LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : El auto que procesó finalmente a 86 implicados en el `caso Malaya no ha supuesto el punto y final de la investigación de la trama urbanística destapada en Marbella. Pese a que la policía dio por cerrado el caso a mediados de julio, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguraron que las pesquisas se mantiene aún abiertas, puesto que "quedan muchos datos" por recabar, incluso no se descartan nuevas detenciones.
Buena muestra de que la investigación no ha concluido fue el auto dictado la pasada semana por el nuevo instructor del procedimiento, el juez Óscar Pérez, en el que se advierte de una nueva línea de investigación declarada secreta con más imputados. Pese a que se ha iniciado una pieza separada para esclarecer los nuevos hechos delictivos, su tronco común es `Malaya´.
Al margen de las pesquisas, la instrucción continúa, incluso se intensifica desde el punto de vista judicial, con la práctica de nuevas diligencias, ya sean propuestas por el Ministerio Fiscal o las defensas. Además, está previsto que comience lo que se conoce como declaración indagatoria, que consiste en la comparecencia de los 86 procesados, que deberán afirmar o negar los hechos que se les imputan. Pero en ningún caso se trata de segundas declaraciones ante el magistrado, sino sólo un trámite para concretar su implicación en la trama urbanística.
Los bienes de Roca.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que el juez aún no ha podido tasar el enorme patrimonio presuntamente ilícito del ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. El propio juez Miguel Ángel Torres, que instruyó la trama, destacó que es "ilusorio" pensar que se han intervenido todos sus bienes. Por el momento, la investigación lo tasa en más de 120 millones de euros, cantidad que el mismo Roca aseguró que debía al Estado. Además, el juez consideró que recibió más de 40 millones de euros en concepto de sobornos.
En cuanto al déficit causado en el Ayuntamiento de Marbella por los presuntos cohechos en la gestión urbanística, el caso no ha cuantificado dichas pérdidas o el desfalco en las arcas municipales, ya que sólo se ha investigado la última legislatura del GIL (2003-06), pero el juez estimó que Marbella podría haber perdido hasta 55 millones de euros por los negocios de Roca.
Por otro lado, fuentes de la Fiscalía indicaron que las piezas separadas de `Malaya´, como la trama de las grúas municipales o las presuntas actividades de blanqueo del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y la tonadillera Isabel Pantoja, serán instruidas también por el juez Óscar Pérez, que aún no ha cerrado ningún caso.
* La Opinión de Málaga - J.A. Sau / R. Rivera - 25 de septiembre de 2007
Foto: Marbella - agenda21malaga.org
La Fiscalía dice que `Malaya´ sigue abierta y anuncia más detenciones
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27.9.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Segunda demolición por delito urbanístico en Madrid
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Juzgado de Ejecuciones Penales de Madrid ha ordenado la demolición de un edificio construido en suelo protegido incluido en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en el término municipal de Colmenar Viejo. La construcción fue denunciada inicialmente por los agentes forestales y en la causa se personó como acusación particular la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya y la Sierra de Madrid, entidad colaboradora de Ecologistas en Acción. Se trata de la segunda demolición por delito urbanístico que se produce en la Comunidad de Madrid.
De nuevo, el Juzgado de lo Penal 12 de Madrid, ha hecho comparecer al responsable de una construcción ilegal en zona de máxima protección dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en el término municipal de Colmenar Viejo, para instarle a que efectúe antes del doce de octubre de este año, la demolición, que deberá ser costeada por el infractor, de la edificación.
La persona condenada, el arquitecto Ricardo Carretié Barcaiztegui, fue requerido para que se personara en el Juzgado antes del verano. Sin embargo al eludir su presencia tuvo que ser requerido por la policía para que se presentara en septiembre de forma inexcusable.
La edificación ilegal de 200 metros cuadrados, se llevó adelante en el mes de enero de 1999, en la finca “El Guindo”, P.K. 13 margen izquierdo, carretera M-618, término municipal de Colmenar Viejo, parcela 35 A del Polígono 23. Esta construcción se levanta en Zona A1, de máxima protección, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. El titular es la Sociedad Anónima Montenebro, cuyo administrador único es el arquitecto anteriormente mencionado.
La Sentencia, además de multa y demolición, condena al infractor a su inhabilitación especial para profesión y oficio ligada a las actividades de construcción durante un año, así como a condena de prisión de un año y medio.
El procedimiento Penal se inició por denuncia de los Agentes Forestales de la Comarca de Colmenar Viejo, en enero de 1999, habiendo advertido al hoy penado, cuando empezó la construcción, en otoño de 1998, que la misma suponía una infracción que podía ser constitutiva del delito de ordenación del territorio (artículo 319 del Código Penal). A pesar de ello y de las ordenes de paralización, siguió adelante, rompiendo los precintos que le fueron colocados, en tres ocasiones.
Hay que manifestar que el Juez de lo Penal 24, hizo referencias en la Sentencia, del buen hacer de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid en el procedimiento penal, tanto en la instrucción del mismo, como en el juicio oral.
La Asociación para al Defensa del Valle del Lozoya y de la Sierra de Madrid, entidad colaboradora de Ecologistas en Acción, ejerció la Acusación Particular, considera imprescindible que las órdenes de demolición se ejecuten para evitar la sensación de impunidad que actualmente existe entre las personas que construyen ilegalmente.
* Ecologistas en Acción - Comunidad de Madrid, 27 de septiembre
Foto: Pedriza_Cuenca_Alta_Manzanares - Pablo A. Salguero Quiles (enciclopedia.us.es)
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Madrid
Los juzgados de Cádiz han ordenado más de 20 demoliciones este año
ELPAÍS* : La fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz quiere evitar el efecto llamada provocado por la sensación de impunidad de quienes incurren en delitos urbanísticos. Por eso, desde finales de primavera, la Audiencia de Cádiz dicta por norma sentencias de demolición en los casos de construcciones ilegales. Desde que se adoptó este acuerdo el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, ha actuado en una veintena de casos que han acabado con una orden de demolición.
Se trata, en su mayoría, de juicios contra particulares que han levantado casas ilegales en Chiclana o Puerto Real, aunque también hay casos en Sanlúcar o Algeciras. "El criterio general de la Audiencia está siendo el de ordenar la demolición. Y esto se está trasladando hasta el punto de que ya hemos tenido bastantes sentencias de los juzgados de lo penal en los que se acuerda por conformidad. Los condenados aceptan una rebaja de su pena pero tienen que aceptar también la demolición", explica el fiscal.
Con todo, las primeras demoliciones fruto de este criterio aún están por llegar, ya que los juzgados otorgan un plazo para que el condenado ejecute la sentencia. Núñez estima que en los próximos meses se podrán ver ya los primeros resultados: "Hasta ahora, cuando los casos iban por vía administrativa, se iniciaban recursos que pasaban por las diferentes instancias y el proceso era muy largo. En el caso de los procesos penales, una vez que la sentencia es firme no cabe ulterior recurso". Si se supera el plazo otorgado por la justicia, la fiscalía pediría que se llevara a cabo la demolición de forma subsidiaria.
Además de la mayor contundencia judicial, el fiscal reconoce que el incremento de agentes policiales dedicados al control urbanístico ha permitido una respuesta más eficaz. La intensidad del trabajo de la fiscalía se ha incrementado, y Núñez calcula que este año se superaran con creces las 77 diligencias abiertas en materia urbanística en Cádiz en 2006.
Donde no hay avances es en la actuación de los Ayuntamientos. "Subsiste la misma situación, la falta de ejercicio por parte de los Ayuntamientos, que no cumplen sus funciones sancionadora y de restablecimiento de la legalidad", lamenta el fiscal. Núñez, además, tiene que enfrentarse cada vez a "maquinaciones delictivas" más complejas, como la falsificación de documentos para cambiar la fecha de construcción de un edificio y que el delito prescriba.
Cárcel y multa en Córdoba
Por otra parte, la fiscalía de la Audiencia de Córdoba pide dos años de prisión para el dueño de una casa ilegal del entorno protegido de Medina Azahara. Esa zona está catalogada como Bien de Interés Cultural y, según la calificación provisional del fiscal, el acusado se construyó una piscina y amplió la casa sin tener los permisos oportunos. Además, el ministerio público solicita la demolición de lo levantado ilegalmente y el pago de una multa de 3.240 euros.
Las obras se acometieron en la urbanización Las Pitas, donde, según el último censo elaborado por la Junta de Andalucía, hay más de 150 viviendas ilegales, informa Manuel Planelles.
* ELPAIS.com - L. PALOMA - Cádiz - 26/09/2007
Foto: Cádiz - E.Ruíz (ELPAIS.com)
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Montjuïc: la acrópolis parcelada
JOSEP MARIA MONTANER* : El Plan de Usos de Montjuïc, presentado por el Ayuntamiento de Barcelona en julio de 2006, pendiente del proceso participativo antes de su aprobación inicial, no va más allá de poner orden al estado de la cuestión, legitimando la evolución seguida en las últimas décadas como lugar de ocio, consumo y turismo, y como reserva para ir construyendo, y no afronta las tres mayores dificultades: la excesiva subdivisión y privatización, su problemática accesibilidad y relación con los barrios colindantes, y la amenaza a parte de su memoria y a sus valores medioambientales.
