ELPAÍS/Valencia* : Entrarán las excavadoras en el barrio de El Cabanyal de Valencia y llegará hasta el mar la avenida de Blasco Ibáñez. El Ayuntamiento que preside Rita Barberá logrará, así, ejecutar uno de sus proyectos de cabecera. La operación tendrá un precio. No sólo partirá en dos un barrio -lejos de integrarlo en la ciudad, simplemente lo desintegrará- sino que convertirá en escombros edificios singulares...
... como la Lonja de Pescadores o decenas de viviendas de la calle de Sant Pere, de la calle de la Barraca, de la del Progrés o de Amparo Guillem, reconocidas por ser ejemplos de un modernismo popular que en buena parte trasladaron a sus casas muchos de los que trabajaron con el arquitecto Demetrio Ribes en la construcción de la Estació del Nord de Valencia, inaugurada en 1917. No son las únicas pérdidas de patrimonio que se registrarán.
El Cabanyal es un barrio consolidado, con un tejido social perfectamente identificable, cuya trama urbana y cuya arquitectura han creado un patrimonio sociológico también de indudable valor. La prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez supone un ejercicio de "urbanismo sin ética". Así lo definen, por ejemplo, los arquitectos Carlos Meri y Carmen Jordá. No son los únicos. Decenas de profesionales de la arquitectura, como Oriol Bohigas, Vicent Garcia, Marilda Azulay, Vicent Gallard y Luis Francisco Herrero han puesto en duda la idoneidad de una iniciativa que crea un problema donde no lo había y le da una solución traumática.
El Cabanyal, antiguo núcleo de pescadores, forma parte de Els Poblats Marítims. La avenida de Blasco Ibáñez nació de un jardín histórico, el de Viveros, como "avenida de Valencia al mar". Tenía en sus orígenes una amplitud superior a la de la Diagonal de Barcelona y la Castellana de Madrid, y estaba dominada por las áreas dotacionales que conforman los edificios de la Universidad. Entonces, a principios del siglo pasado, la avenida ofrecía una cierta armonía. Sus edificios tenían una altura proporcionada, dos o tres pisos, a la del barrio con el que tenía como objetivo llegar a conectar. Sin embargo, en los años del desarrollismo, irrumpieron en sus aceras torres por decenas a uno y otro lado, lo que rompió visualmente su configuración. ¿Necesitaba o necesita la avenida de Blasco Ibáñez llegar al mar? Carlos Meri, arquitecto que fundamenta sus trabajos en la dimensión humana y en la perspectiva de conjunto -y que reconoce que no siempre las actuaciones urbanísticas cuentan con el apoyo popular ni es siempre la oposición una garantía de acierto-, cree que no. "Si la avenida de Blasco Ibáñez hubiera seguido teniendo el carácter dotacional que tenía, tal vez hubiera tenido sentido. Hoy no lo tiene", prosigue, "Es mucho más importante, para conseguir una integración de los barrios, generar nuevas dinámicas de relación con el conjunto de la ciudad y entre ellos mismos: actuar desde El Saler hasta La Patacona, hacer realidad el conjunto de los Poblados Marítimos, vertebrar desde la calle de la Reina, integrar el puerto, romper barreras que han aislado, como el eje de Serrería, marcado por el tranvía". Su concepto de la arquitectura es más amplio que las piezas singulares. Meri añora los trabajos ligados al urbanismo como práctica sensata de hacer ciudades, rechaza la monumentalidad como signo inequívoco de modernidad y discute el reduccionismo interesado del concepto "patrimonio". En opinión de Carlos Meri, una pieza como la Lonja de Pescadores, que desaparecerá con la prolongación de Blasco Ibáñez, tiene, aisladamente, un valor relativo, pero ahí donde está, su valor es incalculable, en términos de equipamiento público. "Se podría rehabilitar, podría ser una magnífica escuela, un magnífico hospital", exclama.La Lonja de Pescadores está entre el mar y la calle de Eugenia Vinyes. Su fachada más vistosa, más emblemática, mira a la Plaça dels Homes del Mar. Fue proyectada por Juan Bautista Gosálvez Navarro, a instancias de una sociedad heredera de los antiguos gremios, la Marina Auxiliante. Se inauguró en 1909 y hasta 1936 cumplió su función de lonja de pescadores. Tal como ha recordado el arquitecto Carles Dolç, el edificio fue muchas otras cosas: hospital de heridos de la guerra de Marruecos, bloque de viviendas tras la Guerra Civil... Su planta es de 100 metros de largo por 25 metros de ancho. Se concibió en dos cuerpos longitudinales, con un espacio en medio, para el comercio. Cada uno de esos cuerpos longitudinales tiene dos alturas, y cada una de ellas 20 espacios idénticos. En realidad, cada uno de ellos tenía las características de cualquiera de las casas de dos plantas típicas de El Cabanyal. Se trata de una nave típica de la arquitectura industrial.
La arquitecta Carmen Jordá, con esa imagen en la retina, compara la obcecación por destruir la Lonja de Pescadores con lo que, por ejemplo, ocurre en Londres: "El restaurante más de moda ahora mismo está en una antigua fábrica cuya arquitectura es, también, un ejemplo claro de arquitectura industrial. ¿Qué hacen los alemanes? Recuperar, cuidar esos espacios". Carles Dolç ha definido así el edificio: "Se caracteriza por su racionalidad constructiva, la sobriedad, el escaso protagonismo de la ornamentación, y por el hecho de entroncar perfectamente con la arquitectura y la trama de El Cabanyal. Ahí radica también su interés".
Carlos Meri coincide: "El interés es del conjunto. Si quitas la Lonja de Pescadores, quitas un elemento fundamental para las casas de alrededor. Y sin las casas, la Lonja no tiene tampoco sentido. Es un todo". ¿Se puede eliminar? Poder, responde, se puede. La cuestión es si es lo más adecuado, si es el momento, si soluciona algo, si se puede actuar con una polarización tan extrema de la cuestión. Y su respuesta es no.
Carmen Jordà, miembro del registro ibérico del Docomomo (organismo que asesora a la Unesco en la documentación y conservación de la arquitectura del movimiento moderno) y catedrática de Composición Arquitectónica, se siente "triste e indignada" ante la intervención en el Cabanyal. "Esta ciudad, su visión urbanística, es autodestructiva", afirma. Le cuesta entender que se puedan ignorar, derribar o esconder las decenas de muestras del modernismo popular o industrial que definen El Cabanyal, así como su propia trama urbana en forma de retícula. "Es un modernismo autóctono, singular, digno de ser conservado, protegido, valorado, mostrado, defendido. Pero no. Se pretende hacer lo mismo que con la piscina de Las Arenas, -y no admito que lo que ahora hay se defienda como rehabilitación porque no tiene nada que ver-, o con la fábrica Feicu de Xirivella, que se derribó". Defiende un concepto del patrimonio ligado a la sociología y a la cultura en su más extensiva acepción. "¿Dónde están las ventajas de que hoy, ahora, llegue hasta el mar la avenida de Blasco Ibáñez? ¿A qué precio?". Para Jordá, lo que no tiene precio es un barrio como no hay otro igual, "ni siquiera la Barceloneta, en Barcelona".
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 23/03/2008
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - S.CARREGUÍ, elpais.com
La arquitectura condenada de El Cabanyal
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La 'permanencia' histórica de los barrios desfavorecidos
FÉLIX ARIAS* : En las ciudades siempre ha habido bolsas de pobreza. Tienen su origen en los barrios en los que se sitúa la oferta de viviendas mas baratas del mercado, en alquiler o venta, y en las áreas en las que se alojan mediante autoconstrucción los nuevos hogares, en general inmigrantes a la ciudad, que no pueden acceder ni siquiera a dicha oferta. Se trata de barrios que nunca reunieron las condiciones mínimas de habitabilidad, barrios que fueron creados, desde sus orígenes, para la población de menos recursos, o terrenos que se ocuparon al margen del planeamiento e incluso de la urbanización.
La caracterización como barrio pobre, dentro del espacio social de la ciudad, se mantiene si no se producen actuaciones que revaloricen el área en el mercado inmobiliario, a través de la renovación de los edificios que suben de precio y son ocupados por grupos sociales o actividades económicas que pagan rentas mas elevadas.
Esta permanencia, en el espacio social de la ciudad, de los barrios desfavorecidos se mantiene incluso cuando se producen operaciones de realojo dando viviendas de calidad a los habitantes antes mal alojados, ya que la población sigue teniendo los mismos problemas sociales y económicos, eso si, en una vivienda habitable.
Muchos de estos barrios, que ocuparon los más pobres, se han mantenido a lo largo de las décadas como barrios desfavorecidos en los que vive población vulnerable.
Pongamos como ejemplo Madrid, pero ocurre análogamente en las demás ciudades españolas:
- En el casco, en los siglos XVIII-XIX, el barrio de Lavapies surgió y se mantiene como barrio desfavorecido.
- Con el cambio de siglo, la población inmigrante construyó sus casas rurales en los barrios exteriores al plan de la ciudad, y se mantienen en parte como áreas desfavorecidas (Tetuán, Puente de Vallecas, zonas de Carabanchel o Ventas del Espíritu Santo, etc.).
- En los años 50 el chabolismo, y después los polígonos públicos de realojo, se extendieron por San Blas, Vallecas, Villaverde, Carabanchel, y en poblados dispersos en otras zonas.
Finalmente se recrudecen, desde mediados de los 80, los problemas de integración de nuevos inmigrantes africanos (magrebies y subsaharianos), latinoamericanos y de países del este europeo, que se alojan en los barrios mas desfavorecidos en viviendas baratas de alquiler o se incorporan a núcleos de chabolismo junto a los que aun quedaban de chabolismo de etnia gitana.
