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LAOPINIÓN* : La Fiscalía de Málaga ha pedido penas de cárcel en el pacto para unificar las causas urbanísticas de Marbella en las que están implicados ex concejales del GIL. Fuentes judiciales confirmaron a este periódico que el Ministerio Público ha solicitado la pena de prisión como alternativa a la multa para todos los ex ediles acusados de delitos contra la ordenación del territorio.
Las bases del futuro acuerdo han quedado fijadas con los abogados de la defensa, y se han remitido a la Fiscalía Superior de Andalucía, órgano competente para autorizar o no este pacto.
El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo, se ha vuelto a reunir esta semana con los letrados defensores y el pasado miércoles concertó un encuentro con el fiscal superior de la comunidad andaluza, Jesús García Calderón, quien deberá dar la última palabra sobre la idoneidad o no del acuerdo. Pero previsiblemente remitirá antes el caso a la Fiscalía General del Estado, para que consulte las bases e informe sobre su posible aplicación.
Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicitará inhabilitación en el cargo público para los ex ediles.
Sin pacto e independientemente del número de causas pendientes, los acusados podrían permanecer encarcelados hasta un máximo de seis años de cárcel, resultado de aplicar la triple de la pena mayor del delito, que es de dos años. Con el acuerdo, tanto la Fiscalía como las defensas intentan agilizar los procesos estancados en los juzgados penales y muchos todavía en instrucción.
Pero para alcanzar el consenso ha sido necesario que los procesados reconozcan los hechos delictivos, es decir, haber concedido licencias de obra a sabiendas de que incumplían la legalidad urbanística.
El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, que actualmente cumple condena por un caso urbanístico, está implicado en casi un centenar de causas relativas a supuestas licencias de obra ilegales. El pacto le beneficiaría en cuanto a la condensación de las penas.
Juicios. Mientras se estudian las bases de este acuerdo marco, los juzgados penales han señalado varios juicios. El próximo 2 de abril comenzará la vista oral en el juzgado Penal 1 por un caso en el que Julián Muñoz y seis ex ediles se enfrentan a una pena de dos años de prisión y diez de inhabilitación por autorizar presuntamente 74 viviendas ilegales. La siguiente semana se ha fijado otra vista oral en el Penal 6.
La conformidad en ningún caso se aplicaría a los procesos que se instruyen por supuestos convenios urbanísticos irregulares, en los que están imputados miembros de la última corporación del GIL como la ex alcaldesa Marisol Yagüe o el que fue asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 28 de marzo de 2008
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es
La Fiscalía pide cárcel y no multas en el acuerdo sobre los casos urbanísticos de Marbella
El alcalde de Mogán pedía terrenos a sus propietarios a cambio de recalificaciones
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El alcalde de Mogán, Francisco González, extorsionaba a vecinos del municipio que querían construir en solares propios para que éstos le cedieran parte del suelo. A cambio de que el Ayuntamiento otorgara la correspondiente recalificación del terreno y la licencia de obra oportuna, González pedía una parte del solar a sus propietarios que, en algunos casos, llegó a ser de hasta el 70%, puesto que a un vecino de Mogán le pidió la cesión de 700 metros cuadrados sobre un solar de 1.000.
La desclasificación de parte del sumario correspondiente a la operaciónGóndola ha confirmado varios de los datos adelantados en su día por LA PROVINCIA/DLP. Entre ellos, que diferentes vecinos se presentaron en la comisaría de policía para denunciar que se sentían extorsionados por el alcalde y por el hombre fuerte del urbanismo en el municipio de Mogán, Marcelino Martín.
Una mujer denunció que había comprado un solar de mil metros cuadrados y había solicitado al Ayuntamiento la licencia para el desmonte, pero el consistorio le contestó que no era posible porque el suelo estaba calificado como área de juego, a pesar de tener una sentencia que le permitía construir. Una vez que González alcanzó la alcaldía y tras varias reuniones con Martín el alcalde le dijo a la propietaria que si quería que le modificase el uso de la parcela "debe dejar de desmontar la parte de la curva que ocupa la misma", a lo que contestó que no estaba de acuerdo.
En la misma conversación, González le dice a la propietaria que tiene que hacer una cesión del 30% de la parcela al Ayuntamiento y que eso es lo que hay si quiere que se incluya el solar en el Plan General. Cuando la propietaria accede, inicia las obras y deja el 30% del solar sin desmontar, pero posteriormente el alcalde le dice que tiene que firmar un convenio con el Ayuntamiento de Mogán y ceder el 70% del solar.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 29 de marzo de 2008
Foto: mogan puerto - puertosdecanarias.com
Mundo Ilusión, de parque temático a PAI
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ELPAÍS/Castellón* : Como si careciera de importancia el orden de los factores, el vicepresidente del Consell y presidente de la sociedad pública Mundo Ilusión, Vicente Rambla, trató ayer de solventar todas las dudas sobre el futuro del parque temático alegando que éste está condicionado al desarrollo de la macrourbanización prevista para su entorno.
Rambla obvió que fue el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, quien presentó Mundo Ilusión, en 1999, como un proyecto aislado y que posteriormente fueron varias empresas constructoras las que lo ligaron a la construcción de viviendas, hoteles y campos de golf. No solo eso, sino que ambos, tanto Fabra como Rambla, pretendieron remontar el proyecto a hace solo tres años, a 2005, momento en el que se creó la sociedad pública en la que están representadas ambas instituciones. De esta manera, quisieron responder a las acusaciones de los socialistas, que responsabilizan al PP de haber consumido casi diez años en la redacción de estudios y millones de euros en el pago de los mismos.
Así, Vicente Rambla habló de Mundo Ilusión como un proyecto "referenciado" al desarrollo de otro proyecto, el del PAI previsto para su entorno, que está pendiente de la aprobación definitiva que le tiene que otorgar la propia Generalitat. Sin embargo, la idea del parque temático que las administraciones impulsan para Castellón nació como un proyecto independiente y fue un grupo de constructores (Lubasa, PGP y Ortiz) el que lo unió a la construcción de una gran urbanización entre los municipios de Oropesa y Cabanes.
Fueron éstos también los que presentaron una oferta en la que vinculaban la urbanización al parque temático, comprometiéndose a ceder a la Administración los ocho millones de metros cuadrados de suelo necesarios. Finalmente, los Ayuntamientos de Cabanes y Oropesa tomaron la iniciativa de la cesión del suelo como "obligatoria" para todas las ofertas que se presentaran, entre las que, finalmente, escogieron la del grupo Marina d'Or, que ya cuenta con importante arraigo en ambas poblaciones. Si sale adelante, el PAI se desarrollará en una zona con yacimientos que van desde la Edad de Hierro hasta el periodo andalusí, como desvela un informe de la Consejería de Cultura dado a conocer ayer.