Montjuïc, durante siglos reserva de vestigios geológicos y arqueológicos, enclave de bosques espontáneos, lugar de control militar, cantera para alimentar la construcción, plataforma de campos de cultivo, a principios del siglo XX se convirtió en la alternativa para crear símbolos, levantar pabellones y experimentar una renovación pedagógica. La exposición de Industrias Eléctricas, pensada para 1917 y finalmente realizada en 1929, y los jardines escalonados proyectados por Jean-Claude-Nicolás Forestier y Nicolau Maria Rubió i Tudurí, poseían una idea unitaria de ciudad noucentista: un sistema de paseos y plataformas, relacionados por escaleras y ejes de agua, que aportaba las reservas de verde, museos e hitos necesarios para la naciente metrópoli del siglo XX.
A partir de la dictadura y del porciolismo se inició su uso intensivo, como trastero para ir urbanizando, explotado como parque para ferias, atracciones y un Poble Espanyol como recinto cerrado. El proyecto de Josep Lluís Sert para la Fundación Joan Miró, que se situó sobre un alto muro de contención que destrozaba la continuidad de los jardines Laribal de Forestier y de Rubió i Tudurí, favoreció la tendencia a la fragmentación. Y el proceso se agudizó con los Juegos Olímpicos y la barrera de la plataforma del Anillo Olímpico y su torre de telecomunicaciones no operativa.
La última operación que desvirtúa el carácter público de Montjuïc es el hotel de lujo en Miramar, inaugurado estratégicamente tras las elecciones municipales. Esta apropiación exclusivista y elitista del espacio legitima la privatización de uno de los enclaves más privilegiados por su situación y sus vistas sobre el puerto, y mutila aún más el sentido popular de la montaña.
Si Montjuïc es un buen muestrario de plantas, árboles y pájaros, desde los cactus de los jardines Mossèn Costa i Llobera hasta la flora mediterránea del Jardín Botánico, pasando por la colonia de cernícalos en el Morrot, está tan subdividido que también lo es de todo tipo de vallas, muros, cercas, jardineras que obstaculizan el paso, separaciones, divisiones y fronteras.
El segundo problema no resuelto es la inadecuada accesibilidad, a favor del recorrido de vehículos privados y autobuses turísticos, y falta de una buena infraestructura de transporte público, de la cual la principal insuficiencia es el endémico retraso de la línea de metro que uniría el centro histórico con el MNAC, haciéndolo menos inaccesible. Ello viene agravado por el uso abusivo e inaceptable que muchas ferias hacen de la avenida de Maria Cristina cerrándola al público. No sólo provocan la disminución de visitantes al MNAC, al pabellón de Mies o al Caixafòrum, sino que taponan el más importante acceso peatonal y simbólico a Montjuïc.
Al mismo tiempo, sigue siendo prácticamente inexistente la conexión peatonal con los barrios colindantes. Falta un plan de movilidad integral que, además de potenciar las rutas turísticas rodadas, tenga en cuenta los recorridos desde los barrios cercanos. Esto queda patente en las dificultades de accesibilidad desde Poble Sec o desde otros núcleos urbanos que quedan separados de Montjuïc por fuertes desniveles y por áreas abandonadas y peligrosas. El nuevo plan de usos no enriquece la calidad de vida y de equipamientos cotidianos de los barrios cercanos: Can Clos, el Polvorí, Font de la Guatlla, la Satalia y Poble Sec.
Y esto enlaza con la tercera cuestión: la amenaza a las pervivencias biológicas y patrimoniales de una montaña que, tal como se sostiene en el número 101 (2007) de La Veu del Carrer, de la FAVB, debería ser reserva biológica y geológica, y en realidad está sometida a movimientos de tierra y mal mantenida, y acumula basura; una parte de los caminos históricos utilizados por los vecinos han ido siendo recortados, deshechos o borrados, y lugares de alto valor medioambiental, como los acantilados del Morrot, la laguna de la Foixarda y los alrededores del castillo, siguen en peligro.
El plan de usos deja constancia de algunos de los grandes logros conseguidos, como el Jardín Botánico y el nuevo teleférico, y propone una serie de actuaciones poco justificadas, como definir más fachadas y accesos a la montaña, o reforzar un nuevo paseo F, además del ya existente paseo K y del que está en obras, el Camí del Cim, que va de los jardines de Miramar, pasando por los jardines Joan Brossa, el Mirador del Alcalde, las murallas del castillo y el Jardín Botánico hasta el Mirador del Migdia y la calle del Foc.
No parece, por tanto, que haya voluntad de resolver ninguna de las tres tendencias negativas que dominan la montaña: aumenta el impacto de la fragmentación ocasionada por más construcciones y plazas de aparcamiento en superficie; se mantienen las dificultades de relación y accesibilidad con el centro y con los vecindarios cercanos, y la protección de los espacios de interés natural prioritario, en especial el Morrot (desde su base, La Riviere), el Camí de l'Esparver y el Turó del Port, sigue siendo insuficiente. En definitiva, un parque que debería ser más integral, accesible y público es cada vez más una urbanización parcelada y acumula más impactos de edificios y actividades.
* Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).
* ELPAIS.com - Tribuna - 27/09/2007
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27.9.07
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España sigue empeorando en corrupción por la especulación urbanística
EFE* : España mantiene un descenso gradual desde 2004 en el índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional (TI) hasta alcanzar una puntuación de 6,7 sobre 10 en el presente ejercicio, como consecuencia de la especulación urbanística en el país. Así explicó hoy el presidente de TI España, Jesús Lizcano, esta pérdida de cota en el índice, que ha hecho que España baje desde el 7,1 logrado en 2004, hasta el mencionado 6,7, un resultado "bueno, pero no demasiado".
No obstante, a su juicio, es previsible que el resultado de España vuelva a mejorar en la medida en que el sector inmobiliario empieza a desacelerarse, la presión de la demanda sobre la oferta es menor, y legislaciones como la recién aprobada Ley del Suelo dificultan la especulación e inciden en la transparencia del sector.
En el índice, que mide la percepción que tienen expertos y empresarios de 180 países de la corrupción en el sector público, España ocupa el puesto número veinticinco, aunque en el grupo de la Unión Europea se coloca aproximadamente en la mitad del ránking.
Así, España se sitúa por debajo de países como Nueva Zelanda (9,4), Finlandia (9,4), Reino Unido (8,4), Francia (7,3), Estados Unidos (7,2), Chile (6,9) o Uruguay (6,7) y por delante de Portugal (6,5), Italia (5,2) o Grecia (4,6).
Los países nórdicos son los que obtienen mejores puntuaciones en el índice, como Dinamarca (9,4), Finlandia (9,4), Suecia (9,3) o Islandia (9,2), junto a Nueva Zelanda (9,4) y Singapur (9,3), en tanto que los países con las notas "más dramáticas" son Irak (1,5), Somalia (1,4) y Myanmar (1,4).
Tres de cada cuatro países del índice suspende y además el cuarenta por ciento del total tiene puntuaciones inferiores a 3, lo que significa que la corrupción es percibida como "desenfrenada".
Estos resultados muestran, para Transparencia Internacional, la "fuerte correlación" que hay entre corrupción y pobreza, lo que requiere de una acción global entre países ricos y pobres para detener el flujo de dinero ilícito y "hacer justicia" para los menos favorecidos.
Los sobornos suelen provenir de multinacionales con sede en los países más ricos del mundo, señala la organización, para quien es "inaceptable" que estas empresas usen el soborno en el extranjero como estrategia empresarial legítima.
Los centros financieros mundiales son, además, un punto clave para los funcionarios corruptos que desean movilizar, encubrir e invertir su riqueza robada.
A este respecto, TI subraya que los paraísos fiscales jugaron un papel crucial en el saqueo de millones de euros en fondos de países en desarrollo como Nigeria y Filipinas, "facilitando las fechorías de líderes corruptos y empobreciendo a los ciudadanos bajo el mando de dichos líderes".
Para evitar estas situaciones, la organización de lucha contra la corrupción insiste en que los gobiernos adopten medidas contra el blanqueo de dinero para que desaparezcan los refugios de activos robados, y que los países ricos regulen sus centros financieros de una forma "más rigurosa".
También consideran necesario que las juntas directivas de las empresas multinacionales introduzcan códigos 'antisobornos' eficaces y que los países en desarrollo usen los fondos humanitarios para fortalecer sus instituciones de gobierno.
El índice de percepción de la corrupción 2007 se basa en catorce encuestas y estudios proporcionados por doce instituciones independientes, con la opinión de expertos y empresarios residentes y no residentes de los 180 países que participan.