En estos barrios desfavorecidos se acumulan diversos factores que, aparentemente, se refuerzan entre si, convirtiéndose en trampas para una gran parte de sus vecinos:
- se concentra población que acumula factores de vulnerabilidad, como un bajo nivel educativo, formación profesional obsoleta para el mercado laboral, y paro, o empleo precarizado, población que tiene por lo tanto escasos recursos económicos y una alta dependencia de las prestaciones sociales.
- en muchos casos las viviendas son inadecuadas cuando no se trata directamente de infravivienda, especialmente en cascos antiguos y áreas periurbanas o de ocupación de suelos no urbanizados.
- la vulnerabilidad se agrava también con las familias desestructruradas y monoparentales (muchas encabezadas por mujeres), así como con la existencia en el hogar de personas discapacitadas o socialmente inadaptadas. La falta de expectativas y estímulos de la juventud facilita el fracaso escolar y en ciertos casos la vinculación posterior a la droga y/o a algún tipo de marginalidad.
- en algunos casos se concentra población inmigrante con cultura y lengua, incluso de etnias distintas, que les dificulta su integración en la sociedad local.
- normalmente estos barrios suelen estar poco cuidados por las administraciones, con degradación ambiental, servicios deficientes, mala accesibilidad, y desde luego sin iniciativa económica local, abandono de los comercios y talleres, etc., es decir, con un imagen colectiva exterior e interior de abandono a lo "irremediable", que crea una situación de estancamiento, y a veces de marginalización, solo superada por las reivindicaciones vecinales cuando se organiza la parte mas activa de la población.
La vulnerabilidad es en sí un problema multidimensional, que requiere una actuación integrada para que las personas afectadas puedan superarlo, pero en los barrios desfavorecidos la actuación debe contemplar una intervención que, además, tenga en cuenta sus factores específicos: urbanísticos, ambientales, sociales, económicos y culturales.
Las actuaciones sectoriales apenas han conseguido aliviar alguna dimensión del problema (vivienda social, INEM, IMI, etc.), sin dar una alternativa a estas áreas en las que la población sigue estando formada por grupos vulnerables y los barrios en si siguen siendo desfavorecidos; los mismos barrios, incluso, después de ser remodelados con nuevas viviendas y equipamientos.
La dimensión espacial, de barrio, como factor de vulnerabilidad
La aplicación reduccionista de conceptos funcionalistas a la ciudad, ha producido: el aumento de la congestión y contaminación, "polígonos" de vivienda de poca calidad y escaso equipamiento, y una estructura de actividades de la ciudad muy segregada, con serias disfuncionalidades tanto globales como en sus barrios, que resultan monofuncionales y socialmente homogéneos, ignorando, los responsables técnicos y políticos del urbanismo, la necesaria diversidad funcional y social.
El urbanismo se apoyó en una lógica inmobiliaria (publica y privada), que ha impuesto un desarrollo urbano de fragmentación física, en muchos casos favorecida por una gestión de suelo que con pretensiones de eficacia se hace muy seguidista de la parcelación del suelo disponible o negociable, solo alterada por algunas iniciativas de actuaciones municipales surgidas en los gobiernos democráticos a partir de los 80.
Esta lógica de producir ciudad ha permitido, y permite, procesos paralelos que alteraron los barrios, reforzando, en los más vulnerables, las situaciones de declive:
- intervenciones públicas (obras, regulaciones) que aíslan y bloquean el barrio impidiendo su difícil regeneración.
- acumulación progresiva de vivienda pública para grupos vulnerables.
- concentración progresiva de grupos muy vulnerables (ej. inmigrantes extranjeros pobres) en infravivienda de alquiler, en áreas centrales o periféricas.
- desaparición de empresas locales (talleres, comercios, etc.) y rechazo de nuevas inversiones por cuestiones de entorno social, ambiente físico, inseguridad, etc.
- ambiente de economía informal, y tendencia de algunos sectores a la marginalización, etc.
- falta de recursos en el ambiente familiar y falta de apoyo suficiente de redes sociales
- dificultad de los residentes para plantearse, y acceder a, una nueva formación profesional y a los empleos.
- políticas inadecuadas con grupos especialmente vulnerables que entran en ciclo de marginalización, como jóvenes con fracaso escolar, pandillaje, etc., o parados de larga duración que terminan con problemas personales y familiares, etc.
- falta de apoyo a la vida cultural y asociativa de los barrios, y desatención de los afectados en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas a nivel local de barrio.
La interacción de estos factores crea procesos acumulativos. Aparece el efecto "barrio en crisis" que comporta nuevas desventajas a los vecinos, a través de complejos procesos culturales, sociales y familiares:
El medio urbano influye en el declive de los barrios desfavorecidos a través de elementos como: la degradación de edificios, falta de locales, escasa apropiación de los espacios públicos por la vida local (consecuente vandalización e inseguridad), contaminación de suelo, agua o aire, escasez de atractivo del espacio publico, difícil movimiento peatonal, falta de centralidades locales, mal acceso a la red de transporte publico de la ciudad, etc.
El medio social del vecindario también influye en el declive del barrio, a través de aspectos culturales que tienden a perpetuar el desfavorecimiento como: la alienación resignada (actitudes y comportamientos), la estructura familiar (relación con los hijos, educación, numero personas activas por familia, cargas familiares, etc.), la influencia de los modelos sociales que se extienden en los colectivos sociales del vecindario, etc. El papel de las instituciones y de los servicios a nivel local y la actitud ante las asociaciones cívicas es asimismo básica en la evolución de estos factores.
El declive de los barrios desfavorecidos en el momento actual
Las tendencias de los barrios desfavorecidos parecen evolucionar hacia un mayor declive con las nuevas situaciones de precariedad laboral y paro duradero, que afectan a grupos extensos cuasi excluidos del mercado laboral, y que se concentran en estos barrios especialmente.
Desde finales de los 70 los mercados laborales están cambiando y el paro ha aumentado sin que los ciclos económicos parezcan tener capacidad para crear suficiente empleo, especialmente para la población con estudios mínimos y escasa cualificación laboral.
La situación de inestabilidad económica y pobreza que se genera, en las personas y familias, unida a condicionantes sociales como la desestructuración familiar y el entorno social del barrio, crean círculos viciosos de declive y marginalización que pueden llegar a situaciones de exclusión. Estas situaciones son especialmente graves cuando las personas o familias están afectadas además por otros factores de vulnerabilidad derivados de alguna discriminación por motivo de edad, genero, etnia, discapacidad, etc.
Por otro lado, el crecimiento difuso de las ciudades parece estar polarizando la ciudad mas, si cabe, en barrios favorecidos y desfavorecidos, mostrando las desigualdades sociales y económicas en barrios muy definidos, incluso en recintos aislados. El aislamiento de las áreas de vivienda y las de empleo, o las de servicios, es cada vez mayor, y la dependencia del transporte, y del coche, es cada vez mas alta, con el consiguiente perjuicio para los mas desfavorecidos.
Las teorías neoliberales consideran que el aumento del paro en una ciudad o barrio, es un desequilibrio temporal que se va ajustando automáticamente; habrá parados que se irán a donde haya empleo y empresas que acudirán a donde haya oferta de trabajo. Pero estos mecanismos, independientemente de su ineficiencia social e injusticia personal, no funcionan de forma fluida en términos generales y además no son ciertos en los segmentos desfavorecidos de la sociedad, que tienen formación obsoleta, información insuficiente, dificultades para acceder a las nuevas viviendas inasequibles en precio y/o que se siguen produciendo en un espacio social muy segregado, y tienen escasa accesibilidad a empleos nuevos alejados.
La vulnerabilidad en los barrios desfavorecidos tiende por lo tanto a agravarse tanto en sus dimensiones económicas, como sociales y espaciales.
¿Qué políticas necesitan los barrios desfavorecidos?
Estamos señalando que el problema de los barrios desfavorecidos es multidimensional, producto de complejas interacciones entre factores espaciales, sociales y económicos, que actúan de forma acumulativa. Los foros internacionales (ONU, OCDE, UE, etc.) en los que se debaten estos temas han elaborado distintos informes en los que se parte de los siguientes presupuestos en base a la experiencia:
- inadecuación del mercado como mecanismo único de ajuste de los problemas de cohesión social y de sostenibilidad.
- pérdida de credibilidad de los gobiernos entre amplios sectores de la población, ante la falta de actuaciones correctoras focalizadas y eficaces.
El mantenimiento en los barrios desfavorecidos, y en el conjunto de la ciudad, de una intervención publica inadecuada a los intereses de los grupos vulnerables, muchas veces no-intervención, conduce inexorablemente al mantenimiento de estos barrios en sus procesos de declive.
Si no se promueven actuaciones especificas que permitan mejorar las estructuras sociales y económicas de los barrios desfavorecidos, se corre el riesgo de que la degradación de las áreas que aun no están en situaciones muy graves llegue hasta situaciones mas difíciles de resolver, ya que alcanzado un cierto umbral de declive la regeneración es mucho mas difícil, larga y costosa.
La desigualdad creada por el sistema de mercado se ha abordado en las sociedades europeas, sobre todo, mediante mecanismos de Estado de Bienestar, como fuerza equilibradora forzada por las luchas sociales, para la redistribución de recursos mediante transferencias fiscales que garanticen unos mínimos en determinados servicios y calidad de vida. En los barrios desfavorecidos son necesarias, como complemento del Estado de Bienestar, políticas urbanas integradas, cuyo fin sea introducir una dinámica positiva sobre un barrio desfavorecido.
Las Administraciones tienen unas delimitaciones territoriales y una distribución de competencias, que dificultan una actuación en favor de los mas desfavorecidos, y mas aun si se mantiene el crecimiento difuso, y segregado, actual de las ciudades:
La fragmentación municipal de las ciudades, por ejemplo, dificulta las transferencias fiscales entre barrios ricos y pobres a través de las actuaciones municipales, ya que la desigualdad espacial empieza a darse entre municipios de una metrópoli tanto o mas que en los barrios dentro de un mismo municipio.
