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ELPAÍS/A Coruña* : La Consellería de Política Territorial que presidía Alberto Núñez Feijóo aprobó de 2003 el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) del ayuntamiento de O Pino, pese al dictamen en contra de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura de su propio Gobierno que informó desfavorablemente contra el citado plan.
El informe del departamento de Pérez Varela aludía el 25 de abril de 2003 a la necesidad de proteger en el planeamiento del ayuntamiento coruñés "aquellos espacios que por sus valores deben ser objeto de una especial protección arqueológica" y requería al gobierno local para que incluyese "un catálogo completo y pormenorizado de los yacimientos" así como "una ordenanza de suelo rústico de protección de Patrimonio".
Ninguna de estas medidas fueron adoptadas por el Ayuntamiento que preside Manuel Taboada Vigo, pero dos meses después, en junio, Política Territorial dio luz verde al PGOM de O Pino. Medio año más tarde, el mismo regidor tampoco encontró trabas en la Xunta para sacar adelante el plan parcial del polémico polígono industrial de O Pino, pese a que el documento tampoco recibió el preceptivo aval de la Dirección Xeral de Patrimonio del Gobierno gallego.
Este suelo industrial se encuentra ahora paralizado por una doble resolución de la Consellería de Cultura para proteger la ruta antigua del Camino de Santiago y de la Consellería de Medio Ambiente a raíz de una denuncia del Seprona que advertía sobre los efectos que las obras de desmonte estaban causando en varios arroyos del municipo. Por este motivo, Medio Ambiente ha sancionado a la promotora Fadesa que desarrolla el polígono, por carecer de permiso para realizar estas obras.
La polémica por el polígono llegó ayer al Parlamento gallego, después de que el PP denunciase la persecución que en su opinión está haciendo la Xunta al alcalde de O Pino, una afirmación que fue desmentida por la Conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, y los portavoces de PSOE y Bloque.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 10/04/2008
Foto: O Pino (A Coruña) - xunta.es
Feijóo aprobó el Plan Xeral de O Pino pese a los informes en contra de Cultura
Se autorizan campos de golf y macrourbanizaciones mientras se anuncian restricciones de agua
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Cádiz* : La Sierra de Cádiz afronta un verano con amenaza de restricciones a causa de la sequía. Pese a contar con importantes reservas y escasa población, llama la atención que en esta comarca haya problemas de abastecimiento que van camino de ser crónicos. Si el año hidrológico es bueno no hay problemas, pero si no lo es, entonces aparecen las restricciones.
Se puede hablar de varios tipos de sequía; coyuntural, cuando las lluvias son escasas y se resiente el campo, los cultivos, los ríos…; y estructural, cuando no hay agua en los embalses y los acuíferos está por debajo de su capacidad de explotación, o cuando se consume más agua de la que hay. En el caso de la Sierra de Cádiz, este año se han entrecruzado los dos tipos, falta de lluvias y consumo por encima de las disponibilidades. Estas restricciones afectan o pueden afectar a diez pueblos: Puerto Serrano, Prado del Rey, Bornos, Villamartín, Ubrique, El Gastor, Zahara de la Sierra, Grazalema, VIllaluenga y Benaocaz.
La causa de esta paradójica situación –la Sierra de Cádiz es el sitio que más llueve de España y algunos de estos pueblos están a orillas de pantanos- está, además de en la falta de lluvias, en el uso descontrolado, y a veces ilegal, del agua en la Sierra de Cádiz. El mal uso de las reservas subterráneas en los últimos tiempos, especialmente en Villamartín, Puerto Serrano y Arcos de la Frontera, ha hecho mermar la cantidad y calidad del recurso disponible, disminuyendo la capacidad para afrontar periodos de escasez. Además, los pueblos de la sierra han experimentado un notable crecimiento urbanístico ligado a la segunda residencia, muchas de ellas con piscinas, que hace que la población flotante en periodo de vacaciones aumente notablemente, con el consiguiente incremento del consumo de agua. Así, el crecimiento incontrolado del “diseminado rural” en estos municipios y los pinchazos fraudulentos de muchos cultivos de regadío han mermado las aguas subterránea de la sierra, y cuando aparece el fenómeno recurrente de la sequía, afloran los problemas de abastecimiento.
Si un año de sequía ha creado esta alarmante situación, ¿qué pasará si se repite la sequía del 90-95? Con el cambio climático todos los expertos auguran una disminución de los recursos hídricos, por lo que es una increíble irresponsabilidad seguir aprobando urbanizaciones turísticas y campos de golf como si el agua fuera infinita. Hay que recordar que este tipo de modelos urbanos consumen más agua (más zonas ajardinadas, piscinas, pistas deportivas, etc.) que el modelo tradicional de asentamiento de los pueblos de la sierra, por lo que entran en conflicto con un medio en donde el agua es un bien escaso.
Paradigmático es el caso de Prado del Rey, donde el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han aprobado un PGOU que triplica la superficie urbanizable, con campo de golf incluido, que supondrá duplicar el consumo de agua; mientras, ¡el pueblo lleva seis meses de restricciones! La Agencia Andaluza del Agua, en un informe claramente fraudulento, aseguró que Prado tenía agua para este crecimiento urbanístico y el campo de golf. El primer campo de golf de la sierra, Arcos Garden, usa de forma irregular agua del acuífero Arcos-Bornos-Espera, que se encuentra sobreexplotado, y pese a que ha sido denunciado por Ecologistas en Acción hace ya cuatro años a la antigua Confederación Hidrográfica –ahora Agencia Andaluza del Agua- y a la Consejería de Medio Ambiente, a día de hoy seguimos sin respuesta. ¡Para esto quiere la Junta de Andalucía las competencias sobre el agua! Además, este caso clama al cielo cuando resulta que, para garantizar la seguridad del abastecimiento a Arcos, la Agencia Andaluza del Agua se va hacer un nuevo sondeo en ese acuífero ya sobreexplotado. Llegados a este caso, el mejor sondeo que pueden hacer el cerrar los pozos que tiene el campo de golf y obligarle a regar con el agua de la depuradora de Arcos, que además es lo que están obligados a hacer según uno de los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental.
Ante esta situación desde Ecologistas en Acción volvemos a exigir que se paralicen los planes urbanísticos que prevean desarrollos urbanísticos que puedan comprometer el futuro del abastecimiento en la sierra y que puedan aumentar la presión sobre la calidad y cantidad de los recursos y sobre los ecosistemas acuáticos. Los nuevos desarrollos urbanísticos deberán justificar que poseen agua para satisfacer las demandas, tal como les exige la última modificación de la Ley de Aguas y el POTA, y si en la actualidad difícilmente se cubren las necesidades de los municipios de la comarca, será imposible dar cobertura a los nuevos desarrollos que se basan en más viviendas secundarios y en campos de golf. Es por ello que exigimos a la Agencia Andaluza del Agua mayor seriedad y rigor, y que en los sucesivos informes certifique la situación de escasez de recursos en la sierra. Igualmente, exigimos que se denieguen nuevos proyectos de campos de golf en la Sierra de Cádiz, y se ponga fin a esta actividad económica tan derrochadora de agua y que conlleva tantos impactos ecológicos, ambientales, sociales y territoriales.
* Ecologistas en Acción de Cádiz - 8 de abril 2008
Foto: Prado del Rey (Cádiz) - pueblos-espana.org
Caso Guateque: los ediles mediaban en las licencias, dicen dos testigos
PÚBLICO/Madrid* : El director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y su predecesor, Manuel Tuero y Ramón Sánchez López de Luzuriaga respectivamente, confirmaron el miércoles como testigos ante el juez del caso Guateque dos hechos incómodos para el gobierno de Gallardón: que algunos concejales y gerentes de distrito “se interesaban” por ciertas licencias en tramitación para que se agilizaran...
... y que algunos informes técnicos no constan en los expedientes, es decir, en los dossieres que deben contener la ruta seguida por cualquier solicitud de licencia.
Ambos se esforzaron por despojar de sospecha la intervención de concejales y gerentes, sin precisar nombres. Mediaban, argumentaron, ante la situación de colapso y para acelerar licencias relativas a proyectos de interés social. Algunos de los expedientes que investiga el juez SantiagoTorres constatan que al menos siete ediles ordenaron acelerar licencias de nulo interé s social. Por ejemplo, para un gimnasio, una heladería, un restaurante o un salón recreativo.
Según fuentes jurídicas, Tuero admitió que los informes técnicos encargados [desde 2006] a la empresa pública Tragsatec con el objetivo confeso de paliar el colapso no se incorporaban a los expedientes. Esa ausencia dificulta, por tanto, la tarea de verificar si los funcionarios –30 de ellos están imputados por presunto cohecho a cambio de remover obstáculos para las licencias– seguían las recomendaciones de Tragsatec a la hora de informar cualquier proyecto sujeto a evaluación ambiental. Tuero dijo que supone que los “trabajos materiales” de Tragsatec quedaban archivados en la empresa. Supone también que de ellos queda constancia en los servicios municipales.
Firmas en solitario
Tuero contó que cuando en junio de 2007 llegó a la dirección general, cinco meses antes de que estallara el caso y cuando el juez ya investigaba, el atasco era total. Modificó el sistema de tramitación y, a partir de entonces, todos los informes llevaron la firma de funcionarios seguida de la suya. Su antecesor, Ramón Sánchez, hoy director general de Obras, sí había firmado informes en solitario, práctica poco común en la Administración. En uno de ellos avaló una solicitud para transformar en bar-restaurante un salón de banquetes de Tirso de Molina.
Meses antes, él mismo se había opuesto a la pretensión inicial de los dueños del local para convertirlo en sala de fiestas, negocio vetado en la zona. Sin presentar nuevo proyecto, los propietarios pidieron el cambio de uso para bar-restaurante, y Sánchez accedió pese a que la causa de denegación -el ruido- persistía, como él mismo se encargó de consignar. Según fuentes jurídicas municipales, sustentó su cambio de criterio en un informe de Tragsatec del que, según el PSOE, no hay rastro.
Enfado judicial con el Gobierno de Aguirre porque no paga a los peritos
La negativa de la Consejería de Justicia de Madrid a facilitar fondos a los peritos judiciales que investigan el patrimonio de los imputados en el caso Guateque ha desatado el malestar en el juzgado número 32 de Madrid, que instruye las diligencias.
