LIBERINFO* : Desde las 15 horas del domingo el colectivo de la Makabra ofrecía talleres de circo a todo aquel que se acercara, inaugurando así la jornada circo-activa itinerante de Poble Nou. En la plaza situada frente al centro cívico Can Felipa los artistas han comenzado el día invitando a todo el mundo a participar, reivindicando así activamente la calle como espacio de creación y formación artística. A las 17 ha dado comienzo el pasacalles, el cual ha tenido un recorrido por los símbolos emblemáticos de la especulación en el barrio de Poble Nou.
Primero se ha dado la bienvenida a la nueva casa okupada La Teixidora, de ahí se ha ido de manera festiva hasta el antiguo recinto fabril de Can Ricart, okupado durante 13 días por la Makabra el diciembre pasado. Y en el cual ya se han efectuado derribos, destruyendo así, con el beneplácito del Ayuntamiento y la Generalitat, parte del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad.
De ahí se ha llegado hasta la torre Agbar, edificio parcialmente vacío, en el cual se ha realizado la acción simbólica de dinamitación, mostrando así el rechazo a un edificio-emblema de la especualción en la ciudad de Barcelona.
La última parada ha sido el solar en el que estaba ubicada el CSOA Makabra, espacio de creación artística libre, desalojado ahora hace un año. Aquí se ha pintado un mural antiespeculación, se han proyectado fotos recordando todas las actividades y espacios que albergaba la Makabra (skate-park, sala de ensayos, sala de danza, teatro, gimansio de circo...), en el mismo lugar donde ahora se encuentra un solar afectado por el plan 22@.
Finalmente la manifestación ha llegado a la plaza de Can Felipa, donde desde las 20:15 se está llevando a cabo un cabaret con actuaciones diversas de gran altura, ya que la cultura libre es la forma de creación artística en la que la experimentación y la calidad no tienen límites.
También se ha presentado el segundo número de la revista Abramakabra
Con esta jornada circo-activa itinerante la Makabra denuncia:
1. La falta de espacios de creación libres.
2. El abuso de la especulación y la destrucción de los barrios
3. La persecución de los artistas de calle, a pesar de que la marca Barcelona se ha nutrido de ellos durante años.
4. La destrucción del patrimonio histórico de la ciudad, como Can Ricart.
¡No aCABARETmos nunca!
más información: lamakabra.org
* Kaos en la Red - Liberinfo - 26.11.2007
Foto: Barcelona, cartel La Makabra - lamakabra.org
Barcelona: 500 personas participan en el cabaret de la Makabra
Almería: Los ecologistas se muestran insatisfechos con la actuación de los tribunales en urbanismo
TELEPRENSA* : En la Jornada sobre Urbanismo y Corrupción celebrada en Almería, ella se ha abordado la problemática, incluidas las prácticas corruptas, que el tsunami urbanizador que asola España conlleva. Vienen avaladas por expertos de reconocido prestigio quienes, desde su respectivo ámbito: económico, técnico y jurídico, han expuesto dicha problemática urbanismo/corrupción, apuntando soluciones.
Las jornadas fueron presentadas por el Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Almería, José Mª López, y moderadas por la Abogada y Secretaria de la Comisión Jurídica Andaluza de Ecologistas en Acción, Pilar Rodríguez.
Jesús Lizcano, economista, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, prolífico articulista y presidente de Transparencia Internacional en España, desarrolló el tema de la corrupción a nivel nacional e internacional.
Pedro Costa, profesor de la E.U.I.T. de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Premio Nacional de Medio Ambiente, habló del urbanismo litoral y sus impactos.
José Antonio Martín Pallín, miembro de la carrera fiscal y Magistrado emérito del Tribunal Supremo, atacó de lleno el tema de las jornadas: el urbanismo y la corrupción a él asociada.
Jaime Doreste, abogado ambientalista y Coordinador del Área Jurídica Confederal de Ecologistas en Acción, abordó la persecución a ecologistas motivada por la denuncia de la delincuencia urbanística.
José Luis Díaz Manzanera, Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Murcia y Juez en excedencia, autor de diversos trabajos doctrinales, trató el delito urbanístico en la jurisprudencia.
Durante la celebración de las Jornadas, el colectivo ecologista y demás público asistente han tenido la ocasión de expresar su gran insatisfacción, rayana en indignación, en relación a la normativa ambiental y su inaplicación por parte de las diferentes Administraciones, incluidos los Tribunales, que, salvo excepciones, denotan el desconocimiento y/o falta de sensibilidad hacia una adecuada y efectiva protección del medio natural y el territorio, que se trasluce en la consiguiente impunidad de quien lo daña y se lucra a costa del interés general; mientras, paradójicamente, sí prospera y encuentra rápida y entusiasta acogida la persecución contra el ecologismo que denuncia la delincuencia ambiental y urbanística.
Ni siquiera logros recientes, como las Fiscalías Especiales de Medio Ambiente y Urbanismo, han conseguido mejorar la situación, ya completamente desbordada en materia de delitos contra la ordenación del territorio (y sus conexos: mafias, delincuencia económica, blanqueo de capitales…). Estos sentimientos son compartidos por ciertos miembros de la Magistratura y el Ministerio Público, cuyos sinceros esfuerzos y dedicación se ven limitados, cuando no frustrados, por el desmadre urbanístico que asola el territorio español y la falta de medios, hasta el punto de no existir dedicación exclusiva a esta materia.
Del mismo modo, el colectivo ecologista ha hecho sentir su deseo de colaboración leal y desinteresada con las diferentes administraciones y tribunales, para la solución de la problemática tratada, que constituye una de las principales lacras de nuestro Estado de Derecho.
Este ciclo se completará el próximo día 15 de diciembre con la celebración de otra Jornada en Sevilla.
* Teleprensa - 28 de Noviembre del 2007
Foto: irregularidades urbanísticas - archivo
Madrid: Impiden a pedradas el desalojo de 20 familias en el poblado de Las Mimbreras
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EUROPAPRESS* : Los habitantes del poblado de Las Mimbreras, situado en el distrito de La Latina, han recibido este miércoles por la mañana a pedradas a la Policía Nacional, que pretendía desalojar a una veintena de familias de origen gitano ante una orden de derribo de sus viviendas ilegales. A pesar del violento enfrentamiento, no se han producido detenciones ni hay que lamentar heridos, según ha asegurado un portavoz de Emergencias Madrid. Además, el derribo de las casas no se ha hecho efectivo y los policías han abandonado el lugar.
Por su parte, una patrulla de la Policía Municipal montará durante toda esta semana un servicio de control y documentación en el acceso al poblado chabolista. Los agentes buscan aumentar su presencia en esta zona y remarcar su control.
Antonia Heredia, una de las afectadas por la orden judicial, ha señalado que los residentes del poblado no van a permitir que la Policía les eche a la calle, y ha asegurado que están dispuestos a "ir a la guerra".
"Nos quieren echar a la calle con mujeres embarazadas y niños. Vienen con escopetas a tirar nuestras casas. No lo vamos a permitir, esto no se puede aguantar", ha afirmado Heredia.
* EL Mundo - 28/11/2007
Foto: Enfrentamientos con la Policía en el poblado chabolista de Las Mimbreras / Julio Palomar (elmundo.es)
El Consell de Cultura critica las arbitrariedades cometidas con los propietarios por la Ley del Suelo
LEVANTE-EMV/Valencia* : El Consell Valencià de Cultura (CVC) aprobó ayer un informe sobre la Ley del Suelo, en vigor desde el pasado 1 de julio, en el que valora la apuesta de la legislación estatal por la concreción del derecho a la vivienda, las garantías al derecho a la información y la participación ciudadana en los trámites urbanísticos y, sobre todo, «los límites al derecho a urbanizar condicionado por el interés general y los criterios de sostenibilidad medioambiental».
De hecho, el CVC concluye que los criterios generales sobre el proceso urbanístico que marca la nueva legislación estatal «puede contribuir a mejorar la situación actual» aunque «eso implicaría adoptar las medidas de aplicación correspondiente por parte de nuestras administraciones», señala el informe aprobado ayer por el pleno del Consell Valencià de Cultura.
El CVC recuerda, además, que la incidencia sobre la normativa valenciana será mínima ya que «no comportará importantes reformas de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) más que algunas adaptaciones puntuales y mínimas». Y sobre la «controvertida figura del agente urbanizador no ha estado cuestionada, tal como se dijo en unas jornadas sobre el Consell Jurídic Consultiu, sino que su vigencia continua» y se extiende a todo el estado.
No obstante, aceptar la figura del agente urbanizador «no implica que éste pueda hacer y deshacer a su arbitrio, ya que la actividad de ejecución de las urbanizaciones debe estar sometida a los principios de publicidad, concurrencia y respeto a los derechos... Ésta última cuestión ha faltado en algunas ocasiones en nuestro territorio».
Y continúa el informe aprobado ayer por el CVC: «la práctica urbanística ha evidenciado que el concepto de interés general que se utiliza para justificar la expropiación por parte de un agente urbanizador, o una reclasificación suelo, no está debidamente tipicado legalmente y ha permitido actuaciones más que discutibles y, sobre todo, algunas actuaciones abusivas contra los titulares de bienes susceptibles de expropiar. Desde el Consell Valencià de Cultura se considera conveniente un mayor rigor y la tipificación del interés general».
Por ello, el CVC considera que la Ley del Suelo permitirá mejoras de «gran relevancia como la aplicación del principio de sostenibilidad medioambiental ya que puede evitar el exceso urbanizador». Igualmente, aconseja que divulgue entre las personas encargadas de su aplicación como los funcionarios, miembros de ayuntamientos y entre la ciudadanía». Y, por último, insta a los «municipios a tener cuidado en el ejercicio de sus competencias, especialmente en la concesión de licencias urbanísticas y aprobación de los programas de actuación integrada (PAI)».