Por otro lado, los gobiernos de escala superior, nacional y regional, no acaban de asumir en España que las transferencias fiscales para actuar en esta materia sean de su competencia, y apenas generan financiación para actuaciones publicas en barrios desfavorecidos, como hace la UE y muchos países (Francia, UK, Holanda, Dinamarca, USA, etc.).
Otro problema a resolver es el que se deriva de la estructura administrativa de los gobiernos de distintos niveles, que hace que las actuaciones para grupos vulnerables y barrios desfavorecidos se inicien por departamentos sectoriales que plantean medidas propias de su competencia, es decir verticalmente. La falta de efectividad de estas medidas sectoriales supone en muchos casos el mantenimiento del proceso de marginación (a veces con unos mínimos asistenciales cubiertos) y el aumento de las desigualdades.
Como ejemplo se puede tomar la política de vivienda. Durante los 50-60-70 se concibió esta política como el remedio para los desfavorecidos, bajo la hipótesis de que el problema era la escasez de vivienda, pero confiando en el desarrollismo para la creación de empleo y el aumento de los ingresos familiares.
Desde mediados de los 70 el crecimiento del paro ha cambiado la situación, pero la política de vivienda y urbanística no se ha adecuado prácticamente a la nueva situación, sin plantearse medidas especificas y focalizadas para los grupos vulnerables, ni en materia de vivienda, ni en las políticas urbanísticas para mejorar la integración y diversidad interna de los barrios, ni mediante políticas integradas que acometan las necesidades de los barrios desfavorecidos, que requieren, por motivos de cohesión y de sostenibilidad, políticas urbanísticas y de medio ambiente urbano integradas con políticas de desarrollo local y otras políticas sociales.
Las políticas tienen que tener una concepción dinámica para poderse adaptar a la diversidad de situaciones que surgen en el terreno, especialmente si se acepta que las actuaciones a desarrollar se tienen que consensuar y priorizar entre los agentes sociales, en su concepción y a lo largo de su ejecución. Los departamentos de las administraciones deben poner sus conocimientos y recursos a disposición de instrumentos de cooperación intersectorial orientados por objetivos, con la participación de los afectados (asociaciones, empresarios, profesionales, etc.).
Avanzar hacia una nueva política de barrios
Hay distintos procesos en curso que están en favor, o impulsan, el desarrollo de nuevas políticas en los barrios:
- la vuelta al territorio como lugar en el que potenciar el desarrollo económico y social dentro de los limites de la sostenibilidad local y global. Adquieren relevancia las iniciativas locales y su articulación espacial para la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida, considerándose cada vez mas importante para ello el ambiente natural, urbano, social, y productivo.
- la racionalización y la descentralización de la administración publica. El cambio de los problemas y la presión presupuestaria y fiscal, que supone el gasto social, están llevando a adaptar las estructuras administrativas y de definición y programación de políticas: subsidiariedad o proximidad, transferencias de competencias, cooperación entre competencias concurrentes, análisis de coste-efectividad, evaluación de impactos de las políticas, seguimiento y evaluación de la calidad de los resultados y su efectividad sobre los objetivos, etc.
- exigencia de la opinión publica y de los electores de una política de mayor corresponsabilidad cívica para abordar los problemas de creación de empleo, cohesión social y sostenibilidad, de forma que dejen de ser los eternos problemas irresueltos, como viene ocurriendo por la falta de adecuación de los enfoques actuales. Las políticas macro contra el paro, etc., son poco efectivas para los grupos vulnerables, y de difícil lectura por la opinión publica, que ve al mismo tiempo la permanencia de los barrios desfavorecidos.
En España, sin embargo, los gobiernos no han asumido aun la necesidad de financiar actuaciones integradas y de reajustar para ello sus programas inversores y su estructura administrativa. Estas políticas están apenas balbuceando en nuestro país, gracias a:
- Ayuntamientos que se enfrentan a sus problemas locales en base a las reivindicaciones vecinales, y poco a poco complejizan sus actuaciones coordinando departamentos y buscando financiación.
- Programas de la UE que exigen estos planteamientos para aportar financiación.
* Félix Arias - Arquitecto urbanista. Coordinador del Informe para la OCDE sobre Barrios Desfavorecidos en España
* Indymedia Estrecho - 21 mar 2008
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24.3.08
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Condenan al ex alcalde de Cómpeta a siete años de inhabilitación por un delito urbanístico
LAOPINIÓN/Málaga* : El Juzgado de lo Penal nº1 de Málaga ha condenado a una pena de multa y a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público al ex alcalde de la localidad malagueña de Cómpeta, Leovigildo López, por un delito contra la ordenación del territorio al conceder licencia para construir sobre suelo no urbanizable.
Los hechos, que se declaran probados de conformidad de las partes, tuvieron lugar en junio de 2001, cuando el entonces regidor de dicho municipio concedió a favor de un particular licencia de obras para movimientos de tierra y carril para realizar una construcción de nueva planta en una parcela del paraje conocido como 'El pulido'.
Dicho suelo, según la sentencia del juzgado de lo penal a la que tuvo acceso Europa Press, estaba calificado como no urbanizable, "incumpliéndose el planeamiento urbanístico con pleno conocimiento de estos extremos", ya que en el informe elaborado por el arquitecto municipal se pedía la denegación de la licencia.
Además, la resolución precisa que no se podía conceder licencia de primera ocupación en noviembre de 2004. Estos hechos constituyen un delito de prevaricación urbanística y tanto el acusado como su defensa se mostraron conformes con el escrito de acusación que el ministerio fiscal modificó en el juicio, y con las penas solicitadas, "con conocimiento de sus consecuencias".
Así, se le condena a una pena de multa de 12 meses, a razón de una cuota diaria de seis euros, lo que supone una cantidad total de 2.160 euros, además de la inhabilitación durante un periodo de siete años para desempeñar empleo o cargo público, según la sentencia.
* La Opinión de Málaga - Europa Press - 23 de marzo de 2008
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com
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23.3.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Los vecinos del Castillo del Romeral se manifiestan en contra de la cárcel
CANARIAS7* : Los vecinos del Castillo del Romeral, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, celebraron ayer una procesión - manifestación para expresar sus plegarias por la comarca de Castillo, Matorral, Aldea y Juan Grande. Los vecinos consideran en un comunicado, que la comarca está desamparada porque los políticos traen todas las “infraestructuras negativas a esta parte de la Isla, pero por el contrario esto no se traduce en servicios ni beneficios positivos que se aprecien para la zona”.
La procesión, a la que asistieron algunos vecinos ataviados con una túnica de nazareno, recorrió diversas calles del pueblo y posteriormente continuó hasta Juan Grande. En su recorrido se plantaron multitud de cruces como símbolo de las distintas partes de la comarca que consideran que van a morir.
En este sentido, el Consejo de Vecinos ha tenido acceso a la Memoria Consultiva para analizar si el Proyecto de construcción de la Prisión de Maspalomas debe ser sometido a evaluación de impacto ambiental. Entre las “lindezas” que dice esté informe y que aumenta la indignación de los vecinos está en que en las medidas a llevar en las obras, “se tratarán de limitar las operaciones susceptibles de producir cantidades significativas de polvo en situaciones de condiciones atmosféricas desfavorables, adoptándose medidas como la humectación previa de superficies en caso de ser necesario.”
Justamente, los vecinos han denunciado y parado las obras por dos veces debido a que el fuerte viento, típico de la zona, junto a los movimientos de tierra, produce una gran columna de polvo que llega directamente al pueblo. Y la gente se pregunta que si ya desde el inicio están incumpliendo sus propias normas de ejecución de obras que no harán cuando lo consideren necesario.
El comunicado enviado por los vecinos añade que las instituciones penitenciarias dice en el informe, que no es necesario pedir permiso de obras ni hacer Informe de Impacto Ambiental al considerar dicha obra de “Interés General”. Así, ellos “imponen todo tipo de infraestructuras, sin someterlas a alegaciones y es más, con grave desconocimiento del entorno donde se van a ubicar”. De esta forma, pretenden construir un emisario submarino de 1.500 metros en la costa del Castillo y en el informe comentado dicen: “…señalar que actualmente no se encuentran descritos o inventariados valores singulares naturales para dicho tramo costero, por lo que a priori no se encuentra ningún inconveniente ambiental para la construcción del emisario y el vertido en la zona de las aguas depuradas.”
Precisamente, donde quieren hacer el emisario, para servicio de la depuradora “que también quieren construir”, se encuentra una Piscifactoría con unas 10 jaulas para la cría de doradas y lubinas, industria que se estableció en esta zona y es una de las principales que se desarrollan en Canarias. “El informe no menciona a la Piscifactoría para nada y tampoco dice que la zona es muy rica en pesca, a pesar de los grandes impactos negativos que tiene alrededor”.
Mientras tanto, en los vecinos crece la indignación: “Nuestros políticos, que tienen este informe, no se enteran de nada o no se quieren enterar y es mas, nos dicen en el caso de la regasificadora, que como se va a instalar a 2 kilómetros de la costa del Castillo, y esta no pertenece al territorio Municipal, al Ayuntamiento no le compete decir nada al respecto”.
