Barcelona: La plataforma contra el túnel del AVE pide la dimisión de Hereu

ELPERIÓDICO* : La plataforma de Defensa del Patrimonio de Catalunya, que engloba a varias asociaciones contrarias al actual trazado del túnel del AVE por Barcelona, ha pedido hoy la dimisión del alcalde de la capital catalana, Jordi Hereu, por su respaldo a este proyecto, sobre el que reclaman además una consulta popular.

Miembros de la plataforma han entregado hoy en el Palau de la Generalitat una carta dirigida al presidente del Govern, José Montilla, donde le piden una reunión para exponerle su rechazo a esta obra, que se prevé se licite esta semana, a la vez que han hecho entrega en el registro de dos baúles que contenían las fotocopias de los "centenares de miles" de firmas que han recogido contra este trazado, que discurre junto a la Sagrada Familia.

"Cientos de miles de firmas"

Pere Vallejo, portavoz de la asociación AVE por el Litoral, una de las entidades que se oponen con más ahínco a este túnel que deberá conectar las estaciones de Sants y Sagrera, ha explicado que la entrega de las firmas "se ha precipitado" ante la inminencia de la adjudicación, por lo que la plataforma no tenía cuantificado su número, algo que deberán certificar ante un notario.

La plataforma quiere entregar los originales de las firmas "en mano" al presidente del Govern, a quien reclaman también una mayor implicación por el rechazo que genera esta proyecto. "Son cientos de miles de firmas de personas que no quieren que el AVE pase ni junto a la Sagrada Família, ni ante la Pedrera ni por delante de cerca de 1.000 edificios de viviendas, y que sirven para decirle también a Hereu que cumpla el acuerdo del pleno del 20 de julio, contrario a este túnel", ha añadido Vallejo.

La segunda batalla

El portavoz de AVE por el Litoral ve "más prudente" la postura que hasta el momento había mantenido el Gobierno, de no adjudicar este tramo hasta pasado el día 9 de marzo, que la del propio alcalde, al que acusa de no respetar el "juego democrático", y sobre todo teniendo en cuenta que hay dos recursos pendiente ante la Audiencia Nacional contra el túnel.

Vallejo ha señalado que aunque se adjudique la obra, como reclama el equipo de gobierno municipal, la Audiencia podría ordenar una "parada cautelar", lo que conllevaría un coste económico muy elevado "por el simple capricho de un mandatario". Además, ha advertido a la empresa adjudicataria de que "no se imagina los problemas con los que se va a encontrar, porque los ciudadanos nos opondremos al túnel ahora y siempre, la historia no se acabará cuando comiencen las obras, y el día que se adjudique será el inicio de la segunda batalla que estamos teniendo".

85% de barceloneses en contra

Sobre la consulta popular, el portavoz del AVE por el Litoral, ha recalcado que es un instrumento legal de participación que puede plantear "cualquier ciudadano" si viene respaldada por 2.000 firmas.

"Si el Ayuntamiento no la hace, lo haremos nosotros porque tenemos derecho, y además lo avalan las encuestas que se han hecho en medios de comunicación, que demuestran que hay más de un 85% de barceloneses en contra del trazado actual", ha subrayado Vallejo, que ha recalcado que el futuro de la estación de la Sagrera no está vinculado a la construcción del túnel.







* El Periódico - EFE - 15/1/2008
Foto: Barcelona, obras AVE - EFE


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El Decreto del golf fomentará la especulación y la corrupción urbanística

ECOLOGISTASENACCIÓN/Andalucía* : El proyecto de Decreto sobre el golf elaborado por la Junta de Andalucía no es más que una nueva cesión a las presiones de los especuladores urbanísticos, y un inadmisible incumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que se opone a que los campos de golf sean meras excusas para las recalificaciones de terrenos y las promociones inmobiliarias. Este Decreto propiciará el que siga campeando en Andalucía una política urbanística que ha desencadenado todo tipo de ilegalidades, impactos ambientales y corrupción.

La Junta de Andalucía parece haber tirado la toalla en la lucha contra la especulación urbanística que está asolando nuestro territorio. La situación creada es claramente insostenible desde los puntos de vista ambiental, territorial, económico, político y social. La Administración Autonómica, en vez de poner coto a tal desmadre, lo propicia con normas como este Decreto. Los campos de golf y sus urbanizaciones anexas representan el peor modelo de ocupación del territorio, el que más suelo, agua y recursos naturales consume. El Informe de Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) de 2006, auspiciado por el Ministerio de Medio Ambiente, ha dejado en evidencia que el ritmo de ocupación del suelo triplica el del crecimiento de la población en Andalucía; ya hay provincias que tienen más de la mitad de la primera línea de costa construida.

Este Decreto incumple normas como el POTA, y las reiteradas promesas del Presidente de la Junta de no permitir que los campos de golf se utilicen para recalificar suelos y construir promociones inmobiliarias. De nuevo, las presiones de las constructoras han vencido al interés general que deben defender los poderes públicos. Las condiciones que se incluyen en el Decreto para “permitir” promociones inmobiliarias son ridículas y no sólo no minimizarán el impacto territorial y ambiental de los campos de golf, sino que los aumentarán, ya que obligará a recalificar grandes extensiones de suelo, pues a las 70 has. mínimas del campo de golf hay que añadir los suelos correspondientes a la zona residencial, hotelera y comercial, por lo que cada campo de golf conllevará la recalificación de más de 100 has de suelo; en muchos casos una superficie superiora la las propias poblaciones existentes.

Con este Decreto la Junta demuestra un desprecio absoluto a las normas legales y al Parlamento. El POTA -aprobado tanto por el Parlamento andaluz como por Consejo de Gobierno de la Junta hace poco más de un año- propugna un modelo territorial basado en la ciudad compacta mediterránea, evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales como el suelo, el agua o la energía. Establece como objetivo el romper la tendencia a nuevos crecimientos exógenos a los núcleos urbanos consolidados.

Evidentemente, con estas grandes recalificaciones es imposible cumplir la norma que prohíbe incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano. También se infringen las normas que prescriben que hay que dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en los núcleos urbanos existentes, y contemplar las instalaciones turísticas destinadas al ocio y deporte (campos de golf, parques temáticos…) desde su propio valor y con total independencia de las promociones inmobiliarias asociadas. Los empresarios aducen que los campos de golf no son rentables y que hay que “valorizarlos” con el complemento residencial, entonces ¿por qué se van a seguir promoviendo y construyendo?

El hecho de que la aprobación de campos de golf con desarrollos urbanísticos dependa de una comisión política, y que no exista ningún baremo objetivo para evaluar el número de viviendas que se incluirá en cada proyecto, propiciará la más absoluta discrecionalidad y potenciará la corrupción urbanística.

En cuanto al uso del agua, el Decreto no establece la obligatoriedad de regar con aguas depuradas ni prohíbe taxativamente el uso de agua potable. En la más flagrante ambigüedad sólo introduce la obligatoriedad de disponer de estaciones meteorológicas y balsas de 100.000 m3, con lo que además de no solucionar los problemas de riego irregular que se dan en buena parte de los campos de golf de Andalucía seguirá fomentando los pinchazos ilegales a los acuíferos y las tomas fraudulentas a la red general.

La propia Consejería de Turismo reconoce en el estudio sobre la demanda de golf en Andalucía que en 2005 Andalucía recibió sólo 364.000 turistas que declararon el golf como el objetivo de su viaje, lo que supone un 1,5% del total, muchos menos de los que vienen atraídos por nuestro patrimonio cultural o por los espacios naturales. Para ese 1,5% de turistas se quiere condicionar todo el desarrollo urbanístico e hipotecar nuestro futuro con un desmesurado consumo de suelo y agua.

La Consejería de Turismo nos ha remitido este proyecto de Decreto para que presentemos nuestras alegaciones. Ecologistas en Acción presentará una alegación a la totalidad por entender que este Decreto sólo propiciará más especulación, más corrupción y mantener un nivel insostenible de destrucción de nuestro territorio, de nuestro paisaje, y de recursos escasos como el agua.









* Ecologistas en Acción de Andalucía - 14 de enero 2008
Foto: Golf_y_urbanización - ecologistasenaccion.org



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Detenidos el ex alcalde de Los Alcázares y otras cinco personas por el 'caso Malaya'

EFE/Murcia* : La Policía ha realizado seis detenciones en relación con el registro que está practicando desde primera hora de la mañana en la sede del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia), entre ellas, la del ex alcalde Juan Escudero, según informaron fuentes de la investigación. El registro y las detenciones se han producido, según las mismas fuentes, en el marco de una pieza separada abierta en el sumario del caso Malaya.