Tras el consejo de administración de Mundo Ilusión celebrado ayer, Vicente Rambla manifestó la "firme voluntad de la Generalitat de seguir apoyando el proyecto" y dio a conocer el resultado del informe de viabilidad encargado durante el último año. Según dijo, "estos trabajos son los preparatorios del proyecto" e indican que un parque temático sí tiene cabida en la provincia de Castellón, pese a la existencia de los centros de ocio de Valencia (la Ciudad de las Artes y las Ciencias, L'Hemisfèric y Bioparc), Terra Mítica en Alicante y Port Aventura en la colindante Tarragona.
El presidente de la sociedad pública indicó además que se está recabando la información suficiente para que cuando se ponga en marcha "con participación de la iniciativa privada", sea un proyecto viable, "que tenga unas dimensiones, un público destinatario concreto y un nivel de oferta determinado", con lo que despejó la duda de si será la Administración la que corra con los gastos de construcción del parque o serán empresas privadas. "Por supuesto, tendrá cabida toda la iniciativa privada que quiera participar"
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, aprovechó la visita de Rambla para reiterar su deseo de que las consejerías de las que depende la aprobación de los PAI, y "especialmente de éste que tiene incidencia en Mundo Ilusión agilicen sus posiciones y su trabajo para que puedan salir adelante por el bien de la economía de la provincia, por el futuro del aeropuerto y de la industria castellonense".
* ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 28/03/2008
Foto: Marina d'Or, Oropesa_Mar (Castellón) - elpais.com
Cabezas de hierro, leyes de paja
ÁNXEL VENCE* : Ahora que la vivienda ha dejado de ser un negocio para convertirse en un problema, el Gobierno gallego prepara una ley que vedará a conselleiros, alcaldes, concejales y mandamases en general el ejercicio de la profesión inmobiliaria. Tarde han piado los gobernantes. Justa y sin duda necesaria, la medida podría haber sido también eficaz si se aplicase hace una década, cuando comenzó el boom del ladrillo que ha dejado a Galicia alicatada de pisos hasta el techo.
Infelizmente, no parece que ahora vaya a ser de gran provecho, estando como estamos en pleno derrumbe del imperio inmobiliario que amenaza con sepultar bajo sus cascotes a la economía española.
No son pocos los constructores gallegos que, huyendo de la quema y de la quiebra, han liado los bártulos para instalarse en Polonia, Brasil, Cabo Verde y otros exóticos destinos donde el negocio ofrece todavía prometedoras expectativas de futuro. Difícilmente les alcanzará allí la ley de incompatibilidades que, con el retraso habitual, se dispone a aprobar el Parlamento gallego.
Tampoco parece que las nuevas disposiciones legales vayan a constituir un especial motivo de inquietud para los promotores que aquí siguen, seguramente más preocupados por la sequía de ventas que por la imposibilidad de compaginar la política con la construcción.
La experiencia sugiere que la eficacia de este tipo de leyes es más bien relativa. Tanto como para que sus rígidas limitaciones puedan vadearse mediante el recurso a la tradicional figura del testaferro.
Traducida literalmente del italiano, la expresión significa "cabeza de hierro" y alude a la persona que presta o alquila su nombre para ejercer la representación de un negocio que en realidad pertenece a otra. Testaferro es la denominación que en Italia se daba antiguamente a la celada de la armadura con la que los caballeros solían cubrirse el rostro. Ninguna imagen más apropiada para representar la idea de alguien que usa la cara de otro para ocultar la suya por razones de conveniencia.
De esto sabemos un montón aquí en Galicia, donde los contrabandistas del otrora pujante "chollo do fume" -ahora reconvertidos a la fariña y el chocolate- solían y suelen usar de toda suerte de testaferros, empresas interpuestas y abogados expertos en buscarle las vueltas a la ley. Acaso eso explique la circunstancia un tanto chocante de que la mayoría de ellos aleguen -y a menudo prueben- ser insolventes cuando se ven obligados a rendir cuentas ante algún tribunal.
Nada cuesta imaginar que las gentes simultáneamente tentadas por la política y la construcción encuentren también una solución a su problema en los testaferros de toda la vida. Aunque, en realidad, la práctica demuestre que las operaciones más o menos subrepticias en el ramo de la edificación pueden perpetrarse sin necesidad de que el alcalde o cualquier otro gobernante sea al mismo tiempo empresario del ramo.
Un modesto concejal de Urbanismo, pongamos por caso, tiene en sus manos la varita mágica que, adecuadamente usada, convierte de un solo toque -hale, hop- terrenos agrícolas sin apenas valor en parcelas edificables donde los billetes de banco crece con mucha mayor rapidez que las lechugas.
Cuentan quienes saben del asunto que esas magias no han escaseado en Galicia -y no digamos ya en Marbella- durante la década prodigiosa del ladrillo. Y, naturalmente, parece razonable pensar que los magos autores del truco obtuviesen alguna recompensa de los beneficiados sin necesidad de que en la operación mediase testaferro alguno.
Quiere decirse, en fin, que no resulta imprescindible ejercer de alcalde-constructor para edificarse un buen patrimonio personal a cuenta de la política. Con o sin el uso de testaferros -también llamados hombres de paja- el derrumbe del negocio inmobiliario reduce a mera paja una Ley de Vivienda que llega con diez años de retraso. Menuda novedad.
* Faro de Vigo - Opinión - 24 de marzo de 2008
El juez impone a Roca una fianza de un millón de euros pese al "elevado" riesgo de fuga
EFE/Marbella* : El juez del caso Malaya ha impuesto un millón de euros de fianza al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca. Según el auto del juez, el riesgo de fuga Roca es "elevado", pero justifica imponer la garantía para su puesta en libertad en que no ha huido durante años a pesar de estar implicado en otras causas judiciales.
En el auto, el instructor del caso argumenta que "es razonable pensar que dispone de fondos en territorios considerados como paraísos fiscales, sin que tal vez nunca pueda llegar a conocerse con exactitud su alcance al ser territorios que dificultan la cooperación (como la Isla de Man)".
El juez considera, sin embargo, que Roca, de cuya detención se cumplen el sábado dos años, "posee en España una muy elevada fortuna, a través de diversas sociedades que en la actualidad están siendo controladas judicialmente", está casado y tiene dos hijos y siempre ha residido en España.
