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ELPAÍS/Cádiz* : "Desde el punto de visto jurídico es un fraude de ley que se permita construir ilegalmente con la posibilidad posterior de legalizar". El coordinador de fiscales de Medio Ambiente de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, censuró ayer los intentos de varios ayuntamientos andaluces, fundamentalmente en la provincia de Cádiz, de regularizar las casas que se han levantado en los últimos años sin orden ni licencia. "Si eso se permite de manera general, las normas no sirven para nada". El último caso es el del Ayuntamiento de Barbate, gobernado por el PSOE, que pretende legalizar casi 1.000 viviendas ilegales.
La Junta de Andalucía, en cambio, defiende la legalidad de estas actuaciones siempre que estén amparadas en revisiones de planes generales o sigan las directrices de planes supramunicipales, como ocurre en Barbate o en la bahía gaditana.
Chiclana es la localidad donde más avanzados están sus planes de legalizar casas. Su intención es poder normalizar la situación de 15.000 viviendas que se han construido en los últimos años en zonas donde no podía hacerse y, además, sin permiso ninguno. Unos planes que también existen en otros municipios cercanos como Puerto Real y El Puerto de Santa María, también en la bahía de Cádiz, o en Barbate, donde su ayuntamiento ha programado regularizar mil edificaciones. Para ello se cambiará el uso de suelo rústico a urbano no consolidado.
Estas intenciones no gustan al Ministerio Público. El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, en su última memoria anual había alertado de la permisividad municipal. A su juicio, "regularizar casas ilegales acaba con la esencia del urbanismo" y contribuye al efecto llamada. También advertía de que los propietarios de estas construcciones acaban convirtiéndose en grupos de presión a los ayuntamientos para exigir servicios e infraestructuras.
En esta línea, Rodríguez León también cuestiona las intenciones municipales. "El hecho de que modifiquen el destino de un suelo para intentar legalizar construcciones ilegales desde un punto de vista político podrá estar amparado, pero desde el punto de vista legal no quiere decir que deje de ser constitutivo de delito. Lo que no pueden modificar es el Código Penal", sostiene. Por eso añade que estos planes son "un fraude de ley". El fiscal se muestra preocupado de la generalización de esta práctica. "Me parecería fuera de lugar que la solución sea permitir construcciones ilegales y después legalizarlas".
Rodríguez León también explica que contra estos planes se pueda actuar "en la vía de lo contencioso y en la vía penal", aunque aclara que la Fiscalía de Medio Ambiente no intervendrá de oficio. Confía en que todos los trámites que se realicen cumplan con la legislación, de ahí que dé importancia al papel de las comisiones provinciales de Urbanismo. "Las soluciones pueden ser puntuales pero la regla general no puede ser 'construye donde quieras que después se legaliza' porque entonces las normas no sirven para nada".
El delegado de Obras Públicas en Cádiz, Pablo Lorenzo, defendió la legalidad de la regularización de viviendas. Recordó que el Plan de Ordenación del Territorio de la bahía de Cádiz incluye que hay que dotar de servicios a aquellas zonas donde proliferen viviendas ilegales. A ello se han acogido municipios como Chiclana, El Puerto de Santa María o Puerto Real. "Esos asentamientos son una realidad y hay que darles una solución que ese plan de ordenación ya contempló.
También defiende la regularización que se va a iniciar en Barbate, aunque no esté dentro del documento de la bahía gaditana. "Aquí el proceso elegido es la revisión de su plan general. Se pueden incorporar esos asentamientos al suelo urbano respetando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Plan del Ordenación del territorio de Andalucía".
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 13/10/2007
Foto: Vecinos de Zahora, durante una protesta - elpais.com
La Fiscalía censura el plan de Barbate para regularizar 1.000 viviendas ilegales
Córdoba: Miles de parcelistas siguen inmersos en su legalización un lustro después del PGOU
ABC* : Justo cinco años después de iniciarse el macroproceso para la legalización de 8,7 millones de metros cuadrados, contemplado en el PGOU, miles de parcelistas -algo más de 6.000 viviendas entre construidas y las que se harán- siguen inmersos en él y ningún enclave se ha regularizado aún. Eso sí, las parcelaciones que llevan más avanzado el papeleo ya ven la luz al final del túnel. Núcleos como La Gorgoja, El Marroquil, Barquera Norte y Paso de la Barquera (Barquera Sur) esperan tener en unos tres años culminada su legalización.
La situación es ésta: de los 8 planes de sectorización -cambian la clasificación del suelo a urbanizable-, tienen aprobación definitiva de la Junta el PO-1 (Huerta de San Luis-Casillas y Cortijo Alcaide); el PO-2 (Carretera de Encinarejo, km. 4 y 5 y Arroyo Ochavillo); el PO-4 (Gorgoja-Marroquil y Barquera Norte); el PO-5 (Cortijo Rubio y Barquera Sur); y el LE-1 (Campiñuela Norte, Montón de la Tierra y Porrillas).
Están aprobados, pero pendientes de subsanaciones, el LE-2 (Quemadas Sur y Ribera Baja) y el PO-6 (Alamillo). Cierra el grupo el PO-3 (Carretera de Encinarejo, km. 5, El Castillo, Fontanar de Quintos y Girasoles) que aún no tiene el visto bueno de la Junta.
Con la mayoría de planes de sectorización ya con luz verde, las parcelaciones siguen trabajando en sus planes parciales -el PO-2 llevó el martes al consejo de Urbanismo la aprobación definitiva de uno de sus dos planes-. Son 18 en total y son las piezas en las que se divide cada plan de sectorización. Definen dónde van las casas -muchas ya existen-, viales, equipamientos y zonas verdes.
Por lo tanto, las parcelaciones están ante un paso importante, ya que, cuando tengan sus planes parciales aprobados, pueden constituir la junta de compensación: el órgano que aglutina a los propietarios. Dichas juntas tienen dos tareas básicas: impulsar el proyecto de urbanización, que fija los costes de las obras (ya hechas en parte), y el de reparcelación, por el que cada dueño recibe sus escrituras como solar urbano. Además, sin el proyecto de reparcelación no se puede empezar la obra de urbanización ni un parcelista puede pedir licencia para hacer su casa, que es el fin del proceso.
Según Ecourbe, empresa surgida en este proceso de regularización -Urbanismo le adjudicó la redacción de la mayoría de planes de sectorización de Poniente: 1, 3, 4 y 5-, ahora los planes más avanzados son los del PO-4 y PO-5. Manuel Mellado, responsable del área de Asesoría Jurídica en Ecourbe, asegura que ya se tramita la aprobación definitiva de los cuatro planes parciales de los citados PO-4 y PO-5 y que ésta llegará de forma inminente.
Un millón de metros más
Paralelamente se trabaja para la constitución definitiva de las juntas de estos dos planes de sectorización que para cuatro de sus zonas (Gorgoja, El Marroquil, Barquera Norte y Paso de la Barquera) se prevé que sea «a finales de este año o en los primeros meses de 2008». Mellado añade que su planteamiento es que, a partir de la creación de dichas juntas, en tres años esté todo el proceso de legalización acabado, incluidas las obras de urbanización.
Esto es para las que van más rápido, pero el macroproceso es un pelotón estirado donde el último puesto es para el PO-3 -el que tiene más viviendas-. Su lentitud se debe a que abarca el espacio del aeropuerto y hay que precisar sus zonas de servidumbre y afecciones. Ello implica informes vinculantes de Fomento, con una tramitación compleja, que también tiene la ampliación de la pista del aeródromo en ciernes.
Además, en una carrera aparte, va la innovación del PGOU que el Consistorio tuvo que iniciar a principios de año para legalizar 9 parcelaciones más, cuya regularización no contemplaba el Plan General. Suman un millón de metros cuadrados y un máximo de 1.000 viviendas. El Consistorio se empecinó en meter estos enclaves en los planes de sectorización y la Junta los tumbó, disconforme con la vía usada.
* ABC - B. LÓPEZ - 13 de octubre de 2007
Foto: Cordoba, parcelas ilegales - abc.es
El TSJ anula el plan parcial 'Pino Albar'de Simancas
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TERRA/Valladolid* : La Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León ha estimado el recurso presentado por varios vecinos de 'Pino Albar' que pedía la anulación del plan parcial que tramitó el Ayuntamiento de Simancas (Valladolid) hace cuatro años por, entre otros aspectos, no haber tenido la suficiente información pública ni haber sido sometido a evaluación de impacto ambiental.