El registro en el Ayuntamiento ha comenzado pasadas las 10 de la mañana y su actuación se ha centrado en "pedir expedientes y discos duros de ordenadores", según ha dicho a Efe un funcionario de ese municipio.

La alcaldesa de Los Alcázares, Encarnación Gil Castejón, del PSOE, que accedió al cargo en las pasadas elecciones del mes de marzo, está facilitando el trabajo a los agentes, según ha indicado el funcionario.

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha sido escenario durante la anterior legislatura de diversas actuaciones judiciales que llevaron al entonces alcalde, el socialista Juan Escudero, a dimitir en septiembre de 2006. Escudero dimitió alegando motivos personales cuando se hicieron públicas las actividades económicas del asesor urbanístico de Marbella, Juan Antonio Roca, en ese municipio del Mar Menor.

Su sucesor, Antonio Martínez Meca, renunció a presentarse en las elecciones de marzo después de expresar en un pleno extraordinario que nunca había sido amigo, ni había hablado ni trabajado para Juan Antonio Roca.

Un portavoz del ayuntamiento informó de que cuatro furgones policiales llegaron pasadas las 10 de la mañana a la plaza consistorial para comenzar las actuaciones, que desarrollan efectivos de la policía judicial. El registro se efectúa en las plantas segunda y tercera del ayuntamiento, donde se encuentran los servicios de urbanismo, industria, personal y vía pública, entre otros.

Los vecinos siguen con expectación el registro del Ayuntamiento

Varias decenas de vecinos del municipio costero siguen desde primeras horas de la mañana el desarrollo del registro que está llevando a cabo la Policía Nacional en el Ayuntamiento. Frente a la decena de agentes que custodian la entrada principal del consistorio, numerosos curiosos, en corrillos, aguardan el fin del registro y muchos coinciden en lamentar que este municipio sea noticia "por culpa de los políticos".

Entre las personas que se encuentran frente al consistorio está el portavoz del grupo municipal del PP, Aniceto Bastida, que en declaraciones a EFE dijo que "lo penoso de esta situación es que el nombre de Los Alcázares aparezca en los medios por presuntas irregularidades en la gestión municipal".

Bastida indicó que no sabía el motivo del registro, aunque apuntó que puede deberse a las denuncias que presentó en su momento el PP ante un juzgado de San Javier por presuntas irregularidades en la adjudicación de parcelas municipales.







* El Mundo - EFE - 16/01/2008
Foto: Los Alcázares (Murcia), ayuntamiento - elsemanaldigital.com


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Una casita de cartón para Chacón

ELMUNDO/Madrid* : La Asamblea 'V de Vivienda' entregará el próximo miércoles a la ministra de Vivienda, Carme Chacón -embarazada de tres meses-, una "casita de cartón (...) acorde con las dimensiones" de "su futuro retoño", en denuncia por "la catastrófica situación del derecho a techo en España" y "la inevitable escalada del precio de los alquileres". Según informa la Asamblea, varios activistas de la Asamblea acudirán al Ministerio de Vivienda, sobre las 19horas, para dejar en la recepción este singular 'regalo'.

En palabras de la organización, "mientras que para cualquier bebé una casita acorde con sus dimensiones es otro juguete más, para muchos adultos este tipo de casitas es lo único a lo que pueden aspirar".

"Este regalo para el niño de Chacón es también una respuesta al tono electoralista y demagógico de su madre, que hace meses anunció públicamente su embarazo para después ponerse a sí misma como ejemplo del éxito de las políticas de conciliación y de igualdad del Gobierno socialista", afirmó V de Vivienda.

Además, la organización ciudadana espetó a la ministra de Vivienda que "si cree que su situación se puede extrapolar a la de la mujer española trabajadora media, o bien es de otro planeta (...) o simplemente es una maestra del populismo".

Además, V de Vivienda sostiene que las ayudas de 210 euros para el alquiler, que contempla la Renta Básica de Emancipación impulsada por Chacón, provocarán una subida del 10% en el precio de los alquileres por la mayor liquidez de la demanda.

Por ello, la organización volvió a pedir "un parque totalmente público de viviendas en alquiler a precios asequibles", para lo que consideró necesario dar un uso social a las viviendas vacías.

Asamblea estatal a primeros de febrero

En el acto de entrega se darán también a conocer los detalles de la asamblea estatal de organizaciones por el derecho a una vivienda digna que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de febrero, para analizar la situación actual de este movimiento, anunciar la nueva manifestación prevista para el 1 de marzo, y configurar un programa de reivindicaciones de V de Vivienda a nivel nacional.







* El Mundo - EUROPA PRESS - 14/01/2008
Foto: Casa_cartón - periodistadigital.com



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Javier Arteche, socio de la Kutxa y miembro de la 'trama vasca', es imputado en el 'Caso Malaya'

ELCONFIDENCIAL* : Socio de la Kutxa en Murcia y de Montserrat Corulla en Madrid, pero sobre todo, amigo personal del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca. Todo eso y mucho más ha sido Francisco Javier Arteche Tarascón, uno de los integrantes de la denominada trama vasca de Marbella, que ha sido imputado por fin en el Caso Malaya. Su juez instructor Óscar Pérez le ha incluido en una pieza separada del caso que investiga las operaciones urbanísticas correspondientes a las parcelas Ave María y Francisco Norte.

Arteche es un viejo conocido de los lectores de El Confidencial. Empresario de origen guipuzcoano, ha operado activamente en la Costa del Sol, Murcia, Espartinas (provincia de Sevilla) y Madrid. Tejió, junto a sus socios Luis María Maya Galárraga y Agustín Aguirre Iguíniz una colosal telaraña de empresas especializadas en la recalificación de terrenos, entre las que destacan Yeregui, Obarinsa, Proinsa, Lubide o Inversan.

A las actuaciones de la trama vasca debemos obras como los polémicos proyecto urbanísticos de Lo Poyo y La Zerrichera, en Murcia, promovidos junto a la Kutxa; el Hotel Senator, emblema de la corrupción marbellí; la compra de cuadros millonarios; o las sospechosas operaciones en edificios emblemáticos en Madrid utilizando a la presunta testaferro de Roca, Montserrat Corulla, como fachada. Sus tentáculos han llegado incluso hasta la Hacienda de Guipúzcoa.

Precisamente, el propio Juan Antonio Roca reconoció en enero del 2007 ante la instructora de las diligencias de la fiscalía anticorrupción, Carmen Rodríguez Medel, que mantenía una relación de “amistad” con Arteche, que le dejó un piso durante dos años “a cambio de nada” en el número 54 de la madrileña calle Goya.

"Indicios de fraude"

El magistrado ha ordenado tomar declaración como imputados en relación con la operación Ave María, además de a Arteche, a Roca, al ex alcalde Julián Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor y al abogado Francisco Soriano -también procesados por el Caso Malaya-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora. En relación con las actuaciones urbanísticas sobre la parcela Francisco Norte, tendrán que comparecer como imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Marisol Yagüe.

El magistrado señala que en la operación Ave María el Ayuntamiento firmó un convenio en septiembre de 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que el consistorio cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.

El juez destaca que antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en Ave María, así como casi 900 en Los Verdiales, fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones de euros. Un mes después Madevallía vendió los aprovechamientos urbanísticos de Ave María a Obarinsa S.L., propiedad de Arteche, por más de 1,8 millones de euros. El auto judicial señala que además la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca.

Establece además que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico se refleja un pago por un importe de 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche, beneficiario final de los aprovechamientos". El magistrado apunta que, teniendo en cuenta el PGOU de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros.

Dicha actuación, según Pérez, "conduce a una eventual malversación de caudales públicos imputable a Sánchez y Liétor, por su vinculación con CCF 21, Arteche y Mora como partícipes en el delito especial propio, y Roca y Muñoz como autores".

Subraya además que en la hipótesis que se manejaba en el convenio de la aplicación de la revisión del PGOU de 1998 el valor de los aprovechamientos que permutaba el consistorio ascendía a casi cinco millones de euros, mientras que fueron adquiridos por Arteche por 1,8 millones de euros, "lo que muestra indicios de fraude".








