Un grupo con decenas de activistas de V de Vivienda* Madrid ha realizado una acción de protesta esta mañana en el stand del Ministerio de la Vivienda en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) para denunciar el apoyo de todas las administraciones públicas, nacionales, regionales y autonómicas, a los constructores y promotores, a los que culpan de ser los causantes del estallido de la burbuja.
En el acto se leyó un comunicado en el que se denuncia que se siga bonificando la compra de vivienda a pesar de que muchas empresas del sector no tienen garantizada su solvencia financiera, y tienen muchas papeletas para acogerse a la suspensión de pagos en los próximos meses. V de Vivienda también exige a las administraciones públicas que no pongan al servicio de los especuladores los instrumentos de los que dispone el Estado para garantizar el derecho a la vivienda, y que en estos momentos están siendo utilizados para salvar a quienes se han enriquecido durante los años del boom del ladrillo.
La asamblea lamenta que en estos tiempos de crisis se quiera salvar al empresariado, que se ha lucrado de forma escandalosa, socializando sus pérdidas, cuando en la época de la bonanza la vivienda se ha transformado, con la ausencia de vigilancia de las instituciones políticas que tendrían que haber defendido el bien social, en una mercancía exclusivamente privada, excluyendo de este modo a la inmensa mayoría de la población.
Después, los manifestantes abandonaron el stand del Ministerio, e iniciaron con las pancartas varios pabellones –como el de la Comunidad de Madrid dedicad a la Vivienda de Protección Oficial-, realizando en este trayecto una parada ante el stand de la Comunidad de Madrid, donde corearon consignas como “Madrid, capital de la especulación” y “Espe, espe, espe, especulación” o “Vosotros, también, estáis hipotecados”.
* V de Vivienda Madrid - 12 de abril de 2008
Foto: V de Vivienda
V de Vivienda denuncia el apaño entre las administraciones y los especuladores en el SIMA
Investidura, ni una palabra sobre corrupción
JUSTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ* : Con algún retraso, he recibido el Barómetro Global de la Corrupción 2007, de Transparency International (TI) y no he encontrado ninguna sorpresa agradable... La encuesta ha sido realizada, en 60 países, con un amplio espectro de información, de 63.199 ciudadanos. Las principales conclusiones del Barómetro Global de la Corrupción, no difieren de las anteriores:
-Los partidos políticos, el poder legislativo-parlamento, congreso e instituciones con el poder de representar el interés público, continúan siendo considerados como las instituciones más corruptas.
-Los pobres, tanto de los países en desarrollo como en aquellos altamente industrializados, son las persona más perjudicadas por la corrupción e, incluso, los más afectados por la necesidad de recurrir a los pequeños sobornos para lograr servicios básicos.
- En muchos países, la policía y el poder judicial, forman parte del círculo de la corrupción, lo que significa que “la corrupción interfiere con el derecho básico de igualdad ante la ley”. TI, durante 2007, publicó un informe que afectaba a las cortes: “jueces y personal judicial aceptan sobornos para demorar o acelerar la resolución de los casos, para permitir o negar una apelación o para incidir en el veredicto final”.
-Las expectativa de los ciudadanos, sobre un descenso de los niveles de corrupción, ha empeorado. En 2003, el 43% de los encuestados manifestaba su esperanza en que la corrupción disminuyera. En 2007, solo un 20% de los entrevistados espera que descienda el nivel de corrupción, en un futuro cercano. Mas del 50% de los sondeados piensan que el nivel de corrupción se va a incrementar en los proximos tres años. Las mujeres son mas pesimistas que los hombres.
-El 50% de los encuestados considera que los esfuerzos de sus gobiernos por luchar contra la corrupción son ineficaces.
-Actualmente, aumenta la consideración del rol de las empresas privadas en los procesos de corrupción política.
Huguette Labelle, presidenta de Transparency Internacional, entiende que, “convertir las promesas en acciones es esencial si se pretende que los esfuerzos anticorrupción tengan algín impacto entre la gente común. Pero, los gobiernos no son los únicos responsables. Necesitamos tambien ver acciones concretas de la sociedad civil y del sector privado”.
Transparency Internacional España(TI), ha elaborado un informe, en el que se denuncia un aumento de la corrupción, como consecuencia de la multiplicación de escándalos, vinculados a la denominada especulación urbanística, incentivada, cuando el gobierno de Aznar, en 1998, declaró urbanizable todo el suelo, excepto, el expresamente protegido que, en buena parte, ha sido aligerado de protección real.
La corrupción adopta múltiples formas. Las más extendidas son la aceptación de sobornos, por la concesión de licencias comerciales; recalificaciones de terrenos rústicos, en urbanizables; privatización de servicios públicos o la concesión de campañas publicitarias a empresas cercanas al poder.
Para conseguir un trato privilegiado de los poderes públicos, muchos especuladores, no dudan en pagar sobornos, comisiones, regalar parcelas, apartamentos, pisos, chalets, plazas de garage, locales comerciales a políticos desvergonzados e indignos de representar a los ciudadanos, autenticas víctimas de esa política, donde el enriquecimiento de unos, por el sobrecoste de las obras públicas e infraestructuras, muchas veces, no prioritarias o innecesarias, diez veces mayor que el coste presupuestado, tienen desastrosas consecuencias en la calidad de los servicios públicos, educación, sanidad, protección social, seguridad en el trabajo, transporte público o medio ambiente. No pocas veces, importa más el negocio de construir grandes obras, para proporcionar multimillonarias ganancias a los constructores amigos, que los beneficios que, tales obras, puedan proporcionar a los ciudadanos.
Transparencia Internacional(TI), denuncia que, en España, “no existe una oficina o agencia especializada en el control y persecución de este tipo de actuaciones corruptas, aun cuando la Fiscalía Anticorrupción centraliza las investigaciones cuando los delitos tienen suficiente importancia. No obstante hay que reconocer que esta Fiscalía carece de medios suficientes para realizar este tipo de investigaciones.” Tampoco “existen sistemas de protección de los denunciantes de casos de corrupción, en España o en países extranjeros”. En consecuencia, “quien denuncia se puede ver sometido a represalias, sin que la Administración le proteja”…”Nuestro sistema es bastante exigente con la contabilidad empresarial y las auditorías”, pero, “no es nada exigente con la obligación de comunicar cuentas o movimientos sospechosos, con lo que España es un país donde el blanqueo de capitales es sencillo”.
De acuerdo con fuentes del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, de la OCDE, “las comunicaciones de operaciones sospechosas, en España, son de las más bajas de los países desarrollados y la colaboración de notarios y registradores, es prácticamente nula”. En concreto, de las 2296 comunicaciones sospechosas, en 2005, los notarios y registradores emitieron solo 9.
En España, la influencia política en la justicia es evidente. “Normalmente, los organos de gobierno judicial tienen influencia y/o composición política y están sometidos a la presión de quienes los nombraron para que actúen con criterios partidistas…Cuando existe corrupción política en puestos de responsabilidad, en la estructura de gobierno de los jueces, se ejerce presión sobre magistrados corruptos o influenciables que pueden presionar sobre los jueces para que sus patrones políticos salgan inmunes de las investigaciones”.
Por todo esto, en España, la corrupción relacionada con la especulación inmobiliaria, el enriquecimiento fácil y la complicidad de políticos deshonestos, se ha incrementado en niveles casi geométricos, sin una reacción adecuada del Gobierno y de la ciudadanía, la gran víctima. Se llega al extremo de, en muchos casos de corrupción, los cargos políticos imputados, concejales, alcaldes o presidentes de diputación o cabildos, son aplaudidos por los ciudadanos o reelegidos en nuevos procesos electorales, sin que los dirigentes autonómicos o estatales, de las formaciones políticas a que pertenecen, tomen ninguna medida disciplinaria, salvo acusar a jueces y fiscales de formar parte de una conspiración política.
Por eso resulta inconcebible que, en el Debate de Investidura de Rodríguez Zapatero, convertido en sucedáneo del Debate sobre el Estado de la Nación, no hubiera ni una sola alusión a la corrupción y mucho menos a medidas para corregirla, cuando mas de 700 cargos públicos, en su mayoría del Partido Popular, especialmente de Madrid, Alicante, Valencia, Murcia, Málaga, Castellón, Baleares, León o Galicia, están imputados por distintos delitos de corrupción. En Gran Canaria y Tenerife, decenas de casos de corrupción, mantienen imputados a más de medio centenar de alcaldes, concejales y funcionarios públicos, en su gran mayoría del Partido Popular y Coalición Canaria.
Una gran parte de los ciudadanos de estas latitudes, acomodaticios con el poder establecido, no es consciente de las negativas consecuencias sociales de la corrupción política. No son pocos, los que llegan a decir, “Si estuviera en ese puesto, habría hecho igual”.