* Levante-EMV - L. B. B./Efe - 28 de noviembre de 2007
Foto: Valencia, consell cultura - cvc.gva.es
Marbella: El testigo que originó Malaya dice que Roca decidía las licencias
MÁLAGAHOY* : Juan Antonio Roca, juzgado desde el lunes como presunto inductor de un delito contra la ordenación del territorio en el caso Incopromar, escuchó ayer atento y algo desafiante cómo un testigo lo contradecía y declaraba que el listado de licencias de obras que se aprobaban en Marbella se elaboraba según su "voluntad". No era un testigo cualquiera, sino el funcionario que con su testimonio se convirtió en el origen del caso Malaya contra la corrupción, el que mantiene en prisión preventiva a Roca desde marzo de 2006.
Jorge González, jefe del servicio jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, testificó ayer con Roca sentado a sus espaldas que era éste quien daba las órdenes en lugar del fallecido Jesús Gil y que su poder no se limitaba a los temas de Urbanismo, sino que se extendía al resto de áreas municipales.
"Decidía en Urbanismo y en Personal; tenía acceso a las nóminas de los funcionarios, a la configuración del Presupuesto, a las declaraciones que se realizaban en los juzgados...". González fue rotundo. Apuntó que Roca tenía conocimiento de todos los expedientes urbanísticos y que las licencias en la época del GIL se daban de manera "arbitraria" y utilizando "aleatoriamente" el plan de 1986 o la revisión promovida por Jesús Gil, que nunca fue aprobada. El lunes, Roca se desvinculó completamente de las licencias de obras, dijo que no eran su cometido, que él se centraba en el planeamiento de la ciudad, y que era Jorge González el que, debido a su cargo, debía "tutelar" los expedientes urbanísticos.
El funcionario consiguió ayer devolver la pelota pese a que fue sometido a un verdadero tercer grado por algunos de los abogados que defienden a los ex concejales, que están acusados de un delito urbanístico por conceder una licencia al periodista Antonio Herrero, ya fallecido, para edificar un edificio de 10 plantas en un suelo que preveía un viario y destinado a uso público. Las preguntas le llovieron, incluso, y no con demasiado buen tono, del abogado que representa en el caso a Isabel García Marcos -procesada también en el caso Malaya-, que es, curiosamente, quien acusa a Roca de ser el inductor del delito urbanístico.
El abogado del presunto cerebro del caso Malaya intentó limitar la declaración de González a la licencia que se enjuicia, sin hablar de cuestiones generales, sino del caso Incopromar, aunque sus preguntas sirvieron para que el testigo insistiera una y otra vez en el poder que tenía Roca. Según dijo, éste decidía en reuniones previas a las comisiones de gobierno las licencias que se debían aprobar, que se plasmaban luego en lo que los ex concejales conocen como cuadernillo. González se desvinculó completamente de este listado y comentó que él, cuando un expediente urbanístico estaba completo, lo remitía a la Secretaría e incluía un informe jurídico, elaborado siempre según el PGOU de 1986, no la revisión de Gil.
* Málaga Hoy - Esperanza Codina - 28 de Noviembre de 2007
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Vigo: La federación vecinal rechaza el PXOM
FARODEVIGO* : Una vuelta de tuerca más al Plan Xeral. La federación de vecinos "Eduardo Chao" anunció oficialmente su rotunda oposición al documento con la redacción actual al tiempo que defiende el PXOM tal como estaba en la aprobación provisional de hace año y medio, aunque con los cambios que se introdujeron la pasada semana en varios ámbitos a instancias del BNG. Esta posición que forzó al teniente de alcalde, Santiago Domínguez, a pedir más tiempo para negociar el consenso.
Una votación mayoritaria en la asamblea de la federación, con el único voto en contra de la asociación vecinal "O Carballo" de Sárdoma, certificó la oposición del colectivo al Plan que planteó el gobierno local. Una decisión que Santiago Domínguez, cuyo grupo dio el visto bueno al documento tras los cambios negociados la semana pasada, calificó como "preocupante".
Las declaraciones de Domínguez se produjeron al término de la reunión que ayer mismo mantuvo con la presidenta de la federación vecinal, Elena González. Ésta le expuso que la oposición de los representantes de 21 asociaciones de vecinos, en la asamblea del lunes por la noche se produjo porque "el Plan crea inseguridades jurídicas innecesarias al aumentar el porcentaje de vivienda social, al tiempo que perjudica seriamente a las parroquias del rural y a los propietarios de terrenos en esos lugares, que tenían expectativas y que se han visto truncadas por las modificaciones que el gobierno local ha introducido".
"Es una tontería haber hecho esos cambios en la vivienda protegida, porque dentro de nada entrarán en vigor las leyes estatal y autonómica y ya se ajustará todo", señaló la presidenta vecinal.
Los argumentos esgrimidos por González, que hoy mantendrá una reunión con la concejala de Urbanismo, la socialista Carmen Silva, dejaron "preocupado" al teniente de alcalde. "Me preocupa mucho la falta de consenso social sobre el Plan y que éste no cuente con el respaldo de la mayoría ciudadana", señaló.
Por ese motivo, el líder municipal del BNG pidió a todas las partes "una rebaja en el tono de los discursos y en las pretensiones", si bien evitó cuantificar el nivel al que se podría llegar en esa rebaja. "Mi objetivo es que exista el consenso más amplio posible y si hay que emplear una semana o diez días para alcanzarlo, siempre que se trabaje duro, no hay problema", subrayó. Domínguez aseguró que "si todo esto dependiese sólo de mi grupo, no habría problema en llegar a un acuerdo hablando, pero nosotros no tenemos la última palabra".
* Faro de Vigo - CHEMA GARCÍA - 28 de noviembre de 2007
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es
España padecerá veranos extremos con 'tsunamis' de calor
ELPAÍS* : Los veranos españoles serán tsunamis de calor, la costa norte se hará mediterránea, el sur se convertirá en un desierto, especies vegetales y animales se extinguirán, el agua será un bien escaso, el mar se comerá parte de la playa y los españoles desarrollaremos nuevas enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica y los climas subtropicales. En una palabra, España se africanizará.
Este panorama desolador será un hecho a finales de siglo si España no actúa en la lucha contra el cambio climático, según un informe elaborado por 17 expertos españoles para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El estudio señala que "aunque no analiza de forma exhaustiva todos los posibles aspectos relacionados con el cambio climático en nuestro país, sí facilita una visión de conjunto sencilla y solvente, sobre las líneas de trabajo más importantes a seguir por las administraciones españolas en esta materia". Este es el resumen de los principales problemas señalados por los expertos.
- Especies en peligro. La biodiversidad se verá muy afectada y muchas especies vegetales y animales correrán peligro de extinción, al no poder desplazarse hacia zonas favorables para su desarrollo a medida que vaya aumentando la temperatura. Los expertos señalan que algunas investigaciones apuntan la desaparición de hasta la mitad o más de las especies vegetales. Las conclusiones señalan que, en el caso de las especies de las que se tiene información (reptiles y anfibios), el impacto puede ser mucho mayor, con un 97% de las especies afectadas. "Los ecosistemas terrestres se verán sometidos a un cambio en sus condiciones como no han sufrido en milenios", predice el informe.
- Escasez de agua. Los científicos han realizado simulaciones para estimar el impacto del cambio climático en los recursos hídricos en España a lo largo del siglo XXI. Aunque existen diferencias en los resultados, todos coinciden en pronosticar una disminución de las aportaciones, siendo el efecto especialmente acusado en las cuencas de la mitad sur peninsular.
En altas latitudes, el agua de los ríos y los lagos tenderá a salir de su cauce natural. Junto al impacto del cambio climático, los recursos hídricos se ven afectados por otros factores como el aumento de la demanda urbana, agrícola e hidroeléctrica y el incremento de la intervención humana. En este tema, los expertos dan soluciones que pasan por la administración pública del agua, la concienciación de la sociedad en un uso debido de este recurso y en el desarrollo de nuevas tecnologías en busca del ahorro.
- Menos playa. En el año 2050 el nivel del mar subirá unos 15 centímetros, según el informe. Esa longitud crea una cadena de desastres sobre la economía española, basada en el turismo en gran parte. "Además", añade, "se ha observado durante los últimos 50 años un aumento de la altura de ola en las fachadas cantábrica y gallega, cambios en la dirección del oleaje en parte de los archipiélagos y de forma muy marcada en el norte de Cataluña".
Del análisis realizado, se prevé para 2050 un aumento muy probable de la cota de inundación en toda España especialmente en la cornisa gallega y norte de Canarias con valores de hasta 35 centímetros y de 20 centímetros en el litoral mediterráneo. Eso supone más riesgo de inundaciones. El aumento del nivel del mar producirá además un retroceso de las playas con valores probables de hasta 15 metros en Canarias, Huelva y Cádiz. No obstante, los cambios observados en la dirección del oleaje pueden dar lugar a daños más severos sobre las playas especialmente en la Costa Brava, Islas Baleares y sur de Canarias donde pueden llegarse a alcanzar retrocesos de hasta 70 metros.
- Desertificación. Una parte importante de la superficie del territorio español está amenazada actualmente por procesos de desertificación por culpa de la acción del hombre. Todos los estudios señalan que España es el país más árido de Europa, con una tercera parte (31,5%) del territorio afectado por la desertificación. Los dos componentes fundamentales de la desertificación son la erosión y la salinización del suelo.