El miércoles, fuentes próximas al juez Santiago Torres advirtieron de que la Comunidad de Madrid “debe cumplir con su deber” y facilitar los fondos necesarios para que los peritos designados por el Juzgado puedan realizar la auditoría económica y patrimonial de los imputados. Las mismas fuentes subrayaron que si los peritos no reciben provisión de fondos tienen la potestad de renunciar a su encomienda. De cumplirse esa hipótesis, se crearía “un problema” para la investigación del caso, sostiene el entorno de Torres. El pasado 22 de noviembre el juez envió un oficio a la Consejería de Justicia, que dirige Alfredo Prada, donde solicitaba que se proveyera “lo necesario para que se libren los fondos y honorarios que resulten precisos a fin de que puedan desarrollar la prueba pericial de auditoría económica y patrimonial acordada” en el procedimiento, informa la agencia Efe.
Según fuentes de la Consejería de Justicia citadas por la misma agencia de noticias, la subdirectora general de Política Interior y de Régimen Económico envió al Juzgado un informe para informar de que la Comunidad no puede adelantar los fondos hasta que no haya una resolución firme que fije las costas procesales.
* Público - ALICIA GUTIÉRREZ - Madrid - 09/04/2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Corrupción en Canarias
SANTI PEÑA* : Hay que reconocer que tienen razón aquellos que afirman que las nuevas tecnologías facilitan la delincuencia. Y no sólo aquellas como la pederastia, el terrorismo internacional, el tráfico de armas, drogas o personas sino otras formas de guante blanco como son los delitos de carácter económico y corrupción que suelen tener una mejor prensa si no hasta una especie de heroicidad para quiénes la cometen.
Habría que decir, como descargo a las cosas buenas que las nuevas tecnologías nos traen, que la base de la delincuencia no está en el despliegue de éstas sino en las personas que las usan y que cometerían delitos igual si sólo existiera la escritura cuneiforme sobre tablillas de barro antes que redes de datos de alta velocidad.
Y es que los correos electrónicos y las llamadas a móvil han estado en boca de muchos estos días con los sumarios del Caso Eólico, adjudicación irregular en 2004 de explotaciones de energía eólica en el archipiélago, y de la Operación Góndola por un asunto de saltar la moratoria turística en la construcción del complejo Anfi Tauro por el empresario grancanario Santiago Santana Cazorla.
Este sábado salió en la primera página del diario El País, es el hecho que este caso afecte al PP por lo que ha salido en un lugar tan destacado, un artículo sobre las escuchas del que fuera director general de industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo y varios empresarios en las que se pueden encontrar varios delitos de posible cohecho. Puestos a pedir se pedían hasta 12 mil euros por kilovatio adjudicado. La fiscalía pide para este imputado algo más de siete años de cárcel algo que es una pena ridícula para la gravedad de un delito como es el de corrupción política. La impresión que da Celso Perdomo es que este no es más que un pringado que en petit comite se ha jactado de tener documentación que inculpa a personajes más altos no sólo de la consejería de industria en aquellos días sino del Partido Popular.
Las filtraciones de las transcripciones de las llamadas de la Operación Góndola, en las que hay una entre el ex presidente Adán Martín y el empresario Santiago Santana Cazorla, dejan los pelos de punta. No sólo por lo que se puede leer en ellas, que ya es mucho, sino por el pobre léxico coloquial, por algún lado se cuela un haiga, del mismo Martín, Santana Cazorla, Salvador Miguel Iglesias Machado que fue asesor del presidente y Domingo Berriel ex consejero de medio ambiente. Y es que la reacción de hooligan el otro día del Presidente del Parlamento de Canarias, el segundo cargo institucional más importante de Canarias después de la presidencia de gobierno, no es la excepción sino probablemente la norma por la que los cargos electos del archipiélago se comportan en privado y ahora en público. Es seguro que jamás nadie en su vida privada tiene un estilo de habla cervantina pero el analfabetismo funcional que encontramos en las palabras de estos personajes, lo tuyo estaba medio parado dice Salvador, da mucho qué pensar en relación a la clase de personajes que nos han estado gobernando o que tienen en su mano la mayor parte de la economía de las islas. Y es que el asesor no sólo es capaz de predecir la presidencia de Paulino Rivero al que prefieren segundo de las elecciones para poder pactar con el PP sino que en la conversación de Santana Cazorla con Adán Martín nos damos cuenta para quiénes han estado gobernado Coalición Canaria esta década larga. El ex presidente afirma que la nueva RIC servirá para que se meta dinero en la renovación de la planta hotelera y con ello se puede dar una vuelta de cojones. La RIC, reza la Ley 19/1994, tiene como objetivo la creación de empleo y no la de que un individuo pegue un pelotazo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no ha encontrado indicios de delito en estas conversaciones y con todo el debido respeto a la justicia, aunque imperfecta es lo único que a los ciudadanos nos da garantías en un estado de derecho, pienso que los magistrados deberían comprarse una gafas nuevas y tirar las que tienen pues quizá éstas hagan que vean las cosas en el son que las circunstancias marcan.
En estos años en Canarias han sonado muchos casos de corrupción como el de las prospecciones mineras de Tindaya que nunca se hicieron, el del ICFEM, la playa de Las Teresitas, los ayuntamientos de Telde o Mogán, las ilegalidades de una tercera parte de los hoteles de lujo en Lanzarote, los abusos del Marqués de La Oliva, el encarcelamiento de Dimás Martín ex presidente del Cabildo de Lanzarote, la totalidad del anterior grupo de gobierno de Arona imputado o las corrupciones del PSOE en el Sur de Tenerife, la isla de La Gomera o el municipio de El Rosario. Un dato económico que ha salido estos días a la palestra es que el 20 por ciento de PIB que se genera en el archipiélago, viene a representar un 4 por ciento del nacional, no se podría explicar sin la economía sumergida. Quizá en estos casos se pueda dar una explicación bastante plausible de dónde se genera este dinero negro que aparece reflejado en el PIB de Canarias. Es bastante probable que la corrupción en el archipiélago sea de carácter estructural y afecte a los tres partidos, PSOE, CC y PP, de manera proporcionalmente caciquil a su expansión y raíces territoriales.
Estos días se han estado dando movimientos desde medios como el periódico El Día o la Autoridad Portuaria para el comienzo de las obras en lo que será el mayor pelotazo de la historia de Canarias que es la construcción del puerto de Granadilla y el desmantelamiento del puerto de Santa Cruz para crear centros comerciales, de ocio y turísticos. La tenacidad por sacar adelante esta obra que se ha demostrado hasta la nausea que no sólo no es eficaz sino devastadora es inversamente proporcional al hecho que la Fiscalía Anticorrupción no haya sido capaz de meter manos en el asunto. Tendrá otras cosas mejores que hacer o puede que determinadas circunstancias se lo impidan. Lo que está claro es que el asunto debe contar con muchos correos electrónicos y llamadas de móvil todo ello envuelto en el lenguaje chocarrero que caracteriza al habla canario.
* Canarias24horas - 06 de abril de 2008
Córdoba: Urbanismo permite hacer 150 chalés ilegales en El Rosal del Rubio
ABC* : Montón de la Sierra no es un caso aislado. A la primera acción que llevó a cabo la Gerencia Municipal de Urbanismo para frenar en seco la consolidación de un asentamiento ilegal incipiente en 2001, le siguieron nuevos sellados de caminos en las inmediaciones de Alcolea y El Higuerón, con los que trató de demostrar que la política de mano dura contra las construcciones ilegales no era un simple gesto ejemplarizante.
Uno de los que más resonancia tuvo en ese momento fue el precinto de El Rosal del Rubio, parcelación que se halla a pocos kilómetros del aeropuerto, a la izquierda de la carretera que conduce al cercano núcleo de Majaneque.
Sin agua y sin electricidad
El 28 de mayo de 2001, cuando Urbanismo decretó paralizar esta urbanización en ciernes, apenas se levantaban unas cuantas viviendas aisladas. Hoy se cuentan por más de un centenar los chalés que componen este núcleo. Según corroboran los propios residentes a ABC, han surgido allí alrededor de 150 viviendas carentes aún de agua potable [si bien, técnicos de Urbanismo aseguraron en 2007 que tuvieron conocimiento de enganches en la zona] y suministro eléctrico, lo que no ha impedido que sigan proliferando las construcciones en los últimos años al socaire de la burbuja inmobiliaria.
Lo primero que llama la atención del periodista al desplazarse al que fuera punto caliente de la batalla contra el fenómeno parcelario es lo lejano que queda aquel «asalto» de Urbanismo, que incluso mandó máquinas excavadoras a desbrozar los caminos privados, como si las tapias que se han levantado para cercar los chalés fuesen no sólo físicas, sino también psicológicos muros de defensa contra un pasado que apenas martillea en la memoria de los primeros pobladores.
Los recuerdos están tan enterrados como el hacha de guerra que una día esgrimieron y que no han vuelto a levantar, porque el Ayuntamiento, lisa y llanamente, les ha dejado hacer. La borrasca ha dejado paso a la calma chicha de la rutina de las obras y ladrillos, rota sólo de vez en cuando por la presencia de un agente uniformado. Tras la visita de rigor, llegaba la multa correspondiente, en su mayoría de inferior cuantía a las que ahora establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, puesto que aún la restrictiva norma no estaba en vigor. Un matrimonio, muy quejoso por la derrama de diez euros que tiene que pagar a diario para alimentar con combustible el motor que activa la corriente eléctrica, advierte a ABC de que abonó 70.000 de las antiguas pesetas (421 euros) por hacerse una casita de una planta en la zona.
Fueron de los primeros en llegar. «La mayoría de los chalés se han construido en los últimos siete años, mi hijo y mi hija tienen tres parcelas aquí; esto no ha parado, seremos unos 150 ó 160 vecinos», afirma la mujer. A la vera de su casa, puede verse una hilera de farolas, que invita a pensar engañosamente que la electricidad circula ya por sus cables de cobre. «Llevamos dos años esperando la luz, incluso hemos dado dinero, pero nos dicen en el Ayuntamiento que llegará pronto. Yo ya no sé qué pensar», añade.
