Palmanova: Imaginar cómo era el paraíso

DIARIODEMALLORCA/Calvià* : Recrear cómo era el paraíso. Un paraíso terrenal -compuesto de playa, mar y montaña- y no muy lejano en el tiempo. Apenas medio siglo. Ésa es la tarea a la que se encomendó por iniciativa propia el arquitecto Rafael de las Heras, quien quiso plantearse cómo sería la primera línea de uno de los núcleos turísticos más significativos de Mallorca, Palmanova, sin tres instalaciones hoteleras de grandes dimensiones que datan de la década de los sesenta y setenta.

El resultado es un trabajo en que se expone de una manera gráfica (ver imágenes adjuntas) cómo sería posible la restitución de valores paisajísticos y ambientales de antaño. A través de un montaje fotográfico, De las Heras muestra una imagen inusual de este punto concreto del litoral calvianer al aparecer en las imágenes desnudo de moles de cemento.

El arquitecto explica que eligió Palmanova porque le pareció un ejemplo de las "aberraciones urbanísticas" cometidas en Mallorca con la llegada del desarrollo turístico. "Palmanova es un lugar emblemático. Tiene de todo. Tiene mar, montaña y está cerca de Palma. Es que, originalmente, podía tener un atractivo superior al que puede tener hoy en día es Trenc", dice.
En el tramo de costa objeto de su estudio, existen tres hoteles. Estos inmuebles son un paradigma del tipo de construcciones en esta zona, que junto a Magaluf y Portals Vells constituye la segunda área turística con mayor capacidad hotelera de Mallorca, con casi 25.000 plazas.
Los establecimientos hoteleros que se suprimen en el trabajo de De las Heras son ejemplo del desarrollismo puesto en práctica en Calvià, que modificó a partir de la segunda mitad del siglo pasado la faz de este municipio, cuya economía estaba basada hasta entonces, como toda la isla, en la producción agrícola.

Construcciones antiguas

"Estamos hablando de construcciones que suelen tener más de 30 años, edificios de escala desproporcionada, que tapan el paisaje, actúan como pantallas y transforman el suelo urbano original", explica De las Heras.
"Se construyeron en los primeros años de la década de los setenta. Hoy en día serían impensables, porque ninguna normativa ampara que se pueda construir tan cerca de la costa. Antes sí se podía hacer. El inversor, consciente del atractivo de estas zonas, disponía de muchas facilidades para construir al haber una ausencia total de planeamiento urbanístico", agrega.
El arquitecto detalla que, de llevarse a cabo la supresión de estas construcciones, no sólo se conseguiría restituir el valor paisajístico primigenio de dicha zona turística, sino que también comportaría una revalorización de las construcciones que estaban detrás de los hoteles y que pasarían a estar en primera línea.
De las Heras apuesta por la implicación de las administraciones central, autonómica y municipal para entablar negociaciones con los propietarios de estos grandes establecimientos hoteleros, "ya amortizados", con el objetivo de adquirirlos y demolerlos. "Habría que comenzar a hacer actuaciones de este tipo. Se lograría una contrapartida muy importante para la sociedad mallorquina en general", argumenta.

Otras aberraciones

Este profesional se plantea, en un futuro próximo, realizar estudios semejantes con otros puntos con "aberraciones urbanísticas". Como es Trenc -"el espacio público más potente de Mallorca en verano", dice- o el resto de la costa calvianera. Tampoco descarta remitir dichas proyecciones arquitectónicas a las instituciones públicas para que tomen nota y se vean impelidas a actuar en consecuencia.
De cara a que no se vuelvan a repetir en un futuro estos errores urbanísticos, De las Heras apuesta por recuperar la noción de que la arquitectura se encarga de "resolver los problemas de escala y espacio". "En cualquier espacio hay que tener en cuenta que el entorno determina la escala. Por eso, no se puede poner como referencia de ese espacio una pieza, un edificio que sea ajeno a su entorno. Otro caso claro es el del edificio de Gesa en Palma", indica.
La costa de Calvià cuenta con 26 playas, lo que en su día constituyó un potente motor inicial de atracción turística. La mayoría de núcleos calvianers lindan con el litoral -Cas Català, Illetes, Bendinat, Portals Nous, Palmanova, Magaluf, El Toro, Santa Ponça, Costa de la Calma y Peguera-.
En los años veinte del siglo pasado, aparecieron en el término las primeras instalaciones hoteleras. Fue en Cas Català, Palmanova y Peguera. En este último núcleo se dio desarrollo temprano de la industria turística, ya que avanzada la década de los 50 tenía una decena de hoteles. Entre los años cincuenta y sesenta, el número de plazas de alojamiento turístico se incrementó sobremanera, en un proceso continuo hasta alcanzar las más de 40.000 que existen en la actualidad.
En la mayoría de estos núcleos turísticos calvianers el crecimiento se ha caracterizado por la construcción de grandes bloques de hoteles y apartamentos, acompañados de áreas comerciales y de ocio.








* Diario de Mallorca - I. MOURE - 21 de noviembre de 2007
Foto: Recreación en plano de la primera línea de Palmanova, con y sin hoteles - diariodemallorca.es



.................................... Leer más...

Los vecinos pedirán a Anticorrupción que investigue un plan urbanístico en El Campello

LEVANTE-EMV/Alacant* : Los vecinos de la Playa de Muchavista van a librar una dura batalla contra el Ayuntamiento de El Campello por el polémico plan de urbanización de la zona. La Asociación de Vecinos de l'Horta-Muchavista prevé instar a la Fiscalía Anticorrupción de Alacant a que investigue el citado proyecto por las «numerosas irregularidades» que, a su juicio, se están produciendo por parte del Consistorio campellero en la tramitación del Plan de Actuación Integrada (PAI) que afectará al enclave.

El plan parcial de Muchavista actualmente se encuentra bloqueado después de que la Conselleria de Urbanismo se opusiera a la reclasificación de 145.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable protegido y con riesgo de inundación. Además, existen dos informes elaborados por el arquitecto municipal en los que recomienda al Ayuntamiento anular la aprobación del PAI por tratarse de una propuesta desmesurada y por contener varias deficiencias. No en vano, el técnico refleja en uno de los escritos el aumento de la edificabilidad y del número de viviendas que el plan ha registrado desde su primera propuesta en 2001 hasta su aprobación por el pleno municipal en 2006: de 876 viviendas se pasó a 1.340. A juicio de los vecinos, el plan parcial «se ha hecho a la medida» de la Agrupación de Interés Urbanístico que impulsó el proyecto, cuya cabeza visible es la Promotora Salesiana. De hecho, según la presidenta de la AA VV l'Horta- Muchavista, María Angeles Ayuso, la propia promotora confesó a los vecinos durante una reunión celebrada a primeros de año, «que tenía que sacar partido de los terrenos porque debía realizar un vial que conectase la zona de playas con el pueblo».
La representante vecinal denuncia asimismo «la falta total de información que existe por parte del Ayuntamiento» pese a los numerosos requerimientos que por registro se han realizado. «Es un proyecto especulativo e inviable», sentencia la portavoz del colectivo, quien considera una buena noticia «el tirón de orejas» que la Conselleria le ha dado al Ayuntamiento.






* Levante-EMV - J. A. R./F. D. G. - 21 de noviembre de 2007
Foto: El Campello (Alicante), terrenos Muchavista - R.Arjones (Información)



.................................... Leer más...

Una sentencia del TSJA declara nulo el planeamiento urbanístico de Rute

DIARIOCÓRDOBA* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado "nula la revisión de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Rute", unas normas tramitadas y aprobadas por el Consistorio a lo largo de dos legislaturas, gobernadas por alcaldes del PSOE e IU, y ratificadas por la Consejería de Obras Públicas. Según el fallo judicial, difundido por Acapo (Asociación de Amigos del Camino de las Pozas), la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA anula todos los trámites urbanísticos que llevó a cabo el Ayuntamiento ruteño entre el año 2001 y el 2005, fecha en que quedaron aprobadas definitivamente estas normas.

La asociación Acapo interpuso una demanda ante el TSJA contra la Consejería de Obras Públicas, exactamente contra la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, organismo encargado de la subsanación de deficiencias y aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias, y contra el Ayuntamiento de Rute. En ella solicitaba la nulidad de todo el procedimiento de aprobación por parte del Consistorio de las nuevas normas de urbanismo. Esta asociación viene defendiendo desde hace años que los terrenos de la zona de Las Pozas no sean declarados industriales, como aparecen en las normas ahora anuladas, ya que esta zona se encuentra colindante con el casco urbano y en ella se asientan una treintena de viviendas, según ha reiterado en numerosas ocasiones este colectivo. El TSJA le ha dado finalmente la razón a esta asociación demandante, al considerar que estas normas presentan defecto de forma.

Según la sentencia, no se han respetado "los trámites legalmente previstos", por lo que determina su "nulidad radical por falta de legitimidad formal". Más adelante, la sentencia expone que "la simple relación de trámites pone en evidencia el desorden y las gravísimas irregularidades que se suceden en la tramitación de la revisión de las Normas Subsidiarias", tramitación que alcanza tal grado de "desbarajuste", que incluso se llega a "desconocer realmente qué texto es el que se saca a información pública, e incluso cuál es el que se va aprobando".

Es tal el cúmulo de "despropósitos", como explica la sentencia, que primero se aprueban inicialmente en el Pleno, pero sin mayoría absoluta, por lo que no tiene validez, posteriormente el Pleno pasa a respaldar estas normas de forma provisional, que es el segundo paso, pero sale adelante provisionalmente un texto que no había sido aprobado inicialmente. Especifica además que el 18 de diciembre del 2003, el Pleno municipal, por unanimidad -ahora sí-, procede a una segunda aprobación inicial de las normas de urbanismo, pero el texto que sale adelante no había pasado por un periodo de información pública, como fija la ley. Pero es que además, indica, en esa fecha estaba ya en vigor una nueva ley urbanística, la LOUA, que no se aplicó.