Todos somos responsables, en distinta medida, de los indeseables niveles de corrupción, consecuencia de la influencia de determinados sectores económicos en la acción de los dirigentes políticos de Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos o gobiernos autónomos. Pero, también está en nuestras manos reconducir la actual situación. ¿Tenemos esa voluntad o preferimos integrarnos en la indeferencia suicida o en el fango clientelar de la corrupción?.
* Revista San Borondón - Voz del Pueblo - 14 de abril de 2008
Detenido el presunto testaferro del ex alcalde Juan Morales en el marco de la operación 'Tótem'
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LAVERDAD/Totana* : Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron hoy en Alcantarilla a J.A.A.M., de 52 años, presunto testaferro del ex alcalde y diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales, como continuación de las investigaciones realizadas en el marco de la operación 'Tótem'.
En estos momentos, se encuentra en las dependencias de la Benemérita de la capital murciana, según informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación.
Según estas fuentes, tanto el presunto testaferro como el ex alcalde cobraban comisión por la recalificación de terrenos. Así, la forma que Morales tenía de llevarse el dinero procedente de estas recalificaciones era a través de la creación de una empresa tapadera.
Esta detención se suma a las realizadas anteriormente desde el pasado 26 de noviembre en el transcurso de esta operación, de los que sólo ha estado en prisión durante dos meses, de momento, el regidor de Totana, José Martínez Andreo, que quedó el libertad bajo fianza de 70.000 euros el 1 de febrero.
Asimismo, el pasado jueves el ex alcalde de Totana declaró, durante más de 12 horas, ante el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez Templado, por su posible relación con el caso 'Tótem', que investiga los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Región de Murcia asumió la competencia para conocer el asunto en relación a Morales, aforado, en el marco de las investigación de la 'Operación Tótem', al entender que había "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el diputado, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones".
La Sala está compuesta por los magistrados Juan Martínez Moya, que es el presidente, así como Manuel Abadía y Enrique Quiñonero, y el instructor de la causa es el magistrado Pérez Templado.
El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJRM acordó, tras 12 horas de declaración de Morales, prisión provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros para el ex alcalde de Totana. Para evitar la medida cautelar, el imputado tendrá que hacer efectiva la fianza antes de hoy a las 14.00 horas.
En el caso de hacerse efectiva, el diputado estará obligado a comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, deberá entregar el pasaporte y tendrá que comunicar cualquier salida al extranjero. Las actuaciones están bajo secreto de sumario.
+ La Verdad - Europa Press - 14.04.08
Foto: Totana (Murcia), iglesia y ayuntamiento - totana.es
El Gobierno de Canarias ha incumplido todos los plazos para desarrollar las Directrices
LAPROVINCIA* : La revisión de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo será uno de los principales retos del Gobierno en los próximos meses cuando se cumplen mañana cinco años de su entrada en vigor. Esta revisión no sólo se produce porque lo recoge la propia normativa, sino porque en estos cinco años su desarrollo ha sido muy escaso y el Ejecutivo ha incumplido prácticamente todos los plazos estipulados para poner en marcha los diferentes instrumentos y planes establecidos en el texto.
En este lustro el debate político sobre las Directrices ha estado centrado básicamente en la moratoria turística, quedando en un segundo plano el resto de la ley.
En la parte referida a la Directrices de Ordenación General, el Ejecutivo tenía el mandato de desarrollar "de forma inmediata" las directrices sectoriales de Calidad Ambiental, Infraestructuras, Energía, Paisaje, Suelo Agrario, Vivienda y Litoral. En el texto figura un plazo máximo de dos años, es decir, en 2005. En este año lo que se publicó fueron los avances de las directrices del Paisaje y de Recursos Forestales, mientras que del resto aún no se sabe nada.
Asimismo, se establecen plazos de entre seis meses y un año para desarrollar otro tipo de aspectos como un sistema de información territorial, inventarios sobre la situación del suelo, un sistema de indicadores o un programa de medidas económicas, fiscales y administrativas para cumplir los fines de las Directrices. Estos periodos también se han incumplido en su gran mayoría.
En la ley también se recoge la adaptación a las Directrices de los planes insulares de ordenación y del planeamiento de los ayuntamientos en unos plazos que oscilan entre los dos y tres años. Cinco años después, sólo dos planes insulares están adaptados a las Directrices (La Gomera y Tenerife) y la situación de los planes municipales es muy irregular y el Gobierno se ha dado un nuevo plazo hasta 2009.
* La Provincia - RUBÉN ACOSTA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 14 de abril de 2008
Foto: Las Palmas, sede gobierno Canarias - wikipedia.org
Los parques temáticos de Gran Scala arrancan... con mil euros
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ELPERIÓDICO/Aragón* : Amusement Park Ventures (APV) fue constituida en septiembre del pasado año para ser el referente empresarial de los parques temáticos de Gran Scala Spyland y Aquántica. Pero Didier Rancher, el más visible de los promotores de este ambicioso complejo recreativo, ha batido el récord a la hora de desembolsar el mínimo capital posible.
En el estado norteamericano de Nevada logró inscribir su sociedad poniendo sólo mil quinientos dólares, algo menos de mil euros al cambio actual. APV, sin embargo, pretende construir en la hipotética neociudad de Los Monegros un inmenso espacio con castillos, canales, gigantescos acuarios, hoteles y atracciones de todo tipo cuyo coste es calculado en cientos de millones de euros.
APV no está en el accionariado de International Leisure Development, la promotora global de Gran Scala, sino que opera en paralelo al pool y se supone que en estos momentos es el principal (probablemente el único) operador reconocible que se ha vinculado formalmente al megaproyecto para Los Monegros. La sociedad se constituyó el 30 de septiembre del 2007 en Reno (Nevada) y dio como dirección local de la empresa y de sus responsables (el secretario, Bernard Censelme; el presidente, Patrick de Saint-Simon; y el director y tesorero, Didier Rancher) el de la oficina de una gestoría en la suite 110 del número 1005 de Terminal Way. Como para echarles un galgo.
En medio de esta aparente pobreza de recursos y de dinero, APV sí se permitió un lujo: dividir su capital de mil quinientos dólares en un millón y medio de acciones, cada una de las cuales tiene un valor nominal de 0,001 dólares. Parece una broma, pero así consta en los registros que emite la secretaría del Estado de Nevada.
CAMINO POR DELANTE Spyland y Aquántica surgieron, respectivamente, como ideas de un ex-agente de los servicios secretos franceses y de un arquitecto que durante años trabajó para el rey Hassán II de Marruecos. Se dice que ambos parques tématicos formarían una gran zona recreativa en Gran Scala. Además de canales navegables de ambiente veneciano, castillos, jardines, áreas hoteleras, dicha zona dispondría incluso de un acuario (de grandes dimensiones y agua salada) para albergar orcas y delfines amaestrados, así como un restaurante submarino. Se supone que en el interín APV debe encontrar financiación para un proyecto que habría de movilizar enormes sumas de dinero. Si parten de menos mil euros tienen desde luego un largo camino por recorrer.
La creación de APV en septiembre del pasado año, indica asimismo que Spyland y Aquántica no eran proyectos muy operativos antes de que apareciera la idea de impulsar Gran Scala. La pretensión de montar el primero de ambos parques en Dubai o Francia debe ser considerada una especie de elaborada fantasía fruto más del deseo que de la realidad. Los promotores de Spyland aseguraban en el 2006 estar a punto de concretar su opción francesa e incluso presumían en su página web de haber firmado protocolos con las autoridades locales de la zona de Valence. Sin embargo, estas mismas autoridades no dicen lo mismo a los medios de comunicación.
Didier Rancher (un ex-oficial del ejército francés) y el equipo de Spyland contactaron con Paul Stephan Ellegrini y Christian Colus, actuales cerebros de ILD, cuando en 2006 éstos se habían retirado a Avignon huyendo de la quema del casino virtual Goldenpot. Probablemente fue este encuentro uno de los desencadenantes iniciales de lo que luego sería el proyecto Gran Scala. Solo quedaba afinar la idea, buscar más compañeros de viaje, encontrar un territorio fácil cuyas instituciones pudiesen aportar un entorno legal adecuado y finalmente unos políticos prestos a dejarse deslumbrar.
* El Periódico de Aragón - 14/04/2008 JOSÉ LUIS Trasobares
Foto: Los Monegros (Aragón), vista proyecto Gran Scala
NOTICIA RELACIONADA: Sociedades demasiado obvias - El Periódico de Aragón - 14/04/2008
180 euros por reclamar una vivienda digna
EUROPAPRESS/Sevilla* : El Ministerio Fiscal ha solicitado el pago de una multa de 180 euros para cada uno de los dos manifestantes que interrumpieron a Manuel Chaves para reivindicar "una vivienda digna" en su discurso del pasado Día de Andalucía.
