ARKIMIA* : Dos noticias de la prensa de hoy nos obligan a reconsiderar aquello de que "Euskadi is different" en materia de urbanismo, corrupción y especulación, y las dos tienen por escenario pueblos de La Rioja Alavesa: Laguardia y Labastida. En ambos lugares existen proyectos urbanísticos impulsados por el Partido Popular relacionados con campos de golf y ladrillismo, condimentados con indicios de actividades especulativas, cuando no directamente delictivas...
En el primero, Laguardia, un edil de EA, Gregorio López, ha denunciado un intento de soborno: un particular le ofreció 90.000€, para que cambiara su voto en el último momento (decisivo, porque deshacía un empate entre PP y PNV) y apoyase el proyecto de campo de golf y urbanización ladrillísco-especulativa que quiere imponer la derechona más rancia del PP en Laguardia. Es el modo de actuar habitual de la extrema derecha económica, esa que dice querer "generar riqueza" (para sus bolsillos, los bolsillos de sus amigos, sus parientes y sus empresas amigas) a base de dilapidar el territorio, sin fijarse demasiado en el interés general o si existe una demanda social. Pero en este caso, en Laguardia, gracias a la honestidad de un concejal, se ha desvelado la trama mafiosa. Aclaración: este edil no es del grupo político al que pertenezco, Ezker Batua-Berdeak, sino de Eusko Alkartasuna; no hago más que reconocer y aplaudir, desinteresada e imparcialmente, una actitud que, a pesar de ser lógica, se ha convertido en ejemplar, por inhabitual en nuestros dias de choriceo generalizado.
labastida1.jpgLa segunda noticia también trata sobre campos de golf, maniobras políticas rastreras y especulación urbanística. El PP, apoyado en este caso por el PNV local, intentan apartar de la operación urbanística al alcalde de EB-B, y han designado en el pleno de ayer al ex-alcalde del PP, Ignacio Gil Orive, como representante de su pueblo para defender ante las instituciones que han de fiscalizar su proyecto (el del PP) de golf y mega-urbanización (750 viviendas en un pueblo de 2.000 habitantes) en un espacio protegido de Labastida. Para eso se salta leyes y sentido común, intentando desesperadamente, que su castillo de naipes no se venga abajo por la acción del actual alcalde, Higinio Arinas, de Ezker Batua-Berdeak, y su grupo municipal. Higinio Arinas y Javier Medel, alcalde y concejal de EB-B en Labastida, fueron elegidos por su pueblo para parar este proyecto que atenta contra el medio ambiente y el interés social. Que el representante de un pueblo, democráticamente elegido, sea su alcalde, no parece importarles demasiado cuando se trata de ganar pasta. Si estorba el alcalde, se le aparta. Que el mismo PNV que apoyó su investidura como alcalde ahora elija al ex-alcalde del PP como interlocutor para defender ante la Comisión de Ordenación del Territorio y la Diputación Foral de Álava el proyecto de nueva urbanización y golf sobre los terrenos protegidos del monte Toloño y su entorno, no hace más que desvelar que los intereses económicos que tiene el PNV local (interesada posición no compartida por la ejecutiva jeltzale alavesa, me consta) son coincidentes con los del PP, cuyo alcalde fue expulsado de la alcaldía precisamente por la disconformidad popular con este proyecto hace sólo unos meses.
Creo que no es casualidad que detrás de estos dos proyectos (golf, ladrillo y especulación) estén, en ambos casos, involucrados como sus mayores adalides los pocos cargos públicos del PP de Euskadi que todavía conservan algo de poder en las instituciones o ven la posibilidad de recuperar el que tuvieron en el pasado gracias a indispensables aliados, sea por la vía del soborno, como parece que han intentado en Laguardia, o por la vía de la conveniencia para sus intereses particulares, como parece que ocurre con los dirigentes locales del PNV de Labastida.
"Euskadi is different", sí, pero menos "different" que lo que nos gustaría. Una cura de humildad para vasquitos y vasquitas: aquí, como en Totana, Marbella o Madrid, la ultraderecha económica se busca sus aliados para conseguir "crear riqueza" (para ellos), y nadie está a salvo de granujadas, delincuencia y mafia relacionadas con el urbanismo, la vivienda, el suelo y la especulación. Conviene estar vigilantes, y denunciar a las primeras sospechas los trapicheos, las maniobras de mangantes y aliados políticos corruptos. El urbanismo es una función social. Todo proyecto que no cumpla ese objetivo principal (el interés común) ha de ser puesto en cuestión, y más cuando es evidente que enriquece ilícitamente a unos pocos privilegiados o cuando, como en estos dos casos, hay indicios de que los proyectos sólo benefician a unos pocos, perjudican a la mayoría y nada aportan al interés común.
Afortunadamente, existen políticos cabales, honestos, leales a su programa, a su compromiso con la ciudadanía, como Gregorio López, de Laguardia, o Javier Medel e Higinio Arinas de Labastida. Como decíamos en otro sitio, todos los políticos no son iguales. Mi reconocimiento sincero y gratitud hacia ellos, porque permiten que siga creyendo que otro urbanismo es posible.
* ARKIMIA - 06/12/2007
Foto: Labastida - arkimia.nireblog.com
Golf, ladrillos y corrupción en La Rioja Alavesa
El TSJC ordena tramitar el plan de la Torre Negra de Sant Cugat
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenado al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès la inmediata tramitación del programa de actuación urbanística (PAU) de la zona de Torre Negra, un espacio de 150 hectáreas en la falda de Collserola que la constructora Núñez y Navarro pretende urbanizar desde hace años.
La empresa informó ayer que el fallo judicial obliga al ayuntamiento a tramitar el plan en un plazo máximo de cinco días, mientras que el alcalde de la ciudad, Lluís Recoder (CiU), aseguró que "ningún tribunal ha revocado la recalificación como suelo no urbanizable de la Torre Negra".
El varapalo judicial de la sección tercera de la sala contencioso administrativa del TSJC no evitará que el ayuntamiento pueda desestimar la propuesta de la constructora, ya que en el 2003 la zona fue recalificada como no urbanizable en una decisión aprobada por el pleno municipal y, posteriormente, por la Generalitat. El PAU de Núñez y Navarro para la Torre Negra había sido presentado con anterioridad a esa fecha, cuando los terrenos eran urbanizables no programados, por lo que fue admitido a trámite por el ayuntamiento.
RECURSO DE LA CONSTRUCTORA
La resolución judicial hace referencia al "pronunciado desacierto" del Ayuntamiento de Sant Cugat, que ha intentado "relegar el caso a disposiciones transitorias posteriores", algo que "se halla condenado al más radical fracaso". El pasado 29 de octubre la Conselleria de Política Territorial resolvió estimar un recurso de alzada de la constructora contra un informe desfavorable al PAU emitido por la Comissió Territorial de Urbanisme de Barcelona. El informe fue solicitado por el ayuntamiento después de una sentencia firme con orden de ejecución favorable a la tramitación del plan, dictada en el año 2006.
POSICIONES
El alcalde Recoder dijo ayer que el consistorio ha presentado ante el TSJC un escrito en demanda de aclaración de la resolución judicial, "ya que se presta a diferentes interpretaciones". "Queremos asegurarnos exactamente de cuáles son los pasos a seguir", añadió el alcalde. Y precisó: "En el proceso de preservación del espacio natural de Torre Negra hay dos posiciones enfrentadas, la del ayuntamiento, que defiende el interés general y la política de protección de la sierra de Collserola con el consenso ciudadano y de todos los grupos municipales, y la posición legítima de un propietario que defiende el derecho a urbanizar".
* El Periódico - ALBERT SEGURA - 6/12/2007
Foto: Sant_Cugat (Barcelona), Torre Negra - Till F. Teenck (wikipedia.org)
Marbella cambiará su PGOU a favor de los dueños de casas ilegales
MÁLAGAHOY* : La primera teniente de alcalde de Marbella, María Francisca Caracuel (Partido Popular), anunció ayer que el Ayuntamiento de la localidad modificará el PGOU, que actualmente está en trámite, para evitar las compensaciones necesarias para la normalización de las viviendas levantadas con licencias contrarias al planeamiento vigente.
El plan de ahora propone la normalización de 18.000 casas ilegales mediante un sistema de compensaciones por parte de las promotoras que permitirá recuperar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo para equipamientos y zonas verdes. Si dichas empresas no asumieran las cargas urbanísticas negociadas con el equipo redactor del PGOU, serían los propietarios quienes deberían hacer frente a los gastos de compensación. Caracuel recordó ayer que los propietarios "son también víctimas de lo que ha ocurrido en Marbella".
El anuncio del cambio del Plan General marbellí vino precedido de una votación en la Cámara andaluza en la que se rechazó, con los votos de PSOE e IU y la abstención del PA, la propuesta que instaba a la Junta a articular mecanismos para que los adquirientes de "buena fe" de casas de Marbella no tengan que asumir las citadas compensaciones con su patrimonio.
Durante el debate, Esperanza Oña, portavoz del PP, dijo que el Ayuntamiento de Marbella ha sido víctima de una corrupción con "el silencio" de la Junta, además de defender a los vecinos que ignoraban que las construcciones se habían realizado gracias a licencias ilegales.
* Málaga Hoy - R. A. / SEVILLA · MARBELLA - 6 de Diciembre de 2007
Foto: Marbella, obra precintada contraria a PGOU - EFE
Vía libre al 'Manhattan' de Cullera con la oposición del Gobierno
ELPAÍS/Valencia* : Cullera tendrá su Manhattan al borde del mar. La comisión territorial de Urbanismo de la Generalitat dio ayer el visto bueno definitivo al polémico plan de la Vega, que levantará en el litoral 33 torres de viviendas de hasta 25 alturas y otros dos rascacielos de 40 para hoteles. El proyecto contempla un máximo de 4.883 viviendas, lo que implicará duplicar la población de la localidad, de 23.200 habitantes. La macrourbanización de Cullera ocupará 610.340 metros cuadrados junto a la desembocadura del río Júcar, donde el gobierno local, del PP, prevé reclasificar otros 10 millones de metros para 15.000 pisos.