El alcalde, Francisco Javier Altamirano (IU), nada más conocer la sentencia, y consciente de la gravedad del asunto, ha iniciado contactos con responsables de la Consejería de Obras Públicas y con el abogado de la Diputación. Altamirano se pronunciará sobre este tema el lunes.








* Diario de Córdoba - 17/11/2007 MANUEL PADILLA
Foto: Vista de Rute, que tendrá que volver a su antigua normativa urbanística/ PADILLA (Diario Córdoba)



.................................... Leer más...

Un grupo internacional planea el mayor complejo de ocio europeo en Monegros

HERALDO/Aragón* : Un grupo de empresarios norteamericanos y británicos ha elegido Aragón y el desierto de Los Monegros para desarrollar un enorme complejo lúdico y de ocio en Europa, con unas cifras de inversión y visitantes que harían pensar en un "Las Vegas II". El anuncio se ha hecho público en la convención anual de la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Entretenimiento, que se celebra estos días en Orlando (Estados Unidos), según informó ayer en un despacho el servicio internacional de la agencia Reuters.

La promotora de esta gran ciudad del ocio es International Leisure Development (ILD), y la ha bautizado provisionalmente como "Gran Scala". El complejo ocuparía una superficie de 2.000 hectáreas y costaría, una vez desarrollado completamente, entre 14.000 y 17.000 millones de euros. La iniciativa empresarial cuenta con el respaldo del Gobierno aragonés, que comenzó a colaborar con ILD hace aproximadamente un año, y también es conocida por el Gobierno español.

El proyecto se desarrollaría en una superficie de terreno equivalente a ochenta veces el meandro de Ranillas, sede de la Exposición Internacional de 2008 de Zaragoza. Por ello, los empresarios prevén que será necesario ejecutar distintas fases, a lo largo de los próximos diez años. En cualquier caso, parece que llevan trabajando en el diseño mucho tiempo y quieren ponerla en marcha de forma inmediata.

La ciudad del ocio "Gran Scala" constaría de varias áreas. La primera zona en desarrollarse sería Spyland, un parque temático con el mundo de los espías como eje. El coordinador general de la empresa que lo promueve, Didier Rancher, ha asegurado en la convención de Orlando que ya cuenta con una financiación inicial de 120 millones de euros.

Antes de decidir instalarse en los Monegros, la empresa Spyland barajó otras dos opciones: Dubai y Francia. Sin embargo, ambas han sido ya descartadas. La primera no salió adelante por la negativa del gobierno a levantar la moratoria que impide construir proyectos inmobiliarios de esta magnitud en el país. La segunda tampoco terminó de prosperar, por los recelos de los inversores sobre la coyuntura económica y política de Francia. Aunque posteriormente se pensó en otros emplazamientos europeos como Italia y Hungría, la decisión final fue España.

"Esto es incluso mejor", señaló Rancher, al referirse a la opción aragonesa. "Nos encontramos inmersos en un gran proyecto y vamos a tener incluso más visitantes", añadió. Su compañía quiere abrir el parque temático aragonés a finales de 2008, tras la clausura de la Expo. En esta primera fase, en la que se invertirían unos 190 millones de euros, se desarrollarían dos de las cinco zonas temáticas previstas: la del espionaje y otra de ocio acuático. A éstas habría que añadir un casino-hotel. El desarrollo del conjunto del proyecto de Spyland está valorado en unos 300 millones de euros.

Las cifras globales de "Gran Scala" son todavía más desorbitantes. De hecho, se habla, con el proyecto a pleno rendimiento, de un total de 32 hoteles, 30.000 empleos y hasta 12 millones de visitantes al año.

No afectará a zonas protegidas

Según ha podido saber este periódico, aunque no se ha delimitada exactamente la zona de la comarca monegrina donde se ubicará "Gran Scala", la protección de los espacios de interés natural está garantizada. Por lo tanto, el proyecto no afectará ni a las as zonas de especial protección para las aves (Zepas) ni a los lugares de interés comunitario (Lic). Al parecer, durante los últimos meses, se han hechos varios vuelos sobre el desierto de los Monegros para elegir el emplazamiento idóneo.

El interés del Gobierno aragonés en esta importante iniciativa empresarial lo confirma la configuración de un equipo interdepartamental, en el que participan las consejerías de Obras Públicas, Medio Ambiente e Industria. También se han sumado a la mesa de trabajo de la administración autonómica representantes de la Dirección General de Juego, dependiente de la cartera de Interior.

Una delegación de la DGA se ha desplazado también estos días al estado de Florida para asistir a la convención de Orlando. De ella forman parte el consejero de Industria, Arturo Aliaga, el director general de Comercio, Juan Carlos Trillo, y el senador del PAR José María Mur.






* Heraldo - M. A. COLOMA/M. LÓPEZ. Zaragoza - 17 de noviembre de 2007
Foto: Vistas aereas de los Monegros - MARINA OVEJERO (Heraldo)




Noticia relacionada: Izquierda Unida denunciará ante la Comisión Europea el "urbanismo salvaje de Gran Scala" - El Periódico de Aragón - 21/11/2007. EUROPA PRESS



.................................... Leer más...

Madrid: Chabolas en caló

ADN* : "A mí eso no me lo das", contesta Juan, uno de los cerca de 500 habitantes gitanos de Las Mimbreras, a un policía municipal que le extiende una carta de aviso de desahucio. Hace 10 días que empezó el goteo de misivas que advierten de un inminente desalojo del poblado. Ellos son parte de los 65.000 gitanos que hay en la Comunidad, según la Fundación del Secretariado Gitano. De ellos, el 8% (5.200) viven en núcleos chabolistas como este de Las Mimbreras, situado entre la M-40, la A-5 y el aeródromo de Cuatro Vientos.

Los habitantes de estos asentamientos no dejan de aumentar. "Es por el crecimiento vegetativo. Con el tiempo las necesidades de las familias cambian: los hijos se hacen mayores, se casan, tienen hijos y necesitan un espacio", explica un portavoz del Secretariado. Es entonces cuando nuevas chabolas se suman a las ya existentes, y cuyos moradores se encuentran luego sin derechos.

"No se los realoja porque sus viviendas son ilegales. Están en suelo de titularidad municipal", aseguran desde el Ayuntamiento, que reclama el terreno sobre el que se ubican las 120 chabolas de Las Mimbreras.

A pesar de que el Secretariado Gitano "asesora legalmente e informa de sus derechos a los gitanos", su labor se limita al seguimiento de las familias una vez que han sido reubicados. "En la mayoría de los casos el seguimiento termina pronto y las familias se integran bien en las nuevas comunidades", explica un técnico de seguimiento. "Otras veces no se respeta a los vecinos y eso repercute en la imagen de todos".

Presentarán un recurso legal contra en Ayuntamiento

Los habitantes de Las Mimbreras piensan que, "tras 13 años viviendo allí", tienen "derechos adquiridos". 95 familias están censadas y empadronadas en el distrito de Latina. "Nosotros creíamos que era una buena señal, pero no es suficiente para el realojo", explica José, que abandera la lucha contra el desalojo y posterior derribo.

"¿Y qué hago yo con estas criaturas en la calle y en invierno?", se desespera Soraya, de 21 años, con sus dos mellizas de 27 meses en brazos. Los vecinos se han organizado y ya han contactado con un abogado para plantear una demanda conjunta. "Llegaremos hasta donde haga falta por defender nuestras casas", indica José. A.L.







* ADN - Alejandro López - 20/11/07
Foto: La policía recorre el poblado de Las Mimbreras entregando cartas de desahucio, el pasado jueves. andrés martínez - Diario ADN




.................................... Leer más...

Un cabecilla de la trama de Madrid fue encausado por cohecho hace 15 años

ELPAÍS* : Uno de los supuestos cabecillas de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid fue apartado de su puesto hace más de 15 años a raíz de la denuncia de un particular por cohecho que acabó dirimiendo un juez. El funcionario, Victoriano Ceballos Fernández, cuñado de un ex concejal socialista, resultó absuelto entonces por falta de pruebas y el primer Gobierno de José María Álvarez del Manzano (1991-1995) le restituyó en su puesto. Ahora, el juez ha decretado para él prisión en relación con la trama de cobro ilegal de comisiones desarticulada en el Ayuntamiento de la capital.

A pesar de su sospechoso historial, Victoriano Ceballos Fernández alcanzó la jefatura de la división de impacto y análisis ambiental, en la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de la concejalía donde se encontraba el núcleo duro de la presunta trama de corrupción municipal en la entrega de licencias de bares y locales comerciales ahora investigada.

De las 17 personas detenidas -un empresario y 16 funcionarios municipales de las gerencias de Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda, así como de las juntas de distrito de Centro, Chamberí y San Blas- sólo seis acudieron a declarar el sábado a partir de las nueve de la mañana a los juzgados de instrucción de Madrid, en la Plaza de Castilla. Cinco de esos imputados fueron enviados a prisión cerca de las cinco de la madrugada del domingo por el juez de guardia Francisco Javier Teijeiro. A uno de ellos se le impuso una fianza de 3.000 euros para quedar en libertad. El sexto quedó libre.

Tres de los cinco detenidos que el juez envió a prisión trabajaban para Medio Ambiente. Son, además de Victoriano Ceballos, Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental, y Carmen Eulalia Ibáñez, asesora técnica del mismo departamento y que se declaró inocente a través de los ventanucos de los calabozos en declaraciones a la Cadena Ser el pasado sábado. "Estoy tranquila porque no tengo nada. Me han implicado en algo de lo que no soy responsable. Hay algunos que están bastante mal, los pedazo de cabrones que están metidos en el tema", dijo. Los otros dos encarcelados son Antonio Sanz Escribano y Santiago Castillo Moreno. Todos ellos negaron las imputaciones ante el juez, según fuentes cercanas a la investigación.

