto un proceso penal contra algunos cargos.
La vía penal, piedra de toque
La aparición de la vía penal supone un punto de inflexión en la evolución del proceso. Hasta ese momento la justicia no actúa contra una persona concreta, porque la vía contencioso-administrativa se encarga sólo de controlar la correcta actuación de la administración.
"Pero en la vía penal se personalizan las responsabilidades y éstas trascienden a personas concretas. No obstante, acceder a la vía penal requiere la prueba de las imputaciones realizadas y, lógicamente, la prueba de la intencionalidad o la negligencia del imputado, lo que en materia medioambiental no siempre es sencillo", explica Jorge Agudo González, codirector del informe Urbanismo y democracia, Alternativas para evitar la corrupción , documento en el que se analizan 159 supuestos casos de irregularidades en esta materia desde el año 2000.
Es decir, que hay que demostrar que los responsables actuaron con intención o con imprudencia. En los últimos dos años, muchos de los casos de ilegalidad urbanística están siendo absorbidos por la Fiscalía. Ya se refleja así en la Memoria referida al año 2006, y en el boletín informativo del mes de febrero de esta institución se dedica al tema un apartado específico destacando un botón de muestra, que en Granada se han triplicado en un año las sentencias de derribo de edificios ilegales.
También se subraya las directrices dadas por el Fiscal Especial de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, a los fiscales delegados para que se cumplan las sentencias de demolición y evitar así la sensación de impunidad.
¿Hay soluciones?
La irrupción de la vía penal se apunta como una de las esperanzas de cumplimiento de las sentencias, sobre todo desde la creación de la figura del Fiscal coordinador para los delitos ambientales y de corrupción urbanística.
La activa y decidida actuación de Antonio Vercher está empezando a obtener los primeros resultados. Pero a juicio de algunos expertos, como el catedrático de derecho administrativo Luciano Parejo, "la absorción de lo contencioso-administrativo por lo penal no es la solución. Implica una cierta perversión del funcionamiento del sistema el que las administraciones no cumplan la legalidad."
Lo cierto es que el miedo a la cárcel es lo único que parece funcionar. "Lo que revela un problema de fondo muy grave: a pesar de las buenas intenciones y de los eslóganes en favor de la sostenibilidad, en realidad una parte relativamente importante de nuestros políticos relega la protección del medio ambiente en favor de otros intereses, y en muchos casos, lamentablemente, cometiendo irregularidades cuyo freno sólo parece producirse con la amenaza de responsabilidades penales", reflexiona Agudo González.
Una falta de sensibilidad a la que no son ajenos incluso algunos jueces. En la misma memoria de la Fiscalía también se hace notar que en los juzgados de algunas provincias, como Ciudad Real o Burgos, tienden a absolverse a los infractores en materia urbanística al considerarse una conducta de menor gravedad.
Otra solución posible sería que los propios juzgados se encargaran de la ejecución de la sentencia, una competencia que les otorga la Constitución. "Si no la ejercen es porque no tienen medios, y deben delegar en las administraciones", apunta Jesús Jordano, profesor de derecho de la Universidad de Sevilla. "Sólo el estadio de la capital andaluza costó más de 200 millones de euros. Todos los juzgados de lo contencioso de España han costado menos de esa cantidad."
Los casos más destacados
Una ladera sembrada de casas
“Esto es una burla”, lanza sin dudarlo Gonzalo Canales, biólogo y presidente de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), la organización ecologista con más éxitos ante los tribunales españoles. Una decena de sentencias firmes les dan la razón frente a actuaciones urbanísticas ilegales: viviendas levantadas en suelo rústico, construídas en bosques de especial protección o en el Parque Natural de las Marismas de Santoña.........Hasta 500 viviendas tienen sentencia firme de derribo, pero ninguna ha recibido la visita de la piqueta.
El caso que más eco mediático les ha proporcionado es el del Alto del Cuco, por el impacto visual del destrozo de una ladera, y porque un juez ha parado las obras, pero lo cierto es que aún no cuenta con sentencia firme. Sí la tiene, sin embargo el ayuntamiento de otro pequeño pueblo en expansión, Argoños, en donde son cinco las urbanizaciones declaradas ilegales. “La obcecación del alcalde en hacer caso omiso ha llegado a tal extremo que el propio juez ha amenazado con acusarle de prevaricación”, ilustra Canales.