Una brutal presión urbanística sobre el litoral que sale adelante con el apoyo de la Generalitat y los votos en contra en la comisión de los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, que mantienen las objeciones planteadas en la tramitación. La principal, la falta de garantías de que los futuros residentes tendrán agua suficiente. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) insiste en que los recursos no están asegurados, y critica que al agua le falta calidad por el exceso de nitratos. Fomento ratifica su oposición a que se urbanice sin estar acabadas las nuevas conexiones viarias.
La Generalitat rechaza los informes negativos del Gobierno, y esgrime otros. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente explicaron que los informes municipales avalan que hay agua, y el plan ha superado las deficiencias que obligaron a aplazar la aprobación en 2005. Así, la comisión territorial dio ayer su bendición sin apenas retoques. Sólo subrayó que no concederá licencias de ocupación de los pisos antes de que estén en servicio las variantes de Sueca y Cullera-Favara de la N-332, y los viales de conexión desde el Manhattan.La consejería aprobó el plan de forma provisional en 2005 y ya advirtió a Cullera de que los accesos viarios debían terminarse antes de que se trasladaran los residentes. En aquel momento, exigió también que se subsanaran otras deficiencias que considera solucionadas.
La variante de Sueca está en obras y la de Cullera-Favara en licitación, con lo que la consejería ve suficiente tiempo por delante para que comience a desarrollarse el plan y sólo impone que no se ocupe del Manhattan sin acabar los viales.
Para el Gobierno, que construye estas carreteras, el plan no reúne garantías con las obras por terminar. Cullera soporta un tráfico de 18.000 vehículos diarios, y con el Manhattan serán 35.000. Además, tampoco están hechos los enlaces que unirán la urbanización con las variantes estatales de la N-332. La subdelegación del Gobierno en Valencia recurrió la aprobación provisional del plan hace dos años por los informes negativos de Fomento y Medio Ambiente. También exigió correcciones Costas. Éstas se han cumplido, pero no ha sido el caso con las conexiones viarias y la garantía de agua -las concesiones de nuevos pozos están por decidir y faltan actuaciones hidráulicas complementarias-, por lo que el Ejecutivo mantendrá su recurso judicial o presentará uno nuevo si es necesario. Así lo confirmó el subdelegado, Luis Felipe Martínez, quien destacó que "las circunstancias no han cambiado" en esta fase final del proyecto. "No intervenimos por capricho, lo hacemos para procurar que se cumplan las competencias estatales y se defiendan los derechos de los futuros residentes", aseveró Martínez.
La subdelegación también recurrió la participación en el plan del Instituto Valenciano de Vivienda, que firmó un acuerdo con Cullera para redactar el proyecto. La Generalitat, que ha impulsado el Manhattan a través de esta empresa pública, resalta que el sector tendrá 1.171 viviendas sociales y amplias zonas verdes. Además, la parcela reservada para el nuevo puerto deportivo y pesquero se adjudicará a la Generalitat.
La comisión aprobó asimismo un plan de 2.023 viviendas en Moncada y de otras 3.100 (la mitad de VPO) en Sagunto.
Las cifras del macroproyecto
- Superficie ocupada: 610.340 metros cuadrados en la desembocadura del Júcar.
- Viviendas: Un máximo de 4.883 pisos, y de ellos 1.171 protegidos. Se repartirán en 33 torres de hasta 25 alturas.
- Plazas hoteleras: Unas 2.200 nuevas que se distribuirán en otros dos rascacielos de 40 alturas.
- Zonas verdes: Dos áreas de 67.370 y de 30.921 metros cuadrados.
- Equipamientos y viales: Las dotaciones y la red secundaria de viales ocuparán 84.665 metros cuadrados. El proyecto prevé un palacio de congresos, entre otros equipamientos.
- Nuevo puerto: El plan incluye un puerto deportivo fluvial con 800 amarres.
- Tramitación del plan: El 'Manhattan' se incluyó en el plan general de Cullera de 1995. Recibió un impulso claro en 2003, cuando el Instituto Valenciano de Vivienda acordó su desarrollo con el Ayuntamiento, del PP. En noviembre de 2005 logró la aprobación provisional sujeta a que subsanara deficiencias. En noviembre de 2006, el Ayuntamiento dio por corregidos los fallos y lo aprobó de nuevo, con oposición del PSPV-PSOE y de Alternativa Progresista de Cullera. Ayer, la Generalitat dio el visto bueno definitivo.
- Recursos del Gobierno: El Ejecutivo no ve garantizada el agua y los accesos a la urbanización, por lo que ha presentado recursos en los tribunales, contra el proyecto y el acuerdo con el Ivssa porque no salió a concurso público.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 06/12/2007
Foto: Cullera (Valencia), representacion_Manhattan - elpais.com
Totana: Periodistas españoles amenazados de muerte
DIEGO JIMÉNEZ* : Algo más que nerviosismo cunde entre un sector del vecindario de Totana, pueblo murciano que se ha visto salpicado en los últimos días por los escándalos urbanísticos que afectan al alcalde, a varios cargos públicos, empresarios de la localidad y otras personas, entre ellas, el jefe de la policía local. El pasado día 2 de diciembre la tensión llevó a sectores de gente ligadas al PP de la localidad, partido que gobierna el municipio, a arropar incondicionalmente a su alcalde, pese a las más que evidentes sospechas de estar inmerso en una red de corrupción, hasta el extremo de que, en estos momentos, se encuentra ingresado, en prisión provisional sin fianza, en la prisión de Sangonera. Los medios de comunicación que cubrían las declaraciones en el Juzgado de Instrucción de Totana fueron increpados y acosados por los seguidores del primer edil.
De los insultos iniciales se pasó al escalón de las amenazas, como las que sufrieron en sus propias carnes Vicente Cervantes, veterano militante de la izquierda alternativa, destacado sindicalista y pertinaz defensor de las causas solidarias con los pueblos oprimidos de Latinoamérica, y Marcela Crespo, su compañera, portavoz de la Plataforma ‘No a este plan urbanístico’ de Totana.
En el día de ayer, cuando tanto él como su compañera se encontraban cubriendo los hechos para dar cuenta de ellos en la página alternativa www.azogue.net, fueron amenazados físicamente por algunos miembros señalados de extrema derecha, hasta el punto que tuvieron que ser escoltados por la Guardia Civil, tal como nos relata el propio Vicente en el mensaje de abajo, que ha empezado a ser difundido por algunas listas de correo de movimientos sociales alternativos.
Desde esta página, hacemos una denuncia expresa del aumento de la significativa presencia de la extrema derecha en las calles del Estado Español, por lo que hacemos un llamamiento a la Fiscalía, a los Gobiernos central y autonómicos y a las Delegaciones del Gobierno para la adopción y refuerzo de cuantas medidas legislativas y penales sean precisas para conseguir que la libertad de expresión y comunicación queden salvaguardadas, adoptándose la máxima firmeza contra estos individuos intolerantes que nos quieren retrotraer, con sus amenazas y matonismo, a tiempos que creíamos superados.
Reproducimos, a continuación, el testimonio de Vicente Cervantes.
Estoy amenazado de muerte
“Así como suena. Si entras en www.azogue.net verás el escándalo que hay montado sobre la corrupción urbanística en Totana. Ayer pasaron al actual alcalde a prisión provisional hasta el día del juicio. La extrema derecha y la derecha extrema estaban rabiando en el pueblo. Desde bien temprano hubo agresiones a compañeros y compañeras de diversos medios de comunicación. Las declaraciones ante la jueza empezaron a las 7,30 de la mañana. Mi compañera Marcela y yo llegamos a los soportales de los Juzgados de Totana sobre las 18,30 horas, después de resolver varios encuentros familiares. Al llegar, el director de Línea Local (Línea era el nombre del Diario del extinto Movimiento, recuerdo), periódico de extrema derecha nacional-católica, se sitúa tras mi compañera y se deja caer suavemente encima de ella, para provocar que ella, ante la agresión sexual, se fuera. Pero además, la señala con el dedo, ante varia personas nucleadas en torno a un concejal del equipo de Gobierno del PP. Automáticamente, el director fascista se retira y aparecen dos gorilas, que se sitúan junto a ella y la desplazan fuera de la barandilla-apoya brazos, con cierta firmeza. Entonces entro yo en escena, porque le estaba guardando las espaldas pidiéndoles explicaciones y provocando que se fueran. Entonces, una señora que estaba en el grupo junto al concejal de Deportes, Valverde Reina (de estética engominada y bigotillo tardofranquista), comienza a echarnos fotos con su móvil-celular.
Entonces me desplazo hacia el grupo y les invito a que me saquen un primer plano. Estoy allí para facilitarles la labor. Esto supone unas palabras con el concejal del PP, que con chasquidos de esos que se usan para echar a los animales, me invita a irme. Entonces, más bien retiran al concejal dos colegas suyos. A partir de ahí se monta un incidente, en la que todos los medios de comunicación me enfocan y hago público lo que ha pasado. Comienzan los insultos: "Argentino, vete a tu país" (ignorancia, pues yo no soy argentino, aunque sí mi compañera). "Comunista, tienes rabo" (esto da el tono por donde van las cosas), ¡Fuera, fuera, ¡hijoputa! Horas más tarde, después de un hostigamiento permanente de la turba fascista y ladrillera hacia todos los medios de comunicación sin excepción (por la mañana golpearon a un periodista de la 7, televisión del PP en Murcia), se conoce públicamente que el Alcalde José Martínez Andreo va a ingresar en prisión.
Entonces se desata el odio contra todo lo que huela a libertad, desde la óptica totalitaria de la extrema derecha: periodistas, izquierdistas… El grupo de periodistas se concentra junto a un coche de la Guardia Civil, y comienzan los insultos y las amenazas de muerte hacia mi persona. Cuarenta y cinco minutos más tarde, ante el cariz que tomaban los acontecimientos y la evidencia que la jueza iba a utilizar la táctica del desgaste (se esperó a la madrugada para trasladar al alcalde, con la idea que se fuera yendo la gente y no hubiera altercados más graves), la Guardia Civil nos escoltó hacia nuestro vehiculo y nos retiramos.