Las proyecciones del cambio climático agravarían dichos problemas. Es decir, los impactos previsibles del cambio climático afectarán especialmente a la salinización de los suelos de regadío y al riesgo de erosión de los suelos, en combinación con el probable aumento de los incendios forestales. El impacto de la salinización se concentrará en las regiones españolas de clima más seco.
- Nuevas enfermedades. Con la subida de las temperaturas aumentará el número de enfermedades desconocidas hasta ahora en España. La contaminación atmosférica afectará en la calidad del aire y se agravarán sus efectos sobre la salud. Los expertos predicen que podrían llegarnos enfermedades contagiosas por nuestra proximidad con África y por las condiciones climáticas, cercanas a las de zonas donde hay este tipo de enfermedades subtropicales. El estudio no deja fuera las olas de calor y recuerda la que asoló Europa en 2003. "Fue un evento excepcional, fuera de lo esperable en el clima habitual", asegura el estudio, pero sus "6500 muertes [...] pueden ser una muestra de lo que puede estar por venir".
- Inundaciones e incendios. Los expertos dejan los azotes más devastadores del cambio climático para un apartado especial. Según ellos, la erosión del suelo, como consecuencia del cambio climático, puede provocar anomalías en el cauce de los ríos y por tanto riadas que destruyan cuanto encuentren a su paso.
En cuanto a los incendios, se señala su aumento con el cambio del clima. "Si la temperatura de la superficie es más alta, la humedad del suelo y del aire más baja, y se intensifican las olas de calor el resultado es que aumentarán de forma drástica las condiciones favorables para que éstos se produzcan", concluye.
* ELPAIS.com - ÁLVARO DE CÓZAR - Madrid - 28/11/2007
Foto: Derroche energético urbanismo - flickr.com
La urbanización acelerada de Latinoamérica y el Caribe es una amenaza
ZORAIDA PORTILLO/SEMlac* : América Latina y El Caribe son las regiones más urbanizadas del llamado Tercer Mundo, y su crecimiento, expansivo y no planificado, constituye una seria amenaza al medio ambiente, advierte el informe de Evaluación GEO 4 (Perspectivas del Medio Ambiente Mundial) de las Naciones Unidas, difundido recientemente en Lima. En ese documento se señala que la población urbana de esta región pasó del 66 por ciento en 1987 a 77 por ciento en 2005. Ese acelerado crecimiento también trasladó la pobreza del campo a las ciudades latinoamericanas donde viven, respectivamente, el 39 y el 54 por ciento de las familias pobres y extremadamente pobres de esta extensa área geográfica.
“La producción y el consumo se concentran en las áreas urbanas, afectando de este modo a los ecosistemas circundantes a través de la deforestación, degradación de la tierra, pérdida de biodiversidad, contaminación del suelo, aire y agua y extracción de materiales de construcción”, se lee en el informe.
También indica que la Ciudad de México y Santiago de Chile son las únicas dos grandes ciudades de América Latina y El Caribe donde se controla y gestiona mejor la contaminación atmosférica, aunque enfatiza en la “elevada contaminación petrolífera de las refinerías del Gran Caribe, fuera de Brasil y en el Golfo de México, donde los vertidos de petróleo son un grave problema”.
Alerta, igualmente, sobre el aumento de la contaminación en las ciudades medianas y pequeñas de la región, aunque no las menciona, “donde es más difícil acceder a los recursos y control de las tecnologías para la gestión del área urbana”.
En cuanto a la producción de los residuos sólidos municipales, afirma que sólo el 23 por ciento recibe un tratamiento adecuado y que, en promedio, el 86 por ciento de las aguas residuales son vertidas sin tratar en ríos y mares. En El Caribe, este porcentaje aumenta a 90.
No obstante, la urbanización acelerada y la contaminación atmosférica constituyen sólo algunos de los problemas medioambientales que confronta actualmente la región, donde también la biodiversidad y los ecosistemas terrestres están amenazados, existe degradación costera y contaminación marina, y una serie de ecosistemas vulnerables al cambio climático.
Entre éstos, el informe menciona a los ecosistemas de montaña de los Andes, las zonas pantanosas costeras, las selvas vírgenes tropicales de mesoamérica y de la cuenca amazónica, así como los manglares y arrecifes del Caribe, totalizando 55 ecosistemas en situación de vulnerabilidad, 51 amenazados y 31 en peligro de extinción.
“La Cordillera de los Andes y la Patagonia en Argentina muestran signos de retroceso y reducción de las zonas cubiertas de nieve. La pérdida de glaciares en los Andes y la intrusión de agua salada por el aumento del nivel del mar, afectará a la disponibilidad de agua potable, así como a la producción y al turismo”, puntualiza el documento.
Otra vulnerabilidad regional identificada en el informe es el aumento de la distribución geográfica de portadores de enfermedades infecciosas como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, todas éstas con carácter endémico en la región, e, incluso, de la peste bubónica.
La pérdida de biodiversidad también es mencionada como uno de los más graves problemas de esta parte del planeta. Tras recordar que Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela se incluyen entre las áreas con mayor diversidad biológica del mundo, subraya que el 66 por ciento de la pérdida de cubierta forestal mundial ocurrida entre 2000 y 2005 tuvo lugar en esta zona.
No obstante, el estudio incluye noticias alentadoras, como los esfuerzos para proteger la biodiversidad que han emprendido diversos países y el pago por los servicios ambientales. En torno a los primeros, señala expresamente al Corredor Biológico Mesoamericano, que se extiende desde el sur de México hasta Panamá, y al Programa Piloto para Conservar la Selva Virgen Brasileña.
En cuanto al pago por los servicios medioambientales, subraya que “puede ser un instrumento crucial para proteger de forma efectiva la biodiversidad y se están llevando a cabo ejemplos prometedores en diversas naciones como México, Costa Rica y Colombia”.
El informe también destaca que se realizan esfuerzos crecientes para establecer zonas marinas protegidas, pero subraya que “hay que centrarse más en la integración de la gestión del área costera y la cuenca fluvial interior como respuesta clave a la contaminación costera y marina”.
* Rebelión - 28-11-2007
El caso «Guateque» puede salpicar a Bomberos y Protección Civil
LARAZÓN/Madrid* : Urbanismo y Medio Ambiente han sido los principales focos de investigación en la «Operación Guateque». Sin embargo, esta situación podría cambiar hoy mismo. El sindicato de funcionarios Manos Limpias solicitará al juez encargado del caso, Santiago Torres, que investigue los expedientes emitidos en los últimos cuatro años por Protección Civil y Bomberos. La razón es muy simple. Según explicó Miguel Bernard, secretario general de este sindicato, existe un atasco de más de dos años en la tramitación de expedientes.
Una situación más que similar a la que se produjo en los departamentos ya investigados. Los más afectados son los locales de ocio, discotecas, hoteles y grandes centros comerciales. Para que este tipo de negocios pueda tener su licencia de apertura es necesario un informe preceptivo sobre los planes de seguridad y evacuación. «No es admisible que tengan que esperar más de dos años para obtener estos permisos», afirma Bernard.
Manos Limpias no pone en duda la profesionalidad de los funcionarios, pero considera que a los investigadores se las ha escapado «otro posible foco de corrupción». Sin esos informes sobre los planes de seguridad y evacuación no hay licencia, a no ser, añade Bernard, que se salten los trámites. Y es que, en su opinión, existen presiones para que determinados expedientes salgan del atasco en el que están sumergidos estos dos departamentos.
El camino rápido
Un expediente no debe tardar más de tres o cuatro meses y el retraso es ya de más de dos años. Esta situación da lugar a que muchos busquen el camino más rápido para agilizar sus licencias, al igual que ocurrió con las de Urbanismo y Medio Ambiente. Por todo esto y por las similitudes con lo ocurrido en otros departamentos, el sindicato Manos Limpias considera que el juez debería incluir en las diligencias esta nueva línea de investigación. A su juicio, existe una «presunción más que razonable» de que algo raro esta sucediendo y debe ser indagado.
El problema reside en que hay pocos funcionarios para resolver cientos de informes y privatizar la tramitación de licencias, como sugirió el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, tampoco es la solución, según el secretario general del sindicato. La Ley de Procedimiento Administrativo establece que estos trámites deben ser realizados por un funcionario, no alguien de fuera de la Administración.
Si se cede la gestión de licencias a empresas privadas habría menos control, por lo que nadie impedirá que se otorguen licencias al «amiguete de turno». Además, aunque se externalice este servicio, todos los informes tendrían que ser revisados después por funcionarios y el proceso se alargaría aún más.
La «Operación Guateque» no está ni mucho menos cerrada. Según fuentes de la investigación, la llegada de denuncias de ciudadanos afectados es incesante y se mantienen las escuchas a diversos funcionarios.
Cosas inexplicables
La excesiva tardanza que ha dado pie a las sospechas sobre Protección Civil y Bomberos motivó también la desconfianza de muchos profesionales relacionados con el urbanismo y la construcción de Madrid. En un seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Cuenca, el arquitecto y presidente del Club de Debates Urbanos, Francisco Pol, aseguró que todos ellos «intuían que existían cosas raras que no eran explicables sólo por desidia o incapabidad administrativa».
Sus sospechas se centraban en todo lo relacionado con el tema de la excesiva tardanza en la concesión de licencias, en las obstrucciones sistemáticas y, sobre todo, según manifestó Pol, en la «estrecha colaboración de algunos funcionarios con despachos de arquitectos o de abogados externos». Aunque, el asunto está pendiente de resolución judicial, el arquitecto cree que lo desvelado hasta el momento de la investigación es «sólo la punta del iceberg» y que lo que ha salido a la superficie son tramas pequeñas.