Alguna de estas sentencias van camino de los 10 años de espera para su ejecución. Y nada. “Con la sentencia sólo tienes un papel. Su ejecución es larguísima, porque la otra parte te plantea todo tipo de impedimentos. Te pasas la vida presentando papeles en el juzgado, atento a que no se te pasen los plazos, lo que echaría al traste todo el proceso”.
Con todo, todavía puede ser peor: “En algún caso el juez, cansado de tanto juego evasivo, ha amonestado a un ayuntamiento para que licite de una vez el derribo de la construcción ilegal. Entonces, los afectados han llegado a amenazar a la empresa adjudicataria de la demolición y ésta ha preferido retirarse. Ahora, los concursos para derribos quedan desiertos. Estamos en un callejón sin salida”, remacha, “pero no nos damos por vencidos”.
En Cantabria, son entre dos y tres mil los afectados por la compra de una vivienda ilegal. Se han organizado en grupos para presionar a las administraciones y los poderes políticos, y de momento han encontrado eco en el parlamento regional. El pasado mes de diciembre todos los partidos representados en la asamblea cántabra emitieron una resolución pidiendo al gobierno autonómico que dé una salida legal a esta situación. “Este es un hecho gravísimo”, valora Gonzalo Canales, “supone la quiebra del sistema, porque se está transmitiendo el mensaje de que las leyes y los jueces no sirven para nada”.
Pescadores en favor de los peces
Pedro Brufao no ha disfrutado tanto de sus paseos por el Tajo como aquella jornada de 2005 en que le comunicaron la sentencia del Supremo. Quince años después de comenzar la batalla judicial, David había vencido a Goliat. Una sencilla aunque veterana asociación de amantes de la pesca y la naturaleza había conseguido tumbar a los gigantes: la Confederación Hidrográfica del Tajo, Unión FENOSA y la electroquímica Navarro S.A.
La historia se remonta a 1990, cuando la CHT otorgó tres concesiones a Unión FENOSA para rehabilitar otras tantas presas hidroeléctricas abandonadas: Zahorejas, Peralejos de las Truchas y Hozseca, en los ríos Tajo y Hozseca. “Las recurrimos” señala Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo y presidente de la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos-Ríos de Vida, la organización denunciante.
“Los datos científicos demuestran que este tipo de presas ocasionan graves daños al medio fluvial. No son tan limpias como se nos quiere vender: transforman el lecho y orillas del río, alteran el bosque de ribera, crean barreras a los peces, los engullen en las tomas y turbinas y alteran sus ciclos de actividad. A veces incluso las violentas sueltas de agua han puesto en grave peligro la integridad física de las personas, especialmente de los pescadores.”
Brufao cuenta con orgullo: “En esa zona creamos el primer coto sin muerte de pesca deportiva, para proteger a la escasa trucha común autóctona y apoyamos su declaración como Parque Natural, uno de los más importantes de España.”
La sentencia del Supremo confirmó en 2005 la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1999: “pese a no anular las tres concesiones, como pretendíamos, impuso graves limitaciones a la explotación de las presas a favor del río y afirmó que los caudales mal llamados ecológicos por la CHT no se basan en criterios científicos ni técnicos.”
Era todo un hito, pero de nuevo, la justicia se convirtió en papel mojado, pues hasta la fecha, las empresas “siguen turbinando como lo han hecho siempre y ya está. Los hechos consumados les son favorables”.
En este periplo judicial no faltan, como en otros casos, situaciones rocambolescas. La CHT reconoce disponer de estudios ambientales propios que avalan la sentencia, pero alega que no los puede dar a conocer porque iría contra los derechos de propiedad intelectual del ingeniero de la CHT autor del trabajo, “algo absurdo e ilegal, pues son documentos de acceso público”, aclara Brufao.