* Canarias 7 - ACN Press
Las Palmas de Gran Canaria - 23 marzo 2008
Foto: San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) - radiobardino.com
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Tema: NOTICIAS Canarias
Costas blindará 187 kilómetros del litoral de Cádiz contra el urbanismo
ELPAÍS* : Medio Ambiente ampliará a 200 metros la zona de protección en 24 tramos. La ley de Costas cumplirá este verano 20 años. Su artículo 23 es el que regula que la servidumbre de protección debe recaer sobre una zona de 100 metros, medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
Esa normativa ya incluía la posibilidad de extender otros 100 metros más esa protección pero es ahora cuando la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha señalado 24 tramos del litoral gaditano donde esta ampliación se va a ejecutar, lo que asegurará que estos lugares, de gran valor paisajístico y medioambiental, queden libres de edificaciones y puedan ser sometidos a procesos de mejora y conservación. En total, 187 kilómetros de la costa de Cádiz serán blindados contra el urbanismo salvaje y los efectos del cambio climático.
La propuesta de la Demarcación está dentro del marco de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa y contiene una selección de zonas costeras de alto interés para la ampliación de la zona de servidumbre de protección a los 200 metros. Es la primera vez que en España se prepara un documento similar, con tramos detallados y prioridades de actuación establecidas. "Es un elemento novedoso en el ámbito de la gestión costera que no se está haciendo en ningún sitio del Estado español", reconoce el máximo responsable de este trabajo, Federico Fernández, quien hasta hace unos días era el jefe de la Demarcación, aunque actualmente lleva la gerencia de la Agencia Andaluza del Agua en Cádiz.
Los objetivos de este proyecto son tres: garantizar la conservación de los valores naturales y culturales, favorecer la recuperación y conexión de espacios costeros y asegurar espacios libres en lugares donde existe un riesgo de retroceso en la costa debido a la subida del nivel del mar. Los 24 tramos seleccionados afectan a 16 municipios diferentes: Barbate, Conil, El Puerto, Rota, Tarifa, Puerto Real, Trebujena, Sanlúcar, San Roque, La Línea, Vejer, Chipiona, Los Barrios, Chiclana, La Línea y Algeciras. De los 24, nueve ya se están tramitando y tardarán tres años en concluir. Son los acantilados de la Breña (Barbate), el conjunto de Cabo Gracia, Punta Camarinal y El Lentiscal y la ensenada de Valdevaqueros y Los Lances (Tarifa), el monte público de las Dunas de Rota, las dunas de San Antón y el coto de la Isleta (El Puerto), la margen izquierda del río San Pedro (Puerto Real) y el entorno del río Roche y el tramo litoral de Roche (Conil).
Esta posibilidad existía desde hace 20 años pero, hasta ahora, no se había utilizado. Fernández aporta un porqué. "Exige un ejercicio magnífico de consenso del Gobierno central, la comunidad autónoma y los ayuntamientos". Según explica, los consistorios "no tienen por qué tener como prioridad la protección y, por eso, hay que convencerles con argumentos". En eso se basa la política de incentivos que promueve ahora el Ministerio de Medio Ambiente, que premia la gestión y el cuidado costero con inversiones como la habilitación de senderos o la construcción de paseos marítimos.
Para que la zona de servidumbre se pueda ampliar estos terrenos tienen que ser no urbanizables. Se han seleccionado 24 tramos poco o nada afectados por la mano del hombre para que el consenso requerido sea más fácil de conseguir. Pero, ¿qué ocurre con aquellas zonas donde ya se ha edificado? Ahí, la solución, según Fernández, es otra. La Demarcación de Costas negocia directamente con los ayuntamientos y propone la demolición de viviendas consensuadas con los propietarios. Acuerdos de este tipo se han acordado ya en Rota y Vejer, donde se ha programado la demolición de 52 casas, y también en Montijo, entre Chipiona y Sanlúcar, y Zahora, en Barbate.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 23/03/2008
Foto: Una vista aérea del conjunto de Cabo de Gracia, en Tarifa (Cádiz)- GARCÍA CORDERO, elpais.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Veïns de Parcent acusa al Consell de usar dos varas de medir en los planes urbanísticos
LEVANTE/Alacant* : Disparidad de criterios o casos urbanísticos totalmente opuestos. Para la plataforma Veïns de Parcent la conselleria de Medio Ambiente tiene dos varas de medir diferentes dependiendo del plan urbanístico que se presente a aprobación o desestimación (como es el caso de los tres PAI de Parcent).
El argumento esgrimido por el colectivo vecinal se refiere a la reciente decisión, del pasado 17 de marzo, de la Comisión Territorial de Alacant de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la que, según Veïns de Parcent "tras detectar numerosas deficiencias entre ellas la carencia de agua para el Plan Rabassa de las 15.000 viviendas de Alacant, se devuelve dicho proyecto al ayuntamiento para que se resuelvan los inconvenientes detectados".
Los vecinos lamentan que, sin embargo, "cuando el ayuntamiento de Parcent observó importantes deficiencias" en los tres PAI de este pueblo que se pueden traducir en 1.500 casas "pidió la devolución de la documentación a la conselleria, para también subsanar las deficiencias". Tras dicha propuesta el consistorio de la Marina Alta recibió "un no rotundo" por parte de la conselleria por considerar que "no resulta el cauce procedimental adecuado la devolución de la documentación a fin de retomar actos administrativos ya conclusos, cual es la aprobación provisional por parte del municipio". La plataforma contraria a los tres PAI de Parcent señala que todo esto se produjo "a pesar de que la Confederación Hidrográfica, como en el caso del Plan Rabassa, haya presentado un informe negatio sobre el agua".
Los ciudadanos de Parcent se preguntan "cuál es el criterio de la conselleria" y advierten que en el caso de Alacant siguen con el cauce de la devolución al consistorio "porque en Alacant, tienen un amigo en la casa del pueblo que, probablemente, les hará un apaño con dicho plan", en cambio en Parcent se cuestionan si"¿es que tienen miedo de que el ayuntamiento aplique la objetividad?".
Argumentos del TSJ
El Plan Rabassa, tuvo una sugerencia del Ministerio de Medio Ambiente por la que se recomendaba que el ambicioso programa urbanístico estuviese englobado dentro de un nuevo PGOU. Una idea que la Síndica de Greuges también trasladó al consistorio de Parcent en el caso de los tres PAI. Además el TSJ advirtió respecto al proyecto de la Marina Alta que "se intenta ordenar una superficie de 1.019.861 m2, y posibilitar la construcción de 1.496 viviendas, lo que desde luego es excesivo para este tipo de instrumento-refiriéndose al concierto previo o normas subsidiarias-ya que una actuación de tal naturaleza exigiría una instrumentación de carácter más general, donde pudieran ponderarse las necesidades integrales del municipio, y su sostenible desarrollo", es decir, un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Finalmente, la plataforma ciudadana pide a la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda que "sea más seria" y entienda que "los papeles que hay encima de la mesa no son ninguna quiniela, son el futuro y las decisiones no se pueden basar en "tú sí, tú no"".
* Levante-EMV - V.X.C.R., Parcent - 23 de marzo de 2008
Foto: Los vecinos de Parcent se oponen a las 1.496 viviendas/ levante de alacant
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Una sentencia obliga a cortar el acceso a un puerto ilegal de Vigo
ELPAÍS* : El puerto deportivo A Lagoa, en Teis (Vigo), promovido por el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, se construyó sin licencias de ningún tipo y entre órdenes de derribo. Una sentencia del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) acaba de añadir otra irregularidad, al reconocer que utiliza como carretera de acceso un cortafuegos municipal.
La utilización de este paso por los usuarios del puerto tiene paralizada una inversión de 3 millones de euros del Ministerio de Medio Ambiente para la construcción del paseo marítimo de Teis, cuyo trazado coincide con el del cortafuegos.
La sentencia hace referencia a un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Vigo, adoptado por unanimidad el 31 de enero de 2005, que obligaba al gobierno local a prohibir el acceso rodado por el cortafuegos, una medida que la entonces alcaldesa Corina Porro, del PP, sólo hizo efectiva durante unas pocas semanas. Los promotores de la marina ilegal, que cuenta con 355 plazas de amarre, recurrieron igualmente, para perder en primera instancia y ahora ante el alto tribunal gallego.
El recurso de A Lagoa había sido rechazado inicialmente por el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Vigo. El Tribunal Superior de Xusticia de Galicia asume los razonamientos jurídicos de la anterior sentencia, que justificaron el rechazo del recurso por su extemporaneidad. El primer fallo también rechazó la reivindicación que hizo la promotora del puerto deportivo de una servidumbre de paso a su favor.
Camiones de gran tonelaje y turismos siguen utilizando el ancho camino municipal para entrar y salir de la marina. El único acceso legal por tierra es un vial angosto por el que no pudo circular el tráfico pesado que permitió la construcción del puerto deportivo, inaugurado en 2005, como tampoco los tráileres con los yates que están a la venta en una de las naves del puerto deportivo. Como alternativa, los promotores utilizaron el cortafuegos.
La marina, ubicada en A Guía, cuenta con una doble oposición vecinal, ya que a las críticas a las irregularidades y al impacto ambiental del proyecto se suma la denuncia del bloqueo de un paseo marítimo, que debía pasar precisamente por el cortafuegos. El Ministerio de Medio Ambiente consignó por primera vez en 2003 una partida de 3 millones de euros para el paseo marítimo de A Guía, que no ejecuta porque el Ayuntamiento no pone a su disposición los terrenos que la empresa, Astilleros y Construcción Lagoa -de la que Fernández de Sousa es presidente-, utiliza como carretera de acceso.
Los promotores de la marina contaron con autorización de la Autoridad Portuaria de Vigo, entonces presidida por Julio Pedrosa, del PP, para la ocupación de una lámina de agua. Pero las instalaciones carecen de permisos para las obras en tierra, que consistieron entre otras en la ampliación de una nave para almacenamiento de barcos y la construcción de otra totalmente nueva. El Ayuntamiento de Vigo decretó sendas órdenes de derribo que Fernández de Sousa nunca ejecutó.