Por su parte, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid ha dejado claro en un comunicado que no tiene nada que ver con la «Operación Guateque» y que los casos de corrupción no deben empañar la labor profesional de los funcionarios municipales en general. Asimismo, aseguran que desde 1987 no se han producido procesos selectivos de ingenieros industriales por parte del Ayuntamiento y que su participación en el mismo es nula.
* La Razón - Maribel Casado - 26 de Noviembre de 2007
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org
El Gobierno no regulará el recargo sobre el IBI en las viviendas vacías al no poder tipificarlas
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EUROPAPRESS/Madrid* : El Gobierno agota la legislatura sin haber podido desarrollar el reglamento necesario para poder aplicar un recargo del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas vacías, como prevé la Ley Reguladora de Haciendas Locales, al no haber podido concretar hasta la fecha una definición de vivienda desocupada permanentemente.
Según lo establecido en la Ley, promulgada por el PP en 2002, "tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto".
Ante este problema técnico, no ha sido posible aprobar desde entonces norma alguna, ni de rango reglamentario ni, como se planteó en segunda instancia, de modificación del precepto legal para incorporar los requisitos necesarios para la aplicación del recargo.
El Ejecutivo asegura que la Dirección General del Catastro ha trabajado en el estudio de fórmulas basadas en consumos medios de agua y, especialmente de electricidad, que permitiesen, sin acudir a la inspección directa, establecer unas "presunciones" a partir de las cuales pudiera determinarse la desocupación del inmueble.
Sin embargo, estas modalidades no han acabado de ofrecer las "garantías necesarias". En primer lugar, porque las estadísticas de consumos energéticos se llevan a cabo a partir de cuestionarios rellenados por las empresas suministradoras y que, por ello, no suponen estadísticas con un nivel de desagregación suficiente.
En segundo lugar, y a efectos de establecimiento de un umbral mínimo de consumos, el Gobierno se encontró con que éstos no son homogéneos en todo el territorio nacional, debido a variables como el número de habitantes por abonado, la climatología, etc.
Por todo ello, el Ejecutivo considera que la traslación de estos datos a una presunción de desocupación de la vivienda "no es clara", por lo que habría que acudir a otras fuentes de información, o limitarse a un censo construido a partir de las declaraciones de los propietarios, que, por un lado contaría con escasa posibilidad de comprobación posterior, y tendría, además, un rigor técnico, al menos, "cuestionable".
Otros intentos
Con todo, hasta llegar a considerar los consumos medios de agua o electricidad, el Gobierno ha barajado otras alternativas para definir el concepto de vivienda desocupada con carácter permanente.
Así, se tanteó el criterio utilizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la elaboración del padrón de viviendas, cuya última actualización, correspondiente a 2001, estimó que este parque de viviendas rondaba los tres millones de inmuebles.
Según el glosario de esta encuesta, el concepto de vivienda vacía se refería al inmueble familiar que no es residencia habitual de ninguna persona ni es utilizado de forma estacional, periódica o esporádica por nadie.
Sin embargo, el Gobierno considera que esta definición no puede ser utilizada con fines tributarios, puesto que no fija un plazo temporal ni otras condiciones específicas para la desocupación.
Por otro lado, la mera oferta en alquiler o venta de vivienda tampoco sería técnicamente un buen criterio delimitativo a efectos tributarios, ya que esta oferta, "para ser efectiva, y por lo tanto entrar en el supuesto de desocupación que se pretende gravar con el recargo, debería serlo a precios y condiciones habituales de mercado que habría que delimitar previamente", matiza el Gobierno.
Por último, el Ejecutivo señala que habría que 'sacar del saco' a los apartamentos turísticos vacacionales, a las viviendas arrendadas por empresas en virtud de relación laboral, las dedicadas a multipropiedad o los inmuebles militares desocupados.
Las Comunidades Autónomas van por delante
Sin embargo, ante los problemas observados por el Gobierno, algunas comunidades autónomas han mostrado menos escrúpulos a la hora de descongestionar sus respectivos parques de viviendas vacías.
Es el caso del País Vasco, cuyo proyecto de Ley de Vivienda, aún en tramitación, incluye un gravamen de 9 euros diarios, durante el primer año de desocupación, y de 12 en el segundo, en el caso de las viviendas declaradas desocupadas por procedimiento administrativo, entendiendo por ello aquellas a las que no se ha dado uso a lo largo de un año, al margen de los supuestos de segunda vivienda u otras causas justificadas como enfermedad o motivos de trabajo.
Por su parte, el proyecto de la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña, actualmente en trámite en el Parlament, prevé la expropiación temporal de pisos cuando sus propietarios lo mantengan desocupado de forma permanente y hayan rechazado todas las posibilidades para ayudarles a sacarlo al mercado de alquiler. En este caso, se entiende por vivienda vacía aquella que ha estado desocupada de forma permanente, sin causa justificada, por un periodo de dos años.
Ayuntamientos a la espera
Por otro lado, hasta 189 municipios han acordado en sus respectivos plenos aplicar el recargo en el IBI a la espera del desarrollo reglamentario preceptivo, según datos del Catastro correspondientes al año 2007. De ellos, un total de 70 (el 37% del total) se encuentran en Islas Baleares.
Además, otros 29 municipios pertenecen a Castilla-La Mancha, comunidad autónoma a la que sigue Castilla y León, con 22 municipios. Completan la lista Extremadura (16), Galicia (12), Andalucía (9), Cataluña (9), Aragón (8), Valencia (8), Canarias (4), y Cantabria y Melilla, ambas con un municipio cada una.
* El Mundo - Su Vivienda - 26/11/2007
Foto: El Gobierno no ha encontrado un criterio tributario de lo que se entenderá como vivienda vacía /Jaime Villanueva (El Mundo)
Se llevan seis cajas de documentos de la asesoría de la ex mujer del ex alcalde de Totana
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LAVERDAD/Murcia* : El capítulo urbanístico en la localidad de Totana no ha terminado. El asunto de la presunta implicación del entorno del ex-alcalde Juan Morales en la operación de corrupción urbanística llevada también a cabo en Pontevedra y Madrid tendrá su continuidad en las próximas horas. Los dos detenidos en la localidad pontevedresa de Nigrán esperaban ayer en dependencias policiales a la espera de ser trasladados a Murcia, para lo que existe un plazo de 72 horas. La trama urbanística supuestamente, tiene su origen en el proyecto de construcción de miles de viviendas de estos dos empresarios en la localidad Murciana de Totana.
La juez María Asunción Navarro investiga si ambos pagaron comisiones ilegales durante la pasada legislatura para favorecer la recalificación de unos terrenos de 2,2 millones de metros cuadrados en los que había parcelas destinadas a plantaciones de legumbres y explotaciones ganaderas, y en las que el grupo empresarial planificaba construir 5.040 viviendas. Un proyecto que supondría el mayor residencial de la localidad totanera.
En esta trama, el papel de intermediario lo habría jugado, supuestamente, el gerente de la empresa de huevos Maryper al que, según fuentes próximas al entorno del ex-alcalde Juan Morales, «les une una gran amistad».
La juez encargada del caso se sumó ayer al registro en la asesoría de la ex mujer del diputado regional Juan Morales. Navarro, titular del juzgado de Primera Instancia de Totana se personó en el local que desde primera hora de la mañana estuvo custodiado por agentes de la Guardia Civil. Según fuentes de la investigación, la propia Mari Carmen Jordán, estuvo presente durante el registro, que se saldó con seis cajas de documentos, un ordenador y una mochila incautadas.
La juez ha declarado el secreto de sumario respecto a las investigaciones que se han realizado ya y que continuarán en las próximas horas. Los vecinos de los alrededores de la asesoría recordaban ayer a los medios de comunicación que el gabinete de asistencia jurídica permaneció cerrado durante el período en el que Juan Morales fue alcalde de la localidad.
* La Verdad - 27.11.07 - G. H./T. M.
Foto: Totana (Murcia), registro asesoría - S.M.Lario (laverdad.es)
Valencia: Tabacalera, un 'pelotazo' con prisas
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ELPAÍS* : Ya no hay marcha atrás. Las máquinas tiraron ayer dos laterales del conjunto arquitectónico que fue la sede de Tabacalera en Valencia, una manzana con un edificio nuclear levantado en 1909. Las protestas de la plataforma Salvem Tabacalera, que llegó incluso a presentar una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el pasado mes de marzo; las críticas de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia, y el informe de la Real Academia de San Carlos de Valencia rechazando la embestida al conjunto arquitectónico no han servido para hacer que el equipo consistorial que encabeza Rita Barberá, del PP, se plantee siquiera posponer la intervención hasta obtener más información sobre la conveniencia de la misma e incluso sobre su legalidad.
El Ayuntamiento de Valencia ha tenido mucha prisa en materializar una operación que podría proporcionarle unas plusvalías superiores a los 170 millones a la empresa Guadalmedina del promotor Enrique Ballester. Un pelotazo que empezó a fraguarse en junio de 2002 cuando el empresario adquirió el 49% de la Tabacalera a Altadis por 8 millones. Cuatro años más tarde, tras la previsible recalificación urbanística que permitía el derribo de las naves laterales del conjunto arquitectónico y la edificabilidad de los solares que se generaban, el empresario compró el 51% restante por 52 millones. A los 60 que le costó la compra del conjunto arquitectónico, Guadalmedina tuvo que añadir otros 13. Total 73.
¿Cómo se consigue una plusvalía de 170 millones?