Cuantía elevada
El magistrado afirma que el pronóstico de riesgo de fuga sugerido por las circunstancias es sin duda "elevado", pero destaca que en otro procedimiento judicial seguido ante la Audiencia Nacional Roca cumplió durante casi cuatro años con las obligaciones impuestas para quedar en libertad.
El auto fija la "cuantía elevada" por su acreditada relación con otras personas que pueden ayudarle a pagarla y ordena la comparecencia diaria del procesado en los juzgados. El millón de euros para la puesta en libertad del ex asesor urbanístico constituye la fianza de mayor importe económico impuesta por el juez a los procesados del caso Malaya.
El cerebro de la trama
El exasesor urbanístico, al que el juez considera como el presunto cerebro de la trama de corrupción, ingresó el 31 de marzo de 2006 en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde permaneció hasta el 6 de octubre del mismo año, fecha en la que fue trasladado a la cárcel de Albolote (Granada).
Roca es el único procesado que se encuentra en prisión provisional por el caso Malaya, ya que el exalcalde de Marbella Julián Muñoz permanece en la cárcel, donde cumple condena por causas urbanísticas tras ser detenido por el mismo proceso.
El magistrado imputa a Roca los delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales y contra la flora y fauna, entre otros.
* El Periódico - EFE - 28/3/2008
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
Castro Urdiales: El anterior equipo de gobierno, acusado de prevaricación
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EFE/Cantabria* : La Fiscalía se ha querellado por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de una obra pública contra los ocho concejales del PRC, el PP e IU que formaban el equipo de Gobierno de Castro Urdiales en 2006, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
La querella se dirige contra el actual alcalde del municipio, Fernando Muguruza, quien entonces presidía la corporación como concejal del PRC, aunque desde 2007 está expulsado del partido; el primer teniente de alcalde, José Miguel Rodríguez (PP), y el concejal de Obras en aquellas fechas, Salvador Hierro (IU).
También han sido imputados los ediles Jaime Díaz Muro y Juan Molinero Arroyabe, ambos regionalistas; Concepción Carranza, del PP y Santiago Vélez, de IU.
Esta actuación de la Fiscalía parte de una denuncia presentada por cinco concejales entonces en la oposición contra el equipo de Gobierno por un presunto delito de prevaricación relacionado con la contratación de las obras del túnel del Mioño.
De estas diligencias se deriva la actuación realizada ayer en la Gerencia de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Castro Urdiales por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que se llevó varios expedientes por orden del Juzgado de Instrucción número 2 del municipio.
Los agentes de la Policía Judicial obtuvieron la información a través de un requerimiento judicial expreso, ante la negativa inicial a facilitársela de las personas que encontraban en las dependencias, explica el TSJC.
Durante la instrucción, se han detectado nuevos hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública, por lo que se ha acordado la apertura de diligencias previas y ya se ha recabado la documentación necesaria, que está siendo estudiada, añade el Tribunal Superior.
La querella de la Fiscalía, presentada el 27 de septiembre de 2006, se dirigió inicialmente contra los concejales Jaime Díez Muro, del PRC, y Salvador Hierro, de IU, por haber adjudicado "a dedo" a la empresa del hermano del edil regionalista la obra de reparación del túnel de Mioño.
La imputación se ha ampliado después a los demás miembros del equipo de Gobierno, como consecuencia de las diligencias practicadas.
Los ocho imputados han sido citados para declarar ante el juez en las próximas semanas.
Ratificar la denuncia
También deberán declarar los concejales que presentaron la denuncia, para ratificarla, entre los que figuran uno de los actuales miembros del equipo de Gobierno, Rufino Díaz Helguera, quien entonces formaba parte de la oposición como edil no adscrito.
La Fiscalía de Cantabria pidió en septiembre de 2006 al Juzgado de Castro Urdiales que investigara a los concejales Salvador Hierro y Jaime Díez Muro, los dos primeros imputados, por la adjudicación de esa obra.
El Ministerio Público determinó entonces que los trabajos, valorados en 58.765 euros, se adjudicaron a la empresa IZETA Ingenieros directamente, sin que existiera expediente, proyecto o contrato presentado por la empresa.
La Fiscalía comprobó que el apoderado de IZETA, Juan Ignacio Díez Muro, realizó personalmente todas las gestiones con el Ayuntamiento y que su hermano Jaime, el edil del PRC, no se abstuvo cuando la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación del contrato.
Todas las negociaciones se llevaron personalmente entre el gerente de IZETA y el concejal de Obras.
El juez que instruye el caso ya ha tomado declaración en calidad de testigo al interventor del Ayuntamiento, que formuló en su día un informe de reparo contra el pago de esos trabajos, en el que se ponían de manifiesto "las irregularidades cometidas", según explicaba la Fiscalía en su denuncia inicial, de septiembre de 2006.
* El Diario Montañés - EFE - 28.03.08
Foto: Túnel de Mioño, cuyas obras de reparación han motivado una querella de la Fiscalía de Cantabria contra el alcalde y los siete concejales que formaban el equipo de gobierno municipal en 2006./EFE
La juez anula la licencia de la subestación de Patraix y los vecinos pedirán su derribo
LEVANTE/Valencia* : El juzgado de lo contencioso-administrativo nº2 de Valencia ha declarado nula y sin efectos la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Valencia a Iberdrola para la construcción de la subestación de Patraix, que suscitó un fuerte movimiento ciudadano de rechazo y que permanece clausurada desde la explosión sufrida en mayo de 2007, en plena campaña electoral.
La Comisión Pro-Traslado avanzó ayer que exigirá la demolición inmediata de esta instalación eléctrica en cuanto la sentencia (ante la que cabe recurso de apelación) sea firme. En cualquier caso, está previsto y pendiente su traslado a una parcela próxima al cementerio y la V-30.
El recurso fue presentado por más de 150 vecinos de Patraix. La titular del juzgado da la razón a los afectados al cuestionar la idoneidad de la ubicación y la decisión del gobierno municipal de la alcaldesa Rita Barberá de conceder la licencia, por encima incluso de que estuviera amparada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La magistrada es tajante al afirmar que "Debió de prevalecer por tanto, el principio de precaución y no concederse la licencia de obras impugnada, en primer lugar en tanto no se concediera la licencia de funcionamiento de la actividad de transporte y de transformación de energía y en segundo lugar, no concederse en tanto que su ubicación rodeada de zona residencial y a pesar de la determinación del uso de la parcela, dispuesta en 1988 , no era adecuado por los riesgos o peligros potenciales de la instalación que certeros o no, respecto de las ondas electromagnéticas, en el estado actual de la ciencia y certeros por la fuerza de los hechos, en el caso del peligro de explosión, pudieran afectar a la población y considerar una nueva ubicación para la subestación como finalmente ha resuelto la administración municipal".
