Alicante: Una costa casi privada

ELPAÍS* : La primera línea de costa de Alicante es la cuarta más edificada del Mediterráneo. Según el informe Corine Land Cover, en 2000, el 49,38% del primer kilómetro de costa estaba ya edificado. La invasión de las urbanizaciones privadas, en algunos casos, ha traspasado claramente la raya de los 100 metros de dominio público marítimo-terrestre. Los ejemplos más flagrantes de ese desbocado crecimiento son la urbanización del Bon Nou (siete bungalós a 20 metros del mar) en La Vila Joiosa, dos torres de 22 plantas en la playa de Levante de Benidorm y un hotel de 24 plantas, a seis metros de la orilla del mar, en Calp.

Los únicos rincones a salvo del ladrillo, con la excepción de la playa de Llobella, en Benissa, y dos calas en Torrevieja, son las áreas entorno a los parajes naturales. Es en este punto en el que hará hincapié el plan de choque del Ministerio de Medio Ambiente contra el urbanismo salvaje mediante la adquisición directa de suelo para protegerlo de la piqueta y mediante la redefinición de los deslindes de la zona pública en la costa (en esta provincia queda pendiente el 38%, es decir 106 kilómetros). Todo ello con el propósito de aumentar los espacios públicos en una costa casi privada. "Todo lo que compremos lo haremos con el objetivo de preservarlo de las edificaciones", asegura Vicente Martínez, jefe provincial de Costas. Este departamento ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente un total de 117 propuestas para adquirir fincas e inmuebles en el entorno del área de dominio público y parajes naturales, entre las que destacan los 2,8 millones de metros cuadrados del saladar de Agua Amarga, al sur de la costa de la capital alicantina.

En la parte septentrional del litoral alicantino, dominado por los núcleos turísticos de Dénia y Xàbia, la terapia de choque del Gobierno en su batalla por recuperar el carácter público de la costa incluye dos llamativas propuestas: recuperar el espacio de dominio público entre Les Bassetes, los Molinos y el puerto de Dénia, y la adquisición de los terrenos en la franja de 500 metros en el Cabo de San Antonio, en Xàbia. En este segundo municipio se plantea la recuperación de la zona de tránsito y dominio público en la playa del Arenal.

En Dénia, el Gobierno redefinirá la línea de deslinde del río Girona para incorporar al dominio público parte de su desembocadura. Este punto está poblado de urbanizaciones, que quedaron temporalmente anegadas tras la excepcional crecida del río el pasado 12 de octubre.

El siguiente punto donde pone énfasis el plan del Gobierno es el litoral de Calp, otro de los municipios afectados por la reciente riada de Alicante. Aquí, la intención es comprar el Saladar. En este municipio, el Ministerio de Medio Ambiente ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la licencia de obras, otorgada por el anterior gobierno local, del PP, y validada por la Generalitat valenciana, a un promotor para levantar un hotel de 24 plantas a escasos seis metros de la orilla del mar.

"Este es uno de los puntos más agredidos por el urbanismo en la costa alicantina", comenta Carlos Arribas, portavoz en Alicante de Ecologistas en Acción del País Valenciano.

Unos kilómetros más al sur se sitúa el municipio de Altea, donde el Gobierno recuperará la zona de tránsito y se practicarán expropiaciones de edificios fuera de ordenación en Villa Gadea, se protegerá el triángulo del delta del río Algar y se eliminarán las ocupaciones del dominio público y zonas de tránsito desde la cala del Soto hasta la desembocadura del mencionado río. En el cauce del Algar hay programado ya un PAI que prevé levantar unas 6.000 casas, una quinta parte de ellas dentro del primer kilómetro de costa.

Para Benidorm, meca del urbanismo vertical en la costa española, la propuesta es la adquisición de la franja de 500 metros al borde del acantilado de Serra Gelada y ampliar el espacio público de este parque natural con los terrenos urbanos en el rincón de L'Oix, en la playa de Levante. En ese punto, el Gobierno ha iniciado ya el expediente de expropiación del solar, ubicado en la zona de dominio público, donde un promotor estaba levantando dos torres de 22 plantas.

En el tramo de costa comprendido entre los municipios de La Vila Joiosa y El Campello, el documento del Gobierno pone especial atención en la Cala de Finestrat, en el litoral de la primera población, y alerta de la indefinición de los planes de actuación de la zona, donde hay más de 5.000 viviendas particulares y se levantó un hotel, el Atrium, con un exceso de volumetría de 53.000 metros cuadrados (equivalente a 11 alturas) respecto a lo autorizado en el PGOU. El hotel fue legalizado, tras imponer una multa de 12 millones al promotor y obligarle a derribar 14.700 metros del exceso de obra.

En el caso de la fachada litoral de la capital de la provincia, las propuestas más destacadas hacen referencia al tramo sur de la costa, donde el Gobierno propone recuperar la zona de dominio público marítimo-terrestre que ha invadido la urbanización Urbanova.

En Santa Pola, la propuesta más sobresaliente es declarar fuera de ordenación la primera línea de costa construida, y reubicar la carretera que llega desde la playa de El Pinet hasta el puerto para incorporarla el dominio público junto a las salinas y eliminar todas las edificaciones situadas en esa playa (140 casas).

En Guardamar del Segura se plantea recuperar el borde del litoral mediante la denegación de licencias de reparación y recuperación de concesiones en las 120 casas de Babilonia, cuyo mal estado amenaza la seguridad de sus inquilinos.

En Torrevieja, la principal iniciativa es adquirir las únicas parcelas urbanizables todavía sin construir en la desembocadura del río Seco, al sur del barranco Rubio, en la playa de Campoamor y al sur de las playas de Cabo Roig. Para Orihuela, el punto más meridional del litoral alicantino, se propone ordenar los accesos y una senda peatonal en torno a Punta Prima y ampliar la senda entre Cala Flamenca y Cala Cerrada. En la costa de este municipio, el gobierno local del PP, autorizó hace un año la urbanización del último tramo virgen, Cala Mosca, donde está previsto levantar 1.700 nuevas casas.








* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 02/11/2007
Foto: Calpe (Alicante)- Císcar (ELPAIS.com)




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Ni falsas promesas ni especulación: la vivienda fuera del mercado

ENLUCHA* : El G-14, el grupo de las catorce inmobiliarias mas grandes del Estado español, ha pasado a la acción. Ante la abundancia de noticias y titulares anunciando el fin del ciclo de crecimiento de la última década, Antonio Marín, presidente de Fadesa y miembro destacado del G-14 amenaza con una subida vertiginosa del precio de la vivienda e implora al gobierno ayudas para salvar de la crisis a las grandes constructoras. Las recientes iniciativas legislativas, la reforma de la Ley del Suelo, la nueva Ley del Derecho a la Vivienda en Andalucía o el reciente Pacte Nacional per l’Habitatge firmado en Catalunya, forman parte de una batería de medidas electoralistas que han copado la atención de los principales medios de comunicación y que están destinadas a reforzar la posición del PSOE ante su electorado de cara a las elecciones generales de marzo del año próximo.

A pesar del intento de adueñarse del discurso promovido desde los movimientos sociales, las medidas propuestas, lejos de garantizar el derecho a una vivienda digna, darán continuidad a la actual situación mediante la transferencia millonaria de fondos públicos a los que llevan años enriqueciéndose con el negocio de la vivienda, para que puedan seguir haciéndolo. Así, por ejemplo, se prima la compra de vivienda protegida frente al alquiler público, se deja en la estacada a los hipotecados atrapados por el euríbor, se deja que los promotores controlen un 30% de la VPO que promuevan todo ello a cambio de llegar al 15% de viviendas protegidas en el lejanísimo 2020. Además es necesario considerar que el precio de la VPO no lo marca el salrio mínimo si no que es un porcentaje menor al del precio de mercado, hecho que provoca que a mucha gente “agraciada” en los infames sorteos deba renunciar ala vivienda al no poder pagar ni la entrada. En definitiva no se emprenden acciones decididas para garantizar la función social de los tres millones de pisos vacíos que hay en el Estado español., ni en Catalunya ni en el resto del Estado. En el fondo no se pretende universalizar un derecho si no que se opta por la doctrina neoliberal del “toma un talón y haz lo que puedas”
Mientras la vivienda siga siendo una mercancía más, el derecho a una vivienda digna siempre quedará por detrás de los intereses de bancos, constructoras, inmobiliarias y especuladores.

A pesar de que las medidas propuestas no servirán para garantizar el acceso a una vivienda digna, están teniendo un efecto desmovilizador que se nota al salir a la calle. De ahí que las movilizaciones del pasado 6 de octubre tuvieron una asistencia menor a la de pasadas convocatorias. Sin embargo, la reivindicación por una vivienda digna sigue siendo una de las luchas sociales que en la actualidad muestra una mayor capacidad de interpelar tanto a la sociedad cómo a los gobiernos.

El dinamismo del movimiento en el momento de generar y comunicar su discurso propio, en oposición a las políticas continuistas y de mercado impulsadas desde las administraciones, ha quedado más que demostrado durante el último año y medio de movilizaciones. Ahora más que nunca el reto es hacer visibles las respuestas y propuestas. En este sentido, la movilización sigue siendo la clave.

Continuar impulsando el trabajo de coordinación entre las diversas asambleas locales por una vivienda digna nos permitirá no sólo incidir de forma más efectiva en las luchas locales, sino también afrontar con más fuerza las movilizaciones futuras con las elecciones generales como próximo horizonte.







* En Lucha - 26 de Octubre de 2007






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El concejal de Urbanismo de La Línea dio un pelotazo de 1,3 millones de euros

PÚBLICO/Cádiz* : En un gesto inédito, el concejal de Urbanismo de La Línea (Cádiz), Carlos Ruiz Calama (PP), se ha reconocido implícitamente autor de un suculento pelotazo por el que se habría embolsado 1,3 millones de euros tras vender una finca catalogada como suelo rústico de especial protección y que el ayuntamiento trató luego de recalificar. Y lo ha hecho en un intento por evadir la acusación de soborno por la que, en el denominado caso Roseworld, una juez de la localidad lo investiga a él mismo, al alcalde, Juan Carlos Juárez (PP), y al empresario que en 2005 logró la adjudicación de unas parcelas municipales tras un proceso supuestamente irregular.