* El Economista - Madrid, 26 sep (EFECOM)
Foto: Viñeta de ENIO - especula en accion
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26.9.07
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
Cerca de un centenar de diligencias por delitos urbanísticos en Jaén
ELPAÍS* : La Fiscalía de Jaén ha abierto en lo que va de año cerca de un centenar de diligencias por delitos urbanísticos, la mayoría de ellos contra la ordenación del territorio y medio ambiente. En 2006 los delitos urbanísticos se duplicaron con relación al año anterior, pasando de 51 en 2005 a 105 durante el último año.
Según la memoria de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Jaén, durante 2006 se incoaron 65 diligencias de investigación penal por delitos contra la ordenación del territorio, de las que 64 fueron remitidas con denuncia al juzgado de instrucción y una fue archivada. Además, se formularon 40 escritos de acusación por este tipo de delitos.
En cuanto a las 32 sentencias que emitieron los juzgados de lo Penal, 26 fueron condenatorias y seis, absolutorias. En una decena de casos se ordenó directamente la demolición de la vivienda ilegal mientras que en las otras 16 restantes se trasladó este mandato a la Administración.
Parajes protegidos
Los delitos contra la ordenación del territorio han proliferado especialmente en las zonas cercanas a la capital jiennense y afectan tanto a suelos no urbanizables como a parajes especialmente protegidos por sus valores medioambientales. También destacan las actuaciones realizadas en municipios como Torredelcampo, Baños de la Encina, Cambil o, las más recientes de Quesada y Jódar. En este municipio, el Seprona ya ha imputado a 32 personas, entre ellas al alcalde, José Luis Angulo, de IU.
En Huelva, el año pasado la Fiscalía de Huelva abrió 30 diligencias previas incoadas por delitos relativos a la ordenación del territorio y el medio ambiente. En lo que va de año el número ronda la quincena, lo que revela un ligero crecimiento de las diligencias iniciadas.
Ha destacado el archivo de la investigación acerca de la urbanización Costa Esuri, de Ayamonte o la denuncia sobre la construcción de la urbanización El Vigía, de Mazagón.
La Fiscalía constata que en lo que va de año han aumentado mucho las comunicaciones de casos desde los propios Ayuntamientos, lo que en ocasiones permite aligerar mucho el trabajo a la Fiscalía a la hora de presentar denuncias en los juzgados pertinentes y aligerar la petición de medidas cautelares de apercibimiento.
* ELPAIS.com - G. D. / M. J. A. - Jaén / Huelva - 26/09/2007
Foto: Jódar (Jaen) - pueblos-espana.org
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26.9.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La FRAVM considera el Plan de Impulso del alquiler insuficiente y electoralista
Fed.Reg.AA.VV.Madrid* : Algunas medidas parecen más dirigidas a dar un nuevo balón de oxígeno al negocio inmobiliario que a garantizar el derecho ciudadano al alojamiento. La FRAVM rechaza las limitaciones de acceso a las ayudas anunciadas por razones de edad. Lamenta la ausencia de medidas de penalización de la vivienda vacía, de iniciativas dirigidas a aumentar el parque público de vivienda en alquiler y la no mención a la movilización de suelo del Estado (ministerio de Defensa, RENFE…) destinado a la implementación de dicho parque.
El pasado día 18 de septiembre la ministra de Vivienda y el presidente del Gobierno presentaban públicamente el denominado “Plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler”.
Desde el ministerio de la Vivienda se había anunciado la adopción de una serie de medidas de choque para que la vivienda deje de ser un problema y pase a ser un derecho.
En lo concreto y en lo que se refiere al mencionado Plan, las medidas se limitan a una prestación de 210 €/mes destinada al pago del alquiler para los jóvenes ocupados y con ingresos máximos de 22.000 € anuales.
Cabe señalar que, ya en 2004, el Consejo de Ministros aprobó el denominado Plan de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo que contempla una ayuda de 240€/mes para los menores de 35 años con una renta inferior a los 19.950 € /año, por lo que la medida anunciada no aporta novedad alguna a este respecto.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) manifiesta su escepticismo sobre la efectividad de este tipo de subvenciones directas al inquilino que, aplicadas de manera aislada, contribuyen a medio plazo a una subida de los precios de los alquileres y que, a fin de cuentas, suponen una subvención pública a los propietarios.
Otra de las medidas anunciadas el pasado martes hace referencia a una deducción fiscal del 10,05% para el inquilino, lo que no solamente no supone un incentivo fiscal para el alquiler, sino que ni siquiera la equipara a las deducciones fiscales vigentes para la compra. La insuficiencia de esta medida contrasta con la generosa exención fiscal del 100% para los ingresos derivados de contratos de los jóvenes menores de 35 años y el 50% de deducción para los demás casos.
Unidas a estas medidas, se suma el anuncio de otras dirigidas a incrementar la implicación del sector empresarial en el mercado de alquiler, entre las que se contempla la introducción de ventajas fiscales y financieras para los promotores de vivienda protegida en alquiler o la cesión de derechos de superficie a dichos promotores. Medidas que parecen dirigidas más a dar un nuevo balón de oxígeno al negocio inmobiliario que a garantizar el derecho ciudadano al alojamiento.
La FRAVM considera que este paquete de medidas responde más a las necesidades electorales del momento que a una sincera apuesta por impulsar el alquiler como vía de acceso a una vivienda digna y avanzar hacia la satisfacción del derecho al alojamiento.
Cree, además, que el Plan está excesivamente orientado a estimular el mercado y a garantizar mejores condiciones para los promotores y no a garantizar el derecho ciudadano a una vivienda digna.
Rechaza las limitaciones de acceso a las ayudas anunciadas por razones de edad.
Lamenta, asimismo, la inexistencia de medidas de penalización de la vivienda vacía y la ausencia de iniciativas dirigidas a aumentar el parque público de vivienda en alquiler, así como la falta de mención a la movilización de suelo propiedad del Estado (ministerio de Defensa, RENFE…) o a un compromiso de que éste, o parte de éste, se destine a la implementación de dicho parque.
Por último, la FRAVM quiere expresar su alarma por la posibilidad apuntada de ceder derechos de superficie a promotores inmobiliarios privados con ánimo de lucro y poner de manifiesto que el Gobierno central ha excluido del citado “Plan” las mencionadas medidas, que han sido planteadas por escrito tanto al ministerio de Vivienda como a los poderes local y autonómico en repetidas ocasiones por ésta y otras organizaciones sociales consultadas.
* ANIA - 22/09/2007
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
Málaga suma mil delitos urbanísticos este año
ELPAÍS* : El fenómeno es claramente visible desde la autovía A-7 entre Málaga capital y Nerja. Los montes de la parte baja de la Axarquía, aparecen moteados por un sarampión de casas blancas que avanza año tras año al abrigo de uno de los climas más suaves de la Costa del Sol y de unas estupendas vistas sobre el Mediterráneo. Este nuevo paisaje, bautizado con el nombre técnico de diseminado, descansa en gran medida sobre cimientos ilegales. Muchas de las casas se levantan sobre antiguos terrenos agrícolas cuyos propietarios vieron más rentable el cultivo del ladrillo que el respeto al planeamiento urbanístico que impedía construir sobre las fincas.
Una vez saturada la franja litoral, la Axarquía y el Valle del Guadalhorce se han convertido "con diferencia" en las comarcas malagueñas donde más delitos contra la ordenación del territorio se producen, según Fernando Bentabol, uno de los fiscales de Medio Ambiente de Málaga. En lo que va de año, la Fiscalía ha abierto "cerca de 1.000 diligencias informativas" por delitos urbanísticos, un ritmo que ya cuadriplica las 243 diligencias abiertas en todo el año 2006.
Bentabol comparte a grandes rasgos el informe emitido por su colega de Cádiz, sobre la falta de compromiso, cuando no connivencia, de los ayuntamientos ante el problema del urbanismo ilegal. "En la provincia de Málaga apenas tres o cuatro de los cien ayuntamientos se han tomado el problema realmente en serio", afirma. En esta ilustre nómina cita a Vélez-Málaga, cuya Gerencia de Urbanismo presentó 48 denuncias en 2006 y a Málaga, que interpuso 25. Las críticas se extienden a la administración autonómica que, según el fiscal, "es el órgano que menos impulso tiene en esta materia". "La Junta tal vez tenga otras prioridades de inspección; el caso es que la mayoría de las denuncias nos llegan por la Guardia Civil".
Corrupción urbanística
Bentabol considera "muy difícil" probar que detrás de los delitos urbanísticos existen pagos de los promotores a políticos y funcionarios. Sin embargo, tiene claro que "desde el momento en que un alcalde da una licencia favorable para construir en suelo no urbanizable se está hablando de corrupción urbanística".