* El Confidencial - Fátima Martín.- 15/01/2008
Foto: Murcia - kutxa - google.es



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Mallorca: El juez imputa a once dirigentes del PP y dos funcionarios por el caso Caballistas

DIARIODEMALLORCA* : El magistrado de instrucción 8 de Palma, Antoni Rotger, ha dictado un auto en el que imputa formalmente un presunto delito de falsedad de documento oficial a once dirigentes del Partido Popular (PP) que, en 2005, eran alcaldes o tenientes de alcalde de otras tantas localidades mallorquinas y a dos funcionarios municipales.

El encausamiento de estas trece personas, varias de las cuales siguen siendo primeros ediles o regidores, se ha hecho dentro del caso Caballistas, la emisión en 2005 de supuestos certificados falsos para legalizar una casa en suelo rústico del entonces alcalde conservador de ses Salines, Sebastià Vidal Boned, como si fuera un club hípico, taL como desveló DIARIO de MALLORCA.

El magistrado Rotger da traslado en su resolución del sumario a la fiscalía anticorrupción y a los acusadores particulares Josep de Luis, en nombre de un particular de Manacor, y Estela Soler, en representación del Partido Socialista, para que formulen sus escritos de acusación.

Los políticos imputados formalmente en la resolución de pase a procedimiento abreviado de las diligencias previas son: Antoni Del Olmo, ex alcalde de Santa Margalida; Sebastià Vidal, ex alcalde de Ses Salines y principal beneficiado con las supuestas falsificaciones; Joan C. Jaume Mulet, teniente de alcalde de Llucmajor en la época de autos; Catalina Soler, alcaldesa de Felanitx; Miquel Vidal, alcalde de Santanyí; Joan Jaume Ramis, ex primer edil de Lloret; Antoni Serra, alcalde en la anterior legislatura de sa Pobla; Joan Rubert; teniente de alcalde en Inca; Joan Rotger, alcalde de Selva; Gabriel Matas; alcalde de Montuïri; y Andreu Prohens, ex alcalde de Campos y conseller del PP en el Consell de Mallorca.
El auto también atribuye una presunta falsedad documental a Sebastià Escalas, celador municipal de obras de Ses Salines; y a Sebastià Portell, otro funcionario cualificado.

El juzgado de instrucción 8 y la fiscalía anticorrupción han investigado desde finales del año 2005 la emisión por parte de once alcaldes y concejales del PP de certificados falsos sobre exhibiciones de un club hípico de ses Salines, antes de su constitución oficial.
El ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal Boned, defendido por Rafael Perera, trató ese año de legalizar su casa como sede de la Agrupación Caballista de Ses Salines para lo cual solicitó la declaración de interés general de la finca al Consell de Mallorca.

Sede oficiosa del club

Sebastià Vidal, el principal imputado, aseguró el 7 de abril del 2006 ante el juez Antoni Rotger que su finca ilegal en dicho pueblo no era una vivienda, sino la sede oficiosa de la agrupación hípica local. Vidal inauguró la ronda de declaraciones en la causa por un supuesto entramado para legalizar una casa de su propiedad con la excusa de servir de sede a una asociación hípica y que fue denunciado por un vecino de Manacor.
Ese día también prestaron declaración como imputados Joan Jaume Mulet, teniente de alcalde de Llucmajor, y una de las once autoridades municipales que firmaron certificados sobre supuestas actuaciones y exhibiciones de la agrupación caballista local.

Las certificaciones iban a ser incluidas en un expediente ante el Consell de Mallorca para obtener el interés general de la finca del alcalde Vidal, que así quedaría legalizada.
Vidal aseguró en los pasillos del juzgado de instrucción 8 que la denuncia por este caso obedecía a venganzas por intereses políticos.

El encartado sostuvo que la finca situada en la parcela 21, polígono 9 de Ses Salines, perteneciente a su familia desde hacía más de 35 años, no era una vivienda, dado que allí no moraba nadie.
Preguntado por qué, si no era una casa, el edificio disponía de dos habitaciones, cocina y baño, Sebastià Vidal aseguró que en los últimos años se habían hecho reformas en el lugar y que se había habilitado para que el grupo de aficionados a la hípica pudiese allí "hacer torradas, ducharse, cambiarse, etc".

El imputado explicó que la agrupación caballista llevaba funcionando más o menos desde el 95, pero durante años había carecido de personalidad legal, estatutos y domicilio. Desde el 2004 su finca fue la sede oficiosa de este club hípico, que habría participado en exhibiciones y fiestas de muchas localidades mallorquinas desde sus orígenes. Vidal dijo que su casa estaba en otro lugar y que había dimitido acosado por la prensa.








* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA - 15 de enero de 2008
Foto: Ses_Salines (Mallorca), ayuntamiento - mallorcaquality.com



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Orihuela: El Consell aprobó el Pau 21 pese a tener catalogados como forestales dos millones de m2

INFORMACIÓN/Alicante: La Conselleria de Territorio, ahora de Medio Ambiente, aprobó definitivamente el 30 de diciembre de 2005 la Homologación y el Plan Parcial del Pau 21 en Orihuela sin tener en cuenta su carácter forestal, ya que un total de 2 millones de metros cuadrados, de los tres que ocupa el proyecto, está inventariado por la propia Generalitat como forestal. Así lo denuncia Amigos de Sierra Escalona (ASE), en su recurso de súplica presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) que pretende que se paralice el proyecto urbanístico...
...un sector de más de 3 millones de m2 en el que se pretenden construir 2.300 viviendas de lujo y un macrocampo de golf de 1,2 millones de m2 "que arrasará uno de los enclaves forestales de mayor valor de toda la Comunidad Valenciana".

El Mapa del Inventario Forestal de la Comunidad Valenciana, inventario realizado por la propia Conselleria de Medio Ambiente, recoge en la actualidad que dos terceras partes del sector (200 hectáreas, con más de 10.000 pinos) están inventariadas como suelo forestal por la propia Generalitat.
En este tipo de suelo serán construidas 2.300 viviendas y un hotel de lujo, para lo cual, según ASE, tendrán que ser talados entre 6.000 y 7.000 pinos .
"Evidentemente la construcción sobre esas 200 hectáreas de miles de viviendas y un complejo hotel así como viales asfaltados, aparcamientos, colectores de aguas residuales o tuberías de agua potable, supondrá la pérdida irreversible de la mayor parte de formaciones botánicas y por supuesto del hábitat natural disponible tanto para la flora como, sobre todo, para la fauna silvestre protegida, especialmente las aves rapaces presentes en el sector del Pau 21", se denuncia desde ASE.

Además, según el recurso, el proyecto urbanístico en ejecución del PAU 21 fue aprobado definitivamente por la Generalitat Valenciana sin tener en cuenta la Directiva 79/409/CEE de la Unión Europea (UE) relativa a la conservación de las Aves Silvestres, y obviando que estos terrenos forman parte desde el año 1998 del Área Importante para las Aves (IBA) "Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona", por lo cual el plan "es nulo de pleno derecho" se denuncia. En Escalona se ha constatado la presencia de más 150 especies de aves distintas, 17 de mamíferos, 20 de anfibios y reptiles, y una rica flora que incluye numerosos endemismos.

El recurso pide al TSJ-CV que no tenga en cuenta la solicitud de la mercantil GMP Nueva Residencial SL en su escrito de oposición a la petición de suspensión del Pau 21, donde pide a ASE una fianza de 65 millones de euros en caso de que se paralicen las obras.

Se argumenta al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que sea nula la petición, debido a que el colectivo conservacionista defiende los intereses públicos de carácter general ligados a la conservación del medio natural, del medio ambiente y de la calidad de vida, intereses que "han de prevalecer sobre los intereses puramente crematísticos de la mercantil".








* Información - E.D.G. - 15 de enero de 2008
Foto: Imagen de archivo de unas obras realizadas en Sierra Escalona/ ANTONIO SÄNCHEZ, Información



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Julián Muñoz declara como imputado por la construcción de varias viviendas en San Pedro

SUR/Málaga* : El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, que se encuentra en prisión desde julio de 2006, declaró hoy en el Juzgado de Instrucción número 2 marbellí por la construcción de varias viviendas en el núcleo poblacional de San Pedro Alcántara. Entre los imputados también se encuentran los ex ediles Tomás Reñones, José Luis Troyano, Marisa Alcalá, Rafael González, José Luis Garrosa y Alberto García Muñoz.