Desde comienzos de octubre, Calama y Juárez están sin pasaporte por orden judicial. Y Calama tiene bloqueadas sus cuentas por importe de tres millones de euros, cantidad que, según la tesis de la Policía y de la propia magistrada, se corresponde con el supuesto soborno por la adjudicación de las citadas parcelas municipales al empresario de origen indio Anil Thakurdas.
En su esfuerzo por disipar la acusación de soborno, Calama contó a la juez que si recibió tres millones de Thakurdas entre 2005 y 2006 fue como pago por la venta de una finca de su propiedad.
Once días de diferencia
Pero incluso si la versión del concejal es cierta, se le avecinan nuevos problemas: porque significaría que Calama compró la finca por 360.000 euros y, once días después de escriturarla a nombre de su empresa privada Lineatrans, se la vendió a Laxmi, una de las sociedades de Thakurdas, el 13 de noviembre de 2004 por un precio seis veces superior (1.742.934 euros), aunque esa segunda operación no llegó a escriturarse. La finca, de cuatro hectáreas, se sitúa en el Zabal, zona cuya recalificación vetó la Junta de Andalucía. Calama no ha atendido las llamadas de este periódico.
Los datos anteriores figuran en el recurso interpuesto por Calama contra la retirada de pasaporte y el bloqueo de cuentas. Su versión no resulta creíble para la fiscal anticorrupción de Cádiz, que ha encargado un peritaje de la finca.
En la fecha en que se produjo la transacción de la finca, Calama no era concejal pero sí gerente de Urbanismo, y así lo hizo constar su abogado en el recurso contra la decisión de la juez. Pese a ser gerente de Urbanismo, el contrato privado que firmó con Thakurdas revela que el hoy concejal otorgó al empresario un apoderamiento para que pudiera "gestionar, tramitar y llevar a cabo cuantas gestiones urbanísticas" se requiriesen para "obtener las licencias y los permisos municipales" necesarios.
Supuestamente, Calama había comprado esa finca en mayo de 2002, pero lo único que avala esa afirmación es un contrato privado que no se elevó a escritura pública hasta dos años y medio más tarde. Cuando Calama "vendió" a Thakurdas la finca, el concejal ni siquiera había satisfecho en su integridad los 360.000 euros que él mismo había pactado con el propietario original del terreno. La acusación popular, ejercida por el ex policía local que denunció el caso, cree que la venta a Thakurdas pudo no existir y ser mero disfraz del presunto soborno.






* Público - ALICIA GUTIÉRREZ - Sevilla - 01/11/2007
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento - flickr.com





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Málaga: 200 kilómetros de muralla de cemento

ELPAÍS* : Los 208 kilómetros del litoral malagueño, especialmente los situados entre la capital y Manilva, en el límite con Cádiz, son una muralla continua de cemento y cristal apenas interrumpida por la desembocadura de algunos ríos. En el conjunto de la provincia, el primer kilómetro desde el mar hacia el interior está urbanizado en un 50,8% y en multitud de puntos las edificaciones se sitúan casi encima del Mediterráneo.

El Ministerio de Medio Ambiente ha identificado numerosas invasiones, tanto de edificios, como de otro tipo de instalaciones, del dominio público marítimo terrestre, es decir, de la primera línea de litoral calificada de uso público por la Ley de Costas de 1988. Sin embargo, al contrario de provincias como Murcia, Cádiz y Almería, donde el Gobierno se ha centrado en proteger zonas todavía vírgenes, en Málaga las actuaciones de la Estrategia para la sostenibilidad de la costa buscan sobre todo paliar el daño que el desarrollo urbanístico -en un 80% anterior a la Ley de Costas- ha causado en las playas.

Las actuaciones que prevé para Málaga la Dirección General de Costas abarcan desde la demolición de desastres urbanísticos que han adquirido la categoría de símbolos, como el bloque de apartamentos Banana Beach en Marbella o el esqueleto del nonato hotel La Rada, en Estepona, hasta la reubicación de 600 chiringuitos levantados prácticamente sobre la arena. También se contempla la adquisición de las pocas grandes fincas cercanas al mar que quedan libres de ocupación, como el Playazo, en Nerja, o Arraijanal, en Málaga, y la "recuperación" del dominio público en zonas ocupadas por casas, campings, talleres y otras instalaciones como paso previo a su derribo y restauración. Uno de los elementos principales del plan de Costas para Málaga consiste en la aportación de arena para regenerar playas cuya recuperación natural se ha visto entorpecida por la presencia de espigones, puertos deportivos y otros obstáculos.

El ministerio sitúa el cambio climático como principal amenaza para el litoral malagueño, al que ha dividido en seis "áreas de gestión". Según la consultora que ha redactado la Estrategia, entre Nerja y Rincón de la Victoria, en la Costa del Sol oriental, es "probable" un aumento del nivel medio del mar de más de medio metro en 100 años, con el consiguiente riesgo de inundación. Las previsiones de Medio Ambiente dan un severo toque de atención a los planes urbanísticos y territoriales de la Junta de Andalucía en la Costa del Sol occidental que estiman que en la franja entre Fuengirola y Manilva la población se triplicará hasta los 1,7 millones de habitantes en una década. Una de las amenazas detectadas es "el crecimiento por encima de las necesidades reales" y el "entender la franja costera no como un enclave turístico sino como una conurbación".

En la actualidad sólo se ha terminado el 62% del deslinde del dominio público marítimo terrestre en el litoral malagueño. Sin embargo, el ingeniero jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Juan Carlos Fernández-Rañada, indica que "el resto del litoral ya tiene abiertos los expedientes en distintas fases de tramitación y en dos años estará completado". Además, muchas de las iniciativas contempladas en la Estrategia, como la adquisición de grandes fincas para evitar su urbanización, forman parte de actuaciones anteriores del ministerio, y ya están avanzadas. Costas está elaborando también un "inventario de ocupaciones" del dominio público con el que se podrán "iniciar las recuperaciones posesorias", asegura Fernández-Rañada.

Las tropelías urbanísticas en la costa malagueña comienzan ya en la misma frontera con Cádiz. En el municipio de Manilva (11.181 habitantes), Costas ha terminado el desmantelamiento del camping Chullera I y está negociando la salida del camping Chullera II para situarlo detrás de la llamada zona de servidumbre de protección, es decir la zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. "El criterio es realojar las instalaciones en los suelos más próximos posibles a la antigua ubicación", afirma Fernández-Rañada.

En el mismo Manilva, municipio que ha duplicado su población en cinco años, Costas propone demoler las viviendas situadas en dominio público. "Es una operación combinada con el Ayuntamiento. Ya hemos acordado el desalojo de 7 u 8 viviendas", asevera el jefe de Costas. Otra estrategia consiste en incorporar, por compra o por expropiación, 25.000 metros cuadrados de terreno en la playa del Negro, todavía poco explotada.

En la vecina Estepona, los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) y sus continuadores dejaron un edificio -el hotel La Rada- que se ha convertido en símbolo de los atropellos urbanísticos. El inmueble, que no llegó a terminarse, está ubicado entre el puerto de la localidad y la playa de La Rada, y Costas ya cuenta con una partida presupuestaria para demolerlo "de aquí a final de año". El principal problema que ha tenido este expediente, que "ocupa una habitación entera", afirma Rañada, es que el promotor del edificio se lo vendió a un "comprador de buena fe", que ignoraba que estuviera situado en una zona prohibida.

En ministerio se plantea recuperar el suelo costero ocupado por la urbanización Bahía Dorada, en la que algunos jardines e incluso las esquinas de varios chalés entra directamente en la playa. Poco más hacia el este, en el puerto de Estepona, se pretende adquirir una explanada anexa a las instalaciones portuarias para incorporarla al dominio público y evitar que sea pasto de la voracidad urbanística.

Al igual que ha sucedido con los planes urbanísticos tierra adentro, Marbella recoge algunas de las actuaciones más significativas de la estrategia de Costas. Sus 26 kilómetros de litoral son algunos de los más maltratados de la provincia y el desarrollo inmobiliario de las últimas décadas ha castigado sobremanera a sus playas, verdadero motor del turismo malagueño.

La actuación más emblemática en Marbella tiene nombre propio: Banana Beach. Medio Ambiente se suma a las voces que reclaman la demolición de este bloque de 238 apartamentos, calificado por el juez como "crimen urbanístico" y que supuso la primera condena de prisión al ex alcalde gilista Julián Muñoz. Además del derribo del inmueble, que sigue a la venta en Internet, Costas quiere incorporar al dominio público 120.000 metros cuadrados de suelo litoral entre Banana Beach y la urbanización Río Real, cuatro de cuyos nueve bloques están sujetos a una orden de derribo.

Medio Ambiente está dispuesto a recuperar las "servidumbres de tránsito" en las playas del Alicate, Costa Bella y Pinomar, en las que algunas viviendas de lujo han hecho de la playa prácticamente un coto privado. Entre las viviendas afectadas por esta medida se encuentra la polémica residencia del actor Antonio Banderas, y que anteriormente perteneció a la periodista Encarna Sánchez. Los jardines y la piscina de la casa se internan notablemente en la arena de la playa del Alicate.

En el casco urbano de Marbella, las actuaciones previstas buscan restaurar la continuidad de la playa y favorecer su regeneración natural. Para ello Costas desmantelará el puerto deportivo y lo realojará en el actual puerto pesquero. Esto permitirá rehabilitar y estabilizar los arenales, que prácticamente desaparecen cada vez que hay un temporal. "Con la presencia de edificios y paseos marítimos es casi imposible corregir la inestabilidad de los arenales. Al interrumpir las playas altera toda la dinámica litoral", asegura Fernández-Rañada. Además, el enladrillamiento costero ha enterrado las arenas con las que se podrían rehabilitar más fácilmente las playas, con lo que Costas debe recurrir al caro método de buscar material de relleno en obras públicas que precisan extracciones masivas de tierra, como aparcamientos o túneles de metro y AVE.

Siguiendo hacia el este, la principal preocupación de Costas en Mijas y Fuengirola consiste en la reubicación de los chiringuitos. La inmensa mayoría de los cerca de 600 establecimientos de este tipo se encuentran ubicados directamente sobre la arena. En Benalmádena, localidad gran explosión urbanística. Costas derribará la residencia de ancianos de Unicaja en cuyos bajos se sitúa el Aula del Mar.

En la capital malagueña se concentran algunas de las actuaciones más espectaculares y que afectan a barrios enteros. Costas insiste en su vieja idea de "esponjar" -léase derribar algunas partes- las casas que impiden el acceso a las playas de Pedregalejo y El Palo, así como las situadas prácticamente sobre la arena en La Araña.

En la Costa del Sol oriental, donde todavía quedan zonas libres de origen agrícola, los derribos se concentran en las casas situadas junto al puerto de Caleta de Vélez, además de las viviendas situadas bajo la línea de la N-340 en las playas de Lagos y Mezquitilla, que deberán ser realojadas en urbanizaciones cercanas. Una de las principales actuaciones consiste en comprar los terrenos detrás de la playa del Playazo en Nerja.








* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 01/11/2007
Foto: Málaga, costa El Palo - J.Rojas (El País)




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31 municipios quieren dar a la Xunta sus funciones de control urbanístico

ELPAÍS/Galicia* : Hasta 31 municipios gallegos, en su mayor parte de reducidas dimensiones, han manifestado su interés en delegar en la Xunta competencias de vigilancia, inspección y sanción urbanística que no están en condiciones de ejercer eficazmente frente a los promotores inmobiliarios. El organismo encargado de asumir estas funciones será la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), cuyos estatutos fueron aprobados ayer por el Consello de la Xunta.

La agencia en cuestión, que se constituirá en los próximos días, ha sido diseñada de común acuerdo con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con el objetivo de "garantizar la función social del suelo" y se ocupará de vigilar e inspeccionar el territorio, así como de proteger el litoral.

El combate de la ilegalidad, la prevención y la persecución de las infracciones en materia de urbanismo y de costas (especialmente aquellas que se puedan cometer en zonas consideradas sensibles) también figuran en la relación de materias de las que deberá ocuparse la nueva agencia.

De la agencia formarán parte todos los municipios que voluntariamente decidan adherirse a ella en los términos y condiciones establecidos. La vinculación se regulará mediante un convenio e incluirá, necesariamente, la atribución a la agencia de las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad que correspondan al municipio.

Al frente del organismo estará un director (nombrado por el Consello de la Xunta por un período de cuatro años) y un consejo ejecutivo. Este último, como órgano de control de la agencia, estará formado por el director general de Urbanismo y ocho miembros (cuatro en representación de la Xunta y otros cuatro nombrados por los municipios). El personal de la agencia estará integrado por funcionarios públicos de la comunidades autónoma y de la administración local.

La Axencia da Legalidade Urbanística forma parte del conjunto de medidas en las que el Gobierno gallego ha depositado su confianza para "ordenar el territorio y frenar su degradación", entre las que destaca la Lei de Medidas Urxentes en Materia de Ordenación do Territorio e do Litoral de Galicia. Esta normativa suspendió cautelar y transitoriamente todos los nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de los 500 metros del litoral para determinados tipos de calificación de suelos (se excluye el suelo urbano consolidado dentro de esa franja).

La ley afecta al 13% de la superficie urbanizable de los municipios costeros (unas 3.000 hectáreas), lo que representa el 1% de la superficie urbanizable de las cuatro provincias gallegas.

El Gobierno trabaja también en la preparación del Instituto de Estudios do Territorio, la entidad que se ocupará de prestar asistencia a los ayuntamientos para la elaboración, gestión, adecuación y ejecución de su planeamiento, así como realzar trabajos de investigación y difusión.

Al mismo tiempo, está en preparación el Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, que establecerán los principios y normas urbanísticas de la costa a partir de criterios de desarrollo sostenible.

Como complemento de estas actuaciones, el Gobierno también ha habilitado ayudas anuales para subvencionar la adaptación de los planeamientos municipales a la normativa urbanística vigente que van del 100% al 80% de los gastos totales.







* ELPAIS.com - F. VARELA - Santiago - 01/11/2007
Foto: Santiago, pazo Raxoi, sede Xunta y Ayuntamiento - Vasco Roxo (wikipedia.org)




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"No creo que la M-30 solucione la movilidad"

ELPAÍS/Madrid* : Hace 30 años, los habitantes de Curitiba (Brasil) se acostaron un viernes y se levantaron un lunes con el centro de la ciudad cerrado al tráfico. Lerner era el alcalde. Comenzaba así una revolución en busca de la ciudad sostenible. Le llaman el Al Gore del urbanismo. Jaime Lerner (Curitiba, Brasil, 1937) fue durante 11 años alcalde de Curitiba y llevó a cabo una revolución sin precedentes en una ciudad suramericana. Inventó un sistema de autobuses más eficaz que el metro y peatonalizó el centro de la ciudad en 72 horas. "Innovar, es empezar", resume.

Arquitecto, urbanista y político, es hoy una referencia en la concepción de ciudades sostenibles. De 2002 a 2005 fue presidente de la Unión Internacional de Arquitectos. Ahora se dedica a la acupuntura urbana: intervenciones puntuales en ciudades de todo el mundo que modifican el desarrollo de su trama urbana. En Madrid, dice, todavía no le han pedido que clave sus agujas, pero estuvo de visita, la semana pasada, para dar una conferencia en La Casa Encendida.

Pregunta. ¿Por qué "la ciudad no es el problema, sino la solución"?

Respuesta. Hay una visión muy pesimista de las ciudades. La mayoría piensa que las de más de cinco millones de habitantes o que no tienen recursos no tienen solución. Y cuando se proyecta la tragedia, se encuentra. Este siglo será el de las ciudades. En ellas están todas las respuestas a la solidaridad: vivienda, salud, atención a los niños, la movilidad...

P. ¿Qué es la calidad de vida en una ciudad?

R. La ciudad debe mezclar las funciones y a los habitantes. Hay que mezclar renta, edades, religiones... Cuanto más heterogénea, más humana. La calidad de vida tiene que ver con eso.

P. ¿Considera que Madrid es una ciudad moderna?

R. ¿Moderna? Eso no quiere decir mucho. Si eso significa expandir la ciudad, eso no es bueno. Si significa ocupar mejor el centro histórico, entonces moderna es bueno. Hay gente que quiere vivir en la ciudad fuera de la ciudad. Se debe evitar que la vivienda esté lejos del trabajo, eso desperdicia la energía de los ciudadanos. Madrid puede mejorar la movilidad.

P. Madrid acaba de estrenar una megaobra de soterramiento de una vía de circunvalación. ¿Cree que es una solución a la movilidad?

R. No creo. Las grandes obras viales, autopistas o túneles son la manera más rápida de cambiar un punto de congestión por otro. En Toronto, por ejemplo, tienen una vía de circunvalación fantástica. Rapidísima. Pero para salir de ella tardas dos horas. En cualquier caso, estas infraestructuras se tienen que hacer para salir de la ciudad y no para entrar.

P. ¿Y los coches?

R. El coche es como la suegra: hay que tener buenas relaciones con ella, pero no podemos dejar que mande en nuestras vidas. En otras palabras, si la única mujer de tu vida es tu suegra, tienes un problema. París encontró una solución: además del metro, supo promocionar la bicicleta. Cada 300 metros hay un punto de bicis. Eso es fundamental. Tiene que haber de todo en una ciudad: metro, bus, taxi, bici... La única condición es que jamás compitan por el mismo espacio.

P. Usted peatonalizó una gran avenida en 72 horas. Es partidario del efecto sorpresa en estas obras. ¿Por qué?

R. Tres razones. Evitar la propia burocracia. Luego, una vez tomada la decisión política, hay que ejecutarla rápido. Y tercero, sirve para evitar nuestra propia inseguridad. A veces hay ideas muy buenas y les damos tantas vueltas que no las llevamos a cabo. Innovar es empezar.

P. ¿Es partidario de que se asuman grandes deudas para las infraestructuras?

R. Si quieres creatividad, quita un cero o dos al presupuesto.

P. En Madrid se ha hecho una gran apuesta por el metro. ¿Vale la pena potenciar el autobús como lo hizo usted en Curitiba?

R. Hay que metronizar al bus. No se puede esperar tantos años a que se construya una línea de metro. Hay que operar en la superficie. En Nueva York han estado discutiendo la línea de Second Avenue desde hace 50 años. La van a empezar ahora y tardarán 20 años. 70 años para construir una línea que costará 4.000 millones de dólares y que no transportará más pasajeros que el bus que pasa por mi casa.

P. Eso en Curitiba.

R. Sí. Es un bus en el que pagas antes de entrar. Opera como un metro. Pasan cada 30 segundos. Embarcas en el nivel del bus. Eso es calidad de vida.

P. Ese modelo necesita una ciudad con avenidas. No funcionaría en un casco antiguo como el de Madrid.

R. No hay necesidad de cruzarlo. Es como el mago que atraviesa con espadas la caja con la mujer dentro. El centro es la mujer. Y la magia es sólo que las espadas pasan tangencialmente y no la pinchan.

P. El turismo se ha convertido en un arma de doble filo para las grandes ciudades.

R. Sí. Sólo es bueno si lo es para los habitantes de la ciudad. Y un parque temático es lo peor que les puede pasar. Más vale la gracia de la imperfección que la perfección sin gracia. Las divisiones temáticas desintegran la ciudad. El mejor ejemplo de calidad de vida es la tortuga: tiene vivienda y trabajo juntos. No se puede dividir una ciudad en apartados de vivienda, ocio, trabajo...

P. ¿Barcelona es un mal ejemplo de ciudad turística?

R. Corre el riesgo de sobrepasar el límite. Es como una mujer demasiado maquillada sin necesidad. El Ensanche o el Palau de la Música son de las mejores cosas del mundo. Pero luego va y llega el Fórum... [pone cara de asco]. Estar a la moda no significa ser contemporáneo.

P. ¿Y qué le parece la moda de los arquitectos estrella y el efecto Guggenheim?

R. Estamos orgullosos de nuestras estrellas, pero lo que necesitamos es una constelación de arquitectos preocupados por sus ciudades. Se puede hacer buena arquitectura pensando en la gente, y no sólo en el propio ego. Se hacen demasiados museos. Y el mejor es la ciudad.

P. Usted aboga por la intervención puntual, la acupuntura urbana.

R. El planeamiento de una ciudad lleva tiempo. Pero a veces una acción puntual, un pinchazo, puede crear una nueva energía y ayudar a ese proceso. Es una contribución. Y no tiene que ser muy caro. La de Bilbao fue la gran acupuntura, pero hay otras, como la pirámide del Louvre, que solucionó un problema histórico.

P. Hay una ley en Madrid que prohíbe hacer edificios de más de cuatro pisos. ¿Qué le parece?

R. La ciudad no puede tener miedo a la densidad. No se puede ser tan radical.

P. ¿Cómo se recupera el centro de la ciudad?

R. Lo más importante es traer vida. Eso es vivienda, jóvenes y universidades. Que vuelvan al centro. Los grandes complejos universitarios han retirado a los jóvenes de la sociedad.

P. ¿Qué modelo de ciudad europea representa los valores que usted defiende?

R. Las ciudades europeas son heterogéneas. No ocurre en los países en desarrollo o en EE UU, donde cada vez se necesita más el coche y la ciudad está dividida en sectores temáticos.






* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 29/10/2007
Foto: Madrid, atasco M30 - abc.es




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Denuncian las obras de una urbanización "ilegal" en el Parque de Grazalema

LAVOZ/Cádiz* : Ecologistas en Acción han denunciado hoy las obras que se están llevando a cabo en la urbanización "ilegal" de Tavizna, en Benaocaz, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, donde se están hormigonando algunas de sus calles, al parecer promovidas por el propio Ayuntamiento. Según ha explicado la organización conservacionista en nota de prensa, Tavizna es una urbanización "ilegal" que incluye más de un centenar de chalets y que ha ocasionado un "alto" impacto ambiental y paisajístico en una zona de huertas tradicionales en la vega de uno de los ríos mejor conservados del parque: el río Tavizna.