En primer lugar se señala en la sentencia que la delimitación de dicho sector que se hace en el Plan Parcial aprobado inicialmente por decreto de la Alcaldía de Simancas el 9 de febrero de 2001, no fue sometido al trámite de información pública que exige el artículo 52 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Este trámite se considera esencial y, por lo tanto, al no cumplirse se determina la nulidad del citado plan urbanístico.
Según dicho artículo 52, le corresponde al Ayuntamiento acordar la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico, y abrir inmediatamente un periodo de información pública. Este acto se lleva a cabo a través de la publicación de anuncios en los boletines oficiales de Castilla y León y de la Provincia, y en al menos uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, con una duración mínima de un mes y máxima de tres meses. Y este requisito no se ha realizado. Además, tampoco consta que el plan parcial haya sido sometido al trámite de evaluación de impacto ambiental, que es exigible en los planes parciales.
La delimitación, tampoco
La delimitación del sector tampoco cumple con los requisitos de racionalidad y calidad de ordenación urbanística que se establecen en el artículo 35.3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Se ha considerado que el plan parcial litigioso se ha delimitado de forma completamente irregular, puesto que no existe un reparto justo de las cargas y beneficios existentes en la denominada zona 'Pago de la Bomba'. La falta de racionalidad radica en el beneficio evidente que van a tener otros propietarios 'colindantes y limítrofes' de suelo urbano no consolidado.
También especifica la sentencia que se ha producido una inadecuada ordenación en el plan parcial en cuanto a los viales previstos, pues existe un estrechamiento inadecuado en el V-10, que genera un posible peligro para la circulación de peatones y vehículos. En este vial no se contemplan aceras 'lo que parece insostenible, pues los peatones no pueden pasar con seguridad en ese tramo de la calle'.
Por todas estas razones el Tribunas Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado en Plan Parcial 'Pino Albar'. El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Simancas, del Partido Popular, no gobernaba aún en el momento que se aprobó dicho plan parcial. 'Este es un contencioso que viene de muy atrás, de hace muchos años', declaraba Miguel Rodríguez, alcalde de Simancas, tras conocer el fallo.
* Terra Actualidad - VMT - 12/10/07
Foto: Simancas (Valladolid), ayuntamiento - viajeros.com
Denuncian que el Gobierno expropiará sólo la mitad del Algarrobico
EFE/Almería* : La asociación ecologista Salvemos Mojácar denunció ayer que Ministerio de Medio Ambiente sólo tiene intención de expropiar la mitad del hotel del Algarrobico, en Carboneras (Almería), y temen que se esté intentando legalizar la otra mitad. Según un comunicado remitido por Salvemos Mojácar, la estructura del hotel está dividida en dos por un gran escalón, situado justo por donde pasa la línea de protección de costas, por lo que de expropiarse sólo una mitad la otra podría quedar en pie.
Los ecologistas creen que es "vergonzoso" que se hable de compensaciones a la promotora del hotel, Azata del Sol, y que se pueda pagar 30 ó 40 millones de euros del erario público por una "ilegalidad" que en su opinión debe ser demolida "de inmediato" sin compensación económica alguna.
Salvemos Mojácar denuncia lo que considera una "farsa" del Ministerio y la Junta de Andalucía, que según ellos hacen anuncios de demolición cuando, en su opinión, sus actuaciones apuntan a que trabajan para legalizar el hotel.
Por ello, le piden a la ministra de Medio Ambiente, CristinaNarbona, "un poco más de credibilidad en sus acciones" y que expropie la totalidad del edificio.
La asociación denuncia también el silencio de la administración en relación con los miles de viviendas que podrían construirse en los terrenos que rodean el hotel y en los de Torre del Rayo y Loma de la Cañada.
El hotel ocupa parte de la franja marítimo-terrestre de dominio público que no fue deslindada previamente por el Gobierno central por lo que la empresa propietaria el inmueble debe ahora de ser indemnizada
El Ministerio de Medio Ambiente calcula que la expropiación de la zona de servidumbre ocupada por el hotel de El Algarrobico costará entre treinta y cuarenta millones de euros.
* ELPAIS.com - EFE - Almería - 13/10/2007
Foto: El Algarrobico (Almería), ilegal - EFE
Aguirre autoriza un campo de golf en suelo agrícola en Alcalá
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ELPAÍS/Madrid* : Alcalá tendrá campo de golf. El consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó, el 27 de septiembre, un plan especial que da luz verde definitiva a la construcción de un campo de golf. Tendrá dos recorridos de 18 hoyos cada uno y estará situado en la finca El Encín, propiedad del Gobierno regional, en Alcalá de Henares. El plan nace a principios de 2005, cuando el entonces consejero de Economía, Fernando Merry del Val, anunció que su departamento promovería un gran centro de ocio, deportivo y urbanístico. El consejero pretendía edificar hoteles y salas de congresos en la zona en el suelo público.
El complejo deportivo estará situado en la finca El Encín, de 158 hectáreas. La zona donde se construirá el campo está clasificada por el Plan General Urbanístico (PGU) de Alcalá como "no urbanizable y de especial protección agropecuaria". Y, según un estudio de viabilidad elaborado por la empresa Ingenieros Consultores de Medio Ambiente, "en estas parcelas no se admite el uso deportivo". Por eso, el Ayuntamiento de Alcalá, gobernado por Bartolomé González (PP), ha promovido de la mano de la Comunidad una modificación al plan urbanístico de la localidad para cambiar el uso a este suelo.
El Ejecutivo regional elaboró a finales de julio, justo después de que Aguirre renovase la presidencia regional, la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno. Esta norma incluye un artículo que permite a los Ayuntamientos "autorizar instalaciones de carácter deportivo en los suelos rurales destinados a usos agrícolas". La norma permite desatascar el proyecto regional, que necesitaba un cambio de uso de los terrenos. Una vez que la ley entró en vigor, el 21 de julio, la Comunidad ha tardado sólo dos meses en aprobar la modificación del uso de la finca El Encín.
La Comunidad pretende construir en la zona, además de los dos campos de golf, dos pistas de prácticas, ocho lagos artificiales, un edificio que sirva como sede del club y otras instalaciones deportivas. Además, se prevé la construcción de una nueva carretera que conecte con la A-2. Un informe de la empresa pública Alcalá Natura 21 establece que el proyecto deberá contar con un informe de impacto ambiental.
Un portavoz de Ecologistas en Acción asegura que el Ejecutivo regional incumple la Ley del Suelo porque los terrenos están protegidos. "Tienen una gran riqueza ambiental. Hay publicaciones de la propia Consejería de Medio Ambiente que así lo reflejan", dice María Ángeles Nieto, responsable de la asociación verde.
La parcela está situada en el antiguo centro de experimentación agrícola del Ministerio de Agricultura, una finca de 550 hectáreas donde se desarrollaban investigaciones agrarias. En 2005 fue troceada en cuatro zonas para poder adaptarla a los planes del Ejecutivo regional. Dos terceras partes de los terrenos fueron declaradas urbanizables. El otro tercio forma parte de la finca en la que ahora se construirá el campo de golf. Ecologistas en Acción ha anunciado que acudirá a los tribunales para frenar este plan y ha denunciado el proyecto ante la Comisión Europea.
* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 13/10/2007
Foto: Terrenos de la finca de El Encín- LUIS MAGÁN (El País)
Destruyen una masía del área de Nou Mil·lenni en Catarroja que el Consell iba a declarar BIC
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LEVANTE-EMV/Valencia* : La masía de l'Hort dels Mestres, que data del siglo XVIII y era una de las más valiosas del patrimonio rural de Catarroja, amaneció ayer casi totalmente destruida. Según denunciaron vecinos y propietarios de otras masías cercanas -todas ellas en el entorno del proyecto Nou Mil.lenni-, los escombros se amontonaban junto a las ruinas de la casona «perfectamente separados por materiales» y en el suelo todavía permanecían «muchas marcas de maquinaria pesada», que ni la tormenta de la noche anterior había borrado.