Oyéndola, nadie diría que hace siete años el mismo Consistorio que hoy estudia darle enganches, ayer intentara arrasar con cualquier rastro de urbanismo en la zona. En mayo de 2001, el organismo presidido por el socialista José Mellado -IU y PSOE gobernaban en coalición- lanzó un ultimátum a los escasos promotores de viviendas para que en el plazo de diez días cortaran los accesos. Como no lo hicieron, tuvo que llevar a efecto la paralización cautelar de los caminos ilegalmente abiertos, lo que provocó las protestas de los residentes. Varias veces levantó vallados y abrió zanjas y otras tantas los promotores las derribaron con la excusa de facilitar las labores de recogida de trigo en un campo cercano. Progresivamente, la mano dura se fue debilitando.
«¿Cree que nos la tirarán?»
Y lo cierto es que la hormigonera no ha parado desde entonces. ABC fue testigo el pasado lunes de cómo le daban los últimos retoques a una vivienda prefabricada instalada por una empresa de Cáceres, según especificó su propietario.
«¿Cree usted que nos tirarán la casa?», pregunta dubitativo al periodista recordando la demolición de la casa de San Cristóbal, quien lo niega y le tranquiliza. Será más fácil que lleguen el agua y la luz a El Rosal del Rubio a que derriben un solo tabique.
* ABC CÓRDOBA - A. R. VEGA - 9 de abril de 2008
Foto: Córdoba, ayuntamiento - wikanda.cordobapedia.es
Un barrio sin servicios públicos
ELPAÍS/Madrid* : Las Tablas sigue pareciendo un decorado de cine. Una ciudad del Oeste sin sheriff en la que de noche tiemblan los escaparates ante la amenaza de alunizajes. Cuando en 1997 el Ayuntamiento autorizó los barrios del norte, anunció que acogería a más de medio millón de personas. Jóvenes parejas en busca de un precio terrestre se lanzaron a ocuparlos espoleados por faraónicas promociones urbanísticas.
Pero el tiempo pasa y la utopía de los pioneros no termina de cumplirse. Las calles son una sucesión de locales comerciales vacíos, mientras que el 90% de los pisos están ocupados. Las que quedan por llenar parece que van a tardar más porque los precios no son tan atractivos como se predijo. "Nosotros pagamos 50 millones hace cuatro años; ahora por dos habitaciones son 80", explica Víctor Urquijo, de 31 años, y media hora de peregrinación en busca de una barra de pan.
Los 30.000 vecinos están que arañan tras la cesión del Ayuntamiento de dos parcelas a centros de acogida, uno para toxicómanos y otro a "colectivos con riesgo de exclusión social", como define la terminología oficial lo que los vecinos consideran "delincuentes y presidiarios". "El problema no son los centros", precisa Lorenzo Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos, "sino que los coloquen a tres metros de las casas de vecinos".
"Llevamos cuatro años pidiendo más equipamientos", razona Álvarez. Los vecinos consideran que los equipamientos no son los apropiados para un barrio que tiene casi la misma población que Soria. "¿Te imaginas Soria sin comisaría?", pregunta Álvarez. La lista de agravios es importante: del transporte, de un centro de salud, de institutos de secundaria, centros de mayores... Pero la seguridad es la principal reivindicación. La comisaría más cercana está a 7,5 kilómetros. Y los coches patrulla no abundan.
Daniel Clavero, dueño de la panadería, ha sufrido varios asaltos, el último en octubre. Los cacos dejaron un boquete enorme en el cristal, se llevaron la caja y dejaron el suelo sembrado de bollos. Una vez también persiguió en coche al hombre que robó a la farmacéutica. Y Flacker, la boutique contigua a la panadería, cerró tras la negativa del seguro a cubrir el séptimo alunizaje del año.
Otra de las grandes reivindicaciones del PAU son las conexiones. El metro de la línea 10 tampoco colma las aspiraciones vecinales, ya que la distancia entre paradas es de las mayores de la región. El metro ligero tampoco tiene fama de supersónico -los vecinos lo llaman "el tren de la bruja" por su lentitud- y sólo una línea de bus llega al corazón del barrio. La estación de Cercanías, a un kilómetro de distancia, está "curiosamente" justo al lado de la nueva ciudad de Telefónica. Los vecinos sospechan que no se diseñó pensando precisamente en las necesidades vecinales.
* ELPAIS.com - JERÓNIMO ANDREU - Madrid - 07/04/2008
Foto: Decenas de personas se manifiestan ayer contra la ausencia de servicios públicos en Las Tablas.- S. BURGOS, elpais.com
Alicante: Un juzgado exige ejecutar la sentencia que ordena tirar las casas junto a un BIC
INFORMACIÓN* : El juzgado de 1ª instancia nº9 ha ordenado al Ayuntamiento de Alicante que le remita certificación de la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del año 2004, en la que se anula las licencias de las 40 viviendas adosadas construidas en la urbanización Azalea Golf, en la Condomina, y se ordena la demolición de las que estén situadas en el entorno de protección de la Torre Placia, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
La orden del Juzgado reclama, además, una copia íntegra de la totalidad del expediente, y solicita que se le informe si en el entorno de la Torre Placia se han concedido más licencias de obras.
La sentencia del TSJ sobre este asunto fue consecuencia del recurso interpuesto por el propietario del BIC, José Agulló, que denunció al Ayuntamiento por la concesión de licencias a un promotor para construir una urbanización en el entorno de protección de un BIC. La sentencia del TSJ era rotunda y contundente contra el Ayuntamiento, por violar la Ley de Patrimonio de la Comunidad Valenciana.
Dicha sentencia fue dictada por el TSJ en septiembre de 2004 y cerraba el caso ya que contra la misma no se admitía apelación.
Al conocerse la sentencia, el alcalde, Luis Díaz Alperi, justificó la concesión de la licencia en la existencia de informes técnicos al respecto, aunque no respondió a las preguntas de por qué no se obedeció a la Conselleria de Cultura cuando ordenó la paralización de las obras por afectar al entorno del BIC.
Aunque tras la sentencia del TSJ había dudas de si se podía apelar al Tribunal Supremo, ya que en la misma nada se indicaba al respecto, posteriormente se supo que tal posibilidad estaba descartada y que la sentencia era firme e inapelable.
El asunto de la ejecución de la sentencia, que obliga a demoler las viviendas en el entorno del BIC, lo asumió la concejala de urbanismo, Sonia Castedo, quien anunció la apertura de conversaciones con el propietario de la Torre y promotor del recurso, y con los propietarios de las viviendas afectadas, para intentar llegar a un acuerdo.
A este respecto, José Agulló manifestó ayer a este periódico que no se ha producido ningún tipo de acuerdo "porque el Ayuntamiento se hace el longuis", y explicó que la única propuesta que le ofrecieron la rechazó porque se le proponía la cesión de una parcela de unos 700 metros "que estaba en el entorno de la Torre y que, por tanto, construir era ilegal", añadió Agulló.
Agulló añadió que esta falta de acuerdo se la comunicó a su abogado, y que, aunque lo desconoce con seguridad, es previsible que haya reclamado la ejecución de sentencia, lo que justificaría que el juzgado haya pedido ahora al Ayuntamiento la certificación de dicha ejecución.
* Información - MANUEL DOPAZO - 09 de abril de 2008
Foto: La Torre Placia, rodeada de viviendas, en una imagen de ayer/ RAFA ARJONES, diarioinformacion.com
Los afectados por la reforma del Carmel crean una coordinadora
ELPERIÓDICO/Barcelona* : La teoría del caos, aquella que defiende que el batir de las alas de una mariposa puede acabar generando un tornado, se está apoderando del barrio del Carmel y su entorno. Las quejas vecinales contra el plan municipal de reforma de la zona, aplazado por el equipo de gobierno ante la falta de consenso político para lograr su aprobación inicial, van in crescendo y ya son cuatro las plataformas de afectados que han surgido en pocos días.
Esta semana, según han asegurado sus responsables a este diario, se unirán en una coordinadora e iniciarán una recogida de firmas.
El proyecto, presentado públicamente el pasado 13 de febrero sin conocimiento previo de los afectados, fue tumbado por la oposición mayoritaria (CiU, PP y ERC) ocho días después, en su primera votación plenaria. Tal y como informó EL PERIÓDICO el pasado 3 de abril, vecinos y comerciantes se dividen entre los que reclaman más información y participar en la confección del proyecto antes de que se someta a otra votación, y los que, además, se oponen a la reforma.
La coordinadora será un fiel reflejo de esa situación, con un punto añadido de coincidencia, las críticas al papel que ha jugado hasta ahora en el proceso la asociación de vecinos del Carmel, acusada de "oficialista". Una denuncia que saca a la luz las tensiones vecinales soterradas surgidas durante la crisis del hundimiento de un túnel de la línea L-5 del metro a su paso por el barrio.
En el lado de los que rechazan el plan están los afectados de la zona comprendida por las calles de Murtra y Alguer, y el pasaje de Santuaris. Ellos fueron los primeros en crear una plataforma, tal y como avanzó este diario, alegando que no viven en "infraviviendas".
AFECTADOS POR LOS BANCOS
El 90% son propietarios y aseguran que han invertido mucho dinero en la reforma de sus hogares en los últimos 20 años, lo que les lleva a rechazar la demolición que pretende el ayuntamiento. "El distrito dice que no estamos afectados hasta la aprobación inicial, pero los bancos no opinan lo mismo. ¿Quién compraría ahora nuestras casas?", se pregunta Fay Shelton, una de las propietarias.
En el vecino barrio de la Font d'en Fargues, en el pasaje de la Font de la Mulassa y la calle de Doctor Bové, hay 20 familias afectadas que también se oponen y se han constituido en plataforma. "Estamos muy bien en nuestras casas, de las que nos quieren expulsar para que promotores privados construyan viviendas adosadas y un bloque de 30 pisos", dice Jordi Castellà, un afectado.
Los vecinos de las cercanas calles de Passerell, Arbós y Montserrat de Casanovas, en el lado este del Carmel, se han agrupado también, al igual que ha sucedido con los del pasaje de Sigüenza, en el que hay 150 viviendas afectadas. En este último caso, la plataforma de afectados defiende la ejecución del proyecto, pero "con la máxima información y transparencia", según indica Pere Ferrer, residente de esta vía.