Cuando llegamos al Cuartel de la Guardia Civil, todas las fuerzas estaban disponibles por si tenían que intervenir en la puerta de los Juzgados y otros estaban con las diligencias de un detenido por malos tratos, que se llevan, según nos informaron unas cuatro horas. Más bien nos aconsejaron que fuéramos esta mañana o al mediodía, con más tranquilidad. Les informamos de la delicada situación y de que si no podían garantizar nuestra seguridad nos buscaríamos la vida.
Bueno, así están las cosas. Un abrazo, desde el Sureste Español. Pásalo.”
* Tercera Información
* Rebelión - 06-12-2007
"El fraude no sería posible sin la tolerancia de notarios y registradores"
ELPAÍS* : El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología, José Luis Díez Ripollés, forma parte de una comisión del Grupo de Estudios de Política Criminal que, en los próximos meses, elaborará propuestas concretas de reformas legales para prevenir la corrupción urbanística. Este experto considera que el urbanismo ha generado enormes beneficios "que han logrado condicionar decisiones de las Administraciones o motivarlas a participar en las ganancias" sin considerar el interés general en términos "de calidad de vida o defensa del medio ambiente".
El catedrático propone que el Estado o las autonomías ejerzan las competencias de disciplina urbanística cuando los ayuntamientos se nieguen a hacerlo, conducta muy extendida que considera "un gran fraude político".
Además de su lentitud, Díez Ripollés se queja de la resistencia de los jueces a acordar medidas cautelares que prevengan daños irreparables, como por ejemplo el tener que demoler una urbanización ilegal ya ocupada por personas que desconocían esas circunstancias cuando compraron sus viviendas. A la pregunta de si el actual Código Penal es suficiente, responde: "Hacen falta penas de prisión más elevadas para los delitos urbanísticos, contra la Administración y de blanqueo de capitales porque en estos momentos muestran defectos técnicos sorprendentes que los desactivan".
"Sin contar con un control negligente, cuando no tolerante, de los notarios y registradores, que, si no actúan legalmente deben dejar ser funcionarios de arancel", este grado de corrupción no sería posible, afirma. A los bancos les demanda mayor colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales.
* ELPAIS.com - M. A. - Madrid - 05/12/2007
Foto: archivo
Baena: El juzgado reclama facturas urbanísticas al Ayuntamiento
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DIARIOCÓRDOBA* : Un juzgado de Baena ha reclamado al Ayuntamiento de la localidad que le remita una copia de todas las facturas pagadas a diversas empresas constructoras del municipio. El auto del juzgado, al que ha tenido el acceso Efe , procede del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena, el mismo que investiga las presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento que denunció el ex alcalde y constructor Carlos Arenas.
En concreto, la titular del juzgado ha exigido al Consistorio que le remita en el plazo máximo de diez días las facturas emitidas al Ayuntamiento por cuatro firmas constructoras del municipio desde comienzos del 2005 y hasta el mes de octubre pasado. Según ha podido saber este periódico, el pasado día 30 de noviembre finalizó el plazo dado por la jueza y el Ayuntamiento ha entregado ya la documentación requerida. Además, según aseguran fuentes cercanas al caso, desde que se inició la investigación a raíz de la denuncia interpuesta por presuntas irregularidades urbanísticas, el Ayuntamiento ha entregado diversa documentación al juzgado.
Esta reclamación judicial se produce después de la denuncia que el ex alcalde ha presentado ante el citado juzgado y en la que asegura haber recibido por parte del Ayuntamiento un trato distinto al de otros constructores en la aplicación de la disciplina urbanística.
Este mismo juzgado instruye unas diligencias abiertas a raíz de la denuncia que el actual alcalde, Luis Moreno, ha presentado por unas supuestas amenazas contra Carlos Arenas, que ya fue condenado por un juzgado penal de la capital cordobesa por un delito de desobediencia, mientras que su mujer, que es concejal de IU, fue condenada por una falta por los mismos motivos. La denuncia de Luis Moreno se produjo el mismo día que Arenas y su mujer ratificaban su acusación.
De hecho, el juzgado ha citado al constructor y al alcalde para la vista oral que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre, día también en el que están citados a declarar los testigos de las distintas partes. El alcalde, Luis Moreno, citó en su denuncia a tres testigos que le hicieron llegar distintos escritos en los que relatan los hechos de las presuntas amenazas.
El equipo de gobierno municipal ha hecho llegar en estos días una nota de prensa a diversos medios de comunicación en los que aseguraba que no ha habido "trato discriminatorio hacia Carlos Arenas".
* Diario de Córdoba - 05/12/2007. EFE
Foto: Baena (Córdoba) - baena.es
Un grupo de 21 chalés en una zona rural destapó la trama de Mugardos
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LAVOZDEGALICIA/A Coruña* : Dos denuncias sobre edificios en la zona urbana de Mugardos y una urbanización de chalés en la parroquia rural de Franza fueron el arranque de la investigación sobre la supuesta trama de corrupción urbanística de Mugardos. El fiscal especializado en delitos urbanísticos Antonio Roma tuvo sobre su mesa el pasado mayo el caso del edificio de la calle María que ocupaba tres solares cuando para el casco histórico se permite solo la unión de dos. También el proyecto de la calle Peteiro, que invadía suelo público, y que requirió para su regularización una reforma del Plan Xeral.
Según los ediles Pilar Díaz Otero (EU) y Juan Fernández (PSOE), la arquitecta Julia Cortizas, entonces asesora municipal, habría informado favorablemente el primer caso y fue también la técnica privada del segundo. Después, tendría participación en el proceso para su legalización cuando estuvo contratada por el Ayuntamiento.
El caso del proyecto para levantar 21 chalés en Franza llegó al Concello de Mugardos cuando la arquitecta realizaba funciones de asesoramiento. Según estos ediles, no se podía aprobar porque se trata de suelo de núcleo rural. Pues bien, a finales de julio del 2006, ella dejó su puesto en la Administración municipal y fue entonces cuando la alcaldía encargó a Xcale, la oficina de arquitectura privada creada por la técnica y su hermano, el estudio de reforma del planeamiento para que pudiesen segregarse parcelas y autorizar así la urbanización. La Xunta anularía entonces este dictamen, que serviría para dar cobertura a la posterior licencia municipal, que también quedó en cuestión. El fiscal Roma presentó una querella criminal en los juzgados de Ferrol.
Escuchas
La investigación del fiscal y la unidad especializada de la Guardia Civil no escatimó medios como escuchas y otros procedimientos supervisados por la autoridad judicial.
La pesquisa indagó también sobre las actuaciones de la entidad Cortizas Inversiones, cuyo administrador es Pedro Cortizas, el hermano de la arquitecta imputada.
En la sociedad tienen participación la esposa del policía local Ovidio Torrente, tercer detenido junto a los dos hermanos. La aparejadora Carmen Piñeiro habría actuado desde su puesto de técnica municipal en apoyo de la trama que conseguía así derivar proyectos al estudio Xcale o participar en el negocio urbanístico local, bien con iniciativas propias o de terceros.
Ya declararon
La Guardia Civil imputa de delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, además de a los cuatro arrestados, a tres personas más. Estas son otra arquitecta y dos promotores inmobiliarios. «Y no se descartan nuevas imputaciones o detenciones», indicaron ayer fuentes de la investigación. Los detenidos pasan esta mañana a disposición judicial.
* La Voz de Galicia - F. Varela / L. A. Núñez - 5/12/2007
Foto: El caso de la urbanización de chalés en San Vitorio, en Franza, fue uno de los denunciados - lavozdegalicia.es
El Ayuntamiento de Marbella acumula 1.400 causas judiciales
ELPAÍS* : Es raro el día en que los funcionarios del Ayuntamiento de Marbella no acuden a un juzgado para prestar testimonio en alguna causa judicial encaminada a reclamar dinero o bienes municipales escamoteados por el descontrol de la época del Grupo Independiente Liberal (GIL). El consistorio marbellí está inmerso en cerca de 1.400 procedimientos judiciales entre contenciosos civiles (300), administrativos (800) y penales (300).
Esta cifra, calculada a la baja por el equipo de gobierno local, está condenada a incrementarse, principalmente por dos factores. El primero son las llamadas piezas separadas, es decir los procedimientos nuevos que se derivan de testimonios prestados en causas anteriores. La segunda fuente de litigios será, previsiblemente, el Plan General de Ordenación Urbana, que en su fase previa ha acumulado más de 9.000 alegaciones de orden administrativo.
A comienzos de año, el Consistorio sacará a concurso sus servicios jurídicos con un presupuesto que rondará los 400.000 euros. "Marbella no tiene un Consistorio al uso, con una litigiosidad baja, estamos garantizando un volumen de trabajo muy importante", explica el portavoz del equipo de gobierno Félix Romero (PP). En otros ayuntamientos de la Costa del Sol en los que se registra una actividad judicial media alta, como el caso de Estepona, se acumulan alrededor de 700 procedimientos. Otros, más tranquilos, como Benalmádena, suman un centenar de causas.
Ayer por la mañana varios funcionarios de Marbella prestaron testimonio en los juzgados de Marbella por dos procedimientos derivados de los alcances contables del Tribunal de Cuentas. En el juzgado de instrucción número 4 se dirimía la aceptación por parte del Consistorio de 3,6 millones en facturas de la empresa Fergocom, propiedad de la familia del abogado José María del Nido, ex asesor jurídico del Consistorio marbellí. En el juzgado número 1, se investigaba la enajenación de tres parcelas municipales en favor de la empresa Benamaina, cuyo administrador, Javier Arteche, se considera socio de Juan Antonio Roca, principal imputado en el caso Malaya. Tanto Roca como Julián Muñoz, alcalde accidental de Marbella cuando se produjo la adjudicación, están imputados en el procedimiento.
"El Ayuntamiento lo que quiere es recuperar su dinero", mantiene Romero. "En el caso de Fergocom se aceptaron facturas sobre las que no ha sido posible obtener ninguna información y con las parcelas de Benamaina el perjuicio del Ayuntamiento es de casi un millón de euros", añade.
La constante atención a estas causas, en las que se trata de enmendar los descuidos de anteriores corporaciones y recuperar fondos, mantiene ocupados a los nueve integrantes de su gabinete jurídico. Ellos siguen cada uno de los casos, vigilan que no se pasen los plazos y tratan de forma diaria con los dos despachos de abogados que trabajan de forma externa para el Consistorio.