Esta masía, junto con el resto de construcciones similares de la zona, iban a ser declaradas en breve Bien de Interés Cultural (BIC) por la Conselleria de Cultura, lo que significa otorgarles la más alta protección que permite la legislación valenciana.
Precisamente éste fue uno de los principales condicionantes que la Generalitat Valenciana puso al Ayuntamiento de Catarroja para aprobar la polémica macrourbanización Nou Mil.lenni, donde se van a levantar torres de edificios que albergarán 12.000 viviendas.
Por ello, algunos residentes del entorno consideraron «muy sospechosa» la demolición y otros anunciaron movilizaciones por «este brutal atentado contra el patrimonio» . De hecho, un grupo de vecinos se concentrará hoy ante las ruinas de la casa para «comenzar su reconstrucción» . Los promotores de la idea pidieron ayer «la colaboración de arqueólogos, arquitectos y gente que esté sensibilizada con el patrimonio y en contra de esta barbarie» .
El concejal socialista, Wilson Ferrús tildó el caso de «atentado contra el patrimonio» e indicó que hoy tramitará sendas denuncias en el ayuntamiento y la conselleria para exigir que se investigue la autoría de los hechos y si existían permisos, además de instar al alcalde a denunciar el asunto en la Guardia Civil. Ferrús lamentó que «el patrimonio de Catarroja lo destruyen siempre con nocturnidad y alevosía, en una semana de puentes y de tormentas» . El edil opinó que «posiblemente si ahora es casi un solar, piensan que pueden edificar» . Chirivella dice que «será por la lluvia» El alcalde de Catarroja, el popular Francisco Chirivella aseguró ayer no tener «ni idea» de la destrucción de la masía y restó importancia al hecho porque «estaba casi en ruinas y cualquier día se iba a caer» .En cuanto a las causas, Chirivella especuló sobre la tormenta y el mal tiempo. «No me extrañaría que haya sido cosa de las lluvias y el viento porque realmente estaba muy mal. Será cosa de las lluvias» , dijo. Con todo, el alcalde no consideró necesario enviar una patrulla de la policía local a inspeccionar los restos de la demolición porque «no existe ningún peligro para los ciudadanos ya que está en una zona muy alejada del casco urbano» . Además, «se trata de una propiedad privada».
* Levante-EMV - Laura Sena, Catarroja - 13 de octubre de 2007
Foto: abelard comes/ levante-emv
Barbate cambiará el uso de los suelos de Zahora para legalizar casi 1.000 viviendas
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ELPAÍS* : Barbate (Cádiz, 22.602 habitantes) ha comenzado a dar los primeros pasos para regularizar las alrededor de mil viviendas ilegales que existen en el municipio. La mayoría de ellas, unas 800, se encuentran en la pedanía de Zahora, donde el alcalde socialista, Rafael Quirós, ya ha anunciado a los vecinos su intención de cambiar el uso de los suelos donde se levantan estas casas. Pasará de carácter rústico a urbano no consolidado. Será el paso previo a crear una oficina de regularización de viviendas, similar a la que en un mes tiene previsto abrir el Ayuntamiento vecino de Chiclana.
Según el alcalde de Barbate regularizar la situación de las viviendas de Zahora es "una prioridad" junto con la resolución de muchos problemas que padece esta zona. Inconvenientes vinculados a la falta de infraestructuras y medios adecuados para un espacio donde han proliferado viviendas sin permiso en los últimos años: cortes de suministro eléctrico, caminos que se inundan con las lluvias, falta de una red general de abastecimiento de agua, ausencia de una depuradora. El Ayuntamiento cree que estas carencias pueden comenzar a resolverse en paralelo a la legalización de las casas.
El nuevo plan de ordenación urbana barbateño incluirá los suelos de Zahora como urbano no consolidado, lo que permitirá regularizar las viviendas y los negocios que no están en zonas de protección especial. La Asociación de Vecinos Costa de la Luz, que representa los intereses de la mayoría de propietarios, cree que este cambio de catalogación no conlleva grandes cambios estructurales de los viales, una de las principales preocupaciones ciudadanas por la posible afección de casas. Según los primeros estudios, cada parcela tendrá que tener un mínimo de 500 metros cuadrados y una edificabilidad en torno al 0,15%.
Después de este trámite, el alcalde se ha comprometido a crear una oficina donde los propietarios puedan legalizar sus viviendas. La idea es encargarle este proyecto al urbanista Manuel Ángel González Fustegueras, quien a través de su empresa Territorio y Ciudad, es responsable de un instrumento similar que abrirá sus puertas el próximo mes en Chiclana.
La regularización de Zahora incluirá terrenos donde existen casas con órdenes de demolición. Es el caso de tres chozas que la Audiencia Provincial en sentencias de este mismo año ha ordenado derribar, aunque sus dueños todavía no han acatado esta decisión judicial. Entre sus esperanzas para mantener en pie sus propiedades está la revisión de la nueva catalogación de los suelos. El juez les ordena derribar porque levantaron su casa sin licencia en suelo rústico pero, si el nuevo plan cambia el uso, creen que sus viviendas podrían quedarse como están.
El alcalde, Rafael Quirós, rehusó ayer pronunciarse sobre esta posibilidad. "Estando los jueces el Ayuntamiento, de momento, no tiene nada que decir. No debemos entrar. Son los propietarios los que deben derribar esas casas salvo que, subsidiariamente, un juez dicte que tenemos que intervenir nosotros". El caso de estas chozas fue pionero porque era la primera vez que la Audiencia Provincial de Cádizs atendía un recurso de la Fiscalía de Medio Ambiente y obligaba a acometer el derribo de una vivienda ilegal.
Antes de acometer la regularización de las viviendas, el alcalde se ha comprometido con los vecinos y hosteleros a acelerar algunos de los problemas más urgentes. El pasado verano Zahora sufrió continuos cortes del suministro eléctrico, debido a la deficiente red existente. El alcalde tratará de solicitar permisos a Endesa para conseguir enganches legales que eviten nuevas interrupciones, tal y como han hecho los ayuntamientos de Chiclana o Conil.
Los particulares también exigen mejoras en el tráfico que sufre colapsos continuos en verano cuando la población de la pedanía se multiplica. El Ayuntamiento espera que el próximo año se termine una nueva rotonda a la entrada principal. Los vecinos también reclaman servicios de autobús con una parada frente al colegio. Rafael Quirós también ha solicitado un nuevo trazado de tuberías para abastecer de agua a Zahora y avanzar en el anteproyecto de una depuradora. Exigencias de vecinos y hosteleros cuyas casas y negocios se levantaron sin licencia.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 12/10/2007
Foto: Barbate (Cádiz), playa Zahora - mma.es
La Fiscalía ve indicios de delito en algunas actuaciones urbanísticas del ex alcalde de Salou
EUROPAPRESS* : La Fiscalía de Tarragona ve indicios de delito en algunas actuaciones urbanísticas del ex alcalde de Salou (Tarragona), Esteve Ferran, y de su hijo, Esteve Ferran Gombau. Por ello presentará acusación por presuntas irregularidades urbanísticas. Según informó hoy 'El Mundo', la Fiscalía investigará las presuntas irregularidades que se refieren a actuaciones inmobiliarias poco claras en el barranco de Barenys y la concesión de un geriátrico, entre otros casos.
Uno de los elementos que se investiga se refiere a las adquisiciones de terreno que realizó el ex concejal de Urbanismo e hijo del alcalde, que compró por 300.506 euros terreno rústico hace casi dos años en la partida de Castellots y Barenys, cuando su valor catastral es tan sólo algo superior a los 35.000 euros.
Este suelo quedará libre tras el desvío del barranco de Barenys previsto en el Plan Parcial y que recalifica suelo rústico en urbano, hotelero, residencial y deportivo. Cabe recordar que como concejal de Urbanismo, Ferran Gombau, tenía acceso a información sobre los planes del consistorio respecto los terrenos.
Otro caso que se investiga es el incendio hace cinco años de la sala Galas de Salou porque el anterior ayuntamiento, presuntamente, envió datos falsos a la oficina del catastro respecto la superficie afectada. Esto podría haber beneficiado a un socio del ex concejal de Urbanismo encargado de la promoción de las viviendas que se construyeron en el mismo lugar tras el incendio. Según el citado diario, el ayuntamiento magnificó los datos de superficie para así asegurar la máxima edificabilidad tras el siniestro.
