Medio Ambiente multiplica por 16 las demoliciones a pie de costa en 2007

EUROPAPRESS* : El ministerio de Medio Ambiente ha demolido en lo que va de año 665 construcciones que se encontraban fundamentalmente en el dominio-público marítimo terrestre, lo que supone que ha multiplicado por 16 las actuaciones llevadas a cabo en 2004, un total de 40. En lo que va de legislatura ha llevado a cabo más de 1.200 demoliciones (194 en 2005 y 345 en 2006), según ha explicado el secretario general de Territorio y Biodiversidad, Antonio Serrano.

La demolición de construcciones ilegales de todo tipo (en desuso, paralizadas por la Ley de Costas o tras un acuerdo con los propietarios) es una de las actividades prevista en la futura Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa Española que, precisamente el Gobierno presentará mañana al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), donde están representados todos los agentes sociales. El plan persigue una actuación integral y consensuada con todas las administraciones implicadas para la recuperación de las costas.

Uno de los objetivos básicos de esta estrategia es la recuperación total del dominio-público marítimo-terrestre, para lo que se continuarán llevando a cabo demoliciones, en la medida de lo posible, mediante la búsqueda de acuerdos con los propietarios y las mediación de otras administraciones implicadas. "La línea de acuerdos es prioritaria frente a las expropiaciones", explicó Serrano.

700 kilómetros aún afectados

De este modo, el Ministerio se tendrá que emplear a fondo para demoler construcciones en torno a 700 kilómetros todavía afectados por ocupaciones ilegales. A juicio de Serrano, administraciones y sector turístico han cambiado su mentalidad y ven estas actuaciones como medidas que buscan la excelencia y una mayor calidad.



Junto a las demoliciones, el Ejecutivo quiere culminar el deslinde (delimitación de la zona de dominio público marítimo-terrestre) de los 10.000 kilómetros de costa total. Hasta el momento, se ha deslindado el 79,15%, por lo que aún faltan unos 2.000 kilómetros de costa. Este año, el Ejecutivo espera deslindar más de 600 kilómetros, con una media desde 2004 de 300 anuales.

En cuanto a la adquisición de fincas, destacó que en esta legislatura se han adquirido más de 11 millones de metros cuadrados (1.123 hectáreas) por valor de 30 millones de euros. Además, están en tramitación 96 hectáreas más por valor de 60 millones de euros y otras 1.500 hectáreas (por valor de 13 millones de euros) serían susceptibles de ser declaradas de utilidad pública.

8.000 kilómetros para pasear

Medio Ambiente también trabaja en la habilitación de zonas transitables en 8.000 kilómetros de costa (andando o en bicicleta), de los que hasta ahora se han habilitado un 20%. El objetivo es que estos paseos, junto con los caminos verdes interiores en otros 8.000 kilómetros, estén listos en 2012.

La propuesta de Estrategia fue vista a principios de este mes por el Consejo de Ministros, pero ya en noviembre de 2005 la metodología para su desarrollo fue planteada a las comunidades autónomas en Conferencia Sectorial. Una vez completado el diagnóstico, el Ejecutivo consensuará un plan con todas las administraciones implicadas a través de la suscripción de convenios.

El objetivo es subsanar los efectos de la fuerte concentración urbanística, ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre, ocupación de zonas inundables y afecciones al patrimonio natural, la biodiversidad y la calidad de las aguas. Entre otros aspectos, Serrano indicó que el diagnóstico revela la situación de zonas inundables todavía susceptibles de ser urbanizables.

Situación de la red de parques nacionales

El CAMA verá también mañana un informe sobre la situación a 31 de diciembre de 2006 de la Red de Parques Nacionales. La legislación obliga a que este informe, que se presentará por primera vez al Senado antes de que finalice la legislatura, se elabore cada tres años. Una vez se apruebe el Real Decreto del Consejo de la Red de Parques Nacionales, el texto será también presentado a este órgano.

Igualmente, tratará la Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano, el Plan Nacional de reducción de sustancias acidificantes y precursores del ozono, y la resolución del CAMA sobre el Algarrobico (a propuesta de los Ecologistas). Finalmente, estudiará el Plan de Acción Nacional contra la Desertificación, el proyecto de Real Decreto del Plan Especial del Alto Guadiana, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente para 2008.







* El Mundo - Su Vivienda - 30/10/2007
Foto: Una urbanización a pie de costa en las Islas Baleares - Pep Vicens - elmundo.es





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La ciudad europea y su mito

JORDI BORJA* : ¿Podrán sobrevivir nuestras ciudades? se preguntaba Josep Lluís Sert en el título de un libro convertido en clásico escrito en el exilio, en 1942. Y finalizaba con un texto conclusivo rotundo titulado Planificaciones urbanas a gran escala o catástrofe urbana. Regreso de Toulouse, participé en el debate de clausura del Congreso Anual de la Federación de Agencias de Urbanismo de Francia. Había un total de 850 participantes, la mayoría profesionales de la cincuentena de agencias repartidas por todo el país y también numerosos alcaldes y regidores de urbanismo de ciudades grandes y medias, miembros del gobierno y directivos del poderoso Ministerio de Ecología, Desarrollo y Ordenación del territorio sostenibles así como dirigentes de las grandes sociedades públicas y privadas financieras y de servicios urbanos y algunos, pocos, expertos o investigadores universitarios.

El tema de este año: la ciudad negociada, es decir, compartida en su gestión y desarrollo con los actores económicos, las organizaciones sociales, los habitantes. Hasta aquí nada especial.

¿De qué ciudad se hablaba? Aquí apareció la novedad. La escala de la ciudad francesa, y por extensión europea, la de las propuestas y los proyectos de futuro, no era la del municipio, ni tan sólo las exitosas aglomeraciones metropolitanas creadas a finales de la década de 1990. La ciudad que se está haciendo hoy en Europa es a una escala superior, que traspasa los límites de municipios y comarcas, de departamentos (provincias) y de regiones, incluso las fronteras nacionales en algunos casos. En la sesión a la que asistí primero intervinieron los directores de las Agencias de Urbanismo de Lille, Estrasburgo, Nancy y Clermont-Ferrand, unas agencias muy vinculadas a sus respectivas ciudades, como sucede acá con Barcelona regional.

Lille nos expuso el proceso en marcha de construcción de una metrópolis en red que integraba decenas de municipios por medio de 14 agrupaciones de municipios franceses y 4 belgas, proceso al cual se habían asociado 5 entidades regionales y provinciales francesas y belgas. Se ha iniciado ya la institucionalización de esta región metropolitana sobre la base de 15 autoridades locales lideradas por la ciudad de Lille, por ahora sin los belgas por la resistencia de los Estados a favorecer la institucionalización local transfrontaliza. Las propuestas de Nancy y de Estrasburgo eran de una ambición parecida. La capital de la Lorraine apuesta inicialmente por una metrópolis que articule el eje lineal de sus cuatro ciudades (Nancy, Metz, Epinal y Thionville) para abrirse luego hacia Suiza, Alemania, Luxemburgo y Bélgica. Y Estrasburgo conjuntamente con Mulhouse la otra capital alsaciana, se define como la ciudad central del eje que va de Basilea (Suiza) a Karlsruhe (Alemania) y prepara proyectos con Stuttgart. Incluso una ciudad como Clermont-Ferrand, capital de la región franco-francesa de la Auvergne, en pleno centro de Francia, no sólo plantea sus proyectos a escala regional, también se abre hacia la región vecina por medio del eje con Sainte Etienne, la segunda ciudad de la región que lidera Lyón, y de aquí a Suiza y norte de Italia.

Estas ciudades y las estructuras regionales que promueven no sólo se proponen desarrollar las infraestructuras comunicacionales conjuntas. También quieren definir programas y proyectos conjuntos, orientados a la innovación de las actividades y los servicios, el desarrollo económico y territorial sostenible y la dimensión europea. Se proponen promover elementos que refuercen la naciente identidad de estos territorios. ¿Nos encontramos en la etapa final de la mítica ciudad de la vieja Europa, como nos consideran en Estados Unidos? No es ésta la pretensión de los protagonistas de estos procesos metropolitanos y macrorregionales. En la mesa redonda de clausura en la que participé y en los discursos oficiales finales se enfatizó la centralidad de las ciudades existentes, se apostó por la densidad y por la compacidad de los desarrollos y se propuso la articulación a escalas regionales de escala europea como la mejor forma de salvar y de hacer progresar las ciudades tradicionales, elementos nodales y motores de los nuevos sistemas urbanos. La mítica ciudad europea permanece renovándose.

Y en nuestro país ¿qué ha pasado con la "Eurorregión"? Hace ya 15 años el actual alcalde de Perpiñán me decía que su ciudad formaba parte del área metropolitana de Barcelona, en las alcaldías de Toulouse y Montpellier estaban encantados del proceso naciente de articulación de une espacio regional cuyo punto más fuerte era la capital catalana, Marsella, por medio de su alcalde, se declaraba interesada en integrarse en el planeamiento estratégico iniciado en Barcelona y Raymond Barre, el alcalde de Lyón, ex jefe de Gobierno de Francia y reputado economista, hablaba de fomentar el eje que le unía a Barcelona. El alcalde y luego presidente de la Generalitat, Maragall, nunca dejó de enarbolar esta bandera, pero no parece que haya sido suficiente. Ni la alcaldesa de Valencia (lamentablemente Carmen Alborch no conquistó la alcaldía) ni los anteriores alcaldes de Palma de Mallorca han demostrado el mismo entusiasmo, aunque ahora en las Islas, como en Zaragoza y Aragón, podría seguramente reactivarse el tímido proceso iniciado en la década de 1980. La política infraestructural del Gobierno central no sólo no ha dado facilidades; todo lo contrario, ha optado por desarrollar el sistema radial centrado en Madrid y ha sacrificado la conexión mediterránea, especialmente entre Valencia y Cataluña. Tampoco en Francia triunfaron los buenos deseos de los alcaldes citados, y una prueba, entre otras, de ello es el escaso interés que demuestran por la conexión de viajeros y de mercancías del tren de alta velocidad congelando el tramo de Perpiñán a Montpellier, temerosos de la competencia barcelonesa y de su puerto. Pero el tren, aunque sea lentamente, avanza y una vez desde España llegue a Perpiñán la fuerza de las cosas se impondrá a la miopía de los hombres.