La magnitud de las causas es casi inabarcable. Entre las más recientes está la apertura de 200 expedientes de recuperación de oficio de propiedades municipales no registradas o en manos de particulares sin contrato de cesión alguno. La mayoría son naves industriales, aunque también hay parcelas, viviendas o edificios no registrados. El usuario de una de ellas ha reaccionado interponiendo una querella contra la alcaldesa Ángeles Muñoz y Romero por tratar de desalojarle de una finca que le adjudicó Jesús Gil de forma irregular en 1994.
"El devenir de los procedimientos genera otros nuevos. Conforme se vaya sabiendo la verdad, tendremos más procedimientos por delante", vaticina Romero. "Todos los municipios tienen un aumento de litigiosidad porque siempre hay personas insatisfechas, pero en Marbella posiblemente esa dificultad sea un poco más elevada".
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 05/12/2007
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
El concejal de Urbanismo de Lugo da un «pelotazo» con el Plan General
ABC* : «Un buen político debe tener capacidad de hacer, en algunos casos tener paciencia para no hacer y en otros la habilidad de deshacer». Así hablaba en la última campaña electoral de las municipales el actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lugo y número 3 del PSOE en la ciudad. Francisco Fernández Liñares ha tenido la capacidad de esperar cuatro años para que una finca que compró por 30.000 euros y otra adyacente fueran recalificadas por el Plan General de Ordenación -actualmente en tramitación- hasta catalogarlas como urbanas consolidadas, permitiendo un incremento en su valor cercano al millón de euros.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento lucense -gobernado por el barón socialista José López Orozco- adquirió a los herederos de José López López en septiembre de 2003 una finca rústica de 749 metros cuadrados por 30.000 euros junto a la carretera antigua de Santiago, en la zona conocida como Agro do Ponte. Junto a ésta, Fernández Liñares poseía previamente otra, de dimensiones similares.
Por aquel entonces, Fernández Liñares ya formaba parte de la Corporación municipal como concejal de Economía, y el Plan General de Ordenación se encontraba en plena redacción, de la que fue parte activa. Su aprobación inicial se realizaba en diciembre de 2005 por el Ayuntamiento, y un mes más tarde por la Xunta -ambas gobernadas por el PSOE-, y ya entonces las dos fincas de Liñares pasaban de suelo rústico no urbanizable a urbano consolidado.
Recalificación criticada
Dicha aprobación se hizo, no obstante, contrariamente al informe elaborado por la propia Xunta con fecha de 16 de abril de ese mismo año, donde se indica que los terrenos «situados al sur y suroeste del colegio de A Ponte» -los de las fincas de Liñares- «no se encuentra suficientemente justificada su clasificación como suelo urbano».
Este cambio en la catalogación del suelo de las fincas -en un barrio que se revalorizará en el futuro con la construcción de un nuevo puente sobre el río Miño ya proyectado por el Ministerio de Fomento- permitía al entonces responsable de Economía la construcción de viviendas unifamiliares pareadas.
Además, el Plan General contemplaba la ampliación de la calle en la que se ubican las fincas de Liñares, pero no en el conjunto del vial, sino apenas los metros que afectan a los terrenos del concejal.
Tras las pasadas elecciones municipales, Fernández Liñares pasó a ser concejal de Urbanismo, y ha propuesto una nueva modificación que afecta a sus parcelas para que se permita la construcción de edificación cerrada y no sólo casas unifamiliares como se preveía inicialmente, de modo que podrían construirse bloques de pisos de hasta tres plantas, alcanzando las 40 viviendas, según estimaciones realizadas para ABC por expertos en urbanismo. El precio del terreno podría superar en la actualidad el millón de euros.
Ocultación
Según los representantes de la oposición municipal -PP y BNG- participantes en la comisión de seguimiento del Plan General, Francisco Fernández Liñares no les comunicó en ningún momento la existencia de intereses personales en la recalificación urbanística de esta zona. El propio Fernández Liñares ha reconocido la propiedad de las fincas y se ha limitado a asegurar que no busca lucrarse. «No tengo nada que ocultar», propugna.
* ABC - JOSE LUIS JIMÉNEZ - 3 de diciembre de 2007
Foto: Lugo, plan general - abc.es
200 penalistas exigen demoliciones y penas más duras contra la corrupción
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ELPAÍS* : El Estado, las autonomías, los ayuntamientos y los jueces son ineficaces para combatir el creciente fenómeno de la corrupción urbanística. Con esa tesis, el Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por 200 fiscales, jueces y catedráticos de Derecho Penal de tendencia progresista, ha elaborado un manifiesto en el que proponen que las Administraciones actúen con mano dura. Ese foro propone medidas ejemplarizantes como la demolición de edificios ilegales y el endurecimiento de las penas para los delitos relacionados con el fenómeno. Al Gobierno le pide que "no vacile" a la hora de disolver ayuntamientos manifiestamente implicados.
El documento recorre las distintas instituciones competentes para atajar el fenómeno proponiendo a cada una serie de medidas. Además de la disolución de ayuntamientos corruptos, al Estado le sugiere que refuerce la independencia y autoridad de los órganos técnicos de los ayuntamientos (secretarios, interventores y tesoreros) cuyas facultades se han recortado, así como un mayor control de los notarios y registradores de la propiedad, que a veces, según el documento, actúan con "connivencia, complacencia, negligencia u omisión" en estos casos.
Las autonomías, según el manifiesto, deben acotar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos con la aprobación de planes que engloben a varios municipios, estableciendo "límites más estrictos sobre reclasificaciones y recalificaciones de suelo" y obligando a que los planes municipales se basen en "necesidades reales, y no especulativas" de crecimiento de la población. Las comunidades deben controlar especialmente los convenios entre municipios y particulares que, en muchos casos, condicionan construcciones a la recalificación de suelo.
El informe señala como principales responsables del fenómeno a los ayuntamientos. Considera "mera arbitrariedad" su resistencia a los controles de otras Administraciones amparándose en la autonomía local y les pide que ejerzan "sus competencias disciplinarias", en muchos casos abandonadas por impopulares o por el miedo al castigo electoral.
Los jueces de lo Contencioso-Administrativo tienen que dar preferencia a los casos más trascendentes con el fin de restaurar "la situación original dañada" aunque para ello sea necesario llegar a la demolición, que debe ser obligatoria en caso de que se haya cometido un delito. El manifiesto propone que el Código Penal considere prevaricación el informe o voto favorable de cargos públicos a planes manifiestamente ilegales, así como la elevación de las penas de prisión en los delitos contra la ordenación del territorio.
Para prevenir el blanqueo de dinero, muy ligado al urbanismo, defienden que los políticos y funcionarios también estén obligados por ley a informar de operaciones sospechosas.
Propuestas para sanear el urbanismo
- Demolición obligatoria de construcciones ilegales en caso de delito para "restaurar la situación inicial dañada".
- Disolución "sin vacilar" de ayuntamientos corruptos.
- Controles para evitar la "connivencia, complacencia o negligencia" de notarios y registradores de la propiedad.
- Preferencia en los juzgados para los procesos urbanísticos más trascendentes.
- Castigar como prevaricación el voto o informe favorable a planes manifiestamente ilegales.
- Elevación de las penas para los delitos urbanísticos.
* ELPAIS.com - MANUEL ALTOZANO - Madrid - 05/12/2007
Foto: Hotel construido en el paraje de El Algarrobico (Almería)- J.ROJAS (El País)
La lucha por la vivienda digna y el tinglado inmobiliario
LUIS ZARAPUZ* : La vivienda, una necesidad humana y social básica, imprescindible para poder desarrollar el proyecto vital de cada persona, es inaccesible en este país. Y no es porque falten viviendas, de hecho hay varios millones vacías y otros tantos millones de segundas residencias. Sobran viviendas para especular y faltan para vivir, lo que provoca que existan millones de casas sin gente y millones de personas sin casa. Hay casa para el que pueda pagar lo que el mercado pida por ella. El mercado como mecanismo de resolución de las necesidades excluye a la población no rentable del acceso a la vivienda y aquellos que acceden deben soportar un sobre endeudamiento hipotecario masivo y a muy largo plazo. No se hipotecan viviendas: se están hipotecando vidas. La vivienda y el urbanismo se han convertido en un gran negocio, el más lucrativo de todos, y ha dejado de ser un derecho (si alguna vez lo fue).
Y esto es posible por la existencia de un tinglado urbanístico que controla la situación, asentado en la asunción por la sociedad del llamado capitalismo popular del ladrillo.
La política pública de vivienda
El objetivo del Gobierno del PSOE es resolver mediáticamente el problema de la vivienda. Es decir, hacer creer a la mayoría de la población, y especialmente a los jóvenes, que están trabajando mucho y bien sobre la vivienda, sortear unas cuantas VPO y repartir unas cuantas ayudas, pero sin cuestionar el modelo de urbanismo, de sociedad y de sistema económico que ha provocado que el acceso a la vivienda sea un negocio a costa de un derecho.
A lo largo de la actual legislatura (2004-2008) el Gobierno ha ido jalonando su quehacer en política de vivienda de gestos mediáticos, con una limitada repercusión real sobre las consecuencias del problema de la vivienda y ninguna sobre sus verdaderas causas. Gestos como la propia creación del Ministerio de la Vivienda -con un presupuesto insuficiente y sin capacidad ni autonomía para legislar decididamente en las pocas materias sobre las que el gobierno central mantiene competencias-, el inmediato Plan de Choque (2004) -del que nunca más se supo-, la fallida y no dotada Sociedad Pública de Alquiler, el Plan de Vivienda (2005-2008) -continuista de los de anteriores gobiernos, aunque con más asignación de fondos-, la nueva Ley del Suelo (2007) -que retoma postulados de leyes del suelo anteriores a la del PP, y que en el pasado tampoco evitaron la especulación-. Tradicionalmente en España el gasto de la política pública de vivienda ha ido destinada a sostener la actividad del sector de la construcción subvencionando la edificación y compraventa de viviendas, y este gasto se ha canalizado principalmente a través de las injustas e ineficientes desgravaciones fiscales por compra de vivienda en el IRPF, que terminan en el bolsillo del promotor/vendedor.