La sentencia indica que la ubicación de la subestación es "totalmente inapropiada" porque aunque la parcela, "en el momento de la clasificación -del suelo--, se encontraba alejada y no rodeada de suelo residencial", ahora "se ha consolidado un suelo urbano muy poblado". La subestación está situada en las calles Vicente Parra y la Avenida Gaspar Aguilar y se encuentra rodeada de edificios y viviendas unifamiliares.
Fuentes de Iberdrola confirmaron que la compañía recurrirá esta sentencia y recordaron que disponen de otros cinco dictámenes judiciales favorables. Además, hicieron especial hincapié en resaltar que la instalación ha contado siempre con todos los permisos de las distintas administraciones.
El juzgado de instrucción número 2 también cuestiona al ayuntamiento, no obstante, por la darla licencia de obras antes de que se resolviese sobre la de actividad, al entender que se valoró la ubicación en un núcleo de población.
* Levante-EMV - S.G., Valencia - 28 de marzo de 2008
Foto: a explosión del 15-M. El humo envuelve el edificio el día de la explosión. A su alrededor, edificios y casas bajas/ levante-emv
Madrid: 'Okupación' en el 'caso Malaya'
ELPAÍS* : "Somos unos 40. Vamos a transformar este edificio en un centro social para el barrio y, de momento, vamos a quedarnos a dormir aquí". A gritos y desde un balcón de la primera planta -pues mantienen la puerta bloqueada en previsión de que la policía venga a desalojarlos- explicaban ayer los okupas de Atocha, 49, la nueva situación del edificio hasta ayer deshabitado.
"Todavía no hemos decidido si queremos hablar con los medios, tenemos que debatirlo en asamblea. Además, contamos con nuestros propios medios de comunicación alternativos", señalaban, mientras apuntaban en un papel las diferentes webs que utilizan.
Mientras, desde el interior del inmueble -de tres alturas y áticos, con al menos 10 apartamentos y dos patios interiores- comenzaban a salir nubes de polvo, pues los okupas habían comenzado a barrer y limpiar la casa que, según las fotos mostradas por ellos mismos, se encuentra en un estado deplorable tras años de abandono.
De los balcones cuelgan tres pancartas, en las que los jóvenes abogan por la "expropiación popular de las casas abandonadas" como solución al problema de la vivienda y señalan al que, efectivamente, es el propietario del edificio, Pedro Román Zurdo, ex teniente de alcalde de Marbella durante el mandato de Jesús Gil, imputado en el caso Malaya y el caso Atlético y encarcelado por delitos de fraude, blanqueo de capitales y cohecho. Su hija, María Pilar Román Martín, detenida también durante la Operación Malaya, figura como administradora de la empresa Atocha, 49. El propio Román Zurdo compró en 2003 el palacio de Tepa, en la cercana calle de San Sebastián, que también fue intervenido y que hoy está siendo transformado en hotel.
Buena parte de los jóvenes que desde ayer ocupan el edificio pertenece al colectivo La Alarma, que ya ocupó en 2006 otro edificio en la calle de Sebastián Herrera, en Embajadores y en Mesón de Paredes, de los que fueron desalojados. Según explicaban ayer, cuentan con varios proyectos para Atocha, 49, entre ellos asambleas vecinales, talleres educativos y zonas de ocio, y esperan poder abrirlo al público en los próximos días.
En el edificio ocupado desde ayer estaba situado uno de los despachos de los abogados laboralistas que en 1977 fueron asesinados por miembros de la ultraderecha en la misma calle, concretamente en el número 55. También en Atocha, 49, murió, en 1984 y en la indigencia, Antonio Calvache, uno de los primeros directores de cine de España y fotógrafo del Madrid de los años veinte.
* ELPAIS.com - ÍÑIGO GARCÍA - Madrid - 28/03/2008
Foto: Edificio de la calle Atocha tomada por 'okupas'- LUIS SEVILLANO, elpais.com
El Bicing logra 130.000 abonados en su primer año de funcionamiento en Barcelona
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ELPERIÓDICO* : El Bicing, el servicio municipal de alquiler de bicicletas puesto en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona, ha logrado en su primer año de funcionamiento cerca de 130.000 usuarios, que desde marzo del 2007 han utilizado este medio de transporte en seis millones de ocasiones.
Estos son algunos datos del primer balance anual del Bicing, presentados por el concejal de Movilidad, Francesc Narváez, que ha explicado que el servicio cuenta ya con 286 estaciones en funcionamiento, repartidas por todos los distritos de la ciudad, y con más de 4.000 bicicletas, con las que se hacen unos 30.000 viajes en días laborables y 20.000 en festivos, con incrementos progresivos a medida que se ha ido asentando el servicio.
400 paradas y 6.000 bicis más en agosto
El edil ha recalcado además que se mantiene el compromiso del alcalde, Jordi Hereu, de que la ciudad disponga el próximo agosto de 400 estaciones instaladas (en estos momentos se están habilitando ya 52 y otras 90 más están en estudio), con 6.000 bicicletas.
El perfil del usuario del Bicing es el de un hombre (51%) o una mujer (49%), de profesión liberal, con una edad comprendida entre los 21 y los 40 años (48%), que reside principalmente en los distritos de Eixample (26,36%), Sant Martí (12,68%), y que utilizan estas bicis una media de 20 minutos por trayecto.
Éxito "apabullante"
Narváez, que ha calificado de "apabullante" el éxito del servicio (con 3.000 altas diarias), ha asegurado que "nadie se hubiera imaginado hace un año" el resultado del Bicing, "que ha convertido a Barcelona en un referente en materia de movilidad" que está siendo copiado por muchas ciudades "grandes y pequeñas".
El 20% del coste del Bicing (unos 10 millones de euros) lo cubre lo que pagan los usuarios (24 euros al año), mientras que el resto procede de lo recaudado por las áreas verdes y azules.
* El Periódico - EFE - 27/3/2008
Foto: Barcelona, bicing - V.Gimenez (El País)
El Puerto de Vigo cubrirá con cemento 270.000 metros cuadrados de la ría
ELPAÍS* : La Autoridad Portuaria de Vigo ha presentado el proyecto de planificación para los próximos siete años, que pasa por la ejecución de 271.707 metros de relleno sobre la ría, repartidos en seis zonas distintas del litoral de la ciudad. La propuesta recupera una actuación especialmente conflictiva: la ampliación de la terminal de Areal, en pleno centro urbano, que fue paralizada hace seis años por la oposición que generó entre partidos y colectivos sociales.