Con las prevenciones del caso y teniendo en cuenta la situación del mercado inmobiliario, las referencias para hacer los cálculos hay que tomarlas del sitio más próximo. Ballester dispone en la calle de Micer Mascó de 32.000 metros cuadrados de techo. Justo en la misma zona, en el actual estadio de Mestalla, Juan Bautista Soler ha pagado el metro cuadrado a 4.500 euros. Basta una sencilla multiplicación para concluir que el precio de mercado de los solares que ayer empezaron a derribarse asciende a 144 millones.
Eso por un lado. De otro, Ballester recibió del Ayuntamiento de Valencia un edificio municipal en la plaza de América a cambio del conjunto de Tabacalera que no se derriba. La superficie edificable de dicho inmueble es de 11.500 metros cuadrados. Justo en la misma zona el antiguo edificio de los juzgados de instrucción se subastó por 7.200 euros el metro cuadrado. El resultado: 82.800.000. Van 226.8 millones. En los solares de Tabacalera se construirán un mínimo de 300 plazas de garaje, cuyo precio de mercado en esas zonas no baja de los 42.000 euros. Multiplicados: 12.600.000 euros. Y en Plaza de América, 110 plazas a 48.000. El resultado 5.200.000 euros.
La suma de todas estas cantidades es de 244.600.000 euros, que la empresa inmobiliaria Guadalmedina podría ingresar al precio de mercado reciente sin poner un ladrillo. Restados los 73 que desembolsó, la plusvalía supera los 170 millones de euros.
Ayer, Carmen Alborch, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, lamentó la especulación auspiciada por el Consistorio de Barberá y señaló que ninguna otra ciudad de España con un conjunto arquitectónico similar ha actuado como lo ha hecho el PP en Valencia. Según Alborch, "es un expolio del patrimonio de todos".
La plataforma Salvem Tabacalera criticó que el Ayuntamiento haya tomado la decisión de consentir el derribo cuando aún faltan informes técnicos sobre la idoneidad del proyecto y valor del conjunto, y cuando los que existen lo desautorizan.
Victoria Marín, de la plataforma Salvem Tabacalera, afirmó ayer que "las plusvalías privadas se abren paso gracias al Ayuntamiento entre las ruinas".
CRONOLOGÍA DE UN 'PELOTAZO'
- 1989. El conjunto industrial de Tabacalera está protegido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y es de uso industrial.
- Febrero de 2001. El pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad continuar intentando comprar el edificio, entonces propiedad de Altadis, y ofrecerle a la compañía una permuta. El objetivo pareció ser darle un uso administrativo, institucional. Nunca se contempló el uso residencial.
- Junio de 2002. Ballester compra a Altadis el 49% del edificio de Tabacalera por ocho millones de euros y cinco meses después pide al Ayuntamiento una permuta para poder edificar.
- 2005. Mientras las conversaciones entre promotor y Ayuntamiento siguen, y se suceden informes sobre la protección del conjunto y la conveniencia de mantenerla, el Ayuntamiento de San Sebastián y el Gobierno Vasco compran por ocho millones de euros las instalaciones de Altadis en la capital donostiarra. Sus dimensiones y características se asemejan a las del complejo de Valencia, edificado en 1909. En San Sebastián, el conjunto se convierte en museo.
- Abril de 2005. La alcaldesa y Ballester firman un convenio para recalificar Tabacalera: se derribarán las dos naves laterales y traseras; el promotor podrá edificar en parte de ese espacio 300 viviendas de renta libre y otras 110 en el edificio de la permuta situado en la Plaza de América. A cambio, el Ayuntamiento se queda con el edificio central de Tabacalera, que no se derriba.
- Junio de 2006. Ballester compra a Altadis por 52 millones de euros el 51% restante del conjunto. La Generalitat aprueba la recalificación. Ballester paga al Ayuntamiento 13 millones por convertir la parcela en residencial y consigue por 73 millones de euros más de 43.000 metros cuadrados repartidos en dos de las mejores zonas de la ciudad. Solo los solares, valen un mínimo de 244 millones de euros.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 27/11/2007
Foto: Derribo de las naves laterales de Tabacalera en Valencia- JESÚS CÍSCAR (El País)
NOTICIA RELACIONADA: Tabacalera, un 'pelotazo' con prisas - El País 27/11/2007
Huelva: Un juzgado investiga un supuesto caso de prevaricación urbanística
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HUELVAINFORMACIÓN* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte investiga un supuesto caso de prevaricación urbanística en Sanlúcar del Guadiana por la construcción de tres edificaciones a los pies del río, que podría ir en contra de la normativa urbanística. En el auto de apertura de diligencias, al que ha tenido acceso este periódico, se señala que, según el contenido de la denuncia que una familia del municipio puso en manos de la Fiscalía, hace presumir la existencia de una infracción penal, por lo que ya ha comenzado a recabar informes para confirmar si existe delito y determinar, con nombres y apellidos, las personas que han podido intervenir en el mismo.
La representación legal de los propietarios considera que se ha producido una infracción de las normas urbanísticas y del procedimiento de protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico pertubado, hechos que "pudieran ser constitutivos de una infracción penal". Concretamente, la denuncia apunta a un delito consumado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística y señala como presuntos responsables al actual alcalde, José Manuel Ponce, al teniente de alcalde de Urbanismo y ex regidor, Cándido Saldaña, que fue el que en su día otorgó la licencia, así como a un funcionario.
Los propietarios de la vivienda han recurrido a los tribunales después de varios intentos fallidos de que el Ayuntamiento de Sanlúcar revisara el expediente de las nuevas construcciones y tomara medidas ya que -consideraba- afectaban a su casa, con más de un siglo de antigüedad.
El primero de estos intentos fue hace meses, cuando mantuvieron una conversación con el ex alcalde y el arquitecto municipal, en la que el responsable municipal le garantizó que las edificaciones que se estaban levantando no afectarían en nada a su casa ya que en modo alguno rebasarían las dos plantas de altura.
Sin embargo, las obras continuaron y ya el pasado agosto la familia regresó de nuevo al Consistorio, obteniendo únicamente (según consta en la denuncia) "evasivas y explicaciones poco técnicas". Y hubo un tercer intento, que ya se hizo por escrito para que quedara constancia.
La familia propietaria de la casa presentó un escrito en el Ayuntamiento solicitando la paralización de las obras y, poco después, el actual alcalde, José Manuel Ponce, volvía a darle evasivas, emplazando a la familia y a su representación legal a una reunión "para llegar a un acuerdo".
El encuentro entre las partes llegó a producirse. Sin embargo, en la denuncia se subraya que cuando la familia afectada llegó a la reunión, los responsables municipales se encontraban ya reunidos con los representantes de la promotora que estaba construyendo las nuevas edificaciones y que tanto el Ayuntamiento como la promotora esgrimieron los mismos argumentos para avalar la legalidad de la construcción.
Ponce y Saldaña volvieron a poner sobre la mesa, indica el texto, que lo mejor era llegar a un acuerdo con la empresa ya que, en caso contrario, la construcción seguirá y será cuando tenga que dar el final de obras cuando se decida si la edificación tiene irregularidades o no", propuesta a la que la familia se negó.
Los propietarios consideran que se infringe la normativa vigentes en materia urbanística y la Fiscalía remitió el caso al juzgado, que ya está investigando.
* Huelva Información - M. Rosa Font - 26/11/2007
Foto: Sanlucar de Guadiana (Huelva) - sanlucardeguadiana.es
«Cuidar el entorno no significa no tocar, sino aplicar los instrumentos adecuados»
ABC/Galicia/Entrevista* : Es una de las voces gallegas más reputadas en cuestiones medioambientales. El profesor Francisco Peña (Ponteareas, 1955) se ha consagrado, con una ingente labor desarrollada tanto en la vertiente investigadora, docente como divulgativa, con 48 publicaciones en su vitrina particular, como la «avanzadilla» de los ambientalistas de esta Comunidad que luchan cada día por ver a su tierra más sana, más cuidada. Con la mirada puesta en el presente, y la reflexión posada en el futuro, el hoy profesor de Medio Ambiente y Salud de Cepade-Universidad Politécnica de Madrid, ha pilotado durante ocho años una iniciativa de carácter itinerante pionera en España, el llamado Programa Gallego Municipios Saludables y Sostenibles.
Con él, no sólo ha arribado a 32 capitales de comarca en Galicia, con la colaboración de 186 concellos, sino que ha obtenido un bagaje inefable de conocimiento «sobre el terreno» de los lastres ambientales que algunos arrastran, y los beneficios de una lenta, pero incesante sensibilización ciudadana.
«Porque nos jugamos mucho, el futuro del Planeta y el legado a las generaciones venideras», gusta decir a Peña, y porque nuestra salud está directamente vinculada con la salud de los pulmones del mundo. Esa iniciativa atraca esta semana, por fin, en la capital compostelana y lo hace con una cita, con rango de Congreso Gallego de Medio Ambiente, en la que bajo el mando de experiencia dilatada de Peña, participarán 33 expertos de las universidades gallegas, unos 120 congresistas y el patrocinio y colaboración de la Obra Social Caixa Galicia, las Consellerías de Medio Ambiente y Sanidad, entre otras muchas entidades.
-Después del periplo que se inició en Padrón en 2000 hasta hoy, ¿qué conclusiones ha podido extraer?
-La primera es que los concellos en general en Galicia tienen cada vez más competencias en materia ambiental, pero en cambio los recursos que tienen son muy limitados para enfrentar ese cúmulo de competencias. Te encuentras con que hay unas concellerías figurativas de Medio Ambiente, mientras que la mayoría de los concellos no tienen, por ejemplo, técnicos de medio ambiente, ni medios, así que difícilmente pueden llevar a cabo una gestión eficaz. Existe una descompensación. Por otro lado, creo que falta mucho terreno por recorrer en materia de prevención: yo abogo más por políticas preventivas que por actuar de «bomberos», solucionando los problemas después de tenerlos. Creo en una planificación, en una adecuada política de prevención, a través de programas de actuación y de formación, de la que aún no se dispone.