Ceballos, junto con sus otros compañeros, ingresaron en la cárcel el domingo. A las 4.45 y 4.55 de la mañana, dos furgones de la Guardia Civil abandonaron los juzgados de instrucción de Madrid a toda velocidad con los imputados a bordo.

Pero apenas diez minutos antes de que saliera el primer furgón de la Guardia Civil, varias personas empezaron a desfilar por el edificio de los Juzgados de primera instancia, sitos en la calle del Capitán Haya. Trataban de evitar a seis periodistas que se encontraban a unos 300 metros. Entre los que salieron estaban el único liberado y un segundo que probablemente podría ser el imputado al que se le había impuesto la fianza de 3.000 euros.

Uno de los liberados caminaba despacio junto con su abogado. "¿Tiene usted algo que ver con la Operación Guateque?". El hombre respondió tímidamente y con una cara muy cansada (había estado detenido tres días y pasado las últimas 20 horas en los juzgados de Plaza de Castilla): "No, no...". Inmediatamente, el abogado aceleró el paso y le dijo: "Vamos, Mario". Se trataba de Mario Mínguez Fernández, funcionario de la sección de Disciplina Urbanística de la Junta Municipal de Centro. Rápidamente, y ante los flashes de dos fotógrafos, Mínguez se metió en un coche particular que llevaba esperando fuera del edificio desde al menos las once de la noche del sábado. "¿Eres inocente?". No respondió. El coche partió inmediatamente.

Un segundo imputado trató de simular que hablaba por su teléfono móvil. De repente, una señora que debía ser familiar suyo salió de un Citroën Xantia gris, que también llevaba varias horas merodeando por los juzgados. La mujer le colocó un abrigo en la cabeza al tiempo que le gritaba: "Tranquilo, que soy yo". Entonces, la familiar le llevó hasta el turismo. Con las prisas, el hombre tropezó y se dio un buen golpe contra el canto de la puerta del coche. La mujer se puso nerviosa y gritó a los periodistas: "¡No tenéis vergüenza!".

Además de los seis que declararon en los juzgados de Plaza de Castilla durante todo el sábado y parte de la madrugada del domingo, otros 11 detenidos la semana pasada habían sido puestos en libertad con cargos durante la jornada, según confirmó una portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil. Los imputados están a la espera de que declaren esta semana ante el juez que lleva el caso, José Santiago Torres, del juzgado de instrucción número 32.

Según fuentes de la investigación, esta semana podrían producirse nuevas detenciones dentro de la investigación de la Operación Guateque.






* ELPAIS.com - ÁLVARO CORCUERA / JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid - 19/11/2007
Foto: Juzgados - atbnoticias.es



.................................... Leer más...

Delincuencia de cuello blanco

JOSÉ LUIS MANZANARES* : La delincuencia económica disfruta en España de buena salud siempre que se sitúe en las altas esferas de la estafa y otros fraudes. Diríase que hay zonas oscuras donde las sopas de cifras y los recovecos de la ingeniería especializada dificultan la investigación. Los casos que llegan a los juzgados tienen generalmente su origen en denuncias internas y no en el quehacer de las autoridades encargadas de que las leyes, y en primer lugar las penales, no dejen de aplicarse cuando afectan a determinadas personas. Naturalmente, es más fácil, y menos comprometido, aclarar un asesinato que penetrar en el bosque de la corrupción relacionada de algún modo con el poder. La propia Hacienda se enfrenta mejor al funcionario, empleado o trabajador de sobre mensual que a las transacciones millonarias de los profesionales de la cosa. O sea, de esos señores que, además del cuello blanco, disfrutan del yate y avión privado mientras que les sale negativa la declaración de renta.

Pero la corrupción —por activa, por pasiva— no termina ahí. Nuestras costas han sido cerradas con edificios que infringen frecuentemente la legislación administrativa, desde grandes hoteles hasta urbanizaciones de toda clase y condición. Entendámonos, no unas cuantas chabolas manufacturadas en horas nocturnas, sino faraónicas obras levantadas a plena luz del día en terrenos públicos o no urbanizables. Y no pasa nada. A lo sumo un par de gestos para dar la impresión de que algo se hace. Un día se derriba un hotel y punto. Parece que sólo ha habido corrupción al por mayor en Marbella o Ibiza, pero en el reparto político de concejalías, las áreas de urbanismo y medio ambiente, por ejemplo, son las más codiciadas sin que se sepa el “porqué”. ¿O sí se sabe?

Ocurre también que los convictos por estos multimillonarios tejemanejes no acostumbran a dar con sus huesos en la cárcel porque suelen ser castigados por prevaricación —que no conlleva pena de prisión— y no por cohecho —que sí la tiene— como si no hubiese habido por medio el dinero que caracteriza al segundo de esos delitos. El propio Jesús Gil, si no recuerdo mal, murió antes de que se le condenara en firme por haberse quedado con dinero del ayuntamiento marbellí (el asunto de las camisetas del Atlético fue otra cosa). En todo caso, el botín no aparece nunca y el condenado a prisión, si lo hubiere, disfrutará pronto de un tercer grado personalizado, y aquí paz y después gloria. Antes, la buena defensa jurídica, los recursos en serie, la morosidad de los tribunales y la posibilidad de la prescripción habrán jugado a su favor.

Pero el buen trato que estos delincuentes reciben no lo será tanto como el que la ley reserva a los implicados en la madrileña “operación Guateque”. Suponiendo que la información publicada sea veraz, estos funcionarios municipales, lejos de recibir sus mordidas por cometer un delito o realizar un acto injusto, sólo fueron recompensados —eso sí, ilícitamente— por cumplir con su deber sin el retraso habitual. Su castigo quedaría en multa y suspensión de empleo o cargo. Cuestión distinta sería la aparición de falsedades documentales u otros delitos. Resulta evidente que con tales penas lo de la prevención general y el aviso para navegantes no pasa de ser una broma de dudoso gusto. La benevolencia empieza con un legislador que, anclado en el siglo XIX ignora lo que hoy puede dar de sí la corrupción organizada.








* Estrella Digital - Opinión - 21-XI-2007




.................................... Leer más...

Castellón: La Fiscalía ve indicios de delito en el desarrollo urbanístico de Torrenostra

EUROPAPRESS* : La Fiscalía de Castellón ha iniciado diligencias de investigación penal tras observar indicios de delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente en el desarrollo urbanístico de Torrenostra en el municipio castellonense de Torreblanca, según informaron en un comunicado fuentes del grupo ecologista Gecen. Así, Gecen indicó que "tras la denuncia presentada por la asociación y la lamentable reacción del ayuntamiento de Torreblanca, llamándonos ignorantes y desinformados y clasificando nuestra denuncia como infundada y gratuita, la Fiscalía investigará dicha denuncia".

La denuncia presentada el 31 de octubre tuvo respuesta el 5 de noviembre.

Gecen añadió que la destrucción de saladares (zonas húmedas) y endemismos vegetales "en grave peligro de extinción son delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente y no puede salir gratuito a quienes actúan destruyendo tan valioso patrimonio natural".

La organización interpuso la denuncia cuando tuvo acceso a la documentación científica necesaria que avalaba la necesidad medioambiental y legal de proteger la zona en cuestión. La documentación científica sitúa en el espacio el saladar y las especies que acoge.

La Conselleria, que tuvo acceso a la documentación aportada por la asociación mucho antes, "no dudó en dar el visto bueno a una urbanización que no cumple con la legalidad y que va a eliminar, si la Justicia no lo impide, otra población de las cuatro que quedan", según el grupo ecologista.

Los ecologistas señalaron que "la Conselleria tiene la responsabilidad de proteger las zonas húmedas y la biodiversidad que éstas acogen, por ello tiene las competencias sobre el medio ambiente. Evitar la extinción de especies es una prioridad en cualquier política medioambiental".

Explicaron que la aprobación de la Conselleria de Medio Ambiente "es necesaria" en todo proyecto, por lo que este departamento "se convierte en un actor fundamental en cualquier procedimiento". "Desafortunadamente, la Conselleria de Medio Ambiente, lejos de ordenar el urbanismo y seguir las reglas de legalidad y respeto medioambiental que indica la legislación, se dedica a poner el sello verde a actuaciones urbanísticas nefastas para nuestro patrimonio natural", agregaron.






* Europa Press - CASTELLÓN , 20 Nov.
Foto: Torreblanca (Castellón), Torrenostra - mma.es



.................................... Leer más...

Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Barbate a dar infraestructuras a casas sin licencia

ELPAÍS/Cádiz : Una sentencia del Juzgado número 3 de Cádiz con fecha del 6 de noviembre ha condenado al Ayuntamiento de Barbate a dotar de servicios básicos e infraestructuras a la pedanía de Zahora, donde hay más de 500 viviendas ilegales. El fallo judicial estima el requerimiento de los vecinos que demandaron al Consistorio, cuando estaba gobernado por el PP, por incumplir un acuerdo escrito de incluir esta pedanía en la revisión del Plan General.

Ese acuerdo no se cumplió y los vecinos presentaron un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento, que ahora se ha resuelto a su favor.

La sentencia promueve la realización de un estudio para que a esta pedanía se la "dote de la determinaciones precisas a fin de posibilitar su adecuación a la realidad actual, con respeto a las normas de calidad de vida demandadas por la población y garantizando su correcta integración urbanística en atención al entorno en el que se localiza".