El presidente del puerto vigués, Jesús Paz, ha presentado el resultado de la asistencia técnica contratada para afrontar el desarrollo portuario entre 2008 y 2015, que incluye el polémico relleno del Areal, ahora rediseñado. Pese a ser de dimensiones menores a las que intentó impulsar el puerto cuando estaba regido por el PP, sus 80.000 metros cuadrados de ocupación de la ría han puesto alerta de nuevo a sus detractores. El acuerdo entre el PSOE y los nacionalistas del BNG en el Ayuntamiento de Vigo incluye de hecho una referencia en la que los socios del gobierno municipal expresan su oposición a esta ampliación.
Paz, también del PSOE, advirtió en la presentación del proyecto que esa referencia del pacto de gobierno también le afecta, como militante socialista. No obstante, consideró "importantísima" la ampliación del Areal. Además de ese relleno, la propuesta portuaria prevé otros 81.341 metros cuadrados de ocupación de la ría en Bouzas, 22.353 en Beiramar, 36.000 en la estación de trasatlánticos, 21.194 en Chapela ?que se pondrán a disposición de Pescanova- y 30.881 en Duchess. El proyecto de recuperación de espacios para la ciudad, adjudicado por concurso a Jeane Novuel cuando el ahora alcalde, Abel Caballero, presidía la Autoridad Portuaria, pasa a ser "una referencia" que "se intentará encajar".
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Vigo - 27/03/2008
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es
La Comisión de Peticiones vigila de cerca el desarrollo valenciano
LEVANTE* : Las prácticas urbanísticas autóctonas ya son viejas conocidas en el Parlamento Europeo. En 2006 el Comité de Peticiones instó al Parlamento Europeo a "no cesar de vigilar el urbanismo valenciano" tras las denuncias recibidas (15.000 según la institución, una cifra que siempre han negado las autoridades valencianas).
En 2005, el pleno del Parlamento aprobó el durísimo Informe Fourtou en el que se denunciaban los abusos en la aplicación de las leyes urbanísticas y el desastroso impacto de los PAI en el litoral y en el abastecimiento de agua.
Expedientes de infracción
La Comisión Europea ya tiene abierto, además, dos procedimientos de infracción contra la Ley Urbanística Valenciana y contra la creación de empresas mixtas urbanísticas entre la Generalitat y un selecto grupo de promotores privados porque, supuestamente, no respectan las directivas de contratos ni la libre competencia, entre otras muchas denuncias.
La nueva revisión de las cinco actuaciones urbanísticas en la Comisión de Peticiones puede tener, como hasta ahora, efectos morales sobre la ya maltrecha reputación urbanística valenciana en el resto de Europa pero también puede derivar en una nueva investigación de la Comisión Europea. Por lo pronto, la secretaría del Comité de Peticiones (una especie de defensor del pueblo parlamentario donde se tratan las quejas que presentan los ciudadanos europeos) ha comunicado a los seis denunciantes que sus "peticiones" (las quejas o denuncias, según la jerga europea) "se han incluido en el proyecto del orden del día de la reunión de la Comisión de Peticiones del 2 de abril".
* Levante-EMV - L. B. B., Valencia - 25 de marzo de 2008
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Una juez ordena el primer derribo de una casa ilegal en Medina Azahara
ELPAÍS/Córdoba* : Los propietarios de los chalés ilegales del entorno protegido de Medina Azahara han sido absueltos por los jueces cordobeses de manera sistemática desde hace años. Pero está racha se truncó este lunes 24 de marzo, cuando la magistrada Inmaculada Nevado, titular del Juzgado de lo Penal 4, condenó a dos parcelistas a 18 meses de prisión para cada uno y a demoler lo que edificaron en la urbanización ilegal de Las Pitas.
Se trata de la primera orden de derribo que se dicta en el entorno del yacimiento, donde existen 240 chalés clandestinos situados dentro de una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en julio de 2003.
La construcción, de una planta y que está sin rematar, fue paralizada a finales de 2006 tras una inspección de la Policía Autonómica, pero en la sentencia se asegura que previamente un agente advirtió verbalmente a los propietarios de que su conducta era ilícita. El caso se trasladó junto a cinco más a la Fiscalía, que solicitó una pena para los acusados de dos años de prisión y la demolición de lo construido.
Hasta ahora, dos de los seis propietarios denunciados por la Policía Autonómica en 2006 habían sido absueltos por el Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba. Sin embargo, otra magistrada ha decidido ahora condenar a estos parcelistas, que además deberán pagar una multa de 2780 euros.
La principal diferencia radica en que en el último caso la edificación se levantó íntegramente después de julio de 2003, es decir, después de que la urbanización fuera incluida dentro de la zona de protección del BIC. "El invocado principio de intervención mínima
[que algunos jueces han aplicado para absolver a otros parcelistas] debe reservarse para obras menores, como las de ampliación o adaptación de lo ya existente, (...) pero debe rechazarse de plano en casos como el enjuiciado, en que se ha construido una vivienda de nueva planta", señala en su resolución Inmaculada Nevado.
Pero al comparar las distintas sentencias se aprecian también diferencias en los razonamientos que usa cada juez. Los argumentos utilizados en las resoluciones absolutorias van encaminados a señalar que los chalés se habían levantado antes de julio de 2003 y que las administraciones eran responsables de la situación creada por su "consentimiento" hacía estas ilegalidades. Además, se afirmaba que, si existió un impacto visual en la zona, éste se produjo antes de que la zona se declarara BIC y no cuando se realizaron las obras que se estaban juzgando.
Sin embargo, Inmaculada Nevado utiliza gran parte de la sentencia para señalar que los acusados eran conscientes de que estaban cometiendo una ilegalidad: "Se sabía perfectamente que la construcción que promovieron era ilegal, pese a lo cual decidieron seguir adelante con la construcción". Según la magistrada, lo conocían por la difusión en los medios que ha tenido el caso de Medina Azahara, porque uno de los acusados es un "profesional de la construcción" y porque esa misma persona, que trabaja como albañil, participó "en la formación de la asociación de vecinos" de la urbanización.