Además, han destacado que la propietaria de una de estas viviendas ilegales es la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento gaditano, María Luisa Sánchez Toro.
Los ecologistas han recordado los numerosas ocasiones en las que el Ayuntamiento de Benaocaz ha intentado legalizar estas viviendas, a lo que se ha opuesto siempre Ecologistas en Acción, por entender "que sería un premio para los infractores a la Ley y tendría un efecto llamada para que otros iniciaran la constricción de viviendas ilegales en este espacio protegido con el convencimiento de que no sólo no los sancionarían, sino que los terminarían por legalizar".
Ecologistas en Acción ha denunciado estas obras ilegales al director del Parque Natural, y espera que la actuación de la Consejería de Medio Ambiente no se limite a abrir un expediente que culmine con una leve sanción económica, "como vienen siendo habitual", sino que se exija el levantamiento de todo los tramos hormigonados, "pues de lo contrario se estará fomentando la política de hechos consumado y la promoción de nuevas ilegalidades urbanísticas".






* La Voz Digital - 31.10.07
Foto: Benaocaz (Cádiz) - guiadecadiz.com




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El presidente de los arquitectos apuesta por demoler las viviendas ilegales de la costa

LEVANTE-EMV* : El presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi, mostró ayer en Castelló su apoyo al plan que prepara el Gobierno socialista para sanear la costa y derribar aquellas construcciones ilegales situadas en primera línea de playa. Se calcula que decenas de casas y chalés se hallan al margen de la ley en la costa castellonense.

El máximo responsable de los arquitectos españoles calificó de «positiva» para el medio ambiente la medida que pretende relanzar el ejecutivo de Zapatero.
Hernández visitó Castelló para mantener una asamblea informativa con los colegiados ante la entrada en vigor de las nuevas normativas sobre seguridad, acústica y energía, que exigirán un nuevo esfuerzo de adaptación a los despachos profesionales. «En la costa se ha construido demasiado, los arquitectos defendemos un crecimiento sostenible en el litoral», dijo.

Partidario de la demolición con todas las garantías judiciales, el presidente de los colegios españoles avaló las medidas del ejecutivo socialista para «devolver la ley a las costas». «Hay algunas construcciones flagrantes, incontestables, para las que no queda otro recurso. Lo de Algarrobico no concibo que no se derribe, cueste lo que cueste, aunque haya habido permisividad o tolerancia de las autoridades», añadió.
Explicó que el plan de saneamiento provocará que «muchos» pierdan la sensación de impunidad de los últimos años, que en su opinión ha generado una confianza en algunos ámbitos políticos de que se podía «hacer lo que no se debía hacer». En esta línea, se refirió a los famosos maletines de Marbella: «Todos lo sabíamos y estábamos impotentes; el Colegio de Arquitectos lo sabía y era considerado un apestado por denunciarlo». Hernández incidió en que la corrupción urbanística ha provocado que «muchos profesionales se vieran postergados porque no pasaban por el aro. Todo lo que no sea legal nos parece tercermundista».

Recordó que los colegios de arquitectos han impulsado congresos para revisar los criterios sobre urbanismo, que han suscrito el manifiesto para una nueva cultura urbanística en el litoral y que en la mesa del consejo existe una «sensibilidad muy clara para defender los recursos del litoral». Y añadió: «Hay que inducir a la gente a que vea que los recursos naturales son muy importantes. En el litoral se juegan las bazas más importantes respecto al cambio climático».






* Levante-EMV - J. Antequera, Castelló - 01 de noviembre de 2007
Foto: Derribo bloques - elconfidencial.com



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Cullera reclasifica 10 millones de metros junto al 'Manhattan'

ELPAÍS/Valencia* : El Ayuntamiento de Cullera desbloqueó el pasado martes dos proyectos urbanísticos situados junto a la desembocadura del río Júcar que supondrán en la práctica la reclasificación de 10 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable y la construcción de cerca de 15.000 viviendas. Estos planes se suman al de la Bega -más conocido como el Manhattan de Cullera-, donde están previstas 5.000 viviendas más, 1.100 protegidas, distribuidas en 33 torres de hasta 25 alturas.

El Consistorio cullerense sacó anteayer adelante con los votos favorables del PP, partido en el gobierno, la abstención del PSPV-PSOE y la oposición del APC (Alternativa Progressista de Cullera) el documento de concierto previo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. A los dos grandes PAI citados se añaden otros dos sectores urbanizables de tamaño menor. El documento se enviará ahora a la Consejería de Medio Ambiente para que dé, si procede, su visto bueno.

El PAI del Marenyet plantea la reclasificación de 5,5 millones de metros cuadrados, la edificación de 9.000 viviendas y un puerto deportivo con 1.100 amarres. La unión de empresas Rover Alcisa y Lubasa -a través de la sociedad Cullera Playa y Golf- se adjudicó a finales de 2005 la urbanización del PAI. La urbanización del PAI del Brosquil, previsto sobre 4,5 millones de metros y con 4.000 nuevas casas, fue a parar a la sociedad del ex presidente del Valencia CF Francisco Roig. El Grupo Roig buscó, tras convertirse en agente urbanizador, un socio y encontró a Llanera, compañía intervenida ahora judicialmente tras declararse en suspensión de pagos. Los interventores todavía no han aclarado qué proyectos de Llanera saldrán adelante. Otras sociedades (Bancaja, Blauverd y Sedesa) cuentan con terrenos en este proyecto, así como decenas de pequeños propietarios.

Ambos planes han tropezado desde que se hicieron públicos una notable oposición vecinal. El Gobierno, a través de la subdelegación de Valencia, está en contra de estos proyectos por la falta de informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el riesgo de inundación.

Pere Manuel, concejal de APC, siempre ha manifestado la necesidad de "consensuar la elaboración de ambos proyectos". Manuel advierte además de que el Patricova, plan de la Generalitat, declara todos estos terrenos inundables. "Y entre otros detalles que no podemos olvidar", agrega el edil de APC, "está el que la Confederación Hidrográfica del Júcar no se ha pronunciado sobre si hay agua suficiente". Según el edil, ambos proyectos "podrían estar cogidos con alfileres, pendientes de decisiones de administraciones superiores y posibles contenciosos". El pasado martes votó en contra.

Joan Grau, portavoz del Grupo Socialista municipal, abogó por un plan "más sostenible y salvaguardando los intereses de los pequeños propietarios; el tiempo dará o quitará la razón a unos u otros". Grau dijo que su grupo se abstuvo en respuesta al amplio apoyo electoral que recibió el PP de Cullera, abanderado de estos proyectos urbanísticos, en los comicios municipales celebrados en mayo.

De entre los pequeños propietarios afectados por ambos PAI, los hay que esperan vender a buen precio y los que se oponen o los que confían en que el plan no se ejecute. De momento, la crisis por la que atraviesa la construcción ha parado las operaciones de compra de terrenos.


PP y PSPV rechazan una moratoria

Unos por "radical", otros por "drástica". Los diputados del PP y del PSPV estuvieron de acuerdo ayer al rechazar la moratoria urbanística que planteó ante la comisión de Medio Ambiente el diputado de Compromís Lluís Torró. La iniciativa solicitaba detener la tramitación y ejecución de cualquier proyecto urbanístico que afecte a la franja costera y hasta un kilómetro hacia el interior hasta que se hayan aclarado las leyes que rigen el desarrollo urbanístico en territorio valenciano. Torró apuntó que mientras la ley urbanística y la ley de ordenación del territorio se adaptan y readaptan a las directivas comunitarias y a la nueva ley estatal del suelo, se desarrollan "proyectos extremadamente agresivos" sobre un medio ambiente que ya sufre "daños irreparables y gravísimos" por la "desmesurada" urbanización que han sufrido en los últimos años.

Francesc Signes, del PSPV, asumió la "anarquía total" que revela la urbanización de la costa; que "una grave inseguridad jurídica" pesa sobre el desarrollo urbanístico valenciano y que es "urgente" establecer un marco normativo "estable"; y que el "un 69% de la costa está urbanizada sin ningún criterio". Pero en el otro extremo de la balanza situó "la importante función social del urbanismo" y "el colapso social y económico" que acarrearía la iniciativa de Compromís para sentenciar que "la moratoria no es la solución".

David Serra, del PP, afirmó que la moratoria "sería letal" para el desarrollo económico de la sociedad valenciana y para "la estabilidad y confianza de los sectores productivos".

José Ramón García Antón, consejero del ramo que ayer plantó a la comisión parlamentaria, comentó en un foro con constructores que "es el momento de dialogar para lograr una legislación urbanística más útil, operativa y respetuosa con el medio ambiente".







* ELPAIS.com - JOSEP BLAY / EL PAÍS - Sueca / Valencia - 01/11/2007
Foto: Terrenos donde se proyectan los PAI de la Bega - jesús císcar (El País)




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Otra denuncia en El Puerto destapa más casos de viviendas sin papeles

LAVOZDIGITAL/Cádiz* : El urbanismo ilegal se ha convertido en el caballo de batalla de los ayuntamientos de El Puerto y Chiclana. La denuncias contra parcelaciones clandestinas y falsificación de certificados no cesan. La última denuncia por ocupación ilegal de suelo público la acaban de presentar los ecologistas ante el departamento de Disciplina Urbanística del consistorio de El Puerto. Se trata de la expansión «descontrolada» que ha experimentado el núcleo urbano de El Portal, en la zona de San Cristóbal, con más de 200 edificaciones sin licencia.

La Concejalía de Urbanismo ha recibido por escrito y con documentos gráficos las viviendas que se han levantado en los últimos meses sobre suelo no urbanizable de titularidad municipal.

De lo que se trata ahora es de tomar medidas. El colectivo Ecologistas ha denunciado que algunas de estas construcciones se han cimentado en un sólo fin de semana y el modus operandi de sus promotores es siempre el mismo: «se levanta durante el fin de semana un muro de unos tres metros de altura que cierra el campo de visión». Una vez cercada la parcela, se hacen los cimientos y se levanta a toda prisa la estructura.

El Ayuntamiento es conocedor de esta práctica. Así, la actual concejal de Urbanismo, Patricia Ybarra, denunció el pasado mayo esta situación antes de que el PP asumiera la alcaldía de El Puerto. Ybarra dijo entonces que «el alcalde de la ciudad, Fernando Gago, de IP, permite la construcción de nuevas viviendas ilegales, que se están edificando sobre terrenos municipales de la Sierra de San Cristóbal». La construcción ilegal no ha cesado en la zona.