Sería hora que la ciudad de Barcelona y su gobierno retomaran la bandera de la Eurorregión. Por ahora, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento ofrecen una imagen muy autocentrada, casi ombliguista. De la épica no se ha pasado a la lírica, sino a un diálogo propio del Ionesco de la cantante calva. La campaña publicitaria ¿Vostè que faria? se dirige al ciudadano, es cierto pero en unas condiciones de aislamiento social que sólo puede dar resultados previsibles de más de lo mismo. Está amalgama de concejo abierto de pueblo y de concurso radiofónico financiado por un detergente no es la participación ciudadana más estimulante. Hay, sin embargo, indicios interesantes de debate sobre el modelo de Barcelona, que inició el excelente libro de Horacio Capel en 2005 y que ahora ha retomado una revista del Ayuntamiento, Barcelona metrópolis mediterránea, en su último número, que expone interpretaciones críticas; un buen signo pues sin diálogo y confrontación no hay progreso ni creatividad.

Pero el debate aún está demasiado circunscrito a la ciudad, aunque bien está que se asuma que el modelo dista de ser perfecto. Sin masoquismo, pues gran parte de los aspectos negativos o deficitarios que enfatizan los críticos se deben más procesos propios del entorno económico y político que a sus propias limitaciones, aunque el ámbito impuesto al urbanismo municipal no contribuye demasiado a reducir los efectos perversos del mercado y de la fragmentación política. En un reciente encuentro con urbanistas europeos los discursos locales enfatizaron mucho más la continuidad que el cambio y se excluyeron que hubiera rupturas en nuestro urbanismo de la última década. Puede ser cierto, aunque discutible. El señor K, el álter ego de Bercht, reconocía que si alguien te dice que en 10 o 20 años no habías cambiado deberías preocuparte.

En su conferencia en Tribuna de Barcelona, el responsable del urbanismo barcelonés, García Bragado, declaró que el Ayuntamiento debía sentirse responsable de que la ciudad ofreciera a todos los servicios, fueran o no de su competencia legal, que les permitieran ejercer de ciudadanos. Tenía razón. Si me permiten añadiría: pues no basta el urbanismo de barrio, hace falta el urbanismo de escala europea, más allá de la ciudad y de la vieja área metropolitana, sin otros límites que los de nuestras capacidades, no de las inercias administrativas.






* ELPAIS.com - Cataluña - 15/10/2007







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Menos de un tercio de los municipios andaluces ha iniciado su reforma urbanística

ELPAÍS* : Menos de la tercera parte de los municipios andaluces ha iniciado la revisión de su planeamiento urbanístico para adaptarlo a la Ley del Suelo, pese a que se van a cumplir cinco años de su entrada en vigor (2003). La Consejería de Obras Públicas fijó un plazo de cuatro años -que ya han transcurrido- para la revisión de los respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y, a día de hoy, según los datos facilitados por este departamento, sólo 243 de los 770 ayuntamientos de la comunidad cuentan al menos con la aprobación inicial para ajustarse a la ley.

Sin entrar a polemizar con los ayuntamientos, desde la consejería se advierte de lo rezagado del proceso, que está patas arriba no sólo por lo laborioso de los trámites y la lentitud de los pasos, sino también porque los municipios han esperado al límite del tiempo.

Una vez aprobada la Ley del Suelo, Obras Públicas dio de plazo hasta enero de este año para la adaptación. A partir de esa fecha, no es que los PGOU sin reformar hayan perdido vigencia, pero sí han quedado constreñidos porque ya no es posible ninguna modificación ni pueden ejecutarse instrumentos concretos para desarrollarlos. "La mayoría ha comenzado la adaptación, hace un año o año y medio, cuando veían que ya no iban a poder cambiar nada", señala la directora general de Urbanismo, Felicidad Montero.

Según Montero, el 90% de los municipios ha hecho un documento de avance con las líneas básicas, paso de una fase preliminar sin valor normativo.

De los 243 ayuntamientos con la revisión en marcha, 153 cuentan con la aprobación inicial, 35 con la provisional y únicamente 55 han obtenido la definitiva, apenas un 7%. Entre estos últimos, sólo hay uno de capital, Sevilla, que fue aprobado en 2003 y se reformó sobre la marcha. Córdoba registra un caso muy similar, si bien aún está pendiente de retoques puntuales.

Málaga es la única provincia sin ningún plan aprobado de forma definitiva cuando resulta que es el territorio con mayores tensiones por el urbanismo, muy especialmente en la costa. En Almería y Cádiz, con grandes extensiones que dan al mar, también hay muy pocos: dos y tres, respectivamente.
En líneas generales, la mayor parte de las localidades que han emprendido la revisión son pequeñas, quizás por eso Granada es la que tiene más planeamientos actualizados (18), seguidas de Jaén y Huelva, con 10 cada una.

Felicidad Montero reconoce que el procedimiento de elaboración de un PGOU es de por sí complejo y largo. El pleno municipal otorga la aprobación inicial, y tras ella hay un periodo de alegaciones y modificaciones. La Ley del Suelo introdujo la novedad de un informe de incidencia territorial, que elabora la Junta, en el que se advierte de posibles inconvenientes, lo que supone un ahorro de tiempo, ya que no hay que esperar a la aprobación final para corregir los fallos, si bien no siempre funciona. El Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, aprobó inicialmente el plan en julio de 2006 y aún no ha hecho el informe provisional, que es el documento que se envía a la Administración autonómica.

Los ayuntamientos se quejan de los constantes cambios normativos de la Junta -Ley del Suelo y Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA)-, así como los retrasos de los planes subrregionales de ordenación, a los que los planes urbanísticos tienen también que adaptarse. A esto hay que sumar los conflictos institucionales y las impugnaciones de los ayuntamientos, especialmente del PP, sobre todo por las limitaciones del de crecimiento que impone el POTA -el 30% de población y 40% del suelo en 8 años-, que apoyan promotores y constructores. De hecho, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y el PP, han llevado a los tribunales este plan.

De los 55 municipios que ya han adaptados su planeamiento a la Ley del Suelo, únicamente nueve han sido aprobados con el POTA ya en vigor (enero de 2007). Estas localidades son: La Mojonera (Almería), Alfacar y Armilla (Granada), Jaminela, Torreperolgil y Villacarrillo (Jaén), y Pruna, La Rinconada y Villanueva del Ariscal (Sevilla).







* ELPAIS.com - ISABEL PEDROTE / DIEGO NARVÁEZ - Sevilla / Málaga - 03/11/2007
Foto: Panorámica de la localidad onubense de Punta Umbría- GARCÍA CORDERO (El País)





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Una plataforma pide a los Ayuntamientos navarros que impidan la privatización de las iglesias

DIARIODENAVARRA* : La «Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra» insta a los Ayuntamientos navarros a iniciar los procedimientos legales oportunos para impedir la privatización de los edificios y bienes de uso religioso de sus localidades, así como de cualquier patrimonio que esté en situación similar. Esta solicitud se recoge en una instancia dirigida a todos los Ayuntamientos y Concejos y que ya ha sido aprobada en poblaciones como Burlada, Alsasua, Pueyo, Berriozar o Uharte, según informa hoy dicha plataforma en un comunicado.

En esa instancia propone también que procedan a «inmatricular, de acuerdo con la Ley Hipotecaria, como bienes públicos y a nombre del Ayuntamiento, los edificios, ermitas, cementerios, casas y demás propiedades públicas que todavía estén sin registrar, y que sean susceptibles de ser privatizados por la Iglesia».

La Plataforma, creada recientemente, considera necesario que todos los ayuntamientos se pregunten de quién son las iglesias, ermitas, cementerios, retablos, atrios o casas curales «si no quieren verse desposeídos de su patrimonio histórico».

En este sentido señala que «la Iglesia Católica estaba llevando una formidable y discretísima campaña de inscripción en el Registro de la Propiedad de todas las iglesias de Navarra, acogiéndose a los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria y aprovechándose de la supresión, en 1998, del artículo 5 del Reglamento Hipotecario que impedía expresamente el registro de los lugares de culto».

Para la Plataforma esto es un «escándalo monumental, sin duda la mayor privatización realizada en toda la Historia de Navarra».

Según denuncia, la Iglesia Católica acogiéndose a esa vía excepcional y con un «coste irrisorio (20-30 euros) está inscribiendo a su nombre bienes que pertenecen a los pueblos (más de mil inmuebles), de valor incalculable, siguiendo un procedimiento que no conlleva publicidad alguna y obteniendo de ese modo la privatización de esos bienes públicos, sin el conocimiento de la población, ni de sus representantes públicos».

La Plataforma apunta además que el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que «da a la Iglesia el privilegio (así lo califican algunas sentencias) de inscribir mediante la propia certificación del Diocesano», está «bajo harta sospecha de anticonstitucionalidad»

Subraya asimismo que en general estos edificios fueron construidos y amueblados por los pueblos y que su utilidad no era únicamente religiosa. En este sentido apunta que todavía hoy «son constantes las obras que se realizan en muchos de estos edificios, mayormente a costa de los fondos públicos».

En su opinión, los recientes casos de la comarca del pantano de Itoiz, (indemnizaciones millonarias a la Iglesia); la implantación de tarifas para la celebración de conciertos y actos culturales (Tafalla, Olite, Estella); la venta de objetos de arte o las enajenaciones de edificios son ejemplos que «demuestran que la inmatriculación de estos bienes está teniendo repercusiones inmediatas».







* Diario de Navarra - AGENCIAS. PAMPLONA - 31 de octubre de 2007
Foto: Pamplona, Parlamento de Navarra - Ngoni (wikipedia.org)




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Un nuevo edificio de 11 plantas en Sants enfrenta a vecinos con el Ayuntamiento

ELPAÍS/Barcelona* : La Asociación de Vecinos del Paseo de Sant Antoni ha denunciado esta semana ante la Fiscalía de Barcelona al Ayuntamiento de Barcelona por la construcción de un edificio de 11 plantas en el barrio de Sants. El edificio ha sido bautizado popularmente como Torre Malaya en referencia al entramado de corrupción destapado hace un año y medio en Marbella.

Los hechos se remontan a 2004, cuando la constructora Sapic Habitat compró mediante subasta pública el terreno sobre el que se levanta el edificio. Sin embargo, parte de ese solar subastado estaba ocupado por la rampa peatonal que comunica la calle de Riego con el paseo de Sant Antoni. El Consistorio requirió entonces a la constructora la devolución del paso público y en compensación modificó el Plan General Metropolitano (PGM) para permitir a la empresa construir un edificio de 11 plantas en lugar de las 4 que marca la ley.