-¿Cuál es la mayor problemática ambiental que padece esta tierra?
-Es difícil hablar de un aislado enemigo ambiental. En lo urbanístico, hay que pasar del feísmo al urbanismo sostenible. En estos últimos años, se han generado construcciones en zonas del panorama gallego, en particular en la costa y en cascos monumentales, que no guardan armonía con el entorno, con el patrimonio, y menos con el litoral. Parece razonable poner freno a este tema, y en eso se está en estos momentos a través de la nueva normativa gallega. También es urgente tomar más conciencia de que en parajes y lugares de importancia comunitaria no podemos realizar determinadas actividades, no se pueden instalar parques eólicos y otras construcciones beneficiosas en el aspecto energético, en este caso, a cualquier precio. Sobre la calidad de las aguas, se han hecho importantes esfuerzos en el abastecimiento y saneamiento. El organismo «Aguas de Galicia» ha puesto un poco de sentido común en este aspecto, aunque vamos con retraso respecto a la normativa comunitaria, pues hay muchos municipios que no disponen todavía de una depuradora, y esto no ayuda: los medios son escasos y no da para todo, pero hay que impulsar la mejora en el abastecimiento y el saneamiento. En el primero, hay un Real Decreto reciente que exige que la gestión de los concellos en el abastecimiento sea más estricta, que mejoremos las propias estaciones de tratamiento de aguas potables, que mejoremos y ampliemos las depuradoras, con lo que medrará todo el proceso de depuración; pero también es verdad que ayudamos a esta situación si logramos disminuir el nivel de contaminación que llega a los ríos. En este plano de la potabilización, está en juego la salud de los ciudadanos, así que tendremos que hilar fino. De mada vale que nos pongamos con temas faraónicos, como la Ciudad de la Cultura u otros, si en las pequeñas cosas no generamos lo necesario que ayude a la salud y bienestar de la población, y a buscar la solidaridad -como recoge la Constitución- de que todos tenemos derecho a un ambiente sano.
-¿Suscribe la idea de que la costa gallega se está marbellizando, a tenor de la densidad de construcciones o es exagerada?
-Creo que no se llega a ese límite, aunque en algunas zonas emblemáticas de Galicia, como el Salnés en Sanxenxo, se hace evidente cómo hay urbanizaciones poco sostenibles.
-¿No opina que el mayor lastre medioambiental es la falta de concienciación ciudadana?
-Cuando comencé a dar clases haci casi 30 años en la Universidad de Santiago, parecía un bicho raro. Se han dado pasos adelante, hoy es una realidad que la asociación entre unos estilos de vida inadecuados y los factores de riesgo ambiental son concausa de enfermedades. Las causas de las enfermedades de la civilización actual se deben a una multicasualidad de factores, donde están los ambientales, pero también estilos de vida inadecuados que está en nuestra capacidad reorientar (como el alcohol, el sedentarismo...). Nuestra salud se va a ver a fectada en función de la calidad ambiental que tenga el nicho ecológico en el que vivimos. ¿Qué podemos hacer? Está en nuestras manos, porque la Administración tiene una responsabilidad para ayudar al bienestar y calidad de vida, pero los ciudadanos somos corresponsables.
-También las empresas...
-Se habla mucho de que las empresas han incorporado el medio ambiente como un elemento más en su política global. De hecho, España es uno de los primeros países, con China y Japón, cuyas empresas tienen implantados mayor número de sistemas de gestión ambiental. Se van dando cuenta de que el medio ambiente no es una rémora, sino un valor añadido a sus productos. Avanzamos, pero aún queda. La educación ambiental sigue siendo una asignatura pendiente.
-¿Usted sustituiría la Educación para la Ciudadanía por la Educación Ambiental?
-Son complementarias, todo lo que sea ética y comportamiento ciudadano debe integrar comportamientos hacia la salud y el medio ambiente. Hay que comenzarla desde la cuna, porque sobre las personas mayores es más difícil. Son tres eslabones en la misma cadena: información, conciencia y compromiso, y acción.
-De 1 a 10, ¿qué puntuación pondría a la salud ambiental de los municipios gallegos?
-Gracias al poderío que tiene la naturaleza viva de nuestra tierra, aceptable. Yo digo siempre que carga con más de lo que puede. Todo tiene una capacidad límite, es cierto, no podemos cargar con demasiados residuos o contaminación a la atmósfera, porque al final, creamos un gran desajuste ambiental enorme, que afectaría a la salud. En una sociedad de progreso hay que buscar el equilibrio y la sostenibilidad entre la posibilidad de que se produzca ese progreso y la protección del entorno. Y cuidar no significa «no tocar», el medio ambiente hay que moverlo, pero tenemos instrumentos para que los problemas de contaminación que nunca van a ser 0, sean mínimos. Además, Galicia cuenta con una capacidad asombrosa de regeneración, como ha probado el «Prestige».
-¿Qué confía en sacar del Congreso?
-Va a ser un foro plural, un Congreso de los Diputados muy heterogéneo de lo que hoy es Galicia, útil para que se aborden todos los problemas ambientales que presenta. Es un foro de encuentro e interacción importante para que de alguna manera contribuya a asentar las bases sostenibles del futuro de Galicia.
* ABC - Santiago - ÉRIKA MONTAÑÉS - 26 de noviembre de 2007
El ladrillo anega las acequias
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ELPAÍS/Valencia* : "La acequia no se limpia como corresponde, y siempre que llueve mi campo se inunda", dice Miguel Martí, agricultor en la huerta de Alboraia. "Mira lo que ha sucedido en Valencia, algo así debería hacer reflexionar", indica su hermano, Vicent Martí, quien recibió en 2006 de la ministra Cristina Narbona el premio al mejor agricultor ecológico de España. Con lo dicho refiere el gran socavón producido en el paseo de la Petxina -la grieta tragó a dos vehículos- relacionado con la acequia Rovella que atraviesa el subsuelo.
En 2004, un desbordamiento de la misma Rovella ya produjo el anegamiento de la calle de Quart. Entonces, un responsable de su comunidad de regantes dijo: "La ciudad había crecido sobre ella", que la canalización se usaba "desde tiempo inmemorial" y que igual se había producido en la acequia una obstrucción, ya que eventualmente se había encontrado en ella muebles y hasta un colchón.
No parece pues que una limpieza sistemática se utilice como antídoto a los excesos del urbanismo. Miguel Martí se queja de eso. "Al final de Saplaya, una urbanización costera de esta zona", explica, "se están haciendo obras de urbanización de carretera que cubren un tramo final de la acequia Morra", ramal de la acequia Rascanya. Para explicar mejor el problema, muestra un escrito del ingeniero de Caminos José Luis Miralles que el propio Miguel ha hecho llegar sin gran éxito a diferentes instituciones. El texto apunta que, en ausencia de una limpieza real de fango y de sedimentos, ese tramo de acequia "pierde su capacidad de desagüe". Y que, en caso de temporal, la fuerza del mar actúa aún más en contra de ello, sobre todo si una obstrucción de la acequia -como la de residuos acumulados- frena la velocidad de salida del agua.
Cuando las obras urbanizadoras cubran la acequia, continúa el texto, "no será posible proceder a las acciones de limpieza". Ello podrá desembocar "en inundación de las tierras aguas arriba", algo que se agravaría "si la obstrucción se produce en el momento de las lluvias torrenciales". José Moratal, concejal del PSOE en Alboraia afirma que "el ingeniero de turno ha dicho que todo se solucionará con un colmatador", una hondonada para contener la sedimentación del agua. "Pero los labradores ya han indicado que eso será insuficiente según lo que ellos conocen de la acequia".
"La tradición indica que la limpieza de la acequia la hagan los propietarios de campos que linden con ella", indica José Casares, electo de la comunidad de regantes de Rascanya, la institución que debe supervisar la acequia. Sin embargo, cuando, desde esas comunidades de regantes se produce la venta de tramos de acequia para construcción, todo cambia. "Ahora mismo, estamos a la búsqueda de un acuerdo con el Ayuntamiento para ver quien limpia". "Hasta ahora lo he hecho yo, en representación de los regantes", asegura.
Muchas son las acequias que han sido paulatinamente urbanizadas. El dinero ganado con la venta de tramos no se reparte entre propietarios de campos, se supone que la comunidad de regantes lo reinvierte. "La transacción la gestiona y la cobra la comunidad de regantes por derecho consuetudinario", indica Vicent Sales, agricultor, geógrafo, ingeniero técnico agrícola, y reconocido especialista en acequias valencianas. "Se considera que la organización representa a los campos regados, no a los dueños de esos campos". "Hay un limbo en el tema de regulación de limpieza de acequias cuando se venden, y ha habido además un descomunal crecimiento urbanístico", añade. "Los que compran desvían un nuevo paso de agua que no tiene en cuenta los intereses agrícolas, sino los de la construcción, y se suelen generar muchas situaciones de riesgo de inundación, que aumentan con la tendencia a tapar acequias y sus cajeros". "Si se generan conflictos", explica Sales, "el Tribunal de las Aguas sólo interviene en litigios menores entre usuarios, los grandes problemas se llevan a los juzgados".