El pleno de magistrados de la Audiencia de Córdoba trató de unificar los criterios sobre este tipo de casos el 10 de marzo. Los jueces acordaron que para que las demoliciones de casas ilegales puedan ordenarse debe constar "patentemente" que la obra esté "completamente fuera de ordenación y no sean legalizables o subsanables". Además, se estableció que la mera existencia de construcciones previas no supone "por sí mismas exoneración de responsabilidad penal", con lo que habría que estudiar cada caso.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 27/03/2008
Foto: Córdoba, zona viviendas ilegales - abc.es
La Guardia Civil requisa expedientes de Urbanismo de Castro Urdiales
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20MINUTOS/Cantabria* : La Guardia Civil ha requisado esta tarde por orden judicial varios expedientes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Castro Urdiales. Un equipo de la Benemérita, en funciones de Policía Judicial, ha inspeccionado durante esta mañana y primeras horas de la tarde la Gerencia de Urbanismo de Castro Urdiales, dentro de unas diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción nº2 de la ciudad.
Los agentes han abandonado las oficinas poco antes de 16.00 horas, con una carretilla cargada de expedientes. Las diligencias se mantienen por el momento secretas, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado que se iniciaron por unos hechos ocurridos en el 2006 y fuentes municipales han aclarado que están relacionados con una operación urbanística que abarca tanto esta legislatura como la anterior.
Las solicitudes de documentación por parte de la Policía Judicial a este ayuntamiento de la costa oriental de Cantabria -el tercero de la comunidad en población- comenzaron ayer por la tarde y han continuado hoy con la visita de los agentes a las dependencias municipales.
En la actualidad el Ayuntamiento de Castro Urdiales está dirigido por el alcalde Fernando Muguruza, expulsado del PRC, con el apoyo del PP y de Acuerdo por Castro, un partido formado en las pasadas elecciones municipales por ediles expulsados del PSOE.
* 20 Minutos - Agencias - 27.03.2008
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - flickr
Orihuela: La causa del chalé y el Rolls de Medina lleva 18 meses de retraso
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ELPAÍS/Alicante* : Estalló como el paradigma de la corrupción municipal en el ámbito de la Comunidad Valenciana. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, presentó en marzo de 2006 una denuncia general, desglosada en 16 causas, contra el Ayuntamiento de Orihuela por supuestos delitos de corrupción derivados de la gestión urbanística y contable del Consistorio, en manos del PP desde 1986.
La causa principal de la denuncia iba dirigida contra el ex alcalde, José Manuel Medina, por el uso de bienes (un lujoso chalé en la costa oriolana y dos llamativos coches, un Rolls Royce y un Audi A-8) propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones municipales de planes urbanísticos. Este sumario lo instruye el Juzgado número 4 de la localidad, que no ha practicado las nuevas pruebas solicitadas por el fiscal un año y medio después del interrogatorio, en calidad de imputado, al entonces todavía primer edil.
Las nuevas pruebas que solicitó el representante del ministerio público estaban relacionadas con los plantes urbanísticos del municipio, y especialmente con las calificaciones de suelos tipificadas en el planeamiento urbano vigente cuando se hicieron las adjudicaciones. El fiscal sostiene que algunos de esos planes afectaban a suelo no urbanizable de especial protección. En este supuesto se encuentra el PAI de las Asomadas, adjudicado al promotor Joaquín Grau Pomares. Este empresario es el propietario de un lujoso chalé en la costa de oriolana en el que vive José Manuel Medina y también el dueño de un Rolls Royce utilizado habitualmente por el alcalde. La acusación pública también pidió la práctica de otras pruebas, entre ellas el contrato de alquiler del chalé y la documentación para acreditar la propiedad del elitista turismo. Ninguna de esas pruebas se ha practicado un año y medio después, según han confirmado a esta redacción fuentes del caso.
El Juzgado número 4 también ha sufrido un cambio de titular en plena investigación del llamado caso Orihuela. La investigación la inició la magistrada Lidia María Paloma Montaño. Sin embargo, hace diez meses ésta pidió el cambio y su plaza ha sido ocupada por el juez Fernando Madrid.
Las 15 causas restantes de la Fiscalía Anticorrupción tampoco han tenido más éxito por lo que respecta al avance de su instrucción. Los jueces se han limitado a las pruebas preliminares, entre ellas, el interrogatorio del testigo de cargo del fiscal, el ex interventor de la Corporación, José Manuel Espinosa.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 27/03/2008
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
El Plan General de Boadilla del Monte no cumple con la vivienda protegida
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BOADILLADIGITAL/Madrid* : El TSJ de Madrid en una reciente sentencia notificada al Ayuntamiento en el Pleno de 29-2-2008, ha confirmado que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte no reservó los suelos suficientes destinados, reserva que hace la Ley del Suelo de la CAM para garantizar el acceso a la vivienda a las clases más desfavorecidas (jóvenes y rentas bajas)...
... y que obligatoriamente impone el artículo 110 de la Ley 9/1995, del Suelo de la Comunidad de Madrid, texto que fue aprobado por el Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Madrid.
El Ayuntamiento se verá obligado a la modificación de los Planes Parciales de los Sectores residenciales SUR 2 Olivar 3º Fase, SUR 3 Camino Bajo, SUR 5.2 A.C.N., SUR 6.2 A.C.S., SUR 7 LOS FRESNOS, SUR 8 L.CARCAVA, SUR 9 EL ENCINAR, SUR 10 EL PASTEL, SUR 11 VALENOSO, SUR 12 BONANZA.
El PGOU destinó más de 3.450.000 m2 de suelo a la construcción de viviendas (más de 7.000 viviendas) recalificados en el nuevo Plan General, que ya fue anulado por sentencia de la Sección Octava del TSJ de Madrid en el año 2.003, por vulnerar los derechos fundamentales de los Concejales del PSOE.
El Ayuntamiento destinó únicamente 1.022.948 m2 de todo suelo residencial clasificado cuando tenía que haber destinado 1.739.737 m2, lo que equivale a que los sectores residenciales del PGOU de Boadilla tengan que cambiar su clasificación del suelo pues faltan más de 700.000 m2 que deberán modificarse para destinarse íntegramente a vivienda de protección pública, en cumplimiento de la sentencia de más alto Tribunal de la Comunidad Autónoma. “Hemos solicitado el urgente cumplimiento de la sentencia pues varios sectores residenciales se encuentran ya casi terminados (SUR 7- Los Fresnos o SUR 12- Bonanza) pero la mayoría de los que incumplen la norma autonómica, se encuentran en fase de urbanización y ejecución de las calles y el Ayuntamiento no tiene intención de cumplirla porque ya ha dicho que ha recurrido, es decir, que no quieren vivienda para jóvenes y rentas bajas en Boadilla” manifestó el Portavoz de Alternativa por Boadilla, Angel Galindo.