"Gracias a la torpeza del Ayuntamiento la constructora ha hecho el negocio del siglo", dice José Enrique Martínez, miembro de la asociación denunciante, al tiempo que se pregunta cómo el Ayuntamiento vendió una rampa para peatones. "Porque se puso en subasta como parcela única", contestó a este diario el gerente del distrito de Sants, Josep Sans. "Este hecho obligó a dejar esta superficie sin edificación, concentrando toda la edificabilidad prevista en la otra parte del solar", añadió Sans.

Antes de la modificación del PGM, en 2004 se abrió un periodo de alegaciones. CiU votó a favor de la modificación y el PP se abstuvo. Ambos grupos, entonces en la oposición municipal, criticaron el impacto visual que el edificio provocará en su entorno, pero no cuestionaron que se pusiera en subasta la rampa de la calle de Riego.

En el escrito presentado ante la fiscalía, este grupo de vecinos también denuncia que gran parte del solar sobre el que se levantará el inmueble pertenecía al Ministerio de Obras Públicas -ahora Fomento- desde 1968, y que el Ayuntamiento se lo ha apropiado de manera irregular. De hecho, durante el periodo de alegaciones, Renfe, dependiente de Fomento, pidió su inclusión en la lista de propietarios del solar. "Todo eso pasó hace mucho tiempo, pero estoy convencido de que el Ayuntamiento ha actuado dentro de la legalidad", afirmó el gerente de distrito.

El edificio albergará 32 viviendas, un local comercial y 35 plazas de aparcamiento subterráneo. Los vecinos vinculan su construcción a la llegada del AVE al barrio y la oportunidad de negocio que eso supondrá.







* ELPAIS.com - JAUME BAUZÀ - Barcelona - 03/11/2007
Foto: Barcelona, Plaza de Sants - telefonica.net




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El alcalde de Santa Cruz compró el suelo de Las Teresitas al doble de su valor

LAPROVINCIA* : La arquitecta municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la época en que se llevó a cabo la compra de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas, Pía Oramas González-Moro, ha confirmado ante la magistrada instructora del caso, Carla Bellini, lo que ya reflejó en su informe previo a la compra por parte del consistorio a la mercantil Inversiones Las Teresitas: la valoración real del suelo era de 19,3 millones de euros (unos 3.210 millones de pesetas), una cifra que nada tiene que ver con los 52 millones de euros (8.750 millones de pesetas) pagados por el ayuntamiento.

Pía Oramas fue citada a declarar días atrás por la magistrada Carla Bellini y prestó su testimonio en presencia de la delegada de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés. Oramas no hizo otra cosa que confirmar lo que ya dejó por escrito en el año 2001 en un informe al propio Ayuntamiento.

La corporación santacrucera no sólo pasó por alto el informe de su propia arquitecta, sino que lo ocultó en el expediente administrativo de la compra de los terrenos de LasTeresitas y decidió solicitar otros tres informes de valoración diferentes para luego quedarse con uno de ellos, el que más ajustaba el precio a lo acordado con los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, propietarios de los terrenos a través de la mercantil Inversiones Las Teresitas.

Cabe recordar que este punto del expediente administrativo fue anulado el pasado mes de mayo por el Tribunal Supremo, al considerar que el precio de la compraventa fue pactado entre los vendedores y el Ayuntamiento de forma ilegal.

Ya en la querella que Anticorrupción presentó el pasado mes de diciembre ante elTSJC, Farnés advertía de la importancia del informe de Pía Oramas, y mostraba su sorpresa por el hecho de que el consistorio presidido por Miguel Zerolo no le diera importancia al mismo.

"No podemos dejar de sorprendernos", aseguraba Farnés en la querella, cuando en el expediente remitido a esta Fiscalía por el propio ayuntamiento aparece un informe pericial de tasación del valor de las parcelas del frente de playa, que valora los mismos en 3.210 millones de pesetas".

A pesar de ello, la compraventa se llevó a cabo por 52 millones de euros después de que se acordara por la Gerencia de Urbanismo encargar otros tres informes de tasación. Finalmente, el consistorio dio como válido el informe que más ajustaba su precio a los 52 millones que ya tenía pactados con los empresarios.







* La Provincia - PEDRO GUERRA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 03 de noviembre de 2007
Foto: Manifestación en las puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife - laprovincia.es





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Almería-Granada: La costa más amenazada por las promociones

ELPAÍS* : Almería vive probablemente la mayor explosión urbanística en el Mediterráneo. Los ayuntamientos de la costa, de todos los partidos, tienen aprobadas decenas de miles de viviendas, con el visto bueno de la Junta de Andalucía, del PSOE, que en los últimos años ha intentado reconducir su situación. "A pesar de las agresiones sufridas, el litoral almeriense se salvó del desarrollismo de los 60 y 70", comienza el diagnóstico de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, el gran diagnóstico sobre el estado del litoral que el Ministerio de Medio Ambiente ha realizado durante dos años.

La zona, agreste y con problemas de agua hasta hace poco, ha cambiado mucho. Hoy las grúas compiten con los invernaderos. "El actual desarrollo agroturístico e industrial en algunos puntos está generando un rápido deterioro de las condiciones naturales que caracterizan este litoral con agresiones que, en muchos casos, son irreversibles o de difícil corrección", prosigue el plan de Medio Ambiente.

Sólo el Ayuntamiento de Cuevas del Almazora (11.000 habitantes) planeó la construcción de 145.000 viviendas. El planeamiento debe ser restringido, entre otras cosas, porque quedan terrenos radiactivos por el accidente de Palomares.

Tras el sombrío diagnóstico, el plan aborda metro a metro las agresiones que ha sufrido el litoral. En Villaricos propone trasladar la fábrica de antibióticos que la multinacional DSM tiene sobre la playa. No es la única industria que estorba: la cementera de Carboneras también debe ser trasladada.

Sin embargo, las principales "degradaciones" son urbanísticas. El hotel nudista Vera Playa invade el dominio público marítimo terrestre, ocupa la misma playa. La estrategia propone demolerlo. Lo mismo ocurre con el hotel El Palmer y los apartamentos directamente sobre la playa, en Enix. Sobre este último, de 10 plantas, el plan afirma que es "una ocupación ilegal del dominio público" y plantea "recuperarlo todo expropiando el hotel y los apartamentos".

Ante los anuncios de las demoliciones que, por centenares, propone la estrategia, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, insistió ayer en que la mayor parte de los casos sólo se podrán hacer con la colaboración de las comunidades. Sin embargo, sobre estos dos hoteles la competencia es exclusiva del Gobierno. Si Medio Ambiente quiere cumplir su plan puede hacerlo sin acuerdo de la autonomía.

El texto critica también el modelo urbanístico en los 75 kilómetros de litoral del Parque Natural del cabo de Gata, el mayor parque del Mediterráneo: "El deterioro del medio natural, el excesivo turismo de segunda residencia y la estacionalidad de los visitantes, están consiguiendo frenar la actividad turística en cabo de Gata, por lo que debe buscarse un turismo más sostenible". Allí detecta "degradaciones paisajísticas en San José e importantes ocupaciones urbanísticas del litoral; deterioro de paisajes agrarios tradicionales, sobreexplotación de caladeros de pesca, sobreexplotación y salinización de acuíferos, abandono del patrimonio arqueológico e insuficiente planificación urbanística".

Entre los ejemplos destaca las expansiones previstas en un plan parcial de Níjar, junto a la Fabriquilla, "las ocupaciones de dominio público y de la servidumbre de tránsito en San José, Isleta del Moro, Cala Higuera, Las Negras y Agua Amarga; el desarrollo turístico de San José, basado en segunda residencia, los desarrollos urbanísticos desproporcionados en algunas poblaciones o la insuficiente planificación urbanística". Además, afirma que hay "actuaciones inmobiliarias inapropiadas". En San José, propone "retirar las edificaciones" que llegan hasta el acantilado.

La estrategia destaca que el parque natural tiene enemigos en el Ayuntamiento de Carboneras, del PSOE, y el de Níjar, ahora del PP, que "tienen una visión negativa de la normativa del parque al considerarla perjudicial para su desarrollo industrial y urbanístico o para su economía". Carboneras autorizó, con el visto bueno de la Junta, el polémico hotel del Algarrobico, paralizado por orden judicial y con un proceso de expropiación abierto por parte del ministerio y con otro pleito de la Junta.

El diagnóstico sobre la situación en Andalucía supone un problema para el Gobierno, que denuncia el urbanismo salvaje en Murcia o Valencia, pero pasa de puntillas sobre el andaluz. Aunque oficialmente la Junta de Andalucía (PSOE) pone más restricciones al urbanismo, si uno circula desde Murcia a Almería hay muchas más grúas en territorio andaluz. En junio de 2006, Narbona criticó el urbanismo en la costa andaluza y, ante las críticas desde la Junta, acabó reconociendo que se refería a años anteriores y que la situación ha mejorado mucho.

El plan también carga contra el mar de plásticos que en algunos casos llega hasta el borde del mar. Los invernaderos no sólo afean el paisaje sino que amenazan con contaminar el mar.

La situación no es mejor en Granada, la provincia costera con menos litoral. Sus 81 kilómetros de costa acogen un muestrario de atropellos urbanísticos: desde hoteles que invaden el dominio público marítimo terrestre a invernaderos "que llegan hasta las olas", en palabras de Francisco Javier Egea, de Ecologistas en Acción.

La difícil orografía de la costa granadina, llena de acantilados y playas de piedra, ya no es obstáculo para los promotores. La población de Almuñécar ha crecido un 18% en cinco años y otros pueblos del litoral, como Rubite, de 468 habitantes en 2006, prevé construir 3.500 viviendas en la próxima década. En Albuñol y Sorvilán, en el límite con Almería, la gran actuación de Medio Ambiente consiste en recuperar el dominio público y las servidumbres de tránsito costero, invadidas por los invernaderos.

Almuñécar es la localidad con más irregularidades, según el documento de trabajo de Medio Ambiente. La localidad, gobernada por el independiente Juan Carlos Benavides, es la que tiene un urbanismo más conflictivo en la provincia. La Junta de Andalucía ha abierto al menos 59 expedientes por excesos de edificabilidad, licencias irregulares o modificaciones en el PGOU fuera de la legalidad. En el tramo costero, el ministerio prevé la "liberación de ocupaciones mediante expropiación y demolición" de un hotel en la playa de Pozuelo y la "recuperación de la servidumbre de protección" de otro establecimiento en la playa del Capitán. La construcción de residencias en la playa del Muerto, considerada por los grupos ecologistas como "uno de los atentados urbanísticos más fuertes de litoral", se quiere paliar mediante una "propuesta de restitución de la costa".