Precisamente, apunta Carmina del Río, edil socialista del Ayuntamiento de Valencia, "ha sido la voluntad de evitar conflictos judiciales con las comunidades de regantes de las acequias de la ciudad lo que ha hecho que el consistorio establezca un acuerdo muy caro". "Implica un pago de más 600.000 euros anuales durante 25 años por la utilización de la red de acequias como corredero de aguas pluviales". "El Ayuntamiento asume conservación, reparaciones y limpieza, y ni siquiera conocemos el estado de esas instalaciones". "Tampoco hay seguridad de a quién pertenecen en su totalidad", finaliza, "ya que hay tramos vendidos a perpetuidad".
* ELPAIS.com - JOAN M. OLEAQUE - Valencia - 26/11/2007
Foto: Alboraia (Valencia), huerta - flickr.com
Ocho detenidos en Murcia, Galicia y Madrid por presunta corrupción urbanística
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20MINUTOS* : Entre ellos, la ex mujer y la compañera del ex alcalde de Totana (Murcia). Agentes de la Guardia Civil han detenido hoy a al menos ocho personas por su presunta relación con un delito urbanístico cometido en la localidad murciana de Totana. La operación está relacionada con la recalificación de más de dos millones de hectáreas de suelo rústico en urbanizable para que una empresa gallega construyese miles de viviendas.
Entre los detenidos se encuentran el director de la empresa gallega y uno de sus ayudantes, habiéndose producido ambos arrestos en Nigrán (Pontevedra). Asimismo, ha sido detenido en Totana el dueño de una empresa de productos agrícolas con sede en esa localidad, acusado de actuar de intermediador entre la empresa y las personas que podrían haber recibido sobornos para recalificar el terreno.
Además, según informa la Cadena Ser entre los detenidos se encuentran la ex mujer y la actual compañera sentimental del hasta hace unos meses alcalde de Totana, Juan Morales, del Partido Popular. Morales es actualmente diputado regional.
La nómina de detenidos se completa con otros dos arrestos en Murcia capital y otro en Madrid. Las investigaciones corren a cargo del Grupo de Delitos Urbanísticos creado este mismo año en el seno de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Ya lo denunció IU
El grupo de IU en Totana dio la voz de alarma en septiembre calificando de "disparate la macrourbanización anunciada por el grupo gallego Nuaria con la que pretendían construir 5.000 viviendas".
"Los propietarios de terrenos en la zona están siendo presionados y amenazados para que vendan unas propiedades que les pertenecen desde hace generaciones", explicó el concejal de IU en Totana, Juan José Cánovas.
"Este proyecto duplicaría la población de Totana, con la urbanización de más de 2 millones de m2 y la construcción de un campo de golf".
"Son varios los vecinos propietarios de la zona que se han dirigido a IU para manifestar las presiones que vienen sufriendo para que vendan sus propiedades, bajo amenazas de expropiación".
El Ayuntamiento pide que se aclaren los hechos
El Ayuntamiento de Totana, gobernado por el Partido Popular, asegura que está prestando toda su colaboración a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para facilitar el esclarecimiento de los hechos.
"El Ayuntamiento de Totana desea apelar a la responsabilidad de todos los agentes sociales y políticos en sus declaraciones y actuaciones públicas para no manchar el nombre de Totana y evitar entorpecer la investigación en curso. Por otra parte, los hechos no han modificado la agenda de los miembros del equipo de Gobierno y ninguno va a realizar valoraciones públicas para no interferir en la investigación".
Además, solicita que se agilicen al máximo las investigaciones para evitar cualquier sospecha infundada.
* 20 Minutos - AGENCIAS. 26.11.2007
Foto: Paraje donde se pensaba construir, según IU./ 20minutos.es
La Fiscalía investiga la construcción de viviendas y los aterramientos en la Marjal de Nules-Burriana
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EUROPAPRESS/Castellón* : Estas investigaciones llegan después de que Gecen presentase una denuncia ante la Fiscalía en enero de 2007 por la comisión de un delito sobre la ordenación del territorio, un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y un delito de prevaricación especial por la construcción "no autorizada" de 62 viviendas en el espacio natural protegido de la Marjal de Nules-Burriana, por aterramientos en un espacio natural protegido que destruyen "gravemente" el equilibrio del ecosistema de la zona húmeda protegida y por permitir "deliberadamente" la construcción en un espacio protegido sin ejercer conscientemente las potestades administrativas de control, vigilancia y restablecimiento de la legalidad infringida.
Fruto de la primera fase de la investigación, la Fiscalía ha elevado el número de edificaciones ilegales de 62 a 93 e iniciado las diligencias de investigación penal sobre quienes son responsables de las mismas y de los aterramientos en el humedal. Así pues, los propietarios y los posibles promotores constructores o técnicos directores "deben responder ante la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos tipificados en el los artículos 319 y 325 del Código Penal".
Según el grupo ecologista Gecen, la Fiscalía descarta, de momento, la comisión de delito de prevaricación especial por parte del alcalde anterior de Nules, Salvador Górriz, quien, a juicio de la asociación, "permitió deliberadamente la construcción en un espacio protegido sin ejercer conscientemente las potestades administrativas de control, vigilancia y restablecimiento de la legalidad infringida".
La Conselleria de Medio Ambiente, según el grupo ecologista, "también es responsable de los hechos sucedidos. 93 viviendas, aterramientos, degradación hidroecológica, del humedal no pueden pasar desapercibidos para un Ayuntamiento con Policía Local o una Conselleria con agentes medioambientales y, sin embargo, los expedientes y denuncias por parte del Ayuntamiento y de la Conselleria al respecto son mínimas".
La asociación ecologista lamentó la "nula" gestión en el humedal por parte de la Conselleria y el "abandono" municipal, salvo el pequeño fragmento que ocupa el Paraje Natural Municipal del "Estany de Nules". La zona húmeda, de reconocido valor a nivel europeo, ha sido clasificada como Lugar de Interés Comunitario (LIC ES5222005) por Acuerdo del Gobierno Valenciano de 10.07.2001, "lo cual, al igual que su pertenencia al catálogo de zonas húmedas, no ha impedido su continua degradación", indicó.
"Toda la publicidad de la Conselleria cada vez que se protege administrativamente el humedal sólo son una cortina de humo verde tras la cual se esconde la triste realidad: la degradación del humedal", apuntó Gecen, quien exigió "algo más que la gestión de la publicidad para el marjal de Nules-Borriana".
* Levante-EMV - E.P. - 26 de noviembre de 2007
Foto: Nules-Burriana (Castellón), obras marjal - accioecologista-agro.org
Juzgan a Julián Muñoz, Roca y Román por una licencia ilegal para la construcción de 66 viviendas en Marbella
ESTRELLADIGITAL/EP* : El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto juzgar desde hoy lunes y hasta el miércoles al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, al que fuera asesor de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, y al ex primer teniente de alcalde Pedro Román --todos procesados en el 'caso Malaya'--, además de a seis ex ediles por la concesión a la empresa Incopromar de una licencia para un edificio de 66 viviendas en la avenida del Mar marbellí.
La Fiscalía de Málaga acusó en sus conclusiones iniciales a Muñoz y a los ex ediles Rafael González, también procesado en el caso contra la corrupción municipal; Mario Jiménez, José Pomares, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe --está en paradero desconocido-- y Marisa Alcalá, de un delito contra la ordenación del territorio, por el que pide 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación.
En ese escrito, el fiscal no acusa a Roca ni a Román, para los que pedía el sobreseimiento provisional, pero sí lo hizo la acusación popular en nombre de la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, que acusó al primero de un delito contra la ordenación del territorio y de otro de prevaricación y al segundo, sólo por éste último. Los Verdes e IU también ampliaron su acusación en este sentido. El abogado José Luis Sierra también está acusado.
Para el fiscal, la comisión de gobierno de 4 de julio de 1997, con Muñoz como presidente accidental, concedió una licencia de obras a la entidad Incopromar para un edificio de 68 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la avenida del Mar, "pese a que" se trataba de un suelo considerado como viario y destinado a uso público, según las normas aplicables del plan urbanístico de 1968.
Como en otros casos, la acusación pública especifica que el permiso se dio "sobre la base de su adecuación a las determinaciones del documento de revisión del planeamiento municipal", que, sin embargo, "no había sido objeto de aprobación definitiva por la entidad supramunicipal competente", es decir, la Comisión Provincial de Urbanismo, que, de hecho, posteriormente denegó su aprobación.
Por contra, el escrito de acusación de García Marcos, al que tuvo acceso Europa Press, incluye el convenio de permuta con la empresa, participada por el periodista Antonio Herrero, que, según precisa, había sido negociado, "siguiendo instrucciones y con el visto bueno de Jesús Gil", por el entonces gerente de Planeamiento 2000, Juan Antonio Roca.
Esta parte entiende que se vulneraron los principios elementales del ordenamiento jurídico con esta operación, que se aprobó "a sabiendas de su ilegalidad", en una comisión de gobierno donde estuvo Román. Posteriormente, el escrito precisa que se otorgó la licencia de obra, pese a haber en el expediente "informes de los servicios técnicos contrarios a tal resolución".
Por tanto, esta acusación pidió para Román, Muñoz, González Carrasco, Jiménez Notario, Calle, Alcalá y Roca la pena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y solicitó, además, para éstos --excepto Román-- y para Pomares, Yagüe y el abogado José Luis Sierra otros 10 años de inhabilitación para cargo público y seis meses de prisión.
Este juicio fue suspendido en mayo de este año, después de que Roca acudiera a la vista oral sin abogado, ya que el escrito de nombramiento de letrado por parte de éste, remitido desde la cárcel, no constaba en la causa. Desde el despacho del abogado nombrado por Roca precisaron que "no se ha recibido notificación por parte del juzgado haciéndole saber que ha sido designado como letrado ni preguntándole si acepta esa personación, como marca la ley", y, por tanto, no se le ha dado traslado de las actuaciones.