Otro punto de coincidencia entre Bentabol y su colega Núñez es la necesidad de que los tribunales penales impongan la pena de derribo sobre las viviendas y construcciones ilegales y observa una "falta de conciencia" por parte de los jueces. "En el ámbito penal sólo se han ordenado 10 derribos este año. Los ayuntamientos acaban legalizando las obras porque obtienen ingresos legales a través de los impuestos". Muchas de las casas ilegales van a parar a manos de compradores extranjeros.
En 2006, la Fiscalía de Málaga tramitó 66 denuncias contra Ayuntamientos y 20 contra alcaldes de todos los partidos políticos andaluces. Uno de los casos más graves se dio en Tolox, donde se han paralizado 2.000 viviendas ilegales en torno a 17 urbanizaciones.
El nuevo alcalde de Benalmádena, Javier Carnero (PSOE), mantuvo que el informe de la Fiscalía pone en evidencia lo que ocurre en la Costa del Sol. Según Carnero, la situación urbanística de Benalmádena "está encauzándose de forma acelerada". "Los promotores que intentan venir lo hacen de una manera completamente distinta. Eso corre como la pólvora y me llena de orgullo que sepan que hay seguridad jurídica", explica. El antiguo equipo de Gobierno, encabezado por Enrique Bolín tiene al menos 80 procedimientos abiertos por irregularidades urbanísticas durante la última legislatura. Este periódico intentó sin éxito hablar ayer con los alcaldes de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), y Manilva, Antonia Muñoz (IU).
* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ /JUANA VIÚDEZ - Málaga - 25/09/2007
Foto: Benalmádena Costa (Málaga) - J.Rojas (El País)
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La macro fiesta de 'El Pocero'
CARLOS E. RODRÍGUEZ* : Se ha dicho y escrito mucho del “macrobotellón”, bueno, la macrofiesta de “El Pocero” con motivo de su reciente y polémica promoción inmobiliaria. El protagonista aprovechó el momento para sacar a la luz un nuevo proyecto que haría historia, no sólo en España, en el sector. Anunció una urbanización en Madrid con nada menos que un millón de viviendas. A una media muy prudente de cuatro personas por vivienda, estaríamos hablando de una urbanización con cuatro millones de habitantes, el doble que la población de todo el archipiélago canario, o casi dos tercios de la actual población de toda la Comunidad de Madrid. ¿Aspira “El Pocero” a convertirse en presidente de una Urbanización Autónoma en el seno del Estado español?
Bromas aparte, parece que se imponen algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo en el ámbito de las grandes constructoras, sea de viviendas o de infraestructuras. El sector no pasa por los mejores momentos de imagen pública, ni promotores y constructores disfrutan en estos momentos de la mejor fama. Ya se sabe que popularidad y fama son cosas diferentes. Irrita a los ciudadanos la baja calidad de la obra pública, la carestía de la vivienda, las noticias de corrupción, incluso la desenvoltura con que trabajan, seguros como están de que las autoridades, especialmente las municipales, mirarán al tendido. Madrid es el ejemplo límite de una ciudad donde las empresas constructoras manejan su maquinaria con modales de territorio ocupado, cortan calles sin previo aviso y sus empleados dan órdenes a peatones y conductores con modales de policía soviética, mientras los policías municipales, cada vez más expertos en las técnicas de la invisibilidad, procuran “hacerse humo” con prudencia humanamente comprensible.
Sin embargo, la culpa de esta situación, que se repite por ciudades y pueblos de buena parte de España, no es de las constructoras, que son empresas actuando, bajo obligado objetivo de rentabilidad, en un escenario de condiciones peculiares que les vienen dadas. Ya se que lo repito mucho, pero lo seguiré haciendo: la primera obligación de un empresario es con su empresa, sus resultados, sus accionistas y sus trabajadores. A partir de ahí, en Alemania, por poner un ejemplo, tendrán que moverse en los envidiables parámetros propios de la sociedad alemana, y en Senegal, con el máximo respeto y sólo por poner otro ejemplo, tendrán que hacerlo en las peculiares condiciones del digamos país.
¿Y cuáles son los parámetros que condicionan a promotores y constructores aquí, en España? Es un secreto a voces lo que sucede en innumerables municipios españoles en materia de suelo, urbanismo y construcción. Tan secreto a voces como las risas que produce la nueva legislación del Gobierno al respecto. ¿Qué van a hacer promotores y constructores si hay tantos alcaldes y concejales, digámoslo suavemente, “interesados” por el urbanismo y la construcción y al mismo tiempo, dueños del valor y aplicación del suelo? Pues tienen que elegir entre cerrar empresas o trabajar en condiciones que les vienen dadas y que no necesariamente comparten.
Cierto que tan corrupto es el que corrompe como el que se deja corromper, pero es que en España, y en este ámbito de la actividad, sucede que son los presuntos corrompidos los que exigen serlo, cuando no llegan –que buen número de casos concretos podrían citarse, y no sólo en provincias del litoral– a compartir la política municipal con intereses directos en empresas inmobiliarias o constructoras.
Lejos de mi ánimo el pretender que El Pocero sea un modelo de empresario, ni que sus métodos sean disculpables. Pero al fin y al cabo, El Pocero proporciona empleo, construye las viviendas y genera actividad económica. Y sus dispendios de lujoso avión privado y yate de superlujo son humanamente comprensibles en un país que ha saltado sin red de la vieja austeridad castellana al más exhibicionista lujo fenicio. Al fin y al cabo, en su verano mallorquín, El Pocero no ha hecho más que lo que otros muchos hicieron antes, hacen ahora y seguirán haciendo, sin que sea necesario citar nombres. Forma parte del mercado, quizá no de la parte más presentable del mercado, pero ciertamente del mercado. Si algo fuera ilegal, para eso están los Tribunales de Justicia.
No son disculpables, en cambio, ni forman parte del mercado, las actuaciones de los políticos municipales corruptos. Y no es suficiente, para ellos, con la actuación compleja y lenta de la Justicia, ni siquiera es suficiente con eso que siempre se pide de que investigue y actúe la Fiscalía. Si esos políticos municipales, de cualquier partido, a sabiendas de que son corruptos, reciben el voto de sus conciudadanos porque estos anteponen la afinidad o el alineamiento ideológicos a los valores de honradez y transparencia, que nadie se queje luego por lo que hacen.
Vivimos afortunadamente en una democracia plena. Cada país, cada comunidad, cada ciudad, cada pueblo, tiene los políticos que se merece, esto es, aquellos a los que dan sus votos. ¿Pero de verdad queremos seguir así en algo tan importante, porque afecta a ese valor básico que es la vivienda, con un modelo de financiación municipal, suelo y competencias de urbanismo que parece diseñado para promover y fomentar las actuaciones irregulares? Digámoslo sin rodeos. A juzgar por las últimas elecciones municipales y autonómicas, sí, lo queremos. O por lo menos lo quieren las mayorías, en uso legítimo de su derecho a decidir mediante los votos. Así que dejemos de quejarnos por la corrupción urbanística o a la hora del voto tengamos el coraje de poner la moral pública por delante de la ideología. Con nombres y apellidos.
* Diario Crítico - Opinión - 24-09-2007
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Anticorrupción de Baleares pide seis años de cárcel para el ex alcalde de Andratx
EFE* : La Fiscalía Anticorrupción de Baleares ha solicitado la apertura de juicio oral, una pena de 6 años de cárcel, 6 años de inhabilitación para desempeñar cargo público y una multa de 60.000 euros al ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo por construirse una vivienda unifamiliar aislada en una zona rústica protegida. El ministerio público solicita también la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Palma contra Jaume Massot, jefe del área de Urbanismo; José Ignacio Mir, letrado asesor de la Corporación municipal, y Jaume Gibert, inspector municipal de obras, por "idear, planificar y ejecutar" las acciones que permitieron la construcción de la referida vivienda en el municipio de Andratx.
Esta causa es una de las piezas del "caso Andratx", donde se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en este municipio mallorquín, lo que motivó la detención y posterior dimisión del alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo en noviembre de 2006.
El fiscal Juan Carrau solicita sendas fianzas de 90.000 euros para Hidalgo y Gibert, así como la demolición del chalé que construido por el ex alcalde y la recuperación original de esta parcela.
En el escrito de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción se explica que los hechos sucedieron entre finales de 2002 y principios de 2003. La situación de la parcela de 3.035 metros cuadrados de extensión en un área de especial protección "hacía inviable legalmente la obtención de licencia municipal para la ejecución de tales obras", asegura el fiscal.
Carrau asegura que Hidalgo solicitó el 14 de febrero de 2003 al Ayuntamiento de Andratx una licencia de obra mayor para la ampliación de un almacén agrícola inexistente, así como para la construcción de una nave agrícola en esta parcela de su propiedad. "Todo ello -señala la Fiscalía- con la finalidad de dar una cobertura y apariencia de legalidad para la construcción de la vivienda unifamiliar prohibida por disposición legal".