Junto al paraje natural de Maro-Cerro Gordo, en el límite con Málaga, según Egea, "se ha cortado el paso a la playa de Calaiza, que ha quedado privatizada para una urbanización cercana". Y eso es ilegal.








* ELPAIS.com - R. MÉNDEZ / F. J. PÉREZ - Madrid / Málaga - 03/11/2007
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)



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Sigüenza: Mas de un millar de firmas contra Segontia Golf

Ecologistas en Acción* de Guadalajara, junto con la Plataforma SOS Sigüenza, han presentado al Ayuntamiento de Sigüenza y al Presidente de Castilla-La Mancha, mas de mil firmas recogidas durante los últimos meses contra el proyecto de construcción de un campo de golf de 18 hoyos y 1700 chalets en el paraje conocido como "El Montecillo" en el término municipal de Sigüenza.

Las firmas procedentes de ciudadanos particulares, así como organizaciones sociales, sindicales y políticas de todo el estado, solicitan la paralización de un proyecto totalmente insostenible e irracional, inconcebible desde el punto de vista ambiental y social.

Esta iniciativa se une a las alegaciones, y al estudio de alternativa técnica presentados en el mes de julio por nuestras organizaciones, que suponía un desarrollo sostenible y alternativo, acorde con las caracteristicas de Sigüenza y su entorno, totalmemte viable y trasladable a otras zonas rurales.

Ecologistas en Acción pide coherencia y cordura a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento seguntino, para que utilizando las herramientas legales establecidas y los criterios de sostenibilidad de la Agenda Local 21, descarten esta aberración urbanística en una ciudad como Sigüenza.



El Ayuntamiento de Sigüenza da luz verde a Segontia Golf - E.A. - 28 de marzo


Dalma, Ecologistas en Acción, WWF/Adena y la Plataforma SOS Sigüenza, consideran la postura del Ayuntamiento de Sigüenza, totalmente contraria a los criterios de la "alardeada" agenda local 21, que pretenden implantar en la Ciudad del Doncel. Un proyecto irracional, totalmente insostenible, en una ciudad patrimonio histórico-artístico.

El pasado martes 27 de marzo de 2007, el pleno del ayuntamiento de Sigüenza, aprobaba con los 10 votos a favor del PSOE y PP (y la abstención de IPS), la vía libre para que el grupo inmobiliario Realitas continúe con los tramites administrativos para conseguir la recalificación de unos terrenos rústicos para la construcción de una macro urbanización de 1700 chalets y un campo de golf de 18 hoyos.

La propuesta de construcción de una macro urbanización de 1700 viviendas, un campo de golf y un complejo hotelero, por el Grupo Segontia Golf, la consideramos inviable e inaceptable, por los siguientes motivos:

1.- Proyecto Insostenible (fuera de la Agenda 21 local)

Un proyecto de este tipo (y cualquier otro de estas características, aunque sea de menor impacto) no es sostenible en los tres sentidos del término:

No es sostenible porque no se puede mantener una población y unos usos que necesitan una cantidad de agua mayor que la capacidad de recarga de los acuíferos; No lo es porque no tiene en cuenta a las generaciones futuras a las que se les deja una hipoteca irreversible, y no lo es porque contamina el agua por encima de la capacidad auto regenerativa de la naturaleza.

Además no es sustentable porque priva a la comunidad local de su territorio tradicional, de su capacidad política, de parte de sus costumbres y modos de vida.

2.- Demandante de ingentes cantidades de agua

Los consumos estimados para un campo de tipo medio (18 hoyos) se establece en 386.000 m3/año.

Es decir un campo de golf de 18 hoyos consume en agua lo mismo que 7.692 hogares (Mucha más agua que la que actualmente consume Sigüenza al año, con sus 4600 habitantes).

En el caso de ser regado con aguas residuales, se necesita el agua residual de una población de al menos 12.000 habitantes (y si se riega con agua de primer uso, necesita el equivalente a una población de entre 8 mil y 15 mil habitantes).

3.- Problemas ambientales del campo de golf

Los campos de golf usan cantidades enormes de fertilizantes, funguicidas, herbicidas, y pesticidas. Todos estos agro tóxicos irían a parar a los acuíferos y finalmente a los arroyos que desembocan en el Henares, por lo que las huertas que riegan en su vega lo harían con esta agua contaminadas, y lo sobrante iría a parar a los pantanos de la Vega del Tajo.

4.- Impacto en los espacios protegidos de la Red Natura 2000.

La urbanización de Segontia Golf aumentará todavía más los problemas y el impacto ambiental que ya sufren el Parque Natural del Dulce y el Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Valle y Salinas del Salado”, ocasionando un grave e irreversible impacto ambiental a los valores naturales, tanto fauna como flora, objeto de su declaración como espacios naturales protegidos.

5.- La especulación: principal objetivo de Segontia Golf

Desde el momento que se gesta la idea, se inician las gestiones con los propietarios, con el objetivo de conseguir hasta un 51 % del total de las 200 has., para posteriormente recalificar unos terrenos baldíos, rústicos, a urbanizables. En esas negociaciones se ha ofrecido a los propietarios 0,60 € el metro cuadrado, y la empresa terminará vendiéndolo a mas de 1000 € el metro cuadrado, es decir en solo un par de años, multiplican el valor de las tierras por 1666. Quien permite esto, es la Administración Pública, cómplice y pasiva ante el actual valor de la vivienda. HAY QUE PARARLOS.

Según los expertos, tener un campo de golf asociado a una urbanización supone poder vender las viviendas un 30% más caras.

En el caso que nos ocupa, no existe otro objetivo: Sigüenza es una localidad con temperaturas extremas: bajo cero cuatro meses al año, y altas temperaturas en julio y agosto. ¿Se imaginan a los golfistas, bajo una helada o nevada impresionante, jugando en el campo de golf de Sigüenza?

6.- Beneficios para la comarca. ¿Para quién?

Beneficios privados, de unos pocos, los habrá, como ya queda demostrado en el punto anterior; pero la pregunta que debemos hacernos, es si suponen un beneficio o al menos no son un lastre y un perjuicio para el conjunto de la sociedad.

Existe un problema que deben afrontar las arcas públicas municipales y es el de la construcción, instalación y mantenimiento de nuevos servicios asociados a estas instalaciones. Y se trata de un problema enorme. Porque en el caso que nos incumbe supondría ampliar tremendamente la capacidad de la red de abastecimiento de agua. Y eso sin hablar del gasto energético por el bombeo. A ello debemos añadir todas las infraestructuras y servicios con los que hay que dotar a unas urbanizaciones, que no suponen necesariamente un aumento de la población fija y que en buena parte sólo estarán ocupadas algunos meses al año.

Ya se sabe que los españoles somos poco aficionados a este deporte, que es más bien un deporte de ejecutivos y similares angloamericanos. Aun así, los jugadores se limitan, por término medio, a ocupar las instalaciones en un 25% de su capacidad. Es decir el 75% del tiempo disponible permanecen inactivos (Datos de la Cámara de Comercio de Almería).







* Ecologistas en Acción - Guadalajara 31 de octubre
Foto: Sigüenza (Guadalajara) - lacronica.net




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Manilva, sin Gerencia de Urbanismo

ELPAÍS* : El equipo de Gobierno de Manilva (Málaga) piensa disolver en una semana la Gerencia de Urbanismo creada hace un año y medio para dar más transparencia y control a los asuntos urbanísticos. La ciudad se ha convertido en los últimos años en un reclamo para las constructoras y la industria turística, debido a su situación estratégica a 37 kilómetros del Peñón y sus ocho kilómetros de litoral. La decisión se adoptará el próximo 8 de noviembre en un pleno.

El gobierno local defiende que traerá ahorro, seguridad jurídica y credibilidad. La oposición cree que es "un paso atrás" que devolverá a la ciudad a la época de los escándalos y la corrupción urbanística.

El actual delegado de Urbanismo, Emilio López, (ex alcalde del PSOE) mantiene que la Gerencia de Urbanismo sustrae asuntos urbanísticos del pleno y que la concejalía puede encargarse de ellos sin hacer tanto gasto. "Una ciudad como Manilva, de 12.000 habitantes censados no necesita una gerencia, ni desembolsar los 3.500 euros que cuesta el sueldo mensual de su máximo responsable", explica. Los empadronamientos en la ciudad, en pleno crecimiento, se han duplicado en apenas seis años. Se le calcula una población flotante de 50.000 personas.

La disolución de la gerencia es una promesa del actual equipo de gobierno, formado por Izquierda Unida y la Agrupación Socialista de Manilva. El anterior alcalde, Salvador Zotano (PSOE), la creó tras la detención del ex alcalde Pedro Tirado, del Partido Democrático de Manilva (PDEM) y antiguo gilista, por su implicación en pelotazo urbanístico investigado en la trama de blanqueo de capitales investigada en el caso Ballena blanca. "Se creó para solucionar la mala política urbanística desarrollada por el GIL, dándole transparencia a la gestión urbanística con un órgano colegiado, donde participan los técnicos y todos los grupos políticos del Ayuntamiento", comenta Zotano, ahora en la oposición. "Con ella se volverá oscurantismo y a defender los intereses particulares por encima de los generales", añade.

El actual equipo de Gobierno no lo ve así. Para ellos, es la gerencia la que peca de secretismo. "Nos hemos encontrado la gerencia con el presupuesto agotado y sin contabilidad alguna, además se daban multitud de licencias de forma irregular", señala el delegado de Urbanismo. López asegura, además, que el todavía gerente de Urbanismo, Juan Herrera, "no tiene cualificación suficiente para el puesto". Este periódico no consiguió ayer contactar con Herrera para conocer su versión.

En octubre de 2005. El entonces alcalde, Pedro Tirado, fue detenido y encarcelado dentro del caso Ballena Blanca después de que la Policía encontrara en su casa 770.000 euros en bolsas de basura, supuestamente una comisión por la recalificación de la finca La Parrada. El caso se juzgará en una pieza separada con el ex alcalde acusado de blanqueo de capitales y cohecho. Lla Audiencia Provincial le ha retirado la acusación de prevaricación.








* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 02/11/2007
Foto: Manilva - J.R. (El País)





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Palma: Dueños de Son Oms afirman que se pidió dinero para ´enjabonar´ a Cort

DIARIODEMALLORCA* : Dos dueños de fincas de Son Oms han asegurado a este diario que promotores del polígono industrial reclamaron dinero al resto de propietarios para "enjabonar" al ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP, a fin de agilizar los trámites. Un escrito remitido a la Gerencia de Urbanismo del consistorio palmesano refrendaría este hecho.

En el documento, fechado en diciembre de 2006, el titular de un solar alerta: "Uno se acuerda de situaciones, como la que con muy poca vergüenza, el secretario de la junta de compensación pidió a los comuneros reunidos una derrama extra para ´enjabonar´ el proyecto para que todo fuera más rápido en la Administración. Testigos de todo esto son los comuneros asistentes a la reunión".

La junta de compensación, integrada por los dueños de los terrenos de Son Oms, comenzó a reunirse en 1999 en el Colegio de Administradores de Fincas, en la calle Viñaza. Uno de los presentes fija en torno a 2001 el encuentro donde se reclamó fondos para ´engrasar´ a Cort.
El segundo testimonio corresponde a otro hacendado, quien atestigua la entrega de efectivo y "regalos de Navidad" para, supuestamente, acelerar el papeleo. "Los responsables de la junta nos decían: ´Si no hay dinero, no hay permiso´", agrega. "Era una práctica normal. No había justificantes", apostilla.

A la cabeza

El proyecto del plan parcial para el polígono industrial de Son Oms fue presentado ante el Ayuntamiento por el abogado Jaime Montis Suau; el conocido empresario de estaciones de servicio, Bernardo Febrer, y Miguel Munar Munar. Los tres, con importantes intereses en el predio, ya han prestado declaración ante los fiscales anticorrupción que investigan la posible comisión de delitos.
Algunos de los propietarios que accedieron a contribuir con sus terrenos a la gestación del complejo industrial han comprobado cómo el beneficio más jugoso de la recalificación de los terrenos y el reparto de los solares urbanizables ha recaído en un número limitado de miembros de la junta de compensación.
Uno de los afectados, en julio de 2005, expone el agravio al que se ven sometidos los pequeños propietarios y el supuesto juego turbio de Cort. Sus palabras aparecen recogidas en el texto remitido en diciembre de 2006 a la Gerencia de Urbanismo: "Se nos obligó a aceptar la distribución hecha por ustedes con las premisas de que no había tiempo material para discutir, ya que de no firmar en aquella junta nuestra conformidad, corríamos el riesgo de que el Ayuntamiento no nos aprobara el plan parcial debido al cese de funcionarios".

Permisividad

Los afectados censuran la permisividad del Consistorio, que en aquella época estaba en manos del Partido Popular. "Cada vez que ha surgido un problema, cosa que en nuestro caso ha sido constante, los técnicos encargados de esta administración encargados del control se han lavado las manos. Aducen que ellos se limitaban a cumplir lo dictado por el departamento de ´Planetjament´ de este Ayuntamiento", dice el escrito.
En otro párrafo de la queja, el damnificado señala: "Ante el cúmulo de despropósitos, denuncio ante este Ayuntamiento los reiterados errores técnicos cometidos por quien corresponda, sea planeamiento o sección técnica de control de urbanizaciones".
Por el momento, la fiscalía trata de esclarecer si a lo largo del proceso de configuración del polígono, que se prolongó desde 1990 hasta nuestros días, se han cometido estafas, falsedades o si alguien pudo valerse de su influencia política.







* Diario de Mallorca - M.MANSO/F.ARMENDÁRIZ - 02 de noviembre de 2007
Foto: Reproducción del texto remitido a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento en diciembre de 2006 donde se advierte de las presuntas irregularidades que se estarían cometiendo - diariodemallorca.es



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Las Palmas: La ciudad pierde cuatro millones por irregularidades urbanísticas

LAPROVINCIA* : Son tres edificios promovidos por otras administraciones, pero serán los vecinos de la capital quienes lo paguen. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que abonar unos cuatro millones de euros en indemnizaciones por las irregularidades urbanísticas en la autorización de las sedes oficiales de la Jefatura Superior de Policía, la Biblioteca del Estado y el edificio Insular I.

Sendas sentencias del Tribunal Supremo, que dan la razón a los pleitos interpuestos por los vecinos de estos inmuebles, obligan a la Corporación municipal a optar por la vía de la negociación al ser "imposibles de ejecutar" tales resoluciones, explica el director de gobierno de Urbanismo, Carmelo Padrón, ya que en ese caso obligaría a demoler la supercomisaría, la Biblioteca del Estado y el edificio Insular I.

Las tres sentencias datan de hace ya varios años, pero el Ayuntamiento no le ha dado cumplimiento al verse obligado a negociar con los vecinos de las calles Luis Doreste Silva -los edificios contiguos a la supercomisaría- y la Avenida Marítima, estos últimos afectados por la construcción de la Biblioteca del Estado y del edificio donde el Cabildo de Gran Canaria ha establecido en los últimos años sus unidades administrativas.
En los tres casos coinciden las irregularidades administrativas, por las que el Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento, la administración que otorgó las licencias. No obstante, los tres inmuebles ya se han legalizado al incluirse en el actual Plan General.

En el caso de la supercomisaría, el más antiguo de los tres, el Alto Tribunal consideró que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 1989 (ahora está vigente el de 2000) en 1994, para autorizar las alturas del edificio, no era ajustada a derecho, ya que se hizo con posterioridad al proyecto.

VOLÚMENES Y ALTURAS. La Biblioteca del Estado fue denunciada por vecinos de la zona porque el proyecto incumplía los parámetros urbanísticos de la zona en materia de volúmenes y alturas. Para dar cumplimiento a la sentencia, el Ayuntamiento ha tenido que resolver indemnizaciones millonarias, además de legalizar el inmueble a posteriori en la última revisión del Plan General vigente, en 2005.

El caso del edificio Insular I es distinto, ya que el pleito judicial se encaminó por el uso indebido de la parcela.
El origen de esta polémica fue la permuta del terreno, que en el Plan General de 1989 figuraba como uso libre, por otras dos situadas en los barrios de San Juan y Lomo Los Frailes, para construir canchas deportivas y viviendas sociales, respectivamente. A cambio de construyó un edificio de siete plantas de altura para uso administrativo y aparcamientos detrás de la calle Venegas -Agustín Millares Carló- y en la trasera de la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt.







* La Provincia - MIGUEL M. GUEDES / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 02 de noviembre de 2007
Foto: Las Palmas, supercomisaría - laprovincia.es




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El fiscal acusa de cohecho a los ediles de Gondomar pillados 'in fraganti'

ELPAÍS/Pontevedra* : Un vídeo grabado con una cámara oculta en el botón de la chaqueta de un empresario infiltrado y la incautación de 120 billetes de 500 euros. Estas son las pruebas esgrimidas por la Fiscalía en el escrito de acusación que acaba de elevar al juez y en el que implica a dos ex concejales de Gondomar y a un arquitecto de Vigo en la extorsión a una promotora que quería firmar tres convenios urbanísticos con el Ayuntamiento.

El supuesto cobro de 900.000 euros en comisiones ilegales por parte de estos dos ediles del PP es el primer caso de corrupción urbanística que la Justicia destapa en Galicia gracias a un confidente que pilló in fragati a los presuntos autores de las extorsiones a promotoras.

Tras la denuncia de soborno que presentó el intermediario de la promotora A Pousa, SL, en la Fiscalía de Vigo el 27 de noviembre de 2006, el Seprona obtuvo las pruebas que acusan de tres delitos de cohecho a José Luis Mosquera, entonces edil de Cultura del Ayuntamiento, y a su compañero de corporación, Alejandro Gómez, que era responsable de Urbanismo.

La acusación provisional no conlleva penas de prisión pero establece 1,2 millones de euros de multa para cada uno y la suspensión de dos años de cargo público, y será sometida al dictamen de un jurado popular. La cuantía fijada para el arquitecto Borja Ramilo, que hizo de interlocutor en el pago de las comisiones ilegales, es de 720.000 euros y cinco meses de inhabilitación.

La promotora denunciante inició antes del verano de 2006 las negociaciones con la Corporación de Gondomar para poder construir 66 chalés adosados en una parcela de 33.000 metros cuadrados. Los ediles implicados no formaban parte de la comisión de gobierno, pero supuestamente vendían a precio de oro la tramitación de los proyectos que entraban en el Ayuntamiento y su voto en el pleno.

La grabación en vídeo y audio de cómo José Luis Mosquera exige el dinero a la constructora la obtiene el Seprona el 7 de febrero. Manuel Rodríguez, un conocido promotor de Vigo, había accedido a hacer de señuelo en la investigación. Para ello tuvo que superar algunas dificultades porque, en un principio, los concejales desconfiaron de él y prefirieron negociar con otro portavoz de la promotora, al que el arquitecto ya había advertido que la empresa debía pagar una comisión si quería construir.Para obtener la grabación del cohecho, el empresario infiltrado acudió a la cita con el ex concejal de Cultura de Gondomar pertechado con varios artilugios. La Guardia Civil le colocó a Manuel Rodríguez una pequeña cámara de vídeo doméstica debajo del brazo izquierdo, sujeta a la piel con varias cintas de velcro. Los cables iban conectados a una microcámara en forma de botón que recogió vídeo y audio.

Manuel se dirigió caminando desde la calle Rosalía de Castro de Vigo hasta Colón y, al entrar en el despacho, puso a funcionar la cámara. Aunque el edil de Urbanismo no acude a la cita, la grabación recoge cómo Mosquera y Ramilo explican que el edil está al corriente de todo.

Después de estas palabras, el arquitecto se ausenta y el concejal habla largo y tendido con el confidente. Éste afirma que su empresa no puede asumir los 300.000 euros que le exigen por tramitar el papeleo. "Ya me decía antes de venir el concejal de Urbanismo que pediríais por todo 180.000. ¿Qué te parece si lo hacemos en tres plazos? Pero que dé la impresión de que tú y yo hemos estado negociando duramente durante horas", dice Mosquera. A través de los teléfonos pinchados, los agentes del Seprona controlan las conversaciones entre los cómplices.