La pasada semana era Juan Jiménez, presidente de la asociación de vecinos, quien denunciaba que desde el 2000 están luchando para que el Ayuntamiento, «independientemente de quien gobierne», se haga cargo de la zona y evite que la gente siga ocupando terrenos de propiedad municipal para construir libremente. Entiende que cuanto más crezca este diseminado más difícil será su regularización. Los ecologistas ya han hecho la denuncia formal.






* La Voz Digital - 31.10.07 - JAVIER RODRÍGUEZ
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org




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Madrid: El COAM reclama al Ayuntamiento la rehabilitación de 40.000 viviendas de Centro

EUROPAPRESS* : La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), que integra a los 40 urbanistas más importantes y capaces de la región, reclamó hoy que el Gobierno local cumpla con su compromiso de rehabilitar 40.000 viviendas de Centro, contabilizando únicamente las actuaciones reales y contando con un presupuesto definido y apropiado.

Durante la Primera Jornada de Debate sobre Urbanismo de Madrid del COAM, que trató los temas urbanísticos más importantes actualmente concernientes al Ayuntamiento de Madrid, los arquitectos plantearon como conclusión, además, que es "imprescindible la elaboración de una Ley de Rehabilitación y apuesta por un Observatorio del Centro Histórico de Madrid".

Además, según el portavoz de Urbanismo del COAM, José María Ezquiaga, "hay que ampliar el concepto de casco histórico a la idea de ciudad consolidada". "El Ayuntamiento debe tener como prioridad la recuperación de los barrios de los años 60 y 70, en evidente deterioro", añadió este urbanista.

Asimismo, piden una revisión del Plan General con el objetivo de crear una ciudad compacta frente a una urbe difusa. En ese contexto, se mostraron contarios a la proliferación dispersa de centros comerciales y de ocio, así como a los nuevos barrios orientados hacia estos centros, lo que implica la necesidad de vehículo para los desplazamientos.

RESERVA DE SUELO

Por otra parte, consideraron que la Ley del Suelo es una ley "oportuna, pero que llega a deshora", pues entra en vigor justo cuando el ciclo alcista se acaba. Y es que, a su juicio, es necesario aumentar la reserva de suelo protegido, superando el 30% que ahora se contempla, que es insuficiente. "La única finalidad de una política de vivienda debería ser garantizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna", precisa el urbanista Jesús Gago.

En cuanto al proyecto olímpico, los arquitectos consideraron que es "imprescindible" realizar un nuevo proyecto para que Madrid pueda optar a sede de los Juegos Olímpicos y "no es concebible presentar el mismo que en su día fue rechazado". "Las Olimpiadas, a su vez, pueden ser un buen vehículo para llevar las transformaciones necesarias a la ciudad", recogen las conclusiones. A continuación, la Comisión de Urbanismo del COAM ha presentado el borrador del "Código Ético de Conducta Profesional de los Arquitectos Colegiados en el COAM en Materia de Urbanismo". Este documento parte del criterio de que "la finalidad del Urbanismo es el "Interés General" -y no el de maximizar el beneficio económico del sector de la construcción y de los que con él se relacionan- y controlar el desarrollo urbano de forma que sea armónico y se adecue al interés público. Las decisiones urbanísticas deben ser, por tanto, "imparciales, transparentes y justificadas", recoge.

El Código recoge, asimismo, los principios de responsabilidad de los arquitectos ante los ciudadanos, clientes y organizaciones; principios en relación con la profesión y otros profesionales, y reglas de conducta sobre sus actuaciones.

En el turno del análisis del urbanismo concerniente a la Comunidad de Madrid, se ha tratado el Plan Regional, la resolución de los 90 planes de ordenación urbana de los municipios por parte de la Comunidad, la Ley del Suelo y legislación autonómica y los conflictos entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Urbanismo.

El objetivo del COAM con estas jornadas es la exposición y el intercambio de opiniones sobre el desarrollo urbanístico de Madrid. Asimismo, la Comisión de Urbanismo del COAM creará grupos de trabajo para cada una de las principales propuestas llevadas a la mesa de debate. La finalidad del COAM es ser tenido en cuenta por las administraciones pertinentes y contribuir al desarrollo de la región.





* Europa Press - MADRID, 30 Oct
Foto: Madrid. Puerta del Sol - Onar Vikingstad (wikipedia.org)




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El 40% de la costa mediterránea está ya urbanizada

EFE* : La presión urbanística que afecta a la costa mediterránea durante las últimas décadas ha propiciado que el 40% de la franja costera esté ya urbanizada, y que el 16% sea en la actualidad una costa artificial. Así lo refleja la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, que la ministra de Medio Ambiente presentó hoy al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), un órgano consultivo en el que están representadas las organizaciones ecologistas, los sindicatos, organizaciones patronales y consumidores. El documento elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente mantiene que la costa se urbaniza siguiendo el ritmo de los constructores, y no la demanda turística real.

La Estrategia hace un diagnóstico de la situación actual de la costa, y concluye que el 32% del litoral mediterráneo necesita actuaciones de restauración o de mejora ambiental, y que el 51% de las playas (más de 500 kilómetros) requieren una intervención.

En algunas comunidades del arco mediterráneo, más del 75% de los terrenos colindantes con el mar son urbanos o urbanizables, apunta el documento elaborado por el Gobierno, que subraya también que el 57% de las playas se encuentran ya en entornos urbanizables.

Los retos que se ha fijado el Ministerio de Medio Ambiente en la Estrategia son frenar la ocupación masiva de la franja costera, recuperar la funcionalidad física y natural del litoral, adaptarse al cambio climático y finalmente cambiar el modelo de gestión de la costa.

El documento radiografía los casi 8.000 kilómetros de litoral: 4.000 son acantilados, 2.000 playas, 1.000 costa baja, y unos 600 km se han transformado con obras artificiales.

La Estrategia advierte de que la reciente ocupación del territorio por los usos urbanos es uno de los elementos clave de la dinámica espacial de muchos territorios, lo que repercute en el aumento del consumo de recursos ambientales como el suelo o el agua.

Advierte además la Estrategia que la proliferación de puertos, diques, espigones o muros de contención provoca la interrupción de la dinámica propia del litoral, con acumulaciones excesivas en determinados lugares y fuertes erosiones en otros.

Se ha detectado también un déficit de aporte sedimentario a las costas debido a las actuaciones realizadas en las cuencas fluviales (encauzamientos o embalses), añade el documento.

Respecto al reto de adaptarse al cambio climático, el documento recuerda que "en pocas décadas" se reducirá la anchura de las playas debido al aumento del nivel del mar, y que los casi 900 kilómetros de fachadas marítimas urbanas situadas en el arco mediterráneo, Andalucía occidental y en los archipiélagos, están expuestos a sufrir daños significativos y crecientes por la acción del mar.






* El Mundo - Su Vivienda - 31/10/2007
Foto: Benidorm (Alicante), icono del urbanismo mediterráneo - J.Jordán (El Mundo)




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Casas ilegales a la venta en Marbella

ELPAÍS* : La compra de viviendas de buena fe adquiere una nueva dimensión en Marbella. A pesar de los escándalos urbanísticos, la asociación de vecinos Arroyo Guadalpín mantiene que la inmobiliaria Cristina Szkely, una de las más reconocidas de la ciudad, trata de vender apartamentos de la Urbanización Jardines del Príncipe, sobre los que pesa una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarando su ilegalidad y decretando su derribo.

Cristina Szkely, propietaria de la empresa, asegura que no ofrecen estas viviendas desde hace al menos dos años.

El Plan General de Marbella, no incluye la urbanización Jardines del Príncipe en el proceso de regularización. El complejo, situado al inicio de la Milla de Oro marbellí, está formado por dos edificios de siete plantas con 81 apartamentos prácticamente terminados, pero no habitados. Los redactores consideran que sobrepasa la edificabilidad permitida y piden que se reduzca en un 60%.

La asociación Arroyo Guadalpín teme que la venta de estos pisos sea una "argucia" del promotor para intentar regularizarlos por la vía de los compradores de buena fe, es decir que los compradores ignoraban que la casa estaba en situación irregular. Su portavoz, Mercedes Vázquez, dice contar con testimonios de personas a los que la empresa inmobiliaria ha ofertado la promoción en los últimos meses. Una de estas personas, que pidió ocultar su nombre, dice que hace dos semanas le ofrecieron un apartamento de dos habitaciones por 647.000 euros. "Me dijeron que me podía ahorrar hasta 100.000 euros si lo compraba antes de que lo legalizaran ya que el promotor lo pensaba subir a partir de esta fecha", contó. "Incluso me aseguraron que había un pacto con el Ayuntamiento que lo regularizará de forma inmediata en cuando se apruebe el Plan General", añadió.

La dueña de la inmobiliaria Cristina Szkely insiste que "hace mucho tiempo" que no se ofertan estas viviendas. "La constructora me decía que estaba todo bien, que tenían los permisos, pero lo retiramos hace dos años, cuando empezaron a decir que había problemas.", declaró.

A pesar de que el complejo residencial no está habitado, ya tiene una veintena de propietarios, constituidos en asociación, que han alegado contra la situación que prevé para ellos el nuevo documento de ordenación urbana. En el escrito, redactado por el letrado José Carlos Aguilera, mantienen que el promotor llegó a un acuerdo con el equipo redactor para regularizarlo a cambio de una compensación, pero que, por motivos que desconocen, no aparece reflejado en PGOU.






* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 31/10/2007
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com




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Moratoria para salvar La Manga

ELPAÍS/Murcia* : La Manga del Mar Menor está amenazada. La subida prevista del nivel del mar (15 centímetros en 2050, según Medio Ambiente) desaconseja seguir cementando la lengua de tierra que separa el Mar Menor del Mediterráneo. Por eso la Estrategia española para la sostenibilidad de la costa quiere "promover una moratoria urbanística con las Administraciones competentes ante el riesgo de inundación por el cambio climático".

Impulsar una moratoria urbanística en La Manga es como pretender que la Cruz Roja invada Irak. Y que lo haga además una vez que el país está destruido. Desde que en los años 60 el promotor Tomás Maestre compró la lengua de tierra que delimita la mayor laguna salada del Mediterráneo, constructores y ayuntamientos no han hecho otra cosa que edificar.

En sus 36 kilómetros apenas queda terreno libre. Según la citada Estrategia, hay "numerosas actuaciones, edificaciones sobre la playa, paseos marítimos, terrazas y jardines dentro del dominio público marítimo terrestre". Esta es la primera línea de litoral que, según la Ley de Costas de 1988, es de uso público.

Hay tanto cemento que el Gobierno regional, del PP, lanzó como idea construir un túnel para que los coches pudieran salir por el norte y autorizó, en contra de sus servicios jurídicos, un puerto deportivo, Puerto Mayor, y un complejo en terreno ganado al mar.