* El Periódico - ALBERT OLLÉS / ROSA MARI SANZ - BARCELONA - 9/4/2008
Foto: Un vecino del número 88 del pasaje de la Font de la Mulassa observa la zona afectada, ayer / RICARD CUGAT, elperiodico.com
NOTICIA RELACIONADA: El plan obliga a derribar unas 750 casas y a realojar a 1.900 vecinos - El Periódico - 9/4/2008
La OCU califica de "aberrante" obligar a las familias a hipotecar otros bienes si el precio de su vivienda cae
ELECONOMISTA* : Los bancos comienzan a ver las orejas al lobo. La caída de los precios de la vivienda está provocando que el valor de los inmuebles no cubra las hipotecas que hay sobre los mismos. Ante esta situación, el Gobierno está desarrollando un decreto para permitir que las entidades financieras puedan exigir a los consumidores que hipotequen otros bienes si el precio de su vivienda hipotecada desmereciese de la tasación inicial en más de un 20%. Aunque esta ley ya existe, la OCU califica la medida de "alarmante, aberrante e inconstitucional".
Esta iniciativa del Ejecutivo aparece en el decreto que desarrolla la nueva ley del mercado hipotecario, según asegura el diario El Mundo en su edición de hoy. El rotativa mantiene que la ley hipotecaria se hizo para abaratar los cambios de estos préstamos, pero su desarrollo esconde esta medida.
En el citado decreto se puede leer lo siguiente: "Si por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más de un 20%, la entidad financiera acreedora, acreditándolo mediante tasación efectuada a su instancia, podrá exigir del deudor hipotecante la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el crédito que garantiza".
Situación comprometida
Los ciudadanos pueden verse en la situación de que el precio de su vivienda es inferior a lo que deben de hipoteca, por lo que podrían dejar de pagar su crédito o incluso acudir a la oficina bancaria a entregar directamente las llaves de su casa. Y aquí llegaría el problema para el prestatario, que se encontraría con un bien en su poder que no cubre la deuda del cliente.
Al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, donde los hipotecados sólo responden ante la entidad financiera con su vivienda, en España los bancos pueden acudir a la garantía personal, embargando otros bienes o incluso el sueldo de los morosos, pero los expertos aseguran que es muy difícil que un banco recurra a la garantía personal de un cliente para asegurarse el pago ya que tiene muy poco valor.
El decreto trata de de proteger a las entidades ante esta situación, por lo que la Organización de Consumidores y usuarios (OCU) ha acusado al Ejecutivo de "salvaguardar los intereses de la banca a costa de los usuarios".
Quejas de las asociaciones de consumidores
La portavoz de OCU Ileana Izverniceanu, califica de "alarmante, injusto, aberrante e inconstitucional" esta medida. En declaraciones a Europa Press ha asegurado que, de confirmarse esta información, "sería una catástrofe" porque "hay muchísimas familias que ya están ahogadas y no tienen de donde sacar otros bienes para hipotecar".
En este sentido, afirmó que se trataría de "una ley abusiva de cabo a rabo" que vulneraría los derechos constitucionales. "Lo que significa es cargarse de golpe y plumazo derechos tales como el derecho a la propiedad o el derecho a la libre contratación", aseguró.
"Se trata de una modificación unilateral de un contrato pactado en libertad entre un banco y su cliente. Y lo que no se puede hacer es que un banco decida mandar un tasador a una vivienda a la que ha concedido un préstamo y obligar al consumidor hipotecado a hipotecar otros bienes por valor de un 20 por ciento. Hacer esto de una forma unilateral es inconstitucional", subrayó.
Así, señaló que la OCU ha recurrido ante los tribunales alguna "medida parecida en contratos de adhesión de bancos" y los jueces siempre han fallado en favor de los consumidores porque entendían que se trataba de "cláusulas abusivas". "Pero esto no sería una cláusula abusiva de un contrato, sería una ley abusiva, que es mucho más grave", denunció.
La reacción de Ausbanc
La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) denunció hoy que el sistema bancario español está "excesivamente protegido" por los poderes del Estado, y reclamó nuevas normas que potencien el equilibrio entre las entidades y sus clientes.
La asociación reaccionó así a informaciones sobre el borrador del real decreto de la Ley Hipotecaria, que permite a las entidades exigir a los prestatarios garantías adicionales en el supuesto de que el valor del bien hipotecado baje más de un 20%.
Ausbanc subrayó que esta posibilidad no es ninguna novedad, ya que está recogida en el real decreto de desarrollo de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario de 1982, aún en vigor, por lo que figura en los contratos de hipotecas de vencimiento anticipado.
El real decreto 685/1982 especifica que si el valor del bien hipotecado desmerece de la tasación inicial un 20%, la entidad financiera acreedora podrá exigir al deudor la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la diferencia entre el valor del bien y el crédito.
* El Economista - 7/04/2008
Foto: eleconomista.es
Acusan a altos cargos de prevaricación en el campo de golf de Alcalá
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ELPAÍS/Madrid* : La ONG Ecologistas en Acción ha denunciado hoy en un comunicado a dos directores generales de la Comunidad de Madrid y al alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González (PP), de ser "juez y parte" en el macrocomplejo de golf Alcalá Natura, ya que han emitido informes favorables al proyecto al tiempo que forman parte de su Consejo de Administración.
Ecologistas considera que los tres altos cargos -González, el director de Agricultura, Luis Sánchez; y el de Medio Natural, Miguel Allué-, pueden haber incurrido en un "presunto delito de prevaricación" y estudia emprender acciones por la vía penal.
El consejo de Gobierno de Madrid aprobó un plan especial para la construcción de un campo de golf en la localidad el 27 de septiembre de 2007. El campo, que tendrá dos recorridos de 18 hoyos cada uno, estará en la finca El Encín, propiedad del Gobierno regional y de 158 hectáreas. El plan nace a principios de 2005, cuando el entonces consejero de Economía, Fernando Merry del Val, anunció que su departamento promovería un gran centro de ocio, deportivo y urbanístico. El consejero pretendía edificar hoteles y salas de congresos en la zona en el suelo público.
Juez y parte en el proyecto
Según explica la ONG, la empresa pública Alcalá Natura 21 SAU (Sociedad Anónima Unipersonal), se constituyó por autorización de acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de junio de 2005. A su juicio, esta empresa se creó "con el claro objetivo de transformar la finca pública de investigación agroambiental", El Encín, en un "macrocomplejo de golf" para ser gestionado por la empresa privada Desprosa. Los ecologistas explican que para conseguir este objetivo, la Comunidad de Madrid "despliega" todo un conjunto de actuaciones en las que están involucradas "personas claves" para que el proyecto salga adelante.
Merry del Val, de quien depende El Encín, es el socio único de la empresa Alcalá Natura 21 y, como tal, designa al Consejo de Administración que está formado, entre otros, por el director general de Agricultura, como presidente de Alcalá Natura 21, el alcalde de Alcalá, como consejero, y el director del Medio Natural, también como consejero. Los tres cargos públicos forman parte del Consejo de Administración de la empresa promotora del macrocomplejo de golf desde el año 2005, y, según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, están "obligados a abstenerse de intervenir" en todo lo relativo al procedimiento promovido por Alcalá Natura 21, asegura Ecologistas en Acción.
"Muy al contrario", afirma la nota, "los tres cargos han sido juez y parte", ya que han desempeñado un papel esencial en la viabilidad del complejo deportivo, como lo es "modificar del Plan General de Alcalá" para autorizar el golf, ya que este "uso estaba prohibido expresamente". Dicho plan general, cuya modificación ya ha denunciado la ONG a nivel administrativo, consideraba la finca como "no urbanizable y de especial protección agropecuaria". Tanto el presidente -el director general de Agricultura-, como los dos consejeros -el director General del Medio Natural y alcalde de Alcalá- han participado "activamente" en el procedimiento al emitir informes favorables, sin los cuales hubiera sido imposible autorizar los proyectos de Alcalá Natura 21, sostiene la ONG. Además, recuerda la existencia de informes técnicos y jurídicos contrarios a la modificación puntual del Plan General de Alcalá y a la autorización del golf en la finca El Encín.
La respuesta de la Comunidad
Aseguran que en julio de 2006 el ex director de Urbanismo, Enrique Porto Rey informó favorablemente la construcción de diversas edificaciones en El Encín y la transformación del centro de investigación en hospedería tres meses antes de su dimisión. "Por esas fechas Porto Rey venía realizando trabajos, a título particular, para la empresa Prointec, empresa colaboradora de Alcalá Natura 21 en el proyecto de complejo de golf y también debería haberse abstenido de participar en el procedimiento", apuntan.
Desde el Gobierno regional, se ha pedido a Ecologistas que "no invente falsas acusaciones" sobre El Encín, ya que en su opinión "se está cumpliendo con la legalidad vigente, en materia urbanística, medioambiental y administrativa", y se está realizando "con total transparencia". La Comunidad subraya que el deber de abstención -contemplado en el artículo 28 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas-, existe sólo cuando se tienen "intereses personales" en alguno de los procesos, algo que no ocurre en este caso ya que se trata de "una empresa 100% pública", donde ambos directores generales están presentes para defender los intereses de los ciudadanos. El Ejecutivo regional recomienda a la ONG que "se estudie en profundidad las leyes" antes de lanzar falsas acusaciones.
* ELPAIS.com - Madrid - 08/04/2008
Foto: Alcalá de Henares (Madrid), terrenos finca de El Encín - L.Magán (El País)
Activistas que 'barren' en los tribunales
SOITU/Cantabria* : El reciente fallo judicial contra la estación de esquí de San Glorio ha dado una nueva victoria a la organización ARCA en los tribunales. Otra más. No existe otra asociación ecologista con más sentencias favorables como este pequeño grupo cántabro de 700 socios.
Para darse cuenta de la contundencia de su lucha ante las ilegalidades que afectan al medio ambiente basta repasar las resoluciones judiciales de demolición en su haber: 144 viviendas en playa de la Arena, 91 chalets en la Llana I, 22 chalets en Las Llamas II, 20 apartamentos en playa de Cuchía, un polideportivo municipal en San Vicente de la Barquera, una depuradora en Suances...