Además de estas dos grandes naves, con sentencias judiciales que avalan la demolición, en la zona de relleno también se levantó lo que debía ser una caseta desmontable de 30 metros cuadrados para una taberna. En lugar de ello, la promotora levantó una construcción cinco veces superior a la autorizada, en la que funciona un restaurante de lujo y que carece de la posibilidad de ser desmontada. El gobierno local de Vigo aprobó una resolución de derribo, pero tampoco en este caso ha llegado a ser ejecutada.
Un contencioso administrativo de la promotora paralizó la denuncia que había formulado la fiscalía, que imputaba a la empresa un delito de ordenación del territorio. El escrito del fiscal, del 5 de septiembre de 2005, revela la construcción de naves "de grandes dimensiones" con baños y servicios "con emisión directa al mar, sin emisarios ni depuración alguna".
Palabra de Caballero
El programa electoral de Abel Caballero no deja lugar a dudas. "Faremos máis por Teis", reza el folleto que los socialistas repartieron en la campaña de las municipales por el barrio al que pertenecen A Guía y A Lagoa, promesa que se explicita en diez propuestas. Una de ellas, la número ocho, sentencia: "Cierre del cortafuegos de A Guía y concretar con el servicio de costas la ejecución del paseo en torno a A Guía por el borde litoral".
Transcurridos ocho meses desde que el candidato del partido socialista se convirtiera en alcalde de Vigo, el Ayuntamiento de la ciudad no ha movido ficha.
Pero no es el actual alcalde el primero que sufre la tensión entre satisfacer los deseos vecinales sin afectar los intereses de la empresa que preside Fernández de Sousa.
El gobierno local de Corina Porro decretaba órdenes de derribo que nunca ejecutaba. Tampoco fue capaz de sostener en el tiempo el cierre al tráfico del cortafuegos a los camiones de A Lagoa, a pesar de que su grupo, el Partido Popular, siempre votó a favor de las mociones para impedir el tráfico pesado por el vial municipal.
Pese a las ilegalidades que rodearon la construcción de la marina, ubicada en una zona privilegiada del litoral vigués, tanto Corina Porro como el entonces director general de Deportes de la Xunta, en la actualidad teniente de alcalde vigués, Santiago Domínguez, del BNG, no tuvieron reparos en asistir a la inauguración de las instalaciones, en los días previos a la salida desde Vigo de la Volvo Ocean RACE.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 23/03/2008
Foto: Vigo, parque en Teis - turismogalicia
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Tema: NOTICIAS Galicia
Una jueza ordena paralizar el derribo de una de las últimas chabolas de El Salobral
EUROPAPRESS/Madrid* : La jueza de lo Contencioso-Administrativo nº20 de Madrid, Gema Ortega, ha ordenado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón, la paralización del derribo de una de las últimas chabolas que quedan en pie en el poblado de El Salobral, en el que se prevé sustituir las infraviviendas por otras de protección oficial y por un polígono industrial que revitalice el distrito de Villaverde.
En este poblado chabolista, con una superficie de 22 hectáreas, vivían en precarias condiciones de salubridad alrededor de más de 1.200 personas, de las que la mayoría han sido ya desalojadas. Una de las familias que reside todavía en la zona llevó el caso a los tribunales, que ahora le da la razón por no existir "interés público" en el desmantelamiento de su casa para los planes del Gobierno municipal.
En un auto hecho público este miércoles, la magistrada acuerda acceder a la petición de paralización del derribo de la chabola, situada en el Sector 3. Este procedimiento judicial se inició con la interposición de un recurso por la familia contra la negativa de la Dirección General de Urbanismo de parar una orden de desalojo de la infravivienda con un reducido plazo de 15 días.
La jueza acuerda en la resolución la suspensión del desalojo, esgrimiendo que el Ayuntamiento de Madrid "no alega ni prueba en qué medida se impide -con el derribo- la ejecución del planeamiento" que tiene previsto llevar a cabo en la zona.
Sustenta su decisión en "la especial protección" de la casa del recurrente "con rango constitucional, el desarraigo social y la situación de angustia" que provocaría la medida ordenada por Urbanismo, sin que "exista un interés público especialmente comprometido de suspenderse el acto administrativo".
En esta línea, se refiere al artículo 24 de la Constitución, que establece que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los que jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión", aludiendo de manera implícita al derecho a tener una vivienda.
Aludiendo a la doctrina del Tribunal Supremo, recuerda que "toda orden de demolición por su propia naturaleza implica la destrucción de riqueza material, por lo que, si se ejecuta antes de la culminación del proceso pendiente en el que se tiene que decidir acerca de su procedencia y legalidad, puede dar lugar, en el caso de que quede revocada posteriormente a perjuicios de muy difícil reparación".
En el presente caso, la magistrada recalca que, si bien "se trata de una chabola y, por tanto, quizá no podría sostenerse que su demolición suponga pérdida de riqueza, lo cierto es que la misma constituye el domicilio del recurrente y su familia".
El abogado Roberto Alonso Martín, que defiende a la familia, ha lamentado que la mayoría de las personas que vivían en El Salobral hayan abandonado sus hogares sin acudir a la Justicia, que ahora se ha puesto de su lado ante su sorpresa.
Martín decidió solicitar una medida cautelar contra el desalojo, puesto que el convenio entre la Comunidad y el Consistorio "no estableció ningún límite de tiempo" para que los vecinos dejaran el lugar. "Se inventaron un plazo para que esta familia dejara su casa", recriminó el letrado, quien adelantó que prevé presentar una querella contra la Comunidad por supuestas coacciones y amenazas contra la familia.
* El Mundo - Europa Press - 19/03/2008
Foto: El derribo, en diciembre, de chabolas en el poblado de El Salobral / Jaime Villanueva, elmundo.es
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Tema: NOTICIAS Madrid
La defensa de El Cabanyal
ADOLF BELTRAN/Valencia* : La sentencia cuyo fallo hizo público el pasado 13 de marzo el Tribunal Supremo despeja a favor del Ayuntamiento el camino legal del proyecto, tras una década de pleito con los afectados. Sin embargo, esa resolución está lejos de convertir la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez por El Cabanyal en una opción urbanística indiscutible.
Parecería superfluo recordarlo si no reinara en Valencia ese clima de descalificación sumaria del discrepante que avivó una vez más la alcaldesa Rita Barberá al arrojar con desparpajo a las tinieblas de la "izquierda radical" a quienes han luchado contra la expropiación y, de rebote, a todos los que no están de acuerdo con su enérgico plan.
Derribar 450 inmuebles, en los que hay más de 1.600 viviendas, para que la vieja aspiración de la "avenida de Valencia al mar" se consume en una rotonda gigantesca junto a la playa, no es ilegal (lo ha dicho el tribunal, aunque todavía no haya hecho públicos sus argumentos), pero ha de poderse discutir con criterios urbanísticos, sociales y patrimoniales si es que no hemos decidido dimitir como sociedad civil. En la Escuela de Arquitectura de Valencia se ha planteado a los estudiantes decenas de veces como ejercicio la sutura de la gran avenida y el viejo tejido urbano del Marítimo. ¿Por qué no puede acabar la avenida de Blasco Ibáñez en una rotonda unos cientos de metros antes de llegar al mar, donde hoy se topa con la delicada trama de El Cabanyal? ¿De verdad es necesario partir el barrio en dos? Parece mentira que, hoy, todavía haya que reivindicar el valor democrático de decir que no.
* ELPAIS.com - Opinión - ADOLF BELTRAN 23/03/2008
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Marbella solicita que se aplace la ejecución de 60 fallos urbanísticos
ELPAÍS/Málaga* : La escena se ha repetido en 60 ocasiones. El Ayuntamiento de Marbella, presidido por Ángeles Muñoz (PP) ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que aplace la ejecución de 60 sentencias que afectan a viviendas ilegales de la ciudad, amparándose en que es mejor esperar a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para ver si esas construcciones tienen cabida y no es necesario demolerlas.
Hasta el momento, la postura del Ayuntamiento ha sido secundada por la Junta de Andalucía, que denunció las irregularidades y solicitó la ejecución de varias sentencias. De hecho, el equipo redactor del PGOU ya propuso regularizar 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones por el que los promotores aportan de su bolsillo los terrenos para zonas verdes y equipamientos esquilmados a sus vecinos en los últimos 15 años.
"La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha aceptado nuestra petición en cuatro ocasiones", declararon ayer a Europa Press fuentes municipales. La situación se ha dado cuando todas las partes implicadas están de acuerdo en dejar en suspenso la sentencia, como en el caso de la nave de materiales de construcción La Juanita, levantada sobre una zona de equipamiento y condenada a ser expropiada.
Los problemas llegan con la entrada en escena de intereses de particulares cuyas casas han perdido vistas o zonas de recreo por las viviendas ilegales. Entre ellas está la comunidad de propietarios Los Monteros, que reclama la ejecución de una sentencia que implicaría la demolición de parte de la vivienda que el actor Antonio Banderas tiene a pie de playa. La licencia de obra, otorgada en 1995, ha sido anulada porque parte de la construcción ocupa una zona destinada a equipamientos.
En este caso, como en el resto, el Ayuntamiento ha pedido tiempo al TSJA, mientras que la comunidad de propietarios se ha negado a aplazarlo más. "No se puede dejar la ejecución de una sentencia a un plazo indeterminado teniendo en cuenta que ni siquiera se han resuelto las alegaciones que se han realizado en su aprobación inicial", opina la abogada Inmaculada Gálvez, letrada de la comunidad de propietarios, en su escrito. "El Ayuntamiento tendría que haber marcado un plazo máximo para su cumplimiento", añade.