Según apuntaron fuentes de las defensas, estaba prevista la construcción de 10 viviendas por parte de la promotora Proycontec S.L en la zona de la Caridad.

En su declaración, Reñones, que fue alcalde accidental tras la detención de la entonces regidora Marisol Yagüe, explicó que en una comisión de Gobierno el 30 de mayo de 2001 se aprobó un proyecto básico para la construcción de 10 viviendas y que fue el día 9 de enero de 2002 cuando finalmente se dio el visto bueno al proyecto de ejecución.

Las fuentes añadieron que, según este ex concejal, fue el propio promotor quién decidió ampliar a una vivienda más, es decir hasta 11, el proyecto inicial y que "en ningún caso fue una decisión del Ayuntamiento marbellí".

Por su parte, Muñoz aludió en su declaración, según dijeron otras fuentes a Europa Press, a que existía un decreto de paralización de las obras y que se había presentado un reformado del proyecto que fue denegado. Además, señalaron que quedan pendientes muchas diligencias por realizar.

Esta causa deriva de la denuncia de un particular, tras lo que disciplina urbanística decidió paralizar la obra y la denuncia se archivó. Posteriormente, el caso fue reabierto debido a una petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Muñoz, que se encuentra en segundo grado penitenciario y cumple condena por dos causas urbanísticas, fue trasladado hace unas semanas desde la cárcel de Jaén a la de Alhaurín de la Torre, en la provincia malagueña.






* SUR - AGENCIAS - 15.01.08
Foto: San Pedro de Alcántara (Marbella), ayuntamiento - Benito, picasaweb.google.com


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Alcorcón: 'Salvemos el Parque' acude a Ferraz

Madrid*/ Como palomas mensajeras de la paz, algunos miembros de la Plataforma Ciudadana "Salvemos el Parque", hicieron entrega el pasado 12 de enero a los más altos dirigentes del PSOE nacional de un dossier informativo y un DVD divulgativo, contenedores de las acciones realizadas durante los últimos meses por este colectivo.

El mensaje es claro: Pedimos al PSOE nacional una decisión valiente que permita la reubicación del CREAA en otro lugar y evitar de ese modo la destrucción del Parque de los Castillos.

Tienen nuestro mensaje, al igual que lo tuvo el Sr. Cascallana cuando nos manifestamos masivamente durante el mes de noviembre de 2007. Ahora también tienen nuestra dirección de correo electrónico. Esperamos su respuesta.

Salvemos el Parque acude a Ferraz

Empezamos el año con la noticia de que el Alcalde que planea destruir el Parque de los Castillos, ha sido elegido por los militantes del PSOE en Madrid para formar parte de las listas electorales al Congreso de los Diputados.

No deseamos entorpecer la carrera política del Sr. Cascallana pero en esta ocasión nos vemos obligados a poner de manifiesto ante las más altas instancias de su partido, nuestro absoluto rechazo a las listas confeccionadas por el Partido Socialista en Madrid y a solicitar una concesión política de primer orden consistente en la reubicación del CREAA en otro lugar.

Tras 2 meses de movilizaciones el Alcalde no nos ha escuchado y no se ha dirigido en ningún momento a nosotros. No aceptamos que quien tiene ese comportamiento político ocupe un lugar preferente en la candidatura electoral de ningún partido.

El 8 de enero de 2008 a las 19:00 horas algunos miembros de la Plataforma "Salvemos el Parque", Amparo, Jose Manuel, Máximo, Víctor, Verónica y Juan Carlos de "Los Verdes" presentaron en la sede nacional del Partido Socialista (Ferraz) una carta rechazando la candidatura de D. Enrique Cascallana al Congreso, un dossier informativo sobre el movimiento "Salvemos el Parque", y un DVD divulgativo con las movilizaciones llevadas a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007.

Esperamos de los máximos dirigentes del P.S.O.E. la respuesta que no hemos obtenido del Alcalde de Alcorcón, Don Enrique Cascallana.

Pedimos una decisión política valiente que permita reubicar el CREAA en otro lugar y permita satisfacer a todos los vecinos y ciudadanos de Alcorcón que se oponen a la ubicación del CREAA en el Parque de los Castillos.



http://www.salvemoselparque.com/





* Salvemos el Parque de los Castillos - 12/01/2008
Foto: Alcorcón (Madrid), parque de los Castillos - salvemoselparque.com


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Derriban en Almería la primera casa ilegal de la colonia inglesa

TELEPRENSA* : La Junta de Andalucía ha iniciado la ejecución de una sentencia judicial que obliga al derribo de 17 viviendas ilegales construidas por jubilados ingleses, en su mayoría, en zonas rurales y fuera de todo orden urbanístico. La primera en caer bajo los ataques de una pala mecánica ha sido una villa edificada sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados en el paraje de Loma de Vera. Es precisamente en Vera donde se procederá al derribo de otras cinco edificaciones de similares características y once más en el municipio de Albox.

Este no es el único proceso judicial abierto por los casos de viviendas ilegales que, si bien existen en distintas zonas rurales de la provincia, se concentran especialmente en el Valle del Almanzora, donde su número se cuenta por miles según las estimaciones barajadas hasta ahora. La mayor parte de ellas son grandes fincas parceladas en unidades de 1.000 a 3.000 metros cuyo único permiso de edificación suele ser el de almacén para aperos agrícolas y pequeñas construcciones por el estilo.

Esta misma situación se ha dado en otras zonas de especial protección en la parte almeriense de Sierra Nevada, donde se han llegado descubrir viviendas de construcción presuntamente ilegal y promovidas por concejales del Ayuntamiento de Almería aún en ejercicio.

La crisis de las viviendas ilegales en Almería está siendo ampliamente seguida por medios de comunicación ingleses, que entienden la actuación judicial como una agresión directa hacia la colonia del Reino Unido establecida en España. Uno de los efectos de mayor calado en esta pelea entre propietarios y administración fue la investigación llevada a cabo por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Tras una visita a las zonas afectadas, los diputados europeos señalaron que la principal responsabilidad debía recaer sobre los ayuntamientos que han permitido tales construcciones, si bien atacaban más al levante español, concretamente a poblaciones de la comunidad valenciana que a la provincia de Almería, donde el número de viviendas irregulares o presuntamente ilegales parece ser menor.

Al igual que en Almería, en otras provincias de Andalucía ya se ha iniciado la ejecución de sentencias que obligan al derribo de villas edificadas en la misma o similar situación.









* Teleprensa - 15 de Enero del 2008
Foto: Albox, viviendas ilegales - teleprensa.net



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El ex alcalde de Totana compró tres coches y cinco casas en tres años

ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) recibió ayer el informe de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro Artero, que instruye la Operación Tótem contra una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad, y en la que han sido detenidas 14 personas, para que pueda ser investigado el ex alcalde de Totana y actual diputado del Parlamento murciano, expulsado del PP, Juan Morales.

En este informe, que también incluye el escrito del fiscal José Luis Díaz Manzanera, se asegura que Morales es propietario de cinco inmuebles y tres vehículos de alta gama, según fuentes judiciales citadas por la Cadena SER.

Si Sala de Lo Civil y Penal del TSJM lo decidiese, el parlamentario murciano podría ser procesado por un presunto delito de cohecho. Según varios informes que se encuentran en posesión de la juez, a Morales le resultaría difícil justificar su patrimonio: al menos tres vehículos de gama alta (un BMW, un todoterreno y un Mercedes), tres casas en Murcia y dos inmuebles en Brasil, país de procedencia de su novia, Vaneide Freitas, quien también está imputada.
Difícil de justificar

Según las investigaciones judiciales, Morales adquirió este patrimonio en los tres últimos años, un hecho que la investigación valora como un claro indicio de enriquecimiento personal difícil de justificar ya que el desembolso supera con creces su sueldo como diputado popular y presidente del PP en Totana.

En cuanto al posible cobro de al menos tres millones de euros en comisiones ilegales a cambio de la recalificación de terrenos en la localidad murciana a la empresa gallega Nuaria, la investigación considera probado que Morales tenía en la gestoría de su ex mujer, María del Carmen Jordán, una copia de cada uno de los 70 convenios urbanísticos que firmó cuando era alcalde de Totana, y que todavía no habían sido aprobados de forma definitiva.