El fiscal ha reclamado esta pena al considerar el gesto como una falta de respeto a la autoridad, y señala que "ésa no es la forma más adecuada de hacer una reivindicación". El Ministerio Público ha pedido como alternativa de 36 euros a cada uno de los acusados -en caso de que el juez desestime la primera acusación- por la falta de desorden público.
La defensa ha pedido la libre absolución de sus clientes apelando al "derecho de la libertad de expresión" y descarta una falta a la autoridad, "pues no hubo insultos, sino disconformidad con la política de vivienda actual".
El derecho a discrepar
En el turno de declaraciones, dos policías explicaron que los jóvenes, identificados como L.M. y F.M.S, fueron desalojados del Teatro de la Maestranza cuando interrumpieron al presidente de la Junta, aunque reconocieron que los acusados "tenían invitación" al acto.
Mientras en el juzgado de Instrucción 7 de Sevilla tenía lugar la vista oral, en la explanada de los juzgados vecinos de la calle Guadalcanal se han concentrado para apoyar a los dos jóvenes que irrumpieron en el patio de butacas del teatro con una pancarta en la que se leía Por una vivienda digna. No al desalojo.
"Me sorprende la celebración de este juicio, ya que simplemente reivindicamos el derecho a una vivienda digna y mantuvimos una actitud respetuosa en todo momento", ha señalado una de las acusadas después de rendir su declaración. "Parece que cuando se discrepa de las políticas de la Junta acabas en los juzgados porque en otro tipo de casos similares las protestas no han acabado en juicio", ha añadido Luis de los Santos, letrado de los acusados.
* ELPAIS.com - Europa Press - 14/04/2008
Foto: Vivienda es necesidad no negocio, cartel
Corrupción en Murcia
PÚBLICO/Reportaje* : Las pesquisas de jueces, fiscales y guardias civiles han puesto al descubierto que en la Región de Murcia algo huele a podrido. No es para menos si se tiene en cuenta que de los 45 municipios que existen en esta comunidad autónoma, están siendo investigados cargos políticos y altos funcionarios de una veintena larga de consistorios por la supuesta comisión de diferentes hechos delictivos.
La Justicia ha dirigido su punto de mira, en la mayoría de los casos, hacia el desarrollo urbanístico, disparado tras la reforma de la Ley del Suelo que aprobó el Gobierno de Aznar y su aplicación en la Región de Murcia, lo que dio paso a un modelo de desarrollo que ahora ha terminado por estallar.
De hecho, Murcia, es una de las provincias donde más sigue subiendo el precio de la vivienda, frente a un nivel de renta de los murcianos muy por debajo de la media nacional, es inferior en un 16%, pese a 12 años de expansión; lo que confirma que el modelo de desarrollo del Gobierno del PP en Murcia, después de tantos años, no ha servido para corregir diferencias entre los murcianos y el resto de españoles. Todas las investigaciones que están en marcha afectan a municipios dirigidos por el Partido Popular, excepto en dos: Ojós, pequeño municipio del interior gobernado por un partido independiente, y Los Alcázares, en el Mar Menor, donde gobierna el PSOE.
Aunque no pueden descartarse que existan más investigaciones en marcha, de las que no se conocerían detalles porque puedan estar bajo secreto, los casos más destacados, de los que se tiene constancia, son los que siguen:
Águilas: ‘caso Zerrichera’
Este asunto está en plena investigación con una decena de imputados, incluido el empresario Trinitario Casanova Abadía y el alcalde, Juan Ramírez, así como dos ex directores generales del Gobierno regional de Valcárcel. Los jueces y la Fiscalía investigan la recalificación de una finca protegida de unas 240 hectáreas que representa el 1,07% de la Sierra de la Almenara-Cabo Cope, en el municipio de Águilas.
Totana: ‘operación Tótem’
Se investiga una supuesta trama de corrupción de la anterior corporación del PP y la actual exigiendo comisiones para recalificar terrenos. La jueza encargada del caso ordenó la detención de 14 personas y cuatro más resultaron imputadas. Entre los detenidos destacaba el alcalde del PP, José Martínez Andreo, que estuvo dos meses en prisión y salió, recientemente, tras pagar una fianza de 70.000 euros. Entre los imputados aparece el diputado por el PP y ex alcalde de la localidad Juan Morales, a quien el juez pidió 200.000 euros de fianza, días atrás, para librarse de la cárcel.
Habrá que estar muy atentos al levantamiento del secreto de sumario en este caso judicial puesto que pueden producirse sorpresas informativas de profundo calado político, según las fuentes consultadas.
Los Alcázares: ‘operación Ninette’
Hay seis detenidos, uno de ellos permanece en la cárcel, el arquitecto, Mariano Ayuso. Entre los dos que tuvieron que pagar fianza está el ex alcalde socialista Juan Escudero, en libertad tras abonar en el juzgado 60.000 euros. En esta operación ha declarado el cartagenero Juan Antonio Roca, con intereses en la región. Hay otros 14 imputados.
Alcantarilla
Una juez ha abierto juicio oral contra el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, al que le pide seis años de prisión, por un supuesto episodio de contaminación del río Segura.
Fuente Álamo y Torre Pacheco
En esta trama hay 14 imputados, incluyendo los dos alcaldes, la edil de Fuente Álamo, Maria Antonia Conesa, y el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, éste último está en prisión desde la noche del pasado jueves. En el conjunto de la causa, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, se investiga la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto. Entre los imputados se encuentran tres concejales de Fuente Álamo, además de la alcaldesa y el arquitecto municipal; y en el consistorio pachequero hay imputados cinco corporativos, el arquitecto técnico (en prisión junto al primer edil), el secretario del Ayuntamiento, el interventor y un ingeniero municipal. Igualmente, vinculados a esta investigación, se encuentran el que fuera fundador de Polaris World, Facundo Armero, y el actual presidente de la empresa, José Luis Hernández, además de un socio de Facundo y anterior director financiero de Polaris, Juan Marcos Fernández Farrugia.
Abanilla
Los juzgados de Cieza están investigando cuestiones vinculadas al PGOU y a determinadas personas que pudieron participar en la redacción del mismo, y diferentes trámites urbanísticos.
Archena
El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban construyendo más viviendas de las programadas en principio, al mismo tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin que se hubiera terminado de urbanizar y sin que el ayuntamiento recepcionara la urbanización.
Cieza
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha presentado una querella en el Juzgado de instrucción número 1 de la localidad contra el alcalde, Antonio Tamayo, por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se recalifican 270 hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde, Antonio Tamayo.
Mazarrón
El alcalde del municipio, Francisco Blaya, está imputado después de que la Fiscalía del TSJ de Murcia le denunciara por presunta malversación de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó 33.000 euros a tres concejales de un partido localista dirigido por Domingo Valera (ex miembro del PP) para que los ediles apoyaran al equipo de Gobierno popular. Entre las decisiones que tomaron en la pasada legislatura se encuentra la aprobación del PGOU del municipio que reclasifica 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico. El fiscal le pide seis años de cárcel.
Villanueva del Río
Actualmente se investiga la construcción de una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.
Ulea
Se investiga, al menos, una recalificación de terrenos. Ulea es un municipio de unos cientos de habitantes. El alcalde del PP, José Bolarín Cano, se ha puesto un sueldo de más de 4.000 euros mensuales, más dos pagas extras, por lo que percibe un salario neto, como alcalde, 3.000 euros.
San Javier
El ex regidor popular de San Javier José Hernández está siendo investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue archivada, aunque la Fiscalía ha recurrido el archivo de la misma. En San Javier, además, la Justicia investiga la tramitación de un puerto en La Manga, el caso Puerto Mayor. Se investiga también la tramitación de terrenos para la construcción de un hospital comarcal.
Murcia
En el municipio de Murcia hay al menos dos causas abiertas. La primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía le denunció por favorecer presuntamente a una empresa propiedad de su padre y de su hermano desde su puesto de funcionario. El Colegio de Arquitectos presentó un contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia.
Mula
La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal pertenecientes al PP.
Puerto Lumbreras
Los juzgados de Lorca tienen abiertas diligencias en relación con actuaciones del alcalde en virtud de denuncias presentadas contra el mismo.
Cartagena
La Fiscalía investiga dos recalificaciones de fincas. La primera es en el paraje de Lo Poyo, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja del Mediterráneo.
Abanilla/Fortuna
Un juzgado de Cieza ha decidido imputar a diferentes cargos políticos y a sus familiares después de que la concejala del propio PP, María Dolores García les acusara ante los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio, en 2003, con empleos municipales y con vales de comida. En estos comicios el PP resultó vencedor por primera vez con mayoría absoluta.
La balsa Jenny
La Fiscalía Central Anticorrupción considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos en relación con la cesión gratuita de una balsa de acopio de estériles minerales contaminantes. Por este asunto ya han ido a declarar, en principio en calidad de testigos, a la Fiscalía Anticorrupción, miembros del Gobierno regional que preside el conservador Ramón Luis Valcárcel.