Según el rotativo, la Fiscalía tampoco ve con buenos ojos la participación, cuando aún tenían el cargo público, del ex alcalde, su hijo y las esposas de ambos en una sociedad que tiene por objeto social la promoción inmobiliaria con un capital social de 690.000 euros.
* Europa Press - TARRAGONA, 11 Oct
Foto: Salou - jccm.es
Un juez frena una urbanización en El Puerto por no tener garantizado el suministro de agua
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ELPAÍS* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cádiz ha declarado "nulo" en acuerdo del pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) que, en agosto de 2004, concedió la licencia para una urbanización en la zona residencial de Vistahermosa, en la costa oeste de la ciudad, para la construcción de un parque de viviendas y la ampliación del campo de golf. La sentencia considera que el Consistorio autorizó el inicio de las obras a pesar de que el proyecto carece de las "dotaciones necesarias" para la prestación de servicios básicos, en concreto, el suministro de agua.
El juez destaca que el terreno no sólo no cuenta con sistemas necesarios para el suministro de agua a 325 nuevas viviendas y la ampliación del campo de golf, sino que, además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) había anunciado su negativa a llevar el suministro a la urbanización antes de que se iniciaran las obras, según informó ayer La Voz de Cádiz.
La decisión deja ahora en suspenso la legalidad de las obras, que de hecho se encuentran ya muy avanzadas. Los promotores, la firmas Factor Inmobiliario, Noriega, Proconspor y MVG, han edificado gran parte de las 325 nuevas viviendas de lujo que contempla el proyecto. Además, las empresas han iniciado los desbroces y los movimientos de tierra para acometer la ampliación del Campo de Golf de Vistahermosa, una de la zona más elitistas de El Puerto.
El juzgado responde a una denuncia presentada por los vecinos, representados en la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa y la asociación local para la Defensa y el Patrimonio de la Identidad de Vistahermosa. Ambas organizaciones entendían que el plan urbanístico, en los términos aprobados, iba a causar muchos y graves perjuicios a los residentes y reduciría los niveles de calidad de vida de la zona.
A la denuncia se sumaron también Ecologistas en Acción por considerar que el diseño incumplía aspectos básicos de las normativas de protección ambiental y provocaba un daño severo a las masas arbóreas y a las colonias de camaleones, una especie protegida. Así mismo, los proteccionistas denunciaron el incremento del consumo de agua que iba a suponer la ampliación prevista del campo de golf ubicado en una zona con graves deficiencias de suministro.
El Ayuntamiento de El Puerto (PP) no precisó ayer si presentará un recurso contra el fallo judicial. Un portavoz se limitó a señalar que el área de Urbanismo está "estudiando la sentencia".
La aprobación del plan de urbanización fue probado por el anterior gobierno local, presidido por Independientes Portuenses, que era consciente de las limitaciones del área y las dificultades que entrañaba su urbanización. El entonces alcalde, Hernán Díaz Cortés, justificó la aprobación en el convencimiento de que se podrían iniciar las obras a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aceptara ampliar la red de suministro. Finalmente, los técnicos de la Confederación decidieron desestimar la petición, para lo que se basaron en la demanda de agua que podría llegar a generar, sobre todo, la ampliación del complejo deportivo.
En 2005, la Delegación provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía advirtió al Ayuntamiento portuense de la irregularidad cometida y pidió la rectificación del proyecto antes de que éste fuera aprobado definitiva.
En sus actuales términos, la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Cádizque obliga al Ayuntamiento a devolver a su punto de origen el trámite administrativo de todo el proyecto. El gobierno municipal tendrá que buscar la fórmula de encajar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) un proyecto de urbanización renovado. En la actualidad el Ayuntamiento redacta un nuevo PGOU, que cumple ya ocho años de retrasos por sucesivos fallos políticos y condicionantes técnicos. Recientemente, el equipo redactor del plan ha presentado su dimisión ante la falta de avances, por lo que no se espera una respuesta rápida a la situación generada por la sentencia.
* ELPAIS.com - F. J. ROMÁN - El Puerto - 12/10/2007
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Los madrileños suspenden a Aguirre en materia de vivienda
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BOTTUP* : La mayor parte de los madrileños está descontento con la gestión del Gobierno de la Comunidad en materia de vivienda. En concreto el 60,5% de los madrileños la considera "mala" o "muy mala" durante los últimos cuatro años, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sólo el 1,8% de los ciudadanos cree que es "muy buena" la labor desempeñada por el Gobierno de Esperaza Aguirre en políticas de vivienda, el 11,5% la califica de "buena" y el 22,7% la tacha de "regular".
Además, para los madrileños la vivienda es "el principal problema que existe actualmente en la Comunidad", con un respaldo del 30,5% de los encuestados. Por detrás se encuentra el problema de la inseguridad ciudadana (21,9%), la inmigración (21,8%) y el paro (17,4%).
La presidenta regional Esperanza Aguirre, en el balance de su primera legislatura, explicaba que había batido "record" en construcción de pisos protegidos de toda España, y defendía que una de cada cuatro viviendas protegidas que se levanta en España lo hace en la región madrileña.
Después de ganar las elecciones autonómicas por segunda vez, incluyó en su ejecutivo una nueva Consejería de Vivienda, con Ana Isabel Mariño al frente, con el objetivo de dar un impulsos a las políticas de esta materia.
* Bottup - SM / RB - 11 de octubre de 2007
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
Jacarilla multiplicará su población por 15 con el visto bueno de la Generalitat
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ELPAÍS/Alicante* : Jacarilla multiplicará por 15 su censo (1.776 habitantes) con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por la Generalitat en diciembre de 2006. El documento prevé la recalificación de 1,8 millones de metros cuadrados. El dueño de uno de los sectores, el empresario Joaquín Antonio Grau Pomares, aportó 100.000 euros al Ayuntamiento, gobernado por el PP, en concepto "de cooperación" para la redacción del PGOU. Este empresario está incluido en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento de Orihuela por irregularidades urbanísticas.
El nuevo planeamiento urbano de Jacarilla fue aprobado definitivamente por la extinta Consejería de Territorio y Vivienda en diciembre de 2006 y un mes más tarde fue recogido en el Boletín Oficial de la Provincia. El documento sustituye a las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio desde 1993 e incluye la incorporación al proceso urbanizador de cinco nuevos sectores, que en total prevén la recalificación de 1,8 millones de metros cuadrados de suelo rústico, básicamente forestal y agrícola.
Una vez consolidado todo el desarrollo urbano previsto en el nuevo PGOU, el municipio multiplicará por 15 su actual censo de población, de apenas dos millares de habitantes. El plazo de ejecución de los distintos sectores que recoge el plan es de 10 años.
Sólo uno de los cinco sectores, que el Consistorio sacó a concurso público el pasado verano, ocupará casi un millón de metros cuadrados con campo de golf incluido, a cuya sombra está previsto levantar 2.400 viviendas. Este PAI se ubica en el paraje de las Asomadas, en el límite con el término municipal de la vecina localidad de Orihuela. El suelo es propiedad de la mercantil Agrícola del Segura, SA. Esta empresa, según han confirmado fuentes municipales, firmó un convenio con el Ayuntamiento de Jacarilla para los trabajos de redacción del nuevo PGOU que incluía una aportación económica de 100.000 euros por parte de la firma al Consistorio.
Esta mercantil es también propietaria del terreno recalificado en la misma zona por el vecino Ayuntamiento de Orihuela para levantar 10.000 casas y un campo de golf. El promotor de ese PAI, el empresario Joaquín Antonio Grau Pomares, está incluido en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra el Consistorio oriolano por supuestas irregularidades urbanísticas y contables. Grau Pomares es también el dueño de un lujoso chalé en el que reside el ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, y a su vez titular del Rolls Royce que ocasionalmente conduce el ex regidor oriolano. En su declaración ante el juez como imputado por estos hechos, Medina admitió las acusaciones del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.