Según fuentes judiciales citadas por la SER, Morales podía llegar a cobrar un 30% de las plusvalías que obtuviera la empresa constructora con la recalificación de los terrenos y no se descarta que la gestoría fuera una tapadera de Morales para actividades vinculadas a su actividad política como diputado del PP.







* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Madrid - 15/01/2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com


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“Salvem Montserrat”, que rechaza un plan urbanístico en Collbató, reúne a 200 personas en su presentación

DIGITAL24h/Barcelona* : La organización explicó a los asistentes el porqué de su lucha y algunas de sus acciones. Además, buscan que los vecinos “cuelguen más pancartas” para que el Ayuntamiento de Collbató “se de cuenta que se está equivocando” promoviendo este plan urbanístico. Además, los asistentes plantaron un olivo frente al Ayuntamiento y desplegaron una pancarta. El objetivo de esta acción era “regalar naturaleza” al consistorio, según explicó Aranda.

El plan contra el que se muestran estos vecinos serviría para ampliar la zona industrial de La Ginestera de Collbató, que llegaría a sumar 28 hectáreas de suelo no natural, con 9,8 hectáreas más. Según la plataforma, esto equivaldría a 180 naves industriales más de unos 400 metros cuadrados de terreno. Según el plan, éstas tendrán unos 12 metros de altura.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de dicha plataforma, Manuel Rivero, aseguró que el Ayuntamiento “se tiene que replantear” el plan, al que calificó como “proyecto de especulación urbanística”. Además, consideró que el consistorio “tampoco ganará dinero” ya que quien lo harán “serán los inversores”.

Explicó que el consistorio ha elaborado una segunda memoria ambiental en la que aseguran que serán “más restrictivos” con las empresas que se ubiquen. Sin embargo, Rivero puntualizó que ese no es el objetivo y que su lucha busca “que no se construyan” dichas empresas.

“No nos negamos al proceso”, afirmó Rivero, que solicitó que se acepte la “participación ciudadana” en la construcción del futuro de la población.

La Plataforma “Salvem Montserrat”, formada por vecinos de Collbató, ha reunido ya más de 72.500 firmas contra dicho plan y cuenta con el apoyo de unas 800 entidades. La formación buscará reunir 100.000 firmas, por lo que ha abierto una página web para sumar apoyos –salvemmontserrat.org–.






* Digital 24horas - Barcelona - Nuria Barragan 13 Enero 2008
Foto: Collbató (Barcelona), al fondo zona industrial que pretenden ampliar - salvemmontserrat.org



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La Palma ha acumulado en los últimos 9 años 3.422 infracciones urbanísticas

DIARIODEAVISOS* : Pese a que las infracciones urbanísticas registradas en La Palma en los últimos años han experimentado descensos, en el acumulado de la actividad inspectora de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el territorio palmero ocupa el puesto de cabeza de las islas periféricas, por encima incluso, de Lanzarote y Fuertenventura.

La Palma, sólo superada por Tenerife y Gran Canaria, ha acumulado entre 1999 y el pasado año 2007 un total de 3.422 infracciones urbanísticas, siendo las más numerosas, las relacionadas con las construcciones ilegales, que representan un 48% del total de ilegalidades cometidas y recogidas por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

El total de expedientes abiertos en la Isla en el período de referencia, contrasta con los registrados en Fuertenventura, con un total de 2.525, y Lanzarote, con 2.994. La Gomera y El Hierro mantienen una distancia mucho más considerable, con 1.379 y 978 expedientes abiertos por irregularidades urbanísticas, respectivamente. El vertido ilegal de residuos registrados en la Isla, con un total de 1.027 expedientes abiertos, ocupa el segundo lugar en número de infracciones y detectadas en su actividad inspectora por los técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. La construcción de viviendas en suelo rústico, la carencia de la imprescindible declaración de impacto ambiental, la extracción de áridos, la roturación de terrenos, y la apertura de pistas sin los preceptivos permisos, son algunas de las infracciones más habituales, entre las que también figura la construcción de viviendas ilegales. Muy alejadas de este grupo figuran la vulneración de la Ley de Costas, con un total de 100 denuncias, y los vertidos al mar, que suman un total de 49 infracciones.







* Diario de Avisos - E. Paiz, S. C. de la Palma - 15 de enero de 2008
Foto: Imagen de una demolición llevada a cabo en La Palma durante el pasado año 2007 por incumplir la Ley. / da



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Los fiscales denunciarán a los funcionarios en los casos de regularización urbanística

LEVANTE* : La Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo coordinada por el Fiscal de Sala Antonio Vercher, ha acordado remitir al Fiscal General del Estado las conclusiones de un encuentro celebrado recientemente en Fuerteventura en el que proponen una intensificación del control sobre los desmanes urbanísticos y que incluye, entre otras, la persecución de las "regularizaciones" que periódicamente se acometen en algunos ayuntamientos para legalizar "a posteriori" urbanizaciones o actuaciones ilegales. La medida, al igual que otras acordadas por los fiscales especialistas en Medio Ambiente, están destinadas a "evitar excesos en la materia" y las "sensaciones de impunidad" en relación al delito urbanístico.

Los fiscales coordinados por Antonio Vercher son los encargados en cada Fiscalía provincial de coordinar las actuaciones en Medio Ambiente y Urbanismo. Durante el encuentro, el primero que celebra en la "red" tras su creación expusieron las dificultades para realizar su tarea en áreas específicas como los incendios forestales, delitos urbanísticos y patrimonio histórico. Además de aclarar cuestiones muy técnicas como los conceptos de suelo rural o urbanizado, o delimitar qué es construcción o edificación, el encuentro sirvió para unificar criterios.

Uno de los más llamativos es el que propone a los fiscales que valoren "cuidadosamente", la posibilidad de aplicar en los casos de delitos sobre la ordenación del territorio "la agravación del artículo 338 del Código Penal" relativa a las conductas delictivas en materia de Medio Ambiente y Urbanismo. El artículo establece que se impondrán penas superiores en un grado a las inicialmente previstas cuando el delito afecte a algún espacio natural protegido.

La novedad del acuerdo, más allá de la declaración de intenciones que supone, es que se recuerda específicamente que todo el territorio incluido en la Red Natura 2000 y no solo los parques o parajes naturales está protegido, lo que supone que el "agravamiento" de los tipos puede aplicarse en los delitos que se cometan en el 25% del territorio español y aproximadamente un 11,6% de la Comunidad Valenciana, donde se aprecia un fuerte retraso en la declaración formal de estos espacios.

Sin legalizaciones

Los fiscales acordaron que la legalidad urbanística que se ha de tener en cuenta para la tipificación de los delitos es la vigente en el momento de realizarse el hecho. Por tanto, en los casos de autorización "a posteriori" de la administración autonómica para que la infracción resulte impune, se considerará la posibilidad de imputar directamente los delitos a los funcionarios bien por los tipos específicos (Art. 320 y 322) o por los generales de prevaricación.

El Fiscal Antonio Vercher trasladó también los responsables de cada fiscalía "la importancia de que se acuerde la demolición de la obra ilegal en el proceso penal" para evitar "sensaciones de impunidad" y en la necesidad de una especial vigilancia por parte de los fiscales de las ejecutorias de demolición.






* Levante-EMV - J. Sierra, Valencia - 15 de enero de 2008



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Piden la intervención de Bruselas por la 'urbanización masiva' en regiones con 'escasez hídrica endémica'

TERRA* : El eurodiputado del Partido de los Verdes David Hammerstein reclamó hoy la intervención de la Comisión Europea por lo que considera una 'urbanización masiva' en determinadas regiones de la geografías española con 'escasez hídrica endémica'. Hammerstein pidió al comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, que el Ejecutivo comunitario abra 'un procedimiento de infracción horizontal' que aglutine todas las denuncias presentadas en Bruselas relativas a la aprobación de 266 urbanizaciones 'con la opinión negativa de las Conferencias Hidrográficas', explicó el eurodiputado en un comunicado.

En concreto, se refiere a 121 planes urbanísticos proyectados en Murcia, 129 en la Comunidad Valenciana, 8 en Andalucía y 8 adicionales en Castilla y La Macha, pese a contar todos con informes negativos de distintas Confederaciones Hidrográficas sobre la disponibilidad de los recursos hídricos para dichos proyectos urbanísticos que el eurodiputado ha remitido a Dimas.