Ojós
El alcalde de Ojós, Francisco Salinas, fue detenido por presunta corrupción de menores y recientemente, después de que se dictara contra él una orden de alejamiento de un menor del municipio, fue detenido por quebrantamiento de dicha orden judicial.
También en la Televisión Autonómica
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias sobre el proceso de adjudicación y construcción de la sede del canal autonómico 7 Región de Murcia al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM). Esta empresa se encargará de gestionar el canal público durante siete años, y a cambio percibirá 36 millones de euros más el IPC anual, procedentes de las arcas autonómicas, con lo que en total serán al menos 252 millones.
El constructor Facundo Armero, que aparece imputado en las diligencias de Torre Pacheco, se encargó de la construcción del centro de emisión, incluso meses antes de que el concurso de adjudicación se resolviera.
Finalmente el propio Facundo Armero, que entonces era copropietario de Polaris World, que participa en GTM, resultó adjudicatario de la carísima televisión regional, que hasta ahora ha cosechado una pobrísima audiencia.
* Público - CHEMA GIL - Murcia - 14/04/2008
Foto: Murcia, el mapa de la corrupción - publico.es
El Puerto: Primeras sentencias de demolición en Pinar de Coig
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DIARIODECÁDIZ* : Los juzgados de lo Penal de Cádiz ya han emitido las primeras sentencias condenatorias contra los propietarios de viviendas del Pinar de Coig, un núcleo ilegal de El Puerto construido en un espacio protegido (un pinar).
Este medio tiene constancia, hasta el momento, de tres fallos condenatorios (con penas de prisión de un año y multas económicas), aunque todos ellos ya han sido recurridos a la Audiencia Provincial. No obstante, en las sentencias no hay uniformidad en lo que se refiere a las órdenes de demolición. Según explicó el abogado de los tres casos con sentencia, Abraham Perdigones, en dos se condena a derribar los chalés. Sin embargo, en un tercer caso, el Juzgado no decreta esta medida por entender que no servirá para restablecer la legalidad de la finca, que ya ha sido parcelada y edificada en gran medida. Según el letrado, el fallo señala que la demolición de una sola vivienda no supondrá que los terrenos vuelvan a su estado original ya que hay otros inmuebles construidos. No obstante, y al igual que los otros dos casos, al propietario se le ha condenado por un delito contra la ordenación del territorio, por lo que también se ha recurrido el fallo ante la Audiencia Provincial.
A los juzgados se remitieron una veintena de denuncias realizadas en 2005 por parte del Ayuntamiento contra los propietarios. Precisamente ayer se celebró un juicio contra uno de los dueños al que acudieron como testigos el anterior concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y el jefe del departamento de disciplina urbanística del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell). Algunas ya se han resuelto con resultados bien distintos. Así este medio también tiene constancia de que hay dos propietarios que fueron absueltos ya que había prescrito el delito (construyeron las viviendas tres años antes de que lo denunciara el Ayuntamiento ante el Juzgado).
* Diario de Cádiz - E. M. Cañas / El Puerto - 11.04.2008
Foto: Varias de las viviendas ilegales del Pinar de Coig / diariodecadiz.es
Pontevedra: Solo cinco concellos de la comarca ordenan su urbanismo con PXOM
LAVOZDEGALICIA* : El urbanismo de la comarca si dibuja a brochazos. El tiralíneas con el que se trazan los planes generales está aparcado en el 60% de los ayuntamientos del área de Pontevedra. Bueu acaba de tumbar esta semana a su equipo redactor después de que emplease ocho años en una tramitación infructuosa de un PXOM que ahora deberá empezar de cero.
Pero Bueu no es la excepción. Más bien es la regla del urbanismo en la comarca. El grueso de los concellos del área de la capital, a excepción de Moraña, Poio, Sanxenxo, Barro y la propia Pontevedra, carecen del planes generales de ordenación. Así, las nuevas construcciones, los viales y las zonas verdes se ordenan a lo largo de la comarca con normas de quince años de antigüedad, aunque hay casos extremos, como el de Marín, que se rige todavía por unas normas de 1978. Y más grave aún es el caso del municipio de Portas, en el que ni siquiera hay unas normas a las que atenerse para el diseño urbanístico. Todo el crecimiento se hace allí atendiendo a la delimitación de los núcleos rurales tradicionales.
Las consecuencias se traducen en municipios superados por su propio crecimiento. Las tramitaciones de los nuevos planes tampoco son un camino de rosas. Los cambios en la legislación urbanística autonómica, el último con las nuevas normas de edificación, ha obligado a muchos ayuntamientos a realizar cambios sobre la marcha. Entretanto, los constructores piden seguridad jurídica para un sector económico crucial en la comarca.
* La Voz de Galicia - 13/4/2008
Foto: costa - RAMÓN LEIRO, lavozdegalicia.es
Lo que nadie explica de la burbuja inmobiliaria
VÍCTOR LUÍS ÁLVAREZ* : La aparición de la burbuja inmobiliaria es consecuencia de condiciones económicas (objetivas) y socioculturales (subjetivas). Las condiciones subjetivas no son económicas, son de origen cultural, y proceden, de la mentalidad que tenemos los actuales españoles frente a la propiedad de la vivienda. Esta posición procede de los primeros años sesenta, antes de esas fechas la opción del alquiler era la que estaba ampliamente generalizada en las capas medias y bajas de la sociedad española.
Esa mentalidad es la que impulsa a los españoles de nivel bajo y medio a la compra de una vivienda en cuanto opinan que tienen condiciones para ello, esa compra está acompañada en ocasiones con ribetes compulsivos de autoengaño sobre las propias posibilidades reales de acceder a la propiedad deseada.
Además el común de los españoles cree, aunque ahora ya un poco menos, en tópicos, como el de que la vivienda «nunca baja», ignorando experiencias recientes como la japonesa entre otras, y por ello la vivienda era vista como una inversión muy lucrativa y financieramente segura.
En las causas o condiciones objetivas de origen económico, un factor determinante fueron los bajos tipos de interés que permitieron a la oferta subir los precios hasta el nivel máximo que la demanda pueda abonar. Y este precio dependía de que las hipotecas fuesen o no accesibles, en muchas ocasiones nadie se preguntaba el valor del bien, si no por la cuantía de la hipoteca y si podía afrontarla.
Cuando no existe un gran stock de viviendas en venta, como ocurría hace unos años, la oferta de vivienda es inelástica, ya que el plazo de ejecución de las obras y urbanizaciones es de varios años por lo que la demanda se acumula sin ser satisfecha.
En esas condiciones de oferta rígida frente a una demanda en aumento y bajos tipos de interés, se disparan los precios, según algún experto bien documentado [1], se calcula que por cada 1% de descenso de los tipos de interés, la vivienda incrementa su precio en un 20%, lo que permite el florecimiento de la especulación y también del llamado «efecto riqueza» que incide en el incremento del consumo, como un efecto colateral de la burbuja inmobiliaria.
Esto acarrea un movimiento de arrastre especulativo sobre toda la cadena inmobiliaria desde el suelo hasta las agencias de compra-venta, esta situación es alentada por los políticos y los medios del sistema encantados de que «España vaya bien» según afirman ellos. ( Si los precios de la vivienda suben es por que la gente tiene dinero, Francisco Álvarez Cascos dixit)
Mientras tanto toda la peor fauna de los buitres ibéricos está revoloteando sobre esta especulación, desde los grandes del «ladrillo», las instituciones financieras y esos buitres de segunda categoría llamados coloquialmente «pasapiseros» que se dedican a la especulación «al por menor», a diferencia de los grandes del «ladrillo» que especulan con miles de millones.
En estas condiciones la construcción de viviendas se disparó hasta extremos nunca vistos. Las instituciones financieras ante la magnitud de la inversión inmobiliaria que se estaba efectuando en este país, no fueron capaces de afrontar su financiación con fondos propios y buscaron liquidez externa, el ahorro europeo vino a financiar a los compradores españoles de viviendas
¿Y las administraciones que hicieron entonces?, se dejaron llevar complacidas por la situación general de sensación de riqueza y consumo, hubiera sido muy fácil poner coto al disparate tomando ejemplos de otros países como Alemania, u Holanda, pero no interesaba, opinaron que no era liberal, y que era preciso dejar actuar al mercado libremente. Eso si, siempre dentro de los límites que los políticos marcaban con las recalificaciones del suelo.
Los políticos más honestos vieron una ocasión para llenar las arcas públicas y fueron ciegos sobre la trascendencia del problema que se podía generar, los menos honestos lo que vieron fue una gran ocasión para llenarse los bolsillos en compañía de los especuladores.