* Estrella Digital - 26/11/2007
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Arganda: Cinco imputados por cobrar dinero negro en la venta de pisos protegidos
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Los imputados, que también están siendo investigados por el Ministerio de Hacienda por presuntas irregularidades fiscales, exigían a los compradores una cantidad de entre 40.000 y 69.000 euros en dinero B o negro. El caso se refiere a dos promociones con un total de 136 viviendas situadas en la confluencia de la avenida de la Tolerancia y la calle de la Comprensión, en las zonas de nuevo desarrollo del municipio. Las casas fueron vendidas a lo largo de 2005 y hasta el momento se desconoce cuántas habrían sido vendidas con el sobreprecio ilegal.
Hasta el momento, una veintena de compradores, algunos denunciantes y otros como testigos, han acudido a declarar ante la juez que instruye el caso. Todos ellos han confirmado el pago del dinero negro, que les era exigido con el argumento de que "era para otras personas que habían comprado antes el piso sobre plano y que se habían arrepentido", según la declaración de uno de los testigos llevada a cabo el pasado 22 de octubre.
Un informe de la Guardia Civil, incluido en las diligencias y fechado el pasado 13 de junio, corrobora los pagos irregulares. Tras investigar decenas de contratos de compraventa y la documentación aportada por los compradores denunciantes, la Guarda Civil concluyó que "la promotora a algunos de los compradores, sobre todo de las últimas fases, les exigía el pago de cierta cantidad de dinero en B".
La Guardia Civil también concluye que la promotora de Sánchez Primo "ha cobrado de más a los propietarios que lo que la Comunidad de Madrid estipuló" en la Calificación Definitiva de Viviendas con Protección Pública. Una tercera irregularidad sería la venta de trasteros, que en la Calificación constan como "vinculados a los pisos" y que fueron cobrados por separado.
Una última irregularidad comprobada por la Guardia Civil raya la usura. Se trata del caso de una compradora a la que la hipoteca obtenida en el banco se le quedaba 9.000 euros corta para llegar al precio de venta del piso. "La promotora prestó a la manifestante 9.000 euros que le faltaban mediante la firma de 60 letras de cambio de 210 euros". Es decir, le cobró un total de 12.600 euros a cinco años.
Este caso, además, pone de manifiesto cierta connivencia entre la promotora y la entidad financiera, que no es citada por su nombre en el informe: "La cantidad de 9.000 euros pedida a Sánchez Primo la solicitó a éste por recomendación del banco donde había pedido el préstamo hipotecario", concluye el informe de la Guardia Civil.
La juez instructora investiga si es cierto, como intentan demostrar los abogados de los afectados, que la trama exigía y cobraba el dinero en las oficinas de Vilsa y éste era posteriormente entregado a Sánchez Primo. En todas las ocasiones, según los denunciantes y testigos, las empleadas de Vilsa cogían el dinero, lo contaban y lo introducían en una bolsa. Poco después, les acompañaban a las oficinas de Sánchez Primo a firmar el contrato de compraventa.
Hasta el momento, sólo han declarado ante el juez Villapalos y Trillo. Sánchez Primo y las dos empleadas de Vilsa lo harán en las próximas semanas. El promotor ya ha avanzado a varias personas relacionadas con el caso que él no se ha llevado "ni un euro en dinero negro" y que no se hace responsable de lo que haya podido hacer Vilsa.
Villapalos, dueño de la inmobiliaria, compareció ante el juez el pasado 23 de octubre. Allí fue interrogado sobre varios casos y negó que, en uno de ellos, exigiera 56.750 euros a unos clientes "si querían firmar escrituras". En su declaración también eludió cualquier responsabilidad, aunque en este caso no salió en defensa de sus empleadas al afirmar desconocer si "éstas han acompañado a clientes de Vilsa a las oficinas de Sánchez Primo", supuestamente para entregar al promotor el dinero que los clientes pagaban en negro.
Trillo Ramírez, por su parte, también negó ante el juez haber exigido a una cliente 40.200 euros ni haberla amenazado para que retirara la denuncia presentada contra la trama.
¿Dónde están los billetes?
La trama organizada en Arganda para el cobro de cantidades millonarias en dinero negro en la venta de viviendas protegidas esconde un gran interrogante que será clave en el proceso judicial en marcha. La pregunta a responder es adónde ha ido a parar el dinero negro, casi todo en billetes de 100, 200 y 500 euros, pagado por los compradores.
Las declaraciones de la veintena de compradores que han comparecido delante del juez se parecen como gotas de agua al describir el proceso de compra de la vivienda protegida y el pago de dinero negro. Los clientes acudían a Vilsa para informarse de la posibilidad de comprar un piso protegido. Allí se les decía que un requisito imprescindible era no tener ninguna vivienda en propiedad, por lo que Vilsa se ofrecía para vender primero la que tuvieran.
Tras la venta, Vilsa informaba de la necesidad de pagar entre 40.000 y 69.000 euros a una supuesta familia que había renunciado a quedársela. La ruptura de un matrimonio era la razón utilizada para justificar que alguien renunciara a comprar un piso protegido cuyo precio era más de un 30% inferior al de mercado.
Varios compradores han afirmado ante el juez la sorpresa que se llevaron en la firma del contrato de compraventa al ver que el vendedor era el propio Sánchez Primo y no la supuesta familia.
Para proceder a la compra de la vivienda protegida, Vilsa se reunía con los compradores en sus oficinas. Allí, una empleada les hacía subir al primer piso, donde contaba el dinero con una máquina antes de introducirlo en una bolsa. Posteriormente, la misma empleada acompañaba a los compradores a las oficinas de Sánchez Primo para firmar el contrato de compraventa.
La clave, que hasta el momento no ha podido ser desvelada, es si el dinero se quedaba en Vilsa o era llevado hasta las oficinas de Sánchez Primo por la misma empleada cuando acompañaba al cliente.
* ELPAIS.com - ORIOL GÜELL - Arganda del Rey - 26/11/2007
Foto: El edificio de viviendas protegidas- CRISTÓBAL MANUEL (El País)
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Los grandes casos de corrupción en Alicante pasan al Tribunal Superior
ELPAÍS* : Cuatro de los sumarios más destacados por supuestos casos de corrupción política abiertos por los juzgados de Alicante siguen su desfile hacia el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana debido al aforamiento de imputados. En total, en estos casos están imputados tres alcaldes, un ex regidor y 12 ediles del PP. En las cuatro causas la acusación pública la ejerce el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, que ya ha iniciado los trámites para continuar la instrucción en el alto tribunal.
La última y cuarta investigación afectada por este imperativo legal ha sido la del sobrecoste de las obras de la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela. En este sumario está imputado el ex concejal del PP y actual diputado autonómico Andrés Ballester. Al caso de la Glorieta se suman el del supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al contratista Enrique Ortiz, el desfalco de seis millones de euros descubierto en la firma pública Mercalicante, y la millonaria plusvalía que obtuvo el alcalde de Torrevieja en la compraventa de una finca. En los primeros está imputado el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y en el tercero su homólogo de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, de la misma formación política.Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, del PP, está imputado en dos de los cuatro sumarios por supuesta corrupción que debido al aforamiento de imputados sustanciará el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Por orden cronológico, la primera causa en la que Alperi está incluido en la lista de imputados es el supuesto desfalco de seis millones de euros en Mercalicante. La magistrada Cristina Costa, titular del Juzgado número 1 de Alicante, dirige una cansina instrucción desde el verano de 2002. La juez no ha resuelto aún el expediente para el obligatorio traslado de la causa al TSJ.
Esta parsimonia de la magistrada ha sido aprovechada por la defensa de Alperi y otros dos cargos del PP imputados [el concejal Juan Zaragoza y el ex edil José María Rodríguez Galant] para presentar un nuevo recurso que solicita el archivo de las diligencias para los tres. La juez ha admitido el recurso, pero fuentes judiciales aseguran que "técnicamente" no podrá resolverlo porque se produce después de que Alperi haya alcanzado la condición de aforado. "La juez está obligada a incluir el recurso en su escrito de traslado de la causa al TSJ", explican esas fuentes.
El curso de la investigación del segundo caso en el que está implicado Alperi ha sido un ejemplo de rapidez si se compara con el primero. El titular del Juzgado número 8 de Alicante en un año concluyó la instrucción y ha resuelto ya el traslado de la causa al TSJ. En el sumario, además de Alperi y el promotor Enrique Ortiz, están imputados los concejales del PP Sonia Castedo y Luis Concepción.
La investigación al alcalde Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por la compraventa de la finca con la que ganó 5,3 millones de euros, sufre el mismo proceso de parálisis que el caso Mercalicante. El titular del juzgado numero 4 de Torrevieja no ha practicado ni una sola diligencia desde el 28 de octubre de 2005 cuando Hernández Mateo declaró como imputado. El juez tampoco ha remitido el escrito de traslado del sumario al TSJ.
El sobrecoste de 2,5 millones de la Glorieta de Gabriel Miró en Orihuela es la última causa que ha de enfilar el camino del TSJ. La juez, a raíz de la declaración de los primeros imputados [entre ellos el ex alcalde, José Manuel Medina y el promotor de la obra Domingo Alcocer], amplió la acusación a los nueve concejales de la comisión de gobierno que validaron las obras. La lista incluye a la actual alcaldesa, Mónica Lorente, y al ex edil y diputado autonómico Andrés Ballester.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 26/11/2007
Foto: Alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