Con todo, reconoce que los vecinos tendrán que pagar impuestos por estos servicios. También insta a formular y aprobar unas ordenanzas municipales de regularización urbanísticas vinculadas al proceso de revisión del plan general que facilite la legalización de las viviendas existentes. Asimismo, requiere adoptar las medidas reglamentarias necesarias para la creación de una comisión de seguimiento del convenio, que realice "la verificación de los compromisos asumidos, así como analizar las soluciones a los problemas de servicios y tráficos que afectan a los Caños [de Meca] y Zahora".






* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 20/11/2007
Foto: Barbate (Cádiz), protesta vecinos de Zahora - elpais.com




.................................... Leer más...

Los vecinos de El Álamo (Madrid) advierten que un aeropuerto privado no responde a ninguna necesidad social

MADRIDDIGITAL* : La “Plataforma No al Aeropuerto de El Álamo”, que cuenta con la participación de los vecinos y distintos grupos sociales y políticos, ha manifestado en un acto informativo celebrado ayer domingo en la localidad, su rechazo a esta infraestructura que consideran meramente especulativa. El principal motivo es el gran impacto acústico y medioambiental que ocasionará: Según sus estimaciones, el aeropuerto permitiría 125.000 operaciones anuales, es decir, 1 vuelo cada tres minutos.

Los planes del Gobierno regional prevén que esta instalación absorba el tráfico aéreo del aeródromo de Cuatro Vientos, los vuelos privados del de Torrejón y parte de los de Barajas (previsiblemente las líneas de bajo coste).

Próximas acciones

La “Plataforma No al Aeropuerto de El Álamo” que pretende la paralización del proyecto e impedir que sea declarado de interés público por parte del Ministerio de Fomento, planifica -en el ámbito de Comunidad- hacer entrega ante la Comisión de Infraestructuras de la Asamblea, las firmas recogidas y el Manifiesto de rechazo al proyecto. Asimismo llevarán cabo una concentración en las puertas del Parlamento madrileño el 5 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Pleno.

En el ámbito municipal, los vecinos plantean informar a los municipios directamente afectados (Navalcarnero, Arroyomolinos, Casarrubios, Batres y Móstoles) del impacto real de la infraestructura e instarles a que manifiesten su rechazo.

En el Manifiesto leído durante el acto de protesta, la “Plataforma No al Aeropuerto de El Álamo” ha exigido que se inicie un proceso de información por parte de la Consejería de Infraestructuras y Transporte previo a la aprobación de ningún proyecto, y que se aporten datos contrastables acerca del impacto ambiental y social que de esta infraestructura se pudieran derivar.

Los afectados demandan, así mismo, que se constituya una comisión que analice la necesidad objetiva de esa infraestructura y en su caso el estudio de zonas donde menos impacto de todo tipo cause.
Además se reclama al Presidente del Gobierno de España y a la Ministra de Fomento que nieguen “la declaración de interés general” a ningún aeropuerto privado en El Álamo y su comarca, puesto que entendemos que éstos no responden a ninguna necesidad social.

La “Plataforma No al Aeropuerto de El Álamo” está formada por vecinos de los municipios afectados y por colectivos sociales y políticos como: Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de El Álamo, Asociación de Vecinos “Dos Ríos”, Asociación de Vecinos de Arroyomolinos, CCOO de El Álamo, IU de El Álamo, PSOE de El Álamo, Asociación de Comerciantes Independientes de El Álamo, Los Verdes de Móstoles y Ecologistas en Acción, entre otros.






* Madrid Digital - El Álamo, 19/11/07
Foto: manifestación - madriddigital.info 19/11/2007



Noticia relacionada: - La "Plataforma No al Aeropuerto de El Alamo" recoge más un millar de firmas - Madridiario, 18-11-2007


.................................... Leer más...

"Las sentencias de demolición hay que ejecutarlas, aunque no haya tradición"

EUROPAPRESS/Santander* : El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, defendió hoy el cumplimiento de las sentencias de demolición como algo "bueno" y "positivo", si bien lamentó que esa conciencia es algo que "este país no acaba de asumir". Vercher respondió así al presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales, quien intervino en el turno de preguntas posterior a la ponencia del fiscal de Medio Ambiente 'Las Fiscalías de Medio Ambiente, retos y futuro', incluidas en las III Jornadas 'Naturaleza y Medio Ambiente', organizadas por la Guardia Civil.

En concreto, Canales le recordó al fiscal los problemas para la ejecución de los derribos sentenciados en Cantabria a instancias de sus denuncias. "Lo único que hemos conseguido es que los ayuntamientos liciten proyectos de derribo", detalló, pero señaló que "ninguna empresa se atreve a ir al concurso o las que van sufren amenazas y se retiran".
Por esto, el presidente de Arca criticó que, como consecuencia, se transmite a los ciudadanos el mensaje "peligroso" de que "no importa vulnerar las leyes urbanísticas porque las sentencias no se van a cumplir".

El fiscal de Medio Ambiente aseguró que en España "no hay tradición de demoliciones" y sostuvo que "demoler es tan bueno como que llueva". Vercher explicó que el artículo del Código Penal en el que se mencionan las demoliciones se interpreta "de forma errónea", ya que, al mencionarse en el texto como una posibilidad la demolición, acaba por entenderse "con discrecionalidad" en lugar de como una norma general.
Además, señaló que las demoliciones no son consideradas penas, sino "una simple responsabilidad civil". En este sentido, citó la experiencia "con éxito" de Andalucía, donde se interpretan como penas cuya ejecución es necesaria si el condenado quiere obtener la anulación de la pena de privación de libertad. Por tanto, para evitar el ingreso en prisión, se debe ejecutar previamente el derribo.
Vercher matizó que la Fiscalía de Medio Ambiente es de reciente creación, y que la ley en virtud de la cual podría intervenirse de forma administrativa se aprobó "el mes pasado". "Queremos actuar, pero ahora estamos más centrados en lo penal", reconoció.

"Lagunas" en la Fiscalía

El representante de la asociación ecologista Arca también apuntó en su turno de preguntas las "enormes lagunas de especialización y la enorme falta de medios" con la que trabaja la Fiscalía de Medio Ambiente de Cantabria. Aunque reconoció el "progreso" en materia de "sensibilidad" por parte de la justicia cántabra, destacó la falta de profesionales "independientes" que digan a la Fiscalía "lo que está pasando".
Al respecto, el fiscal de Medio Ambiente matizó que las competencias en materia de personal de Justicia dependen de las comunidades autónomas, y citó el caso de Valencia, donde se ha incorporado a la plantilla de la Fiscalía un ecotoxicólogo, experto en vertidos.
No obstante, Vercher informó de que está previsto incrementar la plantilla de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo con asesores y profesionales como los biólogos. Estos "especialistas" se desplazarían a las comunidades autónomas que tengan "dificultades", en virtud de un convenio ya redactado que implica a distintos ministerios y cuya firma se espera para "finales de año".

Por su parte, otro miembro del público le preguntó por la posibilidad de más acciones en materia de prevención por parte de la Fiscalía para evitar, por ejemplo, que se sigan comprando viviendas en urbanizaciones afectadas por anulaciones de planes generales o sentencias de derribo.
Vercher reiteró que el organismo judicial que él encabeza lleva "unos meses funcionando", y denunció que hay un "amplio sector social" con una perspectiva "peculiar" en materia urbanística. El fiscal sostuvo que el Código Penal no tiene un carácter "preventivo" salvo por su propia existencia.

Durante el turno de preguntas, un representante de la asociación Ecologistas en Acción criticó el "fracaso" de la Administración en la vigilancia medioambiental, sobre todo en lo relacionado con las empresas, y apuntó las consecuencias, además de por acciones administrativas, de la "inacción, omisión o asunción" de lo ya aprobado.
Vercher aseguró no estar de acuerdo "del todo" con él, y explicó que sí está tipificado, según distintas sentencias del Tribunal Constitucional, el delito de "prevaricación por omisión", aunque asumió que es una definición "reciente".






* El Diario Montañés - 15.11.07
Foto: Calvià (Mallorca), proceso demolición hotel costa - upm.es




.................................... Leer más...

Se acabó el dilema: una hipoteca a 30 años cuesta el doble que pagar un alquiler en el mismo plazo

COTIZALIA* : Alquilar es la mitad de costoso que comprar. Es una de las conclusiones que se desprenden del estudio "La vivienda ofertada de segunda mano y alquiler en España 2007" realizado por el portal inmobiliario Facilisimo.com. Concretamente, el estudio indica que la hipoteca mensual para comprar una vivienda a pagar en 30 años, duplicaría la mensualidad del alquiler para el mismo periodo de tiempo.

Según el informe, confeccionado a partir del análisis de 118.209 referencias de viviendas de segunda mano a la venta y 5.667 de alquiler, el tamaño medio de la vivienda ofertada en régimen de venta ha experimentado un descenso de 30 m2, desde los 151 m2 que era la media en noviembre de 2006, a los actuales 121 m2.

En cuanto a los precios de las viviendas a la venta, utilizando El Preciómetro -el índice de Facilísimo-, se ha producido un aumento del 1,18% en los últimos doce meses, hasta los 2.479 euros por metro cuadrado, lo que supone que una vivienda media usada de 121 m2 cuesta 299.959 euros.

Por tipologías, a los pisos en altura, que suponen el 57,28% de la oferta, les siguen los chalets adosados (7,34%). A continuación se sitúan los apartamentos (6,41%), los chalets independientes (3,80%) y los áticos (3,80%).

Por lo que respecta a la vivienda en régimen de alquiler, las características son similares a las de la vivienda usada en venta, ya que se trata de un piso en altura con tres habitaciones y un tamaño de 116 m2. El precio medio mensual del alquiler es de 965 €, una cantidad inferior a la hipoteca mensual de la vivienda media en venta que, aplicando el tipo de interés actual sin incluir gastos de compra ni entradas, sería de 1.690 € a pagar en 30 años. En ese periodo de tiempo de alquiler se desembolsarían 348.120 € y en 30 años de hipoteca 608.400 €. En el caso del alquiler, por tipología de vivienda tras el piso en altura (57,56%) se encontrarían los apartamentos (14,87%), seguidos de chalet adosados (4,74%), áticos (4,21%) y chalets independientes(3,05%).