De esta forma no se hizo nada al respecto y la burbuja creció y creció, ahora ya nos encontramos en un punto de no retorno, el ahorro pasado y futuro de una gran parte de la sociedad española está invertido en unos edificios, en ocasiones vacíos, mediante unos créditos que han dejado a España seca de liquidez, y muy poco atractiva para la captación de crédito foráneo.
La crisis no es solo inmobiliaria y energética, es sistémica, la crisis de las hipotecas “subprime” en EEUU es de juguete frente a los tres déficit: federal, comercial y familiar que se acumulan en ese mismo país, por ello se atisban en el horizonte mundial fuertes convulsiones precedentes de un cambio de sistema.
Entonces si que vamos a sentir en nuestro país la falta del capital financiero que está enterrado en el ladrillo español, y que vamos a necesitar para otras carencias estructurales.
El estallido de la burbuja se esta produciendo porque la elevación de los tipos de interés puso al descubierto la sobrevaloración especulativa del precio de las viviendas.
También se puede enunciar que la oferta inmobiliaria es inelástica o rígida hasta que el stock de viviendas acumulado es de tales dimensiones que la vuelve elástica, incluso plástica.
Por deformación profesional usaré un símil de ingeniería, la ley de Hooke, que nos dice que cuando las tensiones son suficientemente elevadas se sobrepasa el límite elástico del material y se llega a la zona de fluencia, si la tensión persiste se produce una deformación plástica y el material se destruye.
O sea, que revienta la burbuja inmobiliaria y se destruye la economía, que es lo que está ocurriendo.
* La Democracia.es - 12 de abril de 2008
Más de 800 personas exigen parar los proyectos de urbanización en Collserola
ELPERIÓDICO/Barcelona* : Al menos 800 personas, según la Guardia Urbana, han reclamado hoy en la montaña del Tibidabo (Barcelona) que se declare parque natural la sierra de Collserola sin recortes en sus límites, amenazados por proyectos urbanísticos y de infraestructuras.
Las obras para construir algunos de ellos ya han empezado, como el conocido como Pla Caufec cerca de la avenida Diagonal de Barcelona y el Centro Direccional de Sant Cugat-Cerdanyola.
Parte de los concentrados llegaron al Tibidabo a pie a través de una de las tres marchas convocadas desde la ciudad de Barcelona y diversas localidades de las comarcas del Baix Llobregat y el Vallès Occidental, territorios por las que se extiende la sierra.
Un plan de 1976
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC), Oleguer Farràs, explicó que el Plan General Metropolitano (PGM) vigente es de 1976 y prevé que se urbanicen "muchos sectores" del entorno de la sierra, por lo que lo consideró "obsoleto" al estar previsto que se proteja como parque natural.
"Por mucho que la declaremos parque natural, en 20 años será un jardín", lamentó, y pidió que se pare la urbanización de sus alrededores para ser "coherentes" con su futuro.
Gran valor ecológico
Farràs subrayó que la parte de encima de la Ronda de Dalt ya está construida y que se prevé ampliar urbanizaciones como la de Can Busquets, que están en zonas de "gran valor ecológico" y que pueden tener un fuerte impacto para los ecosistemas.
La entidad mantiene contactos con la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge y la de Política Territorial i Obres Públiques.
* El Periódico - Europa Press - 13/4/2008
Foto: Barcelona, torre Collserola - wikimedia.org
'Faycán': Una instrucción mastodóntica
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : No hay semana en la que el ´caso Faycán´ no genere algún tipo de noticia. Una comparecencia, una nueva imputación, cambios en las fianzas, nuevas líneas de investigación y nadie que pueda adelantar, a día de hoy, dónde se ubica el final de esta fase. El juicio, con suerte, será en 2009.
Tras la denuncia de María Luz Navarro y las primeras detenciones -el 1 de marzo de 2006-, el caso Faycán no ha dejado de estar en boca de la ciudadanía teldense. Han pasado ya 32 meses desde que la empresaria denunciase ante el juez la presunta trama tejida en el seno del anterior grupo de gobierno para facilitar el enriquecimiento ilícito de unos pocos.
La radiografía hasta la fecha es tan cruda como contundente:una instrucción mastodóntica con casi 7.300 folios desclasificados y al menos otros 4.000 pendientes de entrega a las partes, cerca de 50 imputados -con un ex alcalde, un ex parlamentario regional y ocho ex concejales-, media docena de familiares, una decena de funcionarios y una veintena larga de empresarios. La vida política en Telde cambió de la noche a la mañana cuando se practicaron las detenciones de Toñi Torres, su marido, su asesor y varios empresarios. La secuencia de los hechos, a partir de entonces, es por todos conocida:Torres, en la cárcel, se niega a entregar el acta mientras que durante las semanas posteriores a su arresto van cayendo más imputados y la edil Candelaria Sánchez también se niega a dimitir.
´OPERACIÓN VENECIA´. El colofón en 2006 vino de la mano de la operaciónVenecia, nombre con el que se bautizó el operativo puesto en marcha el 7 de noviembre de ese año -día en el que la ciudad de Telde cumplía su 655 aniversario- para detener al alcalde Francisco Valido, cinco de sus munícipes y a la hija de Toñi Torres. Con la sombra de la gestora planeando y Ciuca fuera del gobierno municipal, la dimisión de Francisco Valido y los suyos provocó la renovación del PPen el pleno.
Francisco Santana, que pasó de asesor de Deportes a concejal, y de ahí a alcalde sin apenas darse cuenta, intentó serenar las cosas en una corporación agobiada no sólo por el escándalo de las comisiones ilegales y las numerosas ramificaciones detectadas en una investigación llevada con minuciosidad por el juez y la policía, sino también por una grave crisis económica.
Con los funcionarios reacios a firmar cualquier tipo de documento o informe ante esta coyuntura, los meses previos a la celebración de las pasadas elecciones locales tampoco fueron tranquilos.
Se detuvo entonces a tres personas por filtrar, supuestamente, datos de la instrucción a ediles del PP.
También cayeron los otros dos hijos de la edil Torres y dos funcionarios en el departamento de Urbanismo.
Apareció la pieza separada del Grupo Europa, y con ella más trabajo, más indagaciones y más papeleo.
El último hecho destacado ha sido la imputación por prevaricación del concejal Guillermo Reyes, pero todo apunta a que aún falta mucho para cerrar la carpeta y fijar juicio en la capital grancanaria. Con mucha suerte, este proceso se cerrará en el año 2009.
Y antes de que llegue ese momento, lo más probable es que se produzcan varios cambios en las imputaciones de los políticos y que algunos de los funcionarios implicados se vean eximidos de culpa si finalmente no se tiene del todo claro que delinquieron.
* La Provincia - A. J. F. / TELDE - 13 de abril de 2008
Foto: Telde (Gran Canaria), urb. Hoya Pozuelo - turcon.blogia.com
Ceuta: Ecologistas y ciudadanos se unen contra la urbanización del Monte Hacho
SUR* : «Esto es una vergüenza, dentro de poco nos quedaremos sin monte». «Es una desfachatez, este gobierno hace con el suelo lo que quiere». Estas críticas no corresponden ni a ecologistas ni a políticos, salieron ayer de boca de los más de cien ceutíes que firmaron en contra del proyecto de urbanización que la Ciudad proyecta en la ladera sur del Monte Hacho.
Todas las personas que se pasaron por el stand que Septem Nostra dispuso en la plaza de los Reyes dejaron su rúbrica impresa ante un plan que la asociación conservacionista quiere parar. «Tienen que expropiar las parcelas privadas para conservar la zona y convertirlo en un Parque Cultural, no para edificar», exigió indignado José Manuel Pérez, presidente del colectivo.
El Hacho tiene titularidad estatal, pero las competencias reposan en el Ejecutivo local. Según indica la Ley de Montes en su última revisión de 2003, el uso forestal no se puede cambiar salvo que se produzca un cambio en la catalogación. «Para eso los titulares de los terrenos, el Gobierno local y el Estado tendrían que emitir unos informes en los que se posicionasen a favor o en contra», explica Pérez. Para este ecologista el problema entonces está claro. «Hay dos propietarios principales de parcelas en el Hacho, uno al setenta y otro al treinta por ciento, y entre ellos y la Ciudad están tratando de jugar a especular», denuncia.
En el preavance del Plan General de Ordenación Urbana de 2007 se recomendaba la conversión del monte en suelo no urbanizable, pero la última versión del documento es muy distinta. «La Ciudad ha deslegitimado el criterio del equipo redactor de arquitectos que apostaba por la conservación porque priman los intereses», critica Óscar Ocaña, miembro de la asociación.
Su enfado es más categórico aún tras unas recientes declaraciones del consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, en las que decía que Septem Nostra-Ecologistas en Acción «lleva dos años con la boca cerrada». Ocaña responde: «son palabras impropias de un político y no se lo vamos a tolerar».