El último ejemplo de esta política espectáculo es el Plan de Apoyo a la Emancipación de los Jóvenes e Impulso al Alquiler (a partir de enero de 2008). Este plan reúne un conjunto de ayudas y deducciones destinadas a sufragar parte del gasto en alquiler. Estas ayudas se limitan a responder a las consecuencias de un fenómeno (la carestía de la vivienda, en este caso de alquiler) y no a las causas que lo generan (la vivienda como negocio), por lo que no serán más que medidas paliativas, que en el mejor de los casos rebajarán algo la cuantía del alquiler pagado por el inquilino (pero no la cuantía cobrada por el propietario arrendador) a costa del presupuesto público. Puede que ni siquiera rebajen el alquiler a pagar o, incluso, lo aumenten: es bastante probable que, dada la situación actual del mercado del alquiler, los propietarios se apropien de las ayudas subiendo los precios de los alquileres, sabedores de la mayor capacidad de pago y solvencia que proporcionan las ayudas a los inquilinos. Al final, con el dinero de todos estaremos transfiriendo más dinero a los que más tienen -los propietarios- y ni siquiera se estará mejorando el acceso a la vivienda en alquiler o aumentando el número de las mismas.
La Asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna en Madrid (y el conjunto de las Asambleas VdeVivienda a nivel estatal) ha rechazado de plano esta política de parches, cheques y demás limosnas que no contribuyen a acabar con el problema, sino que lo convierten en crónico. Las diferentes Asambleas VdeVivienda nos hemos opuesto a este último paquete de ayudas al alquiler con argumentos y en la calle, con la movilización, como dejamos claro en el grito por la vivienda digna que el pasado 6 de octubre movilizó a varios miles de personas en las principales ciudades de España. La Asamblea en Madrid realizó en esta ocasión un esfuerzo mayor por presentar y difundir sus propuestas alternativas para solucionar el problema de la vivienda. El Gobierno, a través del Ministerio de la Vivienda, dijo entonces haber entendido el mensaje y asumieron el lenguaje y los principales conceptos defendidos por las Asambleas: parque público de alquiler, actuar sobre las viviendas vacías,... palabras huecas para el Ministerio que, apropiándose del discurso de las Asambleas, a continuación lo reconducía hacia las propuestas y medidas ya aprobadas por dicho Ministerio. Es decir, más de lo mismo.
Unas Administraciones Públicas que estuvieran realmente al servicio de las personas deberían desmontar el tinglado urbanístico para garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna a un coste asequible. Ni quieren ni pueden: las propias Administraciones -y quienes las controlan- son parte del tinglado, son parte del oligopolio del ladrillo y de los intereses económicos que gobiernan la sociedad.
El tinglado urbanístico y el capitalismo popular del ladrillo
El tinglado urbanístico español es un oligopolio formado por un conjunto reducido de agentes e instituciones que mantienen un consenso básico de intereses y actuación para posibilitar el impresionante negocio que se mueve alrededor del urbanismo, la vivienda y el suelo. Todos los componentes de este tinglado se lucran económicamente de su funcionamiento, por lo que carecen de incentivos para modificarlos, por mucho que públicamente manifiesten lo contrario.
Este oligopolio del ladrillo está conformado por las entidades financieras (bancos y cajas), los grandes propietarios del suelo, las promotoras inmobiliarias, las empresas constructoras y las Administraciones Públicas (local, autonómica, central). Este oligopolio controla todo el proceso inmobiliario desde la recalificación del suelo hasta la entrega de llaves, la fijación del precio de la vivienda, la financiación de su adquisición, el qué, cómo, dónde, cuándo, por quién se construye y edifica. Todo.
El tinglado urbanístico ha logrado en la última década el mayor proceso de transferencia de rentas de la historia de este país, redistribuyéndola desde la mayoría de la población hacia esa minoría que se ha lucrado. Las ganancias salariales más allá del nivel de subsistencia arrancadas con no poco esfuerzo a empresarios y capitalistas son recuperados fácilmente por éstos mediante el encarecimiento de la vivienda y el endeudamiento masivo de la población. Para que esta inmensa extracción de rentas de las clases trabajadoras se potencie y perdure en el tiempo, este oligopolio se ha garantizado el apoyo cómplice de la mayoría de la sociedad, haciéndoles creer que ellos también podrían lucrarse y participar del reparto de la tarta: es el capitalismo popular del ladrillo, la sublimación del darwinismo social, del egoísmo más individualista, del pelotazo y del dinero fácil, sin escrúpulos, sin preguntas: incautos que sostengan este timo piramidal por el que nos esclavizan de por vida, iluminados por el milagro de la multiplicación de los euros y los ladrillos. Y lo han conseguido: casi toda la población percibe la vivienda como un bien de inversión, una oportunidad de negocio con la que todos nos comportamos como míseros especuladores a pequeña escala y echamos las cuentas de la lechera acerca de la revalorización de la vivienda.
Este gusto de los españoles por la propiedad de la vivienda no es genético. Responde a los intereses del tinglado urbanístico y del Estado, que durante décadas han fomentado la cultura de la propiedad (ya lo pusieron en práctica los falangistas mediante la obra social de la vivienda durante el franquismo) para anclar a la población a la estabilidad y buena marcha del sistema y de su propiedad más preciada, atemperando su compromiso y voluntad de transformación social. Desde hace años se viene apoyando social y económicamente la compra y propiedad privada de la vivienda y difundiendo su atractivo como bien de ocio e inversión (la vivienda nunca baja, la vivienda es su mejor inversión, un seguro para la vejez, disfrute de su apartamento en la playa) y el descrédito de otras opciones (alquilar es tirar el dinero, la gente no quiere pisos en alquiler). Además de la inoculación de las ventajas de la propiedad, esta preferencia se asienta igualmente en realidades materiales que fomentan la opción de la vivienda en propiedad. La debilidad del estado de bienestar y de los mecanismos colectivos de protección social refuerzan la importancia de la posesión de una vivienda como garante último de nuestra seguridad y bienestar individual. Las políticas públicas y los incentivos fiscales han subsidiado tradicionalmente la compra de vivienda, mientras que el alquiler, maltratado, presentaba una escasa y mal conservada oferta de viviendas, insuficiente para la demanda de las mismas, lo que ante el total abandono del alquiler por la iniciativa pública provocaba unos precios de los alquileres muy elevados y nada atractivos en relación a la cuota a pagar por una hipoteca.
Las distintas Administraciones Públicas están implicadas a fondo en este tinglado. Por decirlo claramente, sin su participación cómplice no hubiera sido posible el saqueo colectivo al que nos estamos viendo sometidos. Las Administraciones puestas al servicio de la especulación inmobiliaria, lucrándose de ella, recurriendo a la corrupción política para engrasar y maximizar los beneficios inmobiliarios, todo esto consentido por una población acrítica e individualizada que prefiere mirar para otro lado o lucrarse ellos también en la medida de sus posibilidades.
El posicionamiento de la Asamblea
Esa realidad, el secuestro de esta sociedad democrática capitalista a manos del oligopolio del ladrillo, es lo que decidido enfrentar la Asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna de Madrid, tal vez ni siquiera sin ser del todo consciente de este posicionamiento. Desde que la Asamblea se ha posicionado contra las causas de la especulación inmobiliaria y no sólo contra las consecuencias más sangrantes, como hacen otros que se dicen defensores de la vivienda digna, no tiene otro camino que denunciar y combatir a fondo el tinglado urbanístico -denunciando públicamente sus medios y fines- y la claudicación ante los intereses del ladrillo de los instrumentos políticos de representación existentes, difundiendo al mismo tiempo las propuestas alternativas que contribuyan a garantizar el acceso real y asequible a una vivienda digna y en su medida, a la transformación solidaria de esta sociedad.
Se avecinan hasta las elecciones generales un periodo de subasta electoral, en el que los diferentes partidos políticos intentarán ofrecernos su mejor mercancía. En materia de vivienda, la subasta electoral del partido en el gobierno va a durar toda la legislatura. Y el resto de los partidos también están presentando sus propias tómbolas de la vivienda. Antes de las elecciones generales volveremos a movilizarnos por el derecho a una vida digna. Y después, gane quien gane, también. Da igual quien gane, el consenso básico en torno al tinglado urbanístico se mantendrá si no lo hacemos caer, hay mucho dinero en juego. Y no tenemos nada que perder, salvo las cadenas que nos atarán durante años a la precariedad y la hipoteca si no transformamos radicalmente la realidad.
La Asamblea en Madrid ha apostado en sus análisis2 y en su reivindicación por soluciones radicales, aunque se planteen y apliquen gradualmente. No nos valen apaños. Hay que sacar la vivienda del mercado. Porque los derechos ni se compran ni se mendigan: son o no son. Para ello serán necesarios cambios ideológicos y de mentalidad social, que desmonten los mitos de la propiedad y articular cambios materiales que efectivamente despojen a la vivienda de su atractivo como inversión, y recupere su valor como bien de uso, garantizado a toda la población.
A pesar de la ofensiva mediática del Gobierno vendiendo las excelencias de su política de vivienda, que según ellos nos permitirá acceder al paraíso de la vivienda en propiedad y como mal menor a una ayudita al pago del alquiler, la realidad real (no la publicada) dice que la vivienda sigue por las nubes y los derechos siguen por los suelos. Y la Asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna (VdeVivienda de Madrid), al igual que el resto de asambleas, seguimos en la lucha, y en la calle. Para que todo cambie. Para que nada siga igual. No hay otra opción.
Artículo incluido en el número 17 de la revista Rescoldos, correspondiente al segundo semestre de 2007
* Luis Zarapuz es economista, miembro del Caum y de VdeVivienda de Madrid
* Rebelión - 05-12-2007
Madrid: Por un urbanismo decidido por todas y todos
V de Vivienda* (la Asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna) de Leganés (Madrid) iniciará desde primeros del próximo año una campaña de explicación y recogida de firmas entre los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo para exigir al Ayuntamiento que el próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sea discutido en asambleas populares en los diferentes barrios y aprobado finalmente en referéndum.
El Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento fundamental por el que se estructura y organiza una ciudad, y su discusión y aprobación constituyen los actos más importantes de la política municipal. Afecta de forma directa y profunda a la vida de los vecinos, en la medida que determina dónde se urbaniza y de qué modo, la ordenación de los barrios, los espacios verdes, los lugares públicos de encuentro y convivencia, el sector industrial y el empleo o el comercio, entre otras áreas. Y desde luego es una pieza esencial en el logro del derecho a una vivienda digna para toda la ciudadanía.