En total, esta organización cántabra creada en 1986 ha sacado ya de los tribunales sentencias en firme de demolición para casi 500 viviendas construidas de forma ilegal en Cantabria. Pero, además, hay otro medio millar de casas con una resolución de demolición que está pendiente de un fallo definitivo.
"¿Nuestro secreto? Las administraciones nos lo ponen facilísimo, pues están amparando negocios privados por encima del interés general", comenta Gonzalo Canales, presidente de ARCA, que desvela cómo sólo cuentan con un único abogado para las decenas de pleitos que tienen ahora mismo abiertos. "Puede asombrar, pero es que nosotros no tenemos la posibilidad de trabajar con todo un bufete".
Un sólo abogado (del que la asociación no da datos para evitar las presiones) no parece suficiente para explicar la enorme eficacia de esta organización dentro de la complicada maquinaria de la justicia. En realidad, la respuesta está en la propia forma de actuar de la asociación cántabra: "Nosotros orientamos todo desde el principio pensando siempre que vamos a llegar a los tribunales", comenta Canales, que hace tiempo que dejó de creer en otro tipo de vías distintas a la judicial. "En lo que son las alegaciones, las administraciones no nos hacen ni caso".
El último triunfo ha sido muy sonado. Nada menos que contra la estación de esquí de San Glorio, proyectada dentro de un espacio protegido de la Cordillera Cantábrica al amparo del Gobierno de Castilla y León. Y uno de los mayores frentes de lucha del conservacionismo español en los últimos años. En concreto, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaraba nulo el Decreto por el que la administración autonómica había modificado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina para anular la prohibición expresa de construir pistas de esquí.
"Estaba cantado que íbamos a ganar"
Este ha sido uno de los fallos judiciales que más satisfacción ha dado a los integrantes de ARCA, que hace dos años tuvieron que modificar sus estatutos para poder actuar en otra comunidad autónoma distinta a Cantabria. "Estaba cantado que íbamos a ganar", detalla Canales, que explica que el tribunal basa la sentencia en tres puntos: la importancia de la afección al espacio protegido, el que no estuviera justificada la modificación del PORN y la incorrecta tramitación de la modificación del PORN.
Como incide el presidente de ARCA, otras sentencias con un significado especial fueron la del Alto del Cuco, en Piélagos, o la de la depuradora de Vuelta Ostrera, en Suances. "La del Alto del Cuco era contra uno de los principales promotores del país, Fadesa, y la otra vino a inaugurarla la propia ministra de Medio Ambiente, pero a los dos meses teníamos sentencia de demolición".
Como es lógico, estas sentencias también han proporcionado a la organización muchos enemigos. Sin embargo, Canales lo tiene muy claro: "Nosotros no imponemos nada a nadie, sólo vamos a los tribunales a verificar que se cumpla la Ley".
Creada en 1986, la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) nació en principio para defender al oso pardo o al urogallo, pero sus integrantes pronto se dieron cuenta de que lo más urgente era detener la destrucción del territorio. Aparte de pasarse el día en los tribunales, su caballo de batalla ahora es que se cumplan las sentencias conseguidas. Como cuenta Canales, todavía no se ha demolido ni una sola del medio millar de viviendas con sentencia en firme.
* Soitu.es - CLEMENTE ÁLVAREZ - 07-04-2008
Foto: Viñeta humorística de la web de ARCA.
Extremadura: Un centenar de campistas en El Gordo
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Ecologistas en Acción* califica de éxito la acampada organizada en El Gordo contra los macroproyectos urbanísticos que destruyen zonas de gran valor natural en diferentes zonas del Estado español. Durante los días 5 y 6 de abril se reunieron un centenar de personas junto al embalse de Valdecañas, en el término de El Gordo, a pesar de que las diferentes administraciones hicieron lo posible para impedir la iniciativa.
Ninguna de las administraciones competentes autorizaron la acampada, ni el Ayuntamiento de El Gordo, ni la Junta de Extremadura, ni la Confederación Hidrográfoca del Tajo. Se da la circunstancia de que estas adminsitraciones están involucradas en la autorización y ejecución de las obras del proyecto turístico Marina Isla de Valdecañas. Un macrocomplejo que se construye en una isla dentro del embalse de Valdecañas, en la Zona de Especial protección de Aves ZEPA Embalse de Valdecañas.
Ecologistas en Acción califica la prohibición de la acampada como una incongruencia, la Confederación Hidrográfica del Tajo, impidió la instalación de tiendas de campaña durante una noche, cuando al mismo tiempo ha autorizado la construcción de hoteles, apartamentos, villas de lujo, campos de golf, campos de fútbol, playa y puerto deportivo. Además se ha autorizado el relleno de una franja de terreno para conectar la isla con la carretera y crear una vía de comunicación directa con el complejo. Esta infraestructura se está realizando en zona de dominio público hidráulico, sobre terrenos que, hasta ahora, quedaban inundados por las aguas del embalse.
Igualmente, Ecologistas en Acción, lamenta el nuevo episodio de agresiones que ha sufrido Francisca Blanco, vecina de El Gordo y Coordinadora del grupo local de Campo Arañuelo. La noche del viernes al sábado un grupo de jóvenes encapuchados insultaron, amenazaron y apedrearon su vivienda. Todo ello por haberse manifestado en contra del proyecto Marina Isla de Valdecañas.
A pesar de todos los inconvenientes, la acampada se realizó, se organizaron marchas, charlas y talleres infantiles. El domingo, en los pilones de Berrocalejo, se explicaron las características del proyecto y se abrió un debate sobre la necesidad de buscar alternativas de desarrollo socioeconómico, en Extremadura, diferentes a las que se vienen planteando en la región. Es necesario mejorar la calidad de vida de los extremeños sin atentar contra uno de los patrimonios más preciados, el medio ambiente.
MANIFIESTO DE EL GORDO
CONTRA LA ESPECULACIÓN, EN DEFENSA DEL TERRITORIO, POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE
Nunca, en el Estado español, se ha realizado un uso tan extremo y devastador del territorio. El auge inmobiliario, de la última década, ha favorecido que el urbanismo haya perdido su finalidad social y se haya convertido en un gran negocio. Así, lo que debía ser un uso racional del suelo se ha transformado en una ocupación “cuanto más mejor” del territorio, generando graves problemas ambientales y sociales, fomentando todo tipo de procesos especulativos y propiciando un estado de corrupción generalizada.
Hoy el urbanismo y la construcción son las principales causas de destrucción del territorio. El propio Parlamento Europeo, calificó, el año pasado, de “enladrillado” y “expolio de una cultura” la actividad urbanística que se realiza en algunas zonas de España.
Esta marea urbanizadora arrasa con todo. La degradación del litoral mediterráneo es un ejemplo que se extiende a las costas del norte. Pero la transformación del territorio no sólo afecta a las costas, la marea está llegando al interior. Los resort de montaña y nuevas estaciones de esquí en el Pirineo o, el macroproyecto Gran Scala, en Los Monegros, en Zaragoza, son algunos ejemplos.
Estos problemas se agravan con el despilfarro de agua y otros recursos asociados al nuevo modelo imperante de ciudad dispersa, donde los campos de golf son un reclamo esencial.
En Extremadura, una región con elevados valores naturales y poco transformada, hasta la fecha, se deberían plantear alternativas de mejora socioeconómica que no caigan en los mismo errores. Sin embargo, la Junta de Extremadura, desde hace algo más de un año viene autorizando y amparando complejos turísticos consistentes en macroproyectos urbanísticos que bajo el paraguas de Interés Regional, se ejecutan en enclaves de elevado valor natural y sobre suelo protegido. Uno de estos proyectos es Marina Isla de Valdecañas, su construcción se inició en agosto de 2007, a pesar de las denuncias y de los recursos interpuestos en los tribunales.
Con esta acampada pretendemos que también se oiga la otra voz, la que se pretende acallar de todas las formas posibles: con amenazas, con agresiones, con medida policiales, sin conceder autorizaciones. Una voz que quiere reivindicar un desarrollo sostenible, una vida digna para los habitantes de los pueblos de Extremadura y del resto del Estado, pero que al mismo tiempo reclama respeto para el territorio, la cultura y la historia de cada lugar.
Ha llegado el momento de la movilización, de que los ciudadanos salgamos a la calle exigiendo cambios radicales en la política urbanística. Es necesario frenar la destrucción ambiental del territorio y exigir y trabajar por modelos de desarrollo alternativos que traigan bienestar pero no destrucción.
Es el momento de exigir responsabilidades a las administraciones, a los partidos políticos y a la Justicia que con su inadecuada gestión, falta de alternativas o complacencia con la actividad urbanística ilícita, están favoreciendo la consolidación de un sistema ineficaz y corrupto. Es necesario:
- Recuperar la función social del urbanismo, planificando el territorio no en base a intereses empresariales sino a las necesidades reales de la población. Las ciudades deben diseñarse de acuerdo a los principios de eficiencia (suelo, energía, agua, movilidad, calidad de vida…)
- Garantizar la transparencia en todos los procedimientos urbanísticos. Permitir a la ciudadanía el acceso a la información, a la participación y a discrepar libremente, sin amenazas, ni presiones.
- Desarrollar un turismo que fortalezca la economía y la capacitación locales y que los beneficios reviertan sobre las poblaciones.
ES NECESARIO UN CAMBIO DE MODELO ¡YA!, ¡NO TE DEJES ENGAÑAR! ¡MOVILÍZATE AHORA!
* Ecologistas en Acción de Extremadura - 7 de abril 2008
Foto: Valdecañas (Cáceres), golf_y_urbanizacion - ecologistasenaccion.org
El alcalde de Santa Lucía declara ante el juez como imputado por un caso de corrupción
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : Silverio Matos, alcalde de Santa Lucía de Tirajana y considerado uno de los políticos históricos del nacionalismo en el sureste de Gran Canaria, ha sido imputado por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de San Bartolomé de Tirajana por un delito de corrupción política, según ha podido saber este periódico de fuentes solventes.
Matos, que ganó la Alcaldía en las elecciones locales de 2007 con mayoría absoluta como cabeza de lista por Nueva Canarias, es alcalde del municipio del sureste desde el año 1999 tras sustituir al fallecido Camilo Sánchez, ha sido citado para prestar declaración ante el juez hoy por la mañana tras los resultados de la investigación realizada por la Guardia Civil durante un año sobre la gestión del regidor santalucense.