Para efectuar la entrega de los primeros 60.000 euros, la promotora tuvo que pedir un crédito por este importe. El dinero se llevó al juzgado donde se fotocopiaron uno por uno los 120 billetes de 500 euros para dejar constancia de su numeración. El 14 de febrero todo estaba preparado para llevar a cabo la última parte del operativo. El confidente Manuel Rodríguez llamó por teléfono al arquitecto para concertar una cita y efectuar el primer pago del soborno. "Borja, ya tengo esto aquí", le dijo. Las otras dos entregas se harían cuando se aprobase definitivamente el plan.

La cita para que el empresario infiltrado entregase el dinero al concejal José Luis Mosquera fue en la cafetería del Hotel Galicia. Cuando entra en el local, el confidente ve al edil sentado con su compañera sentimental Belén Fernández, acusada de cómplice en este proceso. Mosquera se dirige a Manuel Rodríguez y le dice: "Vamos hacia el baño". En los servicios de la cafetería, Mosquera recoge el sobre con el dinero y antes de despedirse le comenta: "Tengo más solares en Gondomar que os pueden interesar, la semana que viene hablamos".

Mientras el fiscal Juan Carlos Aladro defiende la legalidad de las pruebas, la defensa de los acusados ha pedido la nulidad de las escuchas y la suspensión del procedimiento.







* ELPAIS.com - ELISA LOIS - Vigo - 02/11/2007
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es




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Un ‘Marina D’Or’ en Extremadura

DIAGONAL* : La Junta de Extremadura ha declarado de interés regional un mega complejo turístico de lujo que urbanizará espacios naturales protegidos, vulnerando la Ley del Suelo estatal y regional. Las obras del mayor complejo turístico y residencial de Extremadura, en el noreste de la provincia de Cáceres, ya han comenzado. Para este resort de lujo, que estará ubicado en un islote del pantano de Valdecañas, se prevé una inversión de 200 millones de euros. Entre sus atractivos tendrá una playa artificial, pistas deportivas, un hotel de cuatro estrellas, un balneario y una urbanización de 300 viviendas, además de un puerto náutico.

El complejo turístico de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas, como lo han denominado, cuenta con el apoyo incondicional de la Junta de Extremadura, para quien la iniciativa privada influirá positivamente en el desarrollo económico de la región.

Además, el complejo turístico es considerado como proyecto de interés social para la zona y se espera que ayude a la revitalización de los municipios colindantes. Con esta justificación, el 10 de abril fue considerado por el Consejo de la Junta de Extremadura como Proyecto de Interés Regional. De esta forma, también se recalificaron como urbanizables los terrenos de suelo no urbanizable y de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), así como zonas que están dentro de la Red Natura 2000 (espacios naturales protegidos por la Unión Europea).

A pesar de que el ‘Marina D’Or de Cáceres’ se ofrece como un referente en cuanto al turismo de calidad, las opiniones contrarias no son pocas. Ecologistas en Acción de Campo de Arañuelo tramitó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura impugnando la declaración del proyecto como de Interés Regional. Según José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción, “por un lado hay una vulneración de la Ley del suelo de Extremadura y de la Estatal, porque en ningún caso se debe recalificar un terreno para hacer un complejo turístico. En todo caso, se podría recalificar si fuera una construcción para usos sociales como un centro de salud”.

En segundo lugar, el letrado apunta a que no ha habido una valoración suficiente del daño ambiental que el proyecto va a provocar. “Y en tercer lugar”, prosigue, “todos los estudios de impacto ambiental deben proponer varias ubicaciones según la ley, y éste no ha propuesto ninguna ubicación alternativa. Creemos que se debieron aplicar los principios urbanísticos y que lo lógico hubiera sido ubicar el proyecto en torno a los núcleos urbanos consolidados”.

Sin embargo, incumpliendo la Declaración de Impacto Ambiental, y sin haberse resuelto todavía el recurso, las obras comenzaron en septiembre. Se prevé la finalización de la primera etapa del proyecto para la primavera de 2009. La población prevista es de 2.105 habitantes, por lo que se va a cuadruplicar la población en relación a los dos términos municipales colindantes, el Gordo y Berrocalejo. Mientras tanto, la Junta de Extremadura se vanagloria por el compromiso social que asume el complejo, al resolver el déficit de infraestructuras que tienen los municipios de la zona (potabilizadora de agua, depuradora de vertidos y mejora en la red eléctrica).

“Creemos que la Junta se está beneficiando de este proyecto al declararlo como de Interés Regional, pues se están delegando responsabilidades que competen a los ayuntamientos. Se está haciendo un fraude de ley, pues los únicos que tienen aquí intereses son la promotora y la Junta. Al declararlo como de Interés Regional, por la inversión en infraestructuras, la Administración se lava las manos y no hace cosas que debería de haber hecho mucho antes”, denuncia el abogado.

La promotora del complejo es la Sociedad Marina Isla de Valdecañas SA, sociedad cuya accionista mayoritaria es Marina de Islantilla. Esta promotora viene desarrollando complejos similares en la costa de Huelva y ya ha sido denunciada por Ecologistas en Acción por los daños ambientales que ha ocasionado en el litoral onubense. Cabe resaltar que el que aparece como apoderado de la empresa es José María Gea, que según el registro mercantil es titular de 20 sociedades.

El turismo corporativo promovido por estas sociedades suele venir acompañado de graves impactos en el medio y en la población local, que termina siendo, en último término, la más afectada, sobre todo en las épocas de alta temporada. Es usual que se dé una competencia por los recursos primarios entre los habitantes de los pueblos y los turistas, como ocurre con el agua potable o la electricidad.

Por otro lado, la supuesta reactivación económica que se da en estos periodos no siempre es la más deseada por la población. Francisca Blanco, coordinadora de Ecologistas en Acción de Campo Arañuelo, no puede ser más clara: “Lo que ocurre es que ya se han cargado el litoral y ahora van a cargarse el interior, haciendo grandes negocios inmobiliarios mientras juegan con nuestra salud en nombre del progreso. Y tal vez se generen más empleos, pero será porque al final la empresa constructora subcontrata a otra subcontrata que llevará a emigrantes casi rayando el esclavismo y no contratan a las gentes de los pueblos”.


Empiezan las obras y decrece el río Tajo

El 3 de octubre, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos Naturales de Extremadura (ADENEX) y Ecologistas en Acción presentaron una denuncia que considera que la desecación del río Tajo es consecuencia de las obras del Complejo Isla Valdecañas. Los grupos ecologistas vienen denunciando que la reducción del caudal forma parte de una maniobra de la empresa privada y la Confederación Hidrográfica, que afecta a miles de animales atrapados por la bajada de las aguas. El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo ha comunicado a finales de octubre la apertura de las diligencias. Esto implica que si el fiscal considera que hay indicios suficientes para declarar que la Confederación Hidrográfica ha permitido la desecación del río Tajo para las obras, se tendrían que emprender las diligencias penales oportunas.








* Diagonal - Carolina Yacamán - 1 nov - 14 nov 2007
Foto: Valdecañas (Cáceres), golf_y_urbanizacion - ecologistasenaccion.org




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Alicante: Una costa casi privada

ELPAÍS* : La primera línea de costa de Alicante es la cuarta más edificada del Mediterráneo. Según el informe Corine Land Cover, en 2000, el 49,38% del primer kilómetro de costa estaba ya edificado. La invasión de las urbanizaciones privadas, en algunos casos, ha traspasado claramente la raya de los 100 metros de dominio público marítimo-terrestre. Los ejemplos más flagrantes de ese desbocado crecimiento son la urbanización del Bon Nou (siete bungalós a 20 metros del mar) en La Vila Joiosa, dos torres de 22 plantas en la playa de Levante de Benidorm y un hotel de 24 plantas, a seis metros de la orilla del mar, en Calp.

Los únicos rincones a salvo del ladrillo, con la excepción de la playa de Llobella, en Benissa, y dos calas en Torrevieja, son las áreas entorno a los parajes naturales. Es en este punto en el que hará hincapié el plan de choque del Ministerio de Medio Ambiente contra el urbanismo salvaje mediante la adquisición directa de suelo para protegerlo de la piqueta y mediante la redefinición de los deslindes de la zona pública en la costa (en esta provincia queda pendiente el 38%, es decir 106 kilómetros). Todo ello con el propósito de aumentar los espacios públicos en una costa casi privada. "Todo lo que compremos lo haremos con el objetivo de preservarlo de las edificaciones", asegura Vicente Martínez, jefe provincial de Costas. Este departamento ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente un total de 117 propuestas para adquirir fincas e inmuebles en el entorno del área de dominio público y parajes naturales, entre las que destacan los 2,8 millones de metros cuadrados del saladar de Agua Amarga, al sur de la costa de la capital alicantina.

En la parte septentrional del litoral alicantino, dominado por los núcleos turísticos de Dénia y Xàbia, la terapia de choque del Gobierno en su batalla por recuperar el carácter público de la costa incluye dos llamativas propuestas: recuperar el espacio de dominio público entre Les Bassetes, los Molinos y el puerto de Dénia, y la adquisición de los terrenos en la franja de 500 metros en el Cabo de San Antonio, en Xàbia. En este segundo municipio se plantea la recuperación de la zona de tránsito y dominio público en la playa del Arenal.

En Dénia, el Gobierno redefinirá la línea de deslinde del río Girona para incorporar al dominio público parte de su desembocadura. Este punto está poblado de urbanizaciones, que quedaron temporalmente anegadas tras la excepcional crecida del río el pasado 12 de octubre.

El siguiente punto donde pone énfasis el plan del Gobierno es el litoral de Calp, otro de los municipios afectados por la reciente riada de Alicante. Aquí, la intención es comprar el Saladar. En este municipio, el Ministerio de Medio Ambiente ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la licencia de obras, otorgada por el anterior gobierno local, del PP, y validada por la Generalitat valenciana, a un promotor para levantar un hotel de 24 plantas a escasos seis metros de la orilla del mar.

"Este es uno de los puntos más agredidos por el urbanismo en la costa alicantina", comenta Carlos Arribas, portavoz en Alicante de Ecologistas en Acción del País Valenciano.

Unos kilómetros más al sur se sitúa el municipio de Altea, donde el Gobierno recuperará la zona de tránsito y se practicarán expropiaciones de edificios fuera de ordenación en Villa Gadea, se protegerá el triángulo del delta del río Algar y se eliminarán las ocupaciones del dominio público y zonas de tránsito desde la cala del Soto hasta la desembocadura del mencionado río. En el cauce del Algar hay programado ya un PAI que prevé levantar unas 6.000 casas, una quinta parte de ellas dentro del primer kilómetro de costa.