Desde finales de la anterior legislatura, se viene hablando en diferentes medios de la necesidad de empezar la discusión y elaboración de un nuevo PGOU. Algunas de las formaciones políticas que concurrieron a las elecciones municipales hicieron depender de ello sus propuestas en materia de vivienda. En cualquier caso, al menos durante 2008 debería acometerse la revisión del Plan, según la normativa urbanística.
V de Vivienda considera que la más profunda democracia participativa es la mejor garantía de que el PGOU no se convierta en terreno de disputas mezquinas que amparen intereses especulativos de unos y otros. Leganés es de todas y todos sus ciudadanos, y todos deben discutir en profundidad su futuro. Ello se asegura de manera práctica haciendo que sea el conjunto de la ciudadanía quien tenga la capacidad de iniciativa, debate y decisión final sobre el Plan General.
V de Vivienda entiende que los argumentos habituales para oponerse a la más profunda participación ciudadana carecen de fundamento.
No se pretende suplantar la representatividad democrática del pleno del Ayuntamiento y el gobierno municipal. Se quiere aumentar la democracia, convertirla en verdadera democracia popular, no hacerla disminuir. Y no existe ningún impedimento legal para que el Ayuntamiento se comprometa a aceptar y aprobar con el procedimiento correspondiente el modelo de ciudad que nazca de la discusión ciudadana. Lo cual es compatible con el mantenimiento de los correspondientes debates municipales y la capacidad de propuesta de la propia Corporación.
La objeción corriente según la cual el urbanismo es una materia ardua y difícil de comprender por el ciudadano medio por la multitud de tecnicismos en que se basa puede salvarse con una adecuada asistencia de técnicos municipales a las asambleas de barrios en que se organice el debate. Los ciudadanos saben perfectamente en qué ciudad quieren vivir. La plasmación en el PGOU es un problema de procedimiento fácilmente resoluble.
Finalmente, la experiencia ha demostrado hasta la saciedad en nuestro país que dejar la elaboración del urbanismo de nuestras ciudades en exclusiva a los representantes institucionales no garantiza en absoluto que no se vaya a ceder a los intereses privados de los grandes grupos inmobiliarios, en contra del interés general, que es el que siempre se dice defender. La corrupción tiene su mejor caldo de cultivo en la reducción de la democracia, la opacidad y la pasividad de la ciudadanía.
Por todo ello, el próximo año V de Vivienda se movilizará y llamará a los ciudadanos y ciudadanas a que exijan sus derechos básicos de participación y decisión sobre su futuro, con todas las consecuencias.
* V de Vivienda Leganés
asamblealeganes@gmail.com
* Kaos en la Red - V de Vivienda Leganés - 04.12.2007
Foto: V de Vivienda Leganés en el desfile de carnaval 2007
De Totana a Oropesa, o viceversa
VICENTE LAFORA* : El caso "Totana" no es una gota aislada entre urbanismo y cargos públicos del Partido Popular a lo largo y ancho del litoral mediterráneo. Lejos de ser un caso aislado, constituye un hecho más, eso sí, que da forma a la amplia mancha que conforman los presuntos casos de corrupción urbanística que se extienden a lo largo del litoral meditarráneo, desde Murcia a la Comunidad Valenciana. Como digo, el caso del municipio de Totana no es la única irregularidad que se ha levantado en la región vecina. Por los pasillos de los juzgados murcianos ya han desfilado, como si se tratara de una pasarela de moda, altos cargos del PP.
De hecho, al archiconocido alcalde de Totana, hay que sumar la presencia en dependencias judiciales del alcalde de San Javier, también del PP, del ex director de Medio Natural del gobierno regional, la concejala de Vivienda del Ayuntamiento (PP), María José Velasco, a la que se le acusa de prevaricación en la adjudicación del parking de la Libertad.
En ese desfile por los juzgados también ha estado presente el alcalde de Águilas, Juan Ramírez (PP), por aprobar la recalificación de 4.000 viviendas en el paraje protegido por Europa de La Zerrichera, y el director general de Medio Natural, Antonio Alvarado (PP), quien, al parecer, aprobó La Zerrichera en 24 horas. Pero los escándalos no se han quedado ahí, al parecer también el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya también se ha sumado a esa pasarela judicial al acusársele de ofrecer dinero a un concejal independiente a cambio de su apoyo.
Este rosario de presuntos casos de corrupción que afectan al PP de Murcia se han extendido también a la Comunidad Valenciana. Se desconoce si la corrienmte es de Norte a Sur o viceversa, pero el caso es que se extiende hasta Castellón, concretamente hasta Oropesa.
Como adelantamos en lavozdigital.net, el ayuntamiento de Oropesa (Castellón), gobernado por el PPCV, están siendo investigado por presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. El pasado viernes declaró ante el juez del juzgado de instrucción número 2 de Castellón, el concejal de urbanismo, Tomás Fabregat Benages y dos concejales más. Es más, la práctica totalidad del equipo de gobierno anterior del ayuntamiento de Oropesa está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación.
El alcalde de Oropesa, Rafael Albert Roca, el concejal de urbanismo, Tomás Fabregat Benages, los concejales Juan Manuel Millaresa, Jorge Garrido Andreu, Mª Consuelo Mallach Navarro, Jose Manuel Ribes, la secretaria accidental del ayuntamiento Cristina Agustí y el arquitecto Carlos Garrido están imputados por el juzgado de instrucción número 2 de Castellón por los presuntos delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias.
A este caso hay que sumar el archiconocido caso del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra y el del vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez.
Si volvemos la mirada hacia el Sur del litoral mediterráneo, pero sin abadonar la costa de la Comunidad Valenciana, vemos que el desfile de cargos del PP valenciano imputados es, cuanto menos, colorido. El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, el alcalde Torrevieja, Pedro Hernández, el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, el caso Calpe, de Xixona...
A esta larga lista, hay que añadir ahora la investigación de la Comisión Europea a la CAM y Caja Murcia, tras una denuncia presentada en Bruselas, sobre la posible vinculación entre las cajas de ahorros, urbanismo y dirigentes políticos. Con este último episodio, tenemos todo un mosaico de casos entre la Comunidad Valenciana y Murcia, ambas gobernadas por el Partido Popular.
Y en Génova, ¿qué hacen Rajoy y Acebes al margen de españolear con OPAS, con Estatutos, con la Monarquía, con Trasvases cuando y donde les conviene, con Banderas, con Lenguas, con Magistrados, con Marruecos...? Quizás, digo yo, observar como desde Totana a Oropesa el PP construye un puzzle que da vida a un litoral marcado por presuntos casos de corrupción, y en el que todas las piezas juntas dibujan el mapa sombrío de la España popular mediterránea.
* La Voz Digital - Editorial - 04.12.2007
El Grupo de Estudios de Política Criminal constata el 'fracaso' de los controles para evitar la corrupción urbanística
SIGLOXXI/EP* : El Grupo de Estudios de Política Criminal, asociación que trata de ofrecer a la sociedad una alternativa progresista en materia de política criminal, advierte del "fracaso" de los controles administrativo y penal en la lucha contra la corrupción urbanística y otras conductas delictivas relacionadas con esta actividad.
La asociación, formada por cerca de 200 jueces, fiscales, catedráticos y profesores de derecho penal, aprobó el pasado fin de semana un documento en el que concluye que las administraciones estatal, autonómica y local y la propia jurisdicción contenciosa-administrativa "han sido incapaces de frenar un proceso, cuando no lo han favorecido, donde frecuentemente los intereses privados y partidistas han prevalecido frente a los de la colectividad".
Según este grupo de expertos, la jurisdicción contencioso-administrativa debería prestar una atención especial a la ejecución de sus sentencias e imprimir una mayor celeridad a sus actuaciones en el ámbito urbanístico.
En cuanto al control penal, cuya finalidad es la de proteger bienes jurídicos especialmente importantes para la sociedad, entiende el documento que los delitos contra la ordenación del territorio deben castigarse con sanciones realmente efectivas para disuadir a los responsables del delito de la comisión de nuevas infracciones.
PRISIÓN EN LUGAR DE MULTAS
Para ello, rechaza que los culpables con un alto nivel socioeconómico sean obligados a pagar multas de cuantía limitada como las previstas por el sistema de días-multa, prescindiendo de las penas de prisión, o que, si se fijan éstas, tengan una escasa duración.
En los lugares donde se hayan realizado construcciones ilegales es fundamental que se acuerde la demolición como regla general, al considerar esta medida es "esencial" para demostrar que "la comisión de estos hechos no merece la pena". Asimismo, considera "inaplazable" que el Código Penal afronte la responsabilidad de las personas jurídicas.
En relación con la aprobación de la Ley del Suelo, el Grupo pide a la administración estatal una mayor implicación en la tutela del medio ambiente, del dominio marítimo-terrestre y de la disponibilidad de los recursos hídricos. A las administraciones autonómicas les reclama límites más estrictos sobre reclasificaciones y recalificaciones y un mayor control de aquellos planes urbanísticos basados en datos especulativos y que no se corresponden con crecimiento reales de población.
* Siglo XXI - 04 de diciembre de 2007
Viñeta: Jobi - especula en acción
AVE: una obra faraónica con socavones
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DIAGONAL/Barcelona* : A pocos meses de las elecciones presidenciales, Cataluña se ha convertido en estos días en el punto de atención por los diversos problemas derivados de las obras del AVE, especialmente por los socavones y los retrasos en Cercanías. Pero a esto hay que añadir un presupuesto que absorbe más del 30% del monto de infraestructura y transporte, y el riesgo geológico que supone su tramo por el centro de Barcelona para miles de edificios y grandes obras arquitectónicas. Esto último hace pensar a la plataforma AVE pel Litoral que hay “otros intereses inconfesables”.