El europarlamentario de los Verdes justificó el procedimiento de infracción contra España por las 'decisiones sobre los recursos hídricos' de algunas regiones españolas que, a su juicio, 'hipotecan gravemente' el cumplimiento futuro de la normativa europea relativa al agua.

Hammestein sostiene que la masificación de urbanizaciones en algunas regiones de España intensifica 'el grave riesgo de no llegar nunca a cumplir los objetivos de la Directiva Marco de Agua en muchas zonas de España' debido a lo que considera un 'intenso proceso de urbanización masiva en regiones con una escasez hídrica endémica'.

Asimismo, Hammerstein recordó en su pregunta parlamentaria que todo Estado miembro debe 'abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito por la Directiva' de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (TUE) en materia de medio ambiente.


* http://www.davidhammerstein.org




* Terra Actualidad - Europa Press - 10/01/2008
Foto: EuropaVerde EuropaArida - mecd.es


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El Tribunal Superior declara ilegal el campo de golf de Tres Cantos

ELPAÍS/Madrid* : El Tribunal Superior de Justicia ha dado la estocada definitiva al proyecto de construcción de un campo de golf municipal, aunque gestionado por un grupo de empresas privadas, en una zona verde de Tres Cantos. La sentencia ha declarado nula la adjudicación del proyecto, hecha por el pleno del Ayuntamiento el 5 de octubre de 2001, y va en la misma línea de otro fallo dictado por el mismo tribunal, en julio de 2005, que anuló la convocatoria del concurso de adjudicación. En ambos pleitos los jueces han basado su decisión en que el proyecto carecía de declaración de impacto ambiental.

La construcción de esta instalación deportiva era un empeño del anterior equipo de gobierno del municipio, formado por los independientes de Tres Cantos Unido (TCU), con la alcaldesa María de la Poza a la cabeza, y el PP. El proyecto se topó con la oposición de asociaciones ecologistas y vecinales y PSOE e IU. La Universidad Autónoma de Madrid y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional también habían puesto objeciones a un proyecto que iba a convertir en campo de golf 60 hectáreas de zona verde (planificadas como el futuro parque del Este) que además son vecinas a una zona de especial protección de aves (ZEPA), el Soto de Viñuelas.

La ex alcaldesa De la Poza, por su parte, defendía que el campo de golf iba a generar 50 puestos de trabajo y que los daños ecológicos serían inexistentes. "Los terrenos son una escombrera", dijo.

La polémica, que llegó a movilizar a más de 5.000 vecinos de Tres Cantos opuestos al campo de golf, adquirió tintes entomológicos cuando un equipo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) descubrió en el lugar en 2004 un insecto desconocido para la ciencia, el Tillus ibericus, un voraz escarabajo que reina en las copas de las encinas. TCU y PP siguieron, pese a ello, defendiendo a capa y espada su proyecto. "El descubrimiento es una buena noticia", declaró entonces un portavoz municipal, "ya que el escarabajo podrá vivir muy bien en el campo de golf, ya que no se va a cortar casi ninguna encina".

La primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia contra el campo de golf, tras un recurso presentado por ecologistas y vecinos, marcó el principio del fin. Los jueces estimaron que el concurso debía ser anulado por no cumplir la ley al ser convocado sin el preceptivo informe de impacto ambiental.

El Gobierno de TCU y PP se mantuvo firme en sus planes y recurrió el primer varapalo judicial. Pero dentro del PP empezaron a surgir dudas sobre la idoneidad de seguir adelante con una instalación deportiva que tantas reticencias levantaba.

El nuevo alcalde de la localidad, el popular José Folgado, obtuvo mayoría absoluta el pasado mes de mayo. En su programa figuraba construir un campo de golf, pero sin precisar su ubicación. "Nunca me ha gustado este proyecto", admitió ayer. "De hecho, no lo mencioné en mi programa electoral porque creo que en esos terrenos hay que promover el parque del Este, con alguna zona deportiva y el resto que sirva para el disfrute del senderismo", añadió.

El PSOE, opuesto al proyecto desde el principio y autor del recurso ahora sentenciado, mostró ayer su alegría por la decisión judicial. "Lo que empieza mal suele acabar mal. La adjudicación no cumplió la normativa y contaba con informes contradictorios de la Comunidad de Madrid. No se estudió el impacto ambiental y, sobre todo, no era ésa la mejor forma de utilizar un suelo público. Estamos muy satisfechos de que la justicia haya venido a darnos la razón a los muchos tricantinos que nos opusimos desde el principio", valoró ayer el portavoz socialista, Miguel Aguado. Éste anunció su intención de convocar a las entidades ciudadanas para consensuar un uso respetuoso con el medio ambiente para ese suelo público.







* ELPAIS.com - ORIOL GÜELL - Madrid - 15/01/2008
Foto: Tres Cantos (Madrid), cartel golf - ecologistasenaccion.org



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La belleza de la obra inútil

PÚBLICO* : El mundo de las administraciones está lleno de misterios y sorpresas. Como es sabido, esas administraciones tratan de perpetuarse en la memoria de los ciudadanos y para ello nada mejor que las obras llamadas públicas. Eso no son palabras que lleva el viento, sino piedra, cemento y acero sobre los cuales es posible e incluso necesario colocar una placa. Incluso aunque no estén ni siquiera comenzadas. El catálogo de dislates y generosidad administrativa podría ocupar un libro lleno de ejemplos. Público ha buscado y ofrece algunas de las Obras Inútiles y Absurdas más delirantes.

Estadio sin olímpico

El estadio Olímpico de Sevilla es el gran ejemplo de una obra faraónica, a la que los distintos gobiernos de la ciudad no han sabido darle uso, informa Raúl Bocanegra. Concebido a mediados de los 90, cuando Sevilla fue designada sede de los Campeonatos del Mundo de atletismo, la extraordinaria obra de los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz fue utilizada como símbolo de las aspiraciones olímpicas del entonces líder andalucista Alejandro Rojas Marcos, a las que se sumaron los sucesivos gobiernos locales y la propia Junta de Andalucía.

Desde que en 1999 albergó el Mundial, sólo se ha llenado dos veces: por dos conciertos de uno de los primeros triunfitos (Bisbal, Rosa, Chenoa) y por Héroes del Silencio. Y las aspiraciones de que albergase al Sevilla y al Betis se enterraron definitivamente en 2003, cuando el Ayuntamiento firmó sendos convenios con los clubes para recalificar los terrenos adyacentes a sus estadios.

El campo, de categoría cinco estrellas, costó 130 millones de euros, cuando se había presupuestado en 81, y ha lastrado hasta este año los presupuestos de la Consejería andaluza de Deporte y del Ayuntamiento de Sevilla. En 2007, obtuvo beneficios de explotación de nada menos que de 100.000 euros y facturó 1,5 millones, según datos provisionales

Dique a la nada

Bilbao tampoco escapa de las grandes obras fracasadas, si bien su invención se remonta a los años 70 y 80. Uno de los fiascos más sonados fue la ampliación del superpuerto, que en su proyecto original contemplaba cerrar casi por completo El Abra con los diques de Punta Lucero y Punta Galea, informa Guillermo Malaina. El primero se hizo, pero del segundo hoy sólo queda una especie de mojón en medio del mar.

Un temporal de 1976, con olas de cerca de 20 metros de altura, provocó graves destrozos en ambos muelles y obligó a revisar el proyecto. El resultado fue la paralización definitiva del dique de Punta Galea. No hay mal que por bien no venga. Porque la construcción de ese segundo muelle, de tres kilómetros de longitud, hubiera supuesto la desaparición de las playas de Ereaga y Arrigunaga, que hoy disfrutan miles de personas durante el verano. Lo que aún está en pie es la central nuclear de Lemoiz, otro proyecto faraónico de aquella época que cayó en un muy conflictivo saco roto.

La feria vacía

La Feria Internacional de Galicia costó 10.000 millones de las pesetas de 1991 y nació para convertir a Galicia en una referencia mundial de los eventos feriales agrícolas y ganaderos, según narra Pancho Tristán. El tiempo hizo su trabajo y el recinto alcanzará la edad de los que pueden votar sumido en el vacío. En sus 428.000 metros cuadrados, cabrían los campos de juego de todos los estadios de Primera y Segunda división de España. Ése es el dato grande: el tamaño. El dato crítico es el que se refiere a la ocupación: sólo tiene programados 7 días de ocupación para 2008.