Cada quince días
El stand de los ecologistas estará en la plaza de los Reyes cada quince días hasta que finalice el periodo de exposición pública del PGOU, pero en su primera jornada ya ha obtenido una buena acogida. «Las firmas son el símbolo de que los ceutíes no quieren perder su monte», valora Pérez.
Personas más y menos conocidas pasaron por el puesto informativo para dejar su opinión impresa. A pesar de que no había ningún cartel que identificase el stand, todos los que se acercaron, sabían dónde iban. «Nos vamos a quedar sin un árbol», decía una señora mientras escribía. «Me llevo una hoja que sé de mucha gente que quiere firmar», aseguraba un señor.
Y ante este panorama primerizo, el presidente de los conservacionistas lo advertía ayer. «No vamos a parar hasta que la Ciudad modifique el proyecto. Hay demasiada gente interesada en acabar con el monte».
* SUR - 13.04.08 - ELSA CABRIA
Foto: Ceuta, monte Hacho al fondo - wikimedia.org
Córdoba: Cinco parceladores se enfrentan a 10 años de prisión por vallar y abrir calles
ABC* : Cinco personas se enfrentan a penas que suman 10 años de prisión por delitos contra la ordenación del territorio como presuntos parceladores en suelo no urbanizable de la finca «El Cortijo de Quintos», en las inmediaciones del Aeropuerto de Córdoba.
El Ministerio Fiscal solicita dos años para cada uno por dividir esta finca ubicada en suelo protegido en las inmediaciones del aeropuerto de Córdoba, donde después se construyeron diversas edificaciones.
El escrito de conclusiones provisionales del fiscal recoge que los hechos se remontan a 2004 cuando los cinco acusados, que trabajaban para la misma empresa, procedieron a la división de una finca en «El Cortijo de Quintos».
Para ello, los acusados colocaron estacas para abrir vías, instalaron postes y vallas metálicas a lo largo de cuatrocientos metros donde después se construyeron diferentes edificaciones, que también motivó la apertura de diligencias judiciales.
Según el fiscal, los acusados promovieron la realización de las construcciones no autorizadas «ni autorizables» conforme a la legislación, porque el suelo está calificado como no urbanizable y está declarado como de «especial protección».
En concreto, la protección se debe al valor ambiental y paisajístico de la Vega del Guadalquivir «susceptible de ser considerado como recurso irrecuperable» y en el que estas actividades pueden producir «graves impactos medioambientales».
Para el fiscal, los acusados cometieron un delito contra la ordenación del territorio por el que pide para cada uno de ellos una pena de dos años de prisión, una multa de 3.240 euros y la inhabilitación especial para su profesión durante dos años.
Esta finca se encuentra muy próxima a otras parcelaciones ilegales como El Rosal del Rubio, en las inmediaciones de Córdoba capital.
* ABC - P. GARCÍA-BAQUERO - 12 de abril de 2008
Foto: Córdoba, parcelación junto Aeropuerto - diariocordoba.com
Un millar de personas lleva el rechazo a la cárcel hasta Playa del Inglés
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : Los vecinos de Castillo del Romeral y alrededores llevaron ayer el rechazo a la cárcel de Juan Grande hasta el corazón de Playa del Inglés. Unas mil personas tomaron la avenida de Tirajana para protestar por la construcción de la prisión, cuyos movimientos de tierra se ejecutan desde hace semanas a las puertas del municipio de San Bartolomé de Tirajana.
La protesta comenzó sobre las 16.00 horas con una caravana de coches que partió desde los barrios más afectados por la implantación del futuro penal. Así hasta llegar a golpe de bocinazos a Playa del Inglés, en donde los ciudadanos realizaron con sus coches un breve recorrido por las calles y luego se concentraron en San Fernando de Maspalomas. Desde aquí iniciaron a pie la manifestación rumbo a la principal arteria turística del sur de Gran Canaria, una avenida que se llenó de cientos de octavillas, representaciones para escenificar el hipotético daño que causará la prisión al municipio y unos 200 kilos de tomates, que fueron repartidos a los turistas como prueba de la "muerte de la agricultura". Y es que los terrenos sobre los que se va a levantar el penal son de uso agrario.
También se vendieron unas mil camisetas para reclamar fondos para la causa, que no es otra que parar las obras del centro penitenciario, además de lograr el cierre del vertedero, posicionarse en contra de la instalación de una planta de gas a pocos kilómetros de la costa, y conseguir que se controlen las emisiones de la central eléctrica. Las instituciones públicas quieren concentrar todas estas infraestructuras a las puertas de San Bartolomé, entre los barrios de Castillo del Romeral y Juan Grande, que también soportan el funcionamiento de una machacadora de piedras.
AYUNTAMIENTO. Pero ayer era el día de la cárcel, pues contra esta instalación se centra ahora la lucha de los vecinos por su inmediata construcción. Hubo gritos de rechazo, pitos, tambores y una buena retahíla de reproches al Ayuntamiento. El gobierno municipal intentó impedir que la manifestación se celebrase en la zona turística. Un esfuerzo en vano, porque un auto judicial autorizó el recorrido por Playa del Inglés y echó por tierra las pretensiones de la Delegación del Gobierno y la corporación local.
"El verdadero culpable de la mala imagen que se llevan los turistas es el Ayuntamiento con su pésima gestión, no tan sólo en lo turístico, sino en todos los asuntos", aseguran los portavoces vecinales del Consejo, que están cansados de la postura ambigua del grupo de gobierno respecto a la "macrocárcel".
* La Provincia - M. REYES / SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - 13 de abril de 2008
Foto: Cabecera de la manifestación celebrada ayer contra la carcel/ M. Reyes, laprovincia.es
Gandía: El arzobispado vende a una constructora un solar de 1,6 millones donado para una iglesia
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LEVANTE* : El Arzobispado de Valencia ha vendido a una empresa constructora un solar situado en Gandia que fue donado el año 1993 por José Pascual Romero Ferrandis para que sobre él se construyera una iglesia en la que, según su última voluntad, reposarían para siempre sus restos mortales y los de sus padres, "siempre que las leyes canónicas y civiles lo permitan".
La parcela, que da a las calles Verge dels Desemparats y el Real de Gandia, en el distrito de Benipeixcar, fue vendida en el año 2006 por 1,6 millones de euros, y sobre la misma se está construyendo un edificio de viviendas, incumpliéndose así el testamento de Romero, que donó al arzobispado, además del solar, una cantidad económica cercana a los ochenta millones de pesetas. Ese dinero, según su voluntad, también se tenía que destinar a sufragar, en todo o en parte, las obras del templo parroquial.
José Pascual Romero falleció en febrero de 1996, tres años después de que, en un documento firmado por él mismo y por el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, acordaran la donación del solar y de todos sus ahorros para que "la Archidiócesis de Valencia los destinara a construir sobre ellos un templo y sus anejos para actividades pastorales".
En ese documento, al que ha tenido acceso este periódico, el ahora cardenal García-Gasco acepta, a petición de Romero, que esa parroquia, situada en un área de expansión urbana de Gandia, se consagre a San Jerónimo Hermosilla, religioso dominico que hizo el noviciado en Valencia junto a Vicente Romero Álvarez, nacido en Benipeixcar en 1804 y emparentado con el donante del solar y de los ochenta millones de pesetas para construir la iglesia.
Es más, José Pascual Romero pide en su testamento que sobre la fachada de la iglesia figure la inscripción: "Fray Vicente Romero Álvarez, el Lector Romero, el dominico español de mayor prestigio de todo el siglo XIX, nació en Benipeixcar el 15 de abril de 1804 y murió en Corias (Asturias)", con la que pretendía ensalzar la figura del dominico de Benipeixcar.
Cuando se hizo el testamento, en 1993, el valor del solar se calculó en ocho millones de pesetas, pero su ubicación, en un área de expansión de Gandia y junto a una gran zona verde, unido al enorme crecimiento demográfico experimentado por esta ciudad, ha permitido multiplicar su precio por 33. Cuando el Arzobispado de Valencia lo subastó, en 1996, consiguió sacar la friolera de 1,6 millones de euros. La empresa que lo adquirió lo destinó a la construcción de pisos, y, en este momento, las obras están en una fase muy adelantada.
Arzobispado: "El templo se hará"
Puestos en contacto con el Arzobispado de Valencia, un portavoz oficial indicó ayer a este periódico que, en primer lugar, sus servicios jurídicos entienden que la donación de José Pascual Romero "no estaba condicionada" a la construcción de la iglesia.
Aun así, indicó que la voluntad es erigir el templo bajo la advocación de San Jerónimo Hermosilla, pero no en el solar de Benipeixcar porque "está muy próximo a la iglesia parroquial" de San Cristóbal, situada, en línea recta, a unos 300 metros. Además, recuerdan que la parcela cedida quedó sometida a un proceso de urbanización iniciado por el Ayuntamiento de Gandia que supuso la alteración de sus dimensiones.
