Los fiscales denunciarán a los funcionarios en los casos de regularización urbanística

LEVANTE* : La Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo coordinada por el Fiscal de Sala Antonio Vercher, ha acordado remitir al Fiscal General del Estado las conclusiones de un encuentro celebrado recientemente en Fuerteventura en el que proponen una intensificación del control sobre los desmanes urbanísticos y que incluye, entre otras, la persecución de las "regularizaciones" que periódicamente se acometen en algunos ayuntamientos para legalizar "a posteriori" urbanizaciones o actuaciones ilegales. La medida, al igual que otras acordadas por los fiscales especialistas en Medio Ambiente, están destinadas a "evitar excesos en la materia" y las "sensaciones de impunidad" en relación al delito urbanístico.

Los fiscales coordinados por Antonio Vercher son los encargados en cada Fiscalía provincial de coordinar las actuaciones en Medio Ambiente y Urbanismo. Durante el encuentro, el primero que celebra en la "red" tras su creación expusieron las dificultades para realizar su tarea en áreas específicas como los incendios forestales, delitos urbanísticos y patrimonio histórico. Además de aclarar cuestiones muy técnicas como los conceptos de suelo rural o urbanizado, o delimitar qué es construcción o edificación, el encuentro sirvió para unificar criterios.

Uno de los más llamativos es el que propone a los fiscales que valoren "cuidadosamente", la posibilidad de aplicar en los casos de delitos sobre la ordenación del territorio "la agravación del artículo 338 del Código Penal" relativa a las conductas delictivas en materia de Medio Ambiente y Urbanismo. El artículo establece que se impondrán penas superiores en un grado a las inicialmente previstas cuando el delito afecte a algún espacio natural protegido.

La novedad del acuerdo, más allá de la declaración de intenciones que supone, es que se recuerda específicamente que todo el territorio incluido en la Red Natura 2000 y no solo los parques o parajes naturales está protegido, lo que supone que el "agravamiento" de los tipos puede aplicarse en los delitos que se cometan en el 25% del territorio español y aproximadamente un 11,6% de la Comunidad Valenciana, donde se aprecia un fuerte retraso en la declaración formal de estos espacios.

Sin legalizaciones

Los fiscales acordaron que la legalidad urbanística que se ha de tener en cuenta para la tipificación de los delitos es la vigente en el momento de realizarse el hecho. Por tanto, en los casos de autorización "a posteriori" de la administración autonómica para que la infracción resulte impune, se considerará la posibilidad de imputar directamente los delitos a los funcionarios bien por los tipos específicos (Art. 320 y 322) o por los generales de prevaricación.

El Fiscal Antonio Vercher trasladó también los responsables de cada fiscalía "la importancia de que se acuerde la demolición de la obra ilegal en el proceso penal" para evitar "sensaciones de impunidad" y en la necesidad de una especial vigilancia por parte de los fiscales de las ejecutorias de demolición.






* Levante-EMV - J. Sierra, Valencia - 15 de enero de 2008