Esta investigación, calificada de supersecreta por fuentes del instituto armado, tiene su inicio al parecer en un tema relacionado con la energía eólica y su imputación supone que Silverio Matos y Santa Lucía de Tirajana se incorporen a la lista de alcaldes y municipios canarios investigados por casos de corrupción en el Archipiélago.
El caso que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana no es la única denuncia que pesa sobre el regidor del Sureste, ya que el titular del Juzgado número 2 de este partido judicial también realiza pesquisas sobre una presunta apropiación indebida de terrenos denunciada, al parecer, según las fuentes consultadas, por un particular del Sureste.
FEUDO NACIONALISTA. Silverio Matos es el tercer alcalde que gobierna Santa Lucía de Tirajana desde las primeras elecciones municipales celebradas en 1979, que han convertido en casi tres décadas a esta emprendedora localidad del Sureste en un feudo del nacionalismo en la isla de Gran Canaria.
Los dos alcaldes anteriores, Carmelo Ramírez, en su momento el mandatario municipal más joven de España, y el fallecido Camilo Sánchez lograron siempre amplias mayorías absolutas en los comicios, resultados que también ha confirmado y renovado el propio Matos en sus años de gobierno.
Los nacionalistas, pese a presentarse a las citas electorales con diferente denominación y siglas (Asamblea Canaria, ICAN, Coalición Canaria o la actual de Nueva Canarias), han hecho de Santa Lucía uno de sus principales bastiones electorales y de gestión.
De hecho, en sus casi tres décadas de gestión municipal, han conseguido siempre gobernar en solitario, sin necesidad de pactos con otros partidos, los cuales no han podido hasta la fecha arañarles votos que permitieran un relevo político en el Ayuntamiento.
* La Provincia - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 08 de abril de 2008
Foto: Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) - gomera.com.es
NOTICIA RELACIONADA: Silverio Matos suma una nueva imputación por uso de información privilegiada - La Provincia, 08 de abril de 2008
SIMA: Salón Inmobiliario de Madrid
Viñeta de Forges, elpais.com - 2008.04.08
Las ventas de Marina d'Or se desploman
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ELPAÍS/Reportaje* : La crisis inmobiliaria ha pillado al grupo Marina d'Or pendiente de la aprobación definitiva para la construcción de su nuevo proyecto: la "mayor ciudad de vacaciones de Europa", conocida como Marina d'Or Golf. Esta macrourbanización, que se desarrollará sobre una superficie de más de 18 millones de metros cuadrados, estará ubicada entre Oropesa y Cabanes, que viven pendientes de su desarrollo mientras miran, preocupados, los últimos datos aportados por la empresa.
El nuevo proyecto cuadruplica al Marina d'Or ya existente en Oropesa.
El grupo ha admitido que durante 2007 las ventas de sus apartamentos en España se han reducido en un 60% y que el freno en el inicio de nuevas obras ya se ha llevado por delante un millar de puestos de trabajo, entre construcción y hostelería.
Oropesa y Cabanes han cambiado mucho desde que, a mediados de los 80, el grupo Marina d'Or comenzó a instalarse en esta zona del litoral castellonense. Un monumento a la uva moscatel recibe a los recién llegados a Oropesa del Mar. Es un homenaje a los viñedos que fueron engullidos por Marina d'Or cuando el pueblo contaba con apenas 2.000 habitantes, tantos como el vecino municipio de Cabanes. Ambos municipios están dirigidos por el PP desde hace tres legislaturas.
Entre los vecinos de Oropesa y Cabanes, muchos de los que se dedicaban hasta hace poco a la agricultura han pasado de preocuparse por las heladas o el granizo a decidir qué coche se compran, adónde van de viaje o en qué obra invierten lo que les ha reportado la venta de sus huertos para urbanizarlos. Ninguno quiere hacer ostentación de sus beneficios pero el parque móvil y las fachadas de las casas de ambos municipios hablan por sí solas.
El complejo ya existente, de 10.000 apartamentos y cinco hoteles, en Oropesa, se ha convertido en referente y motor para los vecinos. El grupo empresarial les invita a visitar el balneario y los hoteles donde son agasajados con meriendas de canapés. Ambos municipios han aumentado su población con la llegada de cientos de inmigrantes que trabajan, o trabajaban, en las obras.
Y, si sale adelante la macrourbanización que el grupo tiene pendiente de aprobación por parte de la Generalitat valenciana, entre ambos pueblos se alcanzará una población de más de 200.000 personas, lo que superaría la actual en la capital de La Plana. Oropesa y Cabanes se preparan para convertirse en ciudades con todas las dotaciones y servicios que esto supone. Pero el momento no lleva al optimismo.
La reducción de la plantilla de Marina d'Or no ha afectado de forma significativa a oropesinos y cabanyuts. Sin embargo, muchos de ellos sí poseen locales comerciales en el complejo y temen que su actividad decaiga. Otros siguen teniendo expectativas sobre unos terrenos que, por ahora, sólo son importantes sobre planos.
"Mi lucha es vuestra lucha", dijo el presidente del grupo, Jesús Ger, ante 200 propietarios del suelo sobre el que está previsto se construya este macroproyecto. Eso fue hace más de un año, cuando Marina d'Or quiso iniciar una campaña de presión para sacar adelante el programa. En cambio, ahora han tenido que diseñar el proyecto para hacer viable la ejecución del plan urbanístico e iniciar las obras en cuanto se aprueben.
El grupo realizará, en primer lugar, los tres campos de golf previstos, situados a apenas tres kilómetros de las instalaciones que Marina d'Or ya tiene consolidadas en Oropesa y con las que puede complementar la oferta al turismo de golf. En una segunda fase, el grupo apuesta por la construcción de dos de los seis hoteles planeados y algunas de las más de 40.000 viviendas, aunque escogiéndolas según su tipología y la demanda del momento. Pero la incertidumbre sobre lo que pasará con el complejo vacacional y el grupo que lo promueve, que apuesta por sus inversiones en el extranjero, no pasa sólo por el momento que atraviesa el sector inmobiliario. El presidente de Marina d'Or, Jesús Ger, está acusado de un presunto delito de tráfico de influencias después de que le adjudicaran un desarrollo urbanístico en la zona de expansión del complejo. Además, la fiscalía de Castellón también ha abierto diligencias de investigación debido a que el Ayuntamiento de Cabanes adjudicó a una empresa del grupo el suministro de agua que tenía contratado con otra concesionaria.
De los colchones a rey del ladrillo
Es dueño de una ciudad que vale 6.000 millones de euros. Un rey del ladrillo. Jesús Ger, de 62 años, preside el grupo Marina d'Or y se encuadra en el capítulo de empresarios hechos a sí mismos. Llegó a Castellón procedente de Cataluña y trabajó en un pequeño establecimiento familiar dedicado a la venta de colchones hasta que se sumergió en el negocio inmobiliario.Entonces, se fijó en Oropesa, un municipio costero en el que aún quedaban decenas de kilómetros de litoral virgen y donde, hace décadas, se barajó la posibilidad de que se instalara el parque que Disney construyó finalmente en París. Aún hoy es poco lo que se conoce de Ger, que sí ha dejado constancia de sus buenas relaciones con los alcaldes de los municipios en los que trabaja, con los que ha viajado a París, Londres y China.Hace años que es complicado contar las grúas instaladas en un complejo en el que ya hay construidos 10.000 apartamentos. Sin embargo, es evidente que las obras han bajado de ritmo. Los beneficios obtenidos por el grupo que preside en 2006 se elevaron a más de 100 millones de euros. Sin embargo, la empresa ya ha admitido que el resultado de 2007 no se acerca a estas cifras sino que se asemeja más a las obtenidas en 2005, cuando los beneficios fueron de unos 63 millones de euros.
1.000 despidos
- El freno en el inicio de nuevas obras ha costado ya un millar de puestos de trabajo en el entorno de Marina d'Or.- Los beneficios de la empresa se rebajarán prácticamente a la mitad, hasta los 63 millones.- Marina d'Or ha diseñado un plan para hacer viable la construcción del megaproyecto diseñado en el litoral de Castellón.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 07/04/2008
Foto: Marina d'Or - CARLES FRANCESC, elpais.com
La fiscalía pide más de 5 años de cárcel para los detenidos de la 2ª sentada por la vivienda digna
KAOSENLARED* : Publicadas las peticiones de la fiscalía se ceban en dos de los detenidos el pasado 21 de Mayo del 2006. Mientras se piden 5 años y 2 meses para cinco de ellos, los otros dos se enfrentan a una petición de 6 años y 2 meses. Las acusaciones relatan unos hechos totalmente falsos, lo cierto es que se detuvo a personas de forma indiscriminada durante la disolución brutal de una manifestación que en todo momento había sido pacífica pero muy activa.
Para VdeVivienda.Madrid: "se piden para las 9 personas que fueron arbitrariamente detenidas penas de más de 5 años de cárcel basadas en mentiras tan burdas que dan vergüenza. Claro que hay gente que debería ser procesada por las agresiones de ese día, empezando por la delegada del Gobierno de Madrid Soledad Mestre por ordenar el uso indiscriminado de la violencia policial contra manifestantes pacíficos y todos los policías y mandos de la intervención".
Después de ser públicamente apaleados y humillados, antes de detenidos, el castigo recibido por exigir su derecho constitucional a una vivienda digna es a todas luces un aviso para navegantes que busca servir de ejemplo, para desmovilizar a los jóvenes que exigen casa.
La organización 'V de vivienda' aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto, pero ha anunciado un comunicado en los próximos días y ha publicado los escritos oficiales de la acusación, que figuran en la url al pie de la noticia.
La madre de uno de los detenidos si ha querido hacer público un escrito en el que denuncia que los policías "a mi hijo lo sacaron arrastrándole de los pelos de un bar donde se había refugiado de la ira de estos hombres y mujeres de orden y paz. Le patearon, le insultaron con miles de soeces, le pegaron puñetazos... en fin... todo un rosario de modales y respeto hacia un ciudadano de cuyos impuestos estas personas comen. En 24h. solo comió un sandwich."
Vaya desde Kaosenlared toda nuestra solidaridad con estas personas sus familias y compañer@s. Junt@s luchamos y junt@s resistimos a la represión.