Tres franjas de precios por Comunidades

Según el Preciómetro, el análisis por Comunidades Autónomas refleja tres grandes franjas de precios: por encima de los 300.000 € se encuentran País Vasco (390.600 €), seguida de Madrid (351.100 €) y Cataluña (337.300 €) como las Comunidades en las que se ofertan los inmuebles con precios más elevados.

Entre 300.000 € y 200.000 € se hallan Baleares (274.300 €) en cuarto lugar, seguida de Navarra (265.100 €) y Aragón (251.900 €) que ocupa la quinta plaza. A continuación se sitúan, Cantabria con un precio medio de 236.200 €, La Rioja (224.600 €), Andalucía (214.800 €), Comunidad Valenciana (207.700 €) y Asturias (202.200 €).

En la última franja, por debajo de los 200.000 €, estarían Ceuta y Melilla (197.100 €), Murcia (192.100 €), Canarias (191.400 €), Castilla y León (184.700 €), Galicia (167.500 €), Castilla - La Mancha (163.900 €) y, en la última posición Extremadura, que es la región donde resulta más económico adquirir una vivienda con un precio medio de 132.400 €.







* Cotizalia - Fátima Martín - 19/11/2007




.................................... Leer más...

Dos jubilados logran que el juez frene un plan urbanístico

ELPAÍS* : Pedro Camacho Valencia desborda sensatez: "Si mi casa estorba, me voy, que la tiren. Pero que me den otra parecida. No me puedo ir a un piso a mi edad". Desde 1946, Pedro, de 89 años, vive en una modesta casa en la huerta de Murcia junto a su esposa, Violante Pardo, de 84. La casa interrumpe el trazado elegido por el ayuntamiento para una enorme avenida en Murcia. Su casa era carne de derribo y Pedro y Violante estaban condenados a pasar sus días en un piso. Pero un juez les ha llevado la esperanza. Para preservar la salud del matrimonio, ha impedido cualquier realojo hasta que el ayuntamiento les garantice una casa en la huerta, donde puedan mantener sus conejos, sus limoneros, su vida. El urbanismo salvaje parece haber perdido una batalla.

La huerta de Murcia va camino de ser un reclamo publicitario. Decenas de grúas se alzan sobre el verde de los naranjos. Pero aún quedan huertanos, como Violante y Pedro, que viven rodeados de limones, acequias y animales. "La tierra era del amo. Hace 60 años yo tenía ahorradas 500 pesetas y a cambio de eso nos dejó hacer un cuerpo-casa para vivir", explicaba ayer Pedro. "Aquí hemos vivido y tenido cinco hijos", añadió. Pedro viste un jersey, una boina y una rebeca. Y lleva la azada en la mano.

Las máquinas han llegado al borde de su casa. La avenida Miguel Induráin, con tres carriles en cada sentido, un proyecto emblemático del Ayuntamiento de Murcia para servir de nuevo eje a la ciudad, ya se ha comido el resto de huertos.

El 26 de abril de 2006, el Ayuntamiento acordó definitivamente la expropiación para construir la avenida. A Pedro y Violante les afectaba porque su casa tiene 232,05 metros cuadrados (el terreno del huerto es de otro familiar, no está a su nombre), que al ser considerada de una calidad baja (la casa es modesta) fue tasada en 163.034 euros. Con ese dinero, deberían pagar un alquiler durante los 18 meses en los que la empresa Vallehermoso tiene que construir el edificio para los expropiados por el plan parcial Zarandona 2. Con el resto del dinero podrían optar a un piso de protección oficial. "Nos decían que íbamos a estar mejor en un piso, pero yo aquí me salgo al resol y estoy la mar de bien, para qué quiero un piso", explica Violanto. "Somos huertanos y queremos seguir siéndolo", añade.

El matrimonio buscó a Eduardo Salazar, letrado de ecologistas y causas perdidas. El 10 de mayo de 2007, dos técnicos municipales se presentaron en su casa y le entregaron a Pedro un papel dándole un plazo de cinco días para desalojar su finca. En el papel se decía que, o lo hacía así o sería desalojado por la fuerza. La amenaza era explícita.

En realidad, el trámite de expropiación había comenzado un año antes. "Desde entonces, la cabeza se me fue, no duermo bien. Qué hago yo en un piso ahora", clama. Violante recuerda que con la notificación "se le cayó la casa encima".

El 14 de septiembre pasado, la pareja de ancianos pidió la suspensión cautelar del realojo a no ser que el ayuntamiento les diese otra casa en la huerta.

Parecía una jugada desesperada. El derribo era inminente, porque la pareja ya ha cobrado la indemnización que le corresponde. Cuando las máquinas estaban a punto de entrar en su casa, el juez de Murcia Juan González Rodríguez accedió a la petición de Pedro y Violante de paralizar el realojo con la finalidad de "paliar las graves consecuencias que para la salud" del matrimonio de ancianos "podría conllevar su desalojo y no realojo en condiciones similares". En su auto, el juez impide el derribo "hasta tanto tenga lugar su realojo provisional en vivienda de similares condiciones en el entorno de la expropiada".


Antecedentes

- Pedro y Violante de 84 y 89 años viven desde hace 60 años en una modesta finca de la huerta de Murcia

El ayuntamiento de la ciudad trazó sobre su casa una gran avenida dentro de un gigantesco proyecto inmobiliario para la capital

La pareja pidió el realojo en otra casa de la huerta para preservar su salud

y no en un piso

El juez ha accedido y sólo permite el derribo si el consistorio les compra una casa con frutales

El matrimonio alega que ha criado en esa finca a sus cinco hijos y quiere seguir viviendo en la huerta hasta el final de sus días







* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 19/11/2007






.................................... Leer más...

El Colegio de Arquitectos de Balears califica la Ley estatal de Suelo de ´ineficaz´ en la lucha contra la especulación

DIARIODEMALLORCA* : El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Balears (Coaib), Luis Corral, aseguró hoy que ninguna de las leyes estatales sobre territorio, "incluso la nueva Ley del Suelo", han hecho "nada" para detener la especulación ligada a la propiedad del suelo que ha contribuido al encarecimiento del precio de la vivienda. Durante la presentación a la prensa de las VI Jornadas sobre Ordenación del Territorio organizadas por el Coaib, Corral consideró que "poco se puede hacer" para frenar la especulación, a pesar de las medidas "potentes" que se han puesto en marcha y afirmó que "trasladar esta responsabilidad a las Comunidades Autónomas es un poco exagerado".

Según el decano de los arquitectos de las islas, todas las leyes españolas aprobadas hasta el momento no han abordado la necesidad de desvincular la propiedad del suelo y el aprovechamiento urbanístico. "No se ha separado nunca y difícilmente se actuará con medidas colaterales", insistió.

Para Corral, la Ley de 1998 fue "absurda" porque pretendía incidir en el precio del suelo haciendo que todo fuera urbanizable, incrementando así la oferta. "Fue un error concebir el comportamiento del precio del suelo como si fueran tomates, a más oferta menor precio. Hoy en día ya nadie defiende aquella ley", añadió.

En este mismo sentido, el conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens, consideró que las Jornadas organizadas por el Coaib son "importantes" para trabajar en la consecución de la sostenibilidad en la gestión del territorio de la que --dijo-- "tanto hablamos y hacia la que tan poco avanzamos".

"Cada una de nuestras islas está muy poblada y eso se agrava con la llegada de turistas de un modo muy estacional, lo que repercute inevitablemente en un territorio escaso. Hemos de demostrar un cuidado escrupuloso y aplicar la eficiencia más absoluta en la ocupación del territorio, para lo cual debemos debatir sobre el modo en que haremos posible esa sostenibilidad", señaló el conseller.

Las VI Jornadas sobre Ordenación del Territorio tendrán lugar los días 22 y 23 de este mes en la sede del Coaib y en ellas participarán, además del conseller Vicens y el decano Corral, el titular de la Conselleria de Vivienda, Jaume Carbonero, los arquitectos Carlos García-Delgado y Manuel de Solà-Morales.

También formarán parte de las Jornadas los arquitectos Fernando Prats y Bernardo Ynzenga, el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Joan Gual, el fiscal de Medio Ambiente en las islas, Adrián Salazar, y la consellera insular de Territorio, Maria Luisa Dubón, quien también estuvo presente hoy en la rueda de prensa.

Dubón destacó la relevancia de la labor de los arquitectos y de iniciativas como estas Jornadas en la tarea de acercar a la ciudadanía el funcionamiento de la gestión del territorio y el urbanismo, ya que, debido a su complejidad --manifestó--, "un tema que preocupa a la gente, a veces es demasiado difícil de entender".





* Diario de Mallorca - EUROPA PRESS - 19 de noviembre de 2007
Viñeta: Máximo - 250707 - ELPAIS.com



.................................... Leer más...

Un juez insta a Moncofa a paralizar las obras de Belcaire Sur

LEVANTE-EMV/Castelló* : El Ayuntamiento de Moncofa deberá ordenar de manera inmediata la paralización de todas las actuaciones urbanísticas que se están desarrollando en el sector Belcaire Sur tras la resolución dictada por un juzgado de Castelló, por la que se ordena la suspensión cautelar de las obras mientras se investiga, entre otros aspectos, si el PAI cumple o no con la reserva de espacios verdes que contempla la ley.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Castelló, según fuentes cercanas al caso, notificó ya el pasado lunes la decisión a las partes interesadas, entre ellas el ayuntamiento, lo que supone ejecutar el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -de fecha 20 de julio de este año- por el que se ratificaba la suspensión cautelar de las obras en este conflictivo PAI.
La resolución judicial marca que el ayuntamiento debe cumplir este sentencia en un plazo de diez días hábiles desde su notificación oficial, por lo que en principio este próximo jueves cualquier movimiento urbanístico en la zona debería quedar totalmente anulado.