Para Benidorm, meca del urbanismo vertical en la costa española, la propuesta es la adquisición de la franja de 500 metros al borde del acantilado de Serra Gelada y ampliar el espacio público de este parque natural con los terrenos urbanos en el rincón de L'Oix, en la playa de Levante. En ese punto, el Gobierno ha iniciado ya el expediente de expropiación del solar, ubicado en la zona de dominio público, donde un promotor estaba levantando dos torres de 22 plantas.

En el tramo de costa comprendido entre los municipios de La Vila Joiosa y El Campello, el documento del Gobierno pone especial atención en la Cala de Finestrat, en el litoral de la primera población, y alerta de la indefinición de los planes de actuación de la zona, donde hay más de 5.000 viviendas particulares y se levantó un hotel, el Atrium, con un exceso de volumetría de 53.000 metros cuadrados (equivalente a 11 alturas) respecto a lo autorizado en el PGOU. El hotel fue legalizado, tras imponer una multa de 12 millones al promotor y obligarle a derribar 14.700 metros del exceso de obra.

En el caso de la fachada litoral de la capital de la provincia, las propuestas más destacadas hacen referencia al tramo sur de la costa, donde el Gobierno propone recuperar la zona de dominio público marítimo-terrestre que ha invadido la urbanización Urbanova.

En Santa Pola, la propuesta más sobresaliente es declarar fuera de ordenación la primera línea de costa construida, y reubicar la carretera que llega desde la playa de El Pinet hasta el puerto para incorporarla el dominio público junto a las salinas y eliminar todas las edificaciones situadas en esa playa (140 casas).

En Guardamar del Segura se plantea recuperar el borde del litoral mediante la denegación de licencias de reparación y recuperación de concesiones en las 120 casas de Babilonia, cuyo mal estado amenaza la seguridad de sus inquilinos.

En Torrevieja, la principal iniciativa es adquirir las únicas parcelas urbanizables todavía sin construir en la desembocadura del río Seco, al sur del barranco Rubio, en la playa de Campoamor y al sur de las playas de Cabo Roig. Para Orihuela, el punto más meridional del litoral alicantino, se propone ordenar los accesos y una senda peatonal en torno a Punta Prima y ampliar la senda entre Cala Flamenca y Cala Cerrada. En la costa de este municipio, el gobierno local del PP, autorizó hace un año la urbanización del último tramo virgen, Cala Mosca, donde está previsto levantar 1.700 nuevas casas.








* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 02/11/2007
Foto: Calpe (Alicante)- Císcar (ELPAIS.com)




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Ni falsas promesas ni especulación: la vivienda fuera del mercado

ENLUCHA* : El G-14, el grupo de las catorce inmobiliarias mas grandes del Estado español, ha pasado a la acción. Ante la abundancia de noticias y titulares anunciando el fin del ciclo de crecimiento de la última década, Antonio Marín, presidente de Fadesa y miembro destacado del G-14 amenaza con una subida vertiginosa del precio de la vivienda e implora al gobierno ayudas para salvar de la crisis a las grandes constructoras. Las recientes iniciativas legislativas, la reforma de la Ley del Suelo, la nueva Ley del Derecho a la Vivienda en Andalucía o el reciente Pacte Nacional per l’Habitatge firmado en Catalunya, forman parte de una batería de medidas electoralistas que han copado la atención de los principales medios de comunicación y que están destinadas a reforzar la posición del PSOE ante su electorado de cara a las elecciones generales de marzo del año próximo.

A pesar del intento de adueñarse del discurso promovido desde los movimientos sociales, las medidas propuestas, lejos de garantizar el derecho a una vivienda digna, darán continuidad a la actual situación mediante la transferencia millonaria de fondos públicos a los que llevan años enriqueciéndose con el negocio de la vivienda, para que puedan seguir haciéndolo. Así, por ejemplo, se prima la compra de vivienda protegida frente al alquiler público, se deja en la estacada a los hipotecados atrapados por el euríbor, se deja que los promotores controlen un 30% de la VPO que promuevan todo ello a cambio de llegar al 15% de viviendas protegidas en el lejanísimo 2020. Además es necesario considerar que el precio de la VPO no lo marca el salrio mínimo si no que es un porcentaje menor al del precio de mercado, hecho que provoca que a mucha gente “agraciada” en los infames sorteos deba renunciar ala vivienda al no poder pagar ni la entrada. En definitiva no se emprenden acciones decididas para garantizar la función social de los tres millones de pisos vacíos que hay en el Estado español., ni en Catalunya ni en el resto del Estado. En el fondo no se pretende universalizar un derecho si no que se opta por la doctrina neoliberal del “toma un talón y haz lo que puedas”
Mientras la vivienda siga siendo una mercancía más, el derecho a una vivienda digna siempre quedará por detrás de los intereses de bancos, constructoras, inmobiliarias y especuladores.

A pesar de que las medidas propuestas no servirán para garantizar el acceso a una vivienda digna, están teniendo un efecto desmovilizador que se nota al salir a la calle. De ahí que las movilizaciones del pasado 6 de octubre tuvieron una asistencia menor a la de pasadas convocatorias. Sin embargo, la reivindicación por una vivienda digna sigue siendo una de las luchas sociales que en la actualidad muestra una mayor capacidad de interpelar tanto a la sociedad cómo a los gobiernos.

El dinamismo del movimiento en el momento de generar y comunicar su discurso propio, en oposición a las políticas continuistas y de mercado impulsadas desde las administraciones, ha quedado más que demostrado durante el último año y medio de movilizaciones. Ahora más que nunca el reto es hacer visibles las respuestas y propuestas. En este sentido, la movilización sigue siendo la clave.

Continuar impulsando el trabajo de coordinación entre las diversas asambleas locales por una vivienda digna nos permitirá no sólo incidir de forma más efectiva en las luchas locales, sino también afrontar con más fuerza las movilizaciones futuras con las elecciones generales como próximo horizonte.







* En Lucha - 26 de Octubre de 2007






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El concejal de Urbanismo de La Línea dio un pelotazo de 1,3 millones de euros

PÚBLICO/Cádiz* : En un gesto inédito, el concejal de Urbanismo de La Línea (Cádiz), Carlos Ruiz Calama (PP), se ha reconocido implícitamente autor de un suculento pelotazo por el que se habría embolsado 1,3 millones de euros tras vender una finca catalogada como suelo rústico de especial protección y que el ayuntamiento trató luego de recalificar. Y lo ha hecho en un intento por evadir la acusación de soborno por la que, en el denominado caso Roseworld, una juez de la localidad lo investiga a él mismo, al alcalde, Juan Carlos Juárez (PP), y al empresario que en 2005 logró la adjudicación de unas parcelas municipales tras un proceso supuestamente irregular.

Desde comienzos de octubre, Calama y Juárez están sin pasaporte por orden judicial. Y Calama tiene bloqueadas sus cuentas por importe de tres millones de euros, cantidad que, según la tesis de la Policía y de la propia magistrada, se corresponde con el supuesto soborno por la adjudicación de las citadas parcelas municipales al empresario de origen indio Anil Thakurdas.
En su esfuerzo por disipar la acusación de soborno, Calama contó a la juez que si recibió tres millones de Thakurdas entre 2005 y 2006 fue como pago por la venta de una finca de su propiedad.
Once días de diferencia
Pero incluso si la versión del concejal es cierta, se le avecinan nuevos problemas: porque significaría que Calama compró la finca por 360.000 euros y, once días después de escriturarla a nombre de su empresa privada Lineatrans, se la vendió a Laxmi, una de las sociedades de Thakurdas, el 13 de noviembre de 2004 por un precio seis veces superior (1.742.934 euros), aunque esa segunda operación no llegó a escriturarse. La finca, de cuatro hectáreas, se sitúa en el Zabal, zona cuya recalificación vetó la Junta de Andalucía. Calama no ha atendido las llamadas de este periódico.
Los datos anteriores figuran en el recurso interpuesto por Calama contra la retirada de pasaporte y el bloqueo de cuentas. Su versión no resulta creíble para la fiscal anticorrupción de Cádiz, que ha encargado un peritaje de la finca.
En la fecha en que se produjo la transacción de la finca, Calama no era concejal pero sí gerente de Urbanismo, y así lo hizo constar su abogado en el recurso contra la decisión de la juez. Pese a ser gerente de Urbanismo, el contrato privado que firmó con Thakurdas revela que el hoy concejal otorgó al empresario un apoderamiento para que pudiera "gestionar, tramitar y llevar a cabo cuantas gestiones urbanísticas" se requiriesen para "obtener las licencias y los permisos municipales" necesarios.
Supuestamente, Calama había comprado esa finca en mayo de 2002, pero lo único que avala esa afirmación es un contrato privado que no se elevó a escritura pública hasta dos años y medio más tarde. Cuando Calama "vendió" a Thakurdas la finca, el concejal ni siquiera había satisfecho en su integridad los 360.000 euros que él mismo había pactado con el propietario original del terreno. La acusación popular, ejercida por el ex policía local que denunció el caso, cree que la venta a Thakurdas pudo no existir y ser mero disfraz del presunto soborno.






* Público - ALICIA GUTIÉRREZ - Sevilla - 01/11/2007
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento - flickr.com





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Málaga: 200 kilómetros de muralla de cemento

ELPAÍS* : Los 208 kilómetros del litoral malagueño, especialmente los situados entre la capital y Manilva, en el límite con Cádiz, son una muralla continua de cemento y cristal apenas interrumpida por la desembocadura de algunos ríos. En el conjunto de la provincia, el primer kilómetro desde el mar hacia el interior está urbanizado en un 50,8% y en multitud de puntos las edificaciones se sitúan casi encima del Mediterráneo.

El Ministerio de Medio Ambiente ha identificado numerosas invasiones, tanto de edificios, como de otro tipo de instalaciones, del dominio público marítimo terrestre, es decir, de la primera línea de litoral calificada de uso público por la Ley de Costas de 1988. Sin embargo, al contrario de provincias como Murcia, Cádiz y Almería, donde el Gobierno se ha centrado en proteger zonas todavía vírgenes, en Málaga las actuaciones de la Estrategia para la sostenibilidad de la costa buscan sobre todo paliar el daño que el desarrollo urbanístico -en un 80% anterior a la Ley de Costas- ha causado en las playas.