Reproducimos a continuación la mencionada carta escrita por la madre de uno de los detenidos:
Carta de una madre de un Detenido por una Vivienda Digna
Soy la madre de uno de los detenid@s de la segunda sentada contra la precariedad y por una vivienda digna. Quiero deciros que no solo soy la madre de uno de los detenid@s sino de un detenido privilegiado porque el Sr. fiscal para mi hijo así como para otr@s seis solo pide CINCO AÑOS de prisión para los otros dos pide SEIS AÑOS y multas que oscilan entre 210 euros y 570 euros más 60 días a seis euros diarios, además de no poder votar, a estos potenciales delincuentes y viles terroristas.
Para el que no lo sepa os diré que mi hijo al igual que el resto ha tenido que presentarse cada 15 días en el juzgado a fichar. Ahora lo hace cada dos meses porque, naturalmente, hay que controlar a estos monstruos que se mueven por la ciudad pidiendo vivienda digna a un precio justo.
Yo entiendo perfectamente que los asesinos de mujeres y niños maltratados especuladores, estafadores y demás especies campen a sus anchas a lo largo y ancho del ruedo Ibérico pero estos... ¿cómo van ha estar sin ser controlados?, piden sueldos y viviendas dignas... ¡qué osadía! ¡son un peligro publico una bomba de relojería!
Aunque algunos ya lo sabéis paso a describiros los hechos acaecidos el día 21 de Mayo de 2006; que no el día 22 como dice el Sr. fiscal, ya entiendo yo que dicho señor no esté en éstos detalles nímios al fin y al cabo no son más que escoria que osan, como gusanos, unos por encima de otros, pedir las migajas del pastel que a ellos les engorda.
Pues bien, ese día, mi hijo con un grupo de amigos, alrededor de las cinco de la tarde, acudió a la puerta del Sol como otros tantos jóvenes. Mi compañero, mi hermana, cuñado, sobrina y yo, también acudimos a ese llamamiento de V de VIVIENDA. Aunque yo tengo vivienda en propiedad y quizás mi hijo tenga menos problemas para conseguirla, hicimos lo que siempre hemos hecho y, yo en particular, seguiré haciendo siempre que me entere; pues no es fácil para personas como yo en un mundo informatizado y poco de calle.
Acudimos a solidarizarnos con una petición compartida con aquellos muchach@s que pedían algo tan razonable como una vivienda a un precio adecuado a sus salarios. Ilusa de mi, creí que era lo razonable. Tan ilusa que me creí lo de la Constitución y me creí que era de verdad. Ahora me doy cuenta que solo es un papel mal redactado pisado, machacado y ultrajado.
Tanto mi compañero como yo, así como las otras personas ya descritas, acudimos a ese llamamiento como siempre habíamos hecho indiscriminadamente. Siempre solidarios con cualquier colectivo progresista o causa justa, por ejemplo: NO A LA GUERRA,NUNCA MAIS,MUJERES MALTRATADAS,GAYS Y LESBIANAS y así un largo etc cuyas reivindicaciones a nosotros nos parecían correctas.
Nunca pertenecimos formalmente a ningún colectivo, en el cual tendríamos que tener una razonable disciplina. Pero siempre hemos estado al lado de las demandas sociales que nos parecían bien. Tal vez por esta razón, por solo responder a nuestros corazones, cuando hemos acudido a algún colectivo se quitan las pulgas de encima. Perdón por el olvido mi compañero estuvo afiliado a CCOO hasta hace un año, cuando dejó de pertenecer a este sindicato dado la deriva que lleva. Hoy es afiliado de CGT.
Como os iba contando acudimos a la puerta del Sol y seguimos la marcha mi hijo y sus amigos por el centro de la calzada y nosotros mas prudentes por la acera, pero sin perderle de vista. Al llegar a Banco de España, la policía comenzó a cargar todos. Corrimos a refugiarnos donde podíamos. Yo vi como mi hijo corría cuesta abajo mientras la policía arremetía contra todo ser viviente. No sé que hora podría ser en ese momento, pero lo que tardamos desde ese punto a la Plaza de Santa Ana, donde teníamos el coche aparcado, y juro haberlo hecho deprisa, ya que nos esperaban para cenar en casa de mis padres. Allí, en la Plaza de Santa Ana, recibimos un mensaje de suyo. Mientras la policía como sabuesos buscaban sus presas, mi hijo desde el furgón policial, en un descuido de estos, nos comunicó que estaba detenido.
Lo sacaron arrastrándole de los pelos de un bar donde se había refugiado de la ira de estos hombres y mujeres de orden y paz. Le patearon, le insultaron con miles de soeces, le pegaron puñetazos... en fin... todo un rosario de modales y respeto hacia un ciudadano de cuyos impuestos estas personas comen.
No os quiero cansar con el trato en comisaría y juzgado, sólo os diré que en 24 horas sólo comió un sandwich. Además, comentaros que el resto de los detenid@s no lo tuvieron mejor. Por último decir que lo único bueno que me ha pasado, ha sido conocer a estos compañer@s detenido@s con mi hijo y que sólo al más joven no conozco; pues no se ha reunido nunca con el resto. No seré yo quien juzgue esa actitud, vaya para él igual que para el resto, todo mi cariño y solidaridad.
Ha sido un placer conocer a est@s chic@s que, no solo se preocupan de reunirse los fines de semana para beber, sino que con sus lógicas diferencias, no se limitan a ser simplemente siervos. Decidieron ser ciudadanos de pleno derecho, aunque esto, al poder le parezca un insulto. ¡Un fuerte abrazo para tod@s ell@s!
A la asamblea gracias por vuestro respaldo
Os quiero.
P.D. SEGÚN EL SR. FISCAL EST@S JÓVENES CARECEN DE ANTECEDENTES PENALES, POR ESO ESTE SEÑOR ES TAN BENEVOLENTE
http://www.detenidosporunavivienda.org/
* Kaos en la Red - Miguel Álvarez (Kaos. Madrid) - 07.04.2008
Foto: La movilización ciudadana por una vivienda digna, a su paso por el Congreso de las Diputados (Madrid) - kaosenlared.net
Las zonas verdes de Málaga se convierten en objeto de especulación
ELPAÍS* : Los suelos destinados a zonas verdes y equipamientos públicos no escapan a la especulación urbanística aunque no se prevea su cambio de usos. Determinados promotores de Málaga han comprado en los últimos años pastillas de suelo que seguramente nunca podrán ser urbanizadas, pero exigen al Ayuntamiento que se las expropie a precios que sobrepasan con creces el valor de compra del suelo.
Los promotores esgrimen para reivindicar el derecho a estas indemnizaciones la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que en su artículo 140 establece que los ayuntamientos tendrán que expropiar los terrenos para dotaciones públicas que no estén incluidos en un sector de nueva ejecución en un plazo máximo de cuatro años desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), transcurrido el cual se dará por iniciado el procedimiento de expropiación forzosa a requerimiento de los interesados.
El conflicto surge por la aspiración de los promotores de que los suelos se valoren a precios de mercado, aunque no puedan ser urbanizables, para que se les compense del supuesto perjuicio que les causa no poder edificar. Como informó EL PAÍS el pasado 7 de enero, en cuatro casos el Ayuntamiento de Málaga ha acudido a los tribunales para impugnar los justiprecios fijados por la Comisión Provincial de Valoraciones para la expropiación de otras tantas parcelas en las zonas del monte Gibralfaro y El Limonar, que suman 11,4 millones de euros. Con todo, el jurado ya rebajó sustancialmente las propuestas de los promotores, que superaban en conjunto los 70 millones de euros.
Ahora se ha detectado un nuevo caso que resulta muy llamativo y ante el que el equipo de gobierno que preside Francisco de la Torre ha optado por buscar medidas para frenar esta carrera especulativa. La sociedad Parque Málaga compró en enero de 2007 a la Congregación de Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos 21.881 metros cuadrados segregados de la parcela que ocupa el colegio de El Monte, en una ladera del Monte Gibralfaro por 3.606.073 euros. Nueve meses después de la firma de las escrituras, en septiembre de 2007, Parque Málaga pidió al Jurado de Valoraciones la expropiación por un justiprecio de 68 millones de euros.
El Ayuntamiento recurrió la petición de expropiación y el Jurado Provincial de Valoraciones le ha dado la razón y en resolución adoptada el 22 de enero pasado sostiene que "no se dan los requisitos previstos en el artículo 140 de la LOUA para entender iniciado el procedimiento de expropiación forzosas por ministerio de la ley".
El concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Díaz, no tiene duda de que se trata de "operaciones especulativas" realizadas por personas que dice son "muy buenas conocedoras del mercado inmobiliario". Con el propósito de "ponerles coto", el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) aprobó el pasado jueves la delimitación de tres áreas de la ciudad en las que el Ayuntamiento se reservará el derecho de retracto y tanteo sobre aquellos suelos que sean dotacionales y que sus dueños pretendan vender. Las zonas "blindadas" son Puerto de la Torre, Campanillas y el área del plan Bahía. Según Díaz, si el Ayuntamiento compra los suelos a precio de mercado real y no de expectativas "se evitarán complejos expedientes expropiatorios posteriores con pretensiones especulativas".
Aunque todos los grupos políticos votaron a favor de ejercer el retracto, el portavoz del PSOE, Enrique Salvo, lamenta que eso ya "implica asumir los precios del mercado" y entiende que "a estas alturas debería estar claro que hay suelos que han sido dotacionales en todos los planes urbanísticos y no hay justificación para que tengan ahora expectativas de desarrollo". Salvo además entiende que las áreas preferenciales que debían haberse delimitados para el tanteo son la zona este y el litoral, las de mayor valor del suelo y donde de hecho se producen los litigios actuales.