La asociación intenta que al menos sea inviable la presa llamada Hozseca, la más perjudicial y que se proceda a su demolición para restaurar el río. “ En los EEUU y en otros países son los mismos dueños de las presas obsoletas quienes las demuelen para recuperar la confianza de sus clientes, ahorrar dinero y restaurar el medio ambiente”.
Feixolin, 'la escopeta nacional'
“Con Feixolín llevamos diez incidentes de ejecución de sentencia firme, ¡diez!”, recalca Carlos González- Antón, el letrado que consiguió que el TSJCyL ordenara en noviembre de 2005 la clausura de la mina a cielo abierto de Villablino. El primero de varios fallos contundentes y firmes que declaran la mina ilegal y sin posibilidad de ser legalizada en el futuro.
“Feixolín es un caso realmente paradigmático de quiebra del sistema legal. Si no fuera tan grave parecería el guión de un sainete”, añade González-Antón, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de León.
La mina comenzó a ser explotada en 1995 por MSP , empresa del conocido y bien relacionado empresario Victoriano Alonso. Ya entonces carecía tanto de licencias urbanísticas como medioambientales. La explotación, que entre otros daños ha hecho desaparecer un monte de 200 hectáreas, se encuentra en pleno espacio natural del Alto Sil, y es ZEPA y LIC con importantes valores paisajísticos y ecológicos, entre ellos la presencia de osos y urogallos. Cuenta, por tanto, con la protección de una directiva europea, a pesar de lo cual no se realizó la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental, ni del proyecto inicial ni de sus ampliaciones.
Pero el cúmulo de irregularidades no acaba aquí, y a lo largo de estos trece años éste no ha hecho más que engrosar aderezado con todo tipo de acontecimientos peregrinos: alcaldes que dimiten el mismo día que han de firmar la paralización de la mina, informes de la Junta castellanoleonesa atreviéndose a prohibir la ejecución de la sentencia (afirmando que sólo se restaura, cuando los informes del SEPRONA indican que diariamente bajan centenares de camiones cargados de carbón), amenazas de despidos masivos para crear alarma social, anuncio de interminables planes de cierre de la explotación......
“Todo un muestrario de maniobras de dilación para no acatar la sentencia. En los incidentes de ejecución la empresa ha llegado a alegar que no podía parar porque pondría en peligro la vida de los mineros”, ilustra García-Antón, quien remarca que “esto es posible porque la Junta y el gobierno central miran para otro lado. No se entiende, si no, que Feixolín haya recibido subvenciones del ministerio de industria, que haya sido explotada hasta el agotamiento del recurso, y que encima hayan comenzando a explotar el monte adyacente, también sin licencia. En el colmo de la desfachatez, MSP alega que necesita extraer el material para rellenar Feixolín y cumplir así, con el mandato de restauración de la zona”.
“Estamos ante una flagrante desobediencia auspiciada por las administraciones”, diagnostica González-Antón, quien cree que asistimos a una crisis del estado de derecho. Al menos, concluye, está en proceso otro pleito en el que se encuentran imputados por delitos ambientales y urbanísticos tanto responsables de las administraciones como de la empresa”.
Golf en lugar de paisajes
El pasado mes de enero el propietario del exclusivo complejo deportivo turístico “Dehesa de Montenmedio ”, Antonio Blázquez, declaraba públicamente que “tiraba la toalla”. Más de diez años pleiteando habían llegado a su fin, o al menos así lo daba a entender el empresario, sobre cuyas instalaciones pesa una sentencia firme de derribo desde el año 2003.
Montenmedio, ubicada a caballo entre los municipios gaditanos de Barbate y Véjer de la Frontera, se publicita como un lugar de singular belleza natural, en donde las encinas, alcornoques, acebuches y lentiscos dan cobijo a una variada fauna mediterránea de la que puede disfrutarse en los paseos por la finca, en la que no falta campo de golf, piscinas, un lujoso hotel con restaurante y otras instalaciones de ocio. Su atractivo estrella es la práctica de la hípica de alto nivel. “Sin duda puede publicitarse así, porque se levantó, sin licencia, sobre un terreno no urbanizable, de protección especial por su interés ecológico, histórico, cultural y paisajístico”, ironiza un portavoz de AGADEN, la organización ecologista que acudió a los tribunales para denunciarlo.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dio la razón en 2001. El auto anulaba el Plan Especial que el Ayuntamiento de Barbate había aprobado a posteriori para tratar de legalizar el complejo ya construido. Dos años después el Tribunal Supremo ratificaba los argumentos con sentencia firme y daba tres meses para derribar. No se hizo. Y eso que el recorrido judicial de Montenmedio no tiene un único denunciante. La Junta de Andalucía interpuso su primer recurso contra el complejo en 1996, iniciando un rosario de sentencias, recursos, apelaciones, que se prolongan a lo largo de una década y configuran una inextricable maraña para cualquier profano en asuntos legales.