El último socavón de diez metros en el andén central de Bellvitge, los retrasos en Cercanías o la aparición de grietas en edificios colindantes en Hospitalet de Llobregat no son dificultades nuevas, éstas se vienen produciendo desde el inicio de las obras del AVE en el año 1996 con el trazado Madrid-Zaragoza. Cabe recordar que el entonces ministro de Fomento, Álvarez-Cascos, aceptaba la dimisión del gestor de Infraestructuras Ferroviarias aludiendo a los repetidos problemas para la puesta en marcha del AVE en ese tramo, así como al sabotaje. Sabotaje que meses más tarde se convertía en una excusa ante los problemas técnicos y de gestión de las obras.
La polémica está servida en Cataluña y Rodríguez Zapatero reconoce que el trayecto escogido para la entrada del tren de alta velocidad en Barcelona es “el sitio más difícil, pero el más ambicioso”.
Presupuesto faraónico
Esta obra faraónica es la obra civil que mayor presupuesto público ha absorbido y más quebraderos de cabeza en materia de transporte ha provocado, en las dos últimas legislaturas. Según la estimación económica del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte, la inversión prevista para el AVE corresponde al 33,53% del total de inversión en infraestructuras, situándose a la cabeza en 2005-2020.
Este presupuesto se explica, en parte, por la construcción de curvas muy amplias y pendientes muy reducidas. En cuanto al trazado del AVE por el centro de Barcelona, el coste se encarecerá debido a las medidas de protección que se tendrán que tomar para evitar riesgos irreversibles. El PSOE es consciente de que los estudios geológicos, el proyecto y la ejecución de la obra deberán ser impecables, puesto que puede convertirse en un duro golpe para el Gobierno a pocos meses de las elecciones.
Está previsto que el trazado pase a escasos metros de la Sagrada Familia y de zonas densamente pobladas. La oposición (CiU, PP y ERC), que ya ha jugado sus cartas el pasado mes de julio con el electorado catalán, logró que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobara una moción que rechaza el trazado del AVE por el centro de Barcelona. Sin embargo, la proposición no concreta ningún trazado alternativo, pues las tres formaciones defienden rutas distintas.
Mientras tanto, el consorcio formado por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Fomento, ya empiezan a planificar las obras que requerirá la estación del AVE de Barcelona para poder llevar a cabo una profunda renovación urbanística.
* Diagonal - Carolina Yacamán - 29 Nov / 12 Dic 2007
Foto: Barcelona, obras AVE - DALMAU (laverdad.es)
El modelo de crecimiento español es insostenible
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PÚBLICO* : Más de un tercio de los 100 primeros metros de la costa mediterránea está cubierto de cemento. Éste es uno de los principales datos del último informe del Observatorio de la Sostenibilidad Española (OSE), presentado ayer por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Según el documento, que analiza el estado del desarrollo en España, "se avanza moderadamente hacia pautas más sostenibles, particularmente en los aspectos económicos, pero en menor grado en los ambientales, territoriales y sociales".
Para los expertos del Observatorio, dirigidos por el profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid Luis Jiménez, el crecimiento español se sigue cimentando en la construcción y el consumo, "aunque se ha avanzado tímidamente hacia un modelo menos intenso en el uso de recursos energéticos y con menos contribución al cambio climático", precisa.
Construcción especulativa
El urbanismo salvaje sigue siendo el enemigo número uno del medio ambiente. O, dicho en palabras de los investigadores del OSE, "el modelo de crecimiento sigue siendo fuertemente intensivo en territorio". Entre 1998 y 2006, se han construido en España 5,5 millones de nuevas viviendas, aunque sólo se han creado 3,5 millones de hogares en el mismo periodo. La construcción responde, por tanto, a un afán especulativo, más que a una demanda real. La Comunidad de Madrid y el litoral mediterráneo son los puntos más afectados por esta hipertrofia urbana. Según las cifras manejadas por el Observatorio, el 36,52% de los 100 primeros metros de la costa mediterránea están ocupados por algún tipo de superficie artificial.
El informe recuerda que el cambio climático agudiza la desertificación y la pérdida de riqueza biológica de la Península Ibérica. Más de un tercio del suelo español se enfrenta al riesgo de desertificación, principalmente las islas Canarias y el sureste del país. El estado de los ecosistemas tampoco es esperanzador. Entre 1990 y 2006, el número de especies de fauna amenazada ha crecido un 34,6%. El Parque Nacional de Doñana, en Andalucía, el de Monfragüe, en Extremadura, y las islas Canarias son los puntos negros del mapa español de la biodiversidad.
Como aspecto positivo, los autores señalan el año 2006 como un punto de inflexión en el sector de la energía. El año pasado, el consumo energético decreció un 1%, aunque los investigadores recuerdan que, en los últimos 20 años, el consumo total de energía en España se ha duplicado. "Aún en el caso de que el cambio de tendencia esté motivado por las acciones tomadas, queda todavía un importante camino por recorrer", advierten.
A pesar del sabor a suspenso en sostenibilidad que destila el informe, sus autores apuntan que el desarrollo de iniciativas políticas -como la aprobación de la Ley del Suelo, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera- permiten prever "un escenario alentador".
Crecimiento de las energías limpias
Según el informe ‘Sostenibilidad en España 2007', el año pasado estuvo marcado por un aumento del peso de las fuentes de energía renovables en el balance general, pasando de un 6,03% en 2005 al 6,8% en 2006, en términos de energía primaria. Este dato, sin embargo, sigue alejado del 12,1% contemplado en los planes de energías renovables. El crecimiento de las energías limpias contribuyó al descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero registrado en 2006. A pesar del repunte del Producto Interior Bruto, la liberación de dióxido de carbono disminuyó un 4,1% con respecto a 2005.
Gasto insuficiente en sanidad pública
Los investigadores del Observatorio de la sostenibilidad en España subrayan que el crecimiento del gasto público en la sanidad española crece a menor ritmo que en el resto de los países de la UE-15. Según los autores del informe, "el aumento del gasto privado en Sanidad refleja la falta de gasto público en esta partida". El Observatorio señala algunos desafíos para las políticas del Ministerio de Sanidad. Entre ellos se encuentra el excesivo consumo de antibióticos. España es el segundo país de la Unión Europea con mayor consumo de estos fármacos, sólo por detrás de Francia.
8.000 kilómetros de costa deslindados
Los primeros 500 metros de costa española están "artificializados" en más de un 21%. Sin embargo, existen señales que permiten visualizar un cambio de tendencia. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente citado por el OSE, hasta el 30 de septiembre de 2007 se han deslindado casi 8.000 kilómetros de costa y se prevé el deslinde de otros 1.800 kilómetros hasta el final de 2008.
El informe recuerda que la Estrategia para la sostenibilidad de la Costa prevé la incorporación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre con el objetivo de garantizar el uso público del litoral y la calidad de las aguas.
Más reciclaje, pero aún es insuficiente
En el capítulo de ‘Producción y consumo sostenible', el documento refleja una tendencia ascendente en la generación de residuos, con el consiguiente "alejamiento del objetivo de prevención establecido en el Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006 (PNRU)". Como aspecto positivo, el informe señala una tendencia al incremento del reciclado de envases metálicos, vidrio, papel, cartón y materia orgánica. También aumenta la producción de compost. A pesar de esta inclinación, las tasas de reciclado están alejadas de los objetivos fijados por el PNRU a cumplir en el año 2006.
* Público - MANUEL ANSEDE - MADRID - 04/12/2007
Foto: Benalmádena Costa (Málaga)- J.Rojas (El País)
El gobierno de Aragón apoya la creación de un nuevo "Las Vegas” en Los Monegros
JORDI GASCÓN* : La noticia de “revitalizar” la economía de la comarca aragonesa de Los Monegros en base al modelo de la ciudad norteamericana de Las Vegas (centro turístico del juego de fama internacional) ha disparado las críticas de organizaciones ecologistas y partidos de izquierda locales. El complejo, que lleva el nombre de “Gran Scala”, supondrá la construcción de hoteles-casinos (¡treintaidos! que representarán diferentes periodos de la historia universal), parques temáticos (!cuatro!), un hipódromo, una plaza de toros, un centro de convenciones, cinco zonas verdes, un zona residencial, un camping de nivel VIP (sea lo que sea lo que eso quiera decir) y un número aún indeterminado de campos de golf. En total, un espacio que podrá albergar, en su primera fase, hasta 100.000 personas.
En Aragón, sólo la ciudad de Zaragoza lo superará en población. La propuesta, iniciativa de la empresa Internacional Leisure Development, ha sido presentada por la Diputación General de Aragón como un gran éxito de gestión, ya que Los Monegros competían con otros posibles emplazamientos europeos.
Las primeras preguntas que asaltan ante esta propuesta son de orden ecológico ¿De dónde saldrá el agua y los recursos energéticos necesarias para cubrir la demandas de semejante atrocidad faraónica? ¿Habremos salvado al río Ebro de un Plan Hidrológico Nacional que iba a terminar con él para matarlo ahora en esta empresa? ¿Y el impacto sobre el medioambiente local? Que Los Monegros parezca un desierto no quiere decir que no sea un ecosistema rico en especies y con un valor ecológico nada desdeñable.
Políticas como estas deslegitimiza el empeño de la principal institución pública aragonesa, gobernada en coalición por el Partido Socialista Obrero Español y el conservador Partido Aragonés Regionalista, en aparecer como la gran defensora de la Nueva Cultura del Agua, lema principal de la EXPO de Zaragoza del próximo año. EXPO, por otro lado, que ya es en sí mismo un ejemplo de insostenibilidad, y que ha generado la oposición de los movimientos y organizaciones sociales cesaraugustanos encuadrados en la plataforma ZH2NO.
José Ángel Biel, vicepresidente de la Diputación General de Aragón, ha afirmado que los promotores del complejo de ocio que se proyecta instalar en los Monegros no han requerido en ningún momento la participación financiera del Ejecutivo, y que, por el contrario, permitirá recaudar 600 millones de euros al año sólo en impuestos (Citado en la edición del 21 de noviembre de El Heraldo de Aragón).
Aquí es cuando surgen el segundo grupo de preguntas, esta vez de orden económico-financiero. Si bien la inversión de la construcción del complejo será con fondos privados (o eso dicen), ¿saldrán también de estos fondos las infraestructuras de transporte que se requerirán (ferrocarriles, autopistas y carreteras, incluso tal vez aeropuertos)? Sería la primera vez que esto fuera así. En otras palabras, ¿en qué se acabarán dedicando los 600 millones anuales en impuestos que el gobierno autonómico considera que obtendrá? ¿Y se han descontado, en esos cálculos, los beneficios que las 2.000 hectáreas que ocupará el complejo “Gran Scala” (sin contar infraestructuras de acceso) genera hoy en día en el sector agropecuario y que, lógicamente, desaparecerán?