En su lucha para que el consistorio no dilate más la ejecución, los vecinos de Los Monteros han denunciado ante la Fiscalía al equipo de gobierno de Ángeles Muñoz. Estos residentes creen que la negativa de la alcaldesa a derribar propiedades ilegales con sentencia firme hasta que se apruebe el nuevo plan supone prevaricación. En su denuncia, los vecinos hacían notar que en la delegación de Urbanismo no se había movido un dedo para ejecutar cuatro sentencias, entre las que se incluye la demolición de parte del chalé de Banderas.
El fiscal todavía tiene que resolver si acepta otra denuncia similar de Ecologistas en Acción. En ella, también se acusaba al equipo de Muñoz de supuesta prevaricación al negarse a revisar 1.000 licencias y convenios con irregularidades suscritos por el GIL entre 1991 y 2006.
Los vecinos de Arroyo Guadalpín también batallan por conseguir que se ejecuten los fallos. Reclaman que se cumpla una sentencia que anula la licencia del edificio Jardines del Príncipe porque sobrepasa la edificabilidad y les quita vistas.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 21/03/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
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22.3.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Los barrios también somos Madrid
OTROMADRID* : Declaración por los barrios de Madrid. Los barrios somos parte de esta ciudad.
Hubo un tiempo en el que no era necesario decirlo, cuando los barrios éramos protagonistas de la historia de un Madrid que despertaba a la modernidad. De aquella época fueron las remodelaciones y las luchas por una vivienda digna. Tiempos en que nuestros sueños se convirtieron en grandes logros: parques, colegios, centros culturales, instalaciones deportivas y un largo etcétera. Gracias a la participación de todos estábamos construyendo una ciudad más humana. Orcasitas, El Pozo, Carabanchel, Palomeras, Vallecas, Villaverde, San Blas o Caño Roto…. fueron barrios emblemáticos, formados a partir de la inmigración de los años cincuenta y sesenta, cuando nuestros padres vinieron a buscarse a vida a la gran ciudad, como ahora hacen miles de inmigrantes. Cuando Madrid estaba en plena "movida" los barrios incluso fuimos capaces de crear nuestra propia cultura urbana: fuimos los "hijos del agobio", con nuestra música: el rock urbano y las rumbas, nuestro lenguaje, el cheli, y nuestra identidad: el barrio obrero con sus bailongos, charlas de patio y fiestas de gigantes y cabezudos. Supimos superar con imaginación y voluntad los años duros de la crisis y la heroína. Porque en ese tiempo, que ahora parece remoto, los barrios teníamos voz y sentíamos "orgullo de barrio" como sinónimo de convivencia democrática y lucha por las libertades. Actualmente los barrios hemos caído en el olvido. Se nos ha relegado al papel de pequeñas ciudades dormitorio en torno al "Gran Madrid". Pequeñas islas donde la lucha por la vida se desenvuelve al margen de lo institucional y lo mediático. Hay barrios que tienen incluso más habitantes que otras que llaman ciudades y sin embargo permanecemos invisibles, diluidos en la gran urbe impersonal. De nuevo los barrios reivindicamos nuestro papel en el diseño de la ciudad. Porque tenemos nuestra propia identidad, nuestra historia, nuestras costumbres y manifestaciones culturales. Porque aunque entendemos que cualquier proyecto de ciudad ha de tener una proyección global, ésta no debe ser incompatible con los barrios. Por el contrario, los barrios podemos contribuir a enriquecer la ciudad, a hacerla más habitable, más cohesionada, más humana. Los barrios tenemos un gran papel que desempeñar en el Madrid del siglo XXI. ¡Queremos salir de la invisibilidad y formar parte de esta ciudad! ¡Queremos tener una voz propia y que sea tenida en cuenta! Porque los barrios también somos Madrid
ADHESIONES
MOVIMIENTO VECINAL
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM)
A.VV. Progreso de la Fortuna
A.VV. Los Pinos de San Agustín
A.VV. Los Pinos de Retiro Sur
A.VV. Barrio de Zofio
A.VV. Valle Inclán de Prosperidad
A.VV. Barrio del Lucero
A.VV. Las Águilas
A.VV. Poblado de Orcasitas
A.VV. Cornisa de Orcasitas
A.VV. Orcasitas
A.VV. La Unión de Vallecas
A.VV. La Popular
A.VV. Las Cárcabas
A.VV. Comerciantes de Villaverde
A.VV. La Princesa
A.VV. San Fermín
A. VV. Cuatro Caminos
A.VV. Villarrosa
Centro Sociocultural Mariano Muñoz
Movimiento por la Calidad de la Educación en el Sur y en el Sureste de Madrid
Más adhesiones en www.orcasitas.net
* Otro Madrid - Orcasitas reivindica los barrios como parte del modelo de ciudad - 18/03/08
Foto: Madrid, Orcasitas manifestación ante el Ivima (4 de marzo, 2008) - orcasitas.net
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Tema: NOTICIAS Madrid
Ávila: Viviendas sin licencia y sin red de saneamiento en el Campo Azálvaro
ÁVILADIGITAL* : El Ayuntamiento de Santa María del Cubillo ha actuado “con una política de hechos consumados” y “sin ajustarse a derecho” en relación con la urbanización ‘El Castillo’ del Campo Azálvaro, en las inmediaciones del embalse de Serones, donde ya hay construidas varias viviendas que no cuentan con red de saneamiento y que podrían estar contaminando el río Voltoya, del que se abastece la capital abulense.
El presidente de Centaurea, Carlos Bravo, ha manifestado al respecto, después de las declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila de tres de los testigos por la ejecución de obras “ilegales” en la zona, que la empresa Lagos SA, promotora del proyecto, y el propio Ayuntamiento de Santa María del Cubillo “vulneran la normativa”.
La urbanización, que contempla la construcción de 2.000 viviendas unifamiliares junto al río Voltoya, del que se abastece la capital abulense, ha llegado a la vía penal por los trabajos ejecutados durante el pasado verano en la zona, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulara el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales.
“Contaminación directa”
Según Bravo, a pesar de no estar aprobado el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales ni el de Aguas Negras, ni estar aprobados los planes parciales –un informe de noviembre de 2002 de la Consejería de Fomento indicaba que los planes parciales de Cantos Altos, La Lancha y El Castillo no estaban aprobados porque no existía Plan de Saneamiento- ya están construidas al menos diez viviendas “que son habitadas temporalmente” y que podrían estar contaminando la zona.
“Además de ser ilegales porque no tienen licencia, a dónde van esas aguas, si no está hecho el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales ni el de Aguas Fecales, y no están las depuradoras construidas”, ha cuestionado Bravo, quien ha destacado que “se está produciendo una contaminación directa al medio ambiente y eso es delito”. “No sabemos si a través del subsuelo o de forma directa, pero puede estar llegando al río Voltoya, que es Área Crítica para la cigüeña negra y también fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Ávila”, ha manifestado.
Tras la declaración como testigo de la secretaria del Ayuntamiento de Santa María del Cubillo, Mª Carmen Fernández Ballesteros, Bravo ha resaltado que, “frente a lo que sostiene la secretaria de que esos planes parciales están aprobados por silencio administrativo, hay documentación de la Consejería de Fomento que dice no lo están, por lo que no se pueden iniciar las obras”.
Fernández Ballesteros, por su parte, no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación porque “eso les corresponde a los políticos, los funcionarios no debemos dar opiniones”.
Durante su declaración ante el juez, según ha explicado Bravo, la secretaria sostuvo los mismos argumentos que el representante legal de Lagos SA, Jesús Gutiérrez Talegón, que es hasta el momento el único imputado. Así, defendió ante Miguel Ángel Pérez Moreno, el juez titular del Juzgado número 2 de Ávila, que “los planes parciales están aprobados” y que no se ha ejecutado ninguna obra en relación con el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales.
Bravo ha destacado, sin embargo, que “no ha podido refutar los documentos que ha mostrado el abogado de Centaurea en los que se muestra que no están aprobados esos planes parciales”.
Viviendas “consolidadas”, pero sin licencia
En cuanto a las viviendas que ya están construidas, la secretaria “ha reconocido” ante el juez que “no tienen licencia”, pero considera que “están consolidadas porque ha pasado mucho tiempo desde que se construyeron y se consideran legales”. “El Ayuntamiento no puede tomar la decisión de legalizarlas”, ha manifestado Bravo al respecto.
También este miércoles declararon ante el juez el secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo, Francisco Javier Machado, quien reconoció que no están aprobados los planes parciales, y el vocal de la Ponencia Técnica, Javier Melgosa, que emitió un voto particular en representación de la Federación Regional de Municipios y Provincias por ser entonces concejal en el Ayuntamiento de Ávila y que explicó en su comparecencia que votó en contra porque no estaban aprobados los planes parciales ni se había superado el trámite ambiental.
Contradicciones en la declaración del promotor
Y por lo que se refiere a la declaración del imputado, que compareció ante el juez el lunes, Centaurea considera que “mintió” e incurrió en varias contradicciones al asegurar, por una parte, que no se habían ejecutado obras relacionadas con el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales y después, a preguntas de su abogado, que los trabajos realizados se referían a la “red de saneamiento de aguas pluviales y residuales, abastecimiento de aguas y de electricidad, telefonía y viales”.
Fue el 3 de agosto de 2007 cuando la asociación ecologista Centaurea y Comisiones Obreras denunciaron ante el Seprona el inicio de obras ilegales en la urbanización, después de comprobar que “en plena temporada de incendios y de cría y concentración de la cigüeña negra, diversa maquinaria pesada trabajaba realizando las calles”. Sólo un mes antes, el Tribunal Superior de Justicia había anulado el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales.
Cabe destacar también que ambas organizaciones han iniciado una campaña para que Campo Azálvaro sea declarado Paisaje Protegido, por tratarse de una zona con una gran riqueza ambiental en la que anidan varias especies protegidas.