“Hay una cosa que queda clara”, insisten en AGADEN , “todos los intentos de Blázquez y del Ayuntamiento de Barbate por legalizar Montenmedio han sido rechazados de plano por la justicia. Y reiteradamente. Hasta tres veces los tribunales han dado orden de demolición, sin que se haya cumplido. Quisiéramos creer que ahora va la vencida.”
En AGADEN no terminan de fiarse, porque ya los orígenes de Montenmedio se entrelazan con un “oportuno” incendio en el verano de 1990. Poco después, esta finca, que había sido propiedad de RUMASA, fue reprivatizada a favor de Blázquez. En los años inmediatos y “con el beneplácito de la administración provincial, comenzaron progresivamente las rozas, podas y cortas a matarrasa que acabaron derivando en la construcción del palacete, conocido como casa-club, y las posteriores ampliaciones.”
En sus últimas declaraciones sobre el asunto, Antonio Blázquez, ha asegurado que ya ha contratado el proyecto de demolición para evitar que la administración tenga que encargarse de ello. Ese proyecto de demolición debe ser aprobado por el ayuntamiento de Barbate. El mismo que ha echado siempre el capote cuando el empresario lo ha necesitado. Blázquez asegura que tiene ofertas en el extranjero para llevarse todas las instalaciones y que lo siente por el daño que le va a hacer a la economía y al empleo de la zona.
De momento, el pasado mes de marzo se ha vuelto a celebrar allí una nueva edición del Circuito Hípico del Sol.
Madrid, ilegales sin saberlo
Decenas de miles de madrileños han estado aspirando a una casa ilegal sin tener la menor idea. 22 de los nuevos ámbitos proyectados por el ayuntamiento de Madrid son ilegales por obra y gracia del propio consistorio y del gobierno regional. Lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia firme emitida en julio del año pasado.
La resolución afecta a unas 130 mil viviendas de futuros PAUS, de nombres tan conocidos en la capital como el Parque de Valdebebas, Arroyo del Fresno o Los Berrocales. En algunos ya se han iniciado las obras de urbanización, en otros todavía no se ha hecho nada. Pero también quedan dentro de la ilegalidad proyectos tan emblemáticos ya ejecutados como la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la Terminal 4 de Barajas.
"Para encontrar la causa de tan estrafalaria situación hay que remontarse a 1997", explica Jaime Doreste, coordinador del servicio jurídico de Ecologistas en Acción. "Aquel año, el equipo de gobierno del entonces alcalde, el popular Álvarez del Manzano, declara urbanizable hasta el último rincón del municipio capitalino, a pesar de que una parte de los terrenos no podían serlo por contar con una protección especial, bien por sus valores ambientales, históricos, culturales o agrícolas. Eso no fue obstáculo para la corporación, que remozó el PGOU y recalificó 34 millones de m2 protegidos"
El líder de la oposición, el socialista Juan Barranco, denunció el Plan ante la justicia y, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón en 2003, no admitió la paralización cautelar. Los planes de urbanización siguieron adelante mientras la sentencia rebotaba a más altas instancias: fue recurrida por el consistorio ante el Tribunal Supremo. "Éste se pronunció el año pasado y ya no cabe recurso", señala Jesús Muñoz, abogado de la Asociación de Vecinos de Aluche, una de las agrupaciones que no ve con buenos ojos cómo se quiere desarrollar la Operación Campamento, también afectada. "Sólo la zona de los cuarteles es urbanizable legalmente, pero el actual proyecto pretende colmatar de casas el resto de los terrenos, por donde discurren arroyos, con su vegetación de ribera y su fauna".