Para el desarrollo de los otros tres sectores previstos en el nuevo planeamiento urbano de Jacarilla, tres empresas, entre ellas la mencionada mercantil Agrícola del Segura, presentaron alternativas al Ayuntamiento el pasado verano. Estos tres PAI, que en total también suman cerca del millón de metros cuadrados, prevén un parque de viviendas de 3.500 unidades para una población previsible de 11.744 nuevos habitantes.
En el apartado de recursos hídricos, el expediente que aportó el Ayuntamiento incluía un informe de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con fecha del 22 de enero de 2004, en que garantizaba el suministro de agua a la futura población merced a un programa de desalación hasta la llegada de los recursos procedentes del trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana. No obstante, esta última posibilidad quedó definitivamente abortada en junio de 2004 cuando el nuevo Gobierno socialista derogó el trasvase del Ebro. Sin embargo, el Ejecutivo valenciano, pese a su oposición frontal al programa de desalación impulsado por el Gobierno central y sabedor de que el trasvase no se ejecutará, autorizó dos años más tarde el nuevo planeamiento.
Un pueblo con alcalde y sin equipo de gobierno
Desde el pasado 27 de mayo cuando José Manuel Gálvez, del PP, perdió la mayoría absoluta con la que había ocupado el cargo de alcalde de Jacarilla en los últimos tres mandatos, el pueblo carece de equipo de gobierno. En esos comicios el PP logró cuatro ediles y el PSPV, tres. La Corporación se completó con otros dos concejales que lideraban un grupo independiente surgido de una escisión del PP.
Gálvez fue investido de nuevo alcalde por encabezar la lista más votada, pero desde entonces ha sido incapaz de formar un equipo de gobierno estable. Por tanto, la gestión municipal la lleva personalmente Gálvez, apoyado en un único funcionario, el interventor.
El alcalde ha convocado para esta noche un pleno extraordinario para dar a conocer su nuevo gobierno, con el previsible apoyo de dos de los tres concejales socialistas.
El posible apoyo de estos dos concejales del PSPV al alcalde del PP en pleno desarrollo del nuevo PGOU del municipio fue objeto ayer de una reunión de la ejecutiva comarcal del PSPV de La Vega Baja. La conclusión fue meridiana. "Los socialistas no vamos a apoyar en ningún caso al alcalde del PP. El que lo haga, que se atenga a las consecuencias, porque será expulsado del partido", señaló José Antonio Martínez, secretario comarcal de organización.
La concejal socialista Carmen Cabrera ya ha anunciado que permanecerá fiel a la disciplina del Grupo Socialista. Las dudas de la dirección socialista se plantean en el caso de los otros dos ediles del grupo: Joaquín Moreno Tenza y Belén Martínez Gálvez. El primero integró la candidatura municipal del PSPV en calidad de independiente, mientras la segunda sí es militante socialista.
El alcalde de Jacarilla declinó ayer atender la llamada de este periódico para conocer su opinión sobre el desarrollo del nuevo PGOU y la gobernabilidad del Ayuntamiento.
No obstante, otras fuentes municipales han desvelado los detalles del pacto de Gálvez con los dos ediles socialistas para garantizar la gobernalidad del municipio. El regidor ha ofrecido a Moreno Tenza la concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente y a la concejal Martínez Gálvez, la primera tenencia de alcaldía y dedicación exclusiva.
La dirección socialista insistió anoche en el rechazo al pacto con el alcalde del PP, "máxime en estos momentos, cuando la Corporación se enfrenta de lleno al desarrollo del PGOU", precisaron. "En el pueblo hay en la actualidad una gran polémica con la avalancha de viviendas que se avecina", añadieron. El grupo municipal socialista votó en contra del nuevo planeamiento urbano.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 11/10/2007
Foto: Jacarilla (Alicante), ayuntamiento - convega.com
Nuestras vidas son más importantes
BIBIANA MEDIALDEA GARCÍA* : Por fin nos hemos dado cuenta de que con la vivienda tenemos un problema. Y por fin hemos logrado que el Gobierno asuma públicamente que tiene la obligación de resolverlo. Ahora sólo nos falta que lo haga. Nos hemos cansado de decirlo, de gritarlo. Al final hemos conseguido que los políticos también lo digan: tenemos derecho a una vivienda digna. Eso quiere decir que, pase lo que pase, tenemos que tener la garantía de que podremos habitar dignamente. De la misma forma que sabemos que nuestros hijos pueden ir al colegio o que seremos asistidos en caso de enfermedad. Pase lo que pase. En nuestra sociedad, ese ‘pase lo que pase’ siempre suele referirse a la misma contingencia: puedas o no puedas pagarlo. Es por ello que para garantizarnos un derecho, para asegurarnos que, pase lo que pase, podremos acceder a ciertos bienes y servicios que consideramos básicos, el Estado los saca del mercado. Como la educación o la sanidad. Es la única garantía posible.
“Uff, los tipos de interés no dejan de subir, a este ritmo habrá que sacar a la cría del colegio”. “Vaya, la insulina se ha convertido en el negocio de moda; pobres diabéticos”. Nos parecería pura barbarie. Y es que con estas cosas, con los derechos, no se juega. No nos parece sensato dejar que el mercado juegue con ellos.
Efectivamente, la vida diaria está plagada de ejemplos: en nuestra sociedad la única opción eficaz para garantizar un derecho es asegurar que se puede acceder a él al margen del mercado. De los colegios a los bomberos, de las ambulancias a los abogados de oficio. No hay otra fórmula. Y el derecho a una vivienda digna no es una excepción. Un análisis de las medidas que recientemente ha anunciado el Gobierno no hace más que ratificar esta afirmación.
La primera limitación de las medidas anunciadas, la más clamorosa, es su ámbito de aplicación. ¿Cómo puede considerarse que se garantiza un derecho mediante medidas que afectan a grupos de población particulares? Las ayudas a grupos específicos sirven para regular excepcionalidades, no para asegurar condiciones que han de ser generalizables. De hecho, si el Gobierno pretende garantizar el acceso a una vivienda digna (y aun suponiendo que el mecanismo de la ayuda fuera el indicado para ello), tendría que ir ampliando sucesivamente las ayudas a los diferentes colectivos: además de a los jóvenes de menos de 30 años, a los de entre 30 y 35, a las familias monoparentales, a las numerosas, a los desempleados, a los mileuristas… La misma necesidad de ir sumando ayudas específicas evidencia la obviedad: los derechos no se protegen con reglas particulares, sino con leyes que, como los derechos mismos, han de tener cobertura universal.
Además, y aun suponiendo que el Gobierno ampliara la cobertura de las ayudas a toda la población, la noción misma de ayuda encierra en sí una carencia fundamental. En síntesis, lo que el Gobierno nos propone es darnos una bonificación, una especie de balón de oxígeno de 210 euros mensuales con el cual podremos acudir al mercado de la vivienda en mejores condiciones. Evidentemente, es un avance. Pero es sólo eso, un flotador para la tormenta, y seguramente efímero. Nada nos garantiza que el precio de la vivienda no vaya a seguir subiendo. Nada nos blinda frente al hecho de que el precio que tenemos que pagar por vivir en nuestro barrio siga dependiendo de lo que pase cada mañana en Wall Street (los pisos y solares de nuestras ciudades no son más que espléndidos objetos de negocio para los fondos de inversión extranjeros). Nada nos asegura que esos 210 euros sean una proporción relevante de los alquileres que estemos pagando dentro de un año. ¿Tendremos que pedir entonces un incremento de las ayudas? ¿Tendremos que confiar en la sensibilidad social del gobierno de turno? ¿Estaríamos dispuestos a correr ese riesgo con los servicios sanitarios (tenga usted un cheque de 100 euros y ojalá que las intervenciones quirúrgicas no suban demasiado de precio)?
Si nos paramos a pensarlo, las medidas del Gobierno no son un avance sustancial, dado que no impiden que el precio de la vivienda siga dependiendo de la lógica especulativa. De hecho, destinaremos dinero público a pagar alquileres sobrevalorados y, por tanto, a seguir alimentando esa misma lógica. Es como si la insulina se hubiera convertido en objeto de especulación, hasta el punto de que los precios sobrevalorados impidieran a la población diabética obtener su medicación. Pretenderíamos que el Gobierno prohibiera la especulación con la insulina, no que extendiera cheques para que los diabéticos adquirieran sus medicinas a precios inflados. En vez de proteger el negocio de quienes están especulando con bienes de primera necesidad, lo que necesitamos, precisamente, es que el Estado nos defienda de los especuladores. Que nos garantice que podremos vivir en casas dignas a cambio de lo que sensatamente debería costar vivir en una casa. Que no es, ni más ni menos, que lo que valdría si no fuera por el negocio al que las viviendas están dando lugar.