* Ávila Digital - María Cuenca - 19/03/2008
Foto: Santa María del Cubillo (Ávila), urbanización Campo Azálvaro - aviladigital.com
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Urbanismo y corrupción urbanística
JUAN IGNACIO GONZÁLEZ* : En estos últimos años se han construido en España más de 800.000 viviendas al año. Esto ha hecho decir irónicamente al Instituto Nacional de Estadística que en España el modelo de familia que más crece es 'el piso vacío'. Al mismo tiempo que esto ocurre, los ayuntamientos tienen un déficit económico crónico y un serio problema de financiación que sólo puede superar con los recursos económicos extraídos del juego inmobiliario. Si a estos datos sumamos que la expansión urbanística descontrolada se produce en muchas zonas rurales tradicionalmente deprimidas y con fuertes tasas de desempleo, tenemos el marco institucional específico de la corrupción política.
Así pues, se dan unas serie de características institucionales estimuladoras de la corrupción política con apoyo y connivencia social: un falso mercado inmobiliario dependiente de decisiones políticas y administrativas. Los ayuntamientos tienen en su mano decisiones políticas que crean mercado y estructuras de oportunidades inmobiliarias fabulosas, o las cierran. La estrategia más racional de un promotor urbanístico pasa por la compra de voluntades políticas municipales, más que por la mejora de la eficiencia, de la productividad, de los precios o de la calidad.
La financiación y la liquidez de los ayuntamientos dependen de las rentas obtenidas con la expansión urbanística. Los alcaldes pueden, con estos fondos, avanzar y ofertar políticas visibles y tangibles, que con la financiación ordinaria sería mucho más difícil.
Teniendo en cuenta el modelo de financiación municipal existente y el modelo económico basado en el ladrillo, está claro quién es el que se acerca más a esta oferta. No debemos olvidar también que la financiación proveniente del ladrillo parece que aleja la tentación de aumentar la presión fiscal municipal (aunque esto es una ilusión que los datos demuestran como falsa, pues el 100% de los municipios españoles con más presión fiscal, están sometidos también a una fuerte presión urbanística).
Estas características dibujan el entramado de intereses que gobiernan las decisiones municipales. Los intereses convergentes de los promotores urbanísticos (ganar dinero), de los políticos municipales (ganar las elecciones) y de los electores (más servicios, menos impuestos, más expectativa de renta y trabajo) se ven ampliamente satisfechos en este modelo de especulación y expansión urbanística que implica, en muchas ocasiones, corrupción política. En lo inmediato, cada uno de estos tres actores gana, aunque al final, todos perdamos.
Son muchos los neoliberales que platean que si se eliminase la regulación administrativa del suelo desaparecería la corrupción. Y están en lo cierto. Tan en lo cierto como estaría quien afirmara que si eliminamos la policía desaparecería la corrupción policial. ¿Pero qué ocurriría, entonces, con el Estado de Derecho y la seguridad pública? Esta solución es tan inválida como la de cortarse la cabeza para eliminar la migraña. Pero que ésta no sea la solución no implica que no haya soluciones.
Es clave reducir la capacidad de decisión urbanística de los ayuntamientos y complicar y elevar (comunidades autónomas y Estado) las competencias. Establecer mecanismos de participación ciudadana cualitativos, y por último, desmercantilizar y desprivatizar la vivienda, despojándola de su carácter de bien de consumo, en favor de su naturaleza de derecho fundamental, por medio de una fuerte entrada del sector público (VPO, alquileres, etcétera).
Las rentas públicas del suelo deben ser recaudadas y distribuidas por las comunidades autónomas, sin participación de los ayuntamientos. El objetivo es evitar que exista una asociación directa o indirecta entre la renta inmobiliaria obtenida y los presupuestos y liquidez de los ayuntamientos y, en paralelo, hay que aumentar la participación de los ayuntamientos en los gastos del Estado (el 40%).
* El Comercio Digital - Opinión - 21.03.08 - JUAN IGNACIO GONZÁLEZ
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22.3.08
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
Torrelodones: Catedráticos de 5 universidades piden que no se urbanice un bosque protegido
DIARIOCRÍTICO/Madrid* : Veinte catedráticos de disciplinas relacionadas con el medio ambiente y el urbanismo han pedido a la consejería de Medio Ambiente y al alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño (PP), que mantengan la protección del Área Homogénea Norte y desestimen el plan de construir 1.500 viviendas y un campo de golf.
Según ha informado el grupo municipal de Vecinos por Torrelodones, los científicos creen que el proyecto urbanístico del Ayuntamiento es incompatible con el mantenimiento de los valores ambientales del AHN que está clasificada como suelo no urbanizable protegido.
Los concejales independientes han conseguido cinco informes ambientales que avalan el valor de este bosque de 128 Has. cuya reclasificación dio lugar a una grave crisis de Gobierno en el Ayuntamiento en el anterior mandato.
Los estudios proceden de instituciones como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Madrid.
El escrito que han remitido los catedráticos a la consejera Beatriz Elorriaga y al regidor está apoyado por los presidentes de los colegios de Biólogos y Geógrafos, así como los creadores y primeros gestores del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
También cuenta con la firma de catedráticos de universidades madrileñas (Alcalá, Autónoma y Complutense, Carlos III y Politécnica), profesores de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, arquitectos, biólogos, ecólogos, juristas, geógrafos e ingenieros de montes.
A juicio de VxT, los informes demuestran el alto valor ambiental del área que se pretende urbanizar debido a las formaciones vegetales que crecen en ella y a su papel clave en la conexión de los espacios naturales protegidos madrileños.
Creen que pone de manifiesto la insuficiencia de los datos demográficos manejados en la memoria con la que se justifica la reclasificación del AHN, así como los "importantísimos" errores en los datos básicos sobre los que apoya sus argumentos.
"Así, el análisis realizado desdice el inmediato agotamiento de la capacidad residencial y demográfica de Torrelodones augurado en el documento presentado por el Ayuntamiento", afirman los independientes que confían en que la Comunidad de Madrid tenga en cuenta la opinión de los científicos y no apruebe el proyecto.
* Diario Crítico - 14-03-2008
Foto: Torrelodones (Madrid)- 20minutos
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Tema: NOTICIAS Madrid
Valladolid: Los vecinos llevan a la Fiscalía el ‘Plan B’ de Urbanismo para que investigue
20MINUTOS* : La Federación de Vecinos llevará el Plan B de Urbanismo a la Fiscalía, según anunció el presidente, Ángel Bayón. Este jueves la junta directiva dio su visto bueno para que cuando los abogados tengan preparada la documentación la trasladen al fiscal y éste pueda investigar si existieron irregularidades al modificarse 50 artículos del Plan General Urbano (PGOU).
Además no descartan en el futuro presentar una denuncia en los tribunales.
Por otra parte, el jueves en las Cortes regionales se debatió sobre la presunta manipulación.
El consejero de Fomento, Antonio Silván, aseguró que el PGOU «fue objeto de diversos recursos» que se saldaron con ocho sentencias que «niegan irregularidades en el procedimiento».
Además, subrayó que no desoyó los consejos de la Comisión de Urbanismo regional, pese a que ésta le dijo que esperase para aprobar el Plan.
* 20 Minutos - DANIEL PASCUAL. 14.03.2008
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
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21.3.08
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Canarias: Exigen la demolición de todos los hoteles con sentencias en contra
Ben Magec-Ecologistas en Acción* exige la demolición de todos los hoteles y apartamentos con sentencias en contra, reclamando la "demolición inmediata" de todos los hoteles y urbanizaciones residenciales turísticas que tienen sentencias en contra por carecer de licencias de obra en vigor.
El colectivo está dispuesto a personarse en los juzgados y solicitar la ejecución de las resoluciones judiciales si la Administración no aplica "mano dura", explicó esta mañana el portavoz de la organización, Antonio Hernández.
La demolición es, según Ben Magec, el único camino que deben tomar la Justicia y la Administración en la polémica generada por la cadena de sentencias judiciales que declaran ilegales ocho hoteles de lujo construidos en los últimos años en Lanzarote, así como otras instalaciones hoteleras y extrahoteleras en otras islas, epecialmente en Fuerteventura.
"Igual que ocurre con la jurisdicción penal, en la contencioso administrativa deben cumplirse las sentencias, y si en una se condena a la cárcel a quien ha cometido el delito, en otra se tiene que recuperar la realidad física anterior a las construcciones, que es exactamente lo que dicen las sentencias", explicó gráficamente Antonio Hernández.
Según los ecologistas, la situación de ilegalidad no sólo se ha generado en Lanzarote, sino también en Fuerteventura. En esta última isla hay sentencias en contra del plan parcial de Casas de Majanicho, con 4.500 camas distribuidas en villas de lujo, así como en urbanizaciones en El Cotillo, que ya tiene construidas las infraestructuras, y en El Tamboril, aunque aquí aún no se ha ejecutado nada.
* Ecologistas en Acción de Canarias - 18.03.08
Foto: ecologistasenaccion.org
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Canarias
El Consell acumula industrias nocivas en el Serrallo y lleva la Fórmula 1 y la vela a Valencia y Alicante
LEVANTE/Castelló* : La Generalitat Valenciana está multiplicando las autorizaciones de industrias contaminantes en el puerto del Grau de Castelló y provocando una acumulación que contrasta con la financiación millonaria de eventos turísticos como la Copa del América y el campeonato de Formula 1 en el puerto de Valencia, así como el Mundial de Vela en el de Alicante.
A pesar de que el Consell ha presumido de querer impulsar un supuesto modelo turístico en el distrito marítimo castellonense, la realidad de los proyectos que se han aprobado y se barajan en el Grau evidencian un inevitable incremento de las emisiones nocivas para la salud y un deterioro de la calidad del aire que respiran los habitantes o visitantes de la zona.