Según el PSOE ha sido el propio Ayuntamiento el que ha favorecido que los propietarios de suelos dotacionales tuvieran expectativas. Uno de los justiprecios recurridos por el Ayuntamiento en la vía de lo contencioso es el de 2,5 millones de euros para el presidente de la inmobiliaria Aifos, Jesús Ruiz Casado, por una parcela en Gibralfaro. El equipo de Gobierno ha optado por mantener el suelo como zona verde, pero antes tuvo intención de recalificarlo y de hecho en la aprobación inicial del nuevo PGOU en tramitación se le concedía derechos de edificabilidad para construir 22 chalés. Cuando supo que no sería así, el dueño de Aifos pidió 22 millones de euros que el Jurado de Valoraciones redujo a 2,5 millones.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 07/04/2008
Foto: Málaga, ayuntamiento desde Gibralfaro - wikimedia.org
Grupos ecologistas critican el desarrollo rural basado en la 'especulación urbanística'
EFE/Valladolid* : Los grupos ecologistas que han promovido la imposibilidad de construir una estación de esquí en San Glorio (León) creen que la "estrategia" de las administraciones para impulsar proyectos de este tipo consiste en "machacar" a los ciudadanos "para ponerlos del lado de los especuladores".
Así lo ha expresado en una rueda de prensa en Valladolid el vicepresidente de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), José Ángel Herrera, quien cree que "la estrategia se repite desde hace décadas" para hacer ver a los ciudadanos que la única posibilidad de desarrollo rural es impulsar proyectos de "pura especulación urbanística" basados en la "arbitrariedad".
Acompañado por Fernando Jubete, representante de la Plataforma en Defensa de San Glorio, Herrera ha opinado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula la posibilidad de construir una estación de esquí en San Glorio es un "mazazo contra la política de la Junta", ya que "barre todo lo que han hecho" en relación a este proyecto.
Herrera ha considerado "absolutamente imposible" que el recurso de casación que la Junta de Castilla y León se ha planteado presentar ante el Tribunal Supremo pueda prosperar, ya que la "falta de justificación" para modificar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Fuentes Carrionas "no es discutible" y constituye una situación "insalvable" jurídicamente.
Sobre la argumentación del TSJCyL, que basó en los cambios climáticos la inviabilidad económica de una estación de esquí en San Glorio, Herrera ha expresado que la sentencia será "histórica" y que, de hecho, imposibilita la construcción de nuevas estaciones de esquí o ampliaciones de las actuales en la Cordillera Cantábrica.
En este sentido, Jubete ha reconocido que esta misma argumentación se debería haber seguido en el caso de la estación de esquí de La Covatilla, en la sierra de Béjar (Salamanca), aunque ha reconocido que los grupos ecologistas no actuaron "tan firmemente" como en el caso de San Glorio.
El TSJCyL ha basado la anulación, entre otras cuestiones, en que los "cambios climáticos que se están produciendo" hacen que la viabilidad económica del proyecto de la estación de esquí en San Glorio sea "muy dudosa".
El contencioso lo planteó ante el Tribunal la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), que ha mantenido durante años su oposición a la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, que incluía la posibilidad de instalar estaciones de esquí y que afecta a territorios de Cantabria, Palencia y León.
* El Mundo - EFE - 07/04/2008
Foto: San Glorio 2007 - ecologistasenaccion.org
El urbanismo del PP cuesta 100 millones a Ourense
ELPAÍS* : Arreglar algunas lagunas del planeamiento urbanístico, aprobado en 2003 con los únicos votos del PP y recurrido judicialmente por el PSOE, costará a los orensanos más de 100 millones de euros. La decisión del gobierno municipal del PP de recalificar el plan anterior, de 1986, multiplicando la edificabilidad a través de la construcción de numerosas torres, "sin prever zonas verdes, ni viales, ni equipamientos sociales" obliga ahora al bipartito a afrontar el pago de las expropiaciones necesarias para contar con esas dotaciones.
Socialistas y nacionalistas sostienen que reconducir la situación urbanística supone dedicar un plus de trabajo, tiempo y sobre todo presupuesto municipal que lastra la gestión de gobierno. "Nos dejaron ahogados", señala un portavoz de la coalición. Su queja está avalada por el Estudio Económico Financiero del Plan Xeral (PXOM) que en su página 37 detalla que el ayuntamiento deberá pagar 100.272.255 euros sólo de los gastos generados por las recalificaciones del PP en el planeamiento de 2003.
El PXOM ahora en vigor obliga al gobierno local a expropiar prácticamente todos los sistemas generales. Entre ellos, el de Cantareliña, el enclave calificado como zona verde en el que el anterior ejecutivo del PP subvencionó hasta los azulejos para el asentamiento ilegal de un poblado chabolista. Tendrán que salir 2,7 millones de euros de las arcas municipales para costear esta expropiación, según recoge el estudio financiero.
No es la única expropiación que deberá afrontar el ayuntamiento. La situación urbanística que dejó el PP se plasma en sentencias condenatorias que obligan a indemnizar a particulares como consecuencia de las licencias irregulares concedidas en su día.
Son los casos de los barrios de A Ponte, en donde se expropiarán 2.600 metros construidos; Reza, en donde la expropiación será de más de 2.000 metros; Quintián, de 500 metros construidos o Carriarico, en donde la cantidad solicitada por la propietaria de un solo inmueble de 300 metros cuadrados supera los 700.000 euros. En esa zona el ayuntamiento debe expropiar 800 metros construidos, lo que supondrá un desembolso de 2 millones.
Uno de los autos judiciales que obligan a la institución local a resarcir a particulares expresa gráficamente la situación. "Resulta evidente que el ayuntamiento no tiene intención ninguna de ejecutar la sentencia dado que no hizo nada desde 1999", señala el tribunal.
En la Plaza de San Antonio, en pleno corazón de la ciudad, si el juez acepta la indemnización que pide un particular el ayuntamiento deberá pagar 350.000 euros de las arcas municipales en concepto de responsabilidad patrimonial.
Sobre un bloque de viviendas de esta plaza pesaba una sentencia del TSXG que ordenaba el derribo para el que el anterior gobierno pedía la inejecución que el tribunal negó. "No hicieron nada en materia jurídica" se queja la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, quien destaca que cuando llegó al ayuntamiento se encontró con un plazo de 20 días para ordenar la demolición de los edificios de la Plaza de San Antonio. "Contratamos un abogado y hemos negociado, para evitar problemas que multiplicarían por mil el precio a pagar".
El PP dejó pendientes otros problemas que habrán de solucionarse también a costa del erario público. "Estamos destinando mucho dinero, técnicos y tiempo a enmendar desaguisados que nos impiden afrontar algunos retos de la ciudad", sostienen los representantes municipales.
Áurea Soto hace recuento de los "viales inejecutables que dejó el anterior gobierno".
Entre otros, figuran los del Barrio do Cuco, integrado por un vecindario con media de edad de 70 años, y una pendiente del 35% que excede el máximo legal; lo mismo que en zonas calificadas como suelo urbanizable industrial, con pendientes que superan el 30%, o en la conexión de la N-525 con Rabo de Galo. En la estación de autobuses, los viales son inejecutables según los técnicos de Infraestructas.
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 07/04/2008
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
NOTICIA RELACIONADA: Dos caros ejemplos de una gestión caótica - El País - 07/04/2008
El desarrollo urbanístico del nuevo frente de Gáldar amenaza cuatro yacimientos arqueológicos
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LAPROVINCIA* : El Cabildo de Gran Canaria ultima la redacción del Plan de Ordenación Área de Centralidad de Gáldar y Guía (PTP14) que ha sufrido un enorme retraso como consecuencia de los cambios políticos. Mientras, y al tiempo que surgen los movimientos especulativo en torno al desarrollo del nuevo frente urbanístico de Gáldar, se acrecienta también la preocupación de sectores culturales en el municipio que advierten de la amenaza que la recalificación del suelo supondría para cuatro yacimientos arqueológicos.
La imagen actual del casco de Gáldar visto desde la autovía puede sufrir una enorme transformación. Su futuro depende de un documento que, por su interés insular, elabora el Cabildo y que debe marcar las evolución de la franja urbana localizada sobre el barranco y la autovía que une Gáldar y Guía.
El Foro Ciudadano Huertas del Rey de Gáldar considera que gran parte del futuro socioeconómico de Gáldar quedará marcado por el contenido del documento en tramitación, ya que tiene una especial incidencia sobre los yacimientos arqueológicos protegidos como Bienes de Interés Cultual. Y, de la misma forma, porque puede dañar la actual fisonomía general del casco histórico.
Las zonas de afección son los conjuntos de interés cultural de la Cueva Pintada, las cuevas del Patronato o Facaracas y el conjunto Barrio del Hospital, que incluye las Cuevas del Hospital y las estructurales habitacionales de Lomo de San Sebastián. Todas ellas se concentran en el entorno de esa extensa franja de terreno en estudio.
"Tenemos que tener una visión a largo plazo, y pensar que, más allá del interés especulativo que despierta la única zona libre del casco, debemos tener presente que esta superficie está plagada de yacimientos y de historia, que podrían suponer un atractivo más para el municipio. Y el ejemplo a imitar más claro lo tenemos en el impacto causado por la Cueva Pintada", señala el colectivo, que pide un proyecto serio para la recuperación de estos núcleos prehispánicos. El Foro recuerda que muchos proyectos urbanístico en la zona están parados por la aparición de restos arqueológicos y por su gran potencial histórico para seguir desentrañando la vida aborigen canaria, y que su rentabilidad turística puede suponer un factor de dinamización económico y social para Gáldar.
La entidad, siguiendo las directrices de elaboración del Plan de la Costa Norte, aboga por "el mantenimiento del paisaje agrícola y el patrimonio arquitectónico y etnográfico existente para armonizar la propuesta turística con los valores tradicionales de la comarca".
Al mismo tiempo, el Foro Ciudadano Huertas del Rey exige la recuperación de estos yacimientos, que se encuentran en un grave estado de degradación, pese a su enorme valor histórico y etnográfico. Basura, obras ilegales que dañan su fisonomía y un estado de preocupante abandono han convertido estos enclaves en una imagen de despreocupación institucional.
A su vez, el colectivo considera preocupante que el Ayuntamiento de Gáldar pretenda ceder suelo a Educación para el futuro instituto en esta misma zona donde es probable que se localicen restos aborígenes, como ha sucedido antes, lo que podría paralizar aún más su apertura. Y, sobre todo, se muestra preocupado por la aparición de movimientos especulativos en torno a una zona que, teóricamente, aún está sin definir por el Cabildo grancanario.
+ La Provincia - JAVIER BOLAÑOS - GÁLDAR - 07 de abril de 2008
Foto: Cuevas de Facaracas, LP / DLP