Al menos aquellos que aspiraban a tener su casa en este desarrollo aún no han puesto un duro. En otros, como el de Ahijones de Vicálvaro, sí lo han hecho, y hay aportaciones que alcanzan los 30.000 y hasta los 50.000 euros. En este ámbito, un juzgado ya ha dictado la suspensión de las obras de urbanización, y "sin embargo, nada se ha parado. Al revés, parece que han acelerado", apunta Muñoz.
El ayuntamiento ha tratado de amparar su actuación aprobando un Acuerdo que pretendía justificar las recalificaciones, pero los jueces no lo han aceptado. "De hecho el consistorio está empeorando las cosas", expone Muñoz "no ha ordenado la paralización de las obras y está incumpliendo la sentencia. Por eso, ante la aparición de cooperativas en la Operación Campamento, la AVV de Aluche está informando a los vecinos de la posibilidad de que las viviendas proyectadas no lleguen a construirse o que incluso puedan ser derribadas". Esta última opción podría parecer descabellada pero lo cierto es que el propio magistrado ponente de la sentencia del Tribunal Supremo, Segundo Menéndez, ha dicho públicamente que "lo que se tenga que derribar, se terminará derribando".
El último capítulo de este culebrón todavía se está escribiendo. Barranco no sólo no ha pedido la ejecución de la sentencia que él mismo promovió, sino que se ha opuesto a que lo hagan Ecologistas en Acción y dos asociaciones vecinales. En un encuentro con vecinos del Sureste, un concejal socialista ha prometido a los vecinos que no va a solicitar la ejecución para no empeorar las cosas, pero los afectados no están tranquilos.
De hecho parece que tienen motivos para no estarlo pues la Ley del Suelo tanto autonómica como nacional, consagra que cualquier ciudadano, a través de la Acción Pública, puede solicitar el cumplimiento de la legalidad urbanística incluso años después de concedidas las correspondientes licencias por el Ayuntamiento.
* Público - MARTA GALLUP - Madrid - 24/04/2008
Foto: Piélagos (Cantabria), urbanización Alto del Cuco - S.Cirilo, elpais.com
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25.4.08
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
El Tribunal Superior anula el plan de urbanismo del PP en Ourense
ELPAÍS* : El Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ourense que aprobó en 2003 el PP en solitario es ilegal. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado una de las 17 demandas presentadas contra la totalidad del planeamiento anulando su aprobación por la Consellería de Ordenación del Territorio "por ser contrario a derecho".
La sentencia, que analiza el recurso presentado por un particular, el promotor Delio Óscar Santalices Vieira, destaca que los planos que se expusieron al público en la fase de información "no se corresponden con los que figuran como aprobados inicialmente". Además, la memoria, el estudio económico-financiero, la normativa, los convenios urbanísticos y el catálogo expuestos "carecían de todo tipo de testimonio, sello o firma que indicase que se correspondía con el original".
Para el tribunal, la discrepancia entre los documentos aprobados y los expuestos constituye "un vicio que no puede subsanar la falta de reclamaciones o que determinados propietarios resultasen beneficiados por mayores posibilidades de edificación", ya que la información pública "atiende a intereses generales, no a los particulares de unos propietarios".
El fallo del tribunal pone al actual gobierno municipal en una difícil situación, toda vez que los socialistas habían presentado en solitario una demanda judicial a la totalidad del plan en 2003, cuando estaban en la oposición, conocedores de que "era absolutamente injusto y además tenía todos los informes jurídicos internos y externos en contra". Ahora, si no lo recurren desde el Ayuntamiento, sus proyectos de expansión urbanística y empresarial iniciados para la ciudad, la vivienda social que han empezado a construir y el plan de termalismo se desplomarían. Lo mismo ocurriría con las cesiones urbanísticas que constituyen el 70% del nuevo presupuesto municipal aprobado para este año. Así lo reconocían ayer los tres grupos políticos. Mientras el portavoz del PP, Enrique Nóvoa, destacaba que ni le corresponde a su partido recurrir al Supremo, ni desea otro modelo urbanístico. "Nos gustaba éste", sentenció y anunció que pedirán al alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, que presente recurso.