Frente a la pretendida publicidad turística y de sello verde, el listado de industrias existentes o en planificación ofrece un contraste contundente: cuatro cementeras, una planta de biodiesel, una nueva planta de coquización -añadida a las actuales instalaciones de BP Oil-, una central térmica que ahora impulsa una planta de ciclo combinado, la petroquímica UBE Chemical y una central logística de hidrocarburos. Este puzzle contaminante propicia que en un mismo municipio se ubiquen instalaciones de corte tan opuesto como un espacio eminentemente fabril y propuestas turísticas como la Plaza del Mar y el complejo lúdico Puerto Azahar, el Gran Casino, el auge de una restauración cada vez de más calidad, el futuro spa de la antigua residencia de El Carmen, el parque litoral de la playa del Pinar o la futura Ciudad de las Lenguas.
El TS exige 2 km de distancia
La protesta ciudadana se acrecienta día a día al constatar que buena parte de las industrias mencionadas incumplen la distancia mínima de dos kilómetros que exige la legislación estatal (artículo 4 del Real Decreto 2414/1961). Pese a los intentos de justificación de la Generalitat Valenciana, dicha circunstancia contradice el criterio que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana han constatado en diversas sentencias en las que se reitera la obligación de toda industria molesta, nociva, insalubre o peligrosa de cumplir la citada distancia de seguridad de 2.000 metros respecto a la población agrupada más cercana.
La última repercusión de esta jurisprudencia ha cristalizado en una sentencia del Tribunal Supremo que ordena el cierre de una planta de basuras en Elche por incumplir la distancia mínima de 2.000 metros respecto a los núcleos de población agrupada más cercanos y ratifica la obligación de cumplir una normativa que la Generalitat Valenciana se niega a aplicar en el polígono industrial del Serrallo.
Las consecuencias de la contaminación recaen sobre las poblaciones del Grau y Almassora. No en vano, la situación es tal que el Consell incluso autoriza decenas de viviendas -buena parte de nueva construcción- que se alzan a escasos 50 o 100 metros del polígono industrial del Serrallo.
Al mismo tiempo, el mismo Consell es el que otorga licencias dentro del polígono para la creación de nuevas plantas industriales que incumplen la distancia mínima de 2.000 metros que ya se había vulnerado durante la dictadura franquista, época en la que no existían resortes democráticos para garantizar la calidad ambiental de los ciudadanos.
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 20 de marzo de 2008
Foto: El PP sitúa las industrias junto a polos turísticos como un casino, el parque litoral y la Ciudad de las Lenguas/ levante-emv
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La depuradora de Vigo tiene 75.000 metros menos que el suelo comprado
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Vigo no sólo compró para construir la depuradora terrenos que resultaron ser de dominio público, sino que más de la mitad de los 772 millones de pesetas que pagó se perdieron en el camino desde la casa consistorial a la xunqueira del Lagares.
El solar que ocupa la depuradora mide 59.600 metros cuadrados, esto es, bastante menos de la mitad de la superficie que teóricamente correspondería a los 772 millones de pesetas desembolsados para ese fin.
El convenio firmado con los vecinos de Coruxo que justificaron derechos sobre los terrenos aportó 61.440 metros cuadrados, mientras que las compras realizadas por Seragua FCC, hoy Aqualia, con el mismo fin, aportaron 28.288 metros. De ese conjunto se han esfumado, por tanto, 30.128 metros, según los planos del plan general de urbanismo que registran la superficie ocupada por la depuradora.
El Ayuntamiento pagó 316 millones de pesetas por los 61.440 metros cuadrados que aportó el convenio y Seragua financió esa compra y a su vez compró directamente, "para el Ayuntamiento", otros 28.288 metros a 6.000 pesetas/metro, por los que facturó al Ayuntamiento 181 millones de pesetas (incluyendo gastos de tramitación: notaría, registro e IVA). Estas cantidades se vienen cargando sobre los recibos vecinales del agua y no serán amortizadas hasta 2015.
Además, un pleno municipal aprobó en noviembre de 1993 destinar una partida de 271 millones de pesetas al mismo objeto de comprar terrenos para la depuradora al precio de 6.000 pesetas/metro cuadrado, lo que daría para adquirir otros 45.000 metros de los que no existe el menor rastro.
La contribución de esa partida fue presentada en una moción del alcalde socialista Carlos González Príncipe, que gobernaba en coalición con Esquerda Galega y cuyos ediles, curiosamente, fueron los únicos que votaron en contra de la moción. En ella se argumentaba la urgencia de obtener los terrenos para ponerlos a disposición de Augas de Galicia y construir la depuradora. El pago del convenio, aprobado dos años antes, estaba paralizado por el litigio que los afectados habían emprendido contra su suspensión cautelar, una vez el Ayuntamiento tuvo indicios de que tales terrenos eran de dominio público, pertenecientes a la demarcación de Costas.
Estos 271 millones de pesetas se distribuyeron en tres cuentas bancarias: 169 millones en una, 22 millones en otra y 80 millones en la tercera, siempre en números redondos. De ninguna de esas cuentas hay constancia de pago de un solo metro cuadrado en la xunqueira del Lagares.
La ocupación de los terrenos y la construcción de la depuradora se realizó en dos fases. La primera fue inaugurada en 1997, siendo alcalde Manuel Pérez (PP), y la segunda en 2001, con Lois Pérez Castrillo (BNG) de regidor. De manera que el proceso de provisión financiera e inversiones en la depuradora implica a los tres partidos mayoritarios (los pagos de los terrenos comenzaron bajo mandato de González Príncipe y se liquidaron en el de Pérez Castrillo) y al PP como denominador común, ya que durante todo el proceso gobierna en la Xunta y, consecuentemente, en Augas de Galicia, cuya política tiene una incidencia determinante en el desarrollo del proyecto de construir la depuradora.
La ejecución de las dos fases de la obra, por la UTE Huarte-Copasa, incurrió en errores luego determinantes del mal funcionamiento de la planta. En lugar de los tres digestores de lodos que figuraban en el proyecto, se construyeron sólo dos y con unos defectos que hacen que generan indefectiblemente episodios de malos olores en las operaciones de arranque y vaciado de cada digestor. Además han sufrido numerosas averías relacionadas con la disposición general de la planta, "difícilmente encajados sus elementos en la escasa superficie disponible
[que en la segunda fase de la construcción] forzó a modificar tanto el emplazamiento de los nuevos decantadores secundarios y reactor como su geometría", según el informe de una de las auditorías de la planta.
Efectos contaminantes
La escasez de suelo disponible sobre el que construir la depuradora del Lagares condicionó la estructura de la planta y ha sido una causa principal de su constante mal funcionamiento, con efectos no sólo para el vecindario del entorno, que ha tenido que soportar una década de malos olores, sino sobre el conjunto de la ría de Vigo. El 99,77% de la carga anual de coliformes totales detectados en toda la ría proceden de esa planta, con una carga contaminante 800 veces superior a la que aportan las instalaciones industriales de la ría.
Para acabar con esa situación Medio Ambiente proyecta la nueva, y misteriosa, depuradora en el mismo lugar y con un presupuesto de unos 200 millones de euros. Para la obra se dispone del solar que ocupa la actual planta más otros 38.700 metros cuadrados de xunqueira, que pertenecen, como los anteriores, al dominio público de Costas. El PP, cuando gobernaba el Ayuntamiento de Vigo, hizo pública reserva de más de 8,5 millones de euros del presupuesto total para adquirir 23 fincas con vivienda que consideraba debían ser erradicadas del entorno.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 21/03/2008
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
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Tema: NOTICIAS Galicia
Palma: Salvem Son Busquets quiere detener la construcción de 1.300 viviendas en la zona
DIARIODEMALLORCA* : La Plataforma Salvem Son Busquets ha presentado ante el ayuntamiento de Palma una alegación para detener el proyecto de reforma del antiguo cuartel militar de Son Busquets, que contempla la construcción de alrededor de 1.300 viviendas, la mitad de protección oficial (VPO).
Su portavoz, Francesc Riera, informó ayer de que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para este espacio "creará un pueblo de 5.000 habitantes" en una de las zonas con mayor densidad de población de Palma. Según Riera, este crecimiento afectará negativamente a la barriadas de Camp Redó y Cas Capiscol, cuyas infraestructuras no podrán absorber tal cantidad de nuevos habitantes. Además el incremento del tráfico rodado se estima en más de 3.000 vehículos que, según la plataforma, las comunicaciones de la zona tampoco podrían absorber.
Consejo de Ministros
La gerente de Urbanismo de Cort, Yolanda Garví, apuntó ayer que el ministerio de Defensa, titular del solar, ya ha aprobado las nuevas modificaciones al proyecto realizadas por el consistorio y que actualmente tan solo falta la autorización del Consejo de Ministros del Gobierno central para ratificar este plan de construcción.
Garví recordó que la nueva redacción de este PERI ha reducido en 350 el número de viviendas, -siempre respetando el 50% para VPO- que anteriormente rondaba las 1.600. Esta revisión ha supuesto incrementar en un 17% la superficie destinada a servicios complementarios, cuando el anterior proyecto tan sólo contemplaba la creación de un centro docente, uno cultural y otro sanitario.
La consideración de este PERI, proyectado durante la pasada legislatura, fue una de las promesas electorales de la actual alcaldesa, Aina Calvo, quien aseguró que revisaría el proyecto para reducir el número de viviendas y aumentar el de equipamientos.
* Diario de Mallorca - F. HORRACH/J. CAPÓ - 19 de marzo de 2008
Foto: Los miembros de Salvem Son Busquets, frente al antiguo cuartel militar / S. Llompart, diariodemallorca.es
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Tema: NOTICIAS Baleares