La política de vivienda del Alcalde Panero, veda el acceso a la vivienda a los jóvenes y ciudadanos de Boadilla de rentas más bajas, lo que ha supuesto que muchos hayan tenido que irse de Boadilla. La prueba de que el derecho a la vivienda en Boadilla se ha restringido es la propia política municipal de vivienda que sigue Panero pues las últimas 80 viviendas públicas que ha hecho la Empresa Municipal de la Vivienda tienen un precio de entre 300.000 y 400.000 euros (entre 50 y 65 millones de las antiguas pesetas) y muchos vecinos han tenido que renunciar a ellas por no poderlas pagar. “Hasta el propio Rajoy se sorprendió cuando en plena campaña electoral fue preguntado por un joven de Boadilla si la política de vivienda del PP era la de Boadilla. Rajoy se quedó sorprendido” resalta el Concejal de APB, Angel Galindo.
El PGOU, los Planes Parciales y las Juntas de Compensación son dirigidas por el mismo arquitecto Leopoldo Arnaiz Eguren que hizo el PGOU, estando procesado en varios municipios de Madrid por tráfico de influencias y negociación prohibida. Hasta uno de los Planes Parciales de Boadilla (SUR 11-Valenoso) fue iniciado por el mismísimo Enrique Porto Rey (Exdirector General de Urbanismo de Esperanza Aguirre, imputado por la Fiscalía Anticorrupción en una presunta trama de corrupción urbanística en otro municipio de Madrid. Su relevo en este Plan Parcial no podía ser otro, Leopoldo Arnáiz Eguren, a través de una de sus empresas de consultoría.
“Las cosas pintan muy mal en Boadilla para el Ayuntamiento porque los controles municipales no funcionan, todo estaba informado favorablemente por los técnicos y es ilegal. Ya sólo tenemos la esperanza de que la justicia ponga orden” concluyó el citado Concejal.
* Boadilla Digital - 27.03.08
Foto: Boadilla del Monte (Madrid) - madridiario.es
El TSJA desestima el recurso contra la paralización cautelar de la obra del hotel en el Algarrobico
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EUROPAPRESS/Almería* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) y la promotora Azata del Sol contra el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número dos que, en febrero de 2006, ordenó la paralización de la construcción del hotel en el paraje de El Agarrobico.
La sentencia de la Sección Tercera, a la que tuvo acceso Europa Press, considera 'conforme a derecho' la medida cautelar que el magistrado Jesús Rivera fundamentó en la prevalencia del interés general de la Ley de Costas, cuya parte dispositiva transitoria tercera obligaba al Consistorio a revisar el Plan Parcial por ser posterior al 1 de enero de 1988 y, por tanto, a ampliar la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre de 20 a 100 metros.
Al hilo de esto, refuerza este argumento con la reciente sentencia dictada por la Audiencia Nacional que, con fecha de 23 de enero, validó la orden ministerial de deslinde que dio lugar al expediente de expropiación parcial del hotel y que, según subraya, se basa en el mismo criterio aplicado en primera instancia por el juzgado almeriense.
El Alto Tribunal andaluz ratifica así la conveniencia de parar las obras del inmueble, que en un 60 por ciento de su superficie contraviene el deslinde ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) en noviembre de 2005, ante una posible anulación de la licencia municipal que, en caso de que el hotel entrase en servicio, supondría --sostiene-- 'un montante indemnizatorio mayor que el derivado de la demora del derecho a edificar' adquirido por Azata del Sol.
El fallo alude, asimismo, a que contencioso-administrativo que dio lugar a la adopción de la medida cautelar pretende dirimir si existe un posible uso del suelo 'incompatible' con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar y con la Ley de Costas, que, de verificarse, sería 'irreversible' de haber continuado la construcción mientras que la promotora --concluye-- 'siempre podría reclamar indemnización en concepto de daños y perjuicios' si, finalmente, se validase la licencia municipal.
El TSJA desestima también el argumento de la casi finalización de la obra, que un informe técnico cifra en un 94,41 por ciento en el momento del cese de actividad, al considerar que el auto carecería de utilidad sólo en el caso de que ya hubiese sido otorgada la licencia de primera ocupación.
En la misma línea, valora como 'desproporcionada' la petición de Azata del Sol para fijar una contracautela de más de 12 millones de euros a cuenta del colectivo conservacionista 'Salvemos Mojácar' que interpuso el recurso ya que, dado su naturaleza no mercantil, la asociación no podría hacer frente a la citada cantidad por lo que, según el Alto Tribunal andaluz, 'el objeto del recurso perdería su finalidad de reversibilidad' de declararse nula la licencia municipal.
La promotora fijó, solo en concepto de perjuicio por el cese en la construcción, un coste de 4,7 millones de euros por daños en el inmueble a lo que sumó otros 9,9 millones de euros que se derivan de la pérdida del incentivo regional contenido en el Plan de Desarrollo Turístico aprobado para Carboneras, así como el cannon de arrendamiento por dos años a la empresa que se hiciera cargo de la explotación del establecimiento.
* Terra Actualidad - Europa Press - 26-03-2008
Foto: Hotel El Algarrobico (Almería) - J.Rojas (El País)
Málaga: 52 viviendas en un jardín regionalista
ELPAÍS* : Villa Fernanda, una de las últimas mansiones levantadas por la burguesía malagueña de principios de siglo XX en la falda del Monte Limonar y que dispone de un jardín regionalista en el que están catalogadas 26 especies diferentes, no va a escapar a la voracidad constructiva de comienzos del siglo XXI y acabará convertida en 52 viviendas al uso, de precio prohibitivo, pese a tener el mayor grado de protección contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El pleno del Ayuntamiento de Málaga tiene hoy previsto aprobar el estudio de detalle que ordena los volúmenes y edificabilidad de, teóricamente, las zonas libres del jardín. En el PGOU de 1983, Villa Fernanda se reservó como zona verde pública, pero en el vigente, aprobado en 1998, se cambió a urbanizable para ciudad jardín, aunque manteniendo la protección, lo que permite que se pueda construir.
La promotora Piquio proyecta construir las 52 viviendas en dos edificios que ocuparán las dos construcciones de estilo regionalista existentes en la parcela. El defensor del ciudadano de la provincia, Francisco Guitérrez, ha emitido un informe a petición de de más de 400 vecinos que se oponen al proyecto en el que duda de la legalidad de la actuación, porque entiende que en realidad se hace un cambio de uso del suelo indebidamente y no se han pedido informes sobre la afección de los bienes protegidos. El arquitecto Salvador Moreno Peralta, que también lo entiende así, va más allá al apuntar una "razonable sospecha de que estamos ante la eventualidad de un caso de especulación urbanística" porque "se ha comprado un bien protegido y luego se ha levantado esa protección sin causa justificada". El PSOE pide que se mantenga la protección y se negocie con la propiedad posibles compensaciones, mientras IU aboga por expropiar.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 27/03/2008
Foto: Perspectiva del edificio principal de Villa Fernanda, en el Paseo de Miramar, con parte del jardín contiguo/ G. Torres, laopiniondemalaga.es
Valladolid: El Ayuntamiento se salta otra vez una ley de urbanismo en el aparcamiento de Cáritas
20MINUTOS* : En este caso ha incumplido la ley de urbanismo de Castilla y León y ha concedido la licencia de obras para la construcción del edificio destinado a aparcamiento subterráneo en los terrenos de la Fundación Emilio Álvarez, en la calle José María Lacort (donde hasta ahora se encontraba Cáritas).