En 2007, hubo allí 11 actividades durante 11 días. En el recinto, hay un auditorio para 700 personas, un restaurante en el que caben 4.500 comensales y 35.000 metros cuadrados de instalaciones cubiertas (en fútbol, como tres campos).

Un mástil para la eternidad

“La nuestra es tan grande que hasta los que no la quieran ver se la van a tener que tragar”. Con estas palabras, el anterior presidente del Cabildo de Gran Canaria y actual vicepresidente del Ejecutivo autónomo, José Manuel Soria, rechazaba las críticas que recibió al destinar 360.000 euros a la colocación de una bandera como homenaje a la Isla, escribe Paz Bernal. El mediodía del 30 de septiembre de 2006, el también presidente del PP de Canarias izó en un parque junto a la Avenida Marítima de la capital grancanaria, una bandera de 300 metros cuadrados en un mástil de 65 metros, de la que, en la actualidad, sólo queda el soporte.
La bandera, colocada “para orgullo de los grancanarios”, se cayó dos veces y tuvo el mantenimiento más caro de todas las habidas en la Isla.

Romanos y espectadores

La Comunidad Valenciana no podía escapar a esta plaga y los ejemplos abundan. Ahí está la delirante rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto, al que han dejado más bonito que un San Luis a base de robarle buena parte de su valor histórico y arqueológico. Para completar el despilfarro, se ha propuesto devolver la ruina a su estado original, de nuevo en contra de la opinión de cualquier profesional en esas materias.

Rehabilita y oculta

Madrid, aún recuperándose de la M-30, tiene una pequeña joya del absurdo. La estación Príncipe Pío fue restaurada hace años con sumo cuidado y convertida en un lugar agradable entre centro comercial e inmenso invernadero. Por desgracia, el nuevo intercambiador de metal y cristal que forma parte del rediseño de la plaza delantera se carga por completo la vista de la estación. Según parece, estos intercambiadores están normalizados y no pueden adaptarse a las características urbanísticas de su entorno.







* Público - 14/01/2008
Foto: Estadio Olímpico de Sevilla / publico.es



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Protesta contra el PGOU de Sant Joan que prevé 30.000 viviendas

ELPAÍS/Alicante* : El 90% del término municipal de Sant Joan d'Alacant será urbanizables y se construirán alrededor de 30.000 nuevas viviendas para albergar a 50.000 habitantes más. Esta es en síntesis la propuesta de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que intenta aprobar el PSPV en el Gobierno local, y que amenaza la escasa huerta existente. Por todo ello, unas 150 personas participaron ayer en una marcha, bajo el lema No a este PGOU, recuperem l'horta, para exigir la protección de la huerta y la paralización del PGOU que afecta fundamentalmente a la zona de Fabraquer, en segunda línea de playa.

"Es insostenible medioambientalmente y confirma la destrucción del territorio por el urbanismo depredador", según dijo Antonio Campos, coordinador de Esquerra Unida en esta localidad del área metropolitana de Alicante.
"Estamos ante un nuevo Plan Rabassa, su impacto será brutal, y es curioso como en Alicante los socialistas se oponen y aquí son ellos los que lo aprueban y avalan", apuntó el responsable de EU. Esta formación política ha presentado ante el Ayuntamiento alegaciones para intentar frenar esta propuesta.

La marcha de ayer, que partió a las once de la mañana, recorrió la vereda de Benimagrell y el Camí Real de La Vila en la zona conocida como Fabraquer, que será recalificada en caso de aprobarse el PGOU. El acto organizado por EU contó también con el apoyo de miembros del Bloc y del colectivo de Abusos Urbanísticos No, así como de la Asociación de Vecinos de Fabraquer, que se verán afectados.







* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 14/01/2008
Foto: Sant Joan d'Alacant, manifestación contra PGOU - lasprovincias,es



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La batalla de Sagunt

LEVANTE/Valencia* : Sagunt resistió durante meses el asedio de Aníbal. Y ahora ha cumplido 17 años de su contemporaneidad enfrascado en una batalla judicial y política contra uno de los elementos claves de su patrimonio: su teatro romano. Una historia que aún no ha encontrado su destino final y que ha vuelto a levantar a una parte importante de su población frente a una nueva forma de conquista que, otra vez, intenta llegar de mucho más allá de los muros defensivos de su castillo. La política continúa presente y determinando la historia de la ciudad y su principal monumento pero, sobre todo, su futuro más inmediato.

Si por política y privilegios geográficos y estratétigos Sagunt fue un enclave anhelado por culturas y ejércitos durante siglos, la política podría quedar como única razón que hoy envuelva el caso de su teatro romano. Además, mucho más allá de otras consideraciones de carácter estético, cultural o arquitectónico que nada parecen ya valer.

Porque fue en una tribuna política, como Les Corts, donde arrancó este asunto hace más de tres lustros. Y se produjo en pleno debate político entre el ex diputado del PP, Juan Marco Molines, quien tomó la antorcha de la cruzada, y el entonces atrevido conseller de Cultura socialista Cipriá Ciscar. Y fue política la decisión de su rehabilitación; como también la del entonces candidato a la presidencia de la Generalitat, Eduardo Zaplana, de asumir la denuncia como propia, apoyado por una sonora campaña mediática. E incluso la de incluirla en su programa electoral. Será política-pero económica para todos- la orden que la actual Generalitat suscribirá oficialmente apoyando la demolición de las obras, como así ha sugerido el Tribunal Supremo. Pero no sin recordar el Alto Tribunal que el asunto ni le va, ni le viene, ni en el fondo le preocupa. Y que, como en su momento nadie dijo lo contrario, será como él determine. Algo que marcará en la Historia, sin esperarlo, al actual presidente de la Generalitat Valenciana.

Políticos han sido los cargos público que el autor del recurso contra la intervención ha disfrutado mientras proseguía el proceso y de la administración local saldrán los 3.000 euros compensatorios que por sentencia le corresponden. Sin embargo, nadie todavía ha echado la cuenta real del coste que este proceso ha costado a nuestras administraciones en todos sus escalones: una observación que alguien debería tener en cuenta.

Denuncia administrativa. Hay un aspecto significativo que durante todos estos años ha pasado desapercibido para la misma sociedad que debe haber seguido de cerca, aunque como mera y atónita espectadora, el bullicioso debate.
La denuncia interpuesta por el abogado Marco Molines no se refería a la obra en sí; ni a la altura de los muros que cierran la escena; ni al proyecto de intervención firmado por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli; ni a la colocación de losas de granito blanco sobre la cávea del escenario, sino, simplemente, contra la orden que por aquel entonces firmó la Generalitat Valenciana por la que autorizaba la ejecución del proyecto y que aplaudió de forma casi unánime el ayuntamiento saguntino. Es la única clave. Un recurso sobre una simple firma que derivó en una cuestión de orden social y que las generaciones más recientes no llegan hoy a entender, como así han precisado. Un recurso contra un procedimiento administrativo que, sin embargo, ha derivado en una cuestión de profundo calado y consecuencia económica, urbanística y sobre todo social. Un contencioso administrativo que determina sobre el procedimiento, pero que no puede entrar de oficio sobre las verdaderas consecuencias, como así ha recordado firmemente el tribunal.
"La consecuencia lógica de la sentencia sería la demolición", contestó escuetamente el entonces nervioso y acosado Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJC), José Díez, cuando los periodistas le preguntaban insistentemente por la interpretación que debía realizarse de la sentencia que acaba de dictar su sala aquel día de 1993. Una sala gris y de muebles obsoletos que ha visto pasar año tras año a los protagonistas para consuelo de los "mass media" entre numerosos autos, sentencias, providencias y recursos.

La justificación del TSJ se encontraba en la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, una norma extremadamente proteccionista, como así reconocen hoy en privado jueces, políticos y expertos en arquitectura y arqueología, pero que fue sancionada de esta manera para evitar que la joven democracia diera total carta blanca a promotores y ayuntamientos en una hipotética carrera contra la destrucción sin más del patrimonio. Y el Tribunal, como es su obligación, dictó según el contenido de la letra. De la misma manera que, ahora recuerda el Tribunal Supremo, que de dictarse la misma sentencia atendiendo al contenido de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, aprobada por el mismo Consell al que le tocará afrontar la demolición, el futuro del teatro romano sería todo el contrario. Como así ha ocurrido durante los últimos años en otros muchos ejemplos del patrimonio valenciano. Tan al contrario como marcan los actuales tratados internacionales y cartas europeas en cuestiones de rehabilitación y conservación patrimonial. Una Unión Europea que nadie ha observado todavía. Un debate al que nadie ha querido entrar en su fondo o prefiere obviar.