El 5 de Mayo de 2003, el celador municipal Jaume Gibert, "aleccionado y convencido" por Hidalgo, emitió una certificación donde afirmaba "falsamente" que existía un almacén agrícola y que tenía una antigüedad superior a los 50 años. "Siguiendo con el plan preestablecido", el 6 de mayo de 2003 Jaume Massot, como jefe del área de Urbanismo, emitió un informe favorable a la licencia de ampliación solicitada.
Ese mismo día, el letrado asesor José Ignacio Mir emitió el correspondiente y preceptivo informe jurídico favorable, si bien "conocía sobradamente" la falta de supuestos legales para poder informar favorablemente la licencia.
Los delitos descritos incluyen falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística e infracción contra la ordenación del territorio. La Fiscalía considera que Hidalgo incurrió en los tres, Jaume Massot y José Ignacio Mir en prevaricación urbanística, y a Jaume Gibert le imputa sendos delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio.
El fiscal pide las siguientes penas: Jaume Massot, 2 años de prisión e inhabilitación de cargo público por un tiempo de 10 años; José Ignacio Mir, 1 año de prisión e inhabilitación de cargo público durante 10 años, y Jaume Gibert, 6 años de prisión e inhabilitación para desempeñar cargo público durante 6 años.
* La Vanguardia - Palma (EFE) - 25/09/2007
Foto: Andratx (Mallorca) - Antoni Sureda (wikipedia.org)
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Tema: NOTICIAS Baleares
Vecinos de Roquetas denuncian la aprobación de un "pelotazo"
ELPAÍS/Almería* : Vecinos del municipio almeriense de Roquetas de Mar integrantes del colectivo Manos Limpias por el Urbanismo denunciaron ayer un "pelotazo urbanístico" aprobado por el PP en un pleno municipal celebrado el pasado julio. Este acuerdo permite construir en una rambla contigua a unos terrenos de la empresa Mayfranktour y cuadruplica la edificabilidad del terreno inicial.
El Ayuntamiento también permitirá que el 30% de vivienda protegida correspondiente al sector sea trasladado a varios kilómetros, a un terreno ya consolidado. A cambio, la empresa ofrecerá al Ayuntamiento 21 millones de euros para el nuevo hospital, así como soterrar la rambla.
En los terrenos propiedad de Mayfranktour se construirán, previsiblemente, tres torres con una edificabilidad de 83.000 metros cuadrados, casi cuatro veces más de lo permitido. Uno de los portavoces de Manos Limpias, Jesús García, desveló "vinculaciones directas" entre esta empresa y otras como Predios del Sureste o Inmaculada Algaida, "relacionadas a su vez con familiares de Gabriel Amat, alcalde del municipio".
Los terrenos de Mayfranktour, de 30.000 metros cuadrados, pasan gracias al convenio a tener una edificabilidad de 1,3 metros cuadrados de techo por metro de superficie en lugar del 0,5. Además, el Ayuntamiento otorga edificabilidad a la rambla contigua.
Los denunciantes también advierten del peligro de cubrir la rambla, según un informe de la Agencia Andaluza del Agua. "Esta rambla se cataloga de riesgo grave porque lleva 497 metros cúbicos de agua por segundo. Los técnicos recomiendan en un informe que no se cierre de ninguna forma", indicaron.
En relación con la cuota que por ley debe ofrecer la parcela para vivienda protegida, Manos Limpias denunció el traslado de las 216 viviendas correspondientes hasta el edificio del mercado de abastos, a varios kilómetros de distancia. "Trasladan las VPO a otra parcela ya consolidada que no tendrá aparcamientos ni zonas verdes para esas nuevas familias y lo convertirán en un gueto", remacharon miembros del colectivo.
El convenio fue aprobado en pleno municipal el pasado julio con los votos favorables del PP. El PSOE se abstuvo e Indapa votó en contra. El delegado de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería, Luis Caparrós, ya ha adelantado que desde su departamento no existe "ninguna atadura" en relación al convenio firmado entre Salud y el Consistorio para la construcción del hospital.
La consejera de Salud, María Jesús Montero, y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, firmaron en junio de 2005 un convenio para la construcción de un hospital de alta resolución que prestará servicio a 100.000 habitantes de la comarca. Tras la firma del convenio, el Ayuntamiento de Roquetas se comprometió a realizar los trámites y gestiones necesarios para disponer de unos terrenos que reuniesen las características técnicas "necesarias", y abordar la construcción y equipamiento del centro "según el plan funcional definido".
* ELPAIS.com - M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 25/09/2007
Foto: Roquetas de Mar (Almería) - aytoroquetas.org
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Casas vacías
FRANCISCO J. LAPORTA* : Tras el proyecto de ley de vivienda de la Junta de Andalucía nos llega el programa de medidas de la nueva ministra de Vivienda. La buena noticia es que parece optar por animar el alquiler en lugar de incentivar la depredación constructora. La mala es que se centra obsesivamente en el mecanismo de la subvención. Su presentación ha sido, en efecto, un discurso que sonaba a aquellas viejas letanías de los vendedores ambulantes que ofrecían más y más. Todo un programa de incentivos y subsidios que incluye también alguna medida que afecta a los propietarios de todas esas casas vacías que parece haber en las grandes ciudades. Se pretende con ellas animarlos a que las pongan en venta o arrendamiento. La mentalidad que lo preside es, supongo, la misma que impulsó esas llamadas Sociedades Públicas de Alquiler cuyo objetivo era dinamizar el mercado y sacarlo de esa nueva especie de "manos muertas".
Hay, en efecto, cientos de casas vacías que los propietarios no se animan a alquilar, y con estos incentivos y otras medidas jurídicas varias que se improvisen aquí y allá, se pretende estimularlos a que lo hagan como un modo posible de paliar el problema de fondo. Afortunadamente no se han mencionado ahora cosas como impuestos especiales o expropiaciones dirigidas a amedrentar a los propietarios. Es mucho más un discurso de subsidios y garantías. Pero no voy a detenerme en esos pormenores porque me parecen ser irrelevantes. Lo que pretendo es simplemente recordar a nuestros bienintencionados gobernantes que su política no se centra en algo que es, sin embargo, fundamental, para la vivienda y para otras muchas cosas más, y que, sin embargo, tiende a ignorarse, y a lo que, en todo caso, no se dedican con la misma creatividad, alegría y fervor.
A cualquiera que haya pensado un poco en ello se le ocurre inmediatamente cuál puede ser la causa de que los propietarios de viviendas vacías, incluso aquellos que las han comprado como mera inversión, adopten un comportamiento tan estúpidamente antieconómico como el de tenerlas vacantes e improductivas, cargando además innecesariamente con todos los gastos que su tenencia y cuidado comportan. La causa es que el alquiler es una opción de alto riesgo en un país donde el cumplimiento de los contratos se protege por una organización que funciona lamentablemente. Esa organización es la administración de justicia y por lo que respecta a estos temas es un desastre. Si el arrendatario no paga la renta o destroza la vivienda no le pasa absolutamente nada. Se marcha tranquilamente y aquí paz y después gloria. Nuestra decrépita justicia, arrastrándose lentamente y con no pocas arbitrariedades y goteras, nos devolverá el inmueble tras un juicio verbal de esos "rápidos" que en las artríticas condiciones en que se mueve durará probablemente más de un año. A los perjuicios de no cobrar la renta anterior a la demanda se añaden por sus diligentes señorías los de no cobrarla quizás durante un año más.
No estoy exagerando. No hay más que espigar aleatoriamente en los juicios de desahucio de una gran ciudad, que es donde se da el problema, para cerciorarse de ello. Los términos y plazos que aparecen en la ley son puro papel mojado, porque con la ley en la mano un procedimiento de desahucio por falta de pago debería durar menos de dos meses, y la realidad es que llega fácilmente a un año.
Por si esto fuera poco hemos ideado novedades procesales que parecen calculadas para defraudar la confianza del ciudadano en la justicia. Llevando las garantías hasta extremos decididamente estúpidos, se produce en éstos y otros pleitos la siguiente situación perversa: como es obvio, el inquilino tramposo se marcha de la vivienda sin decir esta boca es mía, y, por supuesto, sin ser tan cándido como para dejar un domicilio para que le notifiquen y persigan. Y entonces empieza el festival de los despropósitos: citación aquí, citación allí, búsqueda en registros públicos, etc., todo se intenta antes de que el pobre demandado quede desamparado por la justicia. El casero, al parecer, no necesita tanto amparo, y ve cómo pasan por delante de él semanas y semanas hasta que el juez, agotados todos los recursos que exige el más esmerado de los garantismos, acaba citando por edictos. En todo este engorro se van fácilmente tres meses. Y por supuesto que no cita para mañana ni pasado. Dada la sobrecarga de trabajo bien puede citar para dentro de cuatro o cinco meses: el juicio verbal rápido sigue así su vertiginoso curso. Al fin se celebra la vista, a la que el demandado, como es obvio, no asiste. Y con ello se llega al fallo.