El permiso lo ha dado sin que se haya publicado en el boletín oficial de la provincia (BOP) el estudio de detalle, algo a lo que obliga taxativamente el artículo 60 de la norma regional.
La licencia fue aprobada el 9 de agosto, después de que el estudio de detalle se aprobase en el Pleno Municipal el 9 de mayo de 2006. Sin embargo, nunca ha llegado a publicarse en el BOP.
La Federación de Personas Sordas ya ha presentado numerosas alegaciones contra este proyecto que ejecuta Parkosa.
Incluso, según ha podido saber 20 minutos, se está estudiando la posibilidad de que esta obra se haya podido iniciar gracias al Plan B de urbanismo, que fue manipulado después de su aprobación en Pleno.
* 20 Minutos - DANIEL PASCUAL. 26.03.2008
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
La Fiscalía tramita una denuncia contra el Ayuntamiento de El Rosario por prevaricación
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EFE/Tenerife* : El portavoz del grupo municipal de IR-Verdes, Escolástico Gil, informó hoy de que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha formulado una denuncia contra el grupo de gobierno (PSC-PSOE) en el Ayuntamiento de El Rosario por presunta prevaricación en relación con el Plan Parcial El Varadero.
Una vez formulada la denuncia, apuntó Gil en rueda de prensa, será el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife el que decida si se archiva la causa o bien la remite al Juzgado de lo Penal, con la correspondiente imputación del grupo de gobierno del municipio tinerfeño de El Rosario, en manos del PSC-PSOE.
Añadió, que IR-Verdes se "va a personar en la causa, ejercitando la acción pública, como medida inmediata ante la investigación abierta".
"Este paso significa que el caso Varadero ha abandonado, tras cuatro años de oposición de IR-Verdes, el terreno de las especulaciones para centrase en el de las responsabilidades jurídicas", opinó Gil.
Para ello, indicó, se llevará a cabo una investigación judicial que se hará sin duda "con independencia y partiendo de la presunción de inocencia".
Aún así, Gil recordó que el Plan General de Ordenación (PGO) contempla en la actualidad la provisionalidad del Plan Parcial de Varadero, "a pesar de contar con tres sentencias contrarias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y un auto judicial que rechaza su aprobación".
Afirmó, que el Plan Parcial de Varadero contaba con informes negativos de los técnicos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (COTMAC), por lo que el alcalde de El Rosario, Macario Benitez, solicitó vía fax a la COTMAC la retirada del Plan Parcial en la reunión en la que se iba a aprobar o suspender.
"La sentencia del TSJC nos da la razón, e indica que no entiende como la COTMAC no actúo en su momento al respecto y permitió que se aprobase el Plan Parcial de Varadero por silencio administrativo, cuando el Ejecutivo fue informado en 2006 por nuestro partido de las irregularidades del plan", indicó Gil.
Ahora, añadió, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial se escuda al afirmar que se están esperando los informes del órgano consultivo, "pero creemos que estos informes no son más relevantes ni tienen más importancia que las sentencias dictadas ya por el TSJC y otros autos judiciales".
Es más, recordó que desde el primer momento IR-Verde como partido de la oposición se posicionó en contra de este plan que pretendía incrementar "el cemento" en una zona declarada de protección por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).
* Canarias Ahora - EFE - 26/03/2008
Foto: El Rosario (Tenerife), Tabaiba - ayuntamientoelrosario.org
El PAI de Llíria que se revisará en el Parlamento Europeo acumula tres recursos ante el TSJ
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LEVANTE/Valencia* : El proyecto de campo de golf, hotel y 2.600 viviendas Coto del Catalá que se proyecta en Llíria y que la próxima semana se analizará en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo también acumula tres contenciosos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Según confirmaron fuentes de la Agrupación de Interés Urbanístico Paraje Tos Pelat [propietarios que ya residen en la zona y que se han visto afectados por el programa de actuación integrada (PAI)] los recursos se interpusieron contra la declaración de impacto del proyecto y contra la alternativa técnica presentada por Residencial Maimona (participada por Sedesa, la empresa de la familia Cotino).
Además, están a la espera de que se exponga a información pública la reparcelación del PAI (contra la que han presentado alegaciones pero que desconocen a pesar de ser propietarios de terrenos en la zona. Los afectados por el PAI Coto del Catalá afrontan con relativo optimismo el debate en el Comité de Peticiones ya que luchan desde 2002 para que se reconozcan sus derechos sin que hayan tenido mucho éxito.
Sobre el nuevo debate del urbanismo que se producirá en el Parlamento Europeo, el diputado del PSPV en las Corts, Francesc Signes, aseguró ayer que el Consell "necesita sustituir la ilegalidad cometida por la decencia urbanística". Según Signes, "la única reacción del Consell al debate sobre las denuncias por irregularidades en cinco PAI de Llíria, Parcent y Benasau, es proteger a sus alcaldes frente a las denuncias", como ha ocurrido con el nombramiento como Senador del exalcalde de Burriana, para evitar que sea juzgado por un delito urbanístico. Según el responsable socialista, "el Consell promueve la impunidad urbanística, permitiendo que el urbanismo valenciano se haya convertido en una constante fuente de denuncias ante Europa", lo que se traduce en "una deplorable publicidad para la Comunidad Valenciana y en motivo de vergüenza para todos los valencianos. El urbanismo valenciano necesita un urgente lavado de cara, que acabe con las numerosas ilegalidades consentidas".
Por último, el presidente de Abusos Urbanísticos NO (AUN), Enrique Climent, mostró ayer su satisfacción porque "el Comité de Peticiones continúa preocupado por los abusos relacionados con las leyes urbanísticas y medioambientales en la Comunidad Valenciana que se han extendido a otras partes de España". AUN asistirá al debate en el Comité de Peticiones.
* Levante-EMV - L. B. B., Valencia - 26 de marzo de 2008
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es