Ruina y rehabilitación. Para muchos expertos en arqueología y arquitectura, la imagen que llegó hasta nuestros días del teatro romano es la de una "ruina artificial" que permitía tener una idea de cómo pudo ser en su día el monumento. La documentación histórica que se conserva, aún no siendo todo lo precisa que debería ser dada la importancia de este vestigio declarado a finales del XIX Monumento Histórico Artístico, sin embargo, sí deja huella del expolio y las sustanciales modificaciones y reconstrucciones sufridas. Gran parte de su realidad, recordaba Grassi en uno de sus escritos, es producto de las intervenciones "de ordenación" realizadas durante el paso de los siglos. Intervenciones de las que no existe documentación escrita pero muchas de las cuales sí pudieron salir a la luz durante la última de sus rehabilitaciones. No existe tampoco precisión sobre cómo evolucionó la destrucción. Las crónicas lo obvian aunque algunas de ellas especulen sin prueba alguna que en el año 1550 pudo existir la escena completa.

Trabajos documentales efectuados por arqueólogas como Carmen Aranegui o Emilia Hernández despliegan apuntes sobre los cambios morfológicos de la ruina a partir de excavaciones arqueológicas previas a la restitución. Y aún son todavía más precisos los numerosos grabados y trabajos de Camarón, Laborde, Ortiz, Chabás o Chabret, o los dibujos que plasmó Van den Wijngaerde en el siglo XVI y que se recogen en la obra Las vistas valencianas. Por no hablar de las innumerables fotografías que ilustran su historia y sí permiten reconocer la verdadera evolución o la insensibilidad que parece haber existido históricamente hacia la preservación del monumento.

Una de estas instantáneas es muy significativa. Exhibe a Alfonso XIII a las puertas de la ruina durante una visita a la capital del Camp de Morvedre rodeado de una gran comitiva. A su conclusión, aseguran, fue obsequiado con dos supuestas diosas del primigenio teatro que hoy se conservan en el Museo del Prado. Y ya puestos, además de estar catalogadas, nadie reclama su devolución en estos tiempos que las normas autonómicas así lo recomiendan. No se sabe si esta imagen está recopilada en el portafolio entregado por Francisco Camps al Rey como regalado con motivo de su 70 cumpleaños.

Cantera de la población. El propio arquitecto Salvador Lara, uno de los nombres que se barajan para ejecutar la demolición de las obras cuya tesis doctoral, extensa y completa, estuvo dedicada al monumento saguntino y publicó el entonces Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Justo Nieto, reconoce en su trabajo el continúo expolio y deterioro sufrido por el complejo. De hecho, como dejaron escrito los viajeros franceses e ingleses del XVIII a estas tierras, columnas, capiteles, escudos, sillares y lápidas con inscripciones se reparten por innumerables edificios del Camp de Morvedre. Otros elementos han llegado incluso hasta Valencia, como por ejemplo, los que completan ciertas partes del monasterio renacentista de San Miguel de los Reyes.

Lara también describía en su trabajo el uso del teatro como cantera debido a su fácil acceso. Así como, los agresivos efectos que produjeron en él a lo largo de la historia las avenidas de agua debido a su situación topográfica. Asimismo, cataloga algunas de las intervenciones recientes de rehabilitación realizadas para poder mantener lo "posible", como fue la reconstrucción de una parte del monumento en la década de los cincuenta. Pero sobre todo, permite recrear la voladura parcial del mismo en 1811 para evitar que durante la invasión francesa el monumento pudiera servir como refugio de las tropas durante el asedio enemigo.
El minucioso y sensible trabajo de Lara, sin embargo, contrasta con la oferta recibida para encabezar el equipo de arquitectos que debe afrontar la demolición. Una iniciativa que, también es cierto, nunca ha admitido haber recibido formalmente e incluso ha llegado a desestimar públicamente. Seguramente, consciente de que una gran parte de sus colegas no entendería. Un conocido y prestigioso arquitecto valenciano reconocía recientemente en privado que no creía que ningún profesional que se precie sería hoy capaz de abordar una empresa de esta naturaleza. Ya no sólo por el riesgo que conlleva sino sobre todo porque se trata de realizar un ajuste de cuentas en vida a un proyecto de otro profesional cuya única culpa fue desarrollar un encargo.


jrsegui@epi.es






* Levante-EMV - JOSÉ RICARDO SEGUÍ - 13 de enero de 2008
Foto: La visita de Alfonso XIII a las ruinas de Sagunt, en 1905. levante-emv.com




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Pelotazo en la Manga del Mar Menor: un campo de golf privado ocupa su mayor zona verde pública

ELCONFIDENCIAL/Murcia* : La que debería ser la mayor zona ajardinada pública de La Manga del Mar Menor perteneciente al municipio de San Javier está ocupada ilegalmente por un campo de golf desde hace casi cuatro años. Se trata de la suma de dos parcelas. Una, de 30.170 metros cuadrados destinada a “sistemas de espacios libre” (jardines públicos) en el planeamiento urbanístico; la otra de 4.175 metros cuadrados, calificada de “espacio dotacional público”. En total 34.345. Sobre ambas hay un campo de golf en funcionamiento, que se explota comercialmente desde hace al menos dos años.

El conjunto de campo de golf y la urbanización de bloques de pisos que lo flanquea es conocido como Veneziola Golf. El proyecto del campo fue tramitado en el Ayuntamiento de San Javier, que concedió licencia para destinar a “Jardín Privado” ese espacio público compuesto por las dos parcelas el 25 de agosto de 2004, sólo cinco días después de que el entonces alcalde de la localidad, José Hernández, hiciera la propuesta pertinente, el 20 de agosto de 2004.

El campo de golf con pista de pitch and putt se construyó inmediatamente y lo explota la sociedad mercantil Ladera Dos Mares del Mediterráneo, que está acabando de construir ahora, en ambos extremos del campo, y sobre parcelas urbanizables, dos conjuntos de cinco bloques de diez plantas cada uno.

La mercantil Ladera Dos Mares publicita el conjunto residencial en su página web como viviendas junto al mar con campo de golf. Según la documentación a que ha tenido acceso El Confidencial, en el Ayuntamiento de San Javier no consta fehacientemente la propiedad actual de esas dos parcelas de uso público según las normas subsidiarias sobre las que está el campo de golf privado.

San Javier no tiene Plan General Urbanístico aprobado finalmente. El anterior gobierno municipal dio luz verde en enero de 2007 a un Plan pendiente de aprobación definitiva. Pero, en el ínterin, el PP perdió la alcaldía y el control del consistorio tras las elecciones de mayo de 2007 y ahora es el PSOE, que gobierna en minoría, el que debe tomar las decisiones oportunas para elevar o no a definitiva la aprobación inicial.

Una tramitación veloz de PP y PSOE

Desde el principio hasta el final, todo lo relativo a esta tramitación fue muy deprisa, salvo lo relativo a dotar al conjunto golfístico de agua de riego propia. De hecho, el pasado dos de julio de 2007, por lo menos un año después de que el campo fuera abierto a sus clientes, un anuncio firmado por la nueva alcaldesa socialista, Josefa García Hernández, informó de que “se ha solicitado licencia para la construcción de una planta desaladora, en la urbanización Veneziola Golf”.

Ese anuncio era el corolario de un proyecto presentado el 8 de mayo de 2006 por el Administrador Solidario de Ladera Dos Mares del Mediterráneo S.A., Antonio Luis Gil Sánchez, para una “estación depuradora de aguas residuales de la Urbanización Veneziola Golf”.

La depuradora/desaladora acaba de ser terminada, coincidiendo prácticamente con el acabado de uno de los dos conjuntos de cinco bloques de pisos que flanquean el campo y cuyas aguas residuales deben abastecer a esa estación para regar los greens.

No se sabe cómo se ha venido regando hasta ahora, pero la instalación deportiva está funcionando a pleno rendimiento, en pleno corazón de la zona norte de La Manga, la que corresponde a San Javier, desde hace dos años.








* El Confidencial - Vidal Coy, 14/01/2008
Foto: La Manga del Mar Menor (Murcia), vista - elconfidencial.com



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