Las actuaciones que prevé para Málaga la Dirección General de Costas abarcan desde la demolición de desastres urbanísticos que han adquirido la categoría de símbolos, como el bloque de apartamentos Banana Beach en Marbella o el esqueleto del nonato hotel La Rada, en Estepona, hasta la reubicación de 600 chiringuitos levantados prácticamente sobre la arena. También se contempla la adquisición de las pocas grandes fincas cercanas al mar que quedan libres de ocupación, como el Playazo, en Nerja, o Arraijanal, en Málaga, y la "recuperación" del dominio público en zonas ocupadas por casas, campings, talleres y otras instalaciones como paso previo a su derribo y restauración. Uno de los elementos principales del plan de Costas para Málaga consiste en la aportación de arena para regenerar playas cuya recuperación natural se ha visto entorpecida por la presencia de espigones, puertos deportivos y otros obstáculos.

El ministerio sitúa el cambio climático como principal amenaza para el litoral malagueño, al que ha dividido en seis "áreas de gestión". Según la consultora que ha redactado la Estrategia, entre Nerja y Rincón de la Victoria, en la Costa del Sol oriental, es "probable" un aumento del nivel medio del mar de más de medio metro en 100 años, con el consiguiente riesgo de inundación. Las previsiones de Medio Ambiente dan un severo toque de atención a los planes urbanísticos y territoriales de la Junta de Andalucía en la Costa del Sol occidental que estiman que en la franja entre Fuengirola y Manilva la población se triplicará hasta los 1,7 millones de habitantes en una década. Una de las amenazas detectadas es "el crecimiento por encima de las necesidades reales" y el "entender la franja costera no como un enclave turístico sino como una conurbación".

En la actualidad sólo se ha terminado el 62% del deslinde del dominio público marítimo terrestre en el litoral malagueño. Sin embargo, el ingeniero jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Juan Carlos Fernández-Rañada, indica que "el resto del litoral ya tiene abiertos los expedientes en distintas fases de tramitación y en dos años estará completado". Además, muchas de las iniciativas contempladas en la Estrategia, como la adquisición de grandes fincas para evitar su urbanización, forman parte de actuaciones anteriores del ministerio, y ya están avanzadas. Costas está elaborando también un "inventario de ocupaciones" del dominio público con el que se podrán "iniciar las recuperaciones posesorias", asegura Fernández-Rañada.

Las tropelías urbanísticas en la costa malagueña comienzan ya en la misma frontera con Cádiz. En el municipio de Manilva (11.181 habitantes), Costas ha terminado el desmantelamiento del camping Chullera I y está negociando la salida del camping Chullera II para situarlo detrás de la llamada zona de servidumbre de protección, es decir la zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. "El criterio es realojar las instalaciones en los suelos más próximos posibles a la antigua ubicación", afirma Fernández-Rañada.

En el mismo Manilva, municipio que ha duplicado su población en cinco años, Costas propone demoler las viviendas situadas en dominio público. "Es una operación combinada con el Ayuntamiento. Ya hemos acordado el desalojo de 7 u 8 viviendas", asevera el jefe de Costas. Otra estrategia consiste en incorporar, por compra o por expropiación, 25.000 metros cuadrados de terreno en la playa del Negro, todavía poco explotada.

En la vecina Estepona, los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) y sus continuadores dejaron un edificio -el hotel La Rada- que se ha convertido en símbolo de los atropellos urbanísticos. El inmueble, que no llegó a terminarse, está ubicado entre el puerto de la localidad y la playa de La Rada, y Costas ya cuenta con una partida presupuestaria para demolerlo "de aquí a final de año". El principal problema que ha tenido este expediente, que "ocupa una habitación entera", afirma Rañada, es que el promotor del edificio se lo vendió a un "comprador de buena fe", que ignoraba que estuviera situado en una zona prohibida.

En ministerio se plantea recuperar el suelo costero ocupado por la urbanización Bahía Dorada, en la que algunos jardines e incluso las esquinas de varios chalés entra directamente en la playa. Poco más hacia el este, en el puerto de Estepona, se pretende adquirir una explanada anexa a las instalaciones portuarias para incorporarla al dominio público y evitar que sea pasto de la voracidad urbanística.

Al igual que ha sucedido con los planes urbanísticos tierra adentro, Marbella recoge algunas de las actuaciones más significativas de la estrategia de Costas. Sus 26 kilómetros de litoral son algunos de los más maltratados de la provincia y el desarrollo inmobiliario de las últimas décadas ha castigado sobremanera a sus playas, verdadero motor del turismo malagueño.

La actuación más emblemática en Marbella tiene nombre propio: Banana Beach. Medio Ambiente se suma a las voces que reclaman la demolición de este bloque de 238 apartamentos, calificado por el juez como "crimen urbanístico" y que supuso la primera condena de prisión al ex alcalde gilista Julián Muñoz. Además del derribo del inmueble, que sigue a la venta en Internet, Costas quiere incorporar al dominio público 120.000 metros cuadrados de suelo litoral entre Banana Beach y la urbanización Río Real, cuatro de cuyos nueve bloques están sujetos a una orden de derribo.

Medio Ambiente está dispuesto a recuperar las "servidumbres de tránsito" en las playas del Alicate, Costa Bella y Pinomar, en las que algunas viviendas de lujo han hecho de la playa prácticamente un coto privado. Entre las viviendas afectadas por esta medida se encuentra la polémica residencia del actor Antonio Banderas, y que anteriormente perteneció a la periodista Encarna Sánchez. Los jardines y la piscina de la casa se internan notablemente en la arena de la playa del Alicate.

En el casco urbano de Marbella, las actuaciones previstas buscan restaurar la continuidad de la playa y favorecer su regeneración natural. Para ello Costas desmantelará el puerto deportivo y lo realojará en el actual puerto pesquero. Esto permitirá rehabilitar y estabilizar los arenales, que prácticamente desaparecen cada vez que hay un temporal. "Con la presencia de edificios y paseos marítimos es casi imposible corregir la inestabilidad de los arenales. Al interrumpir las playas altera toda la dinámica litoral", asegura Fernández-Rañada. Además, el enladrillamiento costero ha enterrado las arenas con las que se podrían rehabilitar más fácilmente las playas, con lo que Costas debe recurrir al caro método de buscar material de relleno en obras públicas que precisan extracciones masivas de tierra, como aparcamientos o túneles de metro y AVE.

Siguiendo hacia el este, la principal preocupación de Costas en Mijas y Fuengirola consiste en la reubicación de los chiringuitos. La inmensa mayoría de los cerca de 600 establecimientos de este tipo se encuentran ubicados directamente sobre la arena. En Benalmádena, localidad gran explosión urbanística. Costas derribará la residencia de ancianos de Unicaja en cuyos bajos se sitúa el Aula del Mar.

En la capital malagueña se concentran algunas de las actuaciones más espectaculares y que afectan a barrios enteros. Costas insiste en su vieja idea de "esponjar" -léase derribar algunas partes- las casas que impiden el acceso a las playas de Pedregalejo y El Palo, así como las situadas prácticamente sobre la arena en La Araña.

En la Costa del Sol oriental, donde todavía quedan zonas libres de origen agrícola, los derribos se concentran en las casas situadas junto al puerto de Caleta de Vélez, además de las viviendas situadas bajo la línea de la N-340 en las playas de Lagos y Mezquitilla, que deberán ser realojadas en urbanizaciones cercanas. Una de las principales actuaciones consiste en comprar los terrenos detrás de la playa del Playazo en Nerja.








* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 01/11/2007
Foto: Málaga, costa El Palo - J.Rojas (El País)




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31 municipios quieren dar a la Xunta sus funciones de control urbanístico

ELPAÍS/Galicia* : Hasta 31 municipios gallegos, en su mayor parte de reducidas dimensiones, han manifestado su interés en delegar en la Xunta competencias de vigilancia, inspección y sanción urbanística que no están en condiciones de ejercer eficazmente frente a los promotores inmobiliarios. El organismo encargado de asumir estas funciones será la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), cuyos estatutos fueron aprobados ayer por el Consello de la Xunta.

La agencia en cuestión, que se constituirá en los próximos días, ha sido diseñada de común acuerdo con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con el objetivo de "garantizar la función social del suelo" y se ocupará de vigilar e inspeccionar el territorio, así como de proteger el litoral.

El combate de la ilegalidad, la prevención y la persecución de las infracciones en materia de urbanismo y de costas (especialmente aquellas que se puedan cometer en zonas consideradas sensibles) también figuran en la relación de materias de las que deberá ocuparse la nueva agencia.

De la agencia formarán parte todos los municipios que voluntariamente decidan adherirse a ella en los términos y condiciones establecidos. La vinculación se regulará mediante un convenio e incluirá, necesariamente, la atribución a la agencia de las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad que correspondan al municipio.

Al frente del organismo estará un director (nombrado por el Consello de la Xunta por un período de cuatro años) y un consejo ejecutivo. Este último, como órgano de control de la agencia, estará formado por el director general de Urbanismo y ocho miembros (cuatro en representación de la Xunta y otros cuatro nombrados por los municipios). El personal de la agencia estará integrado por funcionarios públicos de la comunidades autónoma y de la administración local.

La Axencia da Legalidade Urbanística forma parte del conjunto de medidas en las que el Gobierno gallego ha depositado su confianza para "ordenar el territorio y frenar su degradación", entre las que destaca la Lei de Medidas Urxentes en Materia de Ordenación do Territorio e do Litoral de Galicia. Esta normativa suspendió cautelar y transitoriamente todos los nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de los 500 metros del litoral para determinados tipos de calificación de suelos (se excluye el suelo urbano consolidado dentro de esa franja).

La ley afecta al 13% de la superficie urbanizable de los municipios costeros (unas 3.000 hectáreas), lo que representa el 1% de la superficie urbanizable de las cuatro provincias gallegas.

El Gobierno trabaja también en la preparación del Instituto de Estudios do Territorio, la entidad que se ocupará de prestar asistencia a los ayuntamientos para la elaboración, gestión, adecuación y ejecución de su planeamiento, así como realzar trabajos de investigación y difusión.

Al mismo tiempo, está en preparación el Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, que establecerán los principios y normas urbanísticas de la costa a partir de criterios de desarrollo sostenible.

Como complemento de estas actuaciones, el Gobierno también ha habilitado ayudas anuales para subvencionar la adaptación de los planeamientos municipales a la normativa urbanística vigente que van del 100% al 80% de los gastos totales.







* ELPAIS.com - F. VARELA - Santiago - 01/11/2007
Foto: Santiago, pazo Raxoi, sede Xunta y Ayuntamiento - Vasco Roxo (wikipedia.org)




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