La moratoria debería afectar principalmente a una zona al norte de La Manga, justo donde está prevista -y ya parcialmente construida- una gran urbanización con un lago artificial llamada Veneziola, donde hay aprobadas tres torres de 24 plantas.

El presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste, Pedro García, recuerda que hace una década el ex director general de Costas del PP Fernando Marín ya advirtió por carta al Gobierno regional de las consecuencias que la subida del nivel del mar tendría sobre La Manga y le recomendó que pensase en trasladar algunos edificios. Desde entonces, y aunque oficialmente el Ejecutivo de Murcia no permite construir a menos de 500 metros del mar, se han levantado más de medio centenar de bloques de entre ocho y diez plantas.

El ministerio propondrá a la Comunidad de Murcia expropiar edificios y casas que ocupan el dominio público y terminar el deslinde (la delimitación de la zona pública y privada de costa). Además, planteará "recuperar la concesión de Puerto Mayor", hoy paralizado cautelarmente por un tribunal tras el recurso de Gobierno y ecologistas.

El plan también incluye comprar "las parcelas urbanizables de El Vivero", de las pocas que quedan, para "preservarlas de la urbanización masiva que se da en La Manga". Sin estas medidas, según el plan, "no tiene ningún sentido acometer la recuperación de playas" que ultima el Gobierno regional.

La estrategia para salvar la costa del ladrillo incluye más actuaciones polémicas. El plan apuesta por "eliminar el puerto de San Pedro del Pinatar, que está provocando la erosión de las dunas de San Pedro", un espacio protegido.

Uno de los empeños de Medio Ambiente con la Estrategia -elaborada por consultoras independientes durante dos años- es limitar la construcción de puertos. Los espigones alteran el flujo natural de la arena: la retiran de un lado y la acumulan en otro. Como explicó ayer el secretario general para el Territorio del ministerio, Antonio Serrano, "hay puertos mal utilizados, con barcos pequeños que podría ir en dársenas terrestres antes que construir nuevos". El plan pretende reubicar el puerto de Águilas y frenar la ampliación del de Casica Verde.

El cambio en los puertos es sólo uno de los muchos que introduce la Estrategia, con la que el ministerio pretende recuperar el uso público de los 8.000 kilómetros de costa española. Serrano insiste en que esta estrategia es un cambio radical en la política de costas y que tardará en cumplirse. Medio Ambiente quiere que en 2012 todo el litoral se pueda transitar a pie.

El Gobierno ha caracterizado el Mediterráneo, Baleares, Canarias, Cádiz y Huelva como primer paso. Hoy presenta el texto al Consejo Asesor de Medio Ambiente y ya se lo ha enviado a las autonomías. El plan incluye un diagnóstico, ya cerrado, y propuestas, como la moratoria en La Manga, que el Gobierno intentará consensuar con alcaldes y presidente autonómicos.

Aunque el ladrillo es la principal amenaza, aborda también la contaminación. En el Mar Menor, con deficiencias de depuración para los dos millones de personas que acoge en verano, el plan apuesta por minimizar el uso de fertilizantes en los invernaderos que lo rodean.

La contaminación por aguas fecales y nitratos ha producido en los últimos 10 años una proliferación de medusas sin precedentes en Europa. Este es un ejemplo, pero hay muchos más, de cómo la masificación es a largo plazo mala para el turismo.

Otro de los puntos más polémicos para Murcia es el intento de frenar la urbanización Marina de Cope -11.000 viviendas, 22.000 plazas hoteleras, cinco campos de golf, marina interior con 2.000 amarres y una inversión de 3.800 millones de euros-. Se trata de una especie de Marina d'Or que el Gobierno regional promueve en un parque natural que desprotegió por ley en 2001.

Esa ley está recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional, que lleva seis años con el tema, y sus desarrollos han sido recurridos por los ecologistas y el Gobierno. Pese a que su consejo jurídico le pidió esperar al fallo del Constitucional, el Gobierno de Murcia sigue adelante con su plan para construir en 11.000 hectáreas de costa virgen.

Sobre Marina de Cope, la Estrategia del Gobierno central afirma: "En el terreno actualmente clasificado como no urbanizable de uso general y antes del cambio de clasificación urbanística, adquirir una franja de 500 metros a partir del dominio público marítimo terrestre". Y establece que el ministerio tendrá que emitir un informe preceptivo sobre la urbanización.

Serrano insiste en que la Estrategia está completa en el diagnóstico y que la parte de propuestas para mejorarlo está abierta a acuerdos con las comunidades. Preguntado por casos como éste, en el que el acuerdo es altamente improbable, advierte: "El Gobierno quiere pactar pero, si no, actuará en consecuencia, tomará sus medidas legales y hará sus reservas" de terreno. La ley permite al Gobierno extender la franja de dominio público comprando o expropiando terrenos para proteger el litoral. Murcia es especialmente importante en el plan ya que tiene uno de los litorales mejor conservados (excepto La Manga).

Además, Medio Ambiente pretende impedir la construcción "de un nuevo puerto para tráfico de contenedores" en el espacio protegido de El Gorguel (Cartagena). Al menos hasta que se haya "optimizado la gestión de los existentes". Esta es una de las grandes reclamaciones de los ecologistas, que se oponen al plan del Gobierno autonómico y del ministerio.

En Cabo de Palos o Mazarrón, donde hay centenares de casas bajas en primera línea de playa, muchas anteriores a la Ley de Costas, el ministerio pretende ir derribándolas, pero "a largo plazo". Los autores del plan han detectado en Mazarrón mojones "en dudosa ubicación", presumiblemente movidos por los promotores para dar apariencia de legalidad a sus urbanizaciones. El movimiento de mojones era una especie de leyenda urbana en la costa, pero pocas veces había aparecido en un texto oficial. El de la rambla del Alamillo, en Mazarrón, "está en lugar inadecuado".

En gran parte del litoral murciano se extiende la recomendación de comprar los primeros 500 metros de costa, como hizo con las antiguas baterías de Defensa en Cabo Tiñoso, que quedan como uno de los grandes tramos vírgenes del Mediterráneo.






* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 31/10/2007
Foto: La Manga del Mar Menor 1963/2005 - PAISAJES ESPAÑOLES (El País)




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La CCDT exige al Gobierno recortes masivos en la planificación urbanística

Hoy el gobierno ha anunciado un plan de actuación y un pacto de estado para frenar el urbanismo salvaje, que consistirá en la demolición de edificios, la finalización de los deslindes de costas y la compra de terrenos, con un presupuesto de 5.000 millones de euros. Desde la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio* (CCDT) denunciamos que por un lado el plan resulta poco creible un función de actuaciones recientes del ministerio y por otro que sería netamente insuficiente para frenar significativamente el urbanismo salvaje, ya que no se atacan las causas principales ni se aportan las soluciones necesarias.

Por un lado hay que destacar que solo teniendo en cuenta las promociones ya comprometidas en la actualidad se triplicará el número de viviendas en la costa, con un numero de viviendas previstas de cerca de 20 millones, según se ha publicado recientemente en diferentes medios.
Si a esto añadimos los desarrollos pendientes de tramitación en la actualidad, podría superarse la inaudita cifra de 40 millones de viviendas nuevas, que triplicarían todas las existentes en España en la actualidad.

Frente a semejantes cifras las actuaciones propuestas por el gobierno hoy son insignificantes y van a afectar poco al contingente grueso de promociones en curso o pendientes de tramitación.

Por ello lo primero que ha de exigirse al gobierno es un pacto de estado con autonomías y ayuntamiento que pase en primer lugar por moratorias y recortes drásticos en la recalificación de suelo y en todas las fases de planificación, y por la elaboración inmediata de instrumentos rigurosos de ordenación territorial, que deben destinarse al crecimiento "hacia adentro" y a dotar los núcleos existentes de infraestructuras más adecuadas y sostenibles (saneamiento, evitar el transporte motorizado individual, moderar el consumo de agua, etc).

Tampoco resulta creible la toma de iniciativa drástica en materia de urbanismo sin plantearse una alternativa económica y laboral para España, especialmente teniendo en cuenta que el ejecutivo no deja de hablar de la construcción como fuente de riqueza.

Por otro lado son necesarias reformas legales y del sistema judicial y administrativo que impidan la especulación y agilicen los procesos de denuncia y sanción.


El caso del Algarrobico

La actuación del ministerio resulta poco creible a la luz de recientes intervenciones, como en el caso del hotel del Algarrobico, paralizado en los tribunales por un recurso interpuesto por la asociación Salvemos Mojácar, y del que ahora el ministerio pretende expropiar solo la mitad del edificio, la que está en la servidumbre de protección marítimo terrestre que marca el deslinde de costas, mientras que pretende dejar indemne la otra mitad, igualmente ilegal, que se ubica en zona protegida del Parque Natural Cabo de Gata Níjar y en habitat Prioritario.

Si este es el "buque insignia" y el ejemplo de las actuaciones ministeriales, desde esta organización consideramos que se trata de farsas y de mascaradas electoralistas intolerables.

Si el ejecutivo quiere marcar diferencias con la retórica execrable del desarrollismo y la ignorancia medioambiental del PP, deben hacerlo con acciones y no solo con discursos y pasos e falso.

Desde la ciudadanía exigimos al gobierno una toma de responsabilidad definitiva en esta problema, el más grave del país por sus múltiples ramificaciones, entre las que se encuentran las problemáticas medioambientales del cambio climático y las sociales de la vivienda.

El territorio es un recurso limitado y el daño que se está causando, mientras el gobierno lanza sus insuficientes planes, es irreversible.



* Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio




* Portalmería - 30/10/07




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Blindados ante el alquiler

ELPAÍS* : Vivir de alquiler es una opción minoritaria en España, sólo un 11,25% de los hogares españoles optaba por hacerlo en 2006, según datos del Ministerio de Vivienda. La cultura de la propiedad y una reducida oferta dificultan el despegue de una opción que el Gobierno se ha marcado como objetivo. El Plan de Apoyo a la Emancipación e Impulso del Alquiler pone el acento con ayudas destinadas a uno y a otro lado: la demanda, 210 euros mensuales a partir del próximo 1 de enero; y a la oferta, la agilización de los procesos de desahucio o la ampliación de ayudas para propietarios.

En la cara de la oferta, el objetivo es que se saquen más pisos al mercado de alquiler con "todas las garantías". Un muro, las garantías, con el que chocan muchos de los que quieren sumarse a esta opción. Dos piezas de un mercado que cuesta encajar.