El portavoz, finalmente, señaló que todo el dinero del testamento, el ofrecido en metálico y el obtenido con la venta del solar, ha quedado en un depósito y que el arzobispo, Agustín García-Gasco, "es el garante" del mismo para, en un lugar y en un momento todavía no determinado, construir la iglesia que José Pascual Romero soñó.
* Levante-EMV - S. S., Gandia - 12 de abril de 2008
Foto: No es una iglesia. El edificio de viviendas que se está construyendo en el solar donado por José Pascual Romero/ x. ferri, levante-emv.com
Plataforma por una Vivienda Digna estudia denunciar ante la UE la línea de avales del ICO
EUROPAPRESS* : La Plataforma por una Vivienda Digna (PVD) estudia denunciar ante la Unión Europea (UE) la línea de avales ICO-FTVPO, a través de las que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) dispondrá de 3.000 millones de euros para que "promotoras y constructoras construyan Viviendas de Protección Oficial (VPO)".
La organización ha señalado en un comunicado que dichas ayudas "atentan contra los principios de libre competencia" y asegura que la "única atención preferente" que requieren las promotoras y constructoras son los "8.600 millones de euros que evaden al fisco cada año", según reflejan los datos de los Técnicos de Hacienda (GESTHA).
La PVD considera un "insulto" a los contribuyentes y las empresas de otros sectores que el Ministerio de Economía y Hacienda "perdone tales cantidades de dinero" a promotoras y constructoras, así como que les otorgue "financiación en condiciones excepcionales para que puedan subsanar sus errores de previsión".
La organización también ha explicado que son "precisamente" estas compañías las que "han provocado, en parte, esta crisis con incrementos ficticios de precio y demanda". En este sentido, el colectivo reconoce que el sector de la construcción "ha generado mucho empleo" y que hay "muchas familias" afectadas por el cambio de ciclo", por lo que recomienda apostar por otros sectores e intentar "no depender del ladrillo y el endeudamiento familiar" para el sostenimiento de la economía.
* El Mundo - Europa Press - 10/04/2008
El Ministerio de la Vivienda paga a las empresas del boom
ISIDRO LÓPEZ* : El acoplamiento de dos crisis con origen en el mercado inmobiliario, crisis interna de la demanda inmobiliaria y crisis global de liquidez, ha dejado inmediatamente al descubierto una de las características más olvidadas del ciclo inmobiliario expansionista español, el fortísimo endeudamiento con el que venían operando los promotores y constructores. Durante estos años, la atención mediática se ha venido centrando, justificadamente, en el creciente endeudamiento de las familias ocasionado por la compra de la vivienda en un contexto de precios de burbuja, que recordemos ha llegado a superar en más de diez veces la renta de las familias.
Sin embargo, se estaba olvidando el significado de conjunto del ciclo inmobiliario al no prestar la suficiente atención al hecho de que, según el Banco de España, en 2007, el 60% de todo el crédito al sector empresarial privado correspondía a actividades inmobiliarias y, dentro de estas actividades, un 25% correspondía a la promoción inmobiliaria, léase operaciones de compra y venta de suelo, por sí solas. Una vez lanzado todo el ahorro de las familias al ciclo inmobiliario, el origen de esta masa crediticia tenía como base las hipotecas familiares españolas pero también, y muy especialmente, la captación de capitales en los mercados financieros globales. La aparición de una crisis crediticia internacional de origen hipotecario ha desatado una especial desconfianza hacia los activos de origen inmobiliario, que ahora se revelan, gracias al cambio de humor del sector financiero, como la mercancía ficticia que son. En estas condiciones, no sólo ha sido imposible una mayor internacionalización del capital inmobiliario español que permitiera sortear la depresión del mercado invirtiendo en otros países, sino que, además, han aparecido grietas profundas en lo que, durante una década larga, venía siendo un sólido bloque de poder financiero- inmobiliario.
Cambiar las cosas desde dentro
El 18 de septiembre de 2007, cuando la crisis internacional presenta síntomas muy serios de agravamiento, se constituye, tras una reunión con Rafael Taguas, director de la Oficina Económica del presidente, y otra con Mariano Rajoy, el grupo de las 14 inmobiliarias más grandes de España formado por: Martinsa- Fadesa, Colonial, Chamartín, Hercesa, Metrovacesa, Nozar, Rayet, Realia, Renta Inmobiliaria, Restaura, Reyal Urbis, Sacyr Vallehermoso, San José y Parquesol. El lobby está dirigido por Fernando Martín, presidente de Martinsa- Fadesa y cuenta, como mediador estrella, con un antiguo secretario general de Economía con el PSOE: Pedro Pérez. El propósito del lobby está claro desde el principio: utilizar al Estado para que medie ante los bancos en el nuevo contexto de endurecimiento del crédito y legisle a favor de estas promotoras, mientras éstas agitan la amenaza de los riesgos macroeconómicos que se derivarían de una caída demasiado aguda y prolongada del mercado inmobiliario español, el principal de ellos, el colapso de la demanda privada. La impresión de que este grupo de inmobiliarias no está formado por los operadores de mayor capacidad financiera, sino por aquellos que se han quedado ‘atrapados’ en el mercado español, queda reforzada por la ausencia de las grandes constructoras globales de capital español (Acciona, Ferrovial, OHL, ACS, etc).
El lugar de operaciones preferencial del llamado G-14 es, nada paradójicamente, el nuevo ministerio que el Gobierno del PSOE creó para “resolver el problema de la vivienda”: el Ministerio de la Vivienda. Hasta ahora, el gran triunfo del G-14 ha sido la revisión del Plan de Vivienda 2005/2008. El nuevo plan, que regulará la política de vivienda durante este año, prevé modificaciones sustanciales que corresponden a las reclamaciones del lobby de los promotores.
Esta revisión supone una transferencia directa de dinero público hacia las promotoras inmobiliarias, en un momento de agudización del exceso de oferta inmobiliaria y de caída de los precios de la vivienda libre. La revisión del plan establece ayudas de 12.000 euros (6.000 euros nuevos que se suman a los 6.000 ya previstos por el plan) al promotor por cada vivienda que destine al alquiler, sin que en ningún lugar se explicite la cantidad total destinada para cubrir estas ayudas, o lo que es lo mismo, se abre una vía permanente de subvención pública al sector inmobiliario. Por otra parte, esta misma normativa decreta que las promociones de viviendas de obra nueva no vendidas durante más de un año puedan acomodarse a la categoría de viviendas protegidas, mediante una sustancial relajación de los criterios de precios necesarios para que las viviendas puedan ser calificadas como VPO. De esta manera se garantizan públicamente parte de los beneficios de los promotores y, además, el Gobierno puede hinchar sus cifras de construcción de vivienda protegida con fines electorales.
La batalla por el suelo
Desde principios de 2008, aparece un nuevo caballo de batalla del G-14 que parece que va a ser protagonista durante los primeros meses de 2008: el mercado de suelo. La devaluación de los activos inmobiliarios y el endurecimiento de las condiciones de crédito no sólo han provocado un parón en la concesión de nuevos créditos a las promotoras, sino que han provocado una incapacidad creciente de las promotoras para hacer frente a las enormes deudas contraídas durante el boom. El resultado ha sido que varias grandes inmobiliarias del G-14, como Nozar o Martinsa- Fadesa, intentan renegociar su deuda en un momento en el que la crisis financiera internacional se va haciendo cada vez más severa y los bancos y, especialmente, los grandes fondos de inversión internacionales están cada vez más necesitados de liquidez y han comenzado a exigir la liquidación inmediata de parte de la deuda contraída con las promotoras. Éstas han respondido a las demandas de los bancos intentando vender grandes paquetes de suelo con expectativas de urbanización en un mercado de suelo que ha reducido drásticamente su actividad. Desde el punto de vista de los promotores, uno de los obstáculos legales para cerrar sus operaciones de venta de suelo rústico con expectativa de urbanización, es la nueva valoración del suelo que establece la Ley del Suelo, y están presionando para restaurar la antigua valoración por expectativas (que no ponía límite a los precios del suelo rústico).