En definitiva, en cuanto se le dan tres vueltas al tema de la vivienda no es posible concluir algo diferente a lo que en el caso de otros derechos nos resulta tan evidente: si es un negocio, jamás podrá garantizarse el derecho. Y es que la solución del problema de la vivienda no precisa de mucha imaginación. Simplemente, trátese el derecho a la vivienda como un derecho más. Por eso, las medidas recientemente anunciadas por el gobierno no sólo son insuficientes, sino que ni siquiera caminan en la dirección adecuada. Por eso, el 6 de octubre, en múltiples ciudades del Estado, ‘V de vivienda’ vuelve a convocar una manifestación. Ahora que sabemos que nos están escuchando es cuando más alto tenemos que gritar: nuestras vidas son más importantes que sus beneficios. El 6 de octubre, a las 18:00.
* Bibiana Medialdea García es economista y miembro de la Asamblea por la Vivienda de Latina (V de vivienda).
* Público
* Rebelión - 12-10-2007
La Eurocámara pide que se investigue el urbanismo de la Región de Murcia
VEGAMEDIA* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado a trámite una denuncia del abogado Diego de Ramón en la que solicita una moratoria urbanística para la Comunidad. Hace unos meses, la organización Greenpeace denunciaba, en su informe anual sobre la situación del litoral español, que en la Región de Murcia está proyectada la construcción de 330.000 viviendas visadas por el correspondiente Colegio de Arquitectos, en una franja que no llega a los 300 kilómetros de longitud, lo que supondría el levantamiento de 1.135 viviendas por kilómetro de costa. Una cifra increíble si se la compara, por ejemplo, con las 50 del litoral en Asturias.
Así lo cuenta el periodista Juan Antonio Marín en el diario gratuito Nueva Línea.
Además de estos datos, las sospechas de corrupción urbanística han salpicado a varios ayuntamientos en los últimos años, y los tribunales de Justicia estudian casos en catorce municipios sobre los que planea la sombra de la corrupción.
Ahora, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la denuncia presentada ante esta institución por el abogado y presidente del partido Unión Democrática de la Región de Murcia, Diego de Ramón Hernández, en la que advierte sobre la situación del Levante murciano y solicita, por este motivo, una moratoria urbanística, al entender que los futuros desarrollos, tales como La Zerrichera y Lo Poyo, los de Polaris en el Mar Menor y Nueva Cartago y Zincsa en Cartagena, provocarán una “gran concentración” de viviendas y de población “en tan sólo unas decenas de kilómetros de la costa mediterránea”.
Además, el letrado señala, en su petición, que siempre fomentan financieramente “de forma monopolística” en estos proyectos las mismas entidades financieras de teórico objetivo y fin social (Caja Murcia, Caja Mediterráneo, la ‘Kutxa’Caja de Ahorros de Guipúzcoa), a las que acusa de beneficiarse sin repercutir proporcionalmente en las inversiones sociales a las que están obligadas por ley las cajas de ahorro.
Por ello, la petición reclama la inmediata intervención del Parlamento Europeo en el control urbanístico de la Región de Murcia.
El abogado murciano solicita también que la Unión Europea fiscalice las ayudas que concede, para que “no sirvan para fomentar la construcción sin control y rompedora del equilibrio europeo y medioambiental”.
Por último, Diego de Ramón, pide la creación de una plataforma de países mediterráneos de la Unión Europea para ordenar el crecimiento urbanístico en la costa y la fijación de directivas que “controlen dichos desarrollos desproporcionados”.
El precedente valenciano
Pero no es la primera vez que la Unión Europea investiga la situación urbanística en una comunidad autónoma española. El año pasado varios europarlamentarios visitaron en diversas ocasiones la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, y el pasado 21 de julio la Eurocámara aprobó una resolución en la que reclamaba a las autoridades españolas, en particular al Gobierno valenciano, que “reconozcan los derechos legítimos de los particulares a la propiedad legalmente adquirida y establezcan, por ley, criterios definidos con más precisión, para evitar y prohibir los abusos del derecho de propiedad mediante decisiones de las autoridades regionales y locales”.
También pidió a la Comisión Europea que examine las “posibles infracciones al Derecho comunitario y de los derechos y principios básicos reconocidos en el Tratado de la UE” a los ciudadanos afectados por la “urbanización extensiva”.
Cuestionó asimismo “los métodos de designación y los poderes a menudo excesivos” atribuidos a los urbanizadores y promotores inmobiliarios. Además, reclamó la participación ciudadana en el desarrollo de los planes urbanísticos y pidió “la creación de comisiones administrativas especiales”, en las que participen los defensores del pueblo locales y los habitantes, y que cuenten con “servicios independientes” de investigación y de arbitraje para dirimir las demandas de afectados por abusos.
La resolución también añadía que “cuando deba compensarse la pérdida de propiedad inmobiliaria”, ésta se calcule en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esta resolución, en la que el Eurocámara expresaba su condena a los proyectos urbanísticos descontrolados, ha sido ahora adjuntada a la aceptación a trámite de la petición que el ex-candidato a la Asamblea Regional por UDeRM ha presentado ante el Parlamento Europeo.
* Vegamedia Press - 11/10/2007
Foto: "Murcia No Se Vende" ya advirtió sobre la corrupción urbanística
La juez embarga las cuentas del concejal de urbanismo de La Línea
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DIARIODECÁDIZ* : Carmen Longo, titular del Juzgado número uno de La Línea, dictó un auto en el que ordena el bloqueo y embargo de cuentas bancarias y cualquier otro tipo de producto financiero, incluidas cajas de seguridad, hasta el límite de 2.893.270 euros, cuya titularidad corresponda a Carlos Ruiz Calama, concejal de Urbanismo linense e imputado en el caso Roseworld. Aunque el citado auto tiene fecha del pasado martes, fue notificado ayer a las partes y al Ministerio Fiscal.
La juez fundamenta su resolución en los indicios de comisión de un delito de cohecho por parte del edil que se desprende de la investigación realizada en las Diligencias Previas 1.557/2006, “ya que consta en el procedimiento que esta persona ha recibido a través de una empresa privada llamada Lineatrans unas cantidades dinerarias de otra empresa denominada Laxmi Developments, respecto de la cual es administrador otro imputado llamado Anil Thakurdas”, señala, para advertir que “ninguno de los imputados ha justificado documentalmente el origen de estas operaciones”.
La juez subraya que el artículo 127 del Código Penal dispone que toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, “así como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar”.Y añade que “los unos y las otras serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquiridio legalmente. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso de los bienes señalados en el apartado anterior, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del hecho”.
En el caso Roseworld, la instructora apunta que Calama “ha tenido una serie de ganancias (2.893.270 euros) que pueden presuntamente tener su origen en las comisión de un delito de cohecho”, por lo que cree necesario su embargo por si se dictase sentencia condenatoria contra el edil.
Carmen Longo ha autorizado a los agentes de la Udyco central de Madrid a recabar cualquier otra información o soporte documental con los productos financieros de Ruiz Calama ya localizados.
Se trata de la segunda medida cautelar, tras la retirada del pasaporte, que la juez adopta contra el concejal de Urbanismo linense.
Por su parte, Calama manifestó que hoy acreditará ante el juzgado la procedencia “absolutamente legal” de la cantidad percibida, la cual asegura es de una venta de terrenos situados en La Línea llevada a cabo el 13 de noviembre de 2004.
En esa fecha Lineatrans S.L., de la que es representante legal, vendió un terreno propiedad de la citada sociedad mercantil, situado en el Zabal con una superficie de cuatro hectáreas, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Roque al tomo 250 folio 206, por un precio total de 1.742.934 euros, que fueron pagados. “Esta cantidad consta debidamente percibida y su beneficio declarado a la hacienda pública, tanto en el impuesto del valor añadido como en el de sociedades”, añadió el edil, que aclaró que dicho negocio nada tiene que ver su cargo público ni mantiene vinculación con el Ayuntamiento, por lo que se siente “sorprendido” por el auto.