Consecuencias económicas

Las consecuencias económicas, al margen del proceso judicial abierto, son notables ya que, según los datos que maneja el consistorio, en la actualidad están vigentes al menos cuatro licencias de obras, lo que se traduce en proyectos para construir medio millar de viviendas que, de momento, deberán quedarse en punto muerto. Fuentes del caso aseguran a este rotativo que «el ayuntamiento no puede hacer otra cosa que ejecutar esta resolución porque lo contrario sería cometer un desacato». Además, aclaran que hasta que no llegue hasta el final el contencioso abierto los trabajos «no podrán reanudarse».
Desde el ayuntamiento, pese a conocer desde hace meses el auto del TSJ, confiaban en que el juzgado reclamase a los denunciantes un aval económico, aunque cabe recordar que ya hace más de un año que esta parte entregó al juez un aval de más de 3 millones de euros.

La investigación sobre el presunto incumplimiento en la reserva de zonas verdes es paralela a la investigación abierta por un juzgado de Nules, en este caso para determinar una presunta prevaricación urbanística en la que están imputados, entre otros, el alcalde, José Vicente Isach, y los agentes urbanizadores. En este caso se investiga por qué el ayuntamiento presuntamente vendió suelo a los promotores del PA Belcaire Sur hasta un 40% más barato que el precio de mercado. Al respecto, cabe recodar que hoy lunes denía acudir el alcalde a declarar, pero sus abogados han conseguido aplazar su comparecencia por segunda vez.






* Levante-EMV - Emilio Regalado - 19 de noviembre de 2007
Foto: Moncofa (Castellón) - mma.es




.................................... Leer más...

El grupo policial contra delitos urbanísticos se estrena con 100 operaciones y 57 arrestos

ELPAÍS* : Seis meses han bastado para que las nuevas unidades de la Guardia Civil especializadas en la investigación de delitos urbanísticos hayan visto la dimensión del problema. Ochenta operaciones abiertas, 26 ya cerradas, 57 detenidos y 126 imputados por delitos que van desde el cohecho a la revelación de secretos, pasando por otros relacionados con la ordenación del territorio o la malversación de caudales públicos, siempre en relación con la delincuencia urbanística. Andalucía es, de momento, la comunidad autónoma donde más han tenido que emplearse los agentes del instituto armado, seguida de Baleares y Madrid.

Las llamadas Unidades de Delitos Urbanísticos empezaron a trabajar en marzo pasado. Su creación fue anunciada por el hoy director general de la policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, cuando dirigía exclusivamente el instituto armado.

El principal objetivo que se buscaba con la creación de estas unidades era establecer un sistema de prevención de infracciones urbanísticas, mediante un programa de inspecciones, que permitirá detectar y perseguir los delitos en este ámbito, así como la investigación de tramas societarias y de corrupción.

Estas unidades fueron creadas con un total de 200 agentes especializados, distribuidos en las 54 comandancias, el Seprona y la Unidad Central Operativa. Y trabajo no les ha faltado.

El tipo de delito más abundante detectado por ahora es el de cohecho, es decir, el de funcionarios públicos que cobraban por hacer favores o de empresarios que pagaban para agilizar los trámites. Sólo en la Comunidad madrileña hay abiertas seis operaciones por delitos de este tipo. La Guardia Civil mantiene abiertas 10 investigaciones en Madrid, por las que han sido detenidas 16 personas e imputadas otras dos (una por cohecho y otra por estafa).

Donde aparentemente han sido más efectivos estos equipos es en Andalucía, con Jaén y Cádiz a la cabeza en cuanto a número de detenidos o imputados. Los agentes de Jaén mantienen bajo investigación cuatro operaciones, tras cerrar otras tantas. Como consecuencia de las mismas hay 70 personas imputadas por delitos relacionados con la ordenación del territorio.

Cádiz es la provincia en la que más personas han sido detenidas: 24 por delitos de ordenación territorial, es decir, por haber vulnerado los preceptos de los planes de ordenación urbana. Además, todavía están investigándose dos casos de supuesta malversación de caudales públicos en dicha provincia. La provincia de Málaga, tristemente famosa por el llamado caso Malaya de Marbella, sólo tiene dos casos en fase de investigación, uno por prevaricación (por lo tanto con implicación de funcionario público) y otro por cohecho. En Andalucía hay en total 21 operaciones abiertas. No obstante, la palma en detenciones por delito de prevaricación se la llevan las Islas Canarias.

La Guardia Civil, además, está haciendo un inventario general de todas las edificaciones ilegales levantadas en el territorio bajo su jurisdicción. El inventario incluye la localización de esas obras, una breve descripción de las irregularidades, así como el tipo de infracción penal. Hasta la creación de las unidades especializadas, la Guardia Civil contaba únicamente con el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) para vigilar y perseguir los delitos contra la ordenación territorial.







* ELPAIS.com - JORGE A. RODRÍGUEZ - Madrid - 19/11/2007
Foto: Un imputado del caso Guateque sale del juzgado - C. ÁLVAREZ (El País)




.................................... Leer más...

‘Operación Guateque’: ¿cuando la autoridad está en Babia?

GRAN WYOMING* : Como ex socio de un local de hostelería, no puedo sino manifestar mi asombro cuando las autoridades municipales afirman desconocer lo que ocurría en el Ayuntamiento de Madrid al destaparse la operación Guateque. Esto de la operación Guateque viene de lejos, yo lo sufrí a principios de los noventa. Ha sido denunciado muchas veces y lo grave no sólo es que no se hiciera nada, sino que en algún caso, como el del concejal de Centro, señor Matanzo, su carrera ascendía paralela al número de denuncias. Algunos hosteleros creamos una asociación para defendernos del acoso municipal “discriminado”. Todos los locales de aquella asociación fueron cerrados, uno por uno. Incluso los que nunca habían tenido problemas.

Se alegaron todo tipo de triquiñuelas. En el caso del clásico Elígeme, por ejemplo, la excusa fue la anchura de la calle, tema complicado de resolver. Los locales se volvían a abrir una vez traspasados: la anchura de la calle dejaba de ser un inconveniente.

Nosotros vivimos situaciones no de corrupción clandestina, sino propias del Chicago de los años veinte. Todo empezó cuando el gerente del Mercado Puerta de Toledo, donde teníamos el bar, nos dijo estupefacto que el concejal del distrito de Centro, señor Matanzo, me mandaba un mensaje: “Dile al Gullomin ese que le voy a cerrar el bar”. Comenzó un rosario de pleitos, cierres, aperturas, controles de alcoholemia en la puerta, redadas: un acoso municipal en regla para que cerráramos el local… ¿Por qué? El propio concejal tenía negocios de hostelería. Un amigo suyo abrió un bar en el mismo edificio y, mientras a nosotros nos prohibió las actuaciones alegando que aquel inmueble tenía licencia de mercado, él mismo inauguró el otro local donde no sólo había actuaciones, sino que el grupo que tocaba allí era el que antes actuaba en nuestro bar, nuestro grupo: como en Chicago.

El concejal en cuestión aparecía por los bares amenazados borracho, en compañía de policías, en clara actitud provocadora. Yo no podía creer que en un Estado de Derecho este tipo de prácticas se llevaran a cabo con impunidad. Pues sí.

Mientras, nosotros continuábamos defendiéndonos de las denuncias que, con cualquier excusa, nos ponía el Ayuntamiento. Ganamos todos los pleitos. Finalmente, el acoso policial terminó por un hecho fortuito. Un día hubo un despliegue extraordinario de furgonetas de policía que entraron en la Puerta de Toledo, donde estaba ubicado el bar, con gran estrépito de sirenas y luces, como si fueran a detener a un terrorista internacional: venían a tomar nuestro local. Se dio la circunstancia de que ese día el local estaba cerrado por descanso. El ridículo fue tan grande que el jefe de la operación gritó que estaba “hasta los cojones” de aquello y que no volvía más. En efecto, los policías no volvieron.

Las denuncias y cierres continuaron. El local fue perdiendo clientela. Al final, lo traspasamos.

Este señor concejal sólo fue cesado por el entonces alcalde de Madrid, don José María Álvarez del Manzano, porque votó contra los presupuestos que presentó su grupo municipal. Por lo demás, no tuvo el menor problema. Lo cesó, con lágrimas en los ojos, afirmando que era la decisión más dura y triste de toda su carrera política. Entonces fundó un partido con Inestrillas, también de centro.

Con respecto a las denuncias, no hay muchas, lógicamente. Algunas fueron retiradas porque los denunciantes sufrían amenazas y temían por su integridad física. A nosotros, el propio concejal nos dijo en una reunión que él estaba parando a los descargadores del mercado de la Cebada de Madrid, porque querían venir a destrozarnos el local cuando se enteraron de que nos metíamos con él: Chicago.

En mi caso sufrí un acoso despreciable. Este señor se presentó en la Cope con un dossier falso y durante mucho tiempo en esa radio fueron desgranando datos difamatorios, como que mi padre tenía negocios ocultos con Joaquín Leguina y Juan Barranco de los que recibía cientos de millones de pesetas. De mí decían que trabajaba en Telemadrid porque, según habían descubierto, era hijo ilegítimo de Marcos Sanz, a la sazón director de la cadena, que tan sólo me sacaba cinco años. No era suficiente con tener un padre ladrón, tenía dos, el biológico y el adoptivo. Todo valía. Denuncié la difamación de la que era objeto. En el juicio, Encarna Sánchez, la que contaba el culebrón por la radio, alegó que las grabaciones aportadas las había hecho yo con imitadores. Su señoría sentenció que aquello eran críticas a las que cualquier artista está expuesto. Recurrí: hasta hoy. Si lo llego a saber, yo tampoco hubiera denunciado. Me supuso un sin fin de problemas, un importante gasto económico muy lejos de las posibilidades del ciudadano medio y ninguna satisfacción.