Habría que recordar a los promotores del complejo y a las instituciones políticas que lo defienden los graves problemas de sostenibilidad que padece la ciudad de Las Vegas, a las que se pretende emular. Las Vegas padece una seria crisis por la escasez de agua. Esta situación está enfrentado al Estado de Nevada, donde se encuentra esa ciudad, con otras vecinas como Texas, a las que se les quiera privar de sus derechos sobre los acuíferos del Río Colorado, y que requieren para mantener su ganadería.
De la mano del turismo ya hemos destruido nuestras costas y alta montaña. ¿Será éste el principio de la colonización de los territorios de interior?
* Jordi Gascón. Acció per un Turisme Responsable - ATR
* Rebelión - 04-12-2007
Castellón: La Fiscalía activa cinco investigaciones en sólo 10 días
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TERRA* : La Fiscalía de Castellón ha activado en apenas medio mes cinco investigaciones penales, la mayoría sobre asuntos denunciados hace meses y sobre presuntos delitos medio ambientales que parecían dormir en los cajones de los juzgados. Además, el Ministerio Público mantiene abiertos unos 23 casos de 'especial relevancia' sobre casos de medio ambiente o tráfico de influencias relacionados con el urbanismo.
Esta creciente actividad de la Fiscalía coincide con el inicio del trabajo en Castellón del nuevo fiscal jefe, Javier Carceller, que tomó posesión de su cargo en agosto de este año pero que se instaló en la Ciudad de la Justicia a mediados de septiembre.
En este tiempo ha reorganizado toda la institución nombrando fiscales especializados en diferentes ámbitos, entre ellos, medio ambiente y corrupción o tráfico de influencias, para optimizar las investigaciones abiertas según las materias.
También se ha realizado un barrido de todos los asuntos que se están investigando en la Fiscalía, señalando aquellos considerados 'de especial relevancia'. De estos últimos, cinco son sobre presuntos delitos medioambientales y 18 sobre tráfico de influencias relacionados con delitos urbanísticos.
Cabe recordar que, el día de su toma de posesión como nuevo fiscal jefe de Castellón, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, señaló que su elección fue motivada por su 'especial énfasis en la lucha contra la corrupción, principalmente en materia urbanística y en la falta de respeto al medio ambiente y los abusos urbanísticos'.
De momento, parece que Javier Carceller no ha defraudado. En menos de un mes ha abierto diligencias penales de cinco casos, la mayoría relacionados con el medio ambiente. Y estos son sólo los que han trascendido al darlos a conocer las partes afectadas. Con el nombramiento de los fiscales especializados las investigaciones abiertas pueden ser mayores.
El pasado 14 de noviembre, el grupo ecologista Gecen dio a conocer un escrito de la Fiscalía de Castellón en la que apoyaba la paralización de las obras del aeropuerto en la zona conocida como Santa Bárbara y que el juez permitió proseguir. En este caso, la Fiscalía ha llegado tarde, pues ya han finalizado todos los trabajos en esta zona.
'El tiempo transcurrido sólo permite depurar las responsabilidades, restaurar en lo posible el daño producido y preservar con urgencia lo que queda', manifestó el Gecen tras conocer este escrito.
Seis días después, este mismo colectivo dio a conocer que la Fiscalía había abierto diligencias de investigación penal en el desarrollo urbanístico que prevé miles de viviendas en Torrenostra. La apertura se realizó tras observar 'indicios de delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente' en este plan urbanístico de Torreblanca. El Gecen denunció el caso el 31 de octubre de este año.
Otro caso relevante, es la apertura de una investigación penal contra el empresa BP Oil por la supuesta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y los recursos naturales en la ampliación de sus instalaciones en el polígono industrial del Serrallo.
La Plataforma No a la contaminació ha interpuesto varias denuncias sobre estas ampliaciones. La primera en enero de este año. Pese a ello, hasta el 22 de este mes no se había conocido la activación del caso por parte de la Fiscalía de Castellón.
Al día siguiente, de nuevo se conoció por la parte denunciante, en este caso CC.OO., que la Fiscalía había abierto diligencias por un presunto delito de prevaricación contra el actual director general de Centros de la Conselleria de Educación, Francisco Baila. La demanda la interpuso el sindicato a principios de mes por matriculaciones irregulares en un centro concertado de Castellón cuando Baila era director territorial.
Días después, la Fiscalía de Castellón abrió diligencias de investigación penal por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente a los propietarios y a los posibles promotores constructores de un total de 93 viviendas en la marjal de Nules-Burriana, un espacio protegido como Lugar de Interés Comunitario (LIC) e incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas.
Fuentes del Gecen dieron a conocer la resolución del fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, por la que se abren diligencias de investigación penal y recordaron que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía el pasado mes de enero.
Los ecologistas denunciaron entonces la construcción no autorizada de 62 viviendas. Once meses después la Fiscalía no sólo ha abierto el caso sino que ha elevado a 93 el número de viviendas supuestamente ilegales. Los propietarios y los promotores o constructores deberán comparecer ante el fiscal.
Por último, el Ministerio Público decidió abrir una investigación penal contra el Ayuntamiento de Cabanes por la cesión 'ilegal' de la gestión del agua a la empresa Marina d'Or, tras una denuncia interpuesta por Esquerra Unida este año.
* Terra - VMT - 03/12/07
Foto: Torreblanca (Castellón), Torrenostra - mma.es
Un dictamen alerta de que el alquiler forzoso de pisos es inconstitucional
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ELPAÍS/Cataluña* : Revolcón jurídico al Gobierno de José Montilla. El Consejo Consultivo de la Generalitat considera que es inconstitucional el artículo del proyecto de Ley para el Derecho a la Vivienda que prevé el alquiler forzoso de pisos vacíos. El dictamen jurídico que contiene ese pronunciamiento será entregado esta tarde a la Mesa del Parlamento catalán, que fue quien lo reclamó, a propuesta de CiU y PP.
El informe recoge los votos particulares de varios consejeros a favor de la constitucionalidad del artículo 42.6 del proyecto de ley, que desde su tramitación ha enfrentado a CiU y PP con las tres formaciones de la izquierda (PSC, ERC e ICV) que integran el Gobierno catalán. Tal era la oposición de convergentes y populares que invocaron ese artículo para desmarcarse del Pacto Nacional por la Vivienda que de manera solemne firmó el pasado 8 de octubre el Gobierno catalán con 34 agentes sociales. Se trata de un acuerdo sin precedentes en Cataluña que prevé, entre otras medidas, la construcción de 160.000 viviendas sociales en diez años.
El varapalo jurídico entraña otros matices. Y es que Montilla apostó al inicio de la tramitación del proyecto de ley por eliminar ese polémico artículo para atraer a CiU y al PP y lograr así que fuese unánime el consenso sobre el Pacto Nacional por la Vivienda. Además de eso, los asesores jurídicos de Presidencia ya alertaron sobre la probable inconstitucionalidad del precepto en cuestión.
Pero la postura del presidente de la Generalitat topó con la resistencia de los ecosocialistas de ICV, en cuyas manos está la cartera de Medio Ambiente y Vivienda. Y, sobre todo, con la rotunda oposición de Comisiones Obreras. El sindicato se negaba a firmar el pacto si se eliminaba el artículo de marras. Sólo aceptó suavizarlo, introduciendo más cautelas.
Al final, Montilla optó por no desprenderse de CC OO. "El problema de integrar a los que quedan fuera, ya lo resolverá el Consultivo", confió el presidente a sus colaboradores. Es el escenario que se abre ahora y que con toda probabilidad tendrá plasmación en la recta final de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.
El artículo que el Consultivo considera inconstitucional prevé que la Administración, agotadas todas las vías para el fomento del alquiler de pisos, "podrá acordar el alquiler forzoso de la vivienda previa la declaración de incumplimiento de la función social de la propiedad". El proyecto de ley matiza que esa medida se aplicará únicamente en las zonas donde haya una fuerte y acreditada demanda residencial, pero también advierte de que a los dos años de la declaración del expediente se puede proceder a la expropiación del usufructo de la vivienda para alquilarla a terceros durante un máximo de cinco años.
El dictamen del Consultivo considera que la función social de la propiedad que recoge la Constitución no justifica la expropiación de pisos vacíos para ser alquilados por la Administración y que con esa medida se vulnera el derecho a la propiedad que también recoge la Ley Fundamental. El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat ha invocado precisamente la función social de la propiedad para defender la expropiación forzosa de los pisos. También ha justificado la medida a partir de la sentencia que dictó en 1987 el Tribunal Constitucional avalando la ley andaluza de reforma agraria que cuestionaron 53 senadores de Alianza Popular.
Con la excepción de ese artículo, el dictamen que hoy entregará el Consejo Consultivo avala por amplia mayoría la constitucionalidad del resto de artículos del proyecto que cuestionaron CiU y PP. Entre ellos, que se destine a vivienda social el 20% de los pisos nuevos en suelo urbano que se construyan en Cataluña, la responsabilidad en el mantenimiento de una vivienda por parte del propietario o el sistema de adjudicación de pisos sociales.
Los dictámenes que emite el Consejo Consultivo de la Generalitat no son vinculantes, pero en la mayoría de las ocasiones han sido tenidos en cuenta por el Parlamento y el Gobierno catalán a la hora de elaborar una ley. Uno de los informes que más repercusión ha tenido fue el que emitió ese organismo durante la elaboración del Estatuto de Autonomía. Todas aquellas objeciones se incorporaron al texto en la tramitación parlamentaria. El Consejo Consultivo está formado por siete juristas. Dos de ellos son elegidos por el Gobierno catalán y los otros cinco por el Parlamento autonómico, a propuesta de los partidos y en proporción a su representatividad en la Cámara.
* ELPAIS.com - PERE RÍOS - Barcelona - 03/12/2007
Foto: Foto de familia de los firmantes del Pacto Nacional para la Vivienda- TEJEDERAS (El País)