* Diario de Cádiz - J.J. González, LA LÍNEA - 11 de Octubre de 2007
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento - flickr.com
Tras el Pacto, la Ley de la Vivienda
ELPAÍS/Cataluña* : Semana intensa en las políticas de vivienda. Después de la firma, el lunes, del Pacto Nacional por la Vivienda, el Parlament aprobó ayer en comisión la Ley del Derecho a la Vivienda, la del polémico artículo 42.6, que prevé la expropiación del usufructo de viviendas vacías para convertirlas en alquileres sociales. La misma ley por la que ni CiU ni el PP se sumaron al consenso del Pacto y la misma que llevarán al Consejo Consultivo.
La deliberación de este organismo formado por juristas, que no es vinculante, retrasará todavía más una ley que se presentó hace más de tres años y medio. Teniendo en cuenta que mañana es fiesta, yendo todo muy deprisa, la ley no entrará en ningún caso antes de un mes en el pleno del Parlament. Un mes es el plazo que el consejo tiene para emitir un dictamen.
Durante la comisión de ayer, la ley fue aprobada con los 12 votos que suman los partidos del tripartito. Votaron en contra los seis diputados de CiU, los dos del PP y uno de Ciutadans. La oposición recordó, una vez más, que llevará el texto al Consultivo "para determinar", dijo el diputado de CiU Carles Sala, "la legalidad de algunos artículos".
Sea como sea, la redacción final del artículo 42.6 poco tiene que ver con el inicial. La suavización de la idea del alquiler forzoso de pisos vacíos es más que notable si se lee el primer borrador del texto. Está fechado en septiembre de 2005. Entonces, el texto se refería al alquiler forzoso en tres artículos distintos (6, 46 y 50). El 6 era el más directo de todos: "El abandono de una vivienda", su "desocupación permanente" o la ausencia del "deber de conservación constituyen el incumplimiento de función social del derecho a la propiedad". Ese incumplimiento "puede dar lugar a la expropiación forzosa". Aquella redacción no hablaba de "expropiación del usufructo de la vivienda para alquilarlo a terceros", como el 42.6 definitivo, sino de "expropiación" a secas.
Además, la última redacción matiza los condicionantes que llevarían a la Administración a actuar y especifica que la medida está restringida a "ámbitos de demanda residencial fuerte", que el propietario es advertido durante un plazo de dos años, que se le "indemniza por el usufructo temporal", que la Administración costea la gestión del alquiler y las reformas si son necesarias y que transcurridos cinco años (la duración de los contratos de alquiler), se recupera la propiedad.
La diputada de ICV y ponente relatora, Dolors Clavell, defendió el artículo 42.6 argumentando que el tripartito "está en el Gobierno para cambiar las cosas y no dejarlas como están, y ha querido apuntar alto". "Como todos los procesos innovadores, éste comienza con conflicto, pero el tiempo pone las cosas en su sitio", añadió, y recordó que varios países europeos tienen medidas parecidas.
En la oposición, Carles Sala aseguró que la postura de su partido ha sido "flexible" y que la comisión sólo ha considerado 80 de las 144 enmiendas presentadas. Santiago Rodríguez, diputado del PP, se mostró de acuerdo con "utilizar fórmulas novedosas". "Pero no podemos pasar por alto el marco jurídico", dijo. Por último, el diputado de Ciutadans Albert Rivera criticó al Gobierno por "no ceder en un artículo que el mismo tripartito ha explicado que es muy difícil que llegue". "Si tan difícil es, ¿por qué no se suprime?", apuntó.
El texto aprobado ayer introduce otras medidas como el derecho de tanteo y retracto -compra preferente por parte de la Administración-; fija cesiones de suelo para viviendas sociales; establece que en 20 años, en los municipios medianos y grandes el 15% de su parque de viviendas será de protegidas; prevé un registro único de solicitantes y obliga a tener licencia si se quieren alquilar pisos turísticos.
* ELPAIS.com - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 11/10/2007
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
El urbanismo del PP de La Vila creó "inseguridad jurídica"
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ELPAÍS/Alicante* : El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha emitido un informe en el que rechaza el trámite seguido por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa para reordenar el plan parcial Cales y Atalaies, en el litoral del municipio, donde también se ubica el hotel Atrium Beach (complejo legalizado por el Consell pese a exceder en 53.000 metros cuadrados la volumetría autorizada). El dictamen del CJC, sin aludir directamente al Atrium, asegura que el trámite general seguido por el Consistorio, entonces en manos del PP, "crea inseguridad jurídica".
El dictamen del Consell Jurídic emitido el pasado 26 de julio a petición del entonces consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, analiza la legalidad del trámite seguido por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa sobre la ordenación urbanística del plan parcial del Sector Cales i Atalaies, y más en concreto sobre la tramitación del denominado Refundido del Plan Parcial del Mejora 2 del Sector PP-1 Cales i Atalaies con el PRIM (Plan de Reforma Interior de Mejora)[parcela donde se levanta el hotel Atrium] y el PRIM TI-13 M-20, aprobado por la corporación el pasado 15 de febrero.
En ese sector, además del Atrium, hay construidas ya otras 5.000 viviendas. El representante legal de la promotora del hotel Atrium señaló ayer que el dictamen del CJC "no afecta en nada" al proceso para reparar la infracción urbanística. "El PRIM del Atrium es una parcela de suelo urbano ya consolidado en el PGOU de 1999, y aprobado con anterioridad, como refleja el dictamen, al refundido del plan parcial", dijo el letrado.
"Motivos de seguridad jurídica conducen a considerar que deberá expresarse claramente que instrumento de planeamiento urbanístico está siendo objeto de tramitación e informe y, en su caso, aprobación, como disposición reglamentaria municipal, e igualmente si la refundición dejará subsistentes o como parece ser, sin efecto, los dos planes de Reforma Interior de Mejora a los que se ha hecho referencia, el PRIM 19bc y el PRIM TI-13 y M-20, por haberlos incluido completamente en el documento refundido", señala el máximo órgano consultivo del Consell en materia jurídica. "Que en el estado actual de la instrucción no procede pronunciarse sobre el fondo del asunto sino retrotraer al momento en que se acordó realizar el trámite de información pública", concluye el CJC.
La tramitación del plan parcial Cales i Atalaies se remonta a 2002. En enero de 2003 se elaboró un plan parcial de mejora, que posteriormente, el 27 de junio de 2006, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia, alegando que comportaba una modificación del Plan General y no se había aprobado por la mayoría cualificada legalmente exigible. El 20 de julio del mismo año el pleno subsanó este defecto de forma y lo aprobó provisionalmente con los votos necesarios, pero la Comisión Territorial de Urbanismo detectó "graves contradicciones", al haber sufrido el sector en los últimos años otros trámites de planeamiento urbanístico que afectaban a dos parcelas, una de ellas la del hotel Atrium.
El Consell Jurídic apunta que con el plan parcial de mejora inicial y con el refundido actual de tres planes "se pretendió modificar, aunque sea puntualmente, el Plan General sin haberlo anunciado de forma expresa al público en general", lo que requiere las consultas con los municipios colindantes, entre otros asuntos. Por este motivo, de un lado pide retrotraer las actuaciones al momento anterior en que se acordó someter a información pública el plan parcial de mejora aprobado en enero de 2003 y alerta de que si no se hace "puede acarrear la nulidad de la resolución que se dicte en el procedimiento urbanístico".
Otro de los aspectos que pone en duda el Consell Jurídic es la referente a la alteración de zonas verdes en este sector. Sin entrar en el fondo de este asunto, el órgano asesor apunta a un asunto que podría tener todavía mayor calado, ya que cuestiona que en el planeamiento urbanístico se considera zona verde a todo el parque público litoral, y un informe de Costas de abril de 2002 duda de "la aptitud" de tales terrenos como zona verde.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 10/10/2007
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), edificios ilegales en la cala - ROSA FUSTER (El País)
Piden cárcel para Julián Muñoz por permitir 108 casas ilegales
LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz suma otro juicio más como presunto autor de un delito urbanístico. En este caso, se enfrenta a una petición fiscal de un año y medio de cárcel por conceder un permiso de obras para construir un edificio con 108 viviendas, locales y aparcamientos en contra de la normativa urbanística. Junto a Muñoz serán juzgados también otros cinco ex concejales del equipo de gobierno del GIL, entre los que figuran Rafael González o María Luisa Alcalá. Todos están acusados por un delito contra la ordenación del territorio.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación en el cargo público. El juicio por este caso se celebrará los próximos 17 y 19 de octubre en el Juzgado de lo Penal 7 de Málaga.