Para terminar, un apunte. Estuve en un cara a cara con este concejal del Partido Popular en un programa de Antena 3 que dirigía Luis Herrero. Al final del debate, el señor Matanzo sacó un artículo de Moncho Alpuente en el que éste decía que el problema del ayuntamiento se solucionaría si le hicieran un test psicológico al concejal. El señor Matanzo dijo, respondiendo al artículo: “A mí hay que mirarme la cabeza, pero no hay que mirarme el culo”. Con esas palabras terminó el debate y yo pensaba que su carrera política, puesto que estábamos en vísperas de elecciones. Subió muchos puestos en la lista, creo que se presentó como número dos, detrás del candidato a alcalde. Esa era la catadura moral e intelectual del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué más necesitaban saber los cargos del Ayuntamiento? Si quieren más información me tienen a su entera disposición. Sin duda, saldrán todos los denunciantes que necesiten para estar debidamente informados si les garantizan, esta vez, que no corre peligro su integridad física. Así de triste.




* Gran Wyoming es artista polifacético






* PÚBLICO - Opinión - 19 Nov 2007




.................................... Leer más...

De «Guateque» en media España

ABC* : «Unos funcionarios municipales me dijeron: «Tú me pagas 500.000 pesetas al trimestre y no tendrás problemas con el local»». Con estas declaraciones a ABC, Francisco Herrero, un pequeño empresario propietario de la «Sauna Paraíso», destapaba hace once años en Madrid una trama de corrupción en el Ayuntamiento de la capital similar a la descubierta recientemente por la «Operación Guateque». Y es que, desgraciadamente, ni la prevaricación, ni el cohecho, ni el tráfico de influencias son lacras nuevas para las administraciones públicas y tampoco son exclusivas de grandes consistorios en los que estas «manzanas podridas» puedan camuflarse entre miles de funcionarios y montañas de expedientes por tramitar.

Supuestos sobornos

Para muestra, el caso de Orihuela, en la provincia de Alicante, donde otro consistorio gobernado por el PP está sometido a una investigación idéntica a la que se desarrolla en Madrid. De hecho, el caso se destapó, llamativamente, el mismo día. Según explicó el concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez, tras filtrarse la investigación, la Guardia Civil ha detenido a los dos propietarios de una consultora que, supuestamente, estafaba a sus clientes al sugerirles que -comisión mediante- podían agilizar la obtención de licencias de apertura.
Hasta el momento, han prestado declaración «como testigos», según Rodríguez, una quincena de funcionarios -principalmente del área de Urbanismo-, que «en ningún caso» se han visto implicados en los supuestos sobornos que prometían los detenidos. Según la Guardia Civil, se han contabilizado unos cincuenta afectados, de los que los presuntos estafadores habrían podido obtener más de 300.000 euros.
Mientras Rodríguez insiste en que el Ayuntamiento no está implicado en el caso -en cuya investigación colabora desde el pasado mes de abril, según dijo-, la oposición ha tratado en los últimos días de vincular la investigación a la corrupción urbanística. «En ningún caso los trámites tenían que ver con recalificaciones», replicó el edil.

Otra administración bajo sospecha en la provincia alicantina es la oficina de Extranjería. Hace unos meses, un funcionario fue detenido acusado de «amañar» permisos de residencia. Asimismo, otras tres personas relacionadas con gestorías que tramitaban los permisos están también acusadas. El Gobierno detectó «irregularidades» en una decena de expedientes.

A principios de 2006, en la Subdelegación del Gobierno en Gerona se dieron cuenta de que algunos trámites relacionados con la oficina de extranjería que normalmente tardaban en resolverse entre uno y dos meses se solucionaban en uno o dos días. Claro que detrás de esa celeridad se encontraba la mano corrupta de una funcionaria que había manipulado varias solicitudes de permisos de residencia para unos 60 inmigrantes rusos, todos ellos residentes en Playa de Aro y con un alto poder adquisitivo.

Operación «Avispa»

Recientemente, en Cataluña se llevó a cabo la denominada operación «Avispa», en la que fue detenido el ex subdelgado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, que actualmente se encuentra en libertad con cargos. A mediados del pasado mes de julio, cuatro personas, entre ellas Planells y otros dos funcionarios de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, fueron detenidos por la Guardia Civil en el marco de una operación policial contra la mafia rusa. La noticia provocó un gran escándalo político, mucho más cuando se conoció que el ex subdelegado hacía anotaciones en los expedientes a los que quería conceder el permiso de residencia y trabajo, cumpliesen o no con los requisitos necesarios para ello.
Curiosamente, los beneficiarios eran siempre personas relacionadas directa o indirectamente con Malchas Tetruashvili, el capo georgiano capturado en la primera fase de la operación «Avispa» que se remonta a junio de 2005. Planells se reunió en 2001 en dos ocasiones con el capo, que actuaba como empleador de una especie de ONG a través de la cual traía a España a georgianos supuestamente para trabajar en sus empresas de restauración.
Sin embargo, todos los certificados de trabajo de estas personas que pasaban por la Subdelegación eran falsos. Los dos funcionarios detenidos, que quedaron en libertad sin cargos, acusaron a su jefe de ser el que tenía la última palabra en la concesión de los permisos. El ex subdelegado fue puesto en libertad con cargos tras prestar declaración en la Audiencia Nacional el pasado 11 de julio.

Otro caso de corrupción en la Administración catalana se remonta a marzo de 2001, cuando fue confirmada la prisión para el ex jefe de la Inspección de Hacienda para el sector Inmobiliario de Cataluña, Álvaro Pernas, presuntamente implicado en una trama de corrupción detectada en la Agencia Tributaria de la capital catalana. Pernas había sido encarcelado dos meses antes por su implicación en un caso cuyos principales implicados eran dos ex altos cargos de la Hacienda catalana, Ernesto Aguiar y Josep Maria Huguet.
La juez instructora encarceló a Pernas después de descubrir que supuestamente había manejado bienes embargados, que poseía gran cantidad de dinero en el extranjero y que había ocultado pruebas relativas a la investigación. El caso «Aguiar-Huguet» fue uno de los detontantes para que José Borrel renunciara a su condición de candidato en 1999, al haber sido los dos altos cargos de Hacienda colaboradores suyos.

Dos años de cárcel

En Salamanca, el secretario de la localidad de Fuentes de Oñoro, J.M.E.Z, se enfrenta a una pena de dos años de cárcel , a una multa de 5.000 euros y a inhabilitación de su cargo durante siete años y medio, por un presunto delito de falsificación de empadronamientos a inmigrantes irregulares, cobrando importantes sumas de dinero por ello.
Los hechos, que han sido enjuiciados recientemente, se remontan a 2005, a raíz del anuncio del Gobierno de regularizar a los inmigrantes que estuvieran empadronados en España antes de agosto de 2004. Un anuncio que provocó que el secretario municipal de esta localidad fronteriza con Portugal, en conexión con bandas que actuaban en Valladolid, Palencia, Murcia y Almería, falsificara los empadronamientos y registrarlos con fechas anteriores al mes de agosto.
En marzo de 2005 el funcionario fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de cohecho y otro de falsificación de documentos públicos. Además, durante la vista oral, el acusado reconoció que había recibido hasta en tres ocasiones diferentes 6.000 euros por falsificar los empadronamientos a ciudadanos marroquíes.
La Policía encontró en el despacho del secretario en el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro durante un registro un sobre con 6.000 euros, sin que figurara en la contabilidad municipal y otro con 5.000 euros en el domicilio particular del acusado. Así, en el transcurso de la investigación se hallaron centenares de fotocopias de empadronamientos falsificados con anotaciones a lápiz en las que aparecía la fecha que tenía que figurar en el documento.

Canarias, que en 2006 vivió su particular «annus horribilis» en materia de corrupción -trama eólica, Faycán, ICV, Amorós, etc...-tampoco se libró de las redes de funcionarios que, al igual que en Madrid, seencargaban de agilizar licencias previo pago. Cobraban entre 12.000 y 18.000 euros por tramitar licencias de apertura de agencias de viajes. La investigación comenzó a mediados de 2005, a raíz de una denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas en la que se denunciaba a varios funcionarios, precisamente por incumplir lo pactado con los estafados.
El trato era el siguiente: a cambio de las citadas cantidades de dinero, los funcionarios tramitaban en tiempo récord varios requisitos imprescindibles para poner en marcha una agencia de viajes.
Los estafados eran pequeños empresarios que ponían en marcha el negocio como un modo de generar su propio empleo, lo que les llevaba a querer evitar el coste de demora en la apertura. A la aceleración del trámite, que por la vía ordinaria es lento, pero gratuito, los tres imputados en este caso añadían la promesa de gestión de otros, como la póliza de responsabilidad civil, el título de IATA y otros requisitos imprescindibles. Muchas de las víctimas no denunciaban por temor a que les paralizaran sus expedientes.