¿Creen ustedes que ahí acaba todo? Naturalmente que no. Hay que hacer las cosas bien. El demandante no puede ir así como así a un cerrajero y abrir la puerta. Eso sería poco jurídico. Hay que ejecutar la sentencia -lo que resulta ser ahora un nuevo pleito con nuevas minutas de abogado y procurador- y proceder después al lanzamiento. Lo contrario sería tomarse la justicia por su mano. Para empezar hay que publicar la sentencia en un boletín oficial porque no sabemos dónde notificársela al fugado, y aquí surge una nueva y sorprendente invención. No se sabe bien por qué, unos jueces ordenan la publicación de toda la sentencia, otros en cambio sólo del fallo. La diferencia puede ser de algunos cientos de euros que, naturalmente, tiene que pagar el demandante. La justicia, como se ve, es realmente ciega; todo depende del azar: según qué juzgado te toque te sale más caro o más barato el mismo asunto. Además, las páginas del tal boletín no están como para hacer las cosas de hoy para mañana; otro buen mesecito puede pasar hasta que salga publicada. Si se quiere acelerar hay que pagar el doble.
Pero con paciencia y dinerillo la justicia va adelante renqueando. Por fin sale. Ha llegado el ansiado momento del lanzamiento. Pero claro, hay mucho trabajo en todos lados, y no se pueden hacer las cosas tan corriendo. Se señala el lanzamiento, sí, pero se señala para algunos meses más tarde. Sigue el vértigo. En conclusión: como poco, un año entre la demanda y la recuperación del inmueble. Y puede que la cosa no pare ahí, pues cuando llega la comisión a desalojar el piso cabe la posibilidad de que se encuentren pertenencias sensibles que, dado que sólo se ha citado por edictos, no pueden dejarse en la calle o a la custodia de cualquiera, y tienen que trasladarse al depósito municipal; por supuesto, a costa del propietario. O una familia con niños, y entonces las cosas se complican aún más. Doce o catorce meses que no se cobran, mil desperfectos que no se reparan, y muchos euros en trámites kafkianos. He aquí cómo funciona la garantía judicial de los contratos en nuestro Estado de Derecho.
Lo que ponen al descubierto esas políticas novedosas, con sus soluciones autóctonas y milagreras, es, ni más ni menos, que tenemos que prescindir de los jueces porque ya aceptamos tácitamente que es imposible reparar todos los boquetes y averías que tiene la justicia civil entre nosotros.
Por lo que respecta a los alquileres y su eficacia, los procedimientos judiciales no sirven, más bien generan efectos perversos que hay que tratar de corregir a golpe de impuestos o incentivos. El poder ejecutivo avanza una vez más hacia el proscenio para sustituir la desoladora impotencia del sistema judicial. Y así, nos disponemos a improvisar medidas en lugar de hacer lo que han hecho todos los países en los que este problema simplemente no existe: celeridad en los pleitos y un tipo de seguro privado para los propietarios, que aquí, naturalmente, no prospera por la que está cayendo en los tribunales.
Lamento haberme entretenido en minucias de procedimiento y lo que pueden parecer anécdotas forenses, pero sólo he querido expresar con un ejemplo lo que es un problema de Estado del que hemos renunciado ya hasta a hablar. Ese problema es la razón de fondo por la que cientos de propietarios de viviendas prefieren no alquilarlas, exigen avales gravosos o piden rentas excesivas. Y por eso es un escándalo que alguien sugiera, como alguna vez se ha hecho, que les van a cobrar más impuestos por tenerlas vacantes.
Tener una administración de justicia lenta y burocrática, conviene repetirlo una vez más, no es una cuestión de abogados y pleiteantes que no atañe a los demás. Se trata de una condición necesaria para el funcionamiento eficiente del sistema económico en su conjunto. El caso de la vivienda viene a mostrarlo una vez más. Y es crucial para incentivar el alquiler. Ahí es donde deben tomarse las grandes medidas.
* Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
* ELPAIS.com - Opinión - 22/09/2007
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
Los tribunales suspenden la licencia del mayor complejo urbanístico promovido en Lanzarote
EP/Canarias* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha accedido a la petición del Cabildo de Lanzarote de aplicar medidas cautelares y ha suspendido la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza a Costa Roja, S.L., para la construcción de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje, en Playa Blanca. La licencia, ahora suspendida, amparaba la construcción de un núcleo de población con más habitantes que Tinajo, la mayor promoción en la historia de Lanzarote y, probablemente, de Canarias, a pesar de que su título consistía en un escueto "Conjunto Residencial".
El Juzgado de lo Contencioso reconoce la pretensión del Cabildo de suspender la mencionada licencia, dado que la misma "autoriza un proyecto que va en contra de los parámetros urbanísticos globales que para dicho suelo se establece en el Plan General, al prever una edificabilidad cuatro veces superior a la permitida, a lo que se suma el hecho de que dicha licencia autoriza un uso distinto al establecido (uso turístico) mientras que el proyecto autorizado lo es para uso residencial, todo ello en un suelo urbanizable que ni ha sido sectorizado ni cuenta con plan parcial que lo desarrolle". De lo que se deduce que la licencia suspendida violenta el propio Plan General de Yaiza.
La magistrada señala que "aparece, por un lado, el interés del Cabildo Insular de Lanzarote, que representa un interés supralocal o supramunicipal, de establecer una regulación regional del uso del suelo y ordenación del mismo, y del otro lado, está el interés del Ayuntamiento y del titular de la licencia de que se ejecuten las obras por ella autorizada".
En este sentido, la sala reconoce, una vez más y de manera clara y contundente, la capacidad de intervenir del Cabildo en su calidad de responsable de la ordenación insular, posibilidad ésta negada sistemáticamente por la defensa jurídica de los promotores y ayuntamientos infractores, contra los que la primera Corporación ha interpuesto diversos procedimientos judiciales.
En cuanto a los intereses en conflicto, el auto recoge que "frente a la alegación de que debe valorarse igualmente los beneficios de todos los vecinos, los cuales se verán favorecidos por la creación de puestos de trabajo y de riqueza, no se comparte dicha tesis, en el sentido de que la hipotética creación de riqueza deba erigirse en un interés más digno de protección que la legalidad urbanística; y ello porque la riqueza, como patrimonio de una sociedad determinada, no se mide sólo por el número de edificios destinados a vivienda que existan en un municipio, sino porque esa edificabilidad se alcance dentro de parámetros razonables de calidad, bienestar colectivo y respeto al medio físico o al entorno urbanístico".
La presidenta del Cabildo, Manuela Armas, manifestó la enorme satisfacción que le produce el presente auto y destacado la urgencia con que atendió este asunto, una vez ocupó la presidencia insular, dando instrucciones al letrado del Cabildo para que solicitara la suspensión cautelar. A su juicio, "se ha logrado paralizar la construcción de un proyecto delirante, mientras se avanza en el procedimiento contencioso-administrativo, impidiendo que se consolide la transformación del suelo por la vía de los hechos consumados".
La concesión de esta licencia supuso un verdadero escándalo público hace meses, toda vez que el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ocultó la misma al Cabildo y a la propia corporación municipal.
* Yahoo Noticias - Europa Press, lunes, 24 de septiembre
Foto: Yaiza (Lanzarote) - dis.ulpgc.es
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Tema: NOTICIAS Canarias
"La situación urbanística en Cádiz, fuera de control"
ELPAÍS* : En el apartado referido al urbanismo y la ordenación del territorio, la Fiscalía General del Estado se hacía eco de la "magnífica memoria" presentada por el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez. Según este representante del ministerio público, los ataques a la legalidad urbanística son tantos y tan graves que "no resulta exagerado calificar la situación -que es enormemente preocupante- como de fuera de control". Núñez destaca que "todo sucede sin que las administraciones a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística ejerciten de la forma que sería de desear las funciones que les atribuye el ordenamiento".
El fiscal subraya el incremento de investigaciones por supuestos de prevaricación urbanística en los que aparecen implicados autoridades y funcionarios públicos. Estos delitos se concretan en dar informes favorables o conceder licencias de obra contrarias al planeamiento vigente. Según Núñez, el planeamiento urbanístico se está convirtiendo en "un mero instrumento de regularización" de las infracciones ya cometidas.
El fiscal detecta la extensión de una práctica puesta en marcha por el supuesto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca. Se trata de la "torticera utilización del silencio administrativo como instrumento para conceder licencias manifiestamente ilegales".
Núñez cree que el hecho de que no se demuelan las construcciones ilegales "fomenta la convicción de que, una vez finalizada la construcción, se van a poder legalizar las irregularidades en todos los casos". Esta "sensación de impunidad" provoca dos efectos perversos: por un lado, los dueños de viviendas ilegales se han constituido en "grupo de presión" para obtener cambios en los planes urbanísticos que legitimen sus casas. Por otro, la falta de demoliciones produce un "efecto llamada para nuevas construcciones ilícitas".