Resulta paradójico que esta bestia negra de las promotoras que es el régimen de valoraciones que establece la Ley de Suelo está evitando la ejecución de una cadena de ventas de suelo con precios a la baja que, de seguir igual el resto de factores, acabaría por deprimir definitivamente el precio del suelo en el medio plazo y alargando la reactivación del boom inmobiliario. Como todo apunta a que garantizar una pronta reedición de la burbuja inmobiliaria será el objetivo central de la política económica del nuevo gobierno, es de esperar que el rescate de las promotoras se produzca por otros medios
RELACIÓN CON LOS SINDICATOS
CC OO y UGT, entre la concertación y la crisis
DIEGO SANZ PARATCHA
El entendimiento entre CC OO, UGT, las patronales y el Gobierno en la anterior legislatura coincidió con el periodo de mayor crecimiento y menos huelgas. La nueva etapa ha comenzado, ya en la primera semana tras el 9-M, para negociar un plan de choque contra el desempleo provocado por el cambio de ciclo económico. El Gobierno tendrá que atender a los compromisos de la pasada legislatura, con la Ley de Dependencia a la cabeza, y un superávit que, según la Fundación de Cajas de Ahorros, apenas alcanzará el 0,3% del PIB el año que viene (el 2,2% en 2007). Y lo deberá combinar con nuevos recortes de impuestos, quizá el aspecto de su política económica más criticado por el sindicalismo de concertación. De entrada, ya hay divergencias sobre la procedencia de los 201 millones que costará el mencionado plan de choque, pues el Gobierno pretende que salga de las cotizaciones a la Seguridad Social y no de los Presupuestos Generales del Estado. Además de la crisis, las dinámicas internas de las organizaciones condicionarán el llamado diálogo social. CC OO llega a su IX Congreso en diciembre como el sindicato más votado en el último proceso de elecciones sindicales. Una ejecutiva continuista, con o sin Fidalgo al frente (todavía se desconoce si se presentará a la reelección), podría plantearle al Gobierno más problemas de los que se aprecian a primera vista. Las denuncias del diario Público sobre las propiedades de la dirigente del sindicato de banca y oficinas fueron entendidas por el equipo de Fidalgo como un ataque gubernamental a su entorno. La candidatura de Rodolfo Benito, apoyada por la federación madrileña, el sindicato de construcción y el parlamentario socialista Antonio Gutiérrez (antiguo líder de la central), es mejor valorada en Moncloa.
LAS RAÍCES DEL PROBLEMA
La avaricia de los promotores rompe la burbuja
M.D.L.
“En el mismo momento que dejásemos de construir, se derrumbaría todo”. La frase no pertenece a ningún gestor inmobiliario, sino a una viñeta del Roto, citada por Ramón Fernández Durán en su libro El tsunami urbanizador. La construcción llegó a 800.000 viviendas anuales, una cifra superior a la de Italia, Alemania y Francia juntas. La vivienda no sólo se convirtió en un bien de uso, sino también en un terreno sumamente seductor para usos especulativos. Durante años invertir en vivienda suponía ver como su valor se revalorizaba muy por encima del resto del mercado, con lo que se da el caso de que, según el último censo, tres millones de viviendas permanezcan vacías. Ahora bien, llega un momento en que incluso la demografía no da más de sí. Además, la crisis provocada por las hipotecas basura en EE UU y el techo tocado por la fiebre constructora llevaron al momento actual. Y la dependencia de la construcción lleva a descartar la idea de un aterrizaje suave. Nadie está dispuesto a comprar cuando se percibe que los precios caerán en picado. Ante ello, los promotores desean que el Gobierno declare el sector zona catastrófica y lo ayude para evitar un efecto arrastre. Es decir, una ayuda extra al causante.
* Isidro López, Madrid (Observatorio Metropolitano)
* Periódico Diagonal - En el Alambre - Número 75. 3 - 16 de abril de 2008
La banca española se dedica ahora a financiar el ladrillo en Portugal
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ELCONFIDENCIAL* : “Menos mal que nos queda Portugal”, comentaba recientemente en tono jocoso el portavoz de una gran inmobiliaria española en dificultades. Eso mismo deben de pensar grandes entidades, tal que Santander y BBVA, y cajas de ahorros, como Caixa Galicia, que no dan un duro por el sector inmobiliario en nuestro país, pero que sí financian hipotecas para viviendas turísticas en el país vecino.
La gallega Caixanova va aún más lejos, ya que es la principal financiadora del proyecto. Glamour no le falta: entre sus compradores se encuentran personalidades del mundo del deporte como el entrenador del Chelsea Mourinho y entre la veintena de reconocidos arquitectos internacionales que han diseñado los chalets se encuentra, por ejemplo, Álvaro Siza Vieira, conocido por sus desavenencias con la baronesa Thyssen a cuenta de la remodelación del Eje Prado-Recoletos de Madrid.
El proyecto se llama Bom Sucesso- Design Resort, Leissure, Golf & Spa, y consiste en un ambicioso desarrollo de turismo residencial consistente en más de 600 chalets -individuales y adosados-, un hotel con spa y un campo de golf de 18 hoyos Championship en la costa portuguesa. Concretamente, en la villa medieval de Óbidos, a una hora al norte de Lisboa. El propio Gobierno de Portugal ha calificado a Bom Sucesso como Proyecto de Interés Nacional (PIN).
La particularidad de este proyecto consiste en el cuidado diseño de los chalets, que han elaborado 23 arquitectos contemporáneos como Álvaro Siza Vieira o David Chipperfield. Con un objetivo común: integrar las viviendas en el paisaje. Los diseñadores, apoyados por paisajistas, se han ceñido a ciertas normas, como respetar las cubiertas vegetales de las construcciones, optimizar la luz solar o que las separaciones sean naturales o no existan.
De los 601 chalets proyectados, 515 ya están vendidos
De los 601 chalets proyectados, 515 están ya vendidos. El 32% de ellos, a españoles. “Algunos de los clientes españoles interesados, están esperando a vender en España antes de adquirir una de nuestras unidades en Portugal”, afirman portavoces de Bom Sucesso. El perfil comprador es la clase media-alta o alta. Nos dirigimos al 16% del mercado, la parte alta de la pirámide. El proyecto está teniendo muy buena acogida especialmente entre los profesionales liberales: médicos, pilotos, notarios... Nuestro cliente tipo busca una segunda residencia, pero la inversión tiene que ser buena. De hecho, según ha revelado Antonio Caiado Silva Pereira, administrador de la promoción, perteneciente al grupo luso Acordo, los precios de estos chalets se han revalorizado un 80% en tres años.
Los precios oscilan entre los 250.000 euros de las viviendas de una habitación hasta los 400.000 euros de las de tres habitaciones. Las viviendas se pueden adquirir en régimen libre o en régimen turístico. Este último se aplica sobre todo a la adquisición de los adosados. Consiste en la adquisición, en propiedad plena, del chalet, el cual se cede para su explotación turística durante parte del año, y con acceso a compensaciones financieras y a un elevado nivel de servicio. En el precio estarían incluidos los muebles y el equipamiento. La rentabilidad del alquiler mientras no se use, es para el propietario, descontando un porcentaje por la gestión.
Además de las entidades señaladas, Caixa Geral de Depositos, Banco Espirito Santo, Millenium bcp y Barclays figuran como socios de financiación a clientes. Desde su stand en el Salón Inmobiliario de Madrid este año, su administrador asegura que están teniendo una buena acogida por parte de la demanda. “Portugal no está en la misma situación inmobiliaria que España”, asegura.
+ El Confidencial - Fátima Martín.- - 12/04/2008
Foto: Óbidos (Portugal) - iexplore.com
Porto do Son: El fiscal ve indicios de delito en las compras de fincas por Vázquez
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ELCORREOGALLEGO* : El fiscal encargado del caso ha remitido al portavoz de la Fiscalía para su tramitación el expediente abierto al ex concejal de Urbanismo de Porto do Son Juan Manuel Vázquez García, por las irregularidades detectadas en la adquisición de fincas a cuatro vecinos de Portosín que están previstas recalificar en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM).
De esta forma, se formaliza ante el TSXG la querella contra el ex edil por haberse aprovechado presuntamente por su cargo de una información privilegiada con ánimo de obtener un beneficio económico.
Previamente, el fiscal había solicitado al Juzgado de Instrucción de Noia que investigara los negocios urbanísticos de Juan Manuel Vázquez al tener indicios de que pudo cometer dos delitos (artículos 439 y 442 del Código Penal), ya que las fincas al recalificarlas van a doblar su valor de mercado.
Éste es uno de los muchos casos que se dieron en Porto do Son durante el mandato del socialista Ramón Quintáns Vila de irregularidades urbanísticas que poco a poco han ido saliendo a la luz pública. Cuando EL CORREO destapó este hecho, en junio de 2006, el ex alcalde disculpó a su concejal públicamente durante una rueda de prensa, aunque reconoció que su acción "no es ética", y lo mantuvo en su puesto al frente de Urbanismo hasta que el fiscal presentó la denuncia, en septiembre del mismo año, quitándole entonces la delegación. Quintáns defendió a su edil alegando que no hay ley que impida comprar terrenos, pese a su cargo en Urbanismo y a que los mismos se iban a recalificar. En su opinión, este caso no merecía la atención de los medios.
* El Correo Gallego - M.G. • PORTO DO SON - 12.04.2008
Foto: Porto do Son (A Coruña) - cnportodoson.es