Es el caso de Aitor R. que lleva dos meses buscando un piso de alquiler en Madrid junto a una amiga. Cerca de la treintena, licenciados y mileuristas, la única opción viable para independizarse es, por ahora, compartir vivienda. Pero, la tarea no es fácil. Además de los elevados precios y una oferta no demasiado amplia, chocan con el exceso de celo de muchos propietarios que, desprotegidos ante los largos trámites en caso de impago, exigen fianzas de varios meses, avales bancarios o el pago de meses por adelantado.

"Muchas veces las condiciones suponen un desembolso cercano a los 6.000 euros, todos mis ahorros, explica Aitor. Hay casos en los que nos han pedido, además de nómina y contrato indefinido, tres meses de renta por adelantado, avales bancarios por el importe de un año o fianzas de varios meses. Eso en alquileres que rondan los 900 euros", explica.

Al otro lado de estas peticiones, propietarios que, en muchos casos, han vivido ya malas experiencias con el arrendamiento, y quieren alquilar su casa pero arriesgando lo mínimo. "Te sientes desprotegido. Pueden destrozarte la casa, dejar de pagar. Necesitas muchos meses para recuperar el piso. Con esas garantías te aseguras perder menos dinero", explica Javier M., dueño de un piso en alquiler en Madrid. "Los propietarios, expone Carlos Mateu, abogado de Promein, necesitan de modo urgente que les abonen las rentas impagadas y que el inquilino moroso, profesional o no, desaloje su vivienda. El proceso actual de desahucio es excesivamente largo".

Ante esto, argumenta Fernando Encinar, de Idealista, "se ha generalizado pedir varios meses de fianza y aval bancario". A juicio de Encinar, en su portal hay cerca de 2.700 anuncios en alquiler frente a más de 21.000 en venta en la ciudad de Madrid, estas medidas dificultan el acceso de algunos colectivos y "estrangulan el mercado".

Un mes de fianza por ley

Con la Ley de Arrendamientos Urbanos en la mano, lo único obligatorio es un mes de fianza en metálico en el caso de viviendas y de dos si el uso es distinto. Isabel Cámara, abogada de Ausbanc, considera que este punto es preceptivo y no se puede alterar. Desde la asociación se recomienda evitar avales o fianzas excesivas. Asimismo Cámara recuerda la obligatoriedad de que ese mes de fianza se deposite en el organismo designado en cada comunidad. En caso de no hacerlo hay sanciones estipuladas.

Pero, ya sin carácter obligatorio, la norma deja la puerta abierta a más blindajes. "Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía [] adicional a la fianza en metálico", añade la normativa. Al otro lado, el inquilino es libre de decidir si las acepta. "Sabemos que si no lo hacemos nosotros, lo aceptará otro y perderemos el piso, pero nos parecen abusos en toda regla", se resigna Aitor.

Entre depósitos y avales

¿Qué diferencias hay en cada una de las restantes garantías que se suelen exigir? Los meses de renta por adelantado o los depósitos por determinadas mensualidades 'sólo' suponen un desembolso extra de dinero que se da al arrendador.

Para el aval se necesita la intermediación de una entidad bancaria. Normalmente lo que hace la entidad es, una vez que ha comprobado que se tiene el dinero requerido, inmovilizarlo y emitir el aval. Los gastos, aunque varían entre entidades, incluyen una comisión por formalización (ronda el 0,5%) y otra trimestral por riesgo de entre el 1 y el 1,5%.

A juicio de Carlos Mateu, de Promein, esta herramienta es una de las mejores garantías que existen para protegerse ante el impago de la renta (pese a no cubrir ni los destrozos ni los costes de un juicio), aunque reconoce que presenta inconvenientes para el inquilino. "El dinero se queda retenido y no puede disponer de él", explica, además del coste que conlleva. El propietario puede ejecutar el aval "a primer requerimiento" en caso de impago y el banco está obligado a abonarle las cantidades avaladas tras demostrar con pruebas documentales ese incumplimiento.

Al amparo del Estado

Ante esta situación, el Gobierno ofrece opciones, que ahora va a reforzar con el Plan de Apoyo a la Emancipación e Impulso del Alquiler, para dar "tranquilidad" al propietario. Una, existente desde abril de 2005, es recurrir a la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), dependiente del Ministerio de Vivienda. Si el propietario inscribe su vivienda en el programa, la SPA le garantiza que va a recibir la renta, independientemente de que el inquilino las abone, hasta la resolución del contrato. Además, garantiza la devolución de la vivienda en las mismas condiciones en las que se entrego.

En esta línea, el nuevo plan incluye un epígrafe denominado 'Alquiler Seguro' que, según técnicos del ministerio de Chacón, viene a reforzar este punto de las garantías y se suma a la creación de nuevos juzgados y al desarrollo de 'juicios rápidos' para desahucios. Unas medidas, que en opinión de Mateu, van a ayudar a "que disminuya el temor del propietario en convertirse en arrendador".

En todo caso, en el sector inmobiliario, el anuncio de estas medidas se recibe con expectación. Desde una de las principales agencias del país creen que será el mercado y no estos impulsos gubernamentales los que dicten el futuro del alquiler. Las subidas de tipos y las crecientes dificultades para vender, explican fuentes del sector, "pueden hacer que la gente saque casas y se opte más por alquilar, no serán las medidas del Gobierno, será el mercado".

Recurrir al arbitraje

Otra de las opciones a la que recurren cada vez más arrendadores para intentar protegerse ante el inquilino es el arbitraje. Algunas entidades, como la Corte de Arbitraje, ofrecen lo que denominan 'Garantía de Alquiler', un documento que se adquiere, el coste es de 42 euros, y se adjunta al contrato. Lo que garantiza es que, en el caso de que haya algún incumplimiento por cualquiera de las dos partes, se puede recurrir al arbitraje para solucionar el conflicto (impagos de renta, problemas con los suministros, daños en la vivienda). Las partes remiten a la entidad las pruebas documentales que se requieran y el árbitro resuelve un laudo o sentencia arbitral en unos 45 días. "Si no se cumple con esta primera notificación, pasa a justicia ordinaria, donde el juez debe darle cumplimiento lo más rápido posible", explica Mario Navarro Rubio, máximo responsable de la Corte de Arbitraje que añade que la primera notificación tiene un carácter fuertemente disuasorio. "Muchos inquilinos que no abonan las mensualidades abandonan la casa en ese momento". El arbitraje no garantiza el pago de la renta, pero sí logra que el propietario recupere su casa en menos tiempo -unos tres meses- y con menos costes -alrededor de 150 euros-, explica Navarro. Desde que iniciaron estos servicios, en 2004, han vendido 240.000 garantías.







* ELPAIS.com - N. CANO - Madrid - 30/10/2007
Foto: Cartel de piso en alquiler- Alejandro Ruesga (El País)




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«Los Ayuntamientos se lucran de las irregularidades urbanísticas que están consintiendo»

ABC/Valencia* : Integrante de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia desde que se creó, Joaquín Baños asume ahora su coordinación. Responsabiliza a los ayuntamientos de muchos de los excesos urbanísticos y apuesta por mermarles las competencias. Entrevista...