La "ineficacia de la Administración" hace que muchos delitos no lleguen siquiera a conocimiento de la Fiscalía, lo que está generando "bolsas de impunidad", según Núñez. El fiscal reclama en su informe que los juzgados y tribunales decreten el derribo de las casas contrarias al planeamiento. "Si los tribunales penales no ordenan la demolición, vista la proverbial falta de eficacia de la Administración en el ejercicio de las competencias de disciplina urbanística, ¿no se está permitiendo que el infractor consolide definitivamente los efectos del delito?", se pregunta.
* ELPAIS.com - F. J. P. - Málaga - 24/09/2007
Foto: Cadiz, ayuntamiento - Falkue 03 (wikipedia.org)
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Los concellos y la Xunta incumplen todos los plazos que dicta la legislación urbanística gallega
LAVOZDEGALICIA* : A falta de un trimestre para que la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural 9/2002 cumpla su primer lustro, ni la Xunta ni la práctica totalidad de los concellos pueden presumir de cumplir con el calendario que se estableció en esa legislación para la puesta en marcha de las principales medidas diseñadas con el objetivo de preservar el paisaje del caos urbanístico. Pese a que todos los procesos están en marcha, con la previsión de que esas herramientas puedan aplicarse a corto o medio plazo, todos los plazos se han rebasado con holgura.
Directrices del territorio
Según la Lei 9/2002, las directrices deberían elaborarse en un año desde su entrada en vigor. Ese plazo finalizó el 1 de enero del 2004, pero el Gobierno anterior las dejó pendientes y Galicia sigue aún sin directrices de ordenación del territorio. La Xunta espera presentarlas y someterlas a aprobación antes de que finalice este año.
Ordenación del litoral
El plan integral para ordenar el desarrollo en la costa tendrá un recorrido paralelo a las directrices del territorio, si bien las expectativas para su aprobación se extienden en este caso al primer semestre del 2008. Si se cumple ese calendario, el plan del litoral comenzaría a aplicarse tres años después del plazo establecido en la Lei 9/2002, que remató en enero del 2005.
Planeamientos
Es la mayor incógnita. El plazo marcado por la ley autonómica finalizó en enero del 2006, pero sólo 17 concellos cuentan con planes adaptados. De ellos, solo dos costeros, A Pobra do Caramiñal y Zas, cuentan con planeamientos listos para recibir la aprobación definitiva.
* La Voz de Galicia - 24/9/2007
Foto: Santiago, pazo Raxoi, sede Xunta y Ayuntamiento - Vasco Roxo (wikipedia.org)
Noticia relacionada: La ley del litoral provoca la revisión de planes urbanísticos municipales /La Voz de Galicia
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25.9.07
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Tema: NOTICIAS Galicia
Los imputados en el caso Andratx declaran ante el juez por dar licencia a un edificio ‘ilegal’
ÚLTIMAHORA/Mallorca* : Los principales imputados en el ‘caso Andratx’, la supuesta trama de corrupción urbanística destapada con la ‘operación Voramar’, vuelven a comparecer hoy ante el juez instructor, Álvaro Latorre. El ex alcalde Eugenio Hidalgo, el ex jefe del Área de Urbanismo Jaume Massot y el celador municipal Jaume Gibert declararán sobre la pieza separada número 63 del sumario principal, relativo a un edificio de viviendas construido en unos terrenos de la Avenida Gabriel Roca del Port de Andratx, donde sólo estaba autorizado un aparcamiento público.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears ya se pronunció sobre la supuesta ilegalidad de ese inmueble, y en una sentencia dictada el pasado mes de marzo ordenó su «derribo inmediato», al tiempo que conminó al Ajuntament de Andratx a tramitar «con celeridad y urgencia el expediente administrativo de demolición». La pieza separada 63 del ‘caso Andratx’ puede ser el segundo en iniciar los trámites de apertura de juicio oral, tras la caseta de aperos que Hidalgo convirtió en un chalet. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 1 y 10 años de cárcel para Hidalgo, Massot, Gibert y el abogado Ignaci Mir. A esa petición se ha adherido la acusación particular.
* Última Hora Digital - PATRICIO CANDIA - 18/09/07
Foto: andratx (Mallorca)- guides
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Tema: NOTICIAS Baleares
El alquiler español, lejos de converger con Europa
EFE* : España está aún muy lejos de la mayoría de países de su entorno en lo que a fomento del alquiler se refiere, con un mercado que supone el 7,5 por ciento del total, frente a la media del 30 por ciento de la UE, y con un porcentaje de vivienda protegida arrendada del 1 por ciento frente al 18 por ciento europeo.
Esta situación es la que pretende corregir el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, que esta semana anunció las dos primeras medidas de un plan de apoyo a la emancipación e impulso del alquiler, que pretende no sólo ayudar a los demandantes sino también estimular la oferta, para dinamizar un mercado que tradicionalmente no ha tenido ni apoyo estatal ni financiero.
Según el Ministerio de Vivienda, a finales de 2006 el parque de viviendas en España ascendía a 23,9 millones, de los que sólo 1,8 millones (7,5 por ciento) eran inmuebles arrendados y menos de 240.000 (1 por ciento) viviendas protegidas en alquiler, unas cifras que distan mucho de la media europea de acuerdo con los datos del Observatorio Europeo de la Vivienda Social (CECODHAS).
La situación en Alemania, con un parque de alquiler del 57 por ciento del total, es consecuencia de la masiva construcción de vivienda protegida llevada a cabo tras la Segunda Guerra Mundial, si bien en la actualidad la vivienda pública en alquiler supone el 6 por ciento, mientras que el otro 51 por ciento está en manos del sector privado.
En total hay 2,27 millones de hogares germanos que perciben ayudas directas al alquiler, aunque la cantidad depende del número de personas que viven en la casa, de los ingresos familiares y del importe del arriendo. También reciben ayuda estatal los jóvenes que se trasladen de ciudad para estudiar.
A mediados de los años 90, el gobierno alemán fomentó la adquisición de casa propia, con ayudas que alcanzaban el uno por ciento del importe de la compra, pero que desde el 1 de enero de 2006 ya no se conceden.
En Holanda tiene mayor peso la vivienda en propiedad (53 por ciento), si bien es el país europeo con el mayor porcentaje de vivienda protegida en alquiler (35 por ciento), que es promovida por el gobierno central.
También en el Reino Unido la vivienda pública de alquiler ha tenido tradicionalmente un peso importante (en la actualidad, el 20 por ciento del total), situación que cambió cuando Margaret Thatcher llegó al poder en 1979 e introdujo el derecho de compra para aquellos inquilinos de viviendas sociales. Hoy día la vivienda en propiedad llega al 70 por ciento.
Ese mismo porcentaje de vivienda en propiedad es el que pretende alcanzar el gobierno de Nicolas Sarkozy en Francia, donde el 38 por ciento de las viviendas son alquiladas (21 por ciento público y 17 por ciento privado), y para lograrlo se permitirá a los inquilinos comprar las viviendas de protección oficial que ya disfrutan en alquiler.
En el país vecino la política fiscal en materia de vivienda está equilibrada entre compra y arrendamiento, y en lo que se refiere a alquiler social, la ley francesa obliga a los municipios a destinar un 20 por ciento del parque total a este propósito, si bien muchos ayuntamientos no cumplen la norma porque las sanciones no son disuasorias.
Pero el paso más audaz en materia de vivienda lo ha dado Francia con la aprobación de una ley que prevé la posibilidad de denunciar al Estado ante los tribunales cuando la demanda de una vivienda protegida en alquiler no se satisfaga en un determinado plazo.
Italia es el país con la situación más parecida a la española, con el 81 por ciento de la vivienda en propiedad y el 19 por ciento en alquiler, la mayoría en manos del sector privado.
Al igual que en España, el Gobierno italiano está promoviendo un plan nacional (aún no aprobado) para facilitar el alquiler a las familias con rentas más bajas, que incluirá la supresión del impuesto sobre bienes inmuebles y mayores facilidades para los jóvenes.
* La Vanguardia - 23/09/2007
Foto: Se alquila - ladrillos, PD.
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Tema: NOTICIAS Europa , NOTICIAS VIVIENDA
Ladrillos rotos
MIQUEL ALBEROLA* : Astroc y Llanera son dos torres gemelas cuyo derrumbe económico remacha el fin de la aceleración urbanística valenciana. Su caída es la persiana que echa el cierre a un modo de hacer negocios que fue de cero a cien sin pausas y que contagió a muchas economías familiares, cuyos bolsillos ahora empiezan a resentirse. El ciclo pasó como una exhalación, como si se tratara de tiempo geológico, sin embargo, en apenas unos años ha transformado sustancialmente, para bien y para mal, buena parte de la mentalidad de la sociedad valenciana. El territorio adquirió rango de recurso y, por tanto, se volvió escaso, consumible y codiciable, pero también más apreciado como patrimonio. Nos modificó el vocabulario y dio lugar a una nueva casta que ha tenido mayor capacidad de influencia que las oligarquías en su momento de esplendor.