Rebajas al Fisco

Otro caso sonado el que se produjo en el País Vasco, mientras el senador del PNV por Guipuzcoa Víctor Bravo conducía coches deportivos, pilotaba avionetas y se casaba en las Vegas, su hermano, José María Bravo. responsable de la oficina de Hacienda de Irún, recibía en su despacho a empresas y autónomos que debían dinero al Fisco y les prometía importantes rebajas a cambio de pagar rápidamente.
Él mismo recibía el dinero, a veces en metálico, y se lo ingresaba en sus propias cuentas. Bravo acabó en la cárcel por un delito de fraude por el que se calcula que la hacienda pública dejó se ingresar cerca de un millón de euros.
Las haciendas forales, organismos que siempre han generado un elevado sentimiento de orgullo en el seno del nacionalismo, han protagonizado en los últimos años varias casos de corrupción. Hace cinco años se supo, por ejemplo, que el inspector jefe de la Hacienda de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, había creado una trama que le permitía, a través del sistema informático, paralizar las investigaciones por posibles fraudes a determinadas empresas, entre las que figuraban algunas de conocidos fontaneros del PNV y también de simpatizantes del PP.

Expediente archivado

En este ámbito de los tributos e impuestos, merece la pena recordar el curioso «consejo» de un funcionario de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid que hace un año proponía a una conocida que se archivara el expediente de liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de sus padres a cambio de que le diese 30.000 euros. Por este impuesto, su amiga tenía que pagar 67.500 euros.

En otros casos, lo que se denuncia como casos de corrupción de dimensiones millonarias, no llega finalmente a los mil euros. Fue lo que ocurrió el pasado mes de octubre en Ceuta donde se investigó un cobro irregular de nóminas entre la plantilla de la administración autonómica que según IU podrían superar el millón de euros. Finalmente, la investigación determinó 15 casos de cobros irregulares -algunos por defecto otros por exceso- que suponían un gasto total de 570 euros.
Tramas que evidencian que en la mayor parte de las provincias, de alguna u otra manera, y en asuntos de corrupción entre funcionarios las habas se cuecen a fuego lento. Y eso sin entrar en asuntos relacionados con cuestiones inmobiliarias, porque en ese caso el «guateque» se convierte en una verdadera orgía.
La tentación vive en un matasellos, en una tecla de ordenador o en un hacer la vista gorda desde un puesto público. Desde Madrid hasta Ceuta, ninguna institución por pequeña que sea está libre de esta lacra.







* ABC - S.R. - MADRID - 18 de noviembre de 2007
Foto: viñeta corrupción - insurgente



.................................... Leer más...

Una manifestación contra el cuarto cinturón reúne a miles de personas en Granollers

ELPERIÓDICO/Barcelona* : La oposición al polémico cuarto cinturón ha reunido en Granollers a 5.000 personas, según los organizadores, y a unas 1.500, según la policía local, en una protesta que se ha iniciado al mediodía en Les Franqueses del Vallès y ha terminado a primera hora de la tarde en la plaza de la Corona de la capital del Vallès Oriental. "No al Quart Cinturó ni a la ronda del Vallès" ha sido el lema más coreado por los manifestantes.

La protesta ha incidido en que la controvertida autovía proyectada por el Ministerio de Fomento para unir Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) y Sant Celoni (Vallès Oriental), a través del Vallès Occidental y el Vallès Oriental, potenciará la especulación urbanística en el entorno de la segunda corona metropolitana de Barcelona.

Representantes políticos

A la protesta han asistido unos 70 cargos políticos de la mayoría de los partidos con representación parlamentaria. Especialmente destacada ha sido la presencia del exconseller de Medi Ambient Salvador Milà (ICV-EUiA) y del dirigente de ERC Xavier Vendrell. En la cabecera de la marcha también se encontraba el alcalde de Les Franqueses del Vallès, Francesc Torné (CiU), que gobierna con el apoyo del PP y mantiene una oposición frontal al proyecto del cuarto cinturón.

Milà ha defendido que el cuarto cinturón y la ronda del Vallès "no son la misma cosa". El exconseller de Medi Ambient ha abogado por el proyecto presentado como ronda del Vallès en octubre ante el Parlament de Catalunya, por tratarse en este caso de un plan "integrado en el territorio y que defiende paralelamente el transporte ferroviario".

Vendrell ha defendido asimismo esta opción como alternativa a un cuarto cinturón proyectado exclusivamente para conectar "la meseta con Francia", y ha añadido que espera que el PSC se incorpore a esta "solución razonable" para redefinir un plan de autovía de circunvalación de Barcelona "que tenga el mínimo impacto posible en el territorio y que no fomente la especulación urbanística".

Denuncia de la falta de inversión en ferrocarril

A la protesta de ayer en Granollers se han sumado unos 70 tractores y aproximadamente 200 ciclistas para denunciar que "en el Vallès no se ha invertido nada en ferrocarril de viajeros en los últimos 50 años" y que el cuarto cinturón "es un proyecto faraónico y caduco", según el manifiesto elaborado por las más de 200 entidades que conforman la plataforma opositora denominada Campanya contra el Quart Cinturó.

Los manifestantes también han reivindicado la necesidad de mejorar la red de carreteras, "durante años tan abandonada", para facilitar la movilidad y han remarcado que "nunca se solucionarán los colapsos circulatorios construyendo más autovías o autopistas de largo recorrido, sino adecuando las vías interurbanas que las han de drenar".







* El Periódico - PERE DAMIÁN - 18/11/2007
Foto: Participantes en la manifestación contra el cuarto cinturón, esta mañana en Granollers. / JORDI BARRERAS (El Periódico)




.................................... Leer más...

Andalucía: El pacto o el POTA

ELPAÍS* : El Pacto por la Vivienda propuesto por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, a los agentes intervinientes en la construcción de viviendas ha tenido un efecto bumerán sobre la polémica legislación contenida en el POTA. Este plan, que fue recurrido ante los tribunales por sus restricciones por los constructores y promotores y por el Partido Popular, puede quedar ahora totalmente descafeinado, según opinan fuentes de los negociadores de la mesa de concertación.

El inicial acuerdo alcanzado esta semana por la Junta y la FAMP para flexibilizar algunos de los aspectos más controvertidos del plan, ha dado pie a que en la negociación del pacto, en el que de momento se sientan Junta, sindicatos y patronal, se negocien modificaciones que anularán casi en su totalidad las restricciones del POTA, mantienen las citadas fuentes. Es decir, que no se podría declarar urbanizable más del 40% del suelo urbano consolidado, ni ampliar el planeamiento con viviendas que supusieran un incremento de población superior al 30% actual.El preacuerdo con la FAMP supone que 626 pueblos andaluces que tienen menos de 10.000 habitantes y que suponen el 81% del total de 770 municipios andaluces no tendrán que cumplir estrictamente las limitaciones de crecimiento en población y de suelo urbanizable establecidas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

Los alcaldes andaluces (de los 770 un total de 491 son socialistas) han logrado en primera instancia una rebaja sustancial del POTA, después de que la Junta aceptase fijar nuevos límites y sacar los suelos industriales del porcentaje de crecimiento limitado.

Desde la Junta se ha planteado este acuerdo como un reajuste del plan, pero lo cierto es que la rebaja empieza a ser significativa y, de quedarse ahí, podría despertar además reivindicaciones de Ayuntamientos que alegaran agravios comparativos entre poblaciones de tamaño muy parecido.

La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, confirmó que la Junta asumirá las peticiones de los alcaldes porque, según explicó, la mayoría de los 626 municipios de menos de 10.000 habitantes han crecido en suelo y en habitantes por debajo de la media andaluza cuando, sin embargo, "disponen de unos equipamientos superiores a las necesidades de la población real que tienen".

La realidad política sin embargo es más bien otra. Más del 90% de los municipios andaluces no habían atendido o cumplido las recomendaciones que el departamento de Gutiérrez inició con la promulgación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y la posterior del POTA.

En el primer caso, porque los municipios tuvieron más de cuatro años para modificar sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y sólo 46, cumplimentaron el trámite en tiempo y forma el pasado mes de enero. O lo que es lo mismo, el 93% de los municipios se quedaron con PGOU antiguos, bloqueados, y frenados en sus posibilidades de crecimiento más aún con la entrada en vigor del POTA y sus limitaciones de crecimiento.

Y en segundo lugar, porque con el POTA en la mano, la FAMP aseguraba era imposible poner a disposición de la promoción de viviendas de protección oficial suelo suficiente para cubrir los objetivos del pacto, y de la futura Ley del Derecho a la Vivienda, anunciada dentro del paquete de medidas que el PSOE incluirá en su programa electoral y que no verá la luz hasta la próxima legislatura.

Por esa razón esta primera rebaja no hace sino presagiar otras sucesivas en las próximas semanas, opinan fuentes de la mesa de la concertación.

En la comisión que pretende alcanzar el Pacto por la Vivienda anunciado por Chaves y cuyo objetivo es construir 700.000 viviendas en 10 años, 350.000 de ellas protegidas, se estudia ya un documento de los empresarios que apunta a nuevas modificaciones del POTA, que hace aún más livianos los límites establecidos al crecimiento urbanístico. Además, los empresarios han conseguido una reivindicación que les llevó a uno de los desacuerdos más sonados de la legislatura que está a punto de concluir. La CEA escenificó una ruptura del acuerdo de concertación cuando el POTA fue modificado en el Parlamento, a requerimiento de IU, y endurecido respecto a lo que inicialmente se había pactado en la mesa de la concertación social.

Ahora el POTA regresa a la mesa de concertación y allí sindicatos y empresarios ya han puesto condiciones para firmar el pacto previa modificación de algunas de las normas. "Remitir a la concertación tripartita las iniciativas no consensuadas, como es la aplicación del POTA y los Planes de Ordenación del Territorio". Así reza una de las propuestas contenidas en el documento entregado por la CEA en la primera de las reuniones de la mesa que persigue el pacto.

Hasta nueve modificaciones del POTA plantea la CEA, que además insta a la agilización de la tramitación tanto para el desarrollo de suelos de VPO como para el planeamiento.







* ELPAIS.com - J. MÉNDEZ / F. P. MONGUIÓ - Sevilla - 18/11/2007
Foto: Zahara de los Atunes (Cádiz), vista aérea - García Cordero (El País)




.................................... Leer más...