-Cuando el hoy fiscal de Sala del Tribunal Supremo Antonio Vercher formaba parte de la plantilla de la Fiscalía de Valencia y se especializó en Medio Ambiente, le llamaban, despectivamente, el fiscal de los pajaritos. ¿Qué ha cambiado en esta casa desde entonces?
-Hay que partir de un dato puramente legislativo y objetivo: hasta 1983 no existía en el Código Penal ningún precepto que regulara el delito ecológico. Nos puede parecer lejano pero desde el punto de vista legislativo eso es antesdeayer. Había que perseguir los atentados al medio ambiente como daños, pero se castigaban con penas ridículas. Cuando Antonio Vercher empieza a llevar estos temas era novedoso, no existía ninguna otra Fiscalía que tuviera a nadie especializado en materia medioambiental y no había respuesta jurisprudencial porque no había dado tiempo a que lo hubiera.
-Cómo coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, ¿qué le pesa más, el primer apellido o el segundo?
-El urbanismo se castiga penalmente en la medida en que la desordenación atenta contra el medio ambiente. En la Comunidad Autonóma son más las diligencias que se incoan por delitos urbanísticos porque hay un importante problema de edificaciones ilegales que las que se incoan po medio ambiente entendido como vertidos y emisiones. Además, los delitos urbanísticos son más fáciles de perseguir porque el vestigio queda, está la edificación; pero un tema de vertidos es algo puntual y cuando aparece el vestigio, a veces el vertido ya ha cesado y hay que descubrir de dónde procede. Eso implica una dificultad mayor.
-¿Es más fácil detectarlos pero más difícil perseguirlos y sancionarlos?
-El problema es la falta de conciencia de que las agresiones urbanística son delito; y es un problema achacable no sólo al ciudadano sino también a las administraciones. ¿Por qué se introduce en el Código Penal el delito urbanístico? El problema de las urbanizaciones ilegales estaba resuelto con la Ley del Suelo; los ayuntamientos, que son los competentes en esta materia, ante la existencia de un chalé ilegal, deberían incoar un expediente sancionador y proceder a imponer una sanción por haber edificado sin licencia y si luego además resulta que no es posible legalizarlo, instar el procedimiento pertienente hasta llegar a la demolición de lo construido. Pero no lo hacen.
-¿A qué atribuye esa tolerancia administrativa?
-Es algo poco amable con los ciudadanos, es incómodo, impopular y cuanto más pequeño es el municipio y en zonas de interior bien conservadas es más patente. Ante un chalé ilegal e ilegalizable, los Ayuntamiento no hacían nada y encima les cobraban contribución urbana porque dicen que una cosa es la sección de Hacienda y otra la de Urbanismo y como hay un hecho mponible, había que tributar. Esto es tanto como que el narcotraficante que viene en el vuelo con un paquete de cocaína, primero pasa por la aduana, paga las tasas de importación por el paquete de cocaína y una vez abonadas, le está esperando la Guardia Civil para llevárselo detenido por traficar con droga. Los Ayuntamientos se lucran de las ilegalidades que están consintiendo. Uno lleva a juicio a este señor que ha levantado un chalé ilegal y nos enfrentamos por un lado, a unas normas urbanísticas complicadas, y por otro, al hecho de que en muchas ocasiones esos particulares son llevados a engaño por los propios ayuntamientos, que no actúan y les cobran contribución, les facilita la luz y a veces hasta les asfalta el camino. Entonces, cuando llega a juicio el individuo acusado de un delito de urbanismo nos encontramos con que el elemento objetivo del delito está claro, es decir la construcción el ilegal, el sujeto reconoce que nunca pidió licencia, la normativa, según los técnicos está clara, no se puede legalizar, pero sin embargo falta la conciencia de haber cometido un hecho ilícito. Él no sabía que eso no se podía hacer y no lo sabía porque no se ha informado pero también porque le ha llevado a engaño la propia inactividad de la administración.
-¿Que ocurre cuando no existe conciencia de un hecho ilícito?
-Pues se produce un problema porque los jueces son reacios a castigar aquello de lo que no hay conciencia de ilicitud. Si uno cree estar obrando lícitamente, hay un error que puede dar lugar a la impunidad.Los tribunales son reacios a condenar a personas que no son delincuentes; que son ciudadanos honrados y que construyen un chalecito en su propiedad con vulneración de las normas urbanísticas pero sin conciencia de que estaban vulnerando la ley y llevados a engaño por el propio ayuntamiento. El legislador en el 95 constató un hecho: la legislación no se cumple por quienes tienen que hacerla cumplir y decidió pasarle la patata caliente al Poder Judicial.
-¿Y eso no conduce a una excesiva penalización de asuntos que podrían resolverse en vía contencioso administrativo?
-Pese a que hay compañeros que opinan lo contrario, como el propio Vercher, yo creo que únicamente debían estar en el Código Penal los atentados más graves. Las construcciones en suelo no urbanizable común, que no tenga ninguna protección especial, yo no las hubiera sacado nunca del ámbito administrativo.
-¿Y muchos casos llegan a la vía penal por la mera instrumentalización política?
-En los delitos urbanísticos tendríamos que distinguir dos supuestos: la corrupción urbanística en base a las posibles connivencias de un Ayuntamiento con una constructora para obtener pingües beneficios y luego, los delitos urbanísticos cometidos por particulares. En la provincia de Valencia, los que más abundan son los segundos. Aunque se están investigando posibles casos de corrupción urbanística, esto no es Marbella ni Alicante. Aquí no hay un clima generalizado de corrupción de las administraciones en materia de urbanismo. Se siguen diligencias, entran denuncias, algunas no tienen ningún contenido penal... porque lo que sí detectamos es que se intenta utilizar a la Fiscalía con fines políticos y electoralistas. Y eso nosotros lo rechazamos. Llega época de elecciones y empiezan a llegarnos denuncias, que a lo mejor no están formuladas por el partido político pero sí por personas o asociaciones vinculadas a un partido y pretenden hacer daño al contrincante mediante una denuncia, que a lo mejor luego no tiene ninguna trascendencia pero el daño ya está hecho.
-¿Hay que meter mucha excavadora?
- El Código Penal prevé el derribo de la edificación, pero no lo establece como preceptivo, sino como algo potestativo del Tribunal. Y a veces, cuando hay condena, el Tribunal no ordena el derribo y le pasa la patata a la administración. Hay veces que llevas al juzgado una edificación ilegal que está incluida en una urbanización también ilegal pero en la que al resto de chalés no se les puede perseguir porque han pasado tres años y el delito está prescrito. El último chalé es tan ilegal como los demás pero como para ellos ha prescrito, por la vía penal no se les puede tocar y derribar el último es un poco exagerado e injusto. Si aparece un único chalé en una zona de alta protección, es lógico, razonable y necesario ordenar el derribo.
-¿Quién le da más quebraderos de cabeza, las administraciones o los particulares?
-Los delitos, la acción, la cometen los particulares pero la responsabilidad es de las administraciones por tolerarlo. Hay casos de 2.000 chalés ilegales, en una zona sin alcantarillado, con pozos ciegos...Los residuos orgánicos de un chalé pueden no contaminar un acuíferos pero los de 2.000 sí; no hay planes de prevención de incendios forestales y luego llegan los problemas de evacuaciones. ¿Quién es el responsable de que en una zona no urbanizable florezca una urbanización de muchos chalés? La administración. La solución pasa por limitar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos. Quizá no habría que generalitat, porque no es lo mismo los grandes ayuntamientos, que tienen sus servicios técnicos y sus funcionarios de carrera, que los ayuntamientos pequeños, donde ellos se lo comen y se lo guisan,con un término extensísimo, mucho para proteger y mucho para ganar. Sin embargo la ley no distingue.
-¿Pero el urbanismo es su principal fuente de financiación?
-Ese es el problema. Pero si los Ayuntamientos se financian con el urbanismo, apaga y vámonos.
-En vísperas de elecciones, ¿Le preocupa que sus decisiones se interpreten sólo desde una óptica política?
-Nuestras decisiones están sometidas al imperio de la ley y a lo que luego resuelvan los tribunales, que son los que deciden si condenan o no. No nos vamos a someter ni a la presión mediática ni a la política; actuaremos con indiferencia absoluta respecto al momento en que estemos actuando. Me da igual que sean elecciones o no, porque la mejor forma de que no se nos utilice es demostrar que es inútil intentarlo; no acomodarnos al tempo electoral sino al nuestro, dependiente de la carga de trabajo y de la urgencia del tema.
-¿Hay que aplicar el Código Penal con más dureza o modificarlo?
-El Código que tenemos es suficiente; en temas de prevaricación ambiental o urbanística podría haber algún retoque pero la protección del Medio Ambiente no se soluciona con la aplicación del Código Penal, porque actúa como reacción, cuando el delito se ha cometido. En ese sentido, no es preventivo. ¿Quién puede prevenir?. Las Administraciones.





* ABC Valencia - ISABEL RGUEZ. DE LA TORRE - 29 de octubre de 2007





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Muñoz y Roca declaran ante el juez por un nuevo delito urbanístico

EFE/Marbella* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el que fuera asesor urbanístico del Consistorio Juan Antonio Roca han sido trasladados hoy a los juzgados de la ciudad para que declaren por una causa urbanística. Muñoz llegó a las dependencias judiciales procedente de la prisión provincial de Jaén, donde se encuentra en cumplimiento de dos condenas de un año de prisión por otros delitos urbanísticos. Veinte minutos antes fue trasladado hasta los juzgados marbellíes Juan Antonio Roca, quien está ingresado en la cárcel de Albolote (Granada) en prisión preventiva por el 'caso Malaya' contra la corrupción en Marbella.

Está previsto que ambos comparezcan ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 del municipio malagueño, Carmen Rodríguez Medel, por una causa en la que se les imputa los delitos prevaricación y contra la ordenación del territorio, han señalado fuentes judiciales. De estos mismos delitos están acusados el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y el consejero delegado de Divertilandia Marbella SL, Antonio García Barrios, que también han sido citados a declarar hoy ante la juez.

Este procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada en diciembre de 2006 por la comisión gestora que estuvo al frente del Ayuntamiento marbellí tras la disolución de la Corporación, órgano que tuvo conocimiento de los supuestos hechos a través de la compañía Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA.
Según la denuncia, en mayo de 1995 el Ayuntamiento firmó un convenio con Repsol en virtud del cual la compañía autorizaba al Consistorio a tramitar la reparcelación de unos terrenos propiedad de la compañía en el entorno de Puerto Banús y en el que se establecía la apertura de una nueva parcela apta para desarrollar la actividad de estación de servicio.
La denuncia presentada por el órgano rector señala que, a pesar de que la propietaria de la parcela se vio obligada a ceder ésta al Consistorio para convertirse en un bien de dominio público, el Ayuntamiento transmitió la propiedad en marzo de 1998 a la sociedad Marbella Divertilandia SL. Posteriormente, en la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 por parte del Ejecutivo local -plan que posteriormente fue anulado por la Junta de Andalucía- la calificación de la citada parcela pasó a uso comercial.

Además de esta causa, Roca está citado para declarar como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, Óscar Pérez, sobre las investigaciones que aún continúan abiertas en relación al 'caso Malaya'. En este procedimiento además se encuentran imputadas al menos doce personas, de las que no ha trascendido su identidad ni los cargos que se les atribuyen y sobre las que el juez deberá decidir si son procesadas en la causa principal o encausadas en una pieza separada.






* SUR - 30.10.07
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba



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Lanzarote: La Justicia frena la construcción de 38 villas en Playa Blanca

LAVOZDELANZAROTE* : Los Tribunales de Justicia han dado la razón al Cabildo de Lanzarote al suspender la construcción de 38 villas unifamiliares en el plan parcial Playa Blanca. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas dictó el pasado 19 de octubre un auto por el que se instan medidas cautelares, que fue notificado a la primera Corporación el 25 del mismo mes.

La decisión de la Sala paraliza la construcción de un complejo de 38 chaléts en la parcela R-21 del plan parcial Playa Blanca, cuya licencia fue concedida el 7 de septiembre de 2005 por el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, a la empresa Luna de Oro, S.L.

Se trata de la primera suspensión cautelar que se ha resuelto en el plan parcial Playa Blanca. El Cabildo inició procedimientos contra las 14 licencias concedidas en esta zona en 2006, que autorizan unas 400 viviendas. Ha sido este año, tras la entrada de la nueva Corporación, cuando se han solicitado medidas cautelares en tanto se resuelven todos los pleitos.

Además de los recursos a las licencias de construcción, el departamento legal de la primera Corporación ha recurrido el propio plan parcial, al entender que está extinguido por inejecución desde 2001, tras la aprobación de la Ley 6/2001 de Medidas Urgentes, previa a la Ley de Directrices.

Las medidas cautelares impedirán la construcción de 150 plazas residenciales en el sur, en tanto los Tribunales se manifiestan en relación con la legalidad o no de sus licencias.





* La Voz de Lanzarote - 30 de octubre de 2007
Foto: Yaiza (Lanzarote), Playa Blanca - lavozdelanzarote.com



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La Coordinadora en Defensa del Territorio denuncia que la corrupción urbanística es la primera causa del cambio climático

EUROPAPRESS* : La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT) denunció este viernes que la corrupción urbanística es la principal causa del cambio climático y su "problema más grave" tanto por "la destrucción" que supone como por "el engaño y abuso sistemático de los ciudadanos" que implica. La organización ha difundido un manifiesto que afirma que "España es Marbella" porque la localidad malagueña "no es la excepción, sino el paradigma" de "la precariedad democrática" que se deriva de la especulación urbanística.

"La causa de esta situación única en el mundo es que la ley favorece la especulación y desampara al ciudadano" mediante "plusvalías a los propietarios, convenios urbanísticos y la aplicación de la ley de suelo de 1998", reza el manifiesto.

Según la coordinadora, "es imprescindible para frenar la corrupción eliminar todas las figuras legales que favorecen la especulación" mediante "una ley rápida contra los abusos urbanísticos y medioambientales" y la imposición de "sentencias ejemplares".

La organización reclama además, una "moratoria general en la recalificación (hasta que se ocupen los 3 millones de viviendas vacías que hay), crecimiento cero o limitación del crecimiento al 10% del suelo urbano y retirada de competencias urbanísticas a los ayuntamientos y autonomías que promuevan el urbanismo salvaje".






* Europa Press - MADRID, 26 Oct.
Foto: Urbanismo salvaje - Ecologistas en Acción




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