Y en esa aventura trepidante, que arruinó no pocos paisajes y convulsionó a las cajas de ahorros, algunos concejales y alcaldes rectos viajaron hasta el lado oscuro en BMW y se quedaron colgados de la cola del cometa para siempre. Sin embargo, la aceleración urbanística también tuvo otros efectos no tan negativos sobre la economía, puesto que se produjo en un momento en el que los sectores tradicionales empezaron a manifestar síntomas de agotamiento a causa de la globalización del mercado y la irrupción de productos asiáticos. Entonces, la promoción de viviendas no sólo amortiguó la caída que se estaba produciendo sino que espoleó a todos los sectores que arrastra esa locomotora y generalizó sus rentas entre la población. Esa locura también fue un síntoma de vitalidad de una sociedad en un momento de dificultades (otras no lo tuvieron y lo copiaron con posterioridad), así como una profunda lección de adaptabilidad social, que propició radicales cambios de oficio.
El problema es que muchos industriales de los sectores denominados maduros, lejos de reinvertir los beneficios logrados a través del ladrillo en otros sectores emergentes y en investigación y desarrollo, se entregaron por completo a la adquisición de solares y al rentismo, cegando las posibilidades de continuidad de las empresas. El tejido industrial se ha resentido más si cabe en todos estos años, poniendo en grave riesgo el equilibrio de la diversidad económica que ha sustentado la vida de los valencianos en el último siglo. Ahora, la caída de la actividad de la construcción sitúa de nuevo a la economía valenciana ante su propio drama y convierte en más acuciantes sus retos.
* ELPAIS.com - Comunidad Valenciana - 24/09/2007
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La Fiscalía del Estado alerta de la propagación del 'efecto Marbella' por el urbanismo andaluz
ELPAÍS* : Recalificaciones irregulares de parcelas, permutas de terrenos municipales a la baja, licencias de obras en fincas no urbanizables. El desorden urbanístico que ha caracterizado a Marbella se ha extendido a otras localidades costeras y del interior de Málaga, según la Fiscalía General del Estado, hasta el punto de que 20 alcaldes malagueños tienen al menos una denuncia por delitos contra la ordenación territorial. La última memoria del ministerio público alerta de que el "efecto Marbella" se ha extendido a otras provincias como Cádiz, donde las casas ilegales sirven para blanquear dinero del narcotráfico y donde se ha constatado un "significativo aumento" de los delitos de prevaricación urbanística por parte de autoridades y funcionarios municipales.
En los despachos de los fiscales de Málaga se amontonan carpetas sobre irregularidades que siguen "más o menos la forma de operar que es conocida en Marbella" y que implican "una importante variedad de sujetos delictivos", según la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2006. Estas causas se refieren principalmente a localidades costeras en las que el turismo es la principal fuente de ingresos.
La Fiscalía de Málaga tramitó en 2006 un total de 243 denuncias por delitos urbanísticos. El ministerio público subraya el protagonismo de la administración local en el desorden urbanístico. Veinte de los 100 alcaldes de la provincia de Málaga han sido denunciados al menos una vez por infracciones contra la ordenación del territorio. Además, de las 243 denuncias presentadas en 2006 en Málaga, 66 se dirigían contra Ayuntamientos, según la Fiscalía. Manilva, la última localidad costera, limítrofe con Cádiz, encabeza esta clasificación con diez denuncias, seguida de Marbella, con siete. También figuran otras localidades costeras como Estepona, Torremolinos, Rincón de la Victoria o la propia Málaga capital, que suma tres denuncias. La mayoría de estas denuncias se refieren a supuestos casos de prevaricación urbanística.
Los casos de localidades del interior están ligados a particulares que construyen viviendas unifamiliares en zonas no urbanizables, normalmente en pleno monte. En estos supuestos la Fiscalía malagueña tiene la impresión de que los Ayuntamientos "no ejercen con la debida diligencia sus facultades inspectoras a nivel urbanístico". De esta apreciación se libra el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, del que la Fiscalía destaca "la cantidad de denuncias realizadas"
Además, en numerosas poblaciones se han producido denuncias contra corporaciones municipales enteras por la concesión de licencias municipales de obras contra los informes de sus propios técnicos y por el acuerdo entre responsables políticos y técnicos. La Fiscalía destaca los casos de Archidona, Villanueva del Trabuco, Istán, Alhaurín de la Torre, Casares o Tolox. En este último municipio, de 2.336 habitantes, el juez ha paralizado la construcción de 15 promociones con 2.000 viviendas y ha imputado un delito contra la ordenación del territorio a su alcalde, el andalucista Juan Vera.
"Son pocos los municipios que por un motivo u otro no han sido denunciados, lo que da una idea de la magnitud y complejidad del problema que está desarrollando el problema urbanístico, en particular en la provincia de Málaga", concluye la memoria. Una de las razones que se esgrimen para explicar estos comportamientos es que "el urbanismo se ha convertido en el mayor aporte financiero de los municipios".
La Fiscalía de Cádiz, que el año pasado abrió 77 diligencias de investigación, siete más que en 2005, por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, también vislumbra el efecto Marbella en su provincia. De hecho, en todos los partidos judiciales gaditanos se han registrado denuncias por delitos contra la ordenación territorial. En 2006 ha comenzado a detectar la construcción de promociones ilegales para blanquear dinero procedente del narcotráfico, confiados en que estas conductas queden impunes. Otra forma de delincuencia detectada en Cádiz ha sido la entrada en juego de algunos arquitectos técnicos y peritos que han emitido informes o certificados falsos en los que dan cuenta -previa entrega de un dinero pactado- que una obra tiene más de cuatro años de antigüedad para que las irregularidades prescriban.
En Sevilla, las investigaciones abiertas por delitos contra la ordenación del territorio se han triplicado en el último año. De las 100 diligencias incoadas en 2005, se ha pasado a 353 durante 2006. Pese a que los desmanes urbanísticos del Aljarafe son los que más trascienden a la opinión pública, el mayor número de diligencias en Sevilla se concentran en la Sierra Norte y la Sierra Sur, también por construcción en suelo no urbanizable.
En Granada, se han abierto 56 diligencias de investigación penal, la mayoría de ellas por construcciones ilegales, sobre todo en la turística costa de Almuñécar y en el partido judicial de Motril.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 24/09/2007
Foto: Viviendas en construcción en Benalmádena - JULIÁN ROJAS (ELPAIS.com)
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Alcanalí prevé construir un geriátrico con 400 apartamentos en una zona virgen
EFE/Alicante* : El colectivo ecologista Vall de Pop denunció ayer que el Ayuntamiento de Alcanalí y una empresa constructora, con sede en Madrid, han presentado un proyecto conjunto para recalificar una zona virgen catalogada como «agrícola protegida» para convertirla en una urbanización de lujo. Según el colectivo, con el nombre de «Ciudad Geriátrica Rosalba Alcalalí», quieren construir 400 apartamentos y una zona con servicios de cafetería, restaurantes y salones, en un proyecto con una capacidad total para mil plazas que supondría duplicar la población del municipio.
La presentación del proyecto tuvo lugar ayer y en el transcurso de la misma la mercantil repartió una hoja informativa con el logotipo del ayuntamiento. Según los ecologistas, la empresa planteó la iniciativa como la «solución laboral» para los vecinos del municipio. No obstante, el colectivo señaló que la propia mercantil admitió que destinará el complejo a clientes extranjeros de alto poder adquisitivo por lo que «la mano de obra también será extranjera y requerirá hablar perfectamente el inglés». Los ecologistas apuntaron que la empresa destacó que es una construcción «respetuosa con el medio ambiente» y que «favorece la integración social de las personas mayores» , mientras que para el colectivo supondrá «un gran impacto visual», debido a que se ubicará en una colina catalogada como «zona agrícola de especial protección» por las normas subsidiarias de 1992 y en ningún caso favorecerá esa integración de los mayores «ya que los terrenos se encuentran a más de un kilómetro del casco urbano» .
Según el colectivo Vall de Pop, la empresa presentó el proyecto como la solución de futuro para Alcanalí «porque en la actualidad en este pueblo no hay nada» . Aunque la mercantil ya tiene 80.000 m 2 para habilitar las instalaciones, según el relato de los ecologistas, se mostró abierta a «otras posibilidades como un campo de golf» . El colectivo denunció además la «connivencia» del alcalde de la población, José Vicente Marcó, quien se habría encargado de presentar el acto y de ofrecer para ello a la mercantil el cine parroquial.
Vall de Pop recordó que para sacar adelante este proyecto sería necesario redactar un PGOU «que se realizaría a medida de la empresa» . Y subrayó su extrañeza por las palabras del alcalde, quien dijo que «sería el pueblo el que decidiría sobre el complejo cuando comience a rodar la agenda local 21 pese a presentar un proyecto con todos los detalles» .
* Levante-EMV - A. Ruiz/Efe, Alcanalí - 24 de septiembre de 2007
Foto: Imagen de la zona virgen donde se proyecta el complejo geriátrico /levante-emv.com
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