Rodríguez no entró ayer en detalles y únicamente declaró su intención de consensuar con los socios de gobierno del BNG y con el PP el desarrollo urbanístico de la ciudad. "Estudiaré los pasos legales una vez que haya hablado con ellos", dijo. En cualquier caso, manifestó que la sentencia confirma la denuncia de los socialistas desde que se aprobó el plan en 2003 "cuando lo tildamos de ilegal, especulativo, políticamente injusto y técnicamente inviable".
Además, acusó al PP de generar "gran incertidumbre jurídica con una aprobación de un planeamiento por mayoría simple" y destacó que en su lucha contra este plan "el PSOE no recibió el respaldo de nadie, ni de los empresarios, ni de nuestros socios de gobierno del BNG". El grupo nacionalista advirtió en junio de 2007 al regidor que si revisaban el PXOM, como pretendían los socialistas, romperían el gobierno de coalición.
El alcalde expresó su esperanza en alcanzar "el máximo consenso" de los otros dos grupos municipales, "especialmente de nuestros socios", para afrontar la revisión urbanística de la ciudad "en defensa del interés colectivo". Socialistas y nacionalistas no descartan recurrir ante el Supremo para ganar dos o tres años y elaborar mientras tanto un nuevo planeamiento.
En abril de 2007, el Tribunal Superior ya había anulado el planeamiento puesto en marcha en el barrio de A Ponte. La sentencia invalidó centenares de viviendas de nueva promoción, zonas verdes e incluso la recién estrenada sede de la Policía Local de la ciudad.
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 25/04/2008
Foto: ourense - red2000.com
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25.4.08
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La Fiscalía lleva a los Juzgados 38 casos de Obra Nueva en El Puerto
DIARIODECÁDIZ* : La Fiscalía ha interpuesto en tan sólo los dos últimos meses 38 denuncias en los Juzgados por otros tantos casos de Obra Nueva registrados en El Puerto. Así lo avanzó ayer a este diario el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, que desveló además que tiene pendiente de hacer lo propio con otra treintena de casos más.
Se trata de los casos de emisión de certificados falsos de antigüedad de viviendas ilegales detectados por el actual equipo de gobierno del Partido Popular durante la gestión de Independientes Portuenses la pasada legislatura, que el alcalde y la ahora edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, comenzaron a remitir a Fiscalía en octubre, como adelantó este periódico.
Según explicó ayer a este diario Núñez, las denuncias que ha interpuesto se dirigen contra autores y beneficiarios de estos papeles falsos, que persiguen lograr la prescripción de la irregularidad urbanística cometida al construir una casa sin licencia (que vence a los cuatro años), y que permiten a los titulares pedir un préstamo hipotecario tras la inscripción en el Registro de la Propiedad.
En unos casos, las denuncias son únicamente por la comisión de un presunto delito de falsedad en documento público, al tratarse de inmuebles situados por ejemplo en suelo urbano no consolidado. Y en otros, coexiste también, al entender del fiscal de Medio Ambiente, un presunto delito contra la ordenación del territorio por ser casas levantadas en suelo clasificado como no urbanizable en el Plan General de El Puerto. Este diario ha podido saber que no son muchos los profesionales denunciados por firmar papeles falsos, toda vez que por ejemplo hay un profesional, el arquitecto Joaquín P.S., que habría rubricado un buen número de estos certificados fraudulentos. Se trata del mismo arquitecto imputado en la trama destapada por la Guardia Civil en Chiclana el verano pasado, bautizada con el nombre de Operación Obra Nueva.
Núñez practica además diligencias para determinar las posibles responsabilidades en las que han podido incurrir antiguos dirigentes de IP y funcionarios municipales con los decretos de legalización de inmuebles presuntamente ilegales firmados por el ex alcalde Hernán Díaz y el anterior edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, que también ha enviado el PP a la Fiscalía.
+ Diario de Cádiz - Rosa Romero / Cádiz - 24.04.2008
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
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25.4.08
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