Los hechos que se van a enjuiciar se remontan al 27 de marzo de 1998. Ese día,la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, presidida por Julián MUñoz como alcalde accidental e integrada por los ediles procesados, decidió otorgar a las entidades Jotsa y Promotorauno una licencia de obra para construir un edificio con 108 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la avenida Príncipe de Asturias del núcleo de población de San Pedro Alcántara. El presupuesto de ejecución era de doce millones de euros.
Según la calificación del fiscal, el permiso se concedió, pese a que la zona donde se iba a edificar el inmueble estaba clasificada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente de 1986 como deportiva de uso público. El Ministerio Público pide la nulidad de la licencia que se otorgó "siguiendo las directrices" del ex alcalde fallecido Jesús Gil.
* La Opinión de Málaga - R. RIVERA / J. A. SAU - 10 de octubre de 2007
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
El fiscal acusa al alcalde de Santa Lucía de Tirajana de un delito contra el territorio
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CANARIAS7/LasPalmas* : El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, comparecerá ante la autoridad judicial el próximo 19 de octubre en calidad de imputado por el fiscal como supuesto autor de un delito contra la ordenación del territorio. Los cargos están relacionados con la construcción del hipódromo de Santa Lucía.
La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de san Bartolomé de Tirajana, Almudena de la Rosa, tomará declaración el próximo 19 de octubre en calidad de imputado al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, acusado por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, de un delito contra la ordenación del territorio. Los cargos están relacionados con la construcción del hipódromo de Santas Lucía.
Según el fiscal, la edificación que actualmente ocupa parte del cauce del barranco de Tirajana es «una construcción no autorizada ni autorizable en bienes de dominio público promovida por una sociedad mercantil», lo que, sostiene el Ministerio Público, podría ser constitutivo de un delito contra la ordenación del territorio previsto en el artículo 319.1 del Código Penal y castigado con penas de prisión de seis meses a tres años.
La magistrada De la Rosa ha accedido a la reapertura de las diligencias instada por el fiscal, el caso fue investigado en 1998 y sobreseido provisionalmente por falta de pruebas, y ha acordado citar como imputado a Matos y a las 30 personas que en 1997, junto al ya fallecido alcalde Camilo Sánchez, conformaron la sociedad mercantil Hipódromo de Santa Lucía S.A.
La obra, indica el fiscal, no sólo no tiene licencia municipal, sino que ni siquiera podía ser autorizable confirma al planeamiento urbanístico vigente. El fiscal no descarta que también pueda existir prevaricación.
* Canarias 7 - A. F. de la Gándara/A. Santana - 10/10/2007
Foto: Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) - gomera.com.es
Castellón: Denuncian ante la Fiscalía supuestas construcciones ilegales en Millars
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EFE* : El Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (GECEN) denunció hoy ante la Fiscalía de Castellón un supuesto delito contra la ordenación del territorio por la construcción no autorizada de 120 viviendas en el espacio natural protegido de la desembocadura del Millars. Según la denuncia presentada por el GECEN, en la zona húmeda de la desembocadura, dentro del término de Almazora, "se encuentran, al menos, 120 construcciones sin licencia y sin posibilidad de legalizarse tanto por encontrarse en un espacio natural protegido incompatible con la construcción de viviendas como por calificarse el suelo como no urbanizable protegido, y además pertenecer el suelo al Dominio Público Hidráulico".
Para los ecologistas, la zona húmeda de la desembocadura del Millars "tiene reconocido un valor paisajístico y ecológico con su inclusión en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana aprobado por acuerdo del Consell de 10 de septiembre de 2002, por ser un LIC, por ser una ZEPA y por estar declarado Paisaje Protegido".
Pese a la protección ambiental del marjal, argumenta la asociación, y pese a la protección urbanística, "se está construyendo viviendas al margen de la legalidad sin que quienes tienen las competencias en la materia hayan reaccionado adecuadamente frente a ellas a pesar del conocimiento que tienen de las mismas".
Por ello pidieron a la Fiscalía que abra diligencias de investigación penal para comprobar los hechos denunciados y sus presuntos responsables.
En concreto, solicitan que el responsable del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Almazora aporte los expedientes urbanísticos de la zona y las denuncias presentadas por la supuesta ilegalidad de las construcciones.
Además piden que el Secretario del Ayuntamiento de Almazora aporte el certificado de las licencias y autorizaciones de los últimos cuatro años en la zona y que el Equipo para la Protección de la Naturaleza compruebe los hechos denunciados.
Por último solicitan que arquitecto municipal aporte el informe urbanístico de cada una de las construcciones denunciadas, indicando el estado en que se encuentra y el tipo de construcción.
* Levante-EMV - 10 de octubre de 2007
Foto: Almazora (Castellón), construcciones ilegales desembocadura del Millars - gecen.net
San Miguel de Salinas permite construir 300 viviendas en una zona inundable
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, gobernado por el PP, autorizó el proyecto de urbanización de un PAI al norte del casco urbano, pese a la advertencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de que la iniciativa invadía una zona inundable y de dominio público hidráulico. La CHS considera que el PAI ocupa unos 70.000 metros cuadrados públicos y ha iniciado el trámite de deslinde, extremo que acarreará reducir en 300 las 1.600 casas previstas. La Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel también ha recurrido el plan a los tribunales.
El plan parcial Los Invernaderos ocupa en total 500.000 metros cuadrados, de los cuales unos 70.000 invaden un tramo de la cañada de La Escribana. El programa, que prevé levantar 1.600 viviendas en bloques de cuatro alturas, fue autorizado en septiembre de 2004 por el Consell. En ese momento, la Confederación aún no se había pronunciado sobre la titularidad pública o privada de ese tramo del cauce de la rambla. No obstante, con posterioridad, en 2005, la CHS comunicó al Ayuntamiento que parte del sector invadía suelo público. Pese a ello, el Consistorio siguió adelante y autorizó el proyecto de urbanización y reparcelación del plan parcial. En la actualidad, la promotora, la firma Fincas Altabix, ya ha levantado, un bloque de viviendas de la futura urbanización.
La decisión del Consistorio de seguir adelante con el proyecto tuvo su réplica en un recurso contencioso-administrativo de la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel, al que más adelante se sumó la CHS.
A instancias del juzgado, la Confederación realizó un informe hidrológico sobre las consecuencias y riesgo de construir en esa zona de la cañada de La Escribana. El documento señala que el plan Los Invernaderos se sitúa aguas abajo del punto de intersección del canal del postrasvase con el cauce de la cañada de La Escribana. El canal cruza el cauce mediante un terraplén. En ese punto, según el estudio, se puede generar un "efecto presa" y generar episodios de avenidas. "A la vista de los resultados del estudio anterior procedan, en su caso, a revisar la ordenación prevista y a la adopción de las medidas estructurales necesarias para eliminar el riesgo de daños catastróficos y daños materiales de consideración", advierte la Confederación en sendos escritos remitidos el pasado mes de febrero tanto al Ayuntamiento de San Miguel como a la Generalitat.
La Confederación, tras verificar que esos 70.000 metros cuadrados son de dominio público hidráulico, inicio el pasado 24 de agosto la incoación del expediente de deslinde de los terrenos públicos y privados en ese tramo del plan parcial que afecta a la cañada de La Escribana. La resolución del procedimiento de deslinde traerá como consecuencia la consideración de los terrenos afectos como suelo no urbanizable de protección y su deducción del aprovechamiento urbanístico del plan y, por tanto, la consiguiente disminución del índice de edificabilidad del sector, que perdería 300 de las 1.600 casas programadas.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 10/10/2007
Foto: San Miguel de Salinas (Alicante), ayuntamiento - san-miguel-